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Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (BOE n. 308 de
23/12/2008)

Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre,
de Responsabilidad Medioambiental.

Rango: Real Decreto

Páginas: 51626 - 51646

Referencia: 2008/20680

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TEXTO

La Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, por
medio de la cual se incorpora al ordenamiento jurídico interno la Directiva
comunitaria 2004/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de
2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y
reparación de daños medioambientales, establece un nuevo régimen jurídico de
reparación de daños medioambientales de acuerdo con el cual los operadores que
ocasionen daños al medio ambiente o amenacen con ocasionarlo deben adoptar las
medidas necesarias para prevenir su causación o, cuando el daño se haya
producido, para devolver los recursos naturales dañados al estado en el que se
encontraban antes de la causación del daño. Con tal finalidad, la
Ley 26/2007, de 23 de octubre, establece, en su anexo II, un marco general
de actuación que deberá observar la administración competente a la hora de
determinar de qué manera se debe reparar el daño al suelo, al agua, a la costa o
a las especies silvestres y los hábitat, en función del recurso natural de que
se trate.

Por otra parte, la Ley 26/2007, de 23 de octubre, prevé que los operadores
previstos en su anexo III constituyan garantías financieras con las que hacer
frente a las responsabilidades medioambientales en las que puedan incurrir. Para
la fijación de la cobertura de tales garantías se debe disponer de un método de
cálculo eficaz y homogéneo, que no genere distorsiones en el funcionamiento del
mercado interior y permita definir con precisión y un grado mínimo de certeza el
montante económico del riesgo ambiental al que está expuesto un operador en el
desarrollo de sus actividades económicas y profesionales. Así, el artículo 24 de
la Ley 26/2007, de 23 de octubre, establece que el Gobierno deberá establecer
los criterios técnicos que permitan evaluar la intensidad y la extensión del
daño medioambiental y determinar el método que garantice una evaluación
homogénea de los escenarios de riesgos y de los costes de reparación asociados a
cada uno de ellos y asegure una delimitación uniforme de la definición de las
coberturas que resulten necesarias para cada actividad o instalación.

En relación con ambas cuestiones, la disposición final tercera de la Ley
26/2007, de 23 de octubre, contiene la habilitación de desarrollo a favor del
Gobierno, al cual faculta para, previa consulta a las comunidades autónomas,
dictar en su ámbito de competencias las disposiciones necesarias para el
desarrollo y la ejecución del capítulo IV, relativo al régimen jurídico de las
garantías financieras, y de los anexos de la Ley, entre los cuales se incluyen
el anexo I sobre criterios para determinar la significatividad del daño en las
especies silvestres o en los hábitat, el anexo II sobre reparación del daño
medioambiental y el anexo VI sobre la información que las administraciones
públicas deben facilitar al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino
en materia de responsabilidad medioambiental. En definitiva, este reglamento
aborda un desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, cumpliéndose
lo dispuesto en esa misma disposición final tercera respecto a la obligación
temporal de aprobarlo antes del 31 de diciembre de 2008.

El reglamento cuenta con un total de 46 artículos, agrupados en tres
capítulos, siete disposiciones adicionales y dos finales, así como dos anexos.

El capítulo I contiene las disposiciones generales e incluye cuatro artículos
sobre definiciones, cooperación entre administraciones públicas, recopilación y
difusión de información relevante para la reparación del medio ambiente y
concurrencia de normas aplicables. En relación con la cooperación y colaboración
entre administraciones públicas, se crea la Comisión técnica de prevención y
reparación de daños medioambientales, que se integra por representantes de la
Administración General del Estado y de las comunidades autónomas, y cuyo
propósito general es facilitar el intercambio de información y el asesoramiento
en materia de responsabilidad medioambiental. En el diseño de esta Comisión se
ha optado por una configuración flexible, de manera que se incorporan al
reglamento unos preceptos de carácter general que permitan su puesta en marcha,
tales como los relativos a su composición y funciones, para que sea la propia
Comisión quien concrete sus normas de funcionamiento y de adopción de acuerdos.
Sí se prevé, dado el carácter marcadamente técnico del órgano, que la Comisión
acuerde, con la finalidad de realizar los trabajos preparatorios de los asuntos
que aquella deba tratar, la creación de comités de composición especializada en
los que participen, entre otros, expertos de reconocido prestigio en función de
la materia de que se trate en cada caso.

El artículo 4 impone al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino
la política de facilitar al operador el cumplimiento de sus obligaciones
legales, en particular en relación con la puesta a disposición del público de
toda aquella información necesaria para hacer frente a la reparación de los
daños medioambientales, tales como la relativa a la determinación del estado
básico, a los umbrales de toxicidad o a los datos más relevantes sobre
experiencias previas.

El capítulo I se cierra con un artículo sobre concurrencia de normas, el cual
prevé que, en el momento en que los operadores pongan en conocimiento de la
autoridad competente la información relativa a un daño ambiental, dicha
autoridad deberá valorar si la reparación se realiza conforme al sistema
previsto en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, y el propio reglamento o se
realiza conforme a lo dispuesto en otra normativa sectorial, dentro del marco
que permite el artículo 6.3 de la citada Ley. Necesariamente este análisis
jurídico requerirá en cada caso concreto una ponderación de los intereses
implicados y la interpretación de las reglas de concurrencia a la luz del
criterio de razonabilidad que inspira tanto la Ley 26/2007, de 23 de octubre,
como la directiva que traspone. Como supuestos de aplicación de este artículo,
pueden citarse a título de ejemplo, aquellos casos en los que el daño pueda
repararse de manera simplificada cuando éste revista menor entidad o cuando
proceda la aplicación de la legislación de emergencias. En estos casos será
necesario que existan servicios específicos y suficientes, así como
procedimientos normalizados para atender a dicha reparación que en todo caso,
deberá alcanzar resultados equivalentes a los que se hubieran obtenido al
aplicar este reglamento.

El capítulo II proporciona, en conjunción con los dos anexos, un marco
metodológico para determinar el daño medioambiental que se ha producido y, en
función de su alcance, establecer las medidas de reparación necesarias en cada
caso.

La determinación del daño medioambiental, que se regula en la sección 1.ª,
comprende la realización de una serie operaciones encaminadas, en primer lugar,
a identificar el agente causante del daño y los recursos naturales y servicios
afectados; en segundo lugar, a cuantificar el daño en función de su extensión,
intensidad y escala temporal y, finalmente, a evaluar su significatividad. El
reglamento incluye en su anexo I una descripción pormenorizada de algunos
aspectos técnicos asociados a este proceso de determinación. Por otro lado, dado
que la determinación de la significatividad del daño es una operación crucial,
puesto que sobre ella descansa la aplicabilidad del sistema de responsabilidad
medioambiental, se ha procurado recurrir a criterios que garanticen la
objetividad en esa labor de apreciación. Por ello, cuando ha sido posible, se ha
optado referir dicha significatividad a los estándares ya previstos en otras
normas para cada recurso natural, dado que reflejan lo debe entenderse por un
estado razonable conservación de cada uno de ellos, y por ende, permiten
calificar la alteración adversa de ese estado como un daño significativo que
debe repararse.

En relación con la significatividad del daño a las aguas subterráneas, se
fijan criterios en el artículo 16.2, sin perjuicio de su revisión, si fuera
necesario cuando se promulguen las normas de transposición de la Directiva
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006,
relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el
deterioro.

Además de los criterios de significatividad del daño que toman como
referencia el recurso natural afectado, también se han incluido criterios
basados en el tipo de agente que lo genera, especialmente para aprovechar la
creciente información y experiencia que existe en el campo de los agentes
químicos. Asimismo, se incluye un criterio subsidiario para determinar la
significatividad de los daños a las aguas y a los suelos ya contaminados en
aquellos casos en que no fuera posible determinarlo conforme a las reglas
anteriores. Este criterio, que se basa en servicio de acogida o de hábitat que
prestan el suelo y las aguas, presume que los daños a los citados recursos
naturales tendrán carácter significativo cuando lo sean los daños a las especies
silvestres que los habitan. Por otro lado, la aplicación de este criterio a los
suelos contaminados es necesaria puesto que en estos casos resultaría inoperante
recurrir al criterio previsto en el artículo 16.3 del Reglamento, que
remite a la normativa sobre suelos contaminados y que parte de la hipótesis de
que el suelo estaba limpio antes del daño.

La sección se cierra con un artículo referido a la determinación del estado
básico, entendido, conforme a la definición recogida en la Ley 26/2007, de 23 de
octubre, como aquel en el que, de no haberse producido el daño medioambiental se
habrían hallado los recursos naturales y los servicios en el momento en que
sufrieron el daño. Respecto a esta definición, el reglamento añade una precisión
importante para aclarar que el estado básico debe determinarse en relación con
el agente causante del daño y, por tanto, no hace referencia a un estado ideal
de conservación del medio receptor, sino a aquel que presentara éste en el
momento inmediatamente anterior a la actuación del agente. Serán, por tanto, las
variables vinculadas a dicho agente las que habrá que analizar antes y después
del daño. Por otro lado, se prevén los supuestos en los que la determinación del
estado básico deberá tener en cuenta la posible evolución que hubieran tenido
los recursos naturales de no haberse producido el daño: cuando exista
información histórica fehaciente que demuestre la tendencia evolutiva de dichos
recursos naturales o la previsión de que exista un cambio de uso del suelo en un
instrumento de planeamiento con anterioridad a la producción del daño.

En la sección 2.ª se regulan las medidas de reparación primaria,
complementaria y compensatoria. Los preceptos sobre reparación primaria no
entrañan mayor dificultad pues son reflejo de la reparación que tradicional y
principalmente se ha venido realizando de los daños al medioambiente. Así, el
reglamento expone las distintas medidas que deben conducir a la restitución del
estado básico, tales como la eliminación, retirada o neutralización del agente
causante del daño, la reposición del recurso afectado o la recuperación natural
y señala la necesidad de estudiar distintas alternativas de reparación primaria
para seleccionar la más adecuada en cada caso.

Mayor novedad presentan las pautas que se prevén para la determinación de las
medidas de reparación complementaria y compensatoria y en cuya elaboración se
han tomado como referencia los trabajos y estudios elaborados por la Comisión
Europea sobre la metodología necesaria para aplicar la Directiva 2004/35/CE
(Proyecto REMEDE). Siguiendo los criterios que proporciona el anexo II de la Ley
26/2007, de 23 de octubre, se ha tratado de reflejar los supuestos en que debe
acometerse una reparación complementaria, incidiendo en el supuesto de que la
reparación primaria no se considere razonable, bien porque el plazo necesario
para su efectividad, bien porque su coste, resulten desproporcionados en
relación con el beneficio ambiental que se vaya a obtener. Además, con la
finalidad de reducir el grado de indeterminación que pueda suponer la
apreciación de dicho beneficio ambiental, se prevé que se tenga en cuenta el
valor social de los recursos y servicios naturales perdidos, entendido éste como
expresión monetaria del bienestar o utilidad que aquellos generan. No obstante,
debe matizarse que con la inclusión de esta alusión al valor social de los
recursos naturales no se pretende excluir otros criterios que igualmente
conduzcan a dicha apreciación. En todo caso, el carácter desproporcionado del
coste del proyecto deberá acreditarse en una memoria económica que lo justifique
que tendrá carácter público y que deberá ser especialmente analizada por la
autoridad competente en el momento de la aprobación del proyecto. Por otro lado,
la tipología de medidas de reparación se cierra con las medidas compensatorias
que se aplicarán para «compensar» las pérdidas provisionales de recursos
naturales y servicios desde que se produce el daño hasta que produce efecto la
reparación primaria, o en su caso, complementaria.

Puesto que, tanto la reparación complementaria como la compensatoria suponen
la creación adicional de recursos naturales y de servicios, es necesaria la
aplicación de criterios de equivalencia que permitan calcular esos nuevos
recursos que se van a generar con la reparación para que sean del mismo tipo,
calidad y cantidad que los dañados. El anexo II describe de forma pormenorizada
los supuestos en los que deberá aplicarse cada criterio de equivalencia
(recurso-recurso, servicio-servicio, valor-valor, valor-coste), siendo los
criterios recurso-recurso y servio-servicio los que tienen carácter prioritario,
al garantizar un mayor grado de sustitución entre los recursos y servicios
dañados, y aquéllos que pueden obtenerse a través de la reparación. Ambos
criterios requieren la aplicación de una metodología denominada Análisis de
Equivalencia de Recursos, que como se ha señalado, se desarrolla siguiendo los
trabajos del proyecto REMEDE. Asimismo, este anexo contempla los supuestos en
los que será necesario acudir a los métodos de valoración que ofrece el análisis
económico.

En el ámbito de la reparación complementaria y compensatoria requiere una
mención especial el lugar en el que debe acometerse dicha reparación. Así, se
opta por acudir preferentemente al lugar donde se ha producido el daño -o en el
lugar más cercano a la ubicación de los recursos naturales y servicios dañados-,
aunque si esto no resulta posible o adecuado, la autoridad competente podrá
acordar que la reparación se realice en un lugar alternativo vinculado
geográficamente a los citados recursos naturales, entendiendo que existe dicha
vinculación cuando pueda establecerse una conexión ecológica, territorial o
paisajística. En los casos en que la reparación se efectúe en un lugar distinto
al dañado, si bien se prevé que el operador deberá tener en cuenta los intereses
de la población afectada, corresponde especialmente a la autoridad competente
velar por la adecuada ponderación de dichos intereses en el momento de la
aprobación del proyecto.

La sección 2.ª finaliza con la previsión de que la autoridad competente, en
aquellos casos en que los recursos naturales se encontraran en un estado de
conservación no favorable o degradado en el momento anterior al daño, pueda
realizar directamente el proyecto de reparación o convenga con el operador la
realización de un proyecto encaminado a mejorar el estado previo de los recursos
naturales. Esta facultad de mejora del estado básico tiene carácter potestativo
para la autoridad competente, de manera que no supondrá un coste adicional para
la misma si no opta por asumirlo y, en ningún caso, cuando la reparación
corresponda a otro sujeto conforme a la normativa sectorial aplicable.

