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Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE n. 127 de 29/5/2006)

REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican
el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras
de construcción.

Rango: Real Decreto

Páginas: 20084 - 20091

Referencia: 2006/09379

Análisis
jurídico

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de la disposició

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TEXTO

La Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la
prevención de riesgos laborales, tras constatar el ingente esfuerzo realizado
por los poderes públicos, Estado y comunidades autónomas, los agentes sociales,
las empresas y los trabajadores y demás entidades dedicadas a la prevención de
riesgos laborales desde la vigencia de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, así como que dicho esfuerzo debía conducir a la
integración de la prevención de riesgos laborales en todos los niveles de la
empresa y a fomentar una auténtica cultura de la prevención, vino a paliar los
problemas e insuficiencias detectados en su aplicación práctica y que se
manifiestan, en términos de accidentes de trabajo, en la subsistencia de índices
de siniestralidad laboral indeseados.

Entre dichos problemas se detecta una deficiente incorporación del nuevo
modelo de prevención y una falta de integración de la prevención en la empresa,
que se evidencia en muchas ocasiones en el cumplimiento más formal que eficiente
de la normativa.

Dicha ley acomete un conjunto de medidas destinadas a superar tales problemas
e insuficiencias, sobre la base de las propuestas acordadas el 30 de diciembre
de 2002 en el marco del diálogo social, que posteriormente fueron refrendadas
por el Pleno de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de 29 de
enero de 2003.

Entre las distintas medidas que incorpora la Ley 54/2003, de 12 de diciembre,
dentro del objetivo general de combatir de manera activa la siniestralidad
laboral, se incluyen las dirigidas a reforzar la necesidad de integrar la
prevención de los riesgos laborales en los sistemas de gestión de la empresa,
tales como la reforma de los artículos 14, 16, 23 y 31, en los que se subraya el
carácter instrumental de dicha integración y su desarrollo a través de la
implantación y aplicación del plan de prevención de riesgos laborales, en su
caso, con el asesoramiento y apoyo de los servicios de prevención y contando con
los adecuados instrumentos de participación de los trabajadores y sus
representantes.

Otra de las medidas incluidas en la reforma, con el mismo objetivo general,
es la instauración de la presencia de recursos preventivos del empresario, en
determinados supuestos y situaciones de especial riesgo y peligrosidad, como
medida reservada a aquellos casos en los que la experiencia acumulada evidencia
la concentración de mayor siniestralidad.

Finalmente, destacan las medidas incluidas para reforzar el control del
cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales y combatir el
cumplimiento meramente formal o documental de estas obligaciones,
estableciéndose nuevas redacciones de los tipos infractores contenidos en el
texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social,
aprobada por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, precisando que
las obligaciones preventivas habrán de cumplirse con el alcance y contenidos
establecidos en la normativa de prevención de riesgos laborales, y acomodándose
su regulación a los nuevos perfiles de las obligaciones de los distintos sujetos
responsables que se establecen con las modificaciones de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

La efectividad de los tres tipos de medidas expuestas queda condicionada a su
desarrollo reglamentario, que se culmina precisamente con este real decreto,
tras el desarrollo ya producido respecto de otras medidas incluidas en la
reforma, como las relacionadas con la coordinación de actividades empresariales
y el refuerzo y colaboración en las funciones de vigilancia de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social.

Por otra parte, en el Acuerdo de 30 de diciembre de 2002, junto a las medidas
instrumentadas a través de la Ley 54/2003, de 12 de diciembre entre las medidas
normativas a promover para favorecer la integración de la prevención de riesgos
laborales en la empresa, se incluía la modificación del capítulo V del
Reglamento de los Servicios de Prevención para mejorar la eficacia del sistema
preventivo a través de determinadas reformas en las auditorías de prevención,
que precisen el alcance, la metodología y el contenido del informe sobre los
resultados de la auditoría y las obligaciones para el empresario que se derivan
de ésta.

Pues bien, en razón de lo anteriormente expuesto se aprueba este real
decreto, que consta de dos artículos, una disposición adicional, una disposición
derogatoria y tres disposiciones finales. En él se aborda la reforma del Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención, al tiempo que se adapta a ella a través de su articulo
segundo, el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en
materia de presencia de recursos preventivos.

En primer término, se procede a la adaptación de la regulación contenida en
el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, sobre la integración de la actividad
preventiva en la empresa y el Plan de prevención de riesgos laborales, en
desarrollo de la nueva redacción de los artículos 14.2, y 16.1 y 2 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, introducida por
la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, clarificando y destacando la necesidad de
que la actividad preventiva en el seno de la empresa debe integrarse dentro de
su sistema general de gestión, precisándose el ámbito al que se extiende dicha
integración, y el instrumento que ha de servir para ello, mediante la
implantación y aplicación del plan de prevención de riesgos laborales.

