Ley del Principado
de Asturias 8/2006, de 13 de noviembre, de Carreteras.

Corrección
de errores, BOPA Nº 287 (14-12-2006)

PREÁMBULO

CAPITULO
I: DISPOSICIONES
GENERALES

CAPITULO
II: PLANIFICACIÓN,
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LAS CARRETERAS

CAPITULO
III: CONSTRUCCION,
FINANCIACION Y EXPLOTACION DE LAS CARRETERAS

CAPITULO
IV: ZONAS
DE PROTECCION DE LAS CARRETERAS LIMITACIONES DE CARACTER
GENERAL

CAPITULO
V: USO
DE LAS CARRETERAS

CAPITULO
VI: AUTORIZACIONES
FUERA DE LOS TRAMOS URBANOS

CAPITULO
VII: TRAMOS
DE CARRETERA EN AMBITO URBANO

CAPITULO
VIII: INFRACCIONES,
SANCIONES Y MEDIDAS CAUTELARES

CAPITULO
IX: CAMBIOS
DE TITULARIDAD DE LAS CARRETERAS

Disposiciones
adicionales

Primera.—Actualización
de la cuantía de las sanciones

Segunda.—Retirada
de publicidad

Tercera.—Silencio
administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del
interesado

Cuarta.—Anexo

Quinta.—Utilización
en la obra pública de materiales reciclados

Disposición
transitoria

Procedimientos
en trámite

Disposición
derogatoria

Disposición
final

Anexo

EL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS

Sea notorio que la Junta General del
Principado de Asturias ha aprobado, y yo, en nombre de Su Majestad el Rey, y de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 del Estatuto
de Autonomía del Principado de Asturias, vengo a promulgar la siguiente Ley de
carreteras.

PREAMBULO

1. La Ley
del Principado de Asturias 13/1986, de 28 de noviembre, de Ordenación
y defensa de las carreteras, constituyó un instrumento jurídico de inestimable
valor en los albores de la Comunidad Autónoma. Nacida con la principal vocación
de resolver, en el ámbito asturiano, determinados problemas derivados de la
aplicación de la legislación estatal de carreteras, no pretendió, en origen,
abarcar todos los aspectos concernientes a las carreteras de titularidad del
Principado de Asturias, circunscribiéndose a intentar dar respuesta a los más
singulares requerimientos del territorio regional, tales como la regulación de
las áreas de influencia (dominio público, servidumbre y afección) y a las líneas
límite de edificación, cuyas condiciones atemperaba respecto de las más
estrictas condiciones de la legislación estatal. Si bien esta adaptación
territorial resultó en su momento acertada, la constante -y al propio tiempo
necesaria- remisión a la Ley
estatal aconseja ahora refundir en un solo texto normativo autonómico
la legislación aplicable en materia de carreteras.

2. Así, la regulación parcial contenida
en la Ley
del Principado de Asturias 13/1986 obliga a remitirse a los
requisitos y procedimientos del Reglamento General de Carreteras, aprobado por
Real Decreto 1812/1994, disposición estatal cuyos procedimientos son con
frecuencia en exceso exigentes para las necesidades de gestión de la Red de
Carreteras del Principado de Asturias, no equiparables a los propios de la Red
de Interés General del Estado. Esta carencia, sin embargo, no pudo en su momento
ser colmada mediante la aprobación de un Reglamento de Carreteras del Principado
de Asturias, en la medida en que determinadas necesidades detectadas -así por
ejemplo, las distancias de edificación en los núcleos rurales, o la posibilidad
de financiación de las carreteras por particulares debían ser previamente
abordadas mediante una norma con rango de ley.

3. Por otra parte, obligado es
reconocer el tiempo transcurrido desde la aprobación de la Ley
del Principado de Asturias 13/1986 y la evolución de la legislación
viaria operada durante sus casi veinte años de vigencia. En este sentido, la
precocidad de la Ley
del Principado de Asturias -fue la segunda Ley autonómica de carreteras, después
de la de Navarra, apenas anterior en un mes a la asturiana- condicionó su
aprobación en el marco de una ley estatal preconstitucional- la Ley 5171974-,
limitación con la que no partieron las restantes leyes autonómicas, surgidas
todas entre los años 1990 y 2001, e inscritas en el escenario dibujado por la Ley, ya
postconstitucional, 25/1988, de
Carreteras del Estado, que recoge los principios generales de coordinación en la
planificación viaria.

4. Se trata pues de acometer una nueva
visión integrada de la red de carreteras que resulte de aplicación también a la
red municipal, como se regula en la mayor parte de las leyes autonómicas de
carreteras. La Ley
del Principado de Asturias 13/1986 trata de modo indirecto las redes
de los Concejos, al referirse a carreteras cuyo itinerario se desarrolle
íntegramente en el territorio del Principado de Asturias y no estén reservadas a
la titularidad del Estado, como también, por mandato estatutario, hace la
presente Ley.

Se trata ahora, en cambio, de hacerlo
de forma más efectiva, promoviendo la planificación y gestión de la red
autonómica con la red municipal en donde actúen los Ayuntamientos, o bien el
Principado de Asturias por la vía de la cooperación local o los programas de
desarrollo rural. Se intenta así conseguir el necesario equilibrio entre el
obligado respeto a la autonomía local y la indispensable salvaguarda de la
coherencia funcional y seguridad vial de la “red asfaltada”. En definitiva, el
nuevo texto pretende ser una norma actualizada y completa, que posibilite la
óptima planificación, proyección, construcción, conservación y gestión de las
redes autonómica y municipal.

5. Tres principios esenciales guían el
nuevo texto legal:

a) En primer
lugar, la asimetría en sus contenidos. Aunque con vocación omnicomprensiva, la
Ley combina principios y criterios de ámbito general con aspectos más detallados
de regulación, a menudo propios de una disposición reglamentaria, pero
necesarios y proporcionados en el contexto de una ley
autonómica.

Tal acontece, por
ejemplo, con las condiciones sobre usos autorizables en las zonas de influencia
de la carretera.

b) Lo anterior
entronca necesariamente con el segundo pilar de la nueva regulación, que se basa
de modo irrenunciable en la experiencia contrastada de más de veinte años de
gestión autonómica de autorizaciones en materia de carreteras. La nueva Ley
busca la sensata nivelación entre la rigidez propia de una norma jurídica y la
necesidad de evaluar, caso por caso, cada expediente de autorización, de forma
que la seguridad vial pasa a presidir los criterios para su resolución. Así, el
peso de esa componente fija no cercena la discrecionalidad en cada autorización
de usos, indispensable en una red viaria tan sinuosa, a la vez que funcional y
geográficamente tan diversa como la asturiana.

c) Finalmente, se
tiene en cuenta la imbricación de la Ley en la vigente normativa, tanto estatal
de carreteras como autonómica en materia de ordenación del territorio y
urbanismo. Más concretamente, se tipifica el Plan autonómico de carreteras como
un Programa de Actuación Territorial de los previstos en el Texto Refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y
urbanismo, aprobado por Decreto
legislativo del Principado de Asturias 1/2004, de 22 de abril, y se
profundiza en la problemática de los núcleos rurales, como caso peculiar del
territorio asturiano, y en el respeto medioambiental.

En todos estos casos se acoplan los
preceptos de la presente Ley a los correspondientes de la legislación sectorial
pero sin invadir su regulación, tratando de adaptarse del mejor modo a sus
esquemas generales de ordenación, planificación y gestión
administrativa.

6. Con todo ello el Principado de
Asturias pretende proporcionar, en uso de la competencia que le atribuye el
artículo 10.1.5 del Estatuto
de Autonomía, una
ordenación completa, coherente y puesta al día, objetivo sensiblemente más
ambicioso que la mera modificación de la Ley hasta ahora
vigente.

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.—Objeto de la Ley

La presente Ley tiene por objeto la
regulación de la planificación, proyección, construcción, financiación,
explotación y uso de las carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente
en el territorio del Principado de Asturias y no sean de titularidad
estatal.

Artículo 2.—Concepto de
carreteras

1. A los efectos de esta Ley, se consideran carreteras
las vías de dominio y uso público proyectadas y construidas fundamentalmente
para la circulación de vehículos a motor.

2. No tendrán la consideración de
carreteras, a los efectos de esta Ley:

a) Las calles y
vías de la red interior de un núcleo de población urbano o rural siempre que no
tengan la condición de tramo urbano o travesía.

b) Las nuevas
vías de carácter netamente urbano que sean ejecutadas por los Ayuntamientos u
otras entidades urbanizadoras en desarrollo del planeamiento urbanístico
vigente.

c) Las pistas
forestales y los caminos rurales al servicio de explotaciones o instalaciones,
no destinadas fundamentalmente al tráfico general de vehículos a motor, sin
perjuicio de lo dispuesto, por lo que se refiere a los caminos rurales, en el
artículo 5.3 de esta Ley.

d) Los caminos de
servicio, de titularidad pública o privada, construidos como elementos
auxiliares o complementarios de las actividades específicas de sus
titulares.

3. Cuando las circunstancias de los
caminos de servicio lo permitan y lo exija el interés general deberán éstos
abrirse al uso público, según su naturaleza y legislación
específica.

En este caso habrán de observarse las
normas de utilización y seguridad propias de las carreteras y se aplicará, si
procede, la legislación de expropiación forzosa a efectos de
indemnización.

4. Las carreteras son uno de los
soportes básicos de la accesibilidad al territorio, y por tanto del desarrollo
regional, debiendo proporcionar unas condiciones adecuadas de seguridad vial y
proyectarse y construirse en las mejores condiciones de respeto al medio
ambiente.

Artículo 3.—Clases de carreteras
según sus características técnicas

1. Por sus características técnicas, de
diseño y funcionalidad, las carreteras incluidas en esta Ley se clasifican en
autopistas, autovías, corredores y carreteras convencionales.

2. Son autopistas las carreteras que
están especialmente proyectadas, construidas y señalizadas como tales para la
exclusiva circulación de vehículos a motor y reúnen las siguientes
características:

a) No tener
acceso a las mismas las propiedades colindantes.

b) No cruzar a
nivel ninguna otra senda, vía, línea de ferrocarril o tranvía ni ser cruzada a
nivel por senda, vía de comunicación o servidumbre de paso
alguna.

c) Constar de
distintas calzadas para cada sentido de circulación, separadas entre sí, salvo
en puntos singulares o con carácter temporal, por una franja de terreno no
destinada a la circulación o, en casos excepcionales, por otros
medios.

3. Son autovías las carreteras
especialmente proyectadas, construidas y señalizadas como tales, que tienen las
siguientes características:

a) Tener acceso
limitado a ellas las propiedades colindantes.

b) No cruzar a
nivel ninguna otra senda, vía, línea de ferrocarril o tranvía ni ser cruzada a
nivel por senda, vía de comunicación o servidumbre de paso
alguna.

c) Constar de
distintas calzadas para cada sentido de circulación, separadas entre sí, salvo
en puntos singulares o con carácter temporal, por una franja de terreno no
destinada a la circulación, o por otros medios.

4. Son corredores las carreteras de una
sola calzada y con limitación total de accesos desde las propiedades
colindantes.

5. Son carreteras convencionales las
que no reúnen las características propias de las autopistas, autovías y
corredores.

Artículo 4.—Clases de carreteras
según su titularidad

Por razón de su titularidad, las
carreteras incluidas en esta Ley se clasifican en carreteras autonómicas, de la
titularidad del Principado de Asturias, y carreteras municipales, de titularidad
de los Concejos.

Artículo 5.—La Red de Carreteras del
Principado de Asturias

1. La Red de carreteras del Principado
de Asturias se compone de:

a) Las carreteras
transferidas por el Estado.

b) Las carreteras
construidas por el Principado de Asturias.

c) Las carreteras
de procedencia municipal transferidas por los Concejos.

2. Las carreteras comprendidas en la
Red de Carreteras del Principado de Asturias se clasificarán en regionales,
comarcales y locales.

a) Se
clasificarán como regionales aquellas carreteras cuyos itinerarios o bien
desempeñen una función de articulación territorial más relevante, o bien enlacen
las cabeceras de comarca entre sí o con los principales puntos limítrofes del
territorio del Principado de Asturias, o bien soporten una elevada intensidad de
tráfico.

b) Se
clasificarán como comarcales las carreteras cuyos itinerarios enlacen entre sí
los distintos núcleos con las cabeceras de comarca, bien directamente o a través
de las carreteras regionales o estatales, o bien comuniquen con puntos
limítrofes del territorio del Principado de Asturias de importancia secundaria,
o soporten una intensidad de tráfico moderada.

c) Se
clasificarán como locales las carreteras del Principado de Asturias no
comprendidas en las categorías anteriores. Estas carreteras se dividen en
locales de primer orden y de segundo orden en función de sus características
físicas y del ámbito de servicio que presten, ya sea supramunicipal o municipal,
respectivamente.

3. Los caminos rurales construidos por
el Principado de Asturias que, por sus características técnicas y funcionalidad,
reúnan las condiciones para ser clasificados en alguna de las categorías a que
se refiere el apartado 2 de este artículo, se podrán incluir en la Red de
Carreteras del Principado de Asturias por acuerdo del Consejo de Gobierno a
propuesta del Consejero competente en materia de carreteras. Los demás caminos
rurales que no reúnan tales condiciones quedarán adscritos a los Concejos
respectivos.

4. La adscripción de las carreteras a
cada una de las categorías anteriores así como los cambios que, en su caso,
procedieren como consecuencia de la ejecución de obras, y las futuras
incorporaciones de nuevas carreteras, se efectuará por Acuerdo del Consejo de
Gobierno, a propuesta del Consejero competente en materia de carreteras, salvo
que un plan aprobado lo contemple expresamente.

5. El Catálogo de Carreteras del
Principado de Asturias constituye la relación de carreteras de titularidad del
Principado de Asturias ordenadas según la clasificación contenida en esta Ley,
de la que se derivará la correspondiente codificación, así como su denominación,
atendiendo a su origen y final o bien a los factores de identificación que se
consideren oportunos por sus características y funcionalidad
territorial.

Corresponde al Consejo de Gobierno, a
propuesta del Consejero competente en materia de carreteras, la aprobación y
modificación del Catálogo, que se publicará en el BOLETIN OFICIAL del Principado
de Asturias.

