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24/12/2008

Documento BOE-A-2008-20751

Boletín Oficial del Estado: 24 de diciembre de 2008, Núm. 309

I. Disposiciones generales

Ministerio de Vivienda

REAL DECRETO 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se
regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.

Rango: Real Decreto

Referencia: BOE-A-2008-20751

Páginas: 51909 a 51937 – 29 págs.

Contenido de la disposición:

PDF de la
disposición

Ampliación documental:

Análisis
jurídico

Nota: El texto que se muestra a continuación se ha obtenido
mediante una transformación del documento impreso oficial y auténtico.

Texto

La política de vivienda en España a finales del año 2008 está
marcada por dos grandes frentes de atención; por un lado, por las todavía graves
dificultades de acceso a la vivienda de una parte muy importante de la
población, como resultado del largo período de alzas de precios de la vivienda
(1996-2007) muy por encima de la inflación y, en consecuencia, por encima de la
evolución de los salarios; y, por otro lado, por un severo escenario económico y
financiero, una de cuyas manifestaciones más evidentes está siendo la retracción
tanto de la demanda como de la oferta de viviendas. En este complejo marco de
requerimientos, el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación para el período
2009-2012, ha partido de un análisis riguroso de la situación de necesidad de
vivienda de la población española, insertando este estudio en la particular
situación del sector de la vivienda, en relación con el sector financiero y el
global de la edificación. Ante esta realidad, el Plan quiere poner de relieve
que uno de los retos más sensibles de la sociedad actual es velar por la
sostenibilidad y eficiencia de toda actividad económica y que, por lo tanto,
debe optimizarse el uso de la producción ya existente de viviendas a la hora de
atender las necesidades sociales de la población, pero, simultáneamente, no
quiere olvidar que el primer cometido de toda política de vivienda es asegurar
una producción suficiente de viviendas para las necesidades de alojamiento de la
población, y que por ello deben establecerse actuaciones tendentes a evitar
estrangulamientos de oferta a medio y largo plazo en el sector. En relación con
la rehabilitación urbana, se asumen las recomendaciones establecidas en la Carta
de Leipzig sobre Ciudades Europeas Sostenibles (aprobada con ocasión de la
Reunión Informal de Ministros sobre Desarrollo Urbano y Cohesión Territorial
celebrada en Leipzig el 24/25 de mayo de 2007), y en la Resolución del
Parlamento Europeo «El seguimiento de la Agenda Territorial de la UE y de la
Carta de Leipzig: Hacia un programa de acción europea para el desarrollo
espacial y la cohesión territorial», aprobada el 21 de febrero de 2008, en las
que se recomienda hacer un mayor uso de los enfoques relacionados con una
política integrada de desarrollo urbano y prestar especial atención a los
barrios vulnerables o desfavorecidos dentro del contexto global de la ciudad.
También es deseable que las actuaciones de rehabilitación urbana integrada
descansen y sean respaldadas por un proceso de participación y concertación
social y ciudadana en la determinación de los objetivos y en las acciones
estratégicas, así como en el seguimiento y la gestión de las mismas. Conforme a
ello, el Plan nace con una doble voluntad estratégica: Desde un punto de vista
estructural, establece unas bases estables de referencia a largo plazo de los
instrumentos de política de vivienda dirigidos a mejorar el acceso y uso de la
vivienda a los ciudadanos con dificultades. Desde un punto de vista coyuntural,
aborda, a diferencia de otros planes de vivienda, la realidad concreta en la que
se halla inmerso el ciclo de la vivienda, que, por un lado, exige medidas
coyunturales decididas para evitar un mayor deterioro de la situación, pero por
otro, brinda la oportunidad de lograr una asignación eficiente de los recursos
destinando la producción sobrante de viviendas a cubrir las necesidades de la
población. El diseño de los planes de vivienda de alcance estatal sólo puede
concebirse hoy a partir de un diálogo fructífero entre comunidades autónomas y
gobierno del Estado, compartiendo objetivos y responsabilidad. El reconocimiento
de la diversidad territorial y la ductilidad de los instrumentos generales o de
su procedimiento de aplicación para adaptarse a los que las comunidades
autónomas han ido estableciendo, constituyen dos principios orientadores de la
normativa estatal, para asegurar la máxima eficacia social de las políticas de
vivienda en cada comunidad y por tanto en el conjunto del territorio del Estado.
El Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, consciente de esta
situación, ha sido diseñado y elaborado en intensa colaboración entre el
Ministerio de Vivienda, las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla,
a partir de un debate sobre la determinación de cuáles deben ser los parámetros
que garanticen la igualdad de oportunidades efectiva de todos los ciudadanos
ante la vivienda, adecuando los medios a las diferentes realidades existentes en
el Estado. También, sobre la forma de gestión interna del propio Plan que
permita la máxima flexibilidad entre actuaciones, con el fin de que los
objetivos fijados por cada comunidad puedan cubrirse de forma ágil en el tiempo.
Desde la perspectiva de la demanda, el Plan Estatal aborda las condiciones de
accesibilidad de los hogares españoles a la vivienda, es decir, la relación
entre precios de mercado -de alquiler y de compra- y la capacidad económica de
los hogares, para asegurar las estrategias e instrumentos adecuados al fin
social de toda política de vivienda, reconocido en la Constitución Española, que
es crear las condiciones para hacer efectivo el derecho a la vivienda de toda la
población. Por el lado de la oferta el Plan se hace eco, tras un largo período
en el que los volúmenes de producción de viviendas han estado muy por encima de
las estrictas necesidades de alojamiento de la población, que hoy se produce un
doble fenómeno: de acumulación de viviendas ya acabadas o en curso de
construcción con dificultades de comercialización por retraimiento de la
demanda, y el freno drástico de la nueva producción de viviendas. De cara a
fijar sus líneas estructurales, el Plan se plantea una serie de objetivos
políticos de primera magnitud:

1. Garantizar a todas las familias y ciudadanos la libertad de
elegir el modelo de acceso a la vivienda que mejor se adapte a sus
circunstancias, preferencias, necesidades o capacidad económica, estableciendo
que el alquiler sea posible para los mismos niveles de renta que los definidos
para el acceso a la propiedad.

2. Lograr que el esfuerzo de las familias para acceder a una
vivienda no supere la tercera parte de sus ingresos. 3. Facilitar que la
vivienda protegida se pueda obtener tanto por nueva promoción, como por
rehabilitación del parque existente, permitiendo la calificación como vivienda
protegida de aquella que está desocupada y tiene un régimen jurídico de origen
libre, o fomentando la rehabilitación de viviendas existentes con voluntad de
destinarlas a vivienda protegida. 4. Conseguir que del total de actuaciones
relacionadas con la oferta de vivienda protegida -de nueva producción, o de
reconversión del parque existente- no menos del 40 por ciento sea destinada al
alquiler. 5. Establecer las condiciones que garanticen a los ciudadanos el
acceso a la vivienda en condiciones de igualdad, impulsando la creación de
registros públicos de demandantes de vivienda acogida a algún régimen de
protección pública y que toda la producción de viviendas protegidas sea
adjudicada con criterios de transparencia, publicidad y concurrencia,
controlados por la administración pública. 6. Mantener un régimen jurídico de la
protección pública de las viviendas (y, por lo tanto, de control de precios y
adjudicaciones), de larga duración, que, en el caso de los suelos públicos o de
reserva obligatoria para vivienda de protección que exige el texto refundido de
la Ley del Suelo, y las diversas leyes que en su caso han establecido las
comunidades autónomas, será permanente y estará vinculado a la calificación del
suelo, con un plazo no menor de treinta años. 7. Alentar la participación e
implicación de los ayuntamientos en el Plan de Vivienda, contribuyendo, entre
otros aspectos, con la oferta de suelos dotacionales para la construcción de
alojamientos `para colectivos específicos y especialmente vulnerables, el
fomento de áreas de rehabilitación y de renovación urbana, y la potenciación de
las actuaciones prioritarias de urbanización de suelo con destino a la
construcción preferente de viviendas protegidas en alquiler. 8. Reforzar la
actividad de rehabilitación y mejora del parque de viviendas ya construido,
singularmente en aquellas zonas que presentan mayores elementos de debilidad,
como son los centros históricos, los barrios y centros degradados o con
edificios afectados por problemas estructurales, los núcleos de población en el
medio rural, y contribuir, con las demás administraciones, a la erradicación de
la infravivienda y el chabolismo. 9. Orientar todas las intervenciones tanto en
la construcción de nuevas viviendas protegidas como en actuaciones de
rehabilitación sobre el parque de viviendas construido hacia la mejora de su
eficiencia energética y de sus condiciones de accesibilidad. 10. Garantizar que
la atención pormenorizada a los ciudadanos en su relación con el acceso o la
rehabilitación de sus viviendas se haga extensiva a todos los rincones del
territorio, mediante el establecimiento de oficinas o ventanillas de información
y de ayuda en la gestión, coordinadas por las comunidades autónomas. Con objeto
de impulsar el Plan RENOVE de edificios y viviendas y procurar una mayor
agilidad en su gestión, en coordinación con los objetivos que en el mismo marco
desarrolla el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, se incluyen en el
Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 las ayudas de este Plan
destinadas a la utilización de energías renovables, la mejora de la eficiencia
energética y accesibilidad de los edificios existentes y al impulso de una mayor
calificación energética en las nuevas construcciones. Los ejes que el Plan
desarrolla en programas, de cara a estos objetivos son: 1) La promoción de
viviendas protegidas para compra, uso propio o destinadas al alquiler, también
con opción de compra, y la promoción de alojamientos para colectivos específicos
o especialmente vulnerables. 2) Las ayudas a los demandantes de vivienda. 3) Las
áreas de rehabilitación integral y de renovación urbana en centros históricos,
centros urbanos y barrios degradados y municipios rurales, así como las ayudas
para la erradicación de la infravivienda y el chabolismo. 4) Las ayudas RENOVE a
la rehabilitación, pero también en la promoción de nuevas viviendas, mejorando
la eficiencia energética y accesibilidad universal para las personas con
discapacidad, 5) Las ayudas para adquisición y urbanización de suelo para
vivienda protegida, y 6) Las ayudas a instrumentos de información y gestión del
Plan. Por lo que respecta a la necesidad de abordar aspectos de carácter
coyuntural para hacer frente a la particular situación del ciclo inmobiliario,
el Plan incluye algunas medidas que también podrán tener validez a medio o largo
plazo, y un conjunto de medidas claramente ceñidas al corto plazo y acotadas en
su temporalidad. Entre las primeras, sobresalen las relativas a articular al
alquiler con opción de compra, y, entre las segundas, situadas por su propio
contenido, entre las disposiciones transitorias del Plan, todas las relacionadas
con la concesión de facilidades para reconvertir viviendas libres en protegidas,
en las diversas modalidades de régimen especial, régimen general o precio
concertado. En su virtud, a propuesta de la Ministra de Vivienda y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 12 de diciembre de
2008,

D I S P O N G O:

TÍTULO I

Condiciones generales del Plan Estatal de Vivienda y
Rehabilitación 2009-2012

Artículo 1. Beneficiarios de las ayudas del Plan.

1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas, quienes cumplan los
requisitos previstos en este Real Decreto, exigibles en general y para cada tipo
de actuación protegida.

2. Se consideran beneficiarios con derecho a protección
preferente los colectivos siguientes, definidos por la legislación específica
que, en cada caso, les resulte de aplicación:

a) Unidades familiares con ingresos que no excedan de 1,5 veces
el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (en adelante, IPREM), a
efectos del acceso en alquiler a la vivienda, y de 2,5 veces el mismo indicador,
a efectos del acceso en propiedad a la vivienda.

b) Personas que acceden por primera vez a la vivienda. c)
Jóvenes, menores de 35 años. d) Personas mayores de 65 años. e) Mujeres víctimas
de la violencia de género. f) Víctimas del terrorismo. g) Afectados por
situaciones catastróficas. h) Familias numerosas. i) Familias monoparentales con
hijos. j) Personas dependientes o con discapacidad oficialmente reconocida, y
las familias que las tengan a su cargo. k) Personas separadas o divorciadas, al
corriente del pago de pensiones alimenticias y compensatorias, en su caso. l)
Personas sin hogar o procedentes de operaciones de erradicación del chabolismo.
m) Otros colectivos en situación o riesgo de exclusión social determinados por
las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla.

3. No podrán acogerse a la financiación de este Plan quienes
incurran en alguna de las prohibiciones previstas para la condición de
beneficiario en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de
Subvenciones.

Artículo 2. Actuaciones protegidas.

Podrán ser actuaciones protegidas, cuando cumplan las
condiciones establecidas en este Real Decreto: 1. La promoción de viviendas
protegidas de nueva construcción, o procedentes de la rehabilitación, destinadas
a la venta, el uso propio o el arrendamiento, incluidas, en este último
supuesto, las promovidas en régimen de derecho de superficie o de concesión
administrativa, así como la promoción de alojamientos protegidos para grupos
especialmente vulnerables y otros grupos específicos.