Por otro lado, este capítulo también persigue, con la finalidad de garantizar
un mínimo de seguridad jurídica al operador, trazar el esquema general de
actuación en caso de que se genere un daño, que básicamente consiste en lo
siguiente: una vez comunicado el daño a la autoridad competente el operador
deberá concretar en un proyecto las medidas necesarias para reparar el daño.
Dicho proyecto deberá ser valorado y aprobado por la autoridad competente y, una
vez concluida su ejecución, objeto de un informe final de cumplimiento que
elaborará el operador y que deberá presentara a la citada autoridad para recabar
su conformidad. Así, el capítulo II se cierra con la sección 3.ª, que contiene
una serie de preceptos relativos al seguimiento y vigilancia del proyecto de
reparación durante la fase de ejecución y cuestiones relativas al informe final
de cumplimiento.

El capítulo III aborda los aspectos relativos a la garantía financiera
obligatoria y se divide en tres secciones. La sección 1.ª está dedicada a la
determinación de la citada garantía y el núcleo central de esta regulación es la
descripción de los pasos necesarios para el cálculo de su cuantía. Como prevé el
artículo 24.3 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, dicho cálculo debe
partir de una evaluación homogénea de los escenarios de riesgos y de los costes
de reparación por lo que es necesario que este reglamento prevea el alcance y el
contenido del correspondiente análisis de riesgos. Además, para proporcionar
seguridad a la determinación final de la cuantía de la garantía se prevé que el
análisis de riesgos deba ser verificado por un organismo acreditado.

Para la fijación de la cuantía de la garantía financiera se tomará como punto
de partida el análisis de riesgos que deberá: Identificar los escenarios
accidentales y su probabilidad de ocurrencia; establecer el valor monetario del
daño asociado a cada escenario a partir de la cuantificación del daño y del
coste de la reparación primaria; y determinar el riesgo asociado a estos
escenarios, entendido éste como producto de la probabilidad de ocurrencia y el
valor del daño de cada escenario; seleccionar los escenarios accidentales de
menor coste asociado que agrupen el 95 por ciento del riesgo total y, en último
lugar, establecer como propuesta de cuantía de la garantía la del daño
medioambiental más alto entre los escenarios seleccionados. Este criterio de
selección de los escenarios de referencia pretende alcanzar un equilibrio entre
los riesgos cubiertos y la cuantía de la garantía. Así se mantiene un elevado
nivel de cobertura, al quedar incluidos los escenarios que agrupan el 95 por
ciento del riesgo total, si bien se excluyen del cálculo los escenarios más
improbables y de coste manifiestamente más alto, puesto que su inclusión
sesgaría la cuantía de la garantía hacia un coste excesivo para el operador.

Finalmente, la autoridad competente determinará la cuantía de la garantía
tras la comprobación del cumplimiento de los requisitos formales de la propuesta
presentada por el operador en su análisis de riesgos.

Evidentemente, aunque este análisis de riesgos responde exclusivamente a las
exigencias legales que configuran la garantía financiera, nada impide que, con
carácter voluntario, este análisis pueda atender a otras finalidades más amplias
y habituales en el campo medioambiental, como pueda ser la prevención de los
daños ambientales que una determinada actividad pueda generar.

En cuanto a la elaboración del análisis de riesgos, se seguirá la metodología
prevista en el propio reglamento y en la norma UNE 150008 u otras equivalentes.
Ahora bien, con el objetivo de facilitar la realización de dicho análisis, se
flexibilizan las reglas aplicables a la determinación del daño, ya que podría
resultar excesivo exigir el mismo grado de detalle para determinar un daño
hipotético que un daño que ya se ha producido. En todo caso, se mantienen una
serie de parámetros que deberán valorarse con el fin de asegurar una
correspondencia entre la cobertura de la garantía y el estudio que se realizará
para evaluar y reparar el daño. Asimismo, con la misma finalidad de
flexibilización, se establecen dos reglas específicas para simplificar la
cuantificación del daño. La primera regla permite la utilización de modelos de
simulación del comportamiento del agente causante del daño; la segunda establece
unos valores concretos para la intensidad del daño. Estos valores son calculados
a partir de la regla general sobre niveles de intensidad del daño prevista en el
artículo 2 e), y representan la media aritmética de los límites establecidos
para cada uno de los citados niveles.

Para facilitar la evaluación de los escenarios de riesgos así como para
reducir el coste de su realización, el Reglamento prevé distintos instrumentos
de carácter voluntario, tales como los análisis de riesgos medioambientales
sectoriales y las tablas de baremos. Los análisis sectoriales, que deberán ser
particularizados para cada caso concreto, pueden consistir bien en modelos de
informe de riesgos ambientales tipo -los denominados MIRAT- bien en guías
metodológicas cuando la heterogeneidad de las actividades que integren un mismo
sector así lo requiera. En ambos casos se requerirá informe de la Comisión
técnica de prevención y reparación de daños medioambientales y su difusión
corresponderá al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Ambos
instrumentos, tal y como se deriva de la disposición final única del Reglamento,
deberán estar elaborados antes de la aprobación de las órdenes ministeriales
previstas en la disposición final cuarta de la Ley 26/2007, de 23 de octubre,
para la exigibilidad de la garantía financiera obligatoria. Las tablas de
baremos están previstas para los sectores o pequeñas y medianas empresas que,
por su alto grado de homogeneidad, permitan la estandarización de sus riesgos
ambientales. Dichas tablas podrán incluirse en las citadas órdenes
ministeriales.

En esta misma sección, se establecen las reglas para la actualización del
análisis de riesgos y de la garantía financiera, la continuidad de esta garantía
y, por último, se prevén los supuestos en que una pluralidad de actividades o
instalaciones pueden garantizarse a través de un único instrumento de garantía.
El Reglamento permite que cuando un operador desarrolle su actividad en más de
una instalación pueda elegir entre instrumentos de garantía independientes o una
única garantía para varias instalaciones. En este segundo caso, dado que supone
una flexibilización de la regla general de una garantía por instalación o por
actividad, para asegurar que, si se produce un daño medioambiental en una
instalación, la garantía no se agote para el resto y que se mantenga un nivel de
cobertura suficiente, se establece una cláusula de reposición de la garantía.
Además en estos casos, se establece una regla de conexión territorial para
determinar ante qué autoridad competente se presentará la garantía.

En relación con la continuidad de la garantía financiera se prevé que deba
mantenerse en vigor durante todo el período de actividad, con independencia de
que pueda renovarse alguno de sus elementos, tales como la modalidad de garantía
por la que se opte o la entidad financiera o aseguradora con la que se suscriba.

La sección 2.ª del capítulo III de las garantías financieras recoge las
previsiones específicas de cada una de las tres modalidades de garantía
financiera: el aval, la reserva técnica y la póliza de seguro. En relación con
el aval se establecen los requisitos para su constitución y reposición,
remitiéndose para lo demás a su normativa reguladora específica. Respecto a la
reserva técnica se regula su constitución, su materialización en Deuda Pública
para garantizar la estabilidad de la inversión, así como su reposición. Y, por
último, en cuanto al seguro, se desarrolla la actuación del Fondo de
compensación de daños medioambientales del Consorcio de Compensación de Seguros:
se determina la fijación del recargo sobre la prima por la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones, se establecen las exclusiones y límites de la
cobertura del Fondo, y se prevé la obligación de las entidades de aseguradoras
de conservación de la información relativa a los contratos de seguro suscritos
para dar cobertura a esta garantía financiera obligatoria durante el ámbito de
la responsabilidad medioambiental.

La sección 3.ª está dedicada a la verificación del análisis de riesgos
medioambientales, y en ella se establecen los aspectos que, al menos, deben
comprobarse en el proceso de verificación y los requisitos mínimos que han de
cumplir los verificadores.

Por último, respecto a las disposiciones de cierre merecen un comentario
cuatro de ellas. Las disposiciones adicionales tercera y sexta incluyen
cláusulas de adaptación de los seguros y de los análisis de riesgos
medioambientales ya existentes a la entrada en vigor del reglamento para que se
puedan sustituir o completar con la finalidad de que se cubran también las
responsabilidad des que deriven del sistema de responsabilidad medioambiental.
Además se ha considerado oportuno incorporar, en la disposición adicional
cuarta, una cláusula de revisión de los métodos para la fijación de la cuantía
de la garantía financiera y para la reparación del daño medioambiental, cuando
exista la suficiente experiencia en su aplicación como para evaluar la idoneidad
de dichas metodologías o, en todo caso, a los cinco años de que se haya iniciado
su exigibilidad o su entrada en vigor, respectivamente. Finalmente, por medio de
la disposición adicional quinta, se da cumplimiento a las obligaciones derivadas
de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, al
reconocerse las garantías financieras de responsabilidad medioambiental
equivalentes a las previstas en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de que
dispongan los operadores establecidos en otro Estado de la Unión Europea.

Esta regulación tiene carácter de normativa básica y recoge previsiones de
carácter exclusiva y marcadamente técnico, por lo que la ley no resulta un
instrumento idóneo para su establecimiento y se encuentra justificada su
aprobación mediante real decreto.

En la elaboración de esta norma se ha consultado, entre otros, a las
comunidades autónomas, al Consejo Asesor de Medio Ambiente y a los sectores
afectados, y ha sido puesta a disposición del público en general.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino, de acuerdo con el Consejo de Estado, con la aprobación previa de la
Ministra de Administraciones Públicas y previa deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 22 de diciembre, de 2008,

D I S P O N G O :

Artículo único. Aprobación del Reglamento de desarrollo parcial de la Ley
26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

Este real decreto tiene por objeto la aprobación del Reglamento de desarrollo
parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental,
cuyo texto se inserta a continuación.

Disposición final primera. Títulos competenciales.

1. Este real decreto tiene el carácter de legislación básica de protección
del medio ambiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.23.ª de
la Constitución, salvo las secciones 1.ª y 2.ª del capítulo III, las
disposiciones adicionales tercera, cuarta y quinta y final segunda del
Reglamento que se aprueba como anexo, que constituyen legislación básica de
seguros dictada al amparo del artículo 149.1.11.ª

2. No tienen carácter básico los artículos 3, 4, 32.2 y 35.4 del
Reglamento.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor a los cuatro meses de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 22 de diciembre de 2008.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino,

ELENA ESPINOSA MANGANA

REGLAMENTO DE DESARROLLO PARCIAL DE LA LEY 26/2007, DE 23 DE OCTUBRE, DE
RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

Este Reglamento tiene por objeto desarrollar parcialmente la Ley 26/2007, de
23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, en lo relativo a su capítulo
IV, en particular al método para la evaluación de los escenarios de riesgos y de
los costes de reparación asociados a cada uno de ellos a los que se refiere el
artículo 24, y a sus anexos I, II y VI.

Artículo 2. Definiciones.

A efectos de lo establecido en este real decreto, además de lo dispuesto en
el artículo 2 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, se entenderá por:

a) «Elemento clave»: todo aquel componente o proceso natural, tanto biótico
como abiótico, que desempeña una función especialmente relevante para la
recuperación y posterior conservación del receptor o receptores afectados, al
influir decisivamente, de forma directa o indirecta, sobre el sustento de otros
recursos o servicios que pertenecen al mismo conjunto. Se incluyen dentro de
este concepto las especies clave.

b) «Escala temporal»: caracterización de la reversibilidad y de la duración
de los efectos adversos que experimentan los receptores hasta que éstos
recuperan su estado básico.

c) «Estado básico de tipo dinámico»: aquel que prevé la posible evolución de
los recursos naturales y los servicios que éstos prestan desde que se produce el
daño hasta que surte efecto la reparación. Por el contrario, el «Estado básico
de tipo estático» no prevé dicha evolución.

d) «Extensión»: cantidad de recurso o servicio dañado.

e) «Intensidad»: severidad de los efectos ocasionados por el agente causante
del daño.

El nivel de intensidad consistirá en la clasificación de la severidad de los
efectos ocasionados por el agente causante del daño atendiendo a parámetros como
la mortalidad, la inmovilidad, la inhibición del crecimiento, la mutagenicidad,
la teratogenicidad y carcinogenicidad, entre otros.

Se consideran tres niveles de intensidad:

1.º «Agudo»: nivel de intensidad que representa efectos adversos claros y a
corto plazo sobre el receptor, con consecuencias evidentes sobre los ecosistemas
y sus hábitat y especies. Los efectos agudos suponen una afección sobre al menos
el 50 por ciento de la población expuesta al agente causante del daño.

2.º «Crónico»: nivel de intensidad que indica posibles efectos adversos a
largo plazo para un porcentaje de la población expuesta al agente causante del
daño comprendido entre el 10 y el 50 por ciento.

3.º «Potencial»: nivel de intensidad que corresponde a efectos que superan el
umbral ecotoxicológico y afectan al menos al 1 por ciento de la población
expuesta al daño, pero no alcanzan los efectos de los niveles crónicos o agudos.
El término «nivel de concentración admisible» hace referencia al umbral
ecotoxicológico.

f) «Lugar alternativo vinculado geográficamente al lugar dañado»: lugar
diferente al dañado que mantiene una conexión ecológica, territorial o
paisajística con los recursos naturales y los servicios de los recursos
naturales que han sido afectados.

g) «Receptor»: recurso natural en su consideración de elemento que recibe el
daño y no en su calidad de vehículo de transmisión.

h) «Reversibilidad»: capacidad de un receptor para recuperar, en relación con
su ciclo de vida o expectativas de uso, su estado básico en determinada escala
temporal.

i) «Sustancia»: cualquier elemento químico, compuesto químico o preparado con
una composición definida.

j) «Umbral de toxicidad»: valor mínimo de concentración de determinada
sustancia química a partir del cual se observan efectos adversos en un medio
receptor determinado.

k) «Valor social»: es la expresión monetaria del bienestar o de la utilidad
que generan los recursos naturales o los servicios ambientales que éstos
prestan.

l) «Vía de exposición»: mecanismo por el cual una sustancia química entra en
contacto con los seres vivos. Las vías de exposición a una sustancia química más
comunes son la ingestión, la absorción y la inhalación.

Artículo 3. Comisión técnica de prevención y reparación de daños
medioambientales.

1. Se crea la Comisión técnica de prevención y reparación de daños
medioambientales como órgano de cooperación técnica y colaboración entre la
Administración General del Estado y las comunidades autónomas para el
intercambio de información y el asesoramiento en materia de prevención y de
reparación de los daños medioambientales.