A este respecto, con el fin de reforzar la finalidad perseguida por la
indicada reforma legislativa, se establece el deber de los trabajadores y sus
representantes de contribuir a dicha integración y colaborar en la adopción y el
cumplimiento de las medidas preventivas, para lo cual se establecen medidas de
reforzamiento de la participación a través de la consulta acerca de la
implantación y aplicación del plan de prevención de riesgos laborales, la
evaluación de riesgos, la planificación preventiva y la organización preventiva.

Por otra parte, se procede al desarrollo de las previsiones de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en cuanto a la
naturaleza y contenido mínimo del plan de prevención de riesgos laborales.

Y con el mismo objetivo de precisar y asegurar una auténtica integración de
la actividad preventiva en el seno de la empresa, se aborda la modificación de
algunos aspectos relacionados con las entidades especializadas que actúen como
servicios de prevención, dando una nueva redacción al artículo 19 del Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención y modificando parcialmente la redacción de su artículo
20.

En segundo término, se desarrolla la presencia de recursos preventivos que
regula el nuevo artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, mediante la introducción de un nuevo artículo
22 bis en el Reglamento de los Servicios de Prevención, fundamentalmente para
establecer las actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales que,
como uno de los supuestos que determinan dicha presencia, requiere de tal
desarrollo. A tal efecto, se recoge una relación de actividades o trabajos en
los que estadísticamente se concentran los mayores índices de siniestralidad, lo
que fundamenta en definitiva la obligatoriedad de la aplicación de una medida de
tal naturaleza, y ello sin perjuicio de que se establezca la aplicabilidad
propia de otras reglamentaciones que contemplan disposiciones específicas para
determinadas actividades, procesos, operaciones, trabajos, equipos o productos
que se relacionan de modo no exhaustivo en el nuevo artículo 22.8 bis que se
introduce en el reglamento, y que han de regirse por dicha reglamentación que
contiene niveles de garantía que hacen innecesario en tales casos el recurso a
la presencia regulada en este artículo.

En tercer lugar, se procede a una amplia reforma del capítulo V del Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención relativo a las auditorías. La principal novedad de la
regulación es la relativa a la auditoría externa, en los supuestos de sistemas
de prevención con actividades preventivas desarrolladas con recursos propios y
ajenos, así como el desarrollo del concepto, el contenido, la metodología y los
plazos de realización de la auditoría. También como novedad, se precisa el
momento de realización de la primera auditoría; se acorta en un año el período
para la repetición de la auditoría que pasa de cinco a cuatro años, y se reduce
a dos años para las empresas con actividades del Anexo I del reglamento.

Igualmente se regula la consulta con los trabajadores y sus representantes en
esta materia, y se precisa además el régimen de incompatibilidades. Finalmente,
se regulan por primera vez las auditorías voluntarias, mediante la introducción
de un nuevo artículo 33 bis en el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.

Por último, se procede al desarrollo reglamentario de las actividades
peligrosas a otros efectos, tanto para las obligaciones sustantivas de
coordinación de actividades previstas en el artículo 13 del Real Decreto
171/2004, de 30 de enero, como para la aplicación de la Ley de Infracciones y
Sanciones en el Orden Social, respecto de determinadas infracciones tipificadas
en el artículo 13, apartados 7, 8.a) y 8.b), de dicha ley, todas ellas de
naturaleza claramente diferente entre sí y respecto a las obligaciones relativas
a la presencia de recursos preventivos, tanto en cuanto a su distinto objeto,
como en cuanto a sus diferentes consecuencias.

Por ello, después de diferenciar la consideración de actividades peligrosas,
por una parte, a efectos de presencia de recursos preventivos y, por otra, a
efectos de coordinación de actividades empresariales, se establece la lógica
concordancia entre los tipos sancionadores correspondientes a cada una de dichas
obligaciones sustantivas. No obstante, en relación con los tipos infractores
sobre coordinación de actividades empresariales, aun partiendo de la relación de
actividades contenida en el Anexo I del propio Reglamento de los Servicios de
Prevención, se establece la consideración de actividad peligrosa cuando junto a
dichas actividades concurra alguna de las tres circunstancias que se especifican
y que vienen a fundamentar, en definitiva, una calificación de los
incumplimientos de mayor gravedad.

Este real decreto se dicta de conformidad con el artículo 6 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, y en su elaboración han sido consultadas las
organizaciones sindicales y empresariales más representativas y oída la Comisión
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, con la
aprobación previa del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el
Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del día 19 de mayo de 2006,

D I S P O N G O :

Artículo primero. Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

El Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevención, queda modificado como sigue:

Uno. El artículo 1 queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 1. Integración de la actividad preventiva en la empresa.