6. El Inventario de la Red de
Carreteras del Principado de Asturias constituirá un compendio de las
características técnicas de los distintos tramos de las carreteras del Catálogo
de Carreteras del Principado de Asturias con expresión de todas las
circunstancias necesarias para su identificación, su denominación oficial y su
designación. Corresponde al Consejero competente en materia de carreteras la
aprobación y revisión del Inventario.

7. Corresponde al Consejero competente
en materia de carreteras la edición y promoción del Mapa Oficial de Carreteras
del Principado de Asturias, así como de los Mapas de Tráfico de las carreteras
del Principado de Asturias, que serán de periodicidad anual.

Artículo 6.—Las redes de carreteras
municipales

1. Las carreteras municipales se
regirán por la presente Ley, sin perjuicio de las determinaciones urbanísticas
en materia viaria y de los preceptos legales de régimen local.

2. Las redes de carreteras municipales
se componen de:

a) Las carreteras
construidas por los Concejos.

b) Las carreteras
construidas por el Principado de Asturias y entregadas a los
Concejos.

c) Las carreteras
cedidas a los Concejos por el Estado o por el Principado de
Asturias.

3. A los efectos de aplicación de las
disposiciones sobre uso y defensa de las carreteras, los Ayuntamientos
clasificarán las carreteras municipales siguiendo los criterios establecidos
para las carreteras autonómicas en el artículo 5 de esta Ley con arreglo a su
normativa propia.

4. En defecto de la clasificación
anterior o de una definición precisa del correspondiente instrumento de
planeamiento urbanístico que determine un concreto régimen de uso y distancias,
se adoptarán en todo caso los siguientes criterios de equiparación viaria
funcional entre la red municipal y la red autonómica:

a) Se
considerarán carreteras municipales de primer nivel, equiparables a la red local
de primer orden, aquellas cuya calzada tenga una anchura igual o superior a seis
metros o que conformen un itinerario importante, en cuanto al tráfico soportado
y a la accesibilidad al territorio, y en continuidad con el resto de la red
municipal, autonómica y estatal.

b) Se
considerarán carreteras municipales de segundo nivel, equiparables a la red
local de segundo orden, las que, independientemente de su anchura de calzada,
complementen a las de primer nivel, pero no conformen un itinerario de sostenida
continuidad con el resto de la red municipal, autonómica y
estatal.

c) Se
considerarán carreteras municipales de tercer nivel, excluidas totalmente del
régimen de uso y defensa de las carreteras determinado en el Capítulos IV y V de la presente Ley, las restantes carreteras de
titularidad municipal.

5. Los Catálogos de las carreteras
municipales constituyen la relación de carreteras de la red de carreteras
municipales del correspondiente Concejo ordenadas según la clasificación a que
se refieren los apartados 3 y 4 de este artículo, de la que se derivará la
correspondiente codificación, así como su denominación, atendiendo a su origen y
final o bien a los factores de identificación que se consideren oportunos por
sus características y funcionalidad territorial. La aprobación de los Catálogos
correspondientes y su modificación compete al Pleno Municipal previo informe de
la Consejería competente en materia de carreteras sobre su coordinación y
compatibilidad con los Planes y Catálogos autonómicos de carreteras. La
aprobación de los catálogos de las carreteras municipales y sus modificaciones y
actualizaciones se publicarán en el BOLETIN OFICIAL del Principado de
Asturias.

CAPITULO II

PLANIFICACION,
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LAS CARRETERAS

Artículo 7.—Planes y programas de
carreteras del Principado de Asturias

1. Los Planes Autonómicos de Carreteras son los
instrumentos técnicos expresivos de la política sectorial de carreteras, y deben
contener los objetivos a cumplir, los criterios y propuestas de actuación, las
previsiones y las prioridades en relación con las carreteras de la red
autonómica y, en su caso, de las redes municipales que por su funcionalidad
puedan ser objeto de actuación por la Comunidad Autónoma.

2. Para su mejor integración en la
ordenación territorial del Principado de Asturias, los Planes autonómicos de
Carreteras, tendrán la consideración de Programas de Actuación Territorial,
conforme a lo establecido en la normativa en materia de ordenación del
territorio y urbanismo.

3. Los planes autonómicos de carreteras y los planes de
carreteras de los distintos municipios de la Comunidad Autónoma deberán
coordinarse entre sí y con el Plan de Carreteras del Estado y de las Comunidades
Autónomas limítrofes, en cuanto se refiere a sus mutuas incidencias, para
garantizar la unidad del sistema de comunicaciones y armonizar los intereses
públicos afectados, utilizando al efecto los procedimientos legalmente
establecidos. Corresponde la coordinación al Consejero competente en materia de
carreteras.

4. El Consejo de Gobierno podrá
excepcionalmente acordar la ejecución de actuaciones o de obras no previstas en
el Plan Autonómico de Carreteras, en caso de reconocida urgencia o excepcional
interés público debidamente fundados, sin que en ningún caso puedan modificar o
afectar a las características y principios básicos recogidos en el
Plan.

5. Dentro del Plan Autonómico de
Carreteras existirán Programas específicos de acuerdo con el ámbito territorial
al que se refieren o a la naturaleza de las actuaciones a desarrollar tales como
los programas de Reposición y Conservación, Gestión de Firmes, Aforos y
Seguridad Vial.

Artículo 8.—Contenido de los Planes
Autonómicos de Carreteras

Además de lo establecido en la
normativa de aplicación en materia de ordenación del territorio y urbanismo, los
Planes Autonómicos de Carreteras contendrán:

a) La
determinación de los fines y objetivos a alcanzar y la prevalencia para su
consecución.

b) La descripción
y análisis de las carreteras en relación con el sistema general de transportes,
modelo territorial y principales índices de desarrollo sociales y
económicos.

c) La definición
de los criterios generales aplicables a la programación, proyecto, construcción,
conservación y explotación de las carreteras y sus elementos
funcionales.

d) El análisis de
las relaciones con los planes de carreteras del Estado y de las Comunidades
Autónomas limítrofes y con el planeamiento territorial y
urbanístico.

e) Un informe de
sostenibilidad ambiental con los contenidos señalados en la normativa ambiental
y de ordenación territorial y urbanística para la realización de la evaluación
ambiental.

f) Los criterios
y medidas generales para la mejora de la seguridad vial.

g) La adscripción
de los tramos de la red autonómica de carreteras a las distintas categorías de
clasificación.

h) La
determinación de los medios económicos, financieros y organizativos necesarios
para el desarrollo y ejecución del Plan, así como para garantizar la
conservación y explotación del patrimonio viario.

i) La definición
de los criterios que aconsejen la revisión del Plan.

Artículo 9.—Aprobación y revisión de
los Planes Autonómicos de Carreteras

1. La iniciación, elaboración y
aprobación de los Planes Autonómicos de Carreteras se ajustará a lo establecido
en la normativa de aplicación en materia de ordenación del territorio y
urbanismo, para los Programas de Actuación Territorial.

2. La vigencia de los Planes
Autonómicos de Carreteras vendrá definida por la naturaleza de las actuaciones
previstas en los mismos, debiendo revisarse formalmente su contenido cuando se
cumplan las condiciones previstas al efecto o cuando sobrevengan circunstancias
que impidan su cumplimiento.

3. La aprobación y revisión de los
Planes Autonómicos de Carreteras corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta
del Consejero competente en materia de carreteras.

4. La aprobación y revisión de los
Programas de Reposición y Conservación, Gestión de Firmes, Aforos y Seguridad
Vial y otros similares enmarcados en los Planes Autonómicos de Carreteras
corresponde al Consejero competente en materia de carreteras.

Artículo 10.—Planes municipales de
carreteras

1. Las actuaciones municipales en
materia de construcción de nuevas carreteras o realización de modificaciones del
trazado de las mismas, deberán ajustarse a lo previsto en los Planes Generales
de Ordenación y demás instrumentos de planeamiento urbanístico de los
respectivos concejos o, en su defecto, llevarse a cabo con arreglo al
correspondiente procedimiento urbanístico y, en todo caso, deberán adecuarse a
lo previsto en esta Ley para cada clase de carreteras, conforme a lo dispuesto
en el artículo 6.

2. Los Ayuntamientos podrán elaborar
planes municipales de carreteras cuando así lo decidan o lo exija la densidad de
las redes existentes.

La elaboración y aprobación de los
planes municipales de carreteras, así como las modificaciones de los mismos,
corresponde a las respectivas entidades locales previo informe de la Consejería
competente en materia de carreteras, que será vinculante en lo que se refiere a
su coordinación y compatibilidad con los Planes Autonómicos de
Carreteras.

Artículo 11.—Estudios de carreteras

1. Los estudios de carreteras que en
cada caso requiera la ejecución de una obra se adaptarán a los siguientes tipos,
en razón de su finalidad y contenido:

a) Estudio de
planeamiento: Consiste en la definición de un esquema vial en un determinado año
horizonte, así como de sus características y dimensiones recomendables,
necesidades de suelo y otras limitaciones, a la vista del planeamiento
territorial y del transporte.

b) Estudio
previo: Consiste en la recopilación y análisis de los datos necesarios para
definir en líneas generales las diferentes soluciones de un determinado problema
viario, valorando todos sus efectos.

c) Estudio
informativo: Consiste en la definición, en líneas generales de las diferentes
opciones de trazado de la carretera, a efectos de que pueda servir de base al
expediente de información pública que se incoe en su caso.

d) Anteproyecto:
Consiste en el estudio a escala adecuada y consiguiente evaluación de las
mejores soluciones al problema viario planteado, de forma que pueda concretarse
la solución óptima.

e) Proyecto de
trazado: Es la parte del proyecto de construcción que contiene los aspectos
geométricos del mismo, así como la definición concreta de los bienes y derechos
afectados.

f) Proyecto de
construcción: Consiste en el desarrollo completo de la solución viaria óptima,
con el detalle necesario para hacer factible su construcción y posterior
explotación.

2. El contenido de los distintos
documentos que integran cada estudio de carreteras de los anteriormente citados
será el fijado reglamentariamente.

3. La redacción de los estudios y
proyectos de carreteras de la Red de Carreteras del Principado de Asturias
corresponde a la Consejería competente en materia de
carreteras.

Estos estudios y proyectos podrán ser
realizados por terceros, correspondiendo en tal caso su inspección y control a
la Consejería, quien velará por el estricto cumplimiento de las disposiciones
aplicables y de las condiciones técnicas y cláusulas administrativas
establecidas en los correspondientes contratos.

Artículo 12.—Evaluación del impacto
ambiental

1. Los proyectos de autopistas y
autovías, corredores y carreteras convencionales de nuevo trazado deberán
incluir la correspondiente evaluación de impacto ambiental de acuerdo con su
normativa reguladora.

También exigirán dicha evaluación los
proyectos de ampliación de carreteras convencionales que impliquen su
transformación en autopista, autovía o carretera de doble calzada en una
longitud acumulada de más de diez kilómetros.

2. Las actuaciones no incluidas en el
planeamiento urbanístico vigente que modifiquen el trazado de la carretera
preexistente en una longitud acumulada de más de diez kilómetros, incluirán
asimismo la correspondiente evaluación de impacto ambiental.

3. Las demás actuaciones a desarrollar
en las carreteras estarán sujetas al tipo de estudio medioambiental que disponga
al efecto la normativa autonómica sobre medio ambiente.

4. En los supuestos de actuaciones
derivadas de un estudio informativo en el que se hubiese incluido la
correspondiente declaración de impacto ambiental no será preceptiva la
realización de una nueva declaración.

Artículo 13.—Aprobación de estudios
y proyectos

1. Los estudios y proyectos de
carreteras que deban someterse al trámite de información pública serán objeto de
aprobación provisional y aprobación definitiva. Los estudios y proyectos que no
hayan de someterse a información pública, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 15 de esta Ley, serán objeto únicamente de aprobación
definitiva.

2. La aprobación provisional permitirá
practicar, en su caso, la información pública y la oficial correspondiente, así
como cuantos otros trámites sean preceptivos o convenientes para obtener la
aprobación definitiva.

3. La aprobación provisional y la
definitiva de los estudios y proyectos de carreteras autonómicas corresponde al
Consejero competente en materia de carreteras.

4. La aprobación definitiva de un
estudio o proyecto de carreteras podrá confirmar o modificar los términos de la
aprobación provisional.

5. La aprobación definitiva implicará
la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación a que se refiere
el artículo 16 de esta Ley.

6. Será de aplicación lo previsto en
los apartados anteriores a las modificaciones de un proyecto de
construcción.

7. La redacción y aprobación de
estudios y proyectos de carreteras de las redes municipales corresponde a los
Ayuntamientos respectivos.

Artículo 14.—Coordinación de la
planificación de carreteras con la planificación territorial y
urbanística

1. Cuando se trate de construir carreteras o variantes
de la red autonómica no incluidas en el planeamiento urbanístico vigente de los
municipios a los que afecte, la Consejería competente en materia de carreteras
deberá remitir el estudio informativo o proyecto correspondiente a las
Corporaciones locales afectadas, al objeto de que durante el plazo de un mes
examinen si el trazado propuesto es el más adecuado para el interés general y
para los intereses de las localidades a las que afecte la nueva carretera o
variante. Transcurrido dicho plazo y un mes más sin haberse emitido informe al
respecto, se entenderá que están conformes con la propuesta formulada, lo cual
comportará la necesaria modificación de los instrumentos de planeamiento
urbanístico de acuerdo a las determinaciones del estudio o proyecto remitido,
debiendo la Corporación Local incorporar las variaciones producidas una vez
aprobadas.

En caso de disconformidad, que
necesariamente habrá de ser motivada, el expediente será elevado, previo informe
de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de
Asturias, al Consejo de Gobierno, que decidirá si procede ejecutar el proyecto,
y en este caso, ordenará la modificación o revisión del planeamiento urbanístico
afectado, que deberá acomodarse a las determinaciones del estudio informativo o
proyecto desde el momento en que se notifique su aprobación al Ayuntamiento
interesado.

2. Acordada la redacción de un
instrumento de planeamiento urbanístico, o la revisión del existente, las nuevas
carreteras o variantes cuyos estudios hayan sido aprobados definitivamente
deberán incorporarse a dicho planeamiento.