2. La Comisión técnica de prevención y reparación de daños medioambientales
queda adscrita al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, a través
de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y ejercerá las
siguientes funciones:

a) Emisión de recomendaciones y elaboración de guías metodológicas sobre
análisis de riesgos, prevención y reparación de daños medioambientales.

b) Evacuación, a propuesta de la autoridad competente, de dictámenes
periciales sobre determinación de los daños medioambientales, sobre su
reparación y sobre su monetización.

c) Propuesta de designación del órgano u órganos competentes para la
tramitación de expedientes administrativos de exigencia de responsabilidad
medioambiental cuando concurran las circunstancias a las que se refiere el
artículo 7.4 de la Ley 26/2007, de 23 octubre, y así lo acuerden las
administraciones públicas afectadas.

d) Propuesta de modificación y adecuación de la normativa sobre
responsabilidad medioambiental derivada del progreso técnico, científico,
económico o legal.

e) Elaboración de estudios sobre implantación de análisis de riesgos
ambientales y sistemas de gestión de esos riesgos, sobre ejecución de proyectos
de restauración de daños medioambientales y sobre evolución del mercado de las
garantías financieras en el campo del medio ambiente.

f) Recopilación de datos estadísticos sobre daños medioambientales y sobre
proyectos de restauración medioambiental.

g) Impulsar la cooperación y colaboración entre las administraciones públicas
con competencias en materia de reparación de responsabilidad medioambiental y
proponer los protocolos de colaboración recogidos en la disposición final quinta
de la Ley 26/2007, de 23 de octubre.

h) Informar los modelos de informe de riesgos ambientales tipo («MIRAT») a
los que se refiere el artículo 35.

i) Mantenimiento de un listado actualizado de verificadores de acuerdo con la
información proporcionada por las comunidades autónomas.

j) Cualquier otra de intercambio de información o asesoramiento en cuestiones
relacionadas con la materia regulada en este reglamento que pudieran serle
encomendadas por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino o las
comunidades autónomas.

3. La Comisión técnica de prevención y reparación de daños medioambientales
estará presidida por el Director General de Calidad y Evaluación Ambiental del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, vicepresidida por uno de
los representantes de las comunidades autónomas e integrada por los siguientes
vocales:

a) Por la Administración General del Estado, dieciseis vocales, con categoría
de subdirector general o equivalente y designados por el Subsecretario
correspondiente. Once de los vocales serán designados, dos por cada uno de los
siguientes ministerios: Economía y Hacienda, Sanidad y Consumo, Industria,
Turismo y Comercio, Fomento e Interior; y uno por el Ministerio de Vivienda.

Los otro cinco serán designados por el Ministerio de Medio Ambiente, y de
Medio Rural y Marino: dos por la Secretaría General de Medio Rural, uno de ellos
por la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal; uno por la
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar; uno por la Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental y otro por la Dirección General del
Agua.

b) Un vocal designado por cada una de las comunidades autónomas.

c) Un vocal designado por cada una de las Ciudades de Ceuta y Melilla.

d) Un vocal representante de las entidades locales, designado por la
asociación de ámbito estatal con mayor implantación.

4. Para cada uno de los miembros de la Comisión técnica de prevención y
reparación de daños medioambientales se designará un suplente. Actuará como
suplente del Presidente, un Subdirector General del Ministerio de Medio
Ambiente, y Medio Rural y Marino y como suplente del Vicepresidente, un
representante de la comunidad autónoma.

Actuará como secretario, con voz y sin voto, un funcionario del Ministerio de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

5. Con la finalidad de realizar los trabajos preparatorios necesarios para el
ejercicio de sus funciones, la Comisión podrá acordar la creación de comités de
composición especializada en la que participen expertos de reconocido prestigio
y representantes de las organizaciones empresariales, sindicales y
organizaciones no gubernamentales cuyo objeto sea la defensa del medio ambiente,
en atención a la materia de que se trate en cada caso.

6. La Comisión aprobará sus normas de funcionamiento, que se ajustarán a las
previsiones contenidas en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 4. Recopilación y difusión de información relevante para la
reparación medioambiental.

El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino recopilará,
sistematizará y pondrá a disposición del público, aquella información, incluida
la información geográfica, que pueda facilitar a los operadores el cumplimiento
de sus obligaciones en materia de responsabilidad medioambiental, tales como la
relativa a la determinación del estado básico, a los umbrales de toxicidad y
otros indicadores cualitativos y cuantitativos para la determinación del daño, a
la valoración del daño, así como los datos más relevantes sobre experiencias
previas de reparación.

Especialmente, el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino
recopilará, sistematizará y pondrá a disposición del público la información que
le remitan las comunidades autónomas y demás administraciones públicas, conforme
a lo establecido en la disposición adicional quinta y en el anexo VI de la Ley
26/2007, de 23 de octubre, para hacer frente a las obligaciones de información
establecidas en la normativa comunitaria.

Artículo 5. Concurrencia de normas aplicables.

Cuando los operadores pongan en conocimiento de la autoridad competente la
información relativa a un daño medioambiental generado por su actividad, según
lo previsto en el artículo 17.4 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, dicha
autoridad motivadamente decidirá, en aplicación de lo previsto en el artículo
6.3 de la citada ley, si la reparación del daño se realiza conforme a lo
dispuesto en este Reglamento o en otra normativa sectorial mediante la que se
alcancen resultados equivalentes en cuanto a la reparación del daño y siempre
que la autoridad competente disponga de los servicios suficientes y
procedimientos normalizados para acometer dicha reparación.

CAPÍTULO II

Reparación de los daños medioambientales

Sección 1.ª Determinación del daño medioambiental

Artículo 6. Recopilación de información.

1. Cuando se produzca un daño, y paralelamente a la ejecución de las medidas
de evitación de nuevos daños que, en su caso hubieran de adoptarse, los
operadores recopilarán la información necesaria para determinar la magnitud del
daño.

Dicha información se referirá, al menos, a los siguientes extremos:

a) La cartografía y la geología del terreno.

b) El foco de contaminación y el agente causante del daño.

c) El estado básico.

d) Los umbrales de toxicidad de las distintas sustancias para los recursos
que pudieran verse afectados.

e) El uso de territorio.

f) Los objetivos y las posibles técnicas de reparación primaria que se deban
aplicar.

g) Otros indicadores de la calidad ambiental que obren o debieran obrar en
poder del operador, o que le solicite la autoridad competente.

2. En los supuestos en los que se haya constatado la existencia de una
amenaza inminente de daño, y paralelamente a la ejecución de las medidas
preventivas que en su caso hubieran de adoptarse, los operadores recopilarán la
información a la que se refiere el apartado 1 cuando ello fuera necesario para
la correcta definición de las medidas de prevención.

3. El operador pondrá en conocimiento de la autoridad competente la
información recopilada con arreglo a los apartados anteriores a los efectos de
la obligación de comunicación establecida en el artículo 17.4 de la Ley 26/2007,
de 23 de octubre.

Artículo 7. Determinación del daño medioambiental.

Para la determinación del carácter significativo al que se refiere el
artículo 2 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, a fin de apreciar que existe
daño medioambiental, el operador realizará las siguientes actuaciones:

a) Identificación del agente causante del daño, y de los recursos naturales y
servicios afectados

b) Cuantificación del daño.

c) Evaluación de la significatividad del daño.

Artículo 8. Identificación del agente causante del daño.

El operador identificará el agente causante del daño y lo clasificará en
alguno de los siguientes tipos:

a) Químico, asociado a la liberación de una sustancia en una concentración
superior al umbral de toxicidad de dicha sustancia en determinado medio
receptor.

b) Físico, referido al exceso o defecto de una sustancia que no tiene
asociado un nivel de toxicidad, tales como el agua, los residuos inertes, la
tierra, la temperatura o los campos electromagnéticos.

c) Biológico, entre otros, los organismos modificados genéticamente, las
especies exóticas invasoras y los microorganismos patógenos.

Artículo 9. Caracterización del agente causante del daño.

Una vez clasificado el agente causante del daño, el operador lo caracterizará
a partir de la mejor información disponible, conforme a las siguientes
variables:

a) En caso de que el agente sea de tipo químico, se identificará la cantidad
de sustancia derramada, sus propiedades toxicológicas y ecotoxicológicas, y
otras propiedades físico-químicas que pudieran condicionar su peligrosidad,
transporte y persistencia.

b) En caso de que el agente sea de tipo físico, se identificará la cantidad,
calidad o densidad del agente implicado en el daño, así como cualquier otra
propiedad necesaria para caracterizarlo.

c) En caso de que el agente sea de tipo biológico, se considerará el
organismo causante del daño, su definición taxonómica o su nomenclatura
específica, según el caso, así como otros parámetros, atendiendo a la normativa
vigente y a las recomendaciones técnicas emitidas, en su caso, por entidades
acreditadas u organismos oficiales.

Algunos de los parámetros a considerar, en función del tipo de agente
biológico, son:

1.º Organismo modificado genéticamente: se estudiará, caso por caso, la
modificación genética del organismo y cómo se ha llevado a cabo, así como su
nomenclatura específica, capacidad de supervivencia, forma de diseminación,
dominancia y su evolución genética al interactuar con otros organismos vivos.

2.º Especies exóticas invasoras: se considerará, entre otros aspectos, la
especie introducida, la cantidad y la capacidad de amenaza a la diversidad
biológica autóctona por interferencia en la dinámica de las poblaciones,
incluido, en su caso, la capacidad para contaminar química o genéticamente,
competir, depredar o transmitir enfermedades a las especies autóctonas.

3.º Microorganismos patógenos: se analizará, entre otros aspectos, su
especie, su peligrosidad, su estabilidad genética y su capacidad de interacción
con otras especies de fauna y flora autóctonas.

Artículo 10. Identificación de los recursos naturales y servicios afectados.

1. Los operadores identificarán todos los recursos naturales afectados, por
el agente causante del daño de forma directa o indirecta. Para ello, se
incluirán en el análisis tanto los medios de difusión a través de los cuales se
libera el agente causante del daño, como sus potenciales receptores.

En particular, se realizará un análisis de los recursos más vulnerables o
sensibles a la modificación de su entorno o que afecten a la estabilidad del
ecosistema.

2. Los operadores identificarán el nivel de provisión de servicios que
proporcionan los recursos naturales afectados a los que se refiere el apartado
anterior. En dicha tarea, se deberá evitar la duplicidad en la identificación de
los servicios ambientales que puedan afectar a varios receptores.

3. La identificación de los recursos naturales y de los servicios afectados
se realizará conforme a lo dispuesto en el epígrafe I del anexo I.

Artículo 11. Cuantificación del daño.

1. Los operadores cuantificarán el daño. La cuantificación consistirá en
estimar el grado de exposición por parte de los receptores afectados al agente
causante del daño y en la medición de los efectos que éste produce sobre
aquéllos.

2. Para cuantificar el daño los operadores identificarán, describirán y
evaluarán la extensión, la intensidad y la escala temporal del daño.

Artículo 12. Extensión del daño.

1. La extensión del daño se determinará mediante la medición de la cantidad
de recurso o de servicio afectado. En su determinación se tendrán en cuenta las
siguientes circunstancias:

a) Las propiedades del agente causante del daño.

b) Las características del medio receptor.

c) Cualquier cambio que los medios de difusión y receptores pudieran
experimentar debido a la acción del agente causante del daño.

2. La determinación de la extensión del daño se realizará conforme a lo
dispuesto en el epígrafe II del anexo I.

Artículo 13. Intensidad del daño.

1. La intensidad del daño se estimará mediante el establecimiento del grado
de severidad de los efectos ocasionados por el agente causante del daño a los
recursos naturales o servicios afectados.

2. Con el fin de establecer los efectos sobre el conjunto de recursos
naturales y los servicios que éstos prestan, el operador tomará en
consideración, entre otros, los criterios que se contemplan en el anexo I de la
Ley 26/2007, de 23 de octubre, y cuando sea posible en función de la información
disponible, los efectos que el agente causante del daño genere sobre las
especies clave de los recursos naturales afectados.

3. La determinación de la intensidad del daño se realizará conforme a lo
dispuesto en el epígrafe III del anexo I.

Artículo 14. Escala temporal del daño.

Para determinar la escala temporal del daño se estimará la duración, la
frecuencia y la reversibilidad de los efectos que el agente causante del daño
ocasiona sobre el medio receptor.

Artículo 15. Evaluación de la significatividad del daño.

1. Tomando en consideración los resultados de las actuaciones realizadas para
la identificación del agente causante del daño y de la cuantificación del daño y
con arreglo a los criterios establecidos en los artículos 16 y 17, el operador
evaluará la significatividad del daño.

2. La evaluación de la significatividad del daño requerirá el análisis de la
variación que hayan experimentado, entre otros, los siguientes parámetros:

a) El estado de conservación del recurso afectado.

b) El estado ecológico, químico y cuantitativo del recurso afectado.

c) La integridad física del recurso afectado.

d) El nivel de calidad del recurso afectado.

e) Los riesgos para la salud humana o para el medio ambiente asociados al
recurso afectado.

3. Los daños con efectos demostrados en la salud humana tendrán en todo caso
carácter significativo, conforme a lo dispuesto en el anexo I.1 de la Ley
26/2007, de 23 octubre.

Artículo 16. Significatividad del daño por referencia al recurso natural
afectado.

1. Los daños ocasionados a las especies silvestres y a los hábitat serán
significativos cuando los cambios experimentados por el receptor produzcan
efectos adversos que afecten al mantenimiento de un estado favorable de
conservación o a la posibilidad de que éste sea alcanzado. La evaluación de la
significatividad de estos daños se realizará conforme a los criterios
establecidos en el anexo I de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, y deberá tener
en cuenta cualquier información disponible de carácter local, regional, nacional
y comunitario de la especie o del hábitat afectado que resulte relevante.

2. Los daños ocasionados a las aguas serán significativos si la masa de agua
receptora experimenta un efecto desfavorable de su estado ecológico, químico o
cuantitativo, en el caso de aguas superficiales o subterráneas, o de su
potencial ecológico, en el caso de aguas artificiales y muy modificadas, que
traiga consigo, en ambos casos, un cambio en la clasificación de dicho estado en
el momento de producirse la afectación, de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento de Planificación Hidrológica aprobado mediante el Real Decreto
907/2007, de 6 de julio, y demás legislación aplicable.

3. Los daños ocasionados al suelo serán significativos si el receptor
experimenta un efecto adverso que genere riesgos para la salud humana o para el
medio ambiente, de manera que aquél pueda ser calificado como suelo contaminado
en los términos establecidos en el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el
que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del
suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.