2. El alquiler de viviendas nuevas o usadas, libres o
protegidas, así como la adquisición de viviendas protegidas de nueva
construcción para venta, y la de viviendas usadas, para su utilización como
vivienda habitual del adquirente. 3. La rehabilitación de conjuntos históricos,
centros urbanos, barrios degradados y municipios rurales; la renovación de áreas
urbanas y la erradicación de la infravivienda y del chabolismo. 4. La mejora de
la eficiencia energética y de la accesibilidad y la utilización de energías
renovables, ya sea en la promoción, en la rehabilitación o en la renovación de
viviendas y edificios. 5. La adquisición y urbanización de suelo para vivienda
protegida. 6. La gestión del Plan y la información a los ciudadanos sobre el
mismo.

Todas estas actuaciones protegidas se instrumentan a través de
los ejes y programas que se relacionan en el artículo 21 de este Real Decreto.

Artículo 3. Condiciones generales de los demandantes de
vivienda y financiación.

1. Los demandantes de viviendas y financiación acogidas a este
Real Decreto, deberán reunir las siguientes condiciones generales, sin perjuicio
de las que puedan establecer adicionalmente las comunidades autónomas y ciudades
de Ceuta y Melilla: a) No ser titulares del pleno dominio o de un derecho real
de uso o de disfrute sobre alguna vivienda sujeta a protección pública en
España, salvo que la vivienda resulte sobrevenidamente inadecuada para sus
circunstancias personales o familiares, y siempre que se garantice que no poseen
simultáneamente más de una vivienda protegida.

Tampoco podrán ser titulares de una vivienda libre, salvo que
hayan sido privados de su uso por causas no imputables a los interesados, o
cuando el valor de la vivienda, o del derecho del interesado sobre la misma,
determinado de acuerdo con la normativa del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales, exceda del 40 por ciento del precio de la vivienda que se
pretende adquirir. Este valor se elevará al 60 por ciento en los supuestos a los
que se refieren las letras d), e), f), h), i), j) y k), del apartado 2 del
artículo 1. Si la normativa propia de las comunidades autónomas y ciudades de
Ceuta y Melilla así lo dispone, los demandantes habrán de aportar una
certificación catastral descriptiva y gráfica de que no reúnen la condición de
titulares de inmuebles en todo el territorio de régimen común. b) Estar inscrito
en un registro público de demandantes, creado y gestionado de conformidad con lo
que disponga la normativa de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y
Melilla sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición Transitoria sexta. c)
Disponer de unos ingresos familiares mínimos que exijan, en su caso, las
comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla. d) No superar los ingresos
familiares máximos establecidos en cada programa de este Real Decreto, respecto
a las ayudas financieras estatales, y, en el siguiente cuadro, respecto del tipo
de viviendas protegidas:

Tipos de viviendas protegidas para venta,
alquiler y alquiler con opción de compra

Ingresos familiares máximos de los adquirentes e
inquilinos (en número de veces el Indicador Público de Rentas de Efectos
Múltiples (en adelante, IPREM)

Régimen especial

2,5

Régimen general

4,5

Régimen concertado

6,5

e) Que la actuación para la que se solicita financiación haya
sido calificada como protegida, por las comunidades autónomas y ciudades de
Ceuta y Melilla, en el marco de este Real Decreto. f) No haber obtenido ayudas
financieras ni préstamo convenido para el mismo tipo de actuación, al amparo de
planes estatales o autonómicos de vivienda, durante los diez años anteriores a
la solicitud actual. Se entenderá que se ha obtenido préstamo convenido cuando
el mismo haya sido formalizado. Y que se han obtenido ayudas financieras, cuando
se haya expedido la resolución administrativa reconociendo el derecho a las
mismas. Las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla podrán
establecer excepciones a esta norma, en supuestos en los que la nueva solicitud
de financiación responda a motivos suficientemente fundamentados. En todo caso,
la obtención de nueva financiación requerirá la cancelación previa o simultánea
del préstamo anteriormente obtenido, y la devolución de las ayudas financieras
percibidas.

2. Las condiciones incluidas en el apartado 1 deberán
cumplirse en el momento que determine la normativa propia de las comunidades
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla o, en su defecto, cuando el interesado
se inscriba en el registro de demandantes, sin perjuicio de que pueda
comprobarse nuevamente en el momento de la adjudicación de la vivienda o de la
solicitud de las ayudas.

3. Los siguientes grupos de demandantes se regirán por las
condiciones específicas que se establecen en los correspondientes programas:

a) Los adquirentes de su primera vivienda en propiedad.

b) Los inquilinos acogidos a los supuestos de cesión temporal
establecidos en este Real Decreto. c) Los inquilinos incluidos en programas de
alojamientos para colectivos especialmente vulnerables y otros colectivos
específicos. d) Los solicitantes de ayudas para actuaciones de rehabilitación.

Artículo 4. Determinación y acreditación de los ingresos
familiares.

1. La determinación de la cuantía de los ingresos familiares se
efectuará del modo siguiente: a) Se partirá de la cuantía de la base imponible
general y del ahorro, reguladas en los artículos 48 y 49 respectivamente, de la
Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, correspondiente a la declaración o declaraciones presentadas por cada
uno de los miembros de la unidad familiar relativa al último período impositivo
con plazo de presentación vencido, en el momento de la solicitud de préstamo
convenido o ayudas financieras a la vivienda. Si el solicitante no hubiera
presentado declaración, por no estar obligado a ello, las comunidades autónomas
y ciudades de Ceuta y Melilla podrán solicitar otras informaciones, incluyendo
una declaración responsable del solicitante, que les permitan evaluar los
ingresos familiares.

b) La cuantía resultante se convertirá en número de veces el
IPREM en vigor durante el período al que se refieran los ingresos evaluados. c)
El número de veces del IPREM resultante podrá ser ponderado mediante la
aplicación, por parte de las comunidades autónomas o ciudades de Ceuta y
Melilla, de un coeficiente multiplicador único, comprendido entre 0,70 y 1, en
función de:

1.º El número de miembros de la unidad familiar, en especial,
si se trata de alguno de los grupos a que se refieren las letras h), i) y j) del
apartado 2 del artículo 1.

2.º La ubicación de la vivienda en un ATPMS. 3.º Otros factores
determinados por las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla.

2. Cuando se trate de promotores para uso propio agrupados en
cooperativas o en comunidades de propietarios, para adquisición de viviendas, el
solicitante individual tendrá que acreditar de nuevo sus ingresos, en la forma
indicada, al solicitar la subsidiación del préstamo que le corresponda
directamente o por subrogación en el obtenido por la cooperativa o comunidad de
propietarios a la que pertenezca.

A estos efectos, se considerará que cumple las condiciones para
obtener ayudas financieras, si los ingresos familiares nuevamente acreditados no
superan en más de un 20 por ciento a los que se determinan en este Real Decreto
para cada tipo y tramo de ayudas financieras. En el supuesto de que se superara
dicho porcentaje, el solicitante individual podrá adquirir y ocupar la vivienda
en cuestión, sin derecho a ayudas económicas directas. Respecto de los restantes
demandantes de vivienda y financiación que sean objeto de la nueva comprobación
prevista en el apartado 2 del artículo anterior, se considerará que cumplen las
condiciones para acceder a la vivienda y obtener ayudas financieras, si los
ingresos familiares nuevamente acreditados no superan en más de un 10 por ciento
a los que se determinan en este Real Decreto para cada tipo de vivienda y tramo
de ayuda financiera. 3. La solicitud de ayudas financieras habilitará a la
Administración pública competente para solicitar toda la información necesaria,
en particular la de carácter tributario o económico que fuera legalmente
pertinente, en el marco de la colaboración que se establezca con la Agencia
Estatal de Administración Tributaria o con otras Administraciones públicas
competentes.

Artículo 5. Destino y ocupación de las viviendas. Limitaciones
a la facultad de disponer. Derechos de tanteo y retracto.

1. Sólo podrán acogerse a la financiación del Plan las
viviendas adquiridas para uso propio y las promovidas o rehabilitadas para uso
propio o para alquiler, que cumplan los requisitos siguientes: a) Destinarse a
residencia habitual y permanente del propietario o del inquilino, y estar
ocupadas por los mismos dentro de los plazos establecidos en la legislación
aplicable.

Se exceptúan las viviendas destinadas por las Administraciones
públicas y organizaciones sin ánimo de lucro al alojamiento temporal de
colectivos especialmente vulnerables determinados por las comunidades autónomas
y ciudades de Ceuta y Melilla, y a realojos temporales derivados de actuaciones
de transformación urbanística. b) La transmisión «ínter vivos» o cesión del uso
de las viviendas y de sus anejos, por cualquier título, antes del transcurso de
10 años desde la fecha de la formalización de la adquisición, requerirá
autorización de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, que
podrá otorgarse en los supuestos y según las condiciones y procedimientos
establecidos por éstas, salvo en caso de subasta y adjudicación de la vivienda
por ejecución judicial del préstamo. Durante el mismo plazo, se requerirá la
previa cancelación del préstamo y, si se hubieran obtenido ayudas financieras,
el reintegro de las mismas a la Administración concedente, más los intereses
legales. c) La transmisión ínter vivos o la cesión del uso de las viviendas, una
vez transcurridos 10 años desde la formalización de la adquisición, conllevará
que el préstamo pierda su condición de convenido y que la entidad concedente
pueda resolverlo. d) La venta y adjudicación de las viviendas sólo podrá
efectuarse a demandantes inscritos en los registros públicos previstos al efecto
por las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, sin perjuicio de lo
dispuesto en la disposición Transitoria sexta.

2. Las viviendas acogidas a la financiación de este Plan,
estarán sometidas, en su caso, a los derechos de adquisición preferente y demás
limitaciones determinadas por las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y
Melilla, que pueden materializarse en derechos de tanteo y de retracto.

Artículo 6. Duración del régimen de protección de las
viviendas y alojamientos protegidos y limitación del precio de las viviendas
usadas.

1. Las viviendas y alojamientos que se acojan a la financiación
de este Plan, deberán estar sujetos a un régimen de protección pública, que
excluya la descalificación voluntaria, incluso en el supuesto de subasta y
adjudicación de las viviendas por ejecución judicial del préstamo, de la
siguiente duración: a) De carácter permanente mientras subsista el régimen del
suelo, si las viviendas y alojamientos hubieran sido promovidos en suelo
destinado por el planeamiento a vivienda protegida, o en suelo dotacional
público, y, en todo caso, durante un plazo no inferior a 30 años.

b) De 30 años, al menos, si las viviendas y alojamientos
hubieran sido promovidos en otros suelos.

2. La ayuda para la adquisición protegida de las viviendas
usadas conllevará la limitación de sus precios máximos de venta en las sucesivas
transmisiones, durante el período que establezcan las comunidades autónomas y
ciudades de Ceuta y Melilla, que no podrá ser inferior a 15 años desde la fecha
de adquisición, o a la duración del préstamo convenido, si fuera superior.

Artículo 7. Inscripción registral del régimen de protección.

Las limitaciones establecidas en los artículos 5 y 6 se harán
constar expresamente en los títulos por los que se lleve a cabo la compraventa,
la adjudicación o la obra nueva, en el supuesto de la promoción individual para
uso propio. Cuando dichos actos se formalicen mediante escritura pública u otro
documento público, se acompañará copia testimoniada o compulsada de la
calificación definitiva de la vivienda. Asimismo se acompañará la copia referida
a la escritura pública de formalización del préstamo hipotecario, en su caso. En
ambos casos, dichas limitaciones se inscribirán en el Registro de la Propiedad,
por medio de nota marginal, que producirá los efectos a los que se refiere el
apartado 3 del artículo 53 de la Ley de Suelo, Texto Refundido aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, y sus disposiciones complementarias
de carácter registral.

Artículo 8. Superficies mínima y máxima de las viviendas y
ocupación máxima de las mismas.

1. Sólo podrán acogerse a la financiación de este Plan, las
viviendas que dispongan de la superficie útil mínima establecida por las
comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla. En su defecto, la
superficie útil mínima será de 30 metros cuadrados, para un máximo de dos
personas, ampliable 15 metros cuadrados por cada persona adicional que conviva
en ellas.

2. La superficie útil máxima de dichas viviendas, será la
establecida por las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla. 3. La
superficie útil máxima, a efectos de la financiación establecida en este Plan,
será de 90 metros cuadrados. Cuando el programa correspondiente admita anejos a
la vivienda, las superficies útiles máximas de los mismos serán de 8 metros
cuadrados útiles para el trastero y 25 para el garaje o anejo destinado a
almacenamiento de útiles necesarios para el desarrollo de actividades
productivas en el medio rural. 4. No obstante lo dispuesto en el apartado
anterior, cuando la superficie útil no exceda de 45 metros cuadrados, podrá
computarse, a efectos de financiación, una superficie útil adicional de hasta el
30 por ciento de dicha superficie útil, destinada a servicios comunitarios
vinculados a dichas viviendas en los términos que establezca la normativa propia
de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla. 5. Para el cómputo
de la superficie útil se aplicará la normativa propia de las comunidades
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla o, en su defecto, las normas
establecidas para las viviendas de protección oficial en el artículo 4 del Real
Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre.

Artículo 9. Módulo Básico Estatal.

1. El módulo básico estatal (en adelante, MBE) es la cuantía en
euros por metro cuadrado de superficie útil, que sirve como referencia para la
determinación de los precios máximos de venta, adjudicación y renta de las
viviendas objeto de las ayudas previstas en este Real Decreto, así como de los
presupuestos protegidos máximos de las actuaciones de rehabilitación de
viviendas y edificios, y en áreas de rehabilitación integral y renovación
urbana.