3. Cuando el instrumento de
planeamiento territorial y urbanístico afecte a cualquier carretera existente
perteneciente a la red autonómica, el órgano competente para su aprobación
inicial deberá enviar, con anterioridad a dicha aprobación, el contenido del
instrumento de planeamiento a la Consejería competente en materia de carreteras,
la cual deberá emitir informe al respecto dentro del trámite de coordinación
administrativa señalado en la legislación territorial y
urbanística.

El informe tendrá carácter vinculante y
deberá manifestarse sobre la línea límite de edificación delimitada en suelo
urbano y en los núcleos rurales, sobre la capacidad de las carreteras en las que
se apoyen nuevos crecimientos, sobre los nuevos puntos de acceso a la Red de
Carreteras del Principado de Asturias desde las vías municipales y aquellos
otros aspectos que se consideren adecuados para la defensa y seguridad de las
mismas.

4. En caso de que la modificación o
revisión de un instrumento de planeamiento urbanístico afecte a carreteras
autonómicas, se deberá someter igualmente a informe de la Consejería competente
en materia de carreteras, en la misma forma y con los mismos efectos que en el
caso del documento primero.

Artículo 15.—Información pública

1. Serán objeto de trámite de
información pública los estudios correspondientes a nuevas carreteras y
variantes significativas dentro del ámbito de aplicación de esta Ley, no
incluidas en los instrumentos de planeamiento urbanístico
aprobados.

En ningún caso tendrán la consideración
de nuevas carreteras o variantes significativas, a los efectos de esta
información pública, los acondicionamientos de trazado, las variaciones que no
afecten a núcleos de población, los ensanches de plataforma, las mejoras del
firme, las duplicaciones de calzada y, en general, las actuaciones que no
supongan una modificación sustancial en la funcionalidad de la carretera
existente.

2. Esta información pública se llevará
a cabo en la forma prevista en la normativa de procedimiento administrativo
común durante un período de treinta días hábiles.

Las observaciones que se formulen en
este trámite deberán versar sobre las circunstancias que justifiquen la
declaración de interés general de la carretera, y sobre la concepción global de
su trazado.

3. Este mismo trámite servirá también,
en su caso, para la información pública del estudio de impacto ambiental, en
cumplimiento y a los efectos de la legislación aplicable.

4. El tipo de estudio objeto de dicho
trámite será habitualmente el Estudio Informativo. No obstante, si las
circunstancias concurrentes lo aconsejan, podrán someterse a información publica
un Anteproyecto, Proyecto de Trazado o de Construcción, en la misma forma y con
el mismo régimen jurídico que si de un Estudio Informativo se
tratara.

5. La aprobación del expediente de
información pública corresponde al Consejero competente en materia de
carreteras.

Artículo 16.—Declaración de utilidad
pública

1. La aprobación de los proyectos de
carreteras implica la declaración de utilidad pública y la necesidad de
ocupación de los bienes y adquisición de derechos correspondientes, a los fines
de expropiación forzosa, de ocupación temporal o de imposición y modificación de
servidumbres. Asimismo implica las limitaciones a la propiedad establecidas en
esta Ley.

2. La declaración de utilidad pública y
la necesidad de ocupación se referirá también a los bienes y derechos
comprendidos en el replanteo del proyecto y en las modificaciones de obras, así
como, en su caso, en los proyectos de obras complementarias que puedan aprobarse
posteriormente, con efectos desde la fecha en que estas aprobaciones se
produzcan.

3. A los efectos indicados en los
apartados anteriores, los proyectos de carreteras y sus modificaciones deberán
comprender la definición del trazado de las mismas y la determinación de los
terrenos, construcciones u otros bienes o derechos que se estime preciso ocupar
o adquirir para la construcción, defensa o servicio de aquéllas y la seguridad
de la circulación, así como las modificaciones de los servicios
afectados.

CAPITULO III

CONSTRUCCION,
FINANCIACION Y EXPLOTACION DE LAS CARRETERAS

Artículo 17.—Construcción

1. La construcción de carreteras
comprende los trabajos y obras necesarias para la apertura de nuevas vías así
como para la modificación de las características del trazado, anchura y de los
principales elementos integrantes y funcionales de las carreteras
existentes.

La dirección, control, vigilancia e
inspección de las obras y actuaciones de construcción de carreteras de la red
autonómica, así como de su señalización y balizamiento corresponde a la
Consejería competente en materia de carreteras.

2. Los trabajos a los que se refiere el
apartado anterior podrán ser realizados por terceros, correspondiendo en tal
caso su inspección y control a la citada Consejería, que velará por el estricto
cumplimiento de las disposiciones vigentes y de las cláusulas establecidas en el
contrato.

3. En la medida que no contravengan la
normativa técnica básica, la Consejería competente en materia de carreteras
podrá dictar normas e instrucciones complementarias relativas a la construcción
de carreteras en el ámbito regional.

4. En las carreteras municipales, las
funciones descritas en los apartados anteriores corresponden a los respectivos
Ayuntamientos.

Estas funciones podrán ser asumidas por
la Consejería competente en materia de cooperación local cuando así sea acordado
entre las Administraciones Públicas interesadas previa la suscripción del
correspondiente convenio de colaboración.

Artículo 18.—Control preventivo
municipal

Las obras de construcción, reparación o
conservación de carreteras autonómicas a las que se refiere la presente Ley, por
constituir obras públicas de interés general, no están sometidas a previa
licencia ni otros actos de control preventivo municipal a que se refiere la
legislación sobre Régimen Local.

Artículo 19.—Financiación

1. La financiación de las actuaciones
en las redes de carreteras se efectuará mediante las consignaciones que a tal
efecto se incluyan en los Presupuestos de la correspondiente Administración
titular, los recursos que provengan de otras Administraciones Públicas, de
organismos nacionales e internacionales y, excepcionalmente, de
particulares.

2. Igualmente, la financiación podrá
producirse mediante contribuciones especiales, en la forma y con los requisitos
contenidos en el artículo 22 de esta Ley. Podrán financiarse asimismo las
carreteras a través de las distintas modalidades de concesión de obras públicas
y, en general, cualquier otra forma de colaboración público-privada, contemplada
en la legislación vigente.

3. A los efectos de esta Ley tendrá la
consideración de contrato de concesión de obras públicas el que así se
establezca en su normativa reguladora.

Artículo 20.—Colaboración entre
Administraciones Públicas

1. Para la ejecución de obras de
construcción, conservación o mejora de carreteras o de determinados tramos de
ellas se podrán arbitrar medidas e instrumentos de colaboración entre las
Administraciones Públicas interesadas, especialmente en el caso de travesías y
tramos urbanos.

El ofrecimiento podrá consistir en
aportaciones dinerarias; aportaciones de terrenos libres de servidumbres y otros
gravámenes; instalación de elementos complementarios de la carretera a sus
expensas o por sus propios medios; compromiso de tomar a su cargo total o
parcialmente la conservación y mantenimiento de la carretera o de sus elementos
complementarios, o la redacción de estudios, anteproyectos y
proyectos.

2. Las aportaciones dinerarias podrán
determinarse en porcentaje del coste de las obras, incluidos o no el valor de
adquisición de los terrenos necesarios y el coste de redacción del proyecto, o
bien en cuantía fija, con independencia del resultado de la licitación y de las
ulteriores incidencias de la obra.

3. La colaboración a que se refiere
este artículo se instrumentará a través de los correspondientes convenios entre
las Administraciones interesadas en los que se harán constar la clase de la
aportación y su cuantía cuando sea dineraria; la forma y los plazos en que se
hará efectiva así como las fórmulas para garantizar su efectividad; las
obligaciones y compromisos recíprocos, y la consignación del gasto en los
presupuestos correspondientes a los años en que haya de realizarse. Corresponde
al Consejo de Gobierno autorizar la firma de estos convenios, que se regirán por
lo dispuesto en la Ley
del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de
la Administración o en la legislación sobre régimen local, en su
caso.

Artículo 21.—Colaboración de los
particulares

1. Los particulares podrán contribuir
económicamente a la construcción o mejora de las carreteras con aportaciones en
dinero o mediante cesiones gratuitas de terrenos. Los interesados harán constar
a la Administración el tramo de carretera para el que se hace el ofrecimiento,
el tipo de actuación pretendida, la clase y cuantía de la aportación y la forma
y plazo en que se hará efectiva.

2. Los compromisos y obligaciones
recíprocas, en su caso asumidas, se formalizarán en un convenio entre la
Administración y los particulares, que incluirá un aval bancario que garantice
su cumplimiento, en el caso de ser la aportación dineraria o, en el supuesto de
consistir en la aportación de terrenos, los documentos que acrediten la
titularidad e inexistencia de cargas sobre los mismos. Corresponde al Consejo de
Gobierno autorizar la firma de estos convenios.

3. En las carreteras autonómicas, la
cesión de terrenos se tramitará de conformidad con la legislación del Principado
de Asturias en esta materia, adquiriendo los terrenos cedidos el carácter de
bienes de dominio público, para el servicio de carreteras.

4. Este procedimiento se aplicará
igualmente a los supuestos contemplados en el artículo 34.7 de esta Ley,
relativo a la construcción de accesos.

Artículo 22.—Contribuciones
especiales

1. La Administración titular de la vía
podrá imponer contribuciones especiales cuando de la ejecución de las obras que
se realicen para la construcción de carreteras, accesos y vías de servicio
resulte la obtención por personas físicas o jurídicas de un beneficio especial,
aunque éste no pueda fijarse en una cantidad concreta. El aumento de valor de
determinadas fincas como consecuencia de estas actuaciones tendrá, a estos
efectos, la consideración de beneficio especial.

2. Serán sujetos pasivos de estas
contribuciones especiales quienes se beneficien de modo directo con las
carreteras, accesos y vías de servicio y, especialmente, los titulares de las
fincas y establecimientos colindantes, y los de las urbanizaciones cuya
comunicación resulte mejorada.

3. La base imponible se determinará por
el siguiente porcentaje del coste total de las obras, incluido el precio de
adquisición de los terrenos, excepto, en cuanto al sujeto pasivo que sea titular
del bien expropiado, la parte correspondiente del justiprecio:

a) Con carácter
general, hasta el veinticinco por ciento.

b) En las vías de
servicio, hasta el cincuenta por ciento.

c) En los accesos
de uso particular para determinado número de fincas, urbanizaciones o
establecimientos, hasta el noventa por ciento.

4. El importe total de las
contribuciones especiales se repartirá entre los sujetos pasivos atendiendo a
aquellos criterios objetivos que, según la naturaleza de las obras,
construcciones y circunstancias que concurran en aquéllos se determinen de entre
los que figuran a continuación:

a) Superficie de
las fincas beneficiadas.

b) Situación,
proximidad y accesos a la carretera de las fincas, construcciones,
instalaciones, explotaciones y urbanizaciones.

c) Bases
imponibles fijadas a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de las fincas
beneficiadas.

d) Los que
determine la disposición o acuerdo que establezca la contribución especial, en
atención a las circunstancias particulares que concurran en la
obra.

5. En la explotación de carreteras, la
imposición de contribuciones especiales que graven la utilización de las vías
existentes, vendrá determinada por la peculiaridad o intensidad de uso del
dominio público viario y por la capacidad de deterioro y necesidad de reposición
de los elementos constitutivos del mismo.

6. El Consejo de Gobierno, a propuesta
de las Consejerías competentes en materia de hacienda y de carreteras, podrá
acordar el establecimiento de las normas sobre contribuciones especiales en los
supuestos a que se refiere la presente Ley, conforme a su normativa
reguladora.

Artículo 23.—Explotación

1. La explotación de las carreteras
comprende las operaciones de conservación y mantenimiento, las actuaciones
encaminadas a la defensa de la vía y a su mejor uso, incluyendo las referentes a
información viaria, señalización, ordenación de accesos y policía y vigilancia
de las zonas de dominio público, servidumbre y afección.

2. Las operaciones de conservación y
mantenimiento incluyen todas las actividades necesarias para preservar en el
mejor estado posible el patrimonio viario. Las actuaciones de defensa de la
carretera incluyen las necesarias para evitar actividades que perjudiquen a la
carretera, a su función o a las de sus zonas de protección. Las actuaciones
encaminadas al mejor uso de la carretera incluyen las destinadas a facilitar su
utilización en condiciones de seguridad, fluidez y comodidad
adecuadas.

3. Como norma general la Administración
del Principado de Asturias explotará directamente las carreteras de titularidad
autonómica. En caso de optarse, para determinados trabajos de explotación, por
un modelo de gestión indirecta prevista en la legislación de contratos de las
Administraciones Públicas, corresponderá su dirección, control y vigilancia a la
Consejería competente en materia de carreteras.

4. En la medida que no contravengan la
normativa técnica básica, la Consejería competente en materia de carreteras
podrá dictar normas e instrucciones complementarias relativas a la explotación
de carreteras en el ámbito regional.

5. En las carreteras municipales, las
labores de conservación y mantenimiento de las condiciones de uso así como las
de policía y vigilancia de sus zonas de protección corresponden a los
Ayuntamientos respectivos.

CAPITULO IV

ZONAS
DE PROTECCION DE LAS CARRETERAS LIMITACIONES DE CARACTER
GENERAL

Artículo 24.—Zonas de protección

1. A los efectos de esta Ley se
establecen en las carreteras las siguientes zonas: de dominio público, de
servidumbre y de afección.

2. Los ramales de enlace y las vías de
giros de intersecciones tendrán la consideración de carreteras convencionales a
efectos del régimen jurídico de protección del dominio público viario y de las
limitaciones de la propiedad de los terrenos colindantes.

3. Será imprescindible la coordinación
interadministrativa en los cruces e intersecciones de la Red de Carreteras del
Principado de Asturias con las carreteras de titularidad de otras
Administraciones.

4. Dentro de las zonas de protección de
las carreteras de la Red del Principado de Asturias, cualquier tipo de obras o
actuaciones que modifiquen el estado de las edificaciones, instalaciones o
terrenos, requerirán la autorización previa de la Consejería competente en
materia de carreteras salvo en los casos expresados en los artículos 53 y 54 de
esta Ley relativos a los tramos urbanos de carreteras.