1. La prevención de riesgos laborales, como actuación a desarrollar en el
seno de la empresa, deberá integrarse en su sistema general de gestión,
comprendiendo tanto al conjunto de las actividades como a todos sus niveles
jerárquicos, a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención
de riesgos laborales cuya estructura y contenido se determinan en el artículo
siguiente.

La integración de la prevención en el conjunto de las actividades de la
empresa implica que debe proyectarse en los procesos técnicos, en la
organización del trabajo y en las condiciones en que éste se preste.

Su integración en todos los niveles jerárquicos de la empresa implica la
atribución a todos ellos, y la asunción por éstos, de la obligación de incluir
la prevención de riesgos en cualquier actividad que realicen u ordenen y en
todas las decisiones que adopten.

2. Los trabajadores y sus representantes deberán contribuir a la integración
de la prevención de riesgos laborales en la empresa y colaborar en la adopción y
el cumplimiento de las medidas preventivas a través de la participación que se
reconoce a los mismos en el capítulo V de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales.

La participación a que se refiere el párrafo anterior incluye la consulta
acerca de la implantación y aplicación del Plan de prevención de riesgos
laborales de la empresa, la evaluación de los riesgos y la consiguiente
planificación y organización preventiva en su caso, así como el acceso a la
documentación correspondiente, en los términos señalados en los artículos 33 y
36 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

3. La actividad preventiva de la empresa se desarrollará a través de alguna
de las modalidades previstas en el capítulo III de este real decreto.»

Dos. El artículo 2 queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 2. Plan de prevención de riesgos laborales.

1. El Plan de prevención de riesgos laborales es la herramienta a través de
la cual se integra la actividad preventiva de la empresa en su sistema general
de gestión y se establece su política de prevención de riesgos laborales.

El Plan de prevención de riesgos laborales debe ser aprobado por la dirección
de la empresa, asumido por toda su estructura organizativa, en particular por
todos sus niveles jerárquicos, y conocido por todos sus trabajadores.

2. El Plan de prevención de riesgos laborales habrá de reflejarse en un
documento que se conservará a disposición de la autoridad laboral, de las
autoridades sanitarias y de los representantes de los trabajadores, e incluirá,
con la amplitud adecuada a la dimensión y características de la empresa, los
siguientes elementos:

a) La identificación de la empresa, de su actividad productiva, el número y
características de los centros de trabajo y el número de trabajadores y sus
características con relevancia en la prevención de riesgos laborales.

b) La estructura organizativa de la empresa, identificando las funciones y
responsabilidades que asume cada uno de sus niveles jerárquicos y los
respectivos cauces de comunicación entre ellos, en relación con la prevención de
riesgos laborales.

c) La organización de la producción en cuanto a la identificación de los
distintos procesos técnicos y las prácticas y los procedimientos organizativos
existentes en la empresa, en relación con la prevención de riesgos laborales.

d) La organización de la prevención en la empresa, indicando la modalidad
preventiva elegida y los órganos de representación existentes.

e) La política, los objetivos y metas que en materia preventiva pretende
alcanzar la empresa, así como los recursos humanos, técnicos, materiales y
económicos de los que va a disponer al efecto.

3. Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del Plan de
prevención de riesgos laborales son la evaluación de riesgos y la planificación
de la actividad preventiva, que el empresario deberá realizar en la forma que se
determina en el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales, y en los artículos siguientes de la presente disposición.»

Tres. El párrafo primero del artículo 7 queda redactado de la siguiente
manera:

«En la documentación a que hacen referencia los párrafos b) y c) del artículo
23.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales,
deberán reflejarse, para cada puesto de trabajo cuya evaluación ponga de
manifiesto la necesidad de tomar alguna medida preventiva, los siguientes
datos:»

Cuatro. El apartado 2 del artículo 16 se modifica como sigue:

«2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.1 de la Ley 31/1995, de
8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, los representantes de los
trabajadores deberán ser consultados por el empresario con carácter previo a la
adopción de la decisión de concertar la actividad preventiva con uno o varios
servicios de prevención ajenos.

Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39.1.a) de la
indicada Ley, los criterios a tener en cuenta para la selección de la entidad
con la que se vaya a concertar dicho servicio, así como las características
técnicas del concierto, se debatirán, y en su caso se acordarán, en el seno del
Comité de Seguridad y Salud de la empresa.»

Cinco. El artículo 19 queda redactado de la siguiente manera:

«Artículo 19. Funciones de las entidades especializadas que actúen como
servicios de prevención.