2. El MBE será establecido por acuerdo del Consejo de
Ministros, a iniciativa del Ministerio de Vivienda y propuesta de la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, en el mes de diciembre de los
años 2009, 2010 y 2011, y será publicado en el «Boletín Oficial del Estado», sin
perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional segunda de este Real
Decreto. Si la evolución del Plan y las circunstancias económicas y financieras
lo aconsejara, el Consejo de Ministros podrá modificar el MBE en cualquier
momento de la vigencia del Plan. 3. Atendiendo a la condición de insularidad
ultra periférica de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el ámbito de la Unión
Europea, el MBE se incrementará en un 10 por ciento respecto a la cuantía
determinada con carácter general. 4. El Consejo de Ministros, a iniciativa del
Ministerio de Vivienda y a propuesta de la Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos, podrá acordar un aumento del MBE aplicable a la Comunidad
Autónoma de Illes Balears y a las ciudades de Ceuta y Melilla, si su condición
de extrapeninsularidad diera lugar a unos costes de construcción
significativamente superiores a los del resto del territorio nacional.

Artículo 10. Precios máximos de las viviendas protegidas.

1. Tomando como referencia el MBE, se establecerán por las
comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla los precios máximos de venta
y de referencia para el alquiler, para cada uno de los ámbitos territoriales que
determinen, sin superar los precios máximos fijados para cada programa en este
Real Decreto.

2. Estos precios máximos estarán referidos a la superficie útil
total de la vivienda, y podrán incluir el de un garaje o anejo y el de un
trastero. Las superficies útiles computables serán, como máximo, de 25 metros
cuadrados para los garajes o anejos, y de 8 metros cuadrados para los trasteros,
con independencia de que las superficies reales fueran superiores. El precio
máximo del metro cuadrado de superficie útil computable será del 60 por ciento
del correspondiente al metro cuadrado útil de la vivienda. 3. El precio máximo
total de venta o de referencia para las viviendas en alquiler, podrá incluir,
además, la superficie adicional computable a que se refiere el apartado 4 del
artículo 8, con independencia de que la superficie real fuera superior. El
precio máximo del metro cuadrado de superficie útil computable será el mismo que
el correspondiente a la vivienda. 4. Cuando se trate de promociones de vivienda
para uso propio, el precio máximo de adjudicación, o el valor de la edificación
sumado al del suelo que figure en la declaración de obra nueva, en caso de
promoción individual, tendrán los límites establecidos en el apartado 1 e
incluirán los pagos que efectúe el promotor individual o el cooperativista o
comunero que sean imputables al coste de la vivienda, por ser necesarios para
llevar a cabo la promoción y la individualización física y jurídica de ésta. Se
entenderá por gastos necesarios, los honorarios de la gestión, los de
escrituración e inscripción del suelo y los de la declaración de obra nueva y
división horizontal, así como los del préstamo hipotecario, seguros de
percepción de cantidades a cuenta y otros análogos. No tendrán tal consideración
las aportaciones al capital social, las cuotas sociales ni las de participación
en otras actividades que puedan desarrollar la cooperativa o la comunidad de
propietarios. 5. Los precios máximos de las viviendas protegidas de nueva
construcción figurarán en la calificación provisional y no podrán modificarse,
ni en ésta ni en la calificación definitiva, una vez obtenido por el promotor el
préstamo convenido, con la conformidad del Ministerio de Vivienda, incluso si
dicho préstamo no se hubiera formalizado. Se exceptúan de esta regla los
supuestos siguientes:

a) En caso de alteraciones de las superficies computables de
viviendas y anejos inicialmente tenidas en cuenta, dentro de los máximos
establecidos en este Real Decreto.

b) Si la vivienda no se vendiera ni arrendara en un plazo
máximo a determinar por las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla,
en cuyo caso el precio total máximo que corresponda hasta tanto se produzca
dicha venta o arrendamiento será el que fijen aquéllas.

6. Si la vivienda se ubicara en un ámbito territorial de
precio máximo superior (en adelante, ATPMS), su precio máximo, incluyendo los
anejos indicados en los apartados 2 y 3, podrá incrementarse en la cuantía
correspondiente a dicho ámbito, según el tipo de vivienda.

Artículo 11. Ámbitos territoriales de precio máximo superior.

1. La declaración de nuevos ámbitos territoriales de precio
máximo superior, o de modificación de los existentes, se realizará mediante
Orden del Ministerio de Vivienda, a propuesta de las comunidades autónomas y
ciudades de Ceuta y Melilla, que deberá elevarse, en su caso, durante el primer
trimestre de cada uno de los años 2009, 2010, 2011 y 2012, previa
solicitud, por parte de dichas comunidades y ciudades, de informe no vinculante
a los ayuntamientos afectados, y que tendrá en cuenta la capacidad económica de
los demandantes de vivienda en sus municipios y su esfuerzo económico para
acceder a la vivienda.

2. En los ámbitos territoriales declarados de precio máximo
superior, las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla podrán
incrementar el precio máximo general de venta de las viviendas acogidas a este
Real Decreto, en los siguientes porcentajes máximos:

a) ATPMS del grupo A: hasta un 60 por ciento de incremento,
para las viviendas protegidas de nueva construcción, salvo las de precio
concertado; y hasta un 120 por ciento, para las viviendas libres usadas y las
viviendas protegidas de precio concertado.

b) ATPMS del grupo B: hasta un 30 por ciento para las viviendas
protegidas de nueva construcción, salvo las de precio concertado; y hasta un 60
por ciento, para las viviendas libres usadas y las viviendas protegidas de
precio concertado. c) ATPMS del grupo C: hasta un 15 por ciento para las
viviendas protegidas de nueva construcción, salvo las de precio concertado; y
hasta un 30 por ciento, para las viviendas libres usadas y las viviendas
protegidas de precio concertado.

Artículo 12. Préstamos convenidos: Características.

1. Los préstamos convenidos tendrán las siguientes
características generales, con independencia de las cuantías y plazos de
carencia y de amortización que, en cada caso, se establezcan para las diferentes
actuaciones protegidas: a) Serán concedidos por entidades de crédito (en
adelante, EECC) que hayan suscrito con el Ministerio de Vivienda el
correspondiente convenio de colaboración y dentro del ámbito y las condiciones
que en el mismo se establezcan.

b) No se podrá aplicar comisión alguna por ningún concepto. c)
El tipo de interés efectivo podrá ser variable o fijo, con la conformidad de la
entidad de crédito colaboradora (en adelante, EC). El tipo de interés efectivo
para cada préstamo convenido a interés variable será igual al euribor a 12 meses
publicado por el Banco de España en el «Boletín Oficial del Estado», el mes
anterior al de la fecha de formalización más un diferencial de 65 puntos
básicos. El tipo de interés efectivo para cada préstamo convenido a interés
variable se revisará cada 12 meses, tomando como referencia el euribor a 12
meses publicado por el Banco de España en el «Boletín Oficial del Estado» el mes
anterior al de la fecha de formalización. En el supuesto de préstamos convenidos
a interés fijo, el tipo de interés efectivo se determinará en los convenios de
colaboración, partiendo de un swap de plazo equivalente a la duración del
préstamo, más un diferencial que se establecerá en la orden del Ministerio de
Vivienda, de convocatoria y selección de las EECC con las que se vaya a
suscribir dichos convenios de colaboración, previo acuerdo de la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. d) Las cuotas a pagar a la
entidad de crédito serán constantes a lo largo de la vida del préstamo, dentro
de cada uno de los períodos de amortización a los que corresponda un mismo tipo
de interés. e) Los préstamos serán garantizados con hipoteca, salvo cuando
recaigan sobre actuaciones protegidas en materia de rehabilitación o de
promoción de alojamientos protegidos, en cuyo caso dicha garantía sólo podrá
exigirse si, a juicio de la entidad de crédito, fuera necesario, dadas la
cuantía del préstamo solicitado y la garantía personal del solicitante.

2. Mediante acuerdo del Consejo de Ministros, a iniciativa
del Ministerio de Vivienda y a propuesta de la Comisión Delegada del Gobierno
para Asuntos Económicos, considerada la evolución del mercado de la vivienda y
de su financiación, o de la economía en general, se podrán modificar las
características de los préstamos convenidos establecidas en este artículo. En
tal caso, las EECC que hubieran formalizado convenios de colaboración con el
Ministerio de Vivienda podrán resolverlos unilateralmente.

Artículo 13. Ayudas financieras del Plan.

1. Las ayudas financieras del Plan, con cargo a los
presupuestos del Ministerio de Vivienda, consistirán en: a) Subsidios de
préstamos convenidos.

b) Ayuda estatal directa a la entrada (en adelante, AEDE). c)
Subvenciones.

2. El Ministerio de Vivienda satisfará las ayudas financieras
en aquellos casos en que las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla
hayan verificado el cumplimiento de los requisitos que en cada caso habilitan
para acceder a dichas ayudas, dentro de las condiciones y límites cuantitativos
establecidos en este Real Decreto, y según lo acordado en los correspondientes
convenios de colaboración suscritos entre ambas Administraciones.

La tramitación y resolución de los procedimientos de
otorgamiento de las ayudas corresponderá al órgano competente de dichas
comunidades y ciudades, que asimismo gestionará el abono de las subvenciones. A
tales efectos, en los convenios de colaboración que se suscriban entre el
Ministerio de Vivienda y las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla
se hará referencia a las ayudas que estas Administraciones pudieran destinar a
la misma finalidad, de forma complementaria o sustitutiva, según su normativa
propia. 3. La suma de las ayudas financieras estatales y las de las comunidades
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, así como de otras Administraciones u
organismos públicos, nacionales o internacionales, no podrá superar el precio,
coste o presupuesto protegido, según corresponda, de las actuaciones protegidas.

Artículo 14. Subsidiación de préstamos convenidos.

1. La cuantía de la subsidiación se cifrará en un número de
euros anuales por cada 10.000 euros de préstamo convenido, extendiéndose
proporcionalmente a fracciones de dicha cantidad, y dependerá de la cuantía del
préstamo convenido, sea la inicial o la resultante de una amortización
anticipada parcial, del nivel de ingresos familiares del prestatario y de la
modalidad de actuación protegida.

2. La cuantía anual de la subsidiación será descontada
previamente por la entidad de crédito de las cuotas que corresponderían en
concepto de amortización de capital e intereses, o sólo de intereses en el
período de carencia, cuando proceda, en la parte prorrateada que corresponda a
cada vencimiento. 3. El Ministerio de Vivienda podrá convenir con las EECC las
condiciones del reintegro a las mismas de las cuantías de la subsidiación. 4. El
Consejo de Ministros podrá acordar, excepcionalmente, a iniciativa del
Ministerio de Vivienda y a propuesta de la Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos, una modificación de las cuantías de las subsidiaciones,
incluso para préstamos convenidos en proceso de amortización, si la modificación
resultara favorable a los prestatarios. 5. La subsidiación del préstamo
convenido será efectiva a partir de la fecha de la escritura de formalización
del mismo o de la subrogación en él por parte del destinatario de la
subsidiación, una vez obtenida la preceptiva autorización o, en su caso, el
reconocimiento previo del derecho a la subsidiación por parte de las comunidades
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla y la conformidad del Ministerio de
Vivienda a la condición de préstamo convenido. La subsidiación de préstamos
formalizados antes de la autorización o reconocimiento administrativo del
derecho, requerirá la resolución de las comunidades autónomas y ciudades de
Ceuta y Melilla y la conformidad del Ministerio de Vivienda a la condición de
préstamo convenido, y será efectiva a partir de la fecha de recepción de dicha
resolución por el Ministerio de Vivienda. En el caso del promotor individual
para uso propio, la subsidiación tendrá efectividad cuando se inicie la
amortización del préstamo.

6. La subsidiación de préstamos se concederá por el período
que en cada caso se determina en este Real Decreto.

Artículo 15. Ayuda estatal directa a la entrada (AEDE).

1. La ayuda estatal directa a la entrada consiste en el abono,
en pago único, y con cargo a los presupuestos del Ministerio de Vivienda, de una
cantidad en euros, destinada a facilitar el pago de la parte no financiada por
préstamo convenido, del precio de venta o adjudicación de la vivienda, o de la
suma de los valores de la edificación y del suelo, en caso del promotor para uso
propio.

2. El pago de la ayuda se efectuará por la entidad de crédito
colaboradora concedente del préstamo convenido, en el momento de formalización
de la escritura pública de compraventa y de la de constitución de la hipoteca de
la vivienda. La cuantía abonada le será reintegrada por el Ministerio de
Vivienda a dicha entidad de crédito al contado y sin intereses, según se
determine en los convenios de colaboración con ella, con independencia de
cualesquiera circunstancias personales que puedan afectar al destinatario de la
citada ayuda estatal.

Artículo 16. Convenios de colaboración con Comunidades
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla.