Artículo 25.—Zona de dominio público

1. Son de dominio público los terrenos
ocupados por las carreteras y sus elementos funcionales y una franja de terreno
de ocho metros de anchura en las autopistas, autovías y corredores y de tres
metros en el resto de las carreteras, a cada lado de la vía, medidas en
horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de
la explanación.

2. La arista exterior de la explanación
es la intersección del talud del desmonte o del terraplén, o en su caso, de los
muros de contención o de sostenimiento colindantes, con el terreno
natural.

En los casos especiales de puentes,
viaductos, túneles, estructuras u otros similares, se podrá fijar como arista
exterior de la explanación la línea de proyección vertical del borde de la
infraestructura sobre el terreno. Será en todo caso de dominio público el
terreno ocupado por los soportes de las estructuras y sus
cimentaciones.

En túneles, la determinación de la zona
de dominio público podrá extenderse a la superficie de los terrenos necesarios
para asegurar la conservación y mantenimiento de la obra, de acuerdo con las
características geotécnicas del terreno, su altura sobre el túnel y la
disposición de sus elementos, tales como ventilación, accesos u otros
necesarios.

3. Es elemento funcional de una
carretera toda zona permanentemente afecta a la conservación de la misma o a la
explotación del servicio público viario, tales como las destinadas al descanso,
estacionamiento, auxilio y atención médica de urgencia, pesaje, parada de
autobuses y otros fines auxiliares o complementarios.

Son también elementos funcionales de la
carretera los centros operativos para la conservación y explotación de la
carretera, las áreas de servicio y las vías de servicio.

4. La definición de zona de dominio
público no comporta necesariamente la declaración de bienes de dominio público
de los terrenos u otros bienes comprendidos en la misma, pero sí en todo caso la
declaración de utilidad pública a efectos expropiatorios, debiendo declararse la
necesidad de ocupación en cada caso concreto en aquellos supuestos en que se
justifique esta necesidad.

Los terrenos ocupados por los elementos
funcionales de las carreteras tienen siempre la consideración de bienes de
dominio público.

5. En la zona de dominio público de la
carretera no podrá realizarse ninguna obra más que las de acceso a la propia vía
debidamente autorizadas, aquellas que formen parte de su estructura,
señalización, balizamiento y defensa, así como las que requieran la prestación
de un servicio público de interés general previa autorización de la Consejería
competente en materia de carreteras para el caso de las carreteras autonómicas,
y de los Ayuntamientos para las de titularidad municipal. Todo ello sin
perjuicio de otras competencias concurrentes y de lo establecido en el artículo
41 de esta Ley sobre condiciones para el otorgamiento de
autorizaciones.

6. Cuando en las carreteras exista
alguna parte de la zona de dominio público que permanezca aún de propiedad
privada, por no haber sido expropiada o voluntariamente cedida, se podrá
autorizar a su titular a realizar en ella cultivos que no impidan o dificulten
la visibilidad a los vehículos o afecten negativamente a la seguridad vial y,
con las mismas condiciones, establecer zonas ajardinadas, dejando en todo caso,
libre la calzada, el arcén, la acera, la cuneta y, en su caso, las obras de
tierra.

En cualquier caso la Administración
titular podrá utilizar o autorizar la utilización en la zona de dominio público
para cualquiera de las finalidades previstas para el servicio de la propia
carretera, procediendo, en su caso, a la correspondiente indemnización, así como
la imposición de las oportunas condiciones.

7. Sin perjuicio de las disposiciones
sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, queda
prohibida en la zona de dominio público carente de cerramiento, el
estacionamiento de vehículos y remolques agrícolas y el estacionamiento de todo
tipo de vehículos que no estén en condiciones para circular.

Artículo 26.—Canon por el uso del
dominio público

1. El uso especial del dominio público
establecido en esta Ley o la ocupación del mismo comportarán la obligación, por
el beneficiario de la correspondiente autorización de uso u ocupación, del abono
de un canon con arreglo a lo siguiente:

a) Constituye el
hecho imponible de dicho canon la ocupación de terrenos o utilización de bienes
de dominio público que se haga en virtud de autorizaciones reguladas en esta Ley
y de concesiones de áreas de servicio en las carreteras
autonómicas.

b) Serán sujetos
pasivos del canon los titulares de las autorizaciones o
concesiones.

c) La base de
fijación de la cuantía del gravamen será el valor de los terrenos ocupados,
habida cuenta del valor de adquisición de los mismos por la Administración del
Principado, el de los predios contiguos y los beneficios que los sujetos pasivos
obtengan por la autorización o concesión. El tipo de gravamen anual será del
cuatro por ciento (4%) sobre el valor de la base indicada.

d) El canon podrá
ser revisado proporcionalmente a los aumentos que experimente el valor de la
base utilizada para fijarlo, si bien estas revisiones sólo podrán realizarse al
término de los períodos que para el caso se expresen en las condiciones de
autorización o concesión.

2. La explotación por terceros de obras
y servicios públicos relativos a carreteras de la Red del Principado de Asturias
por parte de usuarios de dichas obras y servicios, llevará aparejada la
obligación de satisfacer a la Administración con el abono de un
canon:

a) Será sujeto
pasivo de dicho canon la persona física o jurídica que tenga la titularidad de
dicha explotación, en virtud de la correspondiente autorización o
concesión.

b) La cuantía del
canon se establecerá en función del coste de las obras e instalaciones, así como
de los ingresos brutos derivados de la explotación de las
mismas.

El canon anual se obtendrá por suma del
cuatro por ciento del coste indicado y del porcentaje que reglamentariamente se
determine de los citados ingresos que, en todo caso, no podrán exceder del uno
por mil de los mismos.

Artículo 27.—Zona de servidumbre

1. La zona de servidumbre de las
carreteras consistirá en dos franjas de terreno a ambos lados de las mismas,
delimitadas interiormente por la zona de dominio público definida en el artículo
25 y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la
explanación a una distancia de veinticinco metros en autopistas y autovías, de
dieciocho metros en corredores, de ocho metros en el resto de las carreteras
regionales y en las comarcales y de seis metros en las locales, medidas desde
las citadas aristas.

2. En la zona de servidumbre no podrán
realizarse edificaciones ni otras obras sobre posibles edificios existentes,
salvo las de mera conservación para mantener su destino y utilización actual u
otro que sea compatible con el planeamiento urbanístico, exceptuándose los casos
previstos en los artículos 29 y 46 de esta Ley, ni se permitirán más usos que
aquellos que sean compatibles con la seguridad vial o el destino de la
carretera, previa autorización, en cualquier caso, de la Consejería competente
en materia de carreteras, sin perjuicio de otras competencias concurrentes y de
lo establecido en el artículo 41 de esta Ley sobre condiciones para el
otorgamiento de autorizaciones.

3. En todo caso, la Consejería
competente en materia de carreteras podrá utilizar o autorizar la utilización de
la zona de servidumbre por razones de interés general.

4. Serán indemnizables la ocupación de
la zona de servidumbre y los daños y perjuicios que se causen por su
utilización.

A tal efecto, será de aplicación lo
previsto en la legislación sobre expropiación forzosa, siendo el abono de las
indemnizaciones por cuenta del beneficiario de la ocupación.

Artículo 28.—Zona de afección

1. La zona de afección de una carretera
consistirá en dos franjas de terreno a ambos lados de la misma, delimitadas
interiormente por la zona de servidumbre definida en el artículo 27 y
exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la
explanación a una distancia de cien metros en autopistas y autovías, de
cincuenta metros en corredores, de treinta metros en el resto de las carreteras
regionales y en las comarcales y de veinte metros en las locales, medidas desde
las citadas aristas.

2. En la zona de afección la ejecución
o el cambio de uso o destino de obras e instalaciones, fijas o provisionales,
requerirán la autorización de la Consejería competente en materia de carreteras,
sin perjuicio de otras competencias concurrentes y de lo establecido en el
artículo 41 de esta Ley sobre condiciones para el otorgamiento de
autorizaciones.

La denegación habrá de ser motivada, y
sólo podrá fundarse en las previsiones de los planes y proyectos de ampliación o
variación de la carretera en un plazo no superior a diez años, transcurridos los
cuales sin haberse realizado las previsiones que motivaron la denegación, ante
una nueva solicitud no se podrá denegar por la misma razón.

3. No se podrán ejecutar, sin embargo,
en la zona de afección construcciones salvo que queden totalmente fuera de la
línea límite de edificación, conforme a lo que se establece en el artículo
siguiente, sin perjuicio de lo dispuesto para las obras de mera conservación en
el artículo anterior.

Artículo 29.—Línea límite de
edificación

1. A ambos lados de las carreteras se
establece la línea límite de edificación, desde la cual hasta la carretera queda
prohibido cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a
excepción de las que resulten imprescindibles para la conservación y
mantenimiento de las construcciones existentes.

La línea límite de edificación se sitúa
a cincuenta metros en autopistas y autovías, a veinticinco metros en corredores,
a dieciocho metros en carreteras regionales no pertenecientes a las anteriores
categorías, a diez metros en carreteras comarcales y a ocho metros en carreteras
locales, a contar desde la arista exterior de la calzada más próxima, medidas en
horizontal y perpendicularmente al eje de la misma. Se entiende por arista
exterior de la calzada el borde exterior de la parte de la carretera destinada a
la circulación de vehículos en general.

2. A los efectos del apartado anterior,
los ramales de enlaces y las vías de giro de intersecciones tendrán la
consideración de carreteras convencionales, estableciéndose la línea límite de
edificación en función de la categoría de las carreteras que se conectan en el
enlace o intersección.

3. En los tramos de carretera que
atraviesen poblados clasificados en los correspondientes instrumentos de
planeamiento como núcleos rurales en suelo no urbanizable, la línea límite de
edificación se podrá autorizar a una distancia inferior a la establecida con
carácter general en el apartado 1 a fin de definir y consolidar alineaciones
existentes que formen o no un continuo edificatorio, siempre que quede
garantizada la seguridad vial mediante la ordenación de los márgenes de las
carreteras y el adecuado control de los accesos.

Atal fin los Planes Generales de
Ordenación podrán delimitar las líneas de edificación en los núcleos rurales.
Dicha delimitación deberá contar con informe favorable de la Consejería
competente en materia de carreteras, en lo que se refiere a sus
atribuciones.

4. Cuando se trate de carreteras de
titularidad municipal y se produzca el supuesto de hecho señalado en el apartado
anterior, el órgano municipal respectivo, garantizando las condiciones señaladas
en el mismo y, en el caso de las carreteras de primer nivel, con el informe
favorable de la Consejería competente en materia de carreteras, en lo que se
refiere a sus atribuciones, podrá autorizar la edificación a distancias
inferiores a las señaladas en el apartado 1.

5. En los tramos de carretera que
discurran por suelo urbano, los Planes Generales de Ordenación podrán establecer
la línea límite de edificación a una distancia inferior a la establecida con
carácter general. Dicha delimitación deberá contar con informe favorable de la
Consejería competente en materia de carreteras, en lo que se refiere a sus
atribuciones.

6. Se podrán ejecutar obras de
conservación y mantenimiento de las construcciones existentes dentro de la línea
límite de edificación, así como obras de reparación por razones de higiene y
ornato de los inmuebles, previa autorización de la Consejería competente en
materia de carreteras.

7. Se podrá autorizar, con carácter
temporal y en precario, la colocación de instalaciones ligeras, fácilmente
desmontables a menor distancia de la carretera que la definida por la línea
límite de edificación, siempre que no resulten mermadas las condiciones de
visibilidad y seguridad vial.

8. Delante de la línea límite de
edificación no se podrán ejecutar obras que supongan una edificación o
instalación por debajo del nivel del terreno ni realizar instalaciones aéreas o
subterráneas que constituyan parte integrante de industrias o establecimientos,
salvo las instalaciones que tengan carácter provisional o sean fácilmente
desmontables.

9. Las limitaciones anteriormente
señaladas no confieren a los titulares de derechos reales sobre las fincas
incluidas en la línea límite de edificación ningún derecho a
indemnización.

Artículo 30.—Expropiaciones

1. Las expropiaciones de terrenos y
bienes afectados por las obras de carreteras se rigen por lo dispuesto en la
legislación sobre expropiación forzosa y, en el caso de tramos urbanos y redes
arteriales, también por la normativa sobre régimen del suelo y ordenación
urbanística.

2. Los proyectos de trazado o de
construcción de nuevas carreteras y variantes, duplicaciones de calzada y
acondicionamientos generales deberán comprender la expropiación de los terrenos
a integrar en la zona de dominio público definida en el artículo 25, incluyendo,
en su caso, los destinados a áreas de servicio y otros elementos funcionales de
la carretera.

Excepcionalmente en los casos de
viaductos y puentes, la expropiación podrá limitarse a los terrenos ocupados por
las cimentaciones de los soportes de las estructuras y una franja de un metro,
como mínimo, a su alrededor. El resto de los terrenos afectados quedará sujeto a
la imposición de las servidumbres de paso necesarias para garantizar el adecuado
funcionamiento y explotación de la carretera.

En los demás supuestos de obras de
carreteras se evaluará en cada caso la conveniencia de expropiar la zona de
dominio público o, por el contrario, limitar la expropiación al terreno
estrictamente necesario para las obras.

CAPITULO V

USO DE LAS CARRETERAS

Artículo 31.—Limitaciones a la
circulación

1. La Consejería competente en materia
de carreteras, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones y de las
facultades de otros Organismos oficiales, podrá imponer en el ámbito de sus
competencias cuando las condiciones, situaciones, exigencias técnicas o
seguridad vial de las carreteras lo requieran, limitaciones temporales o
permanentes a la circulación en ciertos tramos o partes de las
carreteras.

Le compete igualmente fijar las
condiciones de las autorizaciones excepcionales que, en su caso, puedan
otorgarse por el órgano competente, y señalizar las correspondientes
ordenaciones resultantes de la circulación.

2. La Consejería competente en materia
de carreteras podrá habilitar carriles para la utilización en sentido contrario
al habitual, cuando la realización de trabajos o actividades en la calzada lo
requiera.