1. Las entidades especializadas que actúen como servicios de prevención
deberán estar en condiciones de proporcionar a la empresa el asesoramiento y
apoyo que precise en relación con las actividades concertadas, correspondiendo
la responsabilidad de su ejecución a la propia empresa. Lo anterior se entiende
sin perjuicio de la responsabilidad directa que les corresponda a las entidades
especializadas en el desarrollo y ejecución de actividades como la evaluación de
riesgos, la vigilancia de la salud u otras concertadas.

2. Dichas entidades especializadas deberán asumir directamente el desarrollo
de las funciones señaladas en el artículo 31.3 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales que hubieran concertado y
contribuir a la efectividad de la integración de las actividades de prevención a
ellas encomendadas en el conjunto de actividades de la empresa y en todos los
niveles jerárquicos de la misma, sin perjuicio de que puedan subcontratar los
servicios de otros profesionales o entidades cuando sea necesario para la
realización de actividades que requieran conocimientos especiales o
instalaciones de gran complejidad.»

Seis. El párrafo c) del apartado 1 del artículo 20 queda modificado de la
siguiente manera:

«c) Aspectos de la actividad preventiva a desarrollar en la empresa,
especificando actuaciones concretas y los medios para llevarlas a cabo. Entre
dichas actuaciones, el concierto incluirá obligatoriamente la valoración de la
efectividad de la integración de la prevención de riesgos laborales en el
sistema general de gestión de la empresa a través de la implantación y
aplicación del Plan de prevención de riesgos laborales en relación con las
actividades preventivas concertadas.»

Siete. El apartado 2 del artículo 21 queda redactado como sigue:

«2. En el acuerdo de constitución del servicio mancomunado, que se deberá
adoptar previa consulta a los representantes legales de los trabajadores de cada
una de las empresas afectadas en los términos establecidos en el artículo 33 de
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, deberán
constar expresamente las condiciones mínimas en que tal servicio de prevención
debe desarrollarse.

Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39.1.a) de la
indicada Ley, las condiciones en que dicho servicio de prevención debe
desarrollarse deberán debatirse, y en su caso ser acordadas, en el seno de cada
uno de los Comités de Seguridad y Salud de las empresas afectadas.»

Ocho. Se introduce un nuevo artículo 22 bis, con la siguiente redacción:

«Artículo 22 bis. Presencia de los recursos preventivos.

1. De conformidad con el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, la presencia en el centro de
trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la modalidad de
organización de dichos recursos, será necesaria en los siguientes casos:

a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo
del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se
desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la
correcta aplicación de los métodos de trabajo.

b) Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con
riesgos especiales:

1.º Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura, por las
particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos
aplicados, o el entorno del puesto de trabajo.

2.º Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento.

3.º Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración
CE de conformidad por ser su fecha de comercialización anterior a la exigencia
de tal declaración con carácter obligatorio, que sean del mismo tipo que
aquellas para las que la normativa sobre comercialización de máquinas requiere
la intervención de un organismo notificado en el procedimiento de certificación,
cuando la protección del trabajador no esté suficientemente garantizada no
obstante haberse adoptado las medidas reglamentarias de aplicación.

4.º Trabajos en espacios confinados. A estos efectos, se entiende por espacio
confinado el recinto con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación
natural desfavorable, en el que pueden acumularse contaminantes tóxicos o
inflamables o puede haber una atmósfera deficiente en oxígeno, y que no está
concebido para su ocupación continuada por los trabajadores.

5.º Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión, salvo lo dispuesto en
el apartado 8.a) de este artículo, referido a los trabajos en inmersión con
equipo subacuático.

c) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran
debido a las condiciones de trabajo detectadas.

2. En el caso al que se refiere el párrafo a) del apartado anterior, la
evaluación de riesgos laborales, ya sea la inicial o las sucesivas, identificará
aquellos riesgos que puedan verse agravados o modificados por la concurrencia de
operaciones sucesivas o simultáneas.

En los casos a que se refiere el párrafo b) del apartado anterior, la
evaluación de riesgos laborales identificará los trabajos o tareas integrantes
del puesto de trabajo ligados a las actividades o los procesos peligrosos o con
riesgos especiales.

En ambos casos, la forma de llevar a cabo la presencia de los recursos
preventivos quedará determinada en la planificación de la actividad preventiva a
que se refieren los artículos 8 y 9 de este real decreto.

En el caso señalado en el párrafo c) del apartado anterior, sin perjuicio del
cumplimiento del requerimiento efectuado por la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, el empresario procederá de manera inmediata a la revisión de
la evaluación de riesgos laborales cuando ésta no contemple las situaciones de
riesgo detectadas, así como a la modificación de la planificación de la
actividad preventiva cuando ésta no incluyera la necesidad de la presencia de
los recursos preventivos.

3. La presencia se llevará a cabo por cualesquiera de las personas previstas
en los apartados 2 y 4 del artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevención de Riesgos Laborales, debiendo el empresario facilitar a sus
trabajadores los datos necesarios para permitir la identificación de tales
personas.