1. El Ministerio de Vivienda celebrará convenios de
colaboración con las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla para la
ejecución del Plan, cuya duración coincidirá con la vigencia del mismo. Dichos
convenios recogerán al menos los siguientes contenidos: a) Objetivos totales
convenidos, que son el número de actuaciones protegidas financiables durante el
período 2009-2012, desglosados por modalidades de actuación y número de
viviendas, así como su distribución anual estimada.

b) Mecanismos de seguimiento y control del cumplimiento de los
objetivos, y de comunicación e información entre ambas Administraciones,
incluyendo la eventual implantación de sistemas informáticos de uso compartido.
c) La creación de la correspondiente comisión bilateral de seguimiento, que
estará presidida conjuntamente por el titular del Ministerio de Vivienda y de la
Consejería o Departamento competente en materia de vivienda de la Comunidad
Autónoma y Ciudades de Ceuta y Melilla. d) Compromisos presupuestarios a asumir,
en su caso, por parte de cada Administración respecto de las modalidades de
actuaciones protegidas que se acuerde cofinanciar. e) Compromisos en materia de
gestión del Plan, expresando los instrumentos y medidas a adoptar por parte de
cada Administración para su ejecución, y las subvenciones que correspondan a la
creación y mantenimiento de ventanillas únicas de vivienda, oficinas de
rehabilitación y registros de demandantes. f) Protocolos de información y
comunicación a los ciudadanos sobre la participación de las Administraciones en
la financiación de las actuaciones protegidas del Plan, según las pautas que se
establezcan en el manual de imagen institucional del mismo. g) El suministro de
la información sobre el Plan para su incorporación a la base de datos de
actuaciones protegidas a la que se refiere la disposición adicional sexta.

2. Excepcionalmente, las comisiones bilaterales de
seguimiento podrán acordar reajustes de los objetivos convenidos, garantizando
en todo caso el cumplimiento en su conjunto de los objetivos del Convenio y del
Plan. Los reajustes de los objetivos sólo podrán motivarse en:

a) La transferencia de objetivos entre diferentes modalidades
de actuaciones protegidas, cuando circunstancias excepcionales lo justifiquen.

b) La utilización, en su caso, de las reservas de recursos no
territorializados del Plan. c) La aplicación de otros procedimientos para
fomentar la eficacia del Plan que se especifiquen en los convenios de
colaboración, incluida, en su caso, la determinación de una fecha a partir de la
cual los objetivos convenidos para cada programa anual y no cumplidos, pasan a
integrar la reserva a que se refiere el apartado 3 del artículo 20 de este Real
Decreto.

En todo caso, el gasto total resultante de estos reajustes de
objetivos deberá respetar los límites de gasto autorizados por el Consejo de
Ministros.

Artículo 17. Participación de los Ayuntamientos.

Para financiar actuaciones protegidas en: Áreas de urbanización
prioritaria de suelo; áreas de rehabilitación integral; áreas de renovación
urbana; ayudas para la erradicación del chabolismo; y promoción de alojamientos
para colectivos especialmente vulnerables u otros colectivos específicos en
suelo de titularidad municipal, será precisa la celebración de acuerdos
específicos con las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla y con la
participación de los Ayuntamientos en cuyo término municipal se vaya a actuar.
Dichos acuerdos tendrán lugar en el marco de las comisiones bilaterales de
seguimiento del Plan.

Artículo 18. Convenios de colaboración con las entidades de
crédito.

1. Las relaciones del Ministerio de Vivienda con las entidades
de crédito para la ejecución del Plan, se formalizarán mediante convenios de
colaboración que garantizarán una oferta suficiente de préstamos convenidos y la
gestión del pago de la subsidiación de dichos préstamos y de la AEDE, a los
prestatarios a los que correspondan estas ayudas financieras.

Las EECC serán seleccionadas según los criterios establecidos
por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 2. El
incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones establecidas en el convenio
por parte de una entidad de crédito colaboradora habilitará al Ministerio de
Vivienda para resolver dicho convenio. 3. Excepcionalmente, constatada una
insuficiencia significativa de la financiación concedida por las EECC a las
actuaciones protegidas del Plan, el Ministerio de Vivienda, a efectos de
garantizar dicha financiación y su gestión eficiente, podrá rescindir
unilateralmente los convenios de colaboración, con el preaviso y demás garantías
necesarias que se hayan previsto en ellos. En tal caso, el Ministerio podrá
atribuir en exclusiva a una EC o a un grupo reducido de las mismas la
financiación convenida de las actuaciones protegidas, según los criterios de
selección de entidades colaboradoras previstos en la Ley General de
Subvenciones.

Artículo 19. Órganos para el seguimiento del Plan.

1. Los órganos colegiados para el seguimiento del Plan son los
siguientes: a) Conferencia Sectorial de Vivienda.

b) Consejo del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación. c)
Comisión Multilateral de Vivienda. d) Comisiones bilaterales de seguimiento.

2. Se crea el Consejo del Plan Estatal de Vivienda y
Rehabilitación con objeto de garantizar la participación social durante la
vigencia del Plan. El Consejo estará presidido por el Titular del ministerio de
Vivienda, y en él participarán representantes de las Administraciones Públicas y
de los principales agentes económicos y sociales relacionados con dicho Plan.
Por Orden se establecerá la composición y normas de funcionamiento de dicho
Consejo.

Artículo 20. Financiación del Plan.

1. El Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministerio de
Vivienda y propuesta de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos, autorizará las cuantías máximas de los siguientes recursos
financieros: a) El gasto estatal que pueden llegar a alcanzar las ayudas
financieras del plan, en conjunto y por anualidades.

b) El volumen máximo de préstamos a convenir por el Ministerio
de Vivienda con las entidades de crédito para que éstas los concedan en el marco
del Plan.

2. El Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministerio de
Vivienda y propuesta de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos, autorizará la firma, para el conjunto del Plan, de convenios de
colaboración entre el Ministerio de Vivienda y las Comunidades autónomas y
ciudades de Ceuta y Melilla, así como de convenios de colaboración con entidades
de crédito.

3. El Ministerio de Vivienda, respetando los límites
establecidos en el apartado primero, podrá reservar recursos no
territorializados inicialmente para financiar los instrumentos generales de
gestión e información del Plan, así como las necesidades o demandas imprevistas
a lo largo de la ejecución del presupuesto, de conformidad con el artículo 86 de
la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. La cuantía máxima de
los recursos destinados a la segunda de las finalidades mencionadas, será del 20
por ciento de los recursos del Plan, deducidos los reservados para financiar los
instrumentos de información y gestión citados. 4. El Ministerio de Vivienda
distribuirá los restantes recursos del Plan mediante convenios de colaboración
con las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, a propuesta de
éstas, y con las entidades de crédito. 5. Las dotaciones presupuestarias anuales
estarán supeditadas al cumplimiento del límite de gasto no financiero previsto
en el Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, debiendo
procederse, en su caso, al ajuste de la programación financiera del Plan. 6. Una
vez formalizados los convenios de colaboración con las Comunidades autónomas y
ciudades de Ceuta y Melilla, así como con las EECC, el Ministerio de Vivienda
elevará a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos una memoria
en la que se especifiquen los compromisos presupuestarios que se derivan de los
mismos y su congruencia con los créditos disponibles y la política
presupuestaria general.

TÍTULO II

Programas del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación
2009-2012

Artículo 21. Ejes básicos y programas del Plan.

El Plan consta de 6 ejes básicos y 12 programas: 1. Promoción
de viviendas protegidas. a) Promoción de vivienda protegida para alquiler.

b) Promoción de vivienda protegida para venta. c) Promoción de
alojamientos para colectivos especialmente vulnerables y otros colectivos
específicos.

2. Ayudas a demandantes de vivienda.

a) Ayudas a inquilinos.

b) Ayudas a adquirentes de nuevas viviendas protegidas y de
viviendas usadas.

3. Áreas de rehabilitación integral y renovación urbana.

a) Áreas de rehabilitación integral de centros históricos,
centros urbanos, barrios degradados y municipios rurales (en adelante, ARIS).

b) Áreas de renovación urbana (en adelante, ARUS). c) Programa
de ayudas para la erradicación del chabolismo.

4. Ayudas RENOVE a la rehabilitación y eficiencia energética.

a) Ayudas RENOVE a la rehabilitación.

b) Ayudas a la eficiencia energética en la promoción de
viviendas.

5. Ayudas para adquisición y urbanización de suelo para
vivienda protegida.

a) Ayudas para adquisición y urbanización de suelo para
vivienda protegida.

6. Ayudas a instrumentos de información y gestión del Plan.

a) Ayudas a la gestión de los Planes de Vivienda e información
al ciudadano.

CAPÍTULO 1

Eje 1: Promoción de viviendas protegidas

Sección 1.ª Programa de promoción de vivienda protegida para
alquiler

Artículo 22. Viviendas protegidas para arrendamiento.

1. Podrán ser calificadas como protegidas las viviendas de
nueva construcción o procedentes de la rehabilitación, y destinadas a
arrendamiento que, según la normativa propia de las Comunidades autónomas y
ciudades de Ceuta y Melilla, cumplan las condiciones a que se refiere el Título
I de este RD y las específicas que sean de aplicación para cada uno de los
regímenes que se establecen a continuación: a) Régimen especial: Viviendas
destinadas a inquilinos con ingresos familiares que no excedan de 2,5 veces el
IPREM, y cuyo precio máximo de referencia, por metro cuadrado de superficie útil
computable a efectos de financiación, será de 1,50 veces el MBE.

b) Régimen general: Viviendas destinadas a inquilinos con
ingresos familiares que no excedan de 4,5 veces el IPREM, y cuyo precio máximo
de referencia, por metro cuadrado de superficie útil computable a efectos de
financiación será de 1,60 veces el MBE. c) Régimen concertado: Viviendas
destinadas a inquilinos con ingresos familiares que no excedan de 6,5 veces el
IPREM, y cuyo precio máximo de referencia, por metro cuadrado de superficie útil
computable a efectos de financiación será de 1,80 veces el MBE. Estos precios
máximos se incrementarán en el porcentaje que corresponda si la vivienda se
ubica en un ATPMS, según el régimen de protección al que pertenezcan. Si la
vivienda tuviera garaje o anejo, trastero y superficie adicional computable,
para determinar su precio máximo de referencia se estará a lo dispuesto en los
apartados 2 y 3 del artículo 10.

2. Las viviendas protegidas a que se refiere este ar-tículo
podrán ser edificadas sobre suelos cedidos en derecho de superficie, en las
condiciones establecidas por la normativa de las Comunidades autónomas y
ciudades de Ceuta y Melilla.

Artículo 23. Duración mínima del régimen de arrendamiento.

La duración mínima del arrendamiento de las viviendas a que se
refiere este programa será de 10 o de 25 años contados desde su calificación
definitiva.

Artículo 24. Rentas máximas del arrendamiento.

1. La renta máxima anual, por metro cuadrado de superficie
útil, será el 4,5% ó el 5,5% del precio máximo de referencia de la vivienda
protegida en alquiler de que se trate, según la duración del contrato de
arrendamiento sea de 25 o 10 años, respectivamente. Dicha renta máxima habrá de
figurar en la calificación provisional de la vivienda.

2. La renta establecida deberá figurar en el visado del
contrato de arrendamiento, expedido por las Comunidades autónomas y ciudades de
Ceuta y Melilla, y podrá actualizarse anualmente en función de la evolución del
Índice Nacional General del Sistema de Índices de Precios al Consumo (en
adelante, IPC). 3. Además de la renta correspondiente, el arrendador podrá
repercutir al inquilino los gastos que permita la legislación aplicable.

Artículo 25. Precios máximos de venta.

1. Una vez transcurridos 25 años desde su calificación
definitiva, y mientras continúen siendo protegidas, las viviendas de esta
modalidad podrán venderse al precio máximo que corresponda a una vivienda
protegida del mismo tipo y en la misma ubicación, calificada provisionalmente en
el momento de la venta, y en las condiciones que establezcan las Comunidades
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla.

2. Una vez transcurridos 10 años desde la calificación
definitiva, y mientras continúen siendo protegidas, las viviendas de esta
modalidad podrán venderse a un precio de hasta 1,5 veces el precio máximo de
referencia establecido en la calificación provisional de la misma, y en las
condiciones que establezcan las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y
Melilla. Si el plazo de tenencia en régimen de arrendamiento hubiera de
prolongarse por encima de 10 años, por exigencia de la legislación de
arrendamientos urbanos, dicho precio máximo podrá actualizarse anualmente, a
partir de ese momento, en función del IPC.

Artículo 26. Viviendas protegidas para arrendamiento con
opción de compra.

Las viviendas protegidas para arrendamiento a 10 años podrán
ser objeto de un contrato de arrendamiento con opción de compra, en cuyo caso el
inquilino podrá adquirirla a un precio de hasta 1,7 veces el precio máximo de
referencia establecido en la calificación provisional. Del precio de venta se
deducirá, en concepto de pagos parciales adelantados, al menos el 30 por ciento
de la suma de los alquileres satisfechos por el inquilino, en las condiciones
que establezcan las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla.

Las cuantías máximas de las rentas establecidas en este Real
Decreto no incluyen la tributación indirecta que recaiga sobre las mismas, en su
caso.

Artículo 27. Financiación de la promoción de viviendas
protegidas para arrendamiento a 25 años.

1. Los promotores de viviendas de nueva construcción para
arrendamiento a 25 años, calificadas provisionalmente como protegidas, podrán
obtener préstamos convenidos que, además de las características generales
establecidas en el artículo 12 de este Real Decreto, reunirán las siguientes
condiciones: a) La cuantía máxima del préstamo será del 80 por ciento del precio
máximo de referencia que corresponda, calculado a partir de la superficie útil
computable a efectos de financiación.

b) El plazo de amortización de los préstamos será como mínimo
de 25 años. c) El período de carencia en el pago de intereses de los préstamos
convenidos finalizará en la fecha de la calificación definitiva de la vivienda,
y, como máximo, a los cuatros años desde la formalización del préstamo. Este
periodo podrá prorrogarse hasta un total de 10 años con la autorización de la
Comunidad Autónoma y Ciudades de Ceuta y Melilla (en adelante, CA) y el acuerdo
de la entidad de crédito colaboradora.