Artículo 32.—Autorizaciones
para transportes especiales, pruebas deportivas y otros usos excepcionales de
las carreteras

1. En los casos de autorizaciones para
transportes especiales, pruebas deportivas y otros usos excepcionales de las
carreteras, el solicitante presentará un estudio detallado en el que se
justificará que el uso especial de la carretera no producirá daños a ésta, que
la seguridad de la circulación quedará garantizada y que se tomarán las medidas
necesarias para reducir todo lo posible las afecciones al resto de los usuarios
de la carretera.

En el caso de transportes especiales
será de su responsabilidad la comprobación de cuantas limitaciones, tales como:
pasos superiores, pasarelas, túneles, tendidos eléctricos, pórticos, semáforos,
y otros, crucen el itinerario así como de los puentes y viaductos sobre los que
ha de pasar el transporte.

En todo caso los daños y perjuicios que
con carácter general se pudieran ocasionar con motivo del transporte serán
asumidos directamente por el titular de la autorización.

2. La Administración podrá exigir la
constitución de una fianza para responder de los daños y perjuicios que se
puedan ocasionar a la carretera y a sus elementos funcionales.

3. La autorización para transportes
especiales, pruebas deportivas y otros usos excepcionales de las carreteras, se
otorgará por la autoridad que corresponda, previo informe vinculante en lo
relativo a sus competencias, de la Consejería competente en materia de
carreteras.

En el caso concreto de acontecimientos
de interés municipal, serán autorizables desvíos provisionales de carreteras, no
siendo responsable la Consejería competente en materia de carreteras, de la
vigilancia y el mantenimiento de las nuevas condiciones de seguridad vial
generadas.

La señalización, carteles y publicidad
relacionados con los usos excepcionales de las carreteras, serán retirados por
el solicitante de la autorización una vez celebrado el
acontecimiento.

Asimismo deberá reponer, a su cargo,
los elementos de la carretera que hayan podido resultar dañados, restituyéndolos
a las condiciones anteriores de seguridad, funcionalidad y
aspecto.

Artículo 33.—Control de
usos

La Consejería competente en materia de carreteras podrá
establecer en puntos determinados de la red autonómica de carreteras
instalaciones de aforos y estaciones de pesaje de vehículos para conocimiento y
control de las características de la demanda de tráfico sobre la infraestructura
de las carreteras.

Artículo 34.—Accesos

1. Se consideran accesos a una
carretera:

a) Las conexiones
de ésta con las vías de servicio de la propia carretera o las entradas y salidas
a otras vías.

b) Las entradas y
salidas directas de vehículos a núcleos urbanos o rurales, zonas industriales,
fincas y predios colindantes.

2. Los criterios generales que
orientarán los estudios de carreteras y la resolución de las autorizaciones de
nuevos accesos a carreteras son los siguientes:

a) En autovías y
corredores, no se permitirán accesos directos a las propiedades colindantes,
sino a través de las vías de servicio o los enlaces con otras
carreteras.

b) Se considerará
la clasificación de las carreteras convencionales para la implantación de nuevos
accesos siendo más restrictivos en general, para las carreteras regionales que
para las comarcales y en éstas más que para las locales. Además se tendrá en
cuenta en cada caso la velocidad específica, la intensidad de tráfico y las
condiciones de visibilidad existentes.

c) En las
variantes de población de la red regional y comarcal construidas por la
Administración del Principado de Asturias no se permitirán accesos directos de
ningún tipo, salvo que exista razón de interés social suficientemente
justificada.

3. La Consejería competente en materia
de carreteras puede limitar los accesos a las carreteras autonómicas y
establecer con carácter obligatorio los lugares en que tales accesos pueden
construirse. Asimismo queda facultada para reordenar los accesos existentes con
el objeto de mejorar la explotación de la carretera y la seguridad vial,
pudiendo expropiar para ello los terrenos necesarios.

La utilización de los accesos que se
autoricen no implicará, en ningún caso, exclusividad. La Consejería competente
en materia de carreteras podrá imponer las limitaciones de uso y las
servidumbres que considere necesarias sin derecho a indemnización. Cuando las
condiciones del tráfico así lo aconsejen, podrá establecer la prohibición de los
giros a la izquierda en la utilización del acceso.

4. En todo proyecto de duplicación de
calzada o de acondicionamiento del trazado de una carretera existente se
incluirá el estudio de la reordenación de los accesos que hubiera en el momento
de redactar dicho proyecto.

5. No se autorizará ningún acceso en
donde no se cumplan las condiciones siguientes:

a) Que esté
suficientemente justificada por el peticionario la imposibilidad de utilización
de alguno de los accesos existentes o previstos próximos al
solicitado.

b) No poder
servirse de otra vía de distinta clase.

6. La Administración evaluará en cada
caso, según la importancia del acceso y la clasificación de la carretera, la
obligación por parte del peticionario de la presentación de un proyecto de
construcción suscrito por técnico competente y visado por el correspondiente
Colegio profesional. En este último caso el proyecto comprenderá al menos el
estudio de tráfico, el trazado, la señalización, el firme, el drenaje, la
iluminación, y la ornamentación y analizará las características de la carretera
a la que se pretende acceder tales como el trazado, la visibilidad disponible,
señalización, existencia de otros accesos o vías de servicio, y cualesquiera
otras de similar naturaleza.

7. La financiación de los nuevos
accesos a predios colindantes desde cualquier tipo de carretera corresponderá a
los particulares, excepto cuando exista una razón de interés social o público en
cuyo caso la Administración podrá convenir con éstos la aportación económica
procedente en cada caso o asumir el coste en su totalidad.

8. Los accesos a carreteras municipales
se regularán por los respectivos Ayuntamientos aplicando los criterios
anteriores y teniendo en cuenta la normativa urbanística
vigente.

Artículo 35.—Aparcamientos

1. Los aparcamientos colectivos
vinculados a un equipamiento público o privado en el margen de una carretera
sólo podrán tener entradas y salidas desde la misma a través de sus
correspondientes accesos.

2. No serán autorizables en la zona de
dominio público nuevos aparcamientos permanentes vinculados a las viviendas en
los márgenes de las carreteras salvo, excepcionalmente, en carreteras locales
que no formen parte de un itinerario intermunicipal, cuando quede garantizada la
seguridad vial.

Todo ello sin perjuicio de la
legislación estatal sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad
vial.

3. A los efectos de esta Ley, los
aparcamientos cubiertos tendrán la consideración de edificios.

Artículo 36.—Areas de servicio

1. Son áreas de servicio las zonas
colindantes con las carreteras, diseñadas expresamente para albergar
instalaciones y servicios destinados a la cobertura de las necesidades de la
circulación, pudiendo incluir estaciones de suministro de carburantes, hoteles,
restaurantes, talleres de reparación y otros servicios análogos destinados a
facilitar la seguridad y comodidad de los usuarios de la
carretera.

2. Las áreas de servicio, a uno o a
ambos márgenes de la carretera, tendrán acceso directo desde la misma. Dicho
acceso será el único en autopistas, autovías y corredores, debiendo permanecer
cerrado el contorno de la zona de dominio público.

3. En las áreas de servicio no podrán
ubicarse instalaciones o servicios que no tengan relación directa con la
carretera, estando expresamente prohibidos los locales en que se realicen
actividades de espectáculo o diversión.

4. Será criterio fundamental para el
establecimiento de áreas de servicio la seguridad vial. Su ubicación estará
suficientemente alejada de cruces viarios, intersecciones y puntos de escasa
visibilidad.

5. No se establece limitación alguna de
distancias entre áreas de servicio de carreteras impuesta por razones distintas
a aquellas que se deriven de consideraciones de seguridad vial o de la correcta
explotación de la carretera.

6. Las áreas de servicio podrán ser
explotadas por cualquiera de los sistemas de gestión de servicios públicos que
establezca la normativa de contratos de las Administraciones
Públicas.

La adjudicación de las concesiones de
áreas de servicio en la Red de Carreteras del Principado de Asturias se
realizará por concurso. El procedimiento se ajustará a lo establecido en
normativa reglamentaria, correspondiendo su tramitación y resolución a la
Consejería competente en materia de carreteras.

Artículo 37.—Estaciones de servicio
situadas fuera de un área de servicio

1. Son estaciones de servicio las
definidas como tales por la legislación estatal sobre suministro y venta al por
menor de carburantes y combustibles para automoción.

2. Los accesos a estaciones de servicio
situadas junto a una autopista, autovía o corredor se realizarán siempre a
través de una vía de servicio.

Para los accesos a las estaciones de
servicio en carreteras convencionales será de aplicación lo establecido en el
artículo 34 de esta Ley, procediendo, en su caso, a la reordenación de los
accesos existentes que resulten afectados.

3. La autorización de estaciones de
servicio fuera de los tramos urbanos corresponde a la Consejería competente en
materia de carreteras. El procedimiento de solicitud y otorgamiento se ajustará
a lo establecido reglamentariamente.

4. Toda estación de servicio exige la
redacción de un proyecto de construcción suscrito por técnico competente y
visado por el correspondiente Colegio profesional, que comprenderá la situación
de los edificios e instalaciones, el trazado de los accesos, el firme, el
drenaje, la señalización, la iluminación y la ornamentación, y que analizará las
características de la carretera a la que se pretende acceder, la intensidad de
tráfico, las condiciones previas de visibilidad y la existencia de otros accesos
o vías de servicio en el ámbito de la actuación.

5. Con carácter previo a la solicitud
de autorización y a la redacción del proyecto, los interesados podrán consultar
a la Consejería competente en materia de carreteras, la viabilidad de la
construcción pretendida así como obtener información y orientación acerca de los
requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a las
actuaciones que se propongan realizar.

6. Deberá suprimirse la posibilidad de
girar a la izquierda para acceder a una estación de servicio o al incorporarse a
la carretera desde ella, cuando existan razones de seguridad vial o cuando la
intensidad media diaria del tráfico rebase los cinco mil
vehículos.

7. En las estaciones de servicio, los
edificios e instalaciones permanentes, incluidas las marquesinas y los depósitos
subterráneos deberán quedar situados detrás de la línea límite de edificación.
Los aparatos surtidores de aprovisionamiento y otras instalaciones o aparatos de
servicio del automóvil serán autorizables a menores distancias en función de las
nuevas condiciones de seguridad vial generadas.

Artículo 38.—Publicidad

1. Fuera de los tramos urbanos de las
carreteras autonómicas queda prohibido realizar publicidad en cualquier lugar
visible desde la plataforma de la carretera, sin que ésta prohibición dé en
ningún caso derecho a indemnización.

2. A los efectos de lo dispuesto en el
apartado anterior, no se consideran publicidad los carteles informativos
autorizados por la Consejería competente en materia de
carreteras.

Son carteles
informativos:

a) Las señales de
servicio.

b) Los carteles
que indiquen lugares de interés cultural, turístico, poblaciones, urbanizaciones
y centros importantes de atracción con acceso directo e inmediato desde la
carretera.

c) Los que se
refieren a actividades y obras que afecten a la carretera.

d) Los rótulos de
los establecimientos mercantiles o industriales que sean indicativos de su
actividad, en las condiciones fijadas en el apartado 5.

3. En los casos a), b) y c) del
apartado anterior, la forma, textura, colores y dimensiones de los carteles
informativos se atendrán a la normativa estatal sobre señalización vertical, sin
perjuicio de las particularidades de carácter específico aplicables en el
territorio del Principado de Asturias.

4. Los carteles informativos podrán ser
colocados por los interesados, previa autorización de la Consejería competente
en materia de carreteras, corriendo a cargo de aquéllos su mantenimiento y
conservación. La autorización podrá ser revocada motivadamente sin derecho a
indemnización, previa audiencia del interesado, en caso de incumplimiento de las
condiciones impuestas en la autorización y, en todo caso, cuando variasen las
circunstancias que hubiesen sido tenidas en cuenta para otorgar la
autorización.

5. La Consejería competente en materia
de carreteras podrá reordenar los carteles informativos por razones de seguridad
vial y ordenación territorial.

6. Los rótulos de establecimientos
mercantiles o industriales tendrán la consideración de carteles informativos si
están situados sobre los inmuebles en que aquéllos tengan su sede o en su
inmediata proximidad, y no podrán incluir comunicación adicional alguna tendente
a promover la contratación de bienes y servicios.

En ningún caso se autorizarán los
rótulos que, por sus características o luminosidad, vistos desde cualquier punto
de la plataforma de la carretera, puedan producir deslumbramientos, confusión o
distracción a los usuarios de ésta, o sean incompatibles con la seguridad
vial.

7. No se considerarán publicidad los
rótulos o dibujos que figuren sobre los vehículos automóviles, y se refieran
exclusivamente al propietario del mismo o a la carga que transporta. No se
podrán utilizar sustancias reflectantes, colores o composiciones que puedan
inducir a confusión con señales de circulación u obstaculizar el tráfico
rodado.

8. Excepcionalmente tendrán la
consideración de información los avisos de carácter eventual relativos a pruebas
deportivas o acontecimientos similares, debidamente autorizados y que se
desarrollen en la propia carretera, los cuales serán retirados por el titular de
la autorización inmediatamente después de finalizar el acontecimiento
anunciado.

CAPITULO VI

AUTORIZACIONES FUERA DE LOS
TRAMOS URBANOS

Artículo 39.—Procedimiento

1. El otorgamiento de autorizaciones
para realizar obras, instalaciones o actividades en las zonas de protección de
las carreteras autonómicas, fuera de los tramos urbanos, así como la
modificación de su uso o destino, se ajustará al procedimiento establecido a
continuación. A los efectos de esta Ley se considera tramo urbano el que se
define como tal en el artículo 50.

2. El interesado presentará en la
Consejería competente en materia de carreteras solicitud de autorización
acompañada de la documentación que para cada supuesto establece el artículo
siguiente.

3. El Consejero competente en materia
de carreteras, previos los informes y trámites complementarios que se estimen
pertinentes, dictará la resolución que proceda. En dicha resolución se
establecerán las condiciones en que la resolución se otorga o, en su caso, los
motivos de su denegación.

4. En función de la importancia de la
obra u ocupación solicitada, la Consejería competente en materia de carreteras
podrá someter a trámite de información pública el expediente, de forma
independiente a otros posibles procedimientos de publicidad de la
actuación.