4. Los daños ocasionados a las riberas del mar y de las rías serán
significativos en la medida en que lo sean los daños experimentados por las
aguas, por el suelo o por las especies silvestres y los hábitat, de conformidad
con lo establecido en los apartados anteriores.

Artículo 17. Significatividad del daño por referencia al tipo de agente.

1. En caso de que el agente causante del daño sea de tipo químico, la
significatividad del daño se determinará mediante el cálculo del cociente de
riesgo entre la concentración que alcanza la sustancia en el receptor y el
umbral de toxicidad para un nivel concreto de intensidad. Se considerará que el
daño es significativo cuando el cociente de riesgo sea superior a uno.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, la autoridad competente
podrá establecer el nivel de significatividad para daños ocasionados por un
agente químico en un cociente de riesgo menor que 1 en el caso de que el daño
sea acumulable.

El daño podrá ser acumulable debido tanto a la sensibilidad del medio
receptor, como a la existencia de dos o más focos de contaminación que puedan
mermar a corto, medio y largo plazo la capacidad de recuperación del medio
receptor.

3. La significatividad del daño causado por un organismo modificado
genéticamente se determinará mediante un análisis, caso por caso, acreditado por
un organismo oficialmente reconocido.

Artículo 18. Otros criterios para la determinación de la significatividad del
daño.

Cuando no resulte posible determinar la significatividad del daño con arreglo
a los criterios establecidos en los artículos 16 y 17, o cuando el suelo tuviera
la calificación de contaminado, el carácter significativo de los daños
ocasionados a las aguas y al suelo podrá establecerse analizando la afección que
el daño haya ocasionado al servicio de acogida o de hábitat que tales recursos
prestan a las especies silvestres. A tal efecto, se presumirá que los daños a
las aguas y al suelo tienen carácter significativo cuando el daño que
experimenten las especies silvestres que habitan en tales recursos como
consecuencia de la acción del mismo agente puedan ser calificados de
significativos.

Artículo 19. Determinación del estado básico.

1. De conformidad con el artículo 2.19 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre,
se entiende por estado básico aquel en el que, de no haberse producido el daño
medioambiental, se habrían hallado los recursos naturales y los servicios de
recursos naturales en el momento en que sufrieron el daño, considerado a partir
de la mejor información disponible.

2. Para determinar el estado básico se analizarán los cambios que se hayan
producido en el receptor como consecuencia de la acción del agente causante del
daño. Podrá expresarse en términos de cambios experimentados por el receptor,
con ayuda de indicadores ecológicos, como los días de uso del hábitat y la
densidad de población, entre otros.

En todo caso, la determinación del estado básico se realizará atendiendo a
las fuentes de información que se enumeran en el epígrafe IV del anexo I y
comprenderá una identificación de los elementos clave del conjunto de los
recursos naturales y de los servicios dañados.

3. Se seleccionará un estado básico de tipo estático, salvo que concurran las
siguientes circunstancias, en cuyo caso se seleccionará un estado de tipo
dinámico:

a) La existencia de información histórica fehaciente que demuestre la
tendencia, positiva o negativa, de la evolución de los recursos naturales o de
los servicios afectados. En ningún caso se podrá extrapolar al futuro un cambio
globalmente mayor en un periodo de tiempo superior al revelado por la serie
histórica.

b) La existencia de un cambio de uso del suelo que implique la pérdida a
corto plazo de los recursos o servicios afectados y que esté previsto en un
instrumento de planeamiento ya aprobado o bien en tramitación, cuando éste
hubiera sido objeto de evaluación ambiental favorable o, de no ser ésta
exigible, si ya hubiera sido sometido al trámite de información pública.

Sección 2.ª Determinación de las medidas reparadoras

Artículo 20. Finalidad de la reparación.

1. La reparación del daño medioambiental tendrá como finalidad devolver los
recursos naturales y los servicios de los recursos naturales dañados a su estado
básico, para lo cual se identificarán el tipo, la cantidad, la duración y la
ubicación de las medidas reparadoras necesarias.

En el caso de la reparación de los daños al suelo, se adoptarán las medidas
necesarias para garantizar, como mínimo, que se eliminen, controlen o reduzcan
las sustancias, preparados, organismos o microorganismos nocivos de que se
trate, de modo que el suelo contaminado deje de suponer una amenaza
significativa de que se produzcan efectos adversos para la salud humana o para
el medioambiente. Si en dicha reparación no se alcanzara el estado básico,
deberá llevarse la recuperación hasta dicho estado.

2. La determinación de las medidas reparadoras se concretará en un proyecto
de reparación que será elaborado conforme a los criterios que establece el anexo
II de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, esta sección, el anexo II de este
reglamento y la normativa autonómica aplicable.

El proyecto de reparación podrá contemplar uno o más tipos de medidas
reparadoras primarias, compensatorias o complementarias.

3. Los elementos clave del conjunto de los recursos naturales dañados y de
servicios de recursos naturales constituirán objetivos ineludibles de la
reparación.

Artículo 21. Identificación de las medidas de reparación primarias.

1. En la reparación primaria, se restituirán o aproximarán al máximo los
recursos naturales y los servicios que éstos prestan, a su estado básico, en el
lugar en el que se produjo el daño.

La reparación primaria podrá consistir, entre otras, en una o varias de las
siguientes actuaciones:

a) Eliminar, retirar o neutralizar el agente causante del daño.

b) Evitar la acción de especies exóticas invasoras.

c) Reponer o regenerar, según el caso, el recurso afectado con el fin de
acelerar su recuperación hasta el estado básico.

d) Cualquier acción dirigida específicamente a reponer los servicios de los
recursos naturales afectados.

e) La recuperación natural.

2. A los efectos del epígrafe 1.2.1 del anexo II de la Ley 26/2007, de 23 de
octubre, el operador deberá identificar diferentes alternativas de reparación
primaria. Éstas deberán incorporar una referencia al menos, a los siguientes
factores:

a) Las consideraciones ecológicas necesarias para la conservación de los
recursos naturales y los servicios de los recursos naturales que han sido
afectados.

b) El grado de intervención asociado a cada técnica de reparación. Dicho
grado de intervención podrá ser total, parcial o basarse en la recuperación
natural. Su determinación se hará atendiendo a aspectos referentes a la
sensibilidad del medio, el horizonte temporal de recuperación y el coste de la
medida de reparación, entre otros.

c) Estimación previa de la pérdida provisional de recursos o servicios
asociada a cada alternativa de reparación.

d) Evaluación de la viabilidad técnica de la reparación.

e) Estimación previa de los costes de cada alternativa de reparación.

Artículo 22. Supuestos para la aplicación de las medidas de reparación
complementaria y compensatoria.

1. Procederá aplicar una reparación complementaria en el supuesto de que se
cumpla alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que no sea posible devolver los recursos naturales o los servicios de
recursos naturales a su estado básico sólo mediante la reparación primaria.

b) Que la reparación primaria no se considere razonable, atendiendo a los
criterios del epígrafe 1.3.1 del anexo II de la Ley 26/2007, de 23 de octubre,
y, en todo caso, cuando el periodo de tiempo necesario para su efectividad o su
coste sean desproporcionados en relación con los beneficios ambientales que se
vayan a obtener. La determinación de dichos beneficios ambientales se realizará
teniendo en cuenta el valor social de los recursos o servicios perdidos.

El carácter desproporcionado del coste del proyecto deberá acreditarse por el
operador mediante una memoria económica justificativa que tendrá carácter
público.

2. Además de las medidas de reparación primaria y complementaria que
procedan, el operador, aplicará una reparación compensatoria para compensar la
pérdida provisional de recursos naturales o servicios de recursos naturales
durante la recuperación.

Cuando las medidas de reparación primaria no puedan aplicarse en un
determinado periodo de tiempo, el plazo que transcurra hasta su efectiva
aplicación se computará en las pérdidas provisionales a efectos de calcular la
correspondiente medida compensatoria.

Artículo 23. Identificación de las medidas de reparación complementaria y
compensatoria.

1. Con el fin de determinar las medidas de reparación complementaria y
compensatoria, el operador, una vez que hayan sido identificadas las diferentes
alternativas de reparación primaria, deberá estimar para cada una de ellas las
pérdidas de los recursos naturales y de los servicios que éstos prestan,
acaecidas desde el momento en el que se pusieran en marcha las medidas de
reparación primaria hasta el momento en que los recursos o servicios alcanzaran
el estado básico.

2. Las medidas de reparación complementaria y compensatoria consistirán en la
creación adicional de nuevos recursos naturales o servicios de recursos
naturales que no existían antes de producirse el daño medioambiental y que sean
equivalentes a los dañados.

En ningún caso, las medidas de reparación complementaria y compensatoria
podrán consistir en la recuperación natural.

3. Las medidas de reparación complementaria y compensatoria podrán consistir
en la extensión de la reparación primaria a recursos o servicios adicionales y
equivalentes a los previstos en ella. Asimismo, ambos tipos de reparación podrán
consistir en una sola actuación o en una combinación de varias actuaciones.

4. El operador deberá identificar las diferentes alternativas de reparación
complementaria y compensatoria y seleccionar, en cada caso, el criterio de
equivalencia que deba aplicarse para estimar la pérdida de recursos o servicios
experimentada en el lugar del daño y la generación de los que deberán obtenerse
a través del proyecto de reparación.

5. Las medidas de reparación complementaria y compensatoria podrán ser
extensibles al suelo.

Artículo 24. Lugar de reparación.

1. Las medidas de reparación complementaria y compensatoria podrán realizarse
en el lugar del daño o en un lugar alternativo vinculado geográficamente al
lugar dañado.

2. Preferentemente se optará por acometer la reparación en el lugar dañado o
lo más cerca posible de la ubicación de los recursos naturales y los servicios
de recursos naturales afectados.

3. En caso de que no sea posible o adecuado llevar a cabo las medidas de
reparación complementaria o compensatoria en el lugar del daño, la autoridad
competente podrá acordar que la reparación se realice en un lugar alternativo
vinculado geográficamente al receptor afectado cuando exista una conexión
ecológica, territorial o paisajística, entre los recursos naturales o los
servicios de los recursos naturales dañados y el lugar donde se llevará a cabo
la reparación.

La aplicación de una medida reparadora en un lugar distinto al que se produjo
el daño deberá en todo caso redundar en la mejora de los servicios que
proporcionan los recursos naturales en el lugar dañado.

4. En el supuesto de que la reparación no se realice en el lugar dañado, el
operador deberá tener en cuenta, al menos, los siguientes aspectos:

a) La intensidad, la extensión y la dimensión temporal del daño
medioambiental, incluida, en su caso, la capacidad de recuperación de los
receptores afectados.

b) Los servicios que el recurso prestaba en su estado básico para que se
garantice su reparación mediante la aplicación de las medidas de reparación
complementaria o compensatoria en la nueva ubicación. Para evitar que surjan
problemas de fragmentación de hábitat, dicha actuación se realizará aun a costa
de incrementar la cantidad de recursos naturales o de servicios de los recursos
naturales que se deba generar mediante el proyecto de reparación.

c) Los intereses de la población afectada, en particular, los de aquélla
afectada por el daño y los de la que se vería beneficiada por la reparación.

Artículo 25. Contenido del proyecto de reparación.

1. El proyecto de reparación estará debidamente justificado y tendrá el
siguiente contenido mínimo, además del que, en su caso, puedan establecer las
comunidades autónomas:

a) Localización espacial y temporal del daño medioambiental.

b) Caracterización del daño medioambiental conforme a lo establecido en la
sección primera de este capítulo.

c) Una exposición de las principales alternativas de reparación estudiadas y
una justificación de las razones que fundamentan la selección del proyecto de
reparación y las medidas que lo integran, conforme a los criterios del anexo
II.1.3.1 de la Ley 26/2007 de 23 octubre.

d) Descripción general de la alternativa elegida para el proyecto de
reparación y, al menos, de los siguientes aspectos:

1.º Objetivos de reparación y actuaciones en que consisten las medidas de
reparación primaria, complementaria y compensatoria.

2.º Tipo y calidad de recursos naturales o servicios de los recursos
naturales generados mediante la reparación.

3.º Ritmo y grado de recuperación de los recursos naturales o servicios de
los recursos naturales dañados.

4.º Horizonte temporal hasta que los recursos naturales o servicios de los
recursos naturales recuperan su estado básico.

5.º Lugar donde se llevan a cabo las medidas reparadoras.

6.º Coste del proyecto.

7.º Eficacia y viabilidad del proyecto de reparación.

f) Programa de seguimiento.

2. Para la fijación de la responsabilidad mancomunada de todos los operadores
que contribuyeron a causar un determinado daño medioambiental en sus diversas
fases, podrá definirse un solo proyecto de reparación en función de sus
respectivas cuotas de contribución a la causación de dicho daño.

Artículo 26. Aprobación del proyecto de reparación.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 26/2007, de 23
de octubre, teniendo en cuenta la información que pudiera derivarse del trámite
establecido en el artículo 42.3 de la misma, la autoridad competente valorará y
aprobará, en su caso, el proyecto de reparación.

2. En los casos en los que la reparación deba realizarse en lugar distinto
del dañado, la autoridad competente velará especialmente porque se tengan en
cuenta los intereses de la población afectada.

Asimismo, la autoridad competente analizará especialmente los supuestos en
los que el operador alegue la existencia de un coste desproporcionado para no
adoptar una determinada medida o alternativa de reparación.

Artículo 27. Proyectos que deban ser sometidos a evaluación de impacto
ambiental.

En los casos en los que el proyecto de reparación deba ser sometido a
evaluación de impacto ambiental, el operador deberá adoptar las medidas de
evitación de mayores daños necesarias y podrá solicitar la tramitación urgente
de dicha evaluación basándose en razones de interés público que valorará la
autoridad competente.

Artículo 28. Ejecución del proyecto de reparación.

1. La resolución podrá acordar que la ejecución del proyecto se realice, bien
de manera global, bien por fases, cuando la determinación de las medidas de
reparación de cada fase dependa del resultado obtenido en la ejecución de la
fase precedente.

Cuando la ejecución del proyecto se realice por fases, la autoridad
competente, previa audiencia al operador y a los demás interesados y evacuados
los informes que resulten pertinentes, aprobará las medidas de reparación del
proyecto que hayan de ejecutarse en cada una de las fases sucesivas.