2. La subsidiación de los préstamos convenidos destinados a
la promoción de viviendas protegidas para arrendamiento a 25 años se extenderá a
toda la vida del préstamo, incluido el período de carencia, sin exceder de
25 años, y se sujetará al siguiente baremo:

Viviendas de régimen especial

Viviendas de régimen general

Viviendas de régimen concertado

Duración máxima de la subsidiación
(años).

25

25

25

Cuantía de la subsidiación (euros/año/10.000
euros de préstamo).

350

250

100

3. Los promotores de viviendas de régimen especial y general
que hayan obtenido los préstamos a que se refiere el apartado 1 de este
artículo, podrán obtener una subvención, con las siguientes cuantías, que podrán
incrementarse cuando las viviendas se ubiquen en un ATPMS:

Viviendas de régimen especial

Viviendas de régimen general

Cuantía general (euros/m² útil).

350

250

Cuantías adicionales por ubicación de la
vivienda en un ATPMS (euros/m² útil).

Grupo A.

60

Grupo B.

30

Grupo C.

15

Artículo 28. Financiación de la promoción de
viviendas protegidas para arrendamiento a 10 años.

1. Los promotores de viviendas de nueva construcción para
arrendamiento a 10 años, calificadas provisionalmente como protegidas, podrán
obtener préstamos convenidos que, además de las características generales
establecidas en el artículo 12 de este Real Decreto, reunirán las siguientes
condiciones: a) La cuantía máxima del préstamo será del 80 por ciento del precio
máximo de referencia que corresponda, calculado a partir de la superficie útil
computable a efectos de financiación.

b) El plazo de amortización de los préstamos será como mínimo
de 10 años. c) El período de carencia en el pago de intereses de los préstamos
convenidos finalizará en la fecha de la calificación definitiva de la vivienda,
y, como máximo, a los cuatros años desde la formalización del préstamo. Este
periodo podrá prorrogarse hasta un total de 10 años con la autorización de la
Comunidad Autónoma y Ciudades de Ceuta y Melilla y el acuerdo de la entidad de
crédito colaboradora.

2. La subsidiación de los préstamos convenidos destinados a
la promoción de viviendas protegidas para arrendamiento a 10 años se extenderá a
toda la vida del préstamo, incluyendo el período de carencia, sin exceder de 10
años en el período de amortización, y responderá al siguiente baremo:

Viviendas de régimen especial

Viviendas de régimen general

Viviendas de régimen concertado

Duración máxima de la subsidiación
(años).

10

10

10

Cuantía de la subsidiación (euros/año/10.000
euros de préstamo).

350

250

100

3. Los promotores de viviendas de régimen especial y general
que hayan obtenido los préstamos a que se refiere el apartado 1 de este
artículo, podrán obtener una subvención, con las siguientes cuantías, que podrán
incrementarse cuando las viviendas se ubiquen en un ATPMS:

Viviendas de régimen especial

Viviendas de régimen general

Cuantía general (euros/m² útil).

250

200

Cuantías adicionales por ubicación de la
vivienda en un ATPMS (euros/m² útil).

Grupo A.

60

Grupo B.

30

Grupo C.

15

Artículo 29. Anticipo de las subvenciones.

1. A propuesta de las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta
y Melilla, el Ministerio de Vivienda podrá autorizar que se anticipe al promotor
de viviendas protegidas para arrendamiento, la percepción de hasta el 50
por ciento de la subvención, previa certificación del inicio de las obras.

Dicho anticipo podrá alcanzar la totalidad de la subvención,
cuando el promotor se comprometa a reducir la renta a percibir, durante los
primeros cinco años, en un punto porcentual respecto a las establecidas con
carácter general. 2. Las cantidades anticipadas deberán estar avaladas o
garantizadas por otro medio admisible en Derecho que asegure su devolución en
caso de incumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de la
subvención.

Artículo 30. Gestión de las viviendas protegidas en
arrendamiento.

1. Los propietarios de viviendas protegidas para arrendamiento
podrán ceder su gestión a organismos públicos, entidades sin ánimo de lucro o
sociedades cuyo objeto social incluya expresamente el arrendamiento de
viviendas, con la obligación, por parte de los gestores, de atenerse a las
condiciones, compromisos, plazos y rentas máximas establecidas en este Real
Decreto.

2. Los propietarios de viviendas protegidas para arrendamiento
podrán enajenarlas por promociones completas a cualquiera de las personas a las
que se refiere el apartado anterior. También podrán enajenar viviendas aisladas,
cuando los adquirentes sean organismos públicos, empresas públicas o entidades
sin ánimo de lucro. Las enajenaciones podrán efectuarse en cualquier momento,
sin sujeción a los precios máximos de referencia que correspondan, previa
autorización de las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla. Los
nuevos propietarios deberán cumplir las obligaciones inherentes a la
calificación definitiva de las viviendas, y atenerse a las condiciones,
compromisos, plazos y rentas máximas establecidos en este Real Decreto,
subrogándose en los derechos y obligaciones de los transmitentes, y pudiendo
subrogarse, total o parcialmente, en las ayudas financieras que éstos hubieran
obtenido. Los propietarios a que se refiere este apartado podrán conservar la
gestión de las viviendas o promociones enajenadas. 3. La recalificación de
promociones completas de viviendas protegidas para venta como viviendas
protegidas para alquiler, conllevará, para las viviendas, la adopción del
régimen y condiciones propias de este uso, y para el propietario, la asunción de
las obligaciones y responsabilidades propias de este régimen, así como la
financiación correspondiente, incluyendo la subvención y subsidiación del
préstamo convenido para el período de carencia restante desde la recalificación,
y la subsidiación que corresponda durante el período de amortización. La entidad
de crédito colaboradora concedente del préstamo practicará la liquidación
pertinente de los subsidios y la novación del mismo, para adaptarlo a las
características de la nueva actuación protegida. 4. La recalificación de
promociones completas de viviendas protegidas para alquiler como viviendas
protegidas para venta, antes de su calificación definitiva, conllevará, para las
viviendas, la adopción del régimen y condiciones propias de este uso, y para el
propietario, la interrupción de las ayudas financieras y la devolución de las
recibidas hasta la recalificación, actualizadas con los intereses de demora que
correspondan. La entidad de crédito colaboradora practicará la novación del
préstamo convenido, para adaptarlo a las características de la nueva actuación
protegida.

Artículo 31. Cofinanciación de las viviendas de promoción
pública destinadas a arrendamiento.

1. Con el fin de incrementar el parque de viviendas públicas
para arrendamiento, el Ministerio de Vivienda podrá cofinanciar, con la
Comunidad Autónoma y Ciudades de Ceuta y Melilla que corresponda, la promoción
pública de viviendas destinadas a este régimen, con las siguientes condiciones:
a) Que se califiquen como viviendas de protección oficial de promoción pública.

b) Que las viviendas estén vinculadas al régimen de
arrendamiento protegido durante toda su vida útil y, al menos, por un plazo de
25 años. c) Que la superficie útil máxima de las viviendas no exceda de 90
metros cuadrados. d) Que los ingresos familiares máximos de los inquilinos y las
rentas máximas aplicables, no excedan de los correspondientes a las viviendas
protegidas para arrendamiento de régimen especial.

2. La cuantía máxima de la subvención será del 30 por ciento
del coste computable de edificación de las viviendas que, a estos efectos, no
podrá exceder por metro cuadrado de superficie útil de 1,25 veces el MBE.

3. El porcentaje de financiación a cargo de cada administración
se establecerá mediante acuerdo en la correspondiente comisión bilateral de
seguimiento del Plan.

Sección 2.ª Programa de promoción de vivienda protegida para
venta

Artículo 32. Viviendas protegidas para venta.

1. Podrán ser calificadas como protegidas las viviendas de
nueva construcción o procedentes de la rehabilitación, y destinadas a la venta
que, según la normativa propia de las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta
y Melilla, cumplan las condiciones a las que se refiere el Titulo I de este Real
Decreto, y las especificas que sean de aplicación para cada uno de los regímenes
que se establecen a continuación: a) Régimen especial: Viviendas destinadas a
adquirentes con ingresos familiares que no excedan de 2,5 veces el IPREM y cuyo
precio máximo de venta, por metro cuadrado de superficie útil computable a
efectos de financiación, no exceda de 1,50 veces el MBE.

b) Régimen general: Viviendas destinadas a adquirentes con
ingresos familiares que no excedan de 4,5 veces el IPREM y cuyo precio máximo de
venta, por metro cuadrado de superficie útil computable a efectos de
financiación, no exceda de 1,60 veces el MBE. c) Régimen concertado: Viviendas
destinadas a adquirentes con ingresos familiares que no excedan de 6,5 veces el
IPREM y cuyo precio máximo de venta, por metro cuadrado de superficie útil
computable a efectos de financiación, no exceda de 1,80 veces el MBE.

2. En el supuesto de promotores para uso propio, el precio
máximo de adjudicación, o la suma de los valores de la edificación y el suelo,
si se trata de un promotor individual, tendrán los mismos límites que los
establecidos en el apartado anterior.

3. Si la vivienda tuviera garaje o anejo, trastero y superficie
adicional computable, para determinar su precio máximo de referencia se estará a
lo establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 10. 4. Estos precios máximos
se incrementarán en el porcentaje que corresponda si la vivienda se ubica en un
ATPMS, según el régimen de protección al que pertenezcan.

Artículo 33. Financiación de la promoción de viviendas
protegidas para venta.

Los promotores de viviendas de nueva construcción destinadas a
la venta y calificadas provisionalmente como protegidas, podrán obtener
préstamos convenidos que, además de las características generales establecidas
en el artículo 12 de este Real Decreto, reunirán las siguientes condiciones: a)
La cuantía máxima del préstamo será del 80 por ciento de los precios o valores
calculados a efectos de financiación, a los que se refiere el artículo anterior.

Si la vivienda tuviera garaje o anejo y trastero, vinculados en
proyecto y registralmente, la cuantía global del préstamo podrá incrementarse
para incluir hasta el 80 por ciento del precio máximo de los mismos, a efectos
de financiación, según se determina en el apartado 2 del ar-tículo 10. No será
objeto de ayudas financieras la promoción de locales comerciales. b) El plazo de
amortización de los préstamos convenidos será de 25 años como mínimo. c) El
período de carencia en el pago de intereses de los préstamos convenidos
finalizará en la fecha de la calificación definitiva de la vivienda, y, como
máximo, a los cuatros años desde la formalización del préstamo. Este periodo
podrá prorrogarse hasta un total de 10 años con la autorización de las
Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla y el acuerdo de la EC. d) El
promotor podrá convenir con la EC el calendario de disposiciones del capital del
préstamo, en función de la ejecución de la inversión y de la evolución de las
compraventas o de las adjudicaciones de las viviendas, cuando esta condición sea
aplicable. Los promotores deberán efectuar la primera disposición del préstamo
en un plazo no superior a 6 meses desde su formalización, no pudiendo
transcurrir entre las restantes disposiciones más de 4 meses. El incumplimiento
de estos plazos, salvo que medie justa causa, permitirá resolver el contrato,
con la devolución anticipada de las cantidades dispuestas, en su caso.

Artículo 34. Precios máximos de las viviendas protegidas en
segundas y posteriores transmisiones.

1. El precio máximo de venta de las viviendas protegidas de
nueva construcción, en segundas y ulteriores transmisiones, será el que
corresponda, en el momento de la venta, a una vivienda protegida calificada
provisionalmente, del mismo régimen y en la misma ubicación, en las condiciones
que establezcan las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla.

2. Este precio máximo de venta será de aplicación mientras esté
vigente el régimen legal de protección.

Sección 3.ª Programa de promoción de alojamientos protegidos
para colectivos especialmente vulnerables y otros colectivos específicos

Artículo 35. Características básicas y superficies.

1. Los alojamientos protegidos para colectivos especialmente
vulnerables se destinarán a albergar a las personas con derecho a protección
preferente a que se refieren las letras a), c), d), e), f), g), j), k), l) y m)
del apartado 2 del artículo 1.

2. Los alojamientos protegidos para otros colectivos
específicos se destinarán a albergar a personas relacionadas con la comunidad
universitaria, o investigadores y científicos. 3. Los alojamientos acogidos a
este programa deberán reunir las siguientes condiciones:

a) La promoción podrá ser de iniciativa pública o privada,
según dispongan las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla.

b) Podrán edificarse sobre suelo al que la ordenación
urbanística atribuya cualquier uso compatible con los destinos de estos
alojamientos. c) Los alojamientos tendrán las siguientes características:

1.º Deberán formar parte de edificios o conjuntos de edificios
destinados en exclusiva y por completo a esta finalidad.