5. Las autorizaciones que se concedan
para obras y aprovechamiento de la red de carreteras fuera del ámbito urbano,
devengarán las correspondientes tasas, de conformidad con su normativa
reguladora, y se podrá exigir el depósito de una fianza por parte de los
peticionarios para responder de los daños y perjuicios que se puedan causar a la
carretera o a sus elementos funcionales, fijándose su cuantía en base al daño o
perjuicio previsibles estimados por la Administración.

Artículo 40.—Documentación a
acompañar a las solicitudes de autorización

1. Si la petición de autorización
tuviera por objeto la realización de obras o instalaciones en la zona de dominio
público para el establecimiento de un servicio público de interés general, se
acompañarán un proyecto de las obras o instalaciones a ejecutar suscrito por
técnico competente y los documentos que acrediten su conformidad con el
planeamiento urbanístico o las autorizaciones urbanísticas exigibles. En todo
caso, se justificará el interés general de la necesidad de ocupación del dominio
público que se solicita.

2. En los casos de solicitud de
autorización de utilización de las zonas de servidumbre o afección, se
acompañará la documentación necesaria para la correcta localización y definición
de la actuación que se pretende realizar, exigiéndose en caso necesario la
presentación de un proyecto o bien una separata del mismo compuesta de memoria y
planos definitorios y cálculos, en su caso, suscritos por técnico
competente.

3. Con carácter previo a la solicitud
de autorización, los interesados podrán consultar a la Consejería competente en
materia de carreteras la viabilidad de la construcción pretendida, así como
obtener información y orientación acerca de los requisitos técnicos y jurídicos
que las disposiciones vigentes impongan a las actuaciones que se propongan
realizar.

Para esta consulta previa no será
necesaria la presentación del proyecto, bastando una descripción y
representación gráfica suficientemente precisas de la actuación que se pretende
realizar, del tramo de carretera a que afecte y de sus accesos y conexiones más
cercanas.

Artículo 41.—Condiciones para el
otorgamiento de autorizaciones

En el otorgamiento de autorizaciones se
impondrán las condiciones que, en cada caso, resulten oportunas para evitar
daños y perjuicios a la infraestructura de la carretera, a sus elementos
funcionales, a la seguridad vial, a la adecuada explotación de aquélla, o a las
condiciones medioambientales del entorno.

Artículo 42.—Movimientos de tierras
y explanaciones, depósitos, cultivos y arbolado

1. En la zona de dominio público sólo
serán autorizables cuando no reduzcan la visibilidad en la carretera ni
perjudiquen la seguridad vial:

a) Los cultivos y
zonas ajardinadas sobre terrenos no expropiados, en predios sin cerramiento y
que no supongan una altura superior a medio metro.

b) La tala de
árboles, que si se efectúa sobre terrenos expropiados devengará la
correspondiente contraprestación económica para la
Administración.

2. En las zonas de servidumbre y
afección serán autorizables:

a) Los
movimientos de tierras y explanaciones de finalidad y volumen superior al propio
de actividades agrícolas, siempre que no sean perjudiciales para la estabilidad
de la carretera o su explotación, por modificación del curso de las aguas,
reducción de la visibilidad o cualquier otro motivo.

b) El depósito
provisional o permanente de materiales o maquinaria, cuando no influya
negativamente en la seguridad vial.

c) Los cultivos
de cualquier naturaleza siempre que no reduzcan la visibilidad en la
carretera.

d) La plantación
de árboles siempre que no reduzcan la visibilidad en la carretera, así como la
poda o tala de arbolado.

3. Los vertederos, sin perjuicio de
otras prescripciones legales, quedan expresamente prohibidos dentro de las zonas
de protección de las carreteras.

Artículo 43.—Tendidos aéreos

1. La colocación de postes de soporte
de tendidos de cualquier tipo habrá de hacerse fuera de la zona de dominio
público. No obstante, con carácter excepcional, podrán
autorizarse:

a) El
emplazamiento dentro de la zona de dominio público de los apoyos de redes de
baja tensión en zonas rurales, susceptibles de utilización compartida con redes
de alumbrado público.

b) La instalación
de postes de tendido aéreo de baja tensión o telefónicos en la zona de dominio
público en tramos interurbanos de carreteras, cuando por las condiciones
orográficas del terreno resulte técnicamente inviable retirarlos a mayor
distancia.

2. En los supuestos definidos en el
número anterior deberá quedar garantizada la seguridad vial y la autorización
que en su caso se conceda lo será en precario, quedando obligado el solicitante
a retirar a su costa los elementos instalados cuando sea necesario por motivo de
las obras de ensanche y mejora de la carretera o cualesquiera otras promovidas
por la Administración del Principado de Asturias.

3. En el caso de tendidos eléctricos de
alta tensión, los apoyos se autorizarán a partir de la línea límite de
edificación.

4. En los cruces aéreos y en los vuelos
de los cables sobre la calzada, el gálibo mínimo sobre la rasante de la
carretera será el que se fija en la normativa específica, según se trate de
líneas de baja o de alta tensión. Los tendidos telefónicos o telegráficos se
asimilarán a las primeras.

Artículo 44.—Conducciones y obras
subterráneas

1. No se autorizarán en la zona de
dominio público las conducciones subterráneas salvo que, excepcionalmente y con
la debida justificación, la prestación de un servicio público de interés general
así lo exigiere. Este tipo de servicios se autorizarán como norma general dentro
de la zona de servidumbre.

2. Las conducciones de interés privado
sólo se autorizarán en la zona de afección. Excepcionalmente y donde no haya
otra solución técnicamente viable, se podrán autorizar dentro de la zona de
servidumbre o incluso dentro de la zona de dominio público, en este último caso,
en precario, con los requisitos que se establecen en el apartado
siguiente.

3. Si por las condiciones
extremadamente dificultosas de la orografía del terreno no existiera otra
solución técnicamente viable que llevar la conducción subterránea por debajo de
la cuneta, se podrá conceder la autorización en precario.

La autorización así concedida excluye
el abono al interesado de cualquier indemnización por razón de los daños o
perjuicios ocasionados por los trabajos ordinarios de conservación,
acondicionamiento o ensanche de la vía. La reposición de las conducciones y
demás elementos y obras amparados por la autorización será de cuenta del
interesado.

4. En los cruces subterráneos, las
obras se ejecutarán de forma que produzcan las menores perturbaciones posibles a
la circulación, se repondrá en perfectas condiciones el firme y pavimento de la
carretera y tendrán la debida resistencia.

Salvo supuestos excepcionales y
debidamente justificados, no se autorizarán cruces a cielo abierto en
autopistas, autovías y corredores, ni en carreteras convencionales con
intensidad media diaria de circulación superior a tres mil vehículos, o que
hayan sido construidas o reparadas dentro de los tres años anteriores. En todos
estos casos el cruce se deberá efectuar mediante mina, túnel o perforación
mecánica subterránea.

5. También se podrán utilizar para el
cruce las obras de paso o desagüe de la carretera, cuando las dimensiones de la
conducción sean reducidas en comparación con la sección de la obra de paso y
siempre que se asegure el adecuado mantenimiento de sus condiciones funcionales
y estructurales.

En ningún caso la Administración será
responsable de los daños que se pudieran originar a la conducción con ocasión o
como consecuencia de las normales labores de limpieza y conservación de la
carretera.

6. En la zona de servidumbre no se
autorizarán obras subterráneas que puedan perjudicar el ulterior aprovechamiento
de la misma para los fines a que está destinada. En cualquier caso, delante de
la línea de edificación no se autorizarán construcciones total o parcialmente
enterradas, tales como garajes, almacenes, piscinas o
similares.

Artículo 45.—Cierres

1. Toda autorización de cierres dentro
de las zonas de protección de las carreteras deberá garantizar la seguridad vial
y, en especial, las adecuadas condiciones de visibilidad.

2. Los cierres dentro de la zona de
dominio público en terrenos de propiedad privada, sólo se podrán autorizar en
las carreteras de la red local en los siguientes supuestos:

a) Pantallas
vegetales y no rígidas: Sólo en caso de que exista un talud de desmonte de más
de dos metros de altura, medida sobre el borde de la calzada, retirándose el
cerramiento una distancia mínima de un metro desde la arista exterior de la
explanación.

b) Cierres
diáfanos con alambre liso: Sólo en caso de que exista un talud de desmonte o de
terraplén de más de un metro de altura, medida sobre el borde de la calzada,
pudiéndose disponer el cerramiento en la arista exterior de la explanación. Si
el talud fuese igual o inferior a un metro de altura, se podrá cerrar a una
distancia mínima de un metro desde la arista exterior de la
explanación.

c)
Excepcionalmente, y siempre que queden garantizadas las exigencias del apartado
1, se podrán autorizar cierres de pantallas vegetales y no rígidas, a una
distancia mínima de un metro desde la arista exterior de la explanación aun
cuando no exista talud de desmonte o éste tenga una altura no superior a dos
metros.

3. Podrán efectuarse en la zona de
servidumbre cierres de seto vivo, de fábrica o diáfanos, atendiendo a las
exigencias del apartado 1 dejando a salvo las limitaciones derivadas de la
aplicación de la normativa urbanística o de cualquier otra regulación sectorial.
En ningún caso la autorización del cierre supondrá la facultad de obstaculizar
la entrada a las zonas de protección de la carretera, ni su posible ocupación a
efectos del cumplimiento de sus finalidades para el servicio de la
misma.

4. Si la carretera discurre a través de
un núcleo rural, reconocido como tal por el planeamiento urbanístico vigente, en
donde existen cierres estrechamente vinculados a las edificaciones del núcleo,
se podrán autorizar cerramientos de fábrica, celosía o de cualquier otra clase,
sin que en ningún caso afecten a la seguridad vial, siempre que tengan las
mismas dimensiones y alineaciones que los ya existentes, vistos desde la
carretera y sean de los mismos materiales que aquéllos.

5. Las autorizaciones, así concedidas,
se entenderán otorgadas en precario en el caso del apartado 2 c) de este
artículo.

Artículo 46.—Edificios e
instalaciones colindantes con la carretera

1. Además de cumplir las condiciones
que, en cada caso sean exigibles según las características de la instalación,
las edificaciones de nueva construcción deberán quedar siempre detrás de la
línea límite de edificación. Delante de esta línea no se autorizarán más obras
que las necesarias para viales, aparcamientos, isletas o zonas ajardinadas salvo
lo expresado en los apartados siguientes. En la zona de servidumbre se podrán
autorizar excepcionalmente zonas pavimentadas para viales o
aparcamientos.

2. En los edificios existentes situados
a menor distancia que la definida por la línea límite de edificación y que no
presenten estado ruinoso son autorizables las obras de conservación, reforma
interior y ornato exterior. Asimismo, podrán autorizarse, excepcionalmente y en
precario delante de la línea límite de edificación, instalaciones ligeras,
fácilmente desmontables, anejas y secundarias respecto a edificaciones
existentes, así como cobertizos para aparcamientos, marquesinas para la parada
de autobuses, puestos de socorro y otras similares de interés público. En estos
últimos casos se podrá ocupar, la zona de dominio público si resultara
necesario.

No obstante, la autorización estará
supeditada a que queden garantizadas las condiciones de seguridad
vial.

3. En los edificios e instalaciones que
precisen rehabilitación estructural y se encuentren a menor distancia de la
carretera que la definida por la línea límite de edificación, sólo serán
autorizables excepcionalmente aquellos supuestos de interés público y social,
así calificados, siempre que queden garantizadas las condiciones de seguridad
vial.

4. En cuanto una construcción, por su
estado ruinoso, pueda ocasionar daños a la carretera o constituir peligro para
la circulación, la Consejería competente en materia de carreteras o el
Ayuntamiento correspondiente adoptarán las medidas cautelares necesarias,
debiendo incoar dicho Ayuntamiento un expediente de declaración de ruina y
subsiguiente demolición, en su caso.

Artículo 47.—Pasos superiores

1. Los estribos de la estructura
quedarán fuera de la zona de dominio público, salvo autorización expresa de la
Consejería competente en materia de carreteras. En carreteras con calzadas
separadas se podrán ubicar pilas en la mediana, siempre que la anchura de ésta
sea suficiente para que no representen un peligro para la circulación,
dotándolas, en su caso, de un sistema de contención de
vehículos.

2. El gálibo sobre la calzada, tanto
durante la ejecución de la obra como en la situación definitiva, será el fijado
por la normativa técnica de aplicación.

3. Las características de la estructura
tendrán en cuenta la posibilidad de ampliación o variación de la carretera en
los diez años siguientes a la fecha de la autorización.

Artículo 48.—Pasos inferiores

1. La cota mínima de resguardo entre la
parte superior de la obra de paso y la rasante de la carretera será fijada por
la autorización.

2. Las características de la estructura
tendrán en cuenta la posibilidad de ampliación o variación de la carretera en
los próximos diez años.

Artículo 49.—Efectos de la
autorización

1. Las autorizaciones se otorgarán a
reserva de las demás licencias y autorizaciones necesarias, sin perjuicio de
terceros y dejando a salvo los derechos preexistentes sobre los terrenos o
bienes. No supondrán en ningún caso la cesión del dominio público, ni la
asunción por la Administración de responsabilidad alguna respecto del titular de
la autorización o terceros.

2. Las obras o instalaciones
autorizadas se iniciarán y finalizarán dentro de los plazos que determine la
propia autorización.

3. Las obras se ejecutarán según el
proyecto presentado, en su caso, y las condiciones impuestas en la autorización,
sin interrumpir ni dificultar la circulación por la carretera.

Si se apreciaran por parte de la
Consejería competente en materia de carreteras desviaciones respecto del
proyecto o de las condiciones impuestas en la autorización, se podrán paralizar
las obras hasta que se subsanen aquéllas, sin perjuicio de instruir el
expediente sancionador que en su caso proceda.

4. El titular de la autorización deberá
reponer, a su costa, los elementos de la carretera que resulten dañados por la
ejecución de las obras, restituyéndolos a las condiciones anteriores de
seguridad, funcionalidad y aspecto.

5. El otorgamiento de una autorización
de aprovechamiento especial de la zona de dominio público comportará el abono
del canon correspondiente previsto en el artículo 26 de esta
Ley.

CAPITULO VII

TRAMOS DE CARRETERA EN AMBITO
URBANO

Artículo 50.—Definición de tramo
urbano y régimen aplicable

1. Se consideran tramos urbanos aquéllos de las
carreteras de titularidad autonómica que discurran por suelo clasificado como
urbano por el correspondiente instrumento de planeamiento
urbanístico.

2. Los tramos urbanos de las carreteras
se regirán por las disposiciones del presente capítulo y por las demás
contenidas en esta Ley en lo que resulten de aplicación.

3. No tendrán la consideración de
tramos urbanos las travesías a lo largo o en colindancia con los núcleos
rurales, así definidos por el correspondiente planeamiento urbanístico,
independientemente del grado de consolidación edificatoria y de dotación de
servicios en sus márgenes. A estos tramos se les aplicará el régimen previsto en
el capítulo IV, con las particularidades allí contempladas para dichos núcleos
rurales.

Artículo 51.—Alteración de la
funcionalidad y cambio de titularidad de las carreteras en ámbito urbano

1. La ejecución de variantes de
población en la Red de Carreteras del Estado podrá generar la transferencia de
titularidad a los Ayuntamientos afectados, o bien al Principado de Asturias si
el tramo sustituido conecta itinerarios de carreteras autonómicas de categoría
regional o comarcal.

2. Las carreteras de la Red del
Principado de Asturias o tramos determinados de ellas, se podrán traspasar a los
Ayuntamientos respectivos en el momento en que adquieran la condición de vías
urbanas.

A los efectos de esta Ley, se considera
que una carretera autonómica o un tramo determinado de ella adquieren la
condición de vía urbana si se cumplen las tres condiciones
siguientes:

a) Que discurra
por suelo clasificado mayoritariamente como urbano.

b) Que el tráfico
de la carretera sea principalmente urbano c) Que exista una alternativa viaria
que mantenga la continuidad de la red y que proporcione un mejor nivel de
servicio para la circulación de vehículos.

3. En sentido inverso al apartado
anterior, se podrán transferir al Principado de Asturias tramos de vías urbanas
municipales si, mediante el planeamiento viario o la ejecución de determinadas
obras, elevan su funcionalidad viaria dentro del esquema general de la red de
carreteras en ámbito urbano correspondiente a un determinado
territorio.

4. El procedimiento de transferencia de
titularidad de tramos de carreteras en ámbito urbano será el mismo que para
cualquier tramo de carreteras, que se regula en el capítulo IX de la presente
Ley.

Artículo 52.—Conservación y
explotación

La conservación y explotación de todo
tramo de carretera de titularidad autonómica que discurra por suelo urbano
corresponde a la Consejería competente en materia de
carreteras.

No obstante, dicha Consejería y las
Corporaciones Locales respectivas podrán convenir lo que estimen procedente en
orden a la mejor conservación, funcionalidad y ornato de tales
vías.

Artículo 53.—Autorizaciones

1. La autorización de toda clase de
obras y actividades a realizar dentro de la plataforma de la carretera en los
tramos urbanos corresponde a la Consejería competente en materia de carreteras.
Para responder de los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a la carretera
con motivo de las obras o actividades a realizar, se podrá exigir el depósito de
una fianza por parte de los peticionarios, fijándose su cuantía en base al daño
o perjuicio potenciales estimados por la Administración.

2. Las autorizaciones o licencias para
realizar obras o actividades en la zona de dominio público de los tramos
urbanos, exceptuando las que se hayan de realizar dentro de la plataforma de la
carretera, corresponde otorgarlas a los Ayuntamientos, previo informe vinculante
de la Consejería competente en materia de carreteras, que habrá de versar sobre
aspectos relativos a disposiciones de la presente Ley y, en particular, sobre
las condiciones de seguridad y vialidad.

3. En las zonas de servidumbre y
afección de los tramos urbanos de carreteras, las autorizaciones de usos y obras
las otorgarán los Ayuntamientos. Si el planeamiento urbanístico general
estuviese en proceso de revisión el Ayuntamiento correspondiente deberá recabar
informe, con carácter previo, de la Consejería competente en materia de
carreteras que habrá de versar sobre las disposiciones de esta
Ley.

4. Las autorizaciones que otorguen los
Ayuntamientos estarán sujetas a las exigencias y limitaciones contenidas en el
capítulo IV y en el artículo siguiente de esta Ley y comportan la
responsabilidad de los mismos para sancionar las infracciones que puedan
cometerse en los ámbitos afectados por sus competencias, sin perjuicio de las
que le correspondiera ejercer en su caso al órgano titular de la
vía.

Artículo 54.—Condiciones
específicas para la autorización de determinados usos y obras en los tramos
urbanos

1. Edificios e instalaciones
permanentes.

Siempre que las alineaciones de las
edificaciones estén fijadas en el correspondiente instrumento de planeamiento
urbanístico, se deberán respetar dichas alineaciones, en cuyo caso no se
requiere solicitar autorización de la Consejería competente en materia de
carreteras.

2. Conducciones subterráneas para
servicios públicos.

a) En zonas de
edificación consolidada en los márgenes de la carretera, o donde la alineación
de la edificación esté fijada por el planeamiento urbanístico, las conducciones
subterráneas discurrirán bajo las aceras.

b) Cuando la
condición anterior sea técnicamente inviable, se podrá autorizar
excepcionalmente la instalación de la conducción bajo la calzada con las debidas
condiciones de seguridad y estanqueidad.

c) En zonas de
edificación no consolidada, se determinará en cada caso la solución más
idónea.

3. Publicidad.

Es autorizable en los tramos urbanos de
carreteras. Los carteles se adecuarán a la tipología interurbana o a la urbana,
según la funcionalidad predominante en el tramo viario, que en cada caso
determinará la Consejería competente en materia de carreteras.

Artículo 55.—Utilización

1. La utilización de las carreteras en
sus tramos urbanos se ajustará además de a lo dispuesto en el capítulo IV de
esta Ley, a lo establecido en la legislación sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y a la correspondiente normativa
local.

2. Las prohibiciones y limitaciones de
la circulación en los tramos urbanos de las carreteras autonómicas se
establecerán previo informe de la Consejería competente en materia de
carreteras, que tendrá carácter vinculante, en lo que afecte a sus
competencias.

CAPITULO VIII

INFRACCIONES, SANCIONES Y
MEDIDAS CAUTELARES

Artículo 56.—Potestad sancionadora

1. La Consejería competente en materia
de carreteras inspeccionará el ejercicio y desarrollo de las actividades
sometidas a la presente Ley y ejercerá la potestad sancionadora en los términos
en ella establecidos.

2. Constituye infracción en materia de
carreteras, generadora de responsabilidad, toda acción u omisión que vulnere lo
establecido en la presente Ley. Las infracciones se clasifican
en:

a) Infracciones
muy graves.

b) Infracciones
graves.

c) Infracciones
leves.

3. Son infracciones muy
graves:

a) El deterioro,
sustracción o destrucción de cualquier elemento de la carretera directamente
relacionado con la ordenación, orientación y seguridad de la circulación, o la
modificación intencionada de sus características o situación, cuando se impida
que el elemento de que se trate siga cumpliendo sus funciones.

b) La
destrucción, deterioro, alteración o modificación de cualquier obra o
instalación de la carretera o de los elementos funcionales de la misma, cuando
las actuaciones afecten a la calzada, arcenes o sistema de drenaje de la
carretera.

c) El
establecimiento, en las zonas de protección de la carretera, de instalaciones de
cualquier naturaleza o la realización de alguna actividad que resulte peligrosa,
incómoda o insalubre para la propia carretera o para los usuarios de la misma,
sin adoptar las medidas pertinentes para evitarlo.

d) El daño o
deterioro de la carretera o sus elementos funcionales ocasionado al circular con
pesos, cargas o dimensiones que excedan de los límites
autorizados.

e) El
establecimiento de cualquier clase de publicidad visible desde la plataforma de
la carretera.

4. Son infracciones
graves:

a) La realización
de obras, instalaciones o actuaciones no permitidas en las zonas de dominio
público, servidumbre o afección de la carretera, llevadas a cabo sin las
autorizaciones requeridas, o el incumplimiento de alguna de las prescripciones
impuestas en las autorizaciones otorgadas, cuando no fuera posible su
legalización posterior.

b) La ocupación
de la zona de dominio público mediante materiales u objetos de cualquier
naturaleza y el depósito o abandono de los mismos en dicha zona, cuando
repercuta negativamente en la seguridad vial.

c) La
realización, en la explanación o en la zona de dominio público, de plantaciones
o cambios de uso no permitidos, o sin la pertinente autorización, o sin atenerse
a las condiciones de la autorización otorgada, cuando repercuta negativamente en
la seguridad vial.

d) El deterioro,
sustracción o destrucción de cualquier elemento de la carretera directamente
relacionado con la ordenación, orientación y seguridad de la circulación, o la
modificación intencionada de sus características o situación.

e) La
destrucción, deterioro, alteración o modificación de cualquier obra o
instalación de la carretera o de los elementos funcionales de la
misma.

f) La colocación
o vertido de objetos o materiales de cualquier naturaleza que afecten a la
plataforma de la carretera.

g) La realización
en la explanación de la carretera o en la zona de dominio público de cruces
aéreos o subterráneos no permitidos, o sin la pertinente autorización, o sin
atenerse a las condiciones de la autorización otorgada.

h) La colocación
de carteles informativos en las zonas de dominio público, servidumbre o afección
sin la correspondiente autorización.

5. Son infracciones
leves:

a) La realización
de obras, instalaciones o actuaciones en las zonas de dominio público,
servidumbre o afección de la carretera, llevadas a cabo sin las autorizaciones
requeridas, o el incumplimiento de alguna de las prescripciones impuestas en las
autorizaciones otorgadas, cuando puedan ser objeto de legalización
posterior.

b) La ocupación
de la zona de dominio público mediante materiales u objetos de cualquier
naturaleza y el depósito o abandono de los mismos en dicha zona, sin que
repercutan negativamente en la seguridad vial.

c) La
realización, en la explanación o en la zona de dominio público, de plantaciones
o cambios de uso no permitidos o sin la pertinente autorización, o sin atenerse
a las condiciones de la autorización otorgada, cuando no repercuta negativamente
en la seguridad vial.

Artículo 57.—Sujetos responsables

1. Serán responsables de la infracción
las personas físicas o jurídicas públicas o privadas
siguientes:

a) En el supuesto
de incumplimiento de las condiciones de una concesión o autorización
administrativa, el titular de ésta.

b) En las
infracciones previstas en los apartados 3 e) y 4 h) del artículo 56 el titular
del cartel informativo o instalación publicitaria, el anunciante y
subsidiariamente el propietario del terreno.

c) Las que
directamente realicen la actividad infractora o las que ordenen dicha actividad
cuando el ejecutor tenga con aquellas una relación laboral, estatutaria o
cualquier otra de hecho o de derecho, siempre que se demuestre su dependencia
del ordenante.

d) Con carácter
subsidiario las personas que, de acuerdo con los estatutos o escritura social,
sean titulares promotores o explotadores de la actividad o proyecto del que se
derive la infracción.

2. Cuando no sea posible determinar el
grado de participación de las distintas personas que hubiesen intervenido en la
realización de una infracción, o cuando sea más de uno el sujeto responsable, la
responsabilidad será solidaria.

Artículo 58.—Sanciones

1. Las infracciones leves serán
castigadas con multas de cuantía comprendida entre 100,00 y 600,00 euros. Las
infracciones graves con multas de cuantía comprendida entre 601,00 y 6.000,00
euros. Las infracciones muy graves con multas de cuantía comprendida entre
6.001,00 y 60.000,00 euros.

2. El importe de las multas podrá
incrementarse hasta llegar al duplo del beneficio ilícitamente percibido en caso
de que concurra éste.

3. Para precisar el grado
correspondiente de la multa a imponer se tendrán en cuenta la reincidencia, el
grado de intencionalidad del infractor, su contenido lucrativo, sus
repercusiones sobre la conservación de los recursos, la importancia de los daños
y perjuicios causados al dominio público, instalaciones y elementos funcionales
de las carreteras, el riesgo creado a los usuarios de las mismas, y la
posibilidad de reparación de la realidad física afectada.

4. Si el infractor reconoce su
responsabilidad y procede al pago voluntario de la sanción propuesta antes de
finalizar el plazo para formular alegaciones a la propuesta de resolución, en la
resolución que se adopte se aplicará una reducción del 25 por ciento sobre el
importe de la sanción pecuniaria propuesta.

Artículo 59.—Medidas
cautelares

1. La Consejería competente en materia de carreteras
podrá, como medida cautelar, ordenar la paralización de las obras y la supresión
de los usos y actividades no autorizados o que no se ajusten a las condiciones
establecidas en la autorización, cuando afecten a carreteras autonómicas. Para
asegurar la efectividad de esta medida, se podrá acordar el precinto de las
instalaciones y la retirada de los materiales y la maquinaria que se utilicen en
las obras.

2. En el plazo de quince días, contado
a partir de la notificación de la orden de paralización, el interesado deberá
solicitar la autorización pertinente o, en su caso, ajustar las obras a la
autorización concedida.

Artículo 60.—Obligación de
restitución y reparación de los daños

1. Sin perjuicio de la sanción
administrativa o penal que se impusiere, la persona o personas responsables de
los daños y perjuicios ocasionados estarán obligadas a restituir y reponer las
cosas a su estado anterior y a la indemnización de los daños irreparables y
perjuicios ocasionados, en el plazo y por la cuantía que se determinen en la
correspondiente resolución, previa audiencia del interesado. En caso de
incumplimiento del plazo concedido, la Administración podrá proceder a la
ejecución subsidiaria de las obras y trabajos necesarios a costa de quien los
hubiere ocasionado.

2. En el caso de que se considerara
urgente la reparación del daño, la Consejería competente en materia de
carreteras acometerá los trabajos de forma inmediata, girando seguidamente
liquidación detallada del gasto al responsable del daño, para su abono en el
plazo de quince días.

3. Si las indemnizaciones por daños no
se hubieran fijado en la resolución del procedimiento sancionador, se tramitarán
en procedimiento aparte, con audiencia del infractor.