La ubicación en el centro de trabajo de las personas a las que se asigne la
presencia deberá permitirles el cumplimiento de sus funciones propias, debiendo
tratarse de un emplazamiento seguro que no suponga un factor adicional de
riesgo, ni para tales personas ni para los trabajadores de la empresa, debiendo
permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la
situación que determine su presencia.

4. La presencia es una medida preventiva complementaria que tiene como
finalidad vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas en relación con
los riesgos derivados de la situación que determine su necesidad para conseguir
un adecuado control de dichos riesgos.

Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades
preventivas previstas en la planificación, así como de la adecuación de tales
actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos
no previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la
presencia de los recursos preventivos.

5. Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente
cumplimiento de las actividades preventivas, las personas a las que se asigne la
presencia:

a) Harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato
cumplimiento de las actividades preventivas.

b) Deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que
éste adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas si
éstas no hubieran sido aún subsanadas.

6. Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia,
insuficiencia o falta de adecuación de las medidas preventivas, las personas a
las que se asigne la presencia deberán poner tales circunstancias en
conocimiento del empresario, que procederá de manera inmediata a la adopción de
las medidas necesarias para corregir las deficiencias y a la modificación de la
planificación de la actividad preventiva y, en su caso, de la evaluación de
riesgos laborales.

7. La presencia de recursos preventivos en el centro de trabajo podrá también
ser utilizada por el empresario en casos distintos de los previstos en el
artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, siempre que sea compatible con el cumplimiento de sus funciones.

8. Lo dispuesto en el presente artículo se entiende sin perjuicio de las
medidas previstas en disposiciones preventivas específicas referidas a
determinadas actividades, procesos, operaciones, trabajos, equipos o productos
en los que se aplicarán dichas disposiciones en sus propios términos, como es el
caso, entre otros, de las siguientes actividades o trabajos:

a) Trabajos en inmersión con equipo subacuático.

b) Trabajos que impliquen la exposición a radiaciones ionizantes.

c) Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.

d) Trabajos con riesgo de explosión por la presencia de atmósferas
explosivas.

e) Actividades donde se manipulan, transportan y utilizan explosivos,
incluidos artículos pirotécnicos y otros objetos o instrumentos que contengan
explosivos.

f) Trabajos con riesgos eléctricos.

9. Cuando existan empresas concurrentes en el centro de trabajo que realicen
las operaciones concurrentes a las que se refiere el apartado 1.a) de este
artículo, o actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales, a los
que se refiere el apartado 1.b), la obligación de designar recursos preventivos
para su presencia en el centro de trabajo recaerá sobre la empresa o empresas
que realicen dichas operaciones o actividades, en cuyo caso y cuando sean varios
dichos recursos preventivos deberán colaborar entre sí y con el resto de los
recursos preventivos y persona o personas encargadas de la coordinación de las
actividades preventivas del empresario titular o principal del centro de
trabajo.

10. La aplicación de lo previsto en este artículo no exime al empresario del
cumplimiento de las restantes obligaciones que integran su deber de protección
de los trabajadores, conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.»

Nueve. El apartado 2 del artículo 29 queda redactado de la siguiente manera:

«2. Las empresas que no hubieran concertado el servicio de prevención con una
entidad especializada deberán someter su sistema de prevención al control de una
auditoría o evaluación externa.

Asimismo, las empresas que desarrollen las actividades preventivas con
recursos propios y ajenos deberán someter su sistema de prevención al control de
una auditoría o evaluación externa en los términos previstos en el artículo 31
bis de este real decreto.»

Diez. El artículo 30 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 30. Concepto, contenido, metodología y plazo.

1. La auditoría es un instrumento de gestión que persigue reflejar la imagen
fiel del sistema de prevención de riesgos laborales de la empresa, valorando su
eficacia y detectando las deficiencias que puedan dar lugar a incumplimientos de
la normativa vigente para permitir la adopción de decisiones dirigidas a su
perfeccionamiento y mejora.

2. Para el cumplimiento de lo señalado en el apartado anterior, la auditoría
llevará a cabo un análisis sistemático, documentado y objetivo del sistema de
prevención, que incluirá los siguientes elementos:

a) Comprobar cómo se ha realizado la evaluación inicial y periódica de los
riesgos, analizar sus resultados y verificarlos en caso de duda.

b) Comprobar que el tipo y planificación de las actividades preventivas se
ajusta a lo dispuesto en la normativa general, así como a la normativa sobre
riesgos específicos que sea de aplicación, teniendo en cuenta los resultados de
la evaluación.

c) Analizar la adecuación entre los procedimientos y medios requeridos para
realizar las actividades preventivas necesarias y los recursos de que dispone el
empresario, propios o concertados, teniendo en cuenta, además, el modo en que
están organizados o coordinados, en su caso.

d) En función de todo lo anterior, valorar la integración de la prevención en
el sistema general de gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus
actividades como en todos los niveles jerárquicos de ésta, mediante la
implantación y aplicación del Plan de prevención de riesgos laborales, y valorar
la eficacia del sistema de prevención para prevenir, identificar, evaluar,
corregir y controlar los riesgos laborales en todas las fases de actividad de la
empresa.