2.º El número de alojamientos por edificio estará determinado
por la normativa propia de las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y
Melilla. 3.º La superficie útil de cada alojamiento será como mínimo de 15
metros cuadrados por persona, con un máximo de 45 metros cuadrados. No obstante,
un máximo del 25 por ciento del total de los alojamientos de cada promoción
podrá tener una superficie útil máxima de 90 metros cuadrados, con el fin de
poder alojar a unidades familiares o grupos de personas que requieran una
superficie mayor a la determinada con carácter general.

d) A efectos de financiación por el Plan, la superficie útil
protegida destinada a servicios comunes o asistenciales de las personas
alojadas, que deberán estar integrados en el propio edificio o conjunto de
edificios, no podrá exceder del 30 por ciento del total de la superficie útil de
los alojamientos, con independencia de que la superficie real sea superior.

e) A estos efectos, también podrán estar protegidas las plazas
de garaje vinculadas a los alojamientos, según la normativa municipal. Su
superficie útil máxima computable, así como su precio máximo de referencia, por
metro cuadrado de superficie útil, serán los establecidos para las de las
viviendas protegidas de nueva construcción, de régimen especial, cuando se trate
de alojamientos para colectivos especialmente vulnerables, o de régimen general,
en el caso de los colectivos específicos.

Artículo 36. Condiciones de uso y gestión.

1. El régimen de ocupación de estos alojamientos será el
arrendamiento protegido, según lo dispuesto en este Real Decreto, o cualquier
otro que autorizaran las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla.

2. En aquellos supuestos que, en su caso, determinen las
Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, los ocupantes de los
alojamientos podrán disponer de otra vivienda. 3. La duración del contrato de
alquiler o la permanencia de los usuarios en estos alojamientos se atendrá a lo
que las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla dispongan al efecto.
4. Estos alojamientos deberán destinarse a albergar a colectivos especialmente
vulnerables u otros colectivos específicos, según sea el caso, durante todo el
plazo de duración del régimen de protección pública. 5. Las rentas máximas serán
las de las viviendas protegidas de régimen especial para arrendamiento durante
25 años, cuando se trate de alojamientos para colectivos especialmente
vulnerables, o de régimen general, para otros colectivos. Se imputará un máximo
del 30 por ciento de la superficie destinada a servicios comunes o
asistenciales, cuyo precio máximo de referencia, por metro cuadrado de
superficie útil será el del régimen correspondiente. 6. La prestación de los
servicios comunes o asistenciales que las Comunidades autónomas y ciudades de
Ceuta y Melilla establezcan para los ocupantes de los alojamientos, podrá
suponer un incremento de la renta hasta el máximo correspondiente a la vivienda
protegida para arrendamiento a 25 años, de régimen concertado.

Artículo 37. Financiación de la promoción de alojamientos
protegidos.

1. Los promotores de estos alojamientos podrán acogerse al
mismo sistema de financiación que los promotores de viviendas protegidas para
arrendamiento a 25 años, de régimen especial cuando se trate de alojamientos
para colectivos especialmente vulnerables, o de régimen general para los
alojamientos destinados a otros colectivos específicos.

Las cuantías de las subvenciones, por metro cuadrado de
superficie útil, serán las siguientes:

Alojamientos para colectivos vulnerables

Alojamientos para colectivos
específicos

Cuantía de la subvención (euros/m2 útil).

500

320

2. Salvo que la entidad de crédito colaboradora concedente
del préstamo así lo exija, no será necesario que el préstamo convenido tenga
garantía hipotecaria.

3. Los promotores podrán renunciar a la obtención de un
préstamo convenido, sin perjuicio de la subvención a que se refiere el apartado
1 de este artículo.

CAPÍTULO II

Eje 2: Ayudas a demandantes de viviendas

Sección 1.ª Programa de ayuda a los inquilinos

Artículo 38. Condiciones de los beneficiarios.

1. Para obtener las ayudas a los inquilinos, el solicitante
deberá: a) Ser titular de un contrato de arrendamiento de vivienda, formalizado
en los términos de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos
Urbanos.

b) Ocupar la vivienda como domicilio habitual y permanente, con
las excepciones que establezcan, en su caso, las Comunidades autónomas y
ciudades de Ceuta y Melilla. c) Tener unos ingresos familiares que no excedan de
2,5 veces el IPREM. A estos efectos, se computarán los ingresos de todos los
titulares del contrato de arrendamiento.

2. Tendrán preferencia en el acceso a estas ayudas los
colectivos con derecho a protección preferente relacionados en el apartado 2 del
artículo 1 de este Real Decreto, y los que determinen las Comunidades autónomas
y ciudades de Ceuta y Melilla.

3. No podrá concederse la ayuda cuando el solicitante:

a) Sea titular de otra vivienda, con las excepciones que
establece la letra a) del apartado 1 del artículo 3, y las que determinen las
Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla.

b) Fuera ya beneficiario de esta ayuda, o de la renta básica de
emancipación regulada en el Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre. c)
Tuviera parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o de afinidad con
el arrendador de su vivienda habitual. d) Sea socio o partícipe de la persona
jurídica que actúa como arrendador.

Artículo 39. Cuantía y gestión de la ayuda.

1. Las ayudas a las que se refiere esta sección consistirán en
una subvención cuya cuantía máxima anual será del 40 por ciento de la renta
anual que se vaya a satisfacer, y con un límite de 3.200 euros por vivienda, con
independencia del número de titulares del contrato de arrendamiento.

2. La duración máxima de esta subvención será de 2 años,
siempre que se mantengan las circunstancias que dieron lugar al reconocimiento
inicial del derecho a la ayuda. 3. No se podrá obtener nuevamente esta
subvención hasta transcurridos, al menos, cinco años desde la fecha de su
reconocimiento, con independencia de la fecha de concesión de otras ayudas
establecidas por las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, con
cargo a sus presupuestos. 4. La subvención se hará efectiva al beneficiario,
bien directamente por las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, o
bien por éstas a través de la agencia o sociedad pública que se encargue de la
gestión del arrendamiento. 5. Dentro de los límites de ingresos y de la cuantía
máxima de subvención, establecidos en este Real Decreto, podrán establecerse
requisitos adicionales a los beneficiarios y graduarse dichos límites y cuantía,
en los casos y en la forma que establezcan la normativa de las Comunidades
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla.

Sección 2.ª Programa de ayudas a adquirentes de viviendas
protegidas de nueva construcción y de viviendas usadas

Artículo 40. Condiciones de los solicitantes.

1. Para obtener las ayudas destinadas a acceder en propiedad a
las viviendas protegidas de nueva construcción y a las usadas a que se refiere
este Real Decreto, los solicitantes habrán de cumplir las siguientes
condiciones: a) Tener unos ingresos familiares que no excedan de 6,5 veces el
IPREM, para poder obtener préstamos convenidos.

b) Tener unos ingresos familiares que no excedan de 4,5 veces
el IPREM para acogerse a las ayudas financieras para el primer acceso a la
vivienda en propiedad.

2. Podrán establecerse requisitos adicionales a los
beneficiarios y límites mínimos de ingresos familiares para acceder a las ayudas
financieras y préstamos convenidos previstos en este Real Decreto, en los casos
y según las condiciones que establezcan las Comunidades autónomas y ciudades de
Ceuta y Melilla.

En cualquier caso, las Comunidades autónomas y ciudades de
Ceuta y Melilla establecerán las condiciones para garantizar que no se disfrute
simultáneamente más de una vivienda. 3. Podrán acogerse a las ayudas financieras
para facilitar el primer acceso a la vivienda en propiedad, aquellas personas
que nunca han tenido una vivienda en propiedad, o que han sido privados de su
uso por causas no imputables a los interesados, o cuando el valor de la
vivienda, o del derecho sobre la misma, según lo establecido en la normativa del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, no exceda del 25 por ciento del
precio de la vivienda que se pretende adquirir. 4. No obstante lo previsto en el
párrafo anterior, podrán acogerse a estas ayudas financieras, las personas que
habiendo accedido a una vivienda en propiedad, estén incluidas en las letras e),
f) y j), del apartado 2 del artículo 1 de este Real Decreto. Estas personas
podrán obtener nuevamente ayudas financieras, sin haber transcurrido diez años
desde la percepción de otras ayudas para el mismo tipo de actuación, siempre que
el préstamo convenido se hubiera cancelado.

Artículo 41. Financiación de la adquisición de vivienda.

La financiación para la adquisición de una vivienda podrá
consistir en: 1. Préstamos convenidos.

2. Subsidiación de los préstamos convenidos. 3. Ayuda Estatal
Directa a la Entrada (AEDE).

Artículo 42. Préstamos convenidos a los adquirentes.

1. Los adquirentes de viviendas protegidas de nueva
construcción, o de viviendas usadas, podrán obtener préstamos convenidos, bien
directamente o, en el primero de los supuestos indicados, por subrogación en el
préstamo convenido del promotor, una vez obtenida la calificación definitiva.

2. La cuantía máxima del préstamo será el 80 por ciento del
precio fijado en la escritura pública de compraventa o de adjudicación,
correspondiente a la superficie útil computable a efectos de financiación.
Cuando se trate de préstamos a promotores individuales para uso propio, la
cuantía máxima será el 80 por ciento del valor conjunto de la edificación y del
suelo determinado en la escritura de declaración de obra nueva, con el límite
correspondiente a la superficie útil computable a efectos de financiación. Si la
vivienda tuviera garaje o anejo y trastero, vinculados en proyecto y
registralmente, la cuantía global del préstamo podrá incrementarse para incluir
hasta el 80 por ciento del precio máximo de venta de aquéllos, si se trata de
préstamos al promotor, o hasta el 80 por ciento del precio de adjudicación o del
valor de la edificación sumado al del suelo, si se trata de un promotor para uso
propio. 3. El préstamo tendrá un plazo mínimo de amortización de 25 años, que
podrá ampliarse previo acuerdo con la entidad de crédito. En el caso de los
préstamos al promotor para uso propio, estará precedido de un período de
carencia que finalizará en la fecha de la calificación definitiva de la vivienda
y, como máximo, a los cuatro años de la formalización del préstamo. 4. Los
préstamos a adquirentes podrán ser objeto de amortización anticipada total o
parcial, a instancia del interesado y con el acuerdo de la entidad de crédito,
según se establezca en los convenios con las entidades de crédito colaboradoras,
y sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2 del artículo 44 de este Real
Decreto. 5. Los adquirentes en primer acceso a una vivienda en propiedad podrán
ampliar el plazo de amortización de sus préstamos convenidos hasta un máximo de
tres años, de acuerdo con la entidad de crédito, en caso de encontrarse en
situación de desempleo que pudiera motivar la interrupción temporal en el pago
de la cuota correspondiente. La primera interrupción no podrá tener lugar antes
de la completa amortización de las 3 primeras anualidades. En estos supuestos,
la subsidiación de los préstamos convenidos se reanudará cada vez que se
reinicie el período de amortización. 6. En caso de préstamo convenido al
promotor, y salvo el supuesto de promoción individual para uso propio, el
otorgamiento de la correspondiente escritura pública de compraventa o de
adjudicación, interrumpirá el período de carencia y el devengo de intereses
correspondiente a este período, y determinará el inicio del período de
amortización. A partir del otorgamiento de la escritura pública, el comprador o
adjudicatario asumirá las responsabilidades derivadas del préstamo hipotecario
que grava la vivienda, y deberá satisfacer las cuotas de amortización del
principal e intereses. A tal efecto, se remitirá copia simple de dicho documento
a la entidad de crédito, cuyos gastos correrán por cuenta del promotor. Si de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley Hipotecaria, se
hubiese pactado que el comprador o adjudicatario se subrogará, no sólo en las
responsabilidades derivadas del préstamo hipotecario, sino también en la
obligación personal con él garantizado, quedará además subrogado en esta
obligación si la entidad de crédito prestase su consentimiento expreso o tácito.
7. La concesión de préstamos convenidos directamente al comprador estará
condicionada al cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Que la vivienda haya obtenido la calificación definitiva,
cuando se trate de una vivienda protegida de nueva construcción.

b) Que se haya celebrado contrato de compraventa o adjudicación
entre el comprador o adjudicatario y el promotor o vendedor de la vivienda,
visado por el órgano competente de la Comunidad Autónoma y Ciudades de Ceuta y
Melilla, acreditando el cumplimiento de los requisitos y condiciones necesarias
para obtener la financiación establecida en este Real Decreto. Entre la firma de
dicho contrato y la solicitud del visado no deberán transcurrir más de 4 meses.
c) Que entre el visado de dicho contrato y la solicitud del préstamo convenido a
la entidad de crédito no hayan transcurrido más de 6 meses. d) Que el promotor
que hubiera recibido un préstamo convenido para la financiación de la vivienda
lo cancele previa o simultáneamente a la formalización del préstamo con el
comprador o adjudicatario de la misma.

Artículo 43. Subsidiación de préstamos convenidos a los
adquirentes.

1. El Ministerio de Vivienda subsidiará los préstamos
convenidos obtenidos por los adquirentes para el primer acceso en propiedad a
viviendas protegidas de nueva construcción de régimen especial y general.

2. También subsidiará los préstamos convenidos para la
adquisición de viviendas usadas, cuyo precio de venta por metro cuadrado de
superficie útil no exceda el de las viviendas de régimen general, calificadas en
ese momento y en la misma ubicación, sin perjuicio del incremento de precio que
corresponda por la ubicación de la vivienda en un ATPMS. 3. La cuantía y los
períodos de la subsidiación serán los que se indican a continuación:

Ingresos de los adquirentes (N.º veces
IPREM)

Subsidiación (Euros/10.000 euros de
préstamo)

Duración período de subsidiación
(años)

Menor o igual a 2,5.