2. En caso de que el desarrollo de un proyecto de reparación quede
interrumpido por un suceso extraordinario ajeno al operador que afecte al
proyecto de reparación, los objetivos perseguidos por el proyecto de reparación
se podrán ajustar a las nuevas condiciones ecológicas experimentadas por los
recursos naturales y los servicios de los recursos naturales perdidos y ganados
durante la ejecución de dicho proyecto de reparación.

3. La modificación sustancial del proyecto de reparación deberá ser aprobada
por la autoridad competente.

Artículo 29. Generación de un estado de conservación superior al estado
básico.

1. Cuando el estado básico de los recursos naturales o servicios de los
recursos naturales dañados se encontrara en un estado de conservación no
favorable, inferior a su potencial ecológico o degradado, la autoridad
competente, al amparo del artículo 23 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, podrá
realizar directamente el proyecto de reparación que devuelva unos y otros a un
estado de conservación superior al estado básico o convenir con el operador que
éste realice dicho proyecto de reparación.

2. Los costes adicionales vinculados a la consecución de un estado de
conservación superior al estado básico serán asumidos por la autoridad
competente, siempre que por aplicación de otras normas sectoriales el operador u
otros sujetos no estén obligados a dicha reparación.

Sección 3.ª Seguimiento y vigilancia del proyecto de reparación

Artículo 30. Seguimiento del proyecto de reparación.

1. El operador deberá realizar el seguimiento del proyecto de reparación con
el fin de determinar su grado de cumplimiento y de identificar los problemas que
pudieran surgir durante su ejecución y las posibles medidas correctoras.

En el caso de que la ejecución del proyecto se realice por fases, en las
labores de seguimiento deberá comprobarse que en cada fase se han ejecutado las
medidas correspondientes.

2. El operador deberá proporcionar información relevante sobre la ejecución
del proyecto de reparación a la autoridad competente con la periodicidad que
establezca el programa de seguimiento.

3. La autoridad competente pondrá a disposición de las personas interesadas y
del público en general, al menos, la siguiente información:

a) El grado de cumplimiento de los objetivos de recuperación por parte del
proyecto de reparación.

b) La justificación de las modificaciones sustanciales que se hayan efectuado
sobre el proyecto de reparación.

c) Las medidas correctoras que hayan sido adoptadas.

d) La existencia o ausencia de riesgos potenciales sobre la salud humana, y
específicamente, la de los trabajadores de la empresa.

Artículo 31. Informe final de cumplimiento.

1. El operador estará obligado a elaborar un informe final de cumplimiento
que remitirá a la autoridad competente una vez concluida la ejecución del
proyecto de reparación.

2. El informe final de cumplimiento deberá incluir, al menos, los siguientes
contenidos:

a) Declaración del operador de haber cumplido el contenido de la resolución
por la que se aprueba el proyecto de reparación conforme se dispone en el
artículo 26.

b) Los resultados obtenidos en el programa de seguimiento y de comunicación.

c) Las modificaciones y contingencias que hayan afectado al proyecto de
reparación, incluida en su caso la aplicación de las medidas correctoras
correspondientes.

Artículo 32. Cumplimiento de la ejecución del proyecto de reparación.

1. Una vez analizado el informe final de cumplimiento, la autoridad
competente manifestará motivadamente su conformidad o disconformidad con la
ejecución del proyecto de reparación, en los términos que disponga la normativa
autonómica.

2. Transcurridos tres meses desde la recepción del informe final de
cumplimiento sin que la autoridad competente haya manifestado de modo expreso su
conformidad o disconformidad, se entenderá que aquella otorga su conformidad con
la ejecución del proyecto de reparación. Dicho plazo deberá computarse desde la
recepción completa del informe final de cumplimiento.

3. El informe final de cumplimiento y la decisión de la autoridad competente
sobre la ejecución del proyecto de reparación se pondrá a disposición de las
personas interesadas y del público en general, conforme a lo dispuesto en la Ley
27/2006, de 18 de julio.

CAPÍTULO III

Garantía financiera obligatoria

Sección 1.ª Determinación de la garantía financiera obligatoria

Artículo 33. Fijación de la cuantía de la garantía financiera obligatoria.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.1 de la Ley 26/2007, de
23 de octubre, los operadores de las actividades incluidas en su anexo III
deberán disponer de una garantía financiera que les permita hacer frente a la
responsabilidad medioambiental inherente a su actividad.

2. La determinación de la cuantía de la garantía financiera partirá del
análisis de riesgos medioambientales de la actividad, previsto en el artículo
24.3 Ley 26/2007, de 23 de octubre, y que se desarrolla en los artículos 34 y
siguientes de este reglamento. Este análisis de riesgos deberá ser verificado y
contendrá, con la finalidad de fijar la citada cuantía, las siguientes
operaciones:

a) Identificar los escenarios accidentales y establecer la probabilidad de
ocurrencia de cada escenario.

b) Establecer el valor del daño medioambiental asociado a cada escenario
accidental siguiendo los siguientes pasos:

1.º En primer lugar, se cuantificará el daño medioambiental generado en cada
escenario.

2.º En segundo lugar, se monetizará el daño medioambiental generado en cada
escenario, cuyo valor será igual al coste del proyecto de reparación primaria.

c) Calcular el riesgo asociado a cada escenario accidental como el producto
entre la probabilidad de ocurrencia del escenario y el valor del daño
medioambiental.

d) Seleccionar los escenarios de menor coste asociado que agrupen el 95 por
ciento del riesgo total.

e) Establecer como propuesta de cuantía de la garantía financiera el valor
del daño medioambiental más alto entre los escenarios accidentales
seleccionados.

3. Una vez determinada la cuantía de la garantía financiera obligatoria, se
procederá a calcular los costes de prevención y evitación del daño, a cuyos
efectos el operador podrá:

a) Aplicar un porcentaje sobre la cuantía total de la garantía obligatoria.

b) Estimar tales costes de prevención y evitación a través del análisis de
riesgos medioambientales.

En todo caso, la cuantía de los gastos de prevención y evitación del daño
será, como mínimo, el diez por ciento del importe total de la garantía
determinada de acuerdo con los apartados precedentes.

4. La autoridad competente, a partir de la propuesta de cuantía presentada
por del operador en el análisis de riesgos, determinará, tras comprobar
formalmente que se han realizado las operaciones previstas en este artículo, la
cantidad que se deba garantizar. Dicha cantidad tendrá carácter de mínima y no
condicionará ni limitará en sentido alguno la facultad del interesado de
constituir una garantía por un importe mayor, mediante el mismo u otros
instrumentos.

Artículo 34. Elaboración del análisis de riesgos medioambientales.

1. El análisis de riesgos medioambientales será realizado por el operador o
un tercero contratado por éste, siguiendo el esquema establecido por la norma
UNE 150.008 u otras normas equivalentes. Asimismo, con un grado de detalle
adecuado al carácter hipotético del daño, en la elaboración del análisis de
riesgos deberán utilizarse los criterios recogidos en el capítulo II respecto a
los siguientes parámetros:

a) La caracterización del entorno donde se ubica la instalación.

b) La identificación del agente causante del daño y de los recursos y
servicios afectados.

c) La extensión, intensidad y escala temporal del daño.

d) Una evaluación de la significatividad del daño.

e) La identificación de las medidas de reparación primaria.

No obstante, para la cuantificación se tendrán en cuenta las siguientes
reglas:

a) La incertidumbre asociada a la estimación de la magnitud del daño
medioambiental de una hipótesis de accidente, se delimitará preferentemente con
la utilización de modelos de simulación del comportamiento del agente causante
del daño medioambiental.

b) Los daños agudo, crónico y potencial equivalen a una pérdida de recurso
natural o servicio de recurso natural de un 75, 30 y 5 por ciento,
respectivamente.

2. Los análisis de riesgos tendrán en cuenta en qué medida los sistemas de
prevención y gestión de riesgos adoptados por el operador reducen el potencial
daño medioambiental que pueda derivarse de la actividad.

3. El operador actualizará el análisis de riesgos medioambientales siempre
que lo estime oportuno y en todo caso, cuando se produzcan modificaciones
sustanciales en la actividad, en la instalación o en la autorización sustantiva.

Artículo 35. Análisis de riesgos medioambientales sectoriales.

1. Los análisis de riesgos medioambientales podrán elaborarse tomando como
base los modelos de informe de riesgos ambientales tipo («MIRAT») o, en su caso,
las guías metodológicas previo informe de la Comisión técnica de prevención y
reparación de riesgos medioambientales para cada sector.

2. Los modelos de informe de riesgos ambientales tipo incorporarán todas las
tipologías de actividades e instalaciones del sector en todos los escenarios
accidentales relevantes en relación con los medios receptores.

3. Los criterios y guías recogidas en los modelos de informe de riesgos
ambientales tipo deberán particularizarse para la realidad del entorno y
emplazamiento específico donde se ubique la instalación o actividad.

4. El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino difundirá los
modelos de informe de riesgos ambientales tipo o las guías metodológicas que
informe la Comisión técnica de prevención y reparación de riesgos
medioambientales.

Artículo 36. Cálculo de la garantía financiera mediante tablas de baremos.

1. En el cálculo de la cuantía de la garantía financiera obligatoria para
sectores o subsectores de actividad o para pequeñas y medianas empresas que, por
su alto grado de homogeneidad permitan la estandarización de sus riesgos
medioambientales, por ser estos limitados, identificables y conocidos, las
ordenes ministeriales a las que se refiere la disposición final cuarta de la Ley
26/2007, de 23 de octubre, podrán contener tablas de baremos.

En todo caso, los parámetros que se utilicen para elaborar dichas tablas de
baremos deberán establecerse en relación con la intensidad y extensión del daño
que la actividad del operador pueda causar. Asimismo, el método de cálculo
deberá asegurar la cobertura del coste de reparación primaria.

2. En caso de que se acuda a las tablas de baremos, para el cálculo de la
garantía financiera no será necesario realizar el análisis de riesgos que se
regula en este reglamento.

Artículo 37. Supuestos de exención de la garantía financiera obligatoria.

Para determinar los supuestos de exención de la obligación de constituir
garantía financiera se utilizarán cualquiera de los instrumentos de análisis de
riesgos y de cálculo de la cuantía de la garantía financiera previstos en este
reglamento.

Artículo 38. Actualización de la cuantía mínima de la garantía financiera.

La cuantía mínima que se haya de garantizar se actualizará en los términos en
que se indique en la póliza o en el correspondiente instrumento de constitución
de garantía financiera. En todo caso, el operador podrá solicitar la
actualización de la cuantía cuando actualice su análisis de riesgos.

Artículo 39. Continuidad de la cobertura de la garantía financiera.

1. La garantía financiera deberá quedar constituida desde la fecha en la que
surta efecto la autorización necesaria para el ejercicio de la actividad, y
conforme a los requisitos y al calendario previsto en la disposición final
cuarta de la Ley 26/2007, de 23 de octubre. El operador deberá mantener una
garantía en vigor durante todo el periodo de actividad hasta que ésta pueda
considerarse finalizada conforme a lo dispuesto en la normativa sectorial
aplicable, independientemente de los posibles cambios que puedan producirse en
la modalidad de la garantía o en la entidad financiera o aseguradora con que
ésta se suscriba. La autoridad competente establecerá los correspondientes
sistemas de control que permitan constatar la vigencia de tales garantías, a
cuyo efecto las entidades aseguradoras, las entidades financieras y los propios
operadores deberán proporcionar a la autoridad competente la información
necesaria.

2. A estos efectos, y cuando la garantía se contrate a través de un seguro de
responsabilidad medioambiental, la autoridad competente podrá exigir al operador
autorizado una justificación de los siguientes extremos:

a) La efectiva vigencia de la garantía financiera y su renovación al final
del periodo de validez, mediante la presentación del recibo de prima inicial y
los recibos correspondientes a los sucesivos periodos de cobertura.

b) La inexistencia, en caso de reemplazo de un contrato por otro, de
desajuste en los periodos de cobertura que dé lugar a que un suceso pueda no
encontrarse cubierto ni por la póliza reemplazada ni por la reemplazante.

c) La inexistencia, al finalizar la actividad autorizada, de lagunas de
cobertura entre la fecha en que finaliza la garantía del seguro y aquélla a
partir de la cual otorga cobertura el Fondo de indemnización regulado en el
artículo 33 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre.

En cualquier caso, las entidades aseguradoras emitirán un certificado de
seguro de responsabilidad medioambiental, siempre que la administración se lo
requiera al operador.

3. En los supuestos de aval o reserva técnica, la autoridad competente podrá
exigir al operador la documentación que permita comprobar la vigencia y cuantía
de la garantía financiera.

Artículo 40. Garantía financiera en caso de pluralidad de actividades o
instalaciones.

1. La garantía financiera por responsabilidad medioambiental se establecerá
por cada actividad económica o profesional, o autorización relacionadas en el
anexo III de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, sin perjuicio de lo dispuesto en
los siguientes apartados.

2. Cuando el operador desarrolle su actividad en más de una instalación, con
independencia de que esté sujeta a la misma o a distintas autorizaciones, podrá
elegir entre estas dos opciones:

a) La constitución de instrumentos de garantía independientes para cada
instalación.

b) La inclusión en un mismo instrumento de garantía de la actividad
desarrollada por todas las instalaciones. El análisis de riesgos que sirva de
punto de partida para la fijación de la cuantía de este instrumento de garantía
deberá realizarse para cada instalación o, si se opta por un único documento,
particularizarse para cada instalación, conforme a todos los requisitos
establecidos en este reglamento para el análisis de riesgos.

c) Excepcionalmente, cuando el grado de homogeneidad de las instalaciones y
de sus riesgos asociados lo permitan, y así se derive de su análisis de riesgos,
un operador podrá garantizar un conjunto de instalaciones de las que sea
titular, a través de un único instrumento de garantía, cuya cuantía será la más
alta de las resultantes tras calcular la garantía que corresponda a cada una de
dichas instalaciones.

En los supuestos de los apartados b) y c), el instrumento de garantía
incorporará una cláusula con el objeto de asegurar que por ocurrir un siniestro
en alguna de las instalaciones, las garantías no quedan reducidas o agotadas
para el resto. Asimismo, en estos casos la propuesta de garantía financiera se
podrá presentar ante la autoridad competente de la comunidad autónoma en que se
encuentre el domicilio social del operador o en que se ubique la instalación con
la cuantía de garantía financiera más alta. El operador comunicará a la
autoridad competente en el territorio de las restantes instalaciones la
constitución de la garantía financiera.