A estos efectos se ponderará el grado de integración de la prevención en la
dirección de la empresa, en los cambios de equipos, productos y organización de
la empresa, en el mantenimiento de instalaciones o equipos y en la supervisión
de actividades potencialmente peligrosas, entre otros aspectos.

3. La auditoría deberá ser realizada de acuerdo con las normas técnicas
establecidas o que puedan establecerse y teniendo en cuenta la información
recibida de los trabajadores. Cualquiera que sea el procedimiento utilizado, la
metodología o procedimiento mínimo de referencia deberá incluir, al menos:

a) Un análisis de la documentación relativa al plan de prevención de riesgos
laborales, a la evaluación de riesgos, a la planificación de la actividad
preventiva y cuanta otra información sobre la organización y actividades de la
empresa sea necesaria para el ejercicio de la actividad auditora.

b) Un análisis de campo dirigido a verificar que la documentación referida en
el párrafo anterior refleja con exactitud y precisión la realidad preventiva de
la empresa. Dicho análisis, que podrá realizarse aplicando técnicas de muestreo
cuando sea necesario, incluirá la visita a los puestos de trabajo.

c) Una evaluación de la adecuación del sistema de prevención de la empresa a
la normativa de prevención de riesgos laborales.

d) Unas conclusiones sobre la eficacia del sistema de prevención de riesgos
laborales de la empresa.

4. La primera auditoría del sistema de prevención de la empresa deberá
llevarse a cabo dentro de los doce meses siguientes al momento en que se
disponga de la planificación de la actividad preventiva.

La auditoría deberá ser repetida cada cuatro años, excepto cuando se realicen
actividades incluidas en el Anexo I de este real decreto, en que el plazo será
de dos años. En todo caso, deberá repetirse cuando así lo requiera la autoridad
laboral, previo informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y, en su
caso, de los órganos técnicos en materia preventiva de las comunidades
autónomas, a la vista de los datos de siniestralidad o de otras circunstancias
que pongan de manifiesto la necesidad de revisar los resultados de la última
auditoría.

5. De conformidad con lo previsto en el artículo 18.2 de la Ley 31/1995, de 8
de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario deberá consultar
a los trabajadores y permitir su participación en la realización de la auditoría
según lo dispuesto en el capítulo V de la citada Ley.

En particular, el auditor deberá recabar información de los representantes de
los trabajadores sobre los diferentes elementos que, según el apartado 3,
constituyen el contenido de la auditoría.»

Once. El artículo 31 queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 31. Informe de auditoría.

1. Los resultados de la auditoría deberán quedar reflejados en un informe que
la empresa auditada deberá mantener a disposición de la autoridad laboral
competente y de los representantes de los trabajadores.

2. El informe de auditoría deberá reflejar los siguientes aspectos:

a) Identificación de la persona o entidad auditora y del equipo auditor.

b) Identificación de la empresa auditada.

c) Objeto y alcance de la auditoría.

d) Fecha de emisión del informe de auditoría.

e) Documentación que ha servido de base a la auditoría, incluida la
información recibida de los representantes de los trabajadores, que se
incorporará al informe.

f) Descripción sintetizada de la metodología empleada para realizar la
auditoría y, en su caso, identificación de las normas técnicas utilizadas.

g) Descripción de los distintos elementos auditados y resultado de la
auditoría en relación con cada uno de ellos.

h) Conclusiones sobre la eficacia del sistema de prevención y sobre el
cumplimiento por el empresario de las obligaciones establecidas en la normativa
de prevención de riesgos laborales.

i) Firma del responsable de la persona o entidad auditora.

3. El contenido del informe de auditoría deberá reflejar fielmente la
realidad verificada en la empresa, estando prohibida toda alteración o
falseamiento del mismo.

4. La empresa adoptará las medidas necesarias para subsanar aquellas
deficiencias que los resultados de la auditoría hayan puesto de manifiesto y que
supongan incumplimientos de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.»

Doce. Se introduce un nuevo artículo 31 bis, con la siguiente redacción:

«Artículo 31 bis. Auditoría del sistema de prevención con actividades
preventivas desarrolladas con recursos propios y ajenos.