100

5 (renovables otros 5).

Entre 2,5 y 3,5.

80

5 (renovables otros 5).

Mayor de 3,5 y menor o igual a 4,5.

60

5 (renovables otros 5).

La subsidiación se concederá por un período inicial de 5
años, que podrá ser renovado durante otro período de igual duración y por la
cuantía que corresponda, con las siguientes condiciones:

a) La renovación deberá solicitarse por el beneficiario de la
subsidiación dentro del quinto año del período inicial, acreditando que sigue
reuniendo las condiciones requeridas para la concesión de la ayuda según lo que
establezcan las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla.

b) No obstante, los ingresos familiares en el momento de la
solicitud de renovación podrán ser diferentes de los acreditados inicialmente,
siempre que no excedan de 4,5 veces el IPREM.

3. Cuando se trate de colectivos incluidos en las letras a),
h), i), j), del apartado 2 del artículo 1 de este Real Decreto, la cuantía de
subsidiación correspondiente se incrementará en 55 euros anuales por cada 10.000
euros de préstamo convenido, si los ingresos familiares no excedieran de 2,5
veces el IPREM, o en 33 euros anuales, si dichos ingresos superan 2,5 veces pero
no exceden de 4,5 veces el citado indicador, durante los primeros cinco años del
período de amortización del préstamo convenido.

4. Las cuantías abonadas por las entidades de crédito
colaboradoras en concepto de subsidiación de préstamos convenidos, serán
reintegradas por el Ministerio de Vivienda a dichas entidades, al contado y sin
intereses, según se determine en los convenios de colaboración con las mismas.

Artículo 44. Ayuda Estatal Directa a la Entrada (AEDE).

1. La Ayuda Estatal Directa a la Entrada podrá ser obtenida por
los adquirentes de viviendas protegidas de régimen especial o general, y de
viviendas usadas, en su primer acceso en propiedad.

2. La obtención de la AEDE requerirá que la cuantía del
préstamo convenido no sea inferior al 60 por ciento del precio de la vivienda, y
que esta cuantía no se reduzca por debajo de dicho porcentaje durante los 5
primeros años del período de amortización. En caso contrario, será obligatorio
el reintegro de la AEDE, y de las restantes ayudas estatales financieras
percibidas, incrementadas con los intereses de demora que correspondan desde su
percepción, previstos en los artículos 37.1 y 38.2 de la Ley 38/2003, de 17 de
diciembre, General de Subvenciones. Se exceptúa el supuesto de fallecimiento de
alguno de los titulares del préstamo convenido. 3. La cuantía de la AEDE
dependerá de los ingresos familiares del solicitante y, en su caso, de otras
circunstancias personales o familiares, correspondiendo en cada caso únicamente
la más elevada de las siguientes:

Ingresos de los adquirentes - (N.º veces
IPREM)

Cuantías generales

Jóvenes, menores de 35 años

Familias incluidas en las letras h), i), j), del
apartado 2 del artículo 1

Colectivos incluidos en las letras e), f), k)
del apartado 2 del artículo 1

2,5

8.000

9.000

12.000

11.000

> 2,5 3,5

7.000

8.000

10.000

9.000

> 3,5 4,5

5.000

6.000

8.000

7.000

4. Cuando la vivienda estuviera ubicada en un ATPMS, las
cuantías de la AEDE se incrementarán en las siguientes cuantías:

Cuantía adicional de la AEDE por ubicación de la
vivienda en un ATPMS

A

B

C

1.200

600

300

5. Con carácter excepcional, el Consejo de Ministros, a
iniciativa del Ministerio de Vivienda y propuesta de la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos, podrá modificar las cuantías de la AEDE, en
función de la evolución y perspectivas de los mercados de vivienda y
financieros.

6. La cuantía de la AEDE para los adquirentes de viviendas
protegidas o usadas en la Comunidad Autónoma de Canarias, por su condición de
región ultraperiférica de la Unión Europea, se incrementará en 220 euros
adicionales, salvo que la vivienda se encuentre ubicada en un ATPMS, en cuyo
caso se aplicará únicamente el incremento general establecido en el apartado 4
de este artículo.

CAPÍTULO III

Eje 3: Áreas de rehabilitación integral y renovación
urbana

Sección 1.ª Programa de Áreas de Rehabilitación Integral de
conjuntos históricos, centros urbanos, barrios degradados y municipios rurales
(ARIS)

Artículo 45. Objeto del programa.

1. El programa de ARIS recoge las condiciones básicas para
obtener financiación del Plan en las actuaciones de mejora de tejidos
residenciales en el medio urbano y rural, recuperando funcionalmente conjuntos
históricos, centros urbanos, barrios degradados y municipios rurales, que
precisen la rehabilitación de sus edificios y viviendas, la superación de
situaciones de infravivienda, y de intervenciones de urbanización o
reurbanización de sus espacios públicos.

2. En particular, podrán obtener la financiación establecida en
este Real Decreto las siguientes actuaciones:

a) En elementos privativos del edificio (viviendas), las obras
de mejora de la habitabilidad, seguridad, accesibilidad y eficiencia energética.

b) En elementos comunes del edificio, las obras de mejora de la
seguridad, estanqueidad, accesibilidad y eficiencia energética, y la utilización
de energías renovables. c) En espacios públicos, las obras de urbanización,
reurbanización y accesibilidad universal, y el establecimiento de redes de
climatización y agua caliente sanitaria centralizadas alimentadas con energías
renovables.

3. La promoción de nuevas viviendas protegidas en el área de
rehabilitación integral (en adelante, ARI), en su caso, estará sujeta a las
condiciones y sistema de financiación establecidas en este Real Decreto,
incluyendo las ayudas para la eficiencia energética definidas en el artícu-lo
63.

Artículo 46. Condiciones de las áreas de rehabilitación
integral.

Las ARIS deberán cumplir las siguientes condiciones: 1.
Condiciones generales: a) Deberán haber sido declaradas por las Comunidades
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla.

b) El perímetro declarado del ARI habrá de incluir al menos 200
viviendas. Excepcionalmente, esta cifra podrá ser inferior en casos
suficientemente motivados, acordados en las comisiones bilaterales de
seguimiento. c) Las viviendas y edificios objeto de rehabilitación deberán tener
una antigüedad superior a 10 años, excepto en supuestos suficientemente
motivados y acordados en las comisiones bilaterales de seguimiento. d) Las
viviendas que hayan obtenido ayudas de este programa, habrán de destinarse a
domicilio habitual y permanente de su propietario, o al arrendamiento, al menos
durante 5 años tras la finalización de las obras de rehabilitación.

2. Condiciones específicas de las ARIS en conjuntos
históricos.-Para poder acceder a las ayudas de este programa, el conjunto
histórico deberá reunir los siguientes requisitos:

a) Haber sido declarado como tal, o tener al menos expediente
incoado al efecto, según la legislación estatal o autonómica.

b) Contar con un plan especial de conservación, protección y
rehabilitación, o figura similar establecida por las Comunidades autónomas y
ciudades de Ceuta y Melilla, y que cuente al menos con la aprobación inicial en
el momento de la solicitud.

3. Condiciones específicas de las ARIS en municipios
rurales.-Las ayudas del Plan correspondientes a este programa serán destinadas a
municipios rurales de menos de 5.000 habitantes, conforme a lo establecido en la
Ley 45/2007, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Excepcionalmente,
podrán destinarse a municipios de mayor población, en casos suficientemente
motivados acordados en las comisiones bilaterales de seguimiento.

Artículo 47. Condiciones generales de los beneficiarios.

1. Los beneficiarios de las ayudas de este programa podrán ser
los promotores de la actuación y los propietarios de las viviendas o edificios,
inquilinos autorizados por el propietario, o comunidades de propietarios
incluidos en el perímetro del ARI.

2. Los ingresos familiares de las personas físicas
beneficiarias de las ayudas no podrán exceder de 6,5 veces el IPREM, según
determinen las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, cuando se
trate de la rehabilitación, para uso propio, de elementos privativos de los
edificios (viviendas). 3. Cuando la rehabilitación tenga por objeto los
elementos comunes del edificio, o la totalidad del mismo, para destinarlo a
arrendamiento, las condiciones de los beneficiarios serán las que determinen las
Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla.

Artículo 48. Financiación de las actuaciones protegidas.

1. Las ayudas a la financiación de las actuaciones protegidas
en ARIS consistirán en préstamos convenidos, sin subsidiación, y subvenciones,
destinadas a los promotores de estas actuaciones, que se abonarán a través de
las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla o de la forma en que se
acuerde con las mismas.

2. El presupuesto protegido es el coste máximo de ejecución de
la rehabilitación de las viviendas y edificios, a cuyos efectos se computará una
superficie útil máxima de 90 metros cuadrados por vivienda. 3. Para acceder a
esta financiación deberán suscribirse los acuerdos correspondientes en las
comisiones bilaterales de seguimiento, con la participación del ayuntamiento en
cuyo término municipal se ubique el área de rehabilitación, de conformidad con
lo que establece el artículo 5.2 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General
de Subvenciones. Los acuerdos podrán estar referidos a un ARI completa o, dentro
de ésta, a una fase o cifra adicional de objetivos a rehabilitar y financiar,
sin que pueda superarse la cifra global de objetivos convenidos para cada
Comunidad Autónoma y Ciudades de Ceuta y Melilla. En dichos acuerdos se
concretará, además del número de objetivos, el sistema de financiación adoptado,
la aportación financiera de cada una de las partes y la forma de pago, así como
los compromisos de las Administraciones intervinientes y las fórmulas de
seguimiento para la liquidación efectiva de la subvención. La ampliación de los
objetivos a financiar en un área previamente acordada con el Ministerio de
Vivienda, precisará un nuevo acuerdo de la comisión bilateral de seguimiento y
la presentación previa de la documentación que complemente la inicialmente
aportada, según lo establecido en el apartado 4 de este artículo. De forma
excepcional, a propuesta de las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y
Melilla y por razones de interés público debidamente motivadas, los acuerdos
podrán permitir eximir a los promotores de actuaciones de rehabilitación de
cumplir las limitaciones relativas a metros cuadrados computables a efectos del
cálculo del presupuesto protegido, y niveles de ingresos de los solicitantes de
ayudas financieras. 4. Previo al acuerdo de la comisión bilateral de
seguimiento, el Ministerio de Vivienda deberá recibir la siguiente
documentación:

a) La delimitación geográfica precisa del perímetro del ARI,
sobre un plano parcelario a escala adecuada, y la documentación gráfica y
complementaria que recoja las determinaciones estructurales pormenorizadas del
planeamiento vigente, así como todos los parámetros urbanísticos que afecten al
área delimitada.

b) Una Memoria-Programa compuesta, al menos, por los siguientes
documentos:

1.º Una Memoria justificativa de la situación de vulnerabilidad
social, económica y ambiental del ARI, debidamente justificada sobre la base de
indicadores e índices estadísticos objetivos en relación con la media municipal,
autonómica y estatal o, en su defecto, sobre la base de informes técnicos que
avalen dicha situación. Esta Memoria incluirá asimismo un Diagnóstico de la
situación existente y la enumeración de los objetivos de la actuación.

2.º Un Programa de Acciones Integradas coherente con los
objetivos enumerados en el Diagnóstico y que especifique de forma pormenorizada
las instituciones públicas y privadas implicadas, la estimación de costes y las
fuentes de financiación y subvenciones previstas, así como los compromisos
establecidos para su puesta en marcha, desarrollo y seguimiento, con
justificación de la viabilidad financiera de las operaciones propuestas. El
Programa de Acciones incluirá las medidas propuestas en los siguientes ámbitos:
Socio-económico, educativo y cultural; dotaciones y equipamientos públicos;
eficiencia energética y utilización de energías renovables; y mejora de la
habitabilidad y accesibilidad del entorno urbano y de las viviendas y edificios
incluidos en el área. La concesión de subvenciones para obras de urbanización o
reurbanización dentro del ámbito delimitado, estará condicionada a la
programación de actuaciones destinadas a la mejora de la calidad medioambiental
y la utilización de energías renovables, a la recualificación de la urbanización
y de los espacios públicos, y a la mejora de las infraestructuras urbanas. El
Programa de Acciones Integradas incluirá asimismo un cuadro de indicadores de
seguimiento, para verificar la incidencia de las actuaciones en la mejora de la
situación de vulnerabilidad del área, y una Memoria que acredite la
participación ciudadana en el diseño del mismo. 3.º Determinación del
Presupuesto protegido, a partir del presupuesto total de la actuación, que
incluye el coste total de la rehabilitación de viviendas y edificios, la
urbanización, y los equipos técnicos de gestión del ARI. 4.º El Plan de realojo
temporal y retorno que corresponda, cuando legalmente sea necesario, con
especificación de la programación temporal y económica de los realojos y de las
medidas sociales complementarias para la población afectada.

5. El promotor de la actuación podrá obtener un préstamo
convenido, sin subsidiación, cuya cuantía podrá alcanzar la totalidad del
presupuesto de aquélla, con un período máximo de amortización de 15 años,
precedido de un período de carencia de hasta 3 años de duración. Los
propietarios u ocupantes de los edificios y viviendas afectados por las
actuaciones de rehabilitación del ARI podrán subrogarse en dicho préstamo,
momento a partir del cual se iniciará el período de amortización.