3. Cuando el operador desarrolle en una sola instalación distintas
actividades del anexo III podrá cubrir sus responsabilidades con un solo
instrumento de garantía financiera.

En este caso, la garantía financiera también incorporará una cláusula con el
objeto de asegurar que por acaecer un siniestro en alguna de las actividades
cubiertas, las garantías no quedan agotadas ni reducidas para el resto.

4. Cuando un operador desarrolle actividades incluidas en el anexo III de la
Ley 26/2007, de 23 de octubre, y otras que no lo estén, utilizando para ambas
las mismas instalaciones, medios de transporte o personal, podrá admitirse que
quede incluida en la garantía la responsabilidad que pueda generarse con el
conjunto de actividades en las que se dé dicha circunstancia.

Sección 2.ª Reglas específicas para las diferentes modalidades de garantías
financieras

Artículo 41. Avales.

1. La garantía financiera podrá constituirse mediante aval otorgado por
bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito, sociedades de garantía
recíproca o establecimientos financieros de crédito.

2. Cuando esta garantía se constituya a favor de la Administración General
del Estado, se depositará en la Caja General de Depósitos o en alguna de sus
sucursales, encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda y se ajustará
a los requisitos previstos en su Reglamento, aprobado por el Real Decreto
161/1997, de 7 de febrero.

3. Cuando la garantía se constituya a favor de una comunidad autónoma, se
depositará en el órgano que disponga la comunidad autónoma y se ajustará a los
requisitos previstos en su normativa reguladora.

Artículo 42. Reservas técnicas.

1. El operador podrá constituir la reserva técnica prevista en el artículo
26.c) de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, en el plazo máximo de cinco años
desde que la garantía financiera sea exigible. Hasta dicha fecha la
responsabilidad medioambiental se cubrirá con cualquiera de las otras dos
modalidades previstas en dicho artículo.

2. Esta reserva se reflejará en la contabilidad de la empresa en una cuenta
denominada «Reserva técnica de responsabilidad medioambiental prevista en el
artículo 26.c) de la Ley 26/2007, de 23 de octubre».

3. La materialización de la reserva técnica tendrá que garantizar el valor de
la cuantía de la garantía en términos nominales.

Artículo 43. Reposición de avales y reservas técnicas.

La garantía mediante aval o reserva técnica solamente podrá reducirse o
cancelarse por aplicación a la reparación de los daños medioambientales y su
reposición se realizará conforme al artículo 31.2 de la Ley 26/2007, de 23 de
octubre, mediante un nuevo aval, una nueva reserva técnica o acudiendo a
cualquiera de las otras modalidades de garantía.

Artículo 44. Fondo de compensación de daños medioambientales del Consorcio de
Compensación de Seguros.

1. Los titulares de actividades que, estando obligados a constituir una
garantía financiera opten por la alternativa de contratar un seguro de
responsabilidad medioambiental, deberán complementar dicha cobertura con la
contribución al Fondo de compensación de daños medioambientales que será
gestionado y administrado por el Consorcio de Compensación de Seguros. Dicha
contribución se recaudará por las entidades aseguradoras junto con sus primas
mediante un recargo en la prima del seguro, que será ingresado al Consorcio de
forma mensual. La cuantía de la contribución se fijará mediante las tarifas que
se aprueben por resolución de la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones.

2. El Fondo estará destinado a prolongar la cobertura del seguro para las
responsabilidades aseguradas en la póliza original y en sus mismos términos, por
aquellos daños que, habiendo sido causados por las actividades autorizadas
durante el periodo de vigencia del seguro, se manifiesten o reclamen después del
transcurso de los plazos de manifestación o reclamación admitidos en la póliza,
y se reclamen en el transcurso, como máximo, de un número de años igual a aquel
durante el cual estuvo vigente la póliza de seguro, contados desde que ésta
terminó y con el límite de 30 años.

No obstante, dado que los plazos de manifestación y reclamación admitidos en
la póliza incluyen los tres años siguientes a la terminación de la vigencia del
seguro, el límite de la cobertura del Consorcio de Compensación de Seguros nunca
sería superior a 27 años.

En el supuesto de que en algún momento el seguro fuese interrumpido por no
haberse procedido a su renovación, este período de interrupción será excluido a
efectos de la cobertura del Fondo.

3. El Fondo no otorgará cobertura para:

a) Las actividades cuyos seguros hayan sido cancelados antes de cesar la
actividad.

b) Los daños que hayan sido generados después de cesar la actividad, por
haberse abandonado instalaciones con potencial contaminante, sin cumplir con las
medidas obligatorias para evitar dicho riesgo.

c) Los hechos, daños o responsabilidades que no hubieran tenido cobertura en
el seguro si hubiera estado la póliza en vigor.

d) Los episodios de contaminación que sean descubiertos de forma fehaciente
por primera vez, antes de transcurrir tres años desde que tuvo lugar el cese de
la actividad asegurada. A estos efectos, se considera la fecha de cese de la
actividad asegurada aquélla en la que concluyeron las operaciones preceptivas
para el saneamiento o desmantelamiento de las instalaciones a efectos de
prevención de contaminaciones futuras, o bien aquella en la que el asegurado
dejó de llevar a cabo cualquier tipo de actividad en la instalación.

e) Los episodios de contaminación que sean reclamados por primera vez después
de transcurrido el plazo de aplicación previsto en el artículo 4 de la Ley
26/2007, de 23 de octubre.

El Consorcio atenderá con cargo al mismo Fondo las obligaciones que, en los
términos y con los límites de la póliza de seguro, correspondan a aquellos
operadores que la hayan suscrito, y cuya entidad aseguradora hubiera sido
declarada en concurso o, habiendo sido disuelta, y encontrándose en situación de
insolvencia, estuviese sujeta a un procedimiento de liquidación intervenida o
ésta hubiera sido asumida por el propio Consorcio de Compensación de Seguros.

4. Las responsabilidades del Fondo se corresponderán en cada caso con los
importes que, según cada tipo de actividad, hayan sido determinadas de
conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la Ley 26/2007, de 23 de
octubre, y en el caso de las mencionadas en el primer apartado de este artículo
quedarán limitadas, además, al importe total constituido en el mismo.

En el caso de que durante el periodo de vigencia del seguro o los seguros
sucesivos, la suma asegurada se haya modificado, el Fondo cubrirá una suma
asegurada equivalente a la media aritmética de las sumas aseguradas durante los
últimos cinco años, como máximo, en que los seguros han estado vigentes,
contando desde el año en que se produjo el daño medioambiental.

5. No se atenderán con cargo al Fondo las exclusiones de cobertura
contempladas en la póliza de seguro, ni las establecidas en la Ley 26/2007, de
23 de octubre, y en las disposiciones que la desarrollan.

6. Las entidades aseguradoras vendrán obligadas a conservar la información
relativa a los contratos de seguros suscritos para dar cobertura a la garantía
financiera obligatoria, durante el ámbito temporal de la responsabilidad
medioambiental, debiendo poner a disposición del Consorcio esta información
cuando le sea solicitada. La información deberá contener los siguientes datos:

a) Actividad.

b) Nombre del tomador, del operador y el NIF de ambos.

c) Suma asegurada.

d) Períodos de vigencia de la póliza.

e) Condiciones de cobertura.

Sección 3.ª Verificación del análisis de riesgos medioambientales

Artículo 45. Verificación del informe de análisis de riesgos
medioambientales.

1. El operador deberá someter el análisis de riesgos medioambientales a un
procedimiento de verificación, conforme a lo dispuesto en esta sección y demás
normativa aplicable.

2. El proceso de verificación deberá constatar como mínimo, los siguientes
aspectos:

a) El cumplimiento de la norma UNE 150.008 o norma equivalente, que sirva
como referencia.

b) La trazabilidad de los datos de partida empleados para la elaboración del
análisis de riesgos.

c) La garantía de que los modelos, las herramientas y las técnicas utilizadas
en el marco del método establecido por los estándares citados en letra a), gozan
de reconocimiento internacional por parte de la comunidad técnico-científica, o
son considerados como solventes para el ámbito de aplicación del análisis.

Artículo 46. Requisitos mínimos de los verificadores.

1. El verificador deberá cumplir los siguientes requisitos mínimos:

a) Ser independiente del titular de la instalación.

b) Llevar a cabo sus actividades de manera profesional, competente y
objetiva.

c) Conocer la normativa y las directrices pertinentes en materia de
responsabilidad medioambiental y análisis de riesgos, en particular:

1.º La Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental y su
normativa de desarrollo.

2.º Las directrices, recomendaciones o resoluciones interpretativas sobre
prevención y reparación de daños ambientales que en su caso elabore la Comisión
técnica de prevención y reparación de daños medioambientales.

3.º Las normas y directrices pertinentes adoptadas por la Comisión Europea.

4.º La norma UNE 150.008 o normas equivalentes.

d) Estar acreditado por el órgano competente en materia de acreditación.

2. Tanto las actividades de verificación como de acreditación serán
compatibles con las exigencias que derivan de la aplicación de la Directiva
2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre
de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.

Disposición adicional primera. Remisión de información a la Comisión técnica
de prevención y reparación de daños medioambientales.

De conformidad con lo establecido en la disposición adicional quinta de la
Ley 26/2007, de 23 de octubre, las comunidades autónomas informarán a la
Comisión técnica de prevención y reparación de daños medioambientales, con una
periodicidad anual, de los daños medioambientales ocurridos en su territorio y
de los proyectos de reparación aprobados para llevar a cabo su reparación.

Disposición adicional segunda. Régimen económico de la Comisión técnica de
prevención y reparación de daños medioambientales.

La constitución y funcionamiento de la Comisión técnica de prevención y
reparación de daños medioambientales regulada en este reglamento no supondrá
incremento alguno del gasto público y se atenderá con los recursos personales y
materiales existentes en el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino.

Disposición adicional tercera. Adaptación de los seguros existentes.

1. Aquellos titulares de actividades económicas o profesionales que por
disposiciones medioambientales anteriores a la Ley 26/2007, de 23 de octubre,
estén sujetos a la obligación de prestar fianzas o contratar seguros de
responsabilidad que cubran daños a las personas, a las cosas y a la restauración
de los recursos naturales podrán, bien sustituir dichas fianzas y seguros por
otras mediante los que se cubran también las responsabilidades que deriven de la
Ley 26/2007, de 23 de octubre, o complementarlas con esta misma finalidad.

2. Para la fijación de las cuantías que se deban asegurar conforme a la
citada ley, la autoridad competente utilizará los criterios fijados en este real
decreto.

Disposición adicional cuarta. Revisión de los métodos para la fijación de la
cuantía de la garantía financiera y para la reparación del daño medioambiental.

El método establecido en el artículo 33 de este reglamento para la fijación
de la cuantía de la garantía financiera del daño y la metodología de reparación
se revisará por el Gobierno a la luz de la experiencia derivada de su aplicación
cuando haya transcurrido un plazo suficiente para evaluar su idoneidad, y en
todo caso, transcurridos cinco años computados desde que la garantía financiera
obligatoria sea exigible, en el primer caso, y desde la entrada en vigor del
reglamento, en el segundo caso.

Disposición adicional quinta. Reconocimiento de las garantías financieras de
responsabilidad medioambiental de otro Estado miembro de la Unión Europea.

1. En aplicación del principio de libre prestación de servicios
transfronterizos recogido en el art. 49 del Tratado Constitutivo de la Comunidad
Europea, se reconocerán las garantías financieras de responsabilidad
medioambiental equivalentes a las previstas en la Ley 26/2007, de 23 de
octubre, y desarrolladas en este real decreto, de que dispongan los operadores
de las actividades incluidas en el anexo III de la citada Ley establecidos en
otros Estados de la Unión Europea.

El depósito de estas garantías ante la autoridad competente española deberá
ser acompañado de traducción a una lengua oficial en el ámbito territorial de
aquélla, y de una declaración, formulada bajo la responsabilidad de quien la
emita, de cumplir con los requisitos del presente reglamento.

2. Las garantías financieras de responsabilidad medioambiental previstas en
la Ley 26/2007, de 23 de octubre, y desarrolladas en este reglamento, otorgadas
por entidades equivalentes a bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito,
sociedades de garantía recíproca o establecimientos financieros de crédito, así
como por entidades de seguro existentes en otro Estado de la Unión Europea y
autorizadas para operar en España en régimen de derecho de establecimiento o de
libre prestación de servicios, deberán quedar sujetas a la legislación española
y sometidas a la jurisdicción y competencia de los juzgados y tribunales de la
localidad donde tenga su sede la autoridad competente para su depósito.

Disposición adicional sexta. Adaptación de análisis de riesgos ambientales
existentes.

Aquellos titulares de actividades económicas o profesionales que por
disposiciones medioambientales anteriores a la Ley 26/2007, de 23 de octubre,
estén sujetos a la obligación de realizar análisis de riesgos ambientales,
podrán realizar un solo análisis de riesgos siempre que cumpla los objetivos y
los requisitos exigidos tanto en el régimen de responsabilidad medioambiental
como en las normas sectoriales que los prevean.

En el caso de los operadores dispongan ya de análisis de riesgos ambientales
podrán adaptarlos a las exigencias de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, y a lo
dispuesto en este reglamento.

Disposición final primera. Realización de los análisis los riesgos
ambientales.

1. La realización de los análisis de los riesgos medioambientales necesarios
para el cálculo de la cuantía de la garantía financiera prevista en el capítulo
III no deberá llevarse a cabo con carácter obligatorio hasta que se publiquen
las órdenes ministeriales a las que se refiere la disposición final cuarta de la
Ley 26/2007, de 23 de octubre.

2. Los modelos de informe de riesgos ambientales tipo de cada sector o, en su
caso, la guía metodológica correspondiente deberán estar elaborados antes de las
citadas órdenes ministeriales.

Disposición final segunda. Garantías financieras obligatorias por explotación
de instalaciones de residuos de industrias extractivas.

1. La garantía financiera obligatoria regulada en el Capítulo III de este
reglamento deberá tener en cuenta la cobertura otorgada por las garantías
financieras obligatorias a constituir por los titulares de las entidades
explotadoras de las instalaciones de residuos de las industrias extractivas, en
el marco de lo dispuesto en la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la gestión de los residuos de industrias
extractivas y por la que se modifica la Directiva 2004/35/CE, de forma que no se
produzca solapamiento o descubierto.