1. La auditoría del sistema de prevención de las empresas que desarrollen las
actividades preventivas con recursos propios y ajenos tendrá como objeto las
actividades preventivas desarrolladas por el empresario con recursos propios y
su integración en el sistema general de gestión de la empresa, teniendo en
cuenta la incidencia en dicho sistema de su forma mixta de organización, así
como el modo en que están coordinados los recursos propios y ajenos en el marco
del plan de prevención de riesgos laborales.

2. El contenido, la metodología y el informe de la auditoría habrán de
adaptarse al objeto que se establece en el apartado anterior.»

Trece. El apartado 2 del artículo 32 queda redactado del siguiente modo:

«2. Las personas físicas o jurídicas que realicen la auditoría del sistema de
prevención de una empresa no podrán mantener con la misma vinculaciones
comerciales, financieras o de cualquier otro tipo, distintas a las propias de su
actuación como auditoras, que puedan afectar a su independencia o influir en el
resultado de sus actividades.

Del mismo modo, tales personas no podrán realizar para la misma o distinta
empresa actividades de coordinación de actividades preventivas, ni actividades
en calidad de entidad especializada para actuar como servicio de prevención, ni
mantener con estas últimas vinculaciones comerciales, financieras o de cualquier
otro tipo, con excepción de las siguientes:

a) El concierto de la persona o entidad auditora con uno o más servicios de
prevención ajenos para la realización de actividades preventivas en su propia
empresa.

b) El contrato para realizar la auditoría del sistema de prevención de un
empresario dedicado a la actividad de servicio de prevención ajeno.»

Catorce. Se introduce un nuevo artículo 33 bis, con la siguiente redacción:

«Artículo 33 bis. Auditorías voluntarias.

1. Sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en este capítulo, las
empresas podrán someter con carácter voluntario su sistema de prevención al
control de una auditoría o evaluación externa para permitir la adopción de
decisiones dirigidas a su perfeccionamiento y mejora.

2. Las auditorías voluntarias podrán realizarse en aquellos casos en que la
auditoría externa no sea legalmente exigible o, cuando siéndolo, se realicen con
una mayor frecuencia o con un alcance más amplio a los establecidos en este
capítulo.

3. Las auditorías voluntarias del sistema de prevención realizadas por las
empresas que se ajusten a lo establecido en los artículos 30, apartados 2, 3 y
5, 31, 31 bis, 32 y 33 de este real decreto serán tenidas en cuenta en los
programas a que se refiere el artículo 5.3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevención de Riesgos Laborales.»

Quince. El párrafo a) del apartado 1 del artículo 35 queda redactado de la
siguiente manera:

«a) Promover los comportamientos seguros y la correcta utilización de los
equipos de trabajo y protección, y fomentar el interés y cooperación de los
trabajadores en una acción preventiva integrada.»

Dieciséis. El párrafo a) del apartado 1 del artículo 36 queda redactado de la
siguiente manera:

«a) Promover, con carácter general, la prevención en la empresa y su
integración en la misma.»

Diecisiete. El párrafo a) del apartado 2 de la disposición adicional primera
queda redactado de la siguiente forma:

«a) Los artículos que a continuación se relacionan constituyen normas básicas
en el sentido previsto en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución: 1, excepto
las referencias al capítulo V y al artículo 36, en cuanto al Comité de Seguridad
y Salud, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, y al capítulo III de este real decreto; 2; 3; 4, apartados 1, 2 y 3,
excepto la referencia al capítulo VI; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12, apartados 1 y 2,
excepto el párrafo a); 13, apartados 1, excepto la referencia al capítulo VI, y
2; 15, apartados 1, 2 y párrafo primero, 3 y 4; 16, apartado 2, excepto el
segundo párrafo; 20, artículo 22 bis, disposición adicional décima, disposición
adicional undécima, disposición adicional duodécima.»

Dieciocho. Se introduce una nueva disposición adicional décima, con la
siguiente redacción:

«Disposición adicional décima. Presencia de recursos preventivos en las obras
de construcción.

En el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras
de construcción, la presencia en el centro de trabajo de los recursos
preventivos de cada contratista prevista en la disposición adicional
decimocuarta de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales se aplicará en los términos establecidos en la disposición adicional
única del citado Real Decreto 1627/1997.»

Diecinueve. Se introduce una nueva disposición adicional undécima, con la
siguiente redacción:

«Disposición adicional undécima. Actividades peligrosas a efectos de
coordinación de actividades empresariales.

A efectos de lo previsto en el artículo 13.1.a) del Real Decreto 171/2004, de
30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de
actividades empresariales, se consideran actividades o procesos peligrosos o con
riesgos especiales los incluidos en el Anexo I del presente real decreto.»