Artículo 61.—Infracciones en el
dominio público

1. Quienes realicen en el dominio
público actuaciones que, aunque no produzcan daños materiales, perjudiquen a la
circulación o no se puedan autorizar con arreglo a la presente Ley, vendrán
obligados a restituir las cosas a su estado primitivo en el plazo que al efecto
se les conceda, procediéndose, en caso de no hacerlo, a la ejecución
subsidiaria.

Si las actuaciones citadas
constituyesen un obstáculo peligroso para la circulación, la Consejería
competente en materia de carreteras procederá a suprimir dicho obstáculo de
forma inmediata, exigiendo seguidamente al causante el pago del importe derivado
de la restitución a su estado originario.

2. Si se trata del establecimiento de
algún acceso realizado sin autorización o sin ajustarse a sus condiciones, la
Consejería competente en materia de carreteras impedirá su uso de forma
inmediata, debiendo el infractor restituir las cosas a su estado primitivo o
cumplir las condiciones de la autorización en el plazo que a tal efecto se
señale.

Si dichas actuaciones no se hubiesen
llevado a cabo en el plazo fijado, la Consejería competente en materia de
carreteras procederá a la ejecución subsidiaria, girando seguidamente
liquidación del gasto al causante.

Artículo 62.—Multas coercitivas

1. Con independencia de las multas
previstas en el artículo 58, los órganos sancionadores, una vez transcurridos
los plazos señalados en el requerimiento correspondiente, podrán acordar la
inmediata demolición de las obras ejecutadas, o la restitución de los bienes
afectados a su estado primitivo, cuando la actividad realizada no fuese
susceptible de autorización conforme a las disposiciones de esta Ley. A tal fin,
sin perjuicio de hacer uso de la facultad de ejecución subsidiaria, podrá, a fin
de lograr la ejecución directa por el infractor, imponer multas coercitivas,
conforme a lo establecido en la legislación sobre Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la
legislación autonómica y en la normativa local.

2. La cuantía de cada una de las multas
no superará el diez por ciento del presupuesto de la obra y, en su conjunto, el
valor total de la misma.

Artículo 63.—Procedimiento
sancionador

El procedimiento sancionador se
tramitará conforme a lo dispuesto en la legislación sobre Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
disposiciones de desarrollo y normativa autonómica aplicable.

Artículo 64.—Prescripción

1. El plazo de prescripción de las
infracciones a que se refiere el artículo 56 de esta Ley será de cuatro años
para las graves y muy graves, y de un año para las faltas
leves.

2. El plazo de prescripción de las
infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiere
cometido.

En el caso de infracciones de tracto
continuo comenzara a contarse desde el momento en que hubieren concluido los
actos constitutivos de la misma o hubieran sido autorizados.

3. Interrumpirá la prescripción la
iniciación con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador,
reanudándose el plazo si el expediente sancionador se paralizara por tiempo
superior a un mes por causa no imputable al presunto
responsable.

4. Cuando los hechos constitutivos de
la infracción pudieran ser calificados como delito o falta, se interrumpirá el
plazo de prescripción previsto en tanto sea sustanciado el procedimiento
penal.

5. Las sanciones por faltas muy graves
y graves prescriben a los cuatro años, las de las faltas leves prescriben al
año.

6. El plazo de prescripción de las
sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera
firmeza la resolución por la que se impone la sanción.

7. Interrumpirá la prescripción de las
sanciones la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de
ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más
de un mes por causa no imputable al infractor.

Artículo
65.—Competencia

1. La imposición de sanciones por infracciones leves
corresponderá al Director General de Carreteras.

2. La imposición de sanciones por
infracciones graves o muy graves cuya cuantía no exceda de 30.000,00 euros y la
imposición de multas coercitivas cualquiera que sea su cuantía corresponderá al
Consejero competente en materia de carreteras.

3. La imposición de sanciones por
infracciones muy graves cuya cuantía sobrepase los 30.000,00 euros corresponderá
al Consejo de Gobierno.

4. Cuando el expediente sancionador se
origine por denuncia, la ratificación del personal que tenga encomendadas las
funciones de vigilancia, que tendrán la consideración de agentes de la
autoridad, harán fe salvo prueba en contrario.

5. En las carreteras de titularidad
municipal, la iniciación y tramitación del procedimiento sancionador y la
imposición de sanciones y la adopción de las medidas necesarias en el caso de
usos y actividades no autorizadas o que no se ajusten a las condiciones de la
autorización, corresponde a los órganos municipales competentes, con arreglo a
lo establecido en esta Ley y conforme a la legislación sobre régimen
local.

CAPITULO IX

CAMBIOS DE TITULARIDAD DE LAS
CARRETERAS

Artículo 66.—Condiciones generales

1. El cambio de titularidad de una
carretera entre el Estado y el Principado de Asturias o entre éste y un Concejo
se hará de mutuo acuerdo.

2. La representación del Principado de
Asturias a efectos de cambio de titularidad de carreteras corresponde al
Consejero competente en materia de carreteras.

3. El Consejero competente en materia
de carreteras elevará propuesta de acuerdo de aprobación del cambio de
titularidad al Consejo de Gobierno, con la consiguiente modificación de la Red
de Carreteras del Principado de Asturias.

4. El cambio de titularidad se
formalizará mediante acta de entrega suscrita por las Administraciones
interesadas, en la que se definirán con precisión los límites del tramo
afectado, las características del mismo y los bienes anejos.

Artículo 67.—Cesión de carreteras a
los Concejos

1. Las carreteras del Principado de
Asturias incluidas en la red local de segundo orden podrán ser cedidas en su
integridad al Concejo respectivo, sometiéndose a los siguientes
trámites:

a) Solicitud de la cesión mediante
acuerdo del órgano municipal competente, adoptado con los requisitos exigidos
por la legislación de régimen local.

b) Aprobación de la cesión por el
Consejo de Gobierno.

2. Con los requisitos establecidos en
el apartado anterior, también podrán ser objeto de cesión a los Concejos los
tramos urbanos o travesías de población comprendidos en carreteras del
Principado de Asturias incluidas en las redes regional, comarcal o local,
siempre que adquieran la condición de vías urbanas. A estos efectos, se
considera que se adquiere tal condición cuando el tramo correspondiente cumpla
los requisitos establecidos en el artículo 51 de esta Ley.

Disposiciones adicionales

Primera.—Actualización de la cuantía de las
sanciones

El Consejo de Gobierno del Principado
de Asturias, mediante Decreto, podrá actualizar la cuantía de las sanciones a
que se refiere la presente Ley, atendiendo a la variación que experimente el
índice de precios al consumo.

Segunda.—Retirada de publicidad

En el plazo de un año desde la entrada
en vigor de esta Ley, será retirada toda clase de publicidad visible desde la
plataforma de la carretera salvo las situadas en los tramos urbanos que resulten
autorizables. Esta retirada de la publicidad no dará lugar a indemnización
alguna para los afectados.

Tercera.—Silencio
administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del
interesado

A efectos de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo
43 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin
perjuicio de la obligación de la Administración de dictar resolución expresa,
los interesados podrán entender desestimadas sus solicitudes por silencio
administrativo en los procedimientos de autorización previstos en esta Ley, si
al vencimiento del plazo máximo establecido en cada caso no les ha sido
notificada resolución expresa.

Cuarta.—Anexo

Además de las definiciones contenidas
en el articulado de esta Ley, se tendrán en cuenta las establecidas en el anexo
de la misma.

Quinta.—Utilización
en la obra pública de materiales reciclados

En la tramitación administrativa y
ejecución de las obras que se lleven a cabo en el ámbito de esta Ley, se
favorecerá la utilización de materiales y productos reciclados, tales como
residuos de demolición y construcción, compost u otros, que puedan utilizarse en
la ejecución y restauración de las carreteras.

Disposición transitoria

Procedimientos en
trámite.

Las disposiciones de la presente Ley
serán de aplicación a los procedimientos administrativos que se encuentran en
trámite en el momento de su entrada en vigor, salvo que resultaran restrictivas
de los derechos de los particulares.

Disposición derogatoria

Queda derogada la Ley
del Principado de Asturias 13/1986, de 28 de noviembre, de Ordenación
y Defensa de las Carreteras, así como el artículo 4 de la Ley
15/2002, de 27 de diciembre, de medidas presupuestarias,
administrativas y fiscales de acompañamiento a los Presupuestos Generales para
2003, y el artículo 2 de la Ley
del Principado de Asturias 7/2005, de 29 de diciembre, de medidas
presupuestarias, administrativas y tributarias de acompañamiento a los
Presupuestos Generales para 2006, y cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a la presente Ley.

Disposición final

Se faculta al Consejo de Gobierno para
dictar cuantas disposiciones resulten necesarias en desarrollo y ejecución de la
presente Ley.

Por tanto, ordeno a todos los
ciudadanos a quienes sea de aplicación esta Ley coadyuven a su cumplimiento, así
como a todos los Tribunales y Autoridades que la guarden y la hagan
guardar.

Oviedo, a 13 de noviembre de 2006.—El
Presidente del Principado, Vicente Alvarez Areces.—18.672.

Anexo

De conformidad con la disposición
adicional cuarta de la presente Ley, se entiende a los efectos de la misma
por:

Acera: Franja longitudinal de la
carretera, generalmente elevada respecto al pavimento de la misma y con solado
de baldosas u hormigón, destinada al tránsito de peatones.

Arista exterior de la calzada: Borde
exterior de la parte de la carretera destinada a la circulación de vehículos en
general. Está señalizada normalmente por medio de una marca vial longitudinal
continua, excepto en las autovías que es discontinua.

Arista exterior de la explanación:
Intersección del talud del desmonte o del terraplén, o en su caso, de los muros
de contención o de sostenimiento colindantes, con el terreno natural. En los
casos especiales de puentes, viaductos, túneles, estructuras u otros similares,
se podrá fijar como arista exterior de la explanación la línea de proyección
vertical del borde de la infraestructura sobre el terreno. En los tramos urbanos
dotados de aceras, la arista exterior de la explanación es el borde exterior de
la acera visto desde la calzada.

Calzada: Parte de la carretera
destinada a la circulación de vehículos. Se compone de uno o más carriles. El
arcén, como franja longitudinal contigua a la calzada, pero no destinada a la
circulación de vehículos automóviles, no forma parte de la
misma.

Camino de servicio: El construido como
elemento auxiliar o complementario de las actividades específicas de sus
titulares.

Camino rural: Vía de comunicación que
de modo prioritario cubre las necesidades de tráfico generado en las áreas
rurales bien dando servicio a los núcleos de población o a los predios agrícolas
o forestales.

Carril: Franja longitudinal en que
puede estar dividida la calzada, delimitada o no por marcas viales
longitudinales, y con anchura suficiente para la circulación de una fila de
automóviles que no sean motocicletas.

Cerramiento de
predios:

Muros de cierre: Obras de fábrica de
cualquier clase, de estructura opaca, destinadas al
cerramiento.

Muretes de piedra, de celosía y mixtos:
Obras destinadas al cerramiento cuya altura de su estructura opaca es inferior a
50 cm y su altura total inferior a 2 metros.

Pantalla vegetal: Cierres de seto vivo
desde el terreno, o bien combinación de elementos vegetales con repié de altura
visible inferior a 20 cm.

Pantalla no rígida: Cierres de material
opaco y no rígido, sustentado por postes ligeros con repiés de altura visible
inferior a 20 cm y altura total inferior a 2 m.

Cierre diáfano: Cierre de malla de
alambre, sustentada por elementos verticales ligeros con repiés individuales de
altura visible inferior a 20 cm.

Cuneta: Zanja, a uno o a ambos lados de
la carretera, destinada a canalizar las aguas de lluvia, que puede asentarse en
el terreno natural o estar revestida de algún material.

Desmonte: Parte de la explanación
situada bajo el terreno original.

Edificaciones e instalaciones
permanentes:

Construcción: Obra de nueva planta
sobre solares existentes.

Demolición: Derribo total de
edificaciones preexistentes, normalmente en estado de ruina.

Reconstrucción: Levantamiento de un
edificio de nueva planta sobre edificio o instalación anterior en estado no
habitable ni susceptible de albergar actividades, sin conservar necesariamente
el volumen original construido.

Ampliación: Incremento del volumen
total construido desde un estado previo habitable o susceptible de albergar
actividades.

Rehabilitación estructural:
Consolidación de edificios preexistentes, deteriorados pero en estado no
ruinoso, habitados o no, en orden a afianzar sus elementos resistentes, a
reformar profundamente su estructura interior o a ambas cosas. No producirá
ampliación de volumen, o ésta se reducirá al mínimo necesario para la
consolidación de su estructura.

Reforma interior: Obras de
redistribución interna de edificios habitables o instalaciones susceptibles de
albergar actividades, sin ampliación de volumen.

Conservación y ornato exterior: Obras
menores destinadas al mantenimiento ordinario de edificios habitables e
instalaciones susceptibles de albergar actividades, tales como reparación de
tejados, cambio de ventanas, enfoscado y pintura exterior, u otras de naturaleza
análoga.

Ensanche de plataforma: Obra de mejora
de una carretera que amplía su sección transversal, de manera que se aproveche
parte de la plataforma existente.

Explanación: Zona de terreno realmente
ocupada por la carretera, en la que se ha modificado el terreno
original.

Gálibo: Altura que ha de permanecer
libre, medida en sentido vertical, desde la rasante de la calzada hasta el
obstáculo de cualquier tipo que se oponga a la circulación por la
carretera.

Núcleo rural: Asentamiento consolidado
de población definido en la legislación urbanística y territorial,
originariamente de carácter rural y tradicional en suelo no urbanizable, que por
sus características, funcionalidad, morfología y forma de implantación sobre el
territorio no es susceptible de considerarlo como urbano, aunque disponga de
servicios propios de los núcleos urbanos.

Plataforma: Zona de la carretera
destinada al uso de los vehículos, formada por la calzada, los arcenes y las
bermas afirmadas.

Terraplén: Parte de la explanación
situada sobre el terreno original.

Vía de servicio: Camino sensiblemente
paralelo a una carretera, respecto de la cual tiene carácter secundario,
conectado a ésta solamente en algunos puntos, y que sirve a las propiedades o
edificios contiguos.