2. El operador podrá integrar en una sola todas las garantías financieras a
que se refiere el apartado anterior, incluyendo la obligatoria en concepto de
rehabilitación del espacio afectado por la propia explotación y sus servicios e
instalaciones anejos. En tal caso, la cantidad destinada a hacer frente a cada
uno de los riesgos deberá quedar claramente delimitada y fácilmente disponible
del resto de la garantía.

ANEXO I

Aspectos técnicos de la determinación

del daño medioambiental

I. Identificación de los recursos naturales

y servicios afectados

1. Cuando para la identificación de los recursos naturales sea necesario
acudir a modelos de simulación que permitan determinar el comportamiento del
agente en los medios de difusión y valorar la exposición de los recursos, se
utilizarán documentos de referencia acreditados o emitidos por organismos
oficiales. Tendrán dicha condición, entre otros, la Technical Guidance Document
on Risk Assessment (CE, 2003) y la Guidance on Information Requirements and
Chemical Safety Assessment (ECHA, 2008).

Los recursos identificados determinarán la escala de estudio relevante para
la cuantificación del daño. Para definir la escala de estudio deberá tenerse en
cuenta la afección del ecosistema a nivel de individuo, población, hábitat o
comunidad.

Dicha definición condicionará la unidad o unidades de medida a partir de las
cuales se cuantificarán los recursos naturales afectados y que deberán ser
generados a través de la reparación.

2. Para la identificación de los servicios se utilizarán inventarios de
servicios amparados en marcos de referencia objetivos y contrastados
científicamente. Tendrá esta condición, entre otros, el inventario de servicios
propuesto por la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, en el que se basa, a
modo de ejemplo, la siguiente tabla.

Tipos de servicios ambientales que prestan los ecosistemas:

Servicios de base

Servicios necesarios para la producción de los demás servicios de los
ecosistemas:

Ciclo de nutrientes

Formación de suelo

Producción primaria

Servicios de aprovisionamiento

Servicios de regulación

Servicios culturales

Productos que se obtienen de los ecosistemas:

Beneficios que se obtienen de la regulación de los procesos de los
ecosistemas:

Beneficios intangibles que se obtienen de los ecosistemas:

Alimento.

Regulación de la calidad del aire.

Valores espirituales y religiosos.

Fibra.

Regulación del clima.

Valores estéticos.

Combustible.

Regulación del agua.

Recreación y ecoturismo.

Recursos genéticos.

Regulación de la erosión.

Educacionales.

Productos bioquímicos, medicinas naturales, productos farmacéuticos.

Purificación del agua y tratamiento de aguas residuales.

Agua dulce.

Regulación de enfermedades.

Regulación de pestes.

Polinización.

Regulación de los desastres naturales.

Los servicios identificados determinarán, al igual que en el caso de los
recursos, la escala de estudio que es relevante para la cuantificación del daño.

II. Extensión del daño

1. La extensión del daño se medirá en unidades biofísicas del recurso
afectado relativas a la superficie, la masa, el volumen, o el tamaño de la
población, entre otras.

El operador podrá utilizar en dicha tarea modelos de simulación del
transporte y del comportamiento del agente causante del daño en los medios de
difusión y en los receptores.

2. Para la determinación de la extensión del daño a las especies silvestres
se considerará tanto su exposición directa al agente causante del daño, vía
inhalación o ingestión, como su exposición indirecta a través de la cadena
trófica, la atmósfera, el hábitat, el suelo, las aguas y la ribera del mar y de
las rías, entre otros.

3. En caso de que el agente causante del daño sea de tipo químico, el
operador determinará la concentración que puede alcanzar dicha sustancia en el
medio receptor. En la medida de lo posible, el operador establecerá la
distribución de dicha concentración en la superficie afectada.

4. En caso de que el agente causante del daño sea un organismo modificado
genéticamente, la determinación de la extensión del daño se realizará conforme a
lo dispuesto en la Ley 9/2003, de 25 de abril, por la que se establece el
régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y
comercialización de organismos modificados genéticamente y en el Real Decreto
178/2004, de 30 de enero, por el que se aprueba el Reglamento general para su
desarrollo, mediante un análisis al efecto, caso por caso, acreditado por un
organismo oficialmente reconocido.

En la determinación de la extensión del daño ocasionado por organismos
genéticamente modificados se considerará tanto su exposición directa al agente
causante del daño como su exposición indirecta a través de mecanismos tales como
la interacción con otros organismos, la transferencia de material genético o los
cambios en el uso o la gestión. Asimismo se considerarán los efectos acumulados
a largo plazo en los términos en los que se describen en el anexo IV del Real
Decreto 178/2004, de 30 de enero.

III. Intensidad del daño

La estimación de la intensidad del daño se realizará a partir de indicadores
cuantitativos y cualitativos. En caso de no encontrar un indicador adecuado al
efecto, podrá diseñarse una escala que represente en términos de porcentaje las
variaciones de calidad experimentadas por los recursos o servicios afectados.

Para la valoración de forma específica de los efectos sobre las especies
silvestres y la salud humana se considerará cualquier vía de exposición a través
del aire, el agua y el suelo, incluyendo la ingestión, la inhalación y la
absorción.

1. Intensidad del daño ocasionado por un agente de tipo químico.

1.1 En caso de que el agente causante del daño sea una sustancia química, el
nivel de intensidad se medirá en relación con la concentración o dosis límite.
Para ello se considerarán, entre otros aspectos, la concentración que alcanza
dicha sustancia en el receptor afectado, el tiempo de exposición del receptor a
dicha sustancia y la relación de ambos con el umbral de toxicidad.

Con este fin, y en la medida en que técnicamente sea posible, se obtendrá
información sobre los umbrales de toxicidad de los recursos que puedan verse
afectados y que se asocian al agente químico. Dicha información, podrá
obtenerse, entre otras fuentes, de las bases de datos de sustancias químicas que
proporcionan la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA), el
Instituto para la Salud y Protección del Consumidor (Institute for Health and
Consumer Protection) perteneciente al Centro Común de Investigación de la
Comisión Europea (European Commission's Joint Research Centre), tales como
IUCLID (International Uniform Chemical Information Database), SRC (Syracuse
Research Corporation), Chemfinder, IPCS (International Programme on Chemical
Safety) y OECD Existing Chemicals.

En la determinación de la intensidad del daño se distinguirá entre niveles
agudos, crónicos y potenciales, con arreglo a lo establecido en el artículo
2.e).

1.2 En caso de disponer de más de un umbral de toxicidad que permita evaluar
el mismo nivel de intensidad para el mismo receptor y tiempo de exposición, se
escogerá el indicador de menor valor de acuerdo con el principio de precaución.

1.3 En los casos en los que no exista información acerca del umbral de
toxicidad del agente químico, el operador optará justificadamente por una de las
siguientes soluciones:

a) Se realizará un estudio experimental que permita establecer los umbrales
de daño para la sustancia y el receptor que son objeto de estudio, el cual
deberá ser de similares características a las que se contemplan en la
legislación vigente de regulación productos químicos.

b) Se utilizarán los valores umbrales o de concentración límite que se
contemplan en la legislación vigente referente a derrames, vertidos o niveles de
inmisión, en el caso de que no afecten a la salud humana.

c) Se aplicarán valores de otras sustancias cuyas propiedades físicas y
químicas afecten de manera similar al mismo recurso.

2. Intensidad del daño ocasionado por un agente de tipo físico o biológico.

2.1 En caso de que el agente causante del daño sea de tipo físico, para
determinar la intensidad del daño se utilizarán tanto índices como indicadores
de calidad ambiental que permitan estimar la severidad de los efectos
ocasionados sobre el receptor. La determinación de la intensidad del daño podrá
establecerse a partir del coeficiente de variación de dicho indicador antes y
después del daño. En dicha tarea el operador distinguirá, cuando sea posible,
entre los efectos de tipo agudo, crónico y potencial, atendiendo, en el caso de
las especies, al porcentaje de población expuesta al daño que se ha visto
afectada.

2.2 En caso de que el agente causante del daño sea un organismo modificado
genéticamente, la intensidad del daño se caracterizará en función de su
peligrosidad, atendiendo a los siguientes criterios, y a lo establecido en la
Ley 9/2003, de 25 de abril, y en el Real Decreto 178/2004, de 30 de enero:

En el caso de las utilizaciones confinadas:

a) Nivel de intensidad alto: cuando el organismo modificado genéticamente sea
de tipo 3 ó 4, es decir, aquellos que deben utilizarse con un grado de
confinamiento alto o moderado.

b) Nivel de intensidad medio: cuando el organismo modificado genéticamente
sea de tipo 2, es decir, lleve asociado un grado de confinamiento de tipo medio.

c) Nivel de intensidad bajo: cuando el organismo modificado genéticamente sea
de tipo 1, es decir, cuya manipulación requiera un grado de confinamiento de
tipo bajo.

En el caso de las liberaciones voluntarias, la intensidad del daño se
determinará mediante un análisis, caso por caso, acreditado por un organismo
oficialmente reconocido.

IV. Fuentes de información para la determinación

del estado básico

1. La determinación del estado básico constituirá el nivel de referencia al
que se debe llegar mediante la puesta en práctica de las correspondientes
medidas de reparación. El estado básico se determinará a partir de datos de tipo
histórico, de referencia, de control o de cambios experimentados por el receptor
a consecuencia del daño. Los datos podrán emplearse solos o combinados, según el
caso.

2. Se podrán emplear las siguientes fuentes de información:

a) Información recabada sobre el lugar afectado en un periodo de tiempo
anterior a la ocurrencia del daño. Puede comprender, entre otros aspectos,
descripciones ecológicas y geológicas, listas de especies o información
cartográfica y fotográfica.

b) Información que contenga patrones históricos o tendencias en cuanto a la
estructura y funciones del conjunto de los recursos naturales afectados.

c) Información procedente de otras áreas que no están ni se verán afectadas
por el daño, similares y preferentemente adyacentes al lugar afectado, con
respecto a las condiciones fisicoquímicas y a los parámetros ecológicos que son
objeto de estudio.

d) Información relacionada con el lugar afectado procedente de otros
proyectos de reparación sobre los mismos recursos naturales o los servicios de
los recursos naturales que han sido afectados.

ANEXO II

Metodología para el cálculo de las medidas de reparación complementaria y
compensatoria

I. Criterios de equivalencia

1. La aplicación de las medidas de reparación complementaria y compensatoria
implicará la utilización de criterios de equivalencia, conforme a lo dispuesto
en el anexo II de la Ley 26/2007, de 23 de octubre. Los criterios de
equivalencia permiten calcular los recursos naturales y servicios de recursos
naturales que deben generarse mediante la reparación. Se distinguen cuatro tipos
de criterios de equivalencia:

Recurso-recurso: criterio que valora los recursos naturales dañados a partir
del proyecto que proporcione recursos del mismo tipo, cantidad y calidad que los
dañados. La unidad de medida utilizada para determinar los recursos naturales
dañados y los que podrán obtenerse a través de la reparación, es el propio
recurso, al asumir que existe un pleno grado de sustitución entre una unidad de
recurso dañada y la que puede obtenerse mediante la reparación.

Servicio-servicio: criterio que valora los recursos naturales o servicios de
recursos naturales dañados a partir del proyecto que proporcione servicios del
mismo tipo, cantidad y calidad, o calidad ajustable, que los dañados. La unidad
de medida utilizada para determinar los recursos naturales o servicios de los
recursos naturales dañados y aquéllos que podrán obtenerse a través de la
reparación, se expresa en relación con el volumen, la superficie o el hábitat
del recurso afectado y con un parámetro que represente la variación de la
calidad o el nivel de provisión de servicios de dicho recurso en el tiempo. En
este caso, la extensión dañada y la que es objeto de reparación pueden ser
diferentes dado que la finalidad es ajustar el nivel de provisión o la
diferencia de calidad de los servicios entre los recursos dañados y los que se
generen a través de la reparación.

Valor-valor: valoración monetaria que presume que el valor social de los
recursos naturales y los servicios de los recursos naturales dañados es
equivalente al valor social de los beneficios ambientales de otros recursos o
servicios generados a través del proyecto de reparación.

Valor-coste: valoración monetaria que presume que el valor social del daño
medioambiental equivale al coste del proyecto de reparación.

2. La selección del criterio de equivalencia se hará conforme al siguiente
orden de preferencia:

1.º El criterio recurso-recurso o servicio-servicio.

2.º El criterio valor-valor.

3.º El criterio valor-coste.

3. Cada criterio de equivalencia describirá un grado de sustitución entre los
recursos naturales o servicios de los recursos naturales que se han perdido y
los que se pretenden generar mediante la reparación. Su aplicación requerirá
utilizar la misma unidad de medida para determinar, por un lado, la pérdida de
recursos o servicios dañados y, por otro, la ganancia de recursos o servicios
obtenida a través de las medidas de reparación.

II. Selección del criterio de equivalencia

1. La selección del criterio de equivalencia se ajustará a lo establecido en
este apartado II y tendrá en cuenta los siguientes factores:

a) El tipo de los recursos naturales o servicios de los recursos naturales
que se han perdido y se pueden ganar mediante la reparación.

b) La calidad de los recursos naturales o servicios de los recursos naturales
que se han perdido y los que se pueden ganar mediante la reparación.

c) La posibilidad de utilizar la misma unidad de medida para estimar las
pérdidas y las ganancias de los recursos naturales y los servicios de los
recursos naturales.

d) El lugar donde se llevará a cabo la reparación.

e) El coste de la reparación.

2. Se aplicará un criterio de equivalencia de tipo recurso-recurso o
servicio-servicio cuando sea posible proporcionar a través de la reparación el
mismo tipo y la misma calidad, o una calidad ajustable, de recursos o servicios
que los que se han perdido a consecuencia del daño medioambiental.

A efectos de lo dispuesto en este anexo, por calidad de los recursos
naturales se entiende la variación del nivel de provisión de servicios generado
por dichos recursos. Dicha calidad será ajustable cuando pueda incrementarse la
cantidad de recurso para obtener el mismo nivel de provisión de servicios.

2.1 Se aplicará un criterio de equivalencia recurso-recurso cuando exista un
grado de sustitución pleno entre el tipo y la calidad de los recursos naturales
dañados y los que podrán obtenerse a través de la reparación complementaria o
compensatoria.