Veinte. Se introduce una nueva disposición adicional duodécima, con la
siguiente redacción:

«Disposición adicional duodécima. Actividades peligrosas a efectos del texto
refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobada por
el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

1. A efectos de lo previsto en los apartados 7 y 8.a), del artículo 13 del
texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, se consideran
actividades peligrosas o con riesgos especiales las incluidas en el Anexo I de
este real decreto, siempre que su realización concurra con alguna de las
siguientes situaciones:

a) Una especial dificultad para controlar las interacciones de las diferentes
actividades desarrolladas en el centro de trabajo que puedan generar riesgos
calificados como graves o muy graves.

b) Una especial dificultad para evitar que se desarrollen en el centro de
trabajo, sucesiva o simultáneamente, actividades incompatibles entre sí desde la
perspectiva de la seguridad y la salud de los trabajadores.

c) Una especial complejidad para la coordinación de las actividades
preventivas como consecuencia del número de empresas y trabajadores
concurrentes, del tipo de actividades desarrolladas y de las características del
centro de trabajo.

2. A efectos de lo previsto en el artículo 13.8.b) de la Ley de Infracciones
y Sanciones en el Orden Social, se consideran actividades peligrosas o con
riesgos especiales las incluidas en el artículo 22 bis.1.b) de este real
decreto.»

Artículo segundo. Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre,
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras
de construcción.

Se introduce una disposición adicional única en el Real Decreto 1627/1997, de
24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional única. Presencia de recursos preventivos en obras de
construcción.

La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de cada
contratista prevista en la disposición adicional decimocuarta de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales se aplicará a las obras de
construcción reguladas en este real decreto, con las siguientes especialidades:

a) El plan de seguridad y salud determinará la forma de llevar a cabo la
presencia de los recursos preventivos.

b) Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente
cumplimiento de las actividades preventivas, las personas a las que se asigne la
presencia deberán dar las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato
cumplimiento de las actividades preventivas y poner tales circunstancias en
conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas necesarias para
corregir las deficiencias observadas, si éstas no hubieran sido aún subsanadas.

c) Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia,
insuficiencia o falta de adecuación de las medidas preventivas, las personas a
las que se asigne esta función deberán poner tales circunstancias en
conocimiento del empresario, que procederá de manera inmediata a la adopción de
las medidas necesarias para corregir las deficiencias y a la modificación del
plan de seguridad y salud en los términos previstos en el artículo 7.4 de este
real decreto.»

Disposición adicional única. Guía técnica sobre la integración de la
prevención de riesgos laborales en la empresa.

El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 5.3 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, elaborará
y mantendrá actualizada una Guía técnica sobre la integración de la prevención
de riesgos laborales en el sistema general de gestión de la empresa.

Dicha guía deberá proporcionar información orientativa que pueda facilitar al
empresario el diseño, la implantación, la aplicación y el seguimiento del Plan
de prevención de riesgos laborales de la empresa, en particular cuando se trate
de pequeñas y medianas empresas y, dentro de éstas, las empresas de menos de
seis trabajadores que no desarrollen actividades incluidas en el Anexo I del
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.

Disposición derogatoria única. Alcance de la derogación.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a
lo establecido en el presente real decreto.

Disposición final primera. Habilitación reglamentaria.

Se autoriza al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, previo informe de la
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, para dictar cuantas
disposiciones sean necesarias para la aplicación de lo establecido en el
presente real decreto.

Disposición final segunda. Aplicación a las Administraciones públicas.

Las modificaciones introducidas en este real decreto se adaptarán al ámbito
de las Administraciones públicas a través de la normativa específica a la que se
refiere la disposición adicional cuarta del Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, en las materias indicadas en dicha disposición.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor al mes de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado», salvo lo dispuesto en el apartado dos del artículo
primero, que lo hará a los tres meses de dicha publicación.

Dado en Madrid, el 19 de mayo de 2006.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,

JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN

Análisis

REFERENCIAS ANTERIORES

MODIFICA los arts. 1, 2, 7, 16, 19 a 21, 29 a 32, 35 y 36 y AÑADE el 22
bis, 31 bis, 33 bis y las disposiciones adicionales 10, 11 y 12 del reglamento
aprobado por REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero (Ref. 1997/1853)

AÑADE una disposición adicional única al REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de
octubre (Ref. 1997/22614)

DE CONFORMIDAD con el art. 6 de la LEY 31/1995, de 8 de noviembre (Ref. 1995/24292)

NOTAS

Entrada en vigor, con la salvedad indicada, el 29 de junio de 2006.

Suplemento en Lengua Catalana el 1 de junio de 2006.

MATERIAS

CONSTRUCCIONES

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

OBRAS

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

SERVICIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

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Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid - Tel.: (+34) 902 365 303 |

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