En caso de que el promotor no hubiera obtenido préstamo
convenido, dichos propietarios u ocupantes podrán obtener préstamos convenidos
directos, sin subsidiación, cuya cuantía podrá alcanzar la diferencia entre la
totalidad del presupuesto protegido de la rehabilitación de su vivienda o
edificio y el importe de las subvenciones concedidas. El plazo de amortización,
que se iniciará con la expedición de la calificación definitiva, será de 15 años
como máximo, precedido de un período de carencia de hasta 2 años, ampliable a 3
con el acuerdo de la entidad de crédito, y la conformidad de las Comunidades
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla. En cualquier caso, en las
calificaciones que éstas emitan deberá constar expresamente que la actuación
para la que se reconoce el derecho a obtener préstamo convenido se encuentra
incluida en un ARI. 6. El Ministerio de Vivienda podrá conceder las siguientes
subvenciones para las actuaciones previstas en cada ARI, con independencia de
otras posibles ayudas por parte de las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta
y Melilla y los Ayuntamientos, y de otra financiación que pudiera obtenerse de
organismos internacionales:

a) Una subvención para la rehabilitación de viviendas y
edificios, y superación de situaciones de infravivienda, por un importe máximo
del 40 por ciento del Presupuesto protegido, con una cuantía media máxima por
vivienda rehabilitada de 5.000 euros.

b) Una subvención destinada a las obras de urbanización y
reurbanización en el espacio público del ARI, por un importe máximo del 20 por
ciento del presupuesto de dichas obras, con el límite del 20 por ciento de la
subvención establecida para el ARI en el párrafo anterior. c) Una subvención
para la financiación parcial del coste de los equipos de información y gestión,
cuyo importe máximo no podrá exceder del 50 por ciento de dicho coste, ni del 5
por ciento del presupuesto protegido total del ARI.

7. En ARIS de centros históricos y municipios rurales, las
subvenciones de las letras a) y b) del apartado anterior podrán alcanzar las
siguientes cuantías:

a) La subvención media máxima se elevará a 6.600 euros, siempre
que la cuantía global de las subvenciones no exceda del 50 por ciento del
presupuesto protegido total del ARI.

b) La subvención para obras de urbanización y reurbanización
tendrá un máximo del 30 por ciento del presupuesto de las obras, con el límite
del 30 por ciento de la subvención.

Sección 2.ª Programa de Áreas de Renovación Urbana (ARUS)

Artículo 49. Objeto del programa.

El programa de ARUS establece las condiciones básicas para
obtener financiación del Plan para la renovación integral de barrios o conjuntos
de edificios de viviendas que precisan de actuaciones de demolición y
sustitución de los edificios, de urbanización o reurbanización, de la creación
de dotaciones y equipamientos, y de mejora de la accesibilidad de sus espacios
públicos, incluyendo, en su caso, procesos de realojo temporal de los
residentes.

En particular, podrán obtener la financiación establecida en
este programa las siguientes actuaciones:

a) La demolición de las edificaciones existentes.

b) La construcción de edificios destinados a viviendas
protegidas. c) La urbanización y reurbanización de los espacios públicos. d) Los
programas de realojo temporal de los residentes.

Artículo 50. Condiciones de las áreas de renovación urbana.

Las ARUS deberán cumplir las siguientes condiciones: a) Deberán
haber sido declaradas por las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y
Melilla.

b) El perímetro declarado del área de renovación urbana (en
adelante, ARU) incluirá un conjunto agrupado de más de 4 manzanas de edificios,
o más de 200 viviendas. Excepcionalmente, el ámbito podrá ser menor, en casos
suficientemente motivados acordados en las comisiones bilaterales de
seguimiento. c) Las viviendas objeto de las actuaciones de renovación deberán
tener una antigüedad mayor de 30 años, excepto en casos suficientemente
motivados acordados en las comisiones bilaterales de seguimiento. d) La mayor
parte de las viviendas incluidas en el ARU deberá encontrarse, respecto a los
requisitos básicos de la edificación, por debajo de los estándares mínimos
establecidos en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la
Edificación, en el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba
el Código Técnico de la Edificación, y demás normativa que resulte de
aplicación. e) La mayor parte de los edificios deberá encontrarse en situación
de agotamiento estructural y de sus elementos constructivos básicos, que exija
la demolición y reconstrucción de los mismos. Serán daños computables a estos
efectos no sólo aquellos cuya reparación se exija por razones de seguridad del
edificio, sino también los que impidan una normal habitabilidad del mismo. f) Al
menos un 60 por ciento de la edificabilidad existente, o de la resultante según
el planeamiento vigente para el ARU, deberá estar destinada a uso residencial.
g) Sólo podrán acogerse a la financiación establecida en este Real Decreto, las
viviendas resultantes de la renovación, sujetas a alguno de los regímenes de
protección regulados en este Real Decreto, en las condiciones que establezcan
las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla. h) En el momento de
solicitar financiación en el marco de este Real Decreto, las ARUS incluidas o
vinculadas a operaciones de reforma interior que hagan necesaria una nueva
ordenación pormenorizada del ámbito, o la aprobación del instrumento de
equidistribución que corresponda, deberán contar, al menos, con la aprobación
inicial del instrumento de ordenación urbanística o de ejecución necesario.

Artículo 51. Condiciones generales de los beneficiarios.

Los promotores del ARU, deberán comprometerse a iniciar la
construcción de, al menos, el 50 por ciento de las viviendas protegidas objeto
de las ayudas, dentro del plazo máximo de 3 años desde el acuerdo de
financiación en la comisión bilateral de seguimiento.

Artículo 52. Financiación de las actuaciones protegidas.

1. La financiación de las actuaciones protegidas en ARUS
consistirá en préstamos convenidos, sin subsidiación, y subvenciones, destinadas
a los promotores de estas actuaciones, que se abonarán a través de las
Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, o de la forma que se
acuerde con las mismas.

2. El presupuesto protegido es el coste máximo de construcción
de las viviendas protegidas a sustituir, que será el 85 por ciento del precio
máximo de una vivienda protegida del mismo régimen, calificada en el momento de
suscripción del acuerdo de la comisión bilateral y en la misma ubicación, con
una superficie útil máxima, a efectos de financiación, de 90 metros cuadrados.
Si la actuación afectara a más de 500 viviendas, dicho porcentaje se reducirá al
80 por ciento. 3. Para acceder a esta financiación deberán suscribirse los
acuerdos correspondientes en las comisiones bilaterales de seguimiento, con la
participación del ayuntamiento en cuyo término municipal se ubique el área de
renovación urbana, de conformidad con lo que establece el artículo 5.2 de la Ley
38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones. Los acuerdos podrán estar
referidos a un ARU completa o, dentro de ésta, a una fase o cifra adicional de
objetivos a renovar y financiar, sin que pueda superarse la cifra global de
objetivos convenidos para cada Comunidad Autónoma y Ciudades de Ceuta y Melilla.
En dichos acuerdos se concretará, además del número de objetivos, el sistema de
financiación adoptado, la aportación financiera de cada una de las partes y la
forma de pago, así como los compromisos de las Administraciones intervinientes y
las fórmulas de seguimiento para la liquidación efectiva de la subvención. La
ampliación de los objetivos a financiar en un área previamente acordada con el
Ministerio de Vivienda, precisará un nuevo acuerdo de la comisión bilateral de
seguimiento y la presentación previa de la documentación que complemente la
inicialmente aportada, según lo establecido en el apartado 4 de este artículo.
4. Previo al acuerdo de la comisión bilateral de seguimiento, el Ministerio de
Vivienda deberá recibir la siguiente documentación:

a) La delimitación geográfica precisa del perímetro del ARU,
sobre un plano parcelario a escala adecuada, y la documentación gráfica y
complementaria que recoja las determinaciones estructurales pormenorizadas del
planeamiento vigente, así como todos los parámetros urbanísticos que afecten al
área delimitada.

b) Una Memoria-Programa que estará compuesta, al menos, por los
documentos que se relacionan en el apartado 4 del artículo 48.

5. El promotor de las actuaciones podrá obtener un préstamo
convenido, sin subsidiación, cuya cuantía máxima será la diferencia entre el
presupuesto de construcción de las viviendas protegidas en el ARU y la cuantía
de las subvenciones concedidas, con el período máximo de carencia y amortización
establecido para la promoción de viviendas protegidas de nueva construcción en
el artículo 33 de este Real Decreto. Los propietarios u ocupantes de las
viviendas protegidas podrán subrogarse en dicho préstamo, momento a partir del
cual se iniciará el período de amortización.

En cualquier caso, en las calificaciones que emitan las
Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla deberá constar expresamente
que la actuación para la que se reconoce el derecho a obtener préstamo convenido
se encuentra incluida en un ARU. 6. El Ministerio de Vivienda podrá conceder las
siguientes subvenciones para la financiación de las actuaciones previstas en
cada ARU, con independencia de otras posibles ayudas por parte de las
Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla y los Ayuntamientos, y de
otra financiación que pudiera obtenerse de organismos internacionales:

a) Una subvención para la sustitución de las viviendas
existentes, por un importe máximo del 35 por ciento del presupuesto protegido
del ARU (coste de construcción de las viviendas renovadas), con una cuantía
máxima media por vivienda renovada de 30.000 euros, no extensible a otras nuevas
viviendas, libres o protegidas, que ampliaran el número de las viviendas
preexistentes.

b) Una subvención destinada a las obras de urbanización en el
espacio público del ARU por un importe máximo del 40 por ciento del presupuesto
de dichas obras, con un límite del 40 por ciento de la subvención establecida
para el ARU en el párrafo anterior. A estos efectos, el coste máximo de
construcción de las viviendas protegidas será del 85 por ciento del precio
máximo de una vivienda protegida del mismo régimen, calificada en el momento de
suscripción del acuerdo de la comisión bilateral y en la misma ubicación, con
una superficie útil máxima, a efectos de financiación, de 90 metros cuadrados.
Si la actuación afectara a más de 500 viviendas, dicho porcentaje se reducirá al
80 por ciento. c) Una subvención para realojos temporales, con una cuantía media
máxima por unidad familiar a realojar de 4.500 euros anuales, hasta la
calificación definitiva de su nueva vivienda, sin exceder de un máximo de 4
años. d) Una subvención para la financiación parcial del coste de los equipos de
información y gestión, cuyo importe máximo no podrá exceder del 50 por ciento de
dicho coste, ni del 7 por ciento del presupuesto protegido del ARU. e) La
promoción de nuevas viviendas protegidas que ampliaran el número de las
preexistentes en el ARU, a que se refiere la letra a), podrá acogerse a la
financiación establecida con carácter general en este Real Decreto para cada
tipología.

Artículo 53. Precios máximos y financiación de la adquisición
de las nuevas viviendas protegidas.

1. Los precios máximos de las nuevas viviendas protegidas del
ARU serán fijados por las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla,
con los límites máximos establecidos en este Real Decreto para los diferentes
regímenes de viviendas protegidas para venta o alquiler.

2. Los titulares de las viviendas sustituidas podrán acceder a
los préstamos convenidos a los que se refiere el apartado 5 del artículo 52,
mientras que los nuevos titulares de las viviendas protegidas de nueva
construcción, que no fueran titulares de las viviendas sustituidas, podrán
acceder a la financiación establecida con carácter general para los adquirentes
de viviendas protegidas.

Sección 3.ª Programa de ayudas para la erradicación del
chabolismo

Artículo 54. Objeto del programa.

El programa de ayudas para la erradicación del chabolismo
recoge las condiciones para obtener financiación del Plan, en las actuaciones
destinadas a tal fin. Se entenderá por situación de chabolismo el asentamiento
precario e irregular de población en situación o riesgo de exclusión social, con
graves deficiencias de salubridad, hacinamiento de sus moradores y condiciones
de seguridad y habitabilidad muy por debajo de los requerimientos mínimos
aceptables.

Artículo 55. Beneficiarios de las ayudas.

Los beneficiarios de las ayudas podrán ser personas jurídicas,
públicas o privadas, sin ánimo de lucro.

Artículo 56. Financiación de las actuaciones protegidas.

1. La financiación para las actuaciones protegidas consistirá
en subvenciones, destinadas a las entidades públicas o privadas, sin ánimo de
lucro, que dispongan de programas específicos o de colaboración para la
erradicación de situaciones de chabolismo. Las ayudas se harán abonadas a través
de las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla o de la forma que se
acuerde con las mismas.

2. Para acceder a esta financiación, deberán suscribirse los
acuerdos correspondientes en la comisión bilateral de seguimiento con la
participación del ayuntamiento en cuyo término municipal se ubique el
asentamiento, de conformidad con lo que establece el artículo 5.2 de la Ley
38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones. Los acuerdos podrán estar
referidos a un asentamiento completo o, dentro de éste, a una fase o número
determinado de objetivos, sin que pueda superarse la cifra global de objetivos
convenidos para cada Comunidad Autónoma y Ciudades de Ceuta y Melilla. En dichos
acuerdos se concretarán, además del número de objetivos, el sistema de
financiación adoptado, la aportación financiera de cada una de las partes y la
forma de pago, así como los compromisos de las Administraciones intervinientes y
las fórmulas de seguimiento para la liquidación efectiva de la subvención. La
ampliación de los objetivos a financiar en un área previamente acordada con el
Ministerio de Vivienda, precisará un nuevo acuerdo de la comisión bilateral de
seguimiento y la presentación previa