La equivalencia recurso-recurso podrá realizarse en caso de que no sea
necesario computar la variación en el tiempo de la calidad o del nivel de
provisión de servicios de los recursos naturales afectados y los que podrán
obtenerse a través de la reparación.

La aplicación de un criterio de equivalencia recurso-recurso requerirá
disponer de información relativa a la extensión del recurso natural afectado, a
la duración del daño medioambiental y, en su caso, a las consecuencias sobre la
dinámica de la población afectada y al tiempo hasta que surte efecto la
reparación.

2.2 Se utilizará un criterio de equivalencia servicio-servicio en caso de que
se dé alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que los recursos naturales dañados y aquéllos que se obtengan a través de
la reparación complementaria o compensatoria sean de calidad significativamente
diferente o de calidad no ajustable.

b) Que la reparación complementaria o compensatoria genere recursos naturales
o servicios de recursos naturales de distinto tipo pero comparables a los
dañados. A estos efectos, los recursos serán comparables en caso de que sea
posible estimar la tasa de intercambio entre los recursos naturales o servicios
de los recursos naturales dañados y los que podrán obtenerse a través de la
reparación, conforme establece el epígrafe VIII.

3. Para la aplicación del criterio servicio-servicio será necesaria, además
de la información exigida para aplicar una equivalencia de tipo recurso-recurso,
la relativa a la variación de la calidad o del nivel de provisión de servicios
de los recursos dañados y de los que se podrán obtener a través de la
reparación.

4. Se aplicará un criterio de equivalencia de tipo valor-valor en los
siguientes supuestos:

a) que no sea posible adoptar un criterio de equivalencia de tipo
recurso-recurso o servicio-servicio;

b) que su aplicación implique un coste desproporcionado, o bien,

c) que no se puedan estimar las tasas de intercambio entre los recursos
naturales o servicios de los recursos naturales perdidos y los ganados a través
de la reparación.

5. Se aplicará un criterio de equivalencia de tipo valor-coste en caso de que
no sea posible estimar el valor social de los recursos naturales o los servicios
de los recursos que podrán generarse a través del proyecto de reparación o
cuando dicha valoración no pueda realizarse en un plazo o con unos costes
razonables.

III. Análisis de equivalencia de recursos

1. Los criterios de equivalencia recurso-recurso y servicio-servicio se
aplicarán mediante el método basado en el análisis de equivalencia de recursos.

El Análisis de Equivalencia de Recursos es una herramienta metodológica para
calcular la cantidad de recursos y servicios similares a los dañados que deben
generarse a través de la reparación complementaria y compensatoria.

La pérdida de recursos y servicios que sea reversible se compensará mediante
una reparación compensatoria y las pérdidas irreversibles o cuya reparación no
pueda llevarse a cabo en un periodo de tiempo razonable, se repararán mediante
medidas complementarias.

El análisis de equivalencia de recursos recibe el nombre de análisis de
equivalencia de hábitat cuando la unidad de medida utilizada para estimar las
pérdidas y las ganancias de recursos naturales o servicios se exprese en función
de la cantidad de hábitat de los servicios que éste presta.

2. El operador determinará tanto las pérdidas provisionales como las e
irreversibles de recursos naturales o servicios de los recursos naturales
acaecidas a consecuencia del daño medioambiental hasta que alcancen el estado
básico, y las ganancias de recursos o servicios obtenidas mediante la
reparación.

3. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se identificarán una o
más unidades de medida a partir de las cuales el operador estimará las pérdidas
en el lugar del daño de los recursos naturales o de los servicios, y las
ganancias de dichos recursos o servicios en el lugar donde se lleve a cabo la
reparación. Las unidades de medida empleadas para estimar dichas pérdidas y
ganancias serán las mismas y podrán consistir en un indicador ecológico
cuantitativo, cualitativo, mono-atributo o multi-atributo, según el caso,
debiendo coincidir, en la medida en que sea posible y adecuado, con los
indicadores que han sido empleados para caracterizar el daño durante el proceso
de cuantificación.

4. La estimación de las pérdidas de los recursos naturales o de los servicios
se realizará descontando al año de referencia (entendiendo por tal el año de
reclamación) el flujo de pérdidas y el flujo de ganancias de dichos recursos o
servicios generadas por el proyecto de reparación.

A tal efecto, y con carácter general, el operador tomará un valor de
referencia de la tasa de descuento del 75 por ciento del tipo de interés medio
de la última subasta de obligaciones del Estado a 10 años, anterior al momento
de la reclamación. En ningún caso el valor de referencia de la tasa de descuento
podrá ser inferior al 1 por ciento.

En caso de que el horizonte temporal de reparación sea superior a 30 años, se
empleará un método de descuento de tipo hiperbólico, es decir, basado en una
tasa de descuento variable y decreciente con el tiempo.

IV. Estimación de las pérdidas de recursos naturales

o de servicios de los recursos naturales

1. El operador deberá estimar el nivel de los recursos naturales o de los
servicios dañados desde que se produce el daño medioambiental hasta el momento
previsto para que la reparación primaria surta efecto, incluida en su caso la
estimación de las pérdidas irreversibles de recursos o servicios si el estado
básico no puede ser alcanzado. Dicha tarea se realizará para la extensión del
medio receptor afectado, generalmente medida en unidades de recurso o por unidad
de volumen, superficie o hábitat perdido, con el fin de obtener el nivel de
pérdida de recursos o servicios del lugar dañado descontado en el tiempo, de
acuerdo con la tasa prevista en este anexo.

Esta estimación recibirá el nombre de débito medioambiental, siendo el débito
medioambiental total el resultado de sumar los débitos de todos los años desde
que tiene lugar el daño medioambiental hasta que los recursos naturales o los
servicios de los recursos naturales recuperan su estado básico.

2. Para el cálculo del débito medioambiental se determinará la tasa de
recuperación de los recursos naturales o de los servicios que éstos prestan
hasta que surte efecto la reparación primaria. La selección de la tasa de
recuperación dependerá de la unidad de medida que se haya escogido para la
estimación en el tiempo de las pérdidas de los recursos naturales o de los
servicios. Para realizar calcular dicha tasa, el operador podrá optar por
utilizar un análisis probabilístico de los factores ambientales que influyen en
el cálculo del débito o considerar el peor escenario posible, de acuerdo con el
principio de precaución, entre otras posibilidades.

3. En caso de que la reparación primaria no esté basada en la recuperación
natural, el cálculo del débito medioambiental total incluirá, la posible pérdida
de calidad ambiental que pudiera experimentar el receptor afectado, a
consecuencia de la intervención en el lugar del daño.

4. El cálculo del débito medioambiental total deberá tener en cuenta tanto el
escenario basado en un horizonte de recuperación limitado en el tiempo hasta que
los recursos naturales o los servicios recuperen su estado básico, como el
escenario basado en una pérdida irreversible de recursos naturales o de
servicios de los recursos naturales dañados, en el caso de que el estado básico
no pueda ser alcanzado.

V. Estimación de las ganancias de recursos naturales o de servicios de los
recursos naturales obtenidas mediante la reparación complementaria o
compensatoria

1. El operador deberá estimar el nivel de los recursos naturales o de los
servicios que se generarán a través de la reparación complementaria y
compensatoria. Dicha estimación representará los beneficios potenciales, en
términos biofísicos, que podrá generar cada alternativa de reparación en el
tiempo.

En dicha tarea se deberán concretar los siguientes aspectos:

a) El momento a partir del cual empezarán a computarse las ganancias de los
recursos naturales o de los servicios que éstos prestan. Se podrá elegir, entre
otras opciones, por el momento en el que se ha culminado la reparación primaria,
el momento en que comienza la reparación complementaria o la compensatoria, o
cuando dichas medidas reparadoras empiezan a surtir efecto.

b) El perfil de generación de los recursos naturales o de los servicios de
los recursos naturales durante la reparación complementaria y compensatoria, y
el horizonte temporal hasta que surten efecto dichas medidas. A estos efectos,
el operador podrá apoyarse, entre otras opciones, en modelos de «puntos de paso»
para determinadas fechas o ajustar el perfil a una función de tipo logística,
lineal o exponencial, según el caso.

c) El tiempo en el que se mantiene el nivel de recursos naturales o de
servicios de los recursos naturales generados a través de la reparación
complementaria o compensatoria.

2. Las ganancias de recursos naturales o de servicios que se generen mediante
la reparación complementaria o compensatoria deberán ser descontadas en el
tiempo y estimadas en unidades de recurso o por unidad de volumen, de superficie
o de hábitat creado, según el caso. Su estimación recibirá el nombre de crédito
medioambiental. El crédito medioambiental total el resultado de sumar los
créditos de todos los años desde que empiezan a computarse las ganancias de
recursos o servicios, hasta que el beneficio acumulado de dichos recursos o
servicios, sea igual a la pérdida de recursos naturales o de servicios de los
recursos naturales ocasionada por el daño medioambiental. Dicho beneficio
acumulado se representa generalmente mediante un porcentaje calculado respecto
al total del servicio que hay que generar a través de esta reparación.

En dicha tarea se utilizará la misma tasa de descuento y el mismo año base
(que será el año de reclamación) empleados para estimar la pérdida de recursos o
servicios a los que se refiere los apartados IV y VI de este anexo.

3. La previsión del crédito medioambiental generado por la reparación
complementaria o compensatoria se realizará tomando como referencia la misma
unidad de medida que se haya escogido para la estimación en el tiempo de las
pérdidas de los recursos naturales o de los servicios. A estos efectos, su
estimación vendrá dada por la variación que experimente la unidad de medida a
consecuencia de la acción reparadora, en relación con el nivel de recursos
naturales o de servicios de los recursos naturales que existiría en el lugar
donde se lleva a cabo la reparación en caso de que el daño medioambiental no se
hubiera producido.

VI. Ajuste de las pérdidas y las ganancias de recursos naturales o de
servicios de los recursos naturales

1. El operador deberá ajustar las pérdidas de los recursos naturales o de
servicios de los recursos naturales acaecidas en el lugar del daño con las
ganancias de dichos recursos o servicios que podrían obtenerse, por proyecto o
unidad de superficie reparada, mediante la reparación complementaria o
compensatoria. El objetivo de dicha tarea será estimar la cantidad de reparación
requerida para compensar el daño medioambiental.

2. El ajuste de la reparación vendrá determinado por el cociente entre el
débito medioambiental total y el crédito medioambiental total.

El resultado del cociente indicará la cantidad de reparación complementaria o
compensatoria requerida en unidades de recurso o por unidad de volumen, de
superficie o de hábitat creado, según el caso.

VII. Técnicas de valoración alternativas

1. La aplicación de los criterios de equivalencia valor-valor y valor-coste
se llevará a cabo mediante el empleo de las técnicas de valoración que ofrece el
análisis económico. A estos efectos y en caso necesario, se podrá aplicar el
método de transferencia de resultados, que permite adaptar experiencias de
valoración ya existentes al caso de estudio.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, la aplicación de un
criterio de equivalencia valor-valor y valor-coste podrá realizarse siguiendo la
metodología del análisis de equivalencia, siempre que la unidad de medida
utilizada para cuantificar el débito medioambiental y el crédito medioambiental
sea monetaria.

3. Las técnicas de valoración alternativas pueden ser directas, como es el
caso de la valoración contingente, o indirectas, tales como las basadas en el
coste de reposición, la función de producción, el coste de viaje y los precios
hedónicos, entre otros.

Las técnicas de valoración indirecta o de preferencias reveladas permiten
medir la importancia que se concede a la variación en la calidad de un
determinado servicio ambiental, dependiendo de la relación entre los bienes y
servicios ambientales objeto de valoración y otros bienes y servicios o insumos
productivos que circulan en el mercado.

Las técnicas de valoración directa o de preferencias declaradas buscan
acceder al valor de los servicios ambientales cuando no es posible determinar la
relación entre la valoración que hace una persona de un bien o servicio
ambiental y el comportamiento en mercados reales de los bienes y servicios con
los que está relacionado dicho bien o servicio. Estas técnicas consisten en
preguntar directamente a las personas afectadas por el valor que otorgan a los
cambios en su bienestar asociados a la modificación en las condiciones de oferta
de un bien o servicio ambiental.

VIII. Tasa de intercambio entre recursos o servicios perdidos y los ganados a
través de la reparación

1. El operador determinará la tasa de intercambio para ajustar los recursos
naturales o servicios de los recursos naturales perdidos y los que se obtendrán
a través de la reparación complementaria o compensatoria, cuando se dé alguna de
las siguientes circunstancias:

a) que los recursos o servicios obtenidos a través de la reparación sean de
distinto tipo a los dañados. En el supuesto de que en este caso sea posible
identificar la tasa de intercambio, los recursos o servicios obtenidos mediante
la reparación serán diferentes, pero comparables, a los dañados.

b) que el proyecto de reparación conlleve la generación de varios recursos
naturales o servicios de recursos naturales que alcancen su estado básico en
diferente momento del tiempo o en diferente proporción a la perdida
originalmente. En este supuesto la tasa de intercambio estará dirigida a
homogeneizar los recursos o servicios que se obtengan a través de la reparación.

2. La metodología para calcular las tasas de intercambio entre los recursos o
servicios perdidos y los que se obtendrán mediante la reparación podrá basarse
tanto en criterios biofísicos, como por ejemplo la productividad del hábitat,
como en estudios que reflejen las preferencias sociales. Se entenderá por
preferencias sociales el conjunto de satisfacciones, deseos o valores por los
que las personas y, por extensión, la sociedad se inclina, en lo relativo a los
recursos naturales y los servicios ambientales que éstos prestan. En supuesto de
que se opte por la utilización de estudios que reflejen las preferencias
sociales, la estimación de la tasa de intercambio se realizará mediante las
siguientes técnicas de valoración económica, atendiendo al siguiente orden de
preferencia:

a) En primer lugar, el coste de reposición.

b) En segundo lugar, la valoración basada en preferencias reveladas.

c) En tercer lugar, la valoración basada en preferencias declaradas.

3. El cálculo de las tasas de intercambio basado en el coste de reposición se
realizará atendiendo al coste de proyectos de reparación conocidos, de forma que
el número de proyectos duplique, al menos, el número de tasas de intercambio de
distintas combinaciones de recursos naturales o servicios de recursos naturales
que se hayan de estimar. Dicha tarea se realizará mediante la resolución del
sistema de ecuaciones sobredimensionado resultante, es decir que tenga un mayor
número de ecuaciones que de incógnitas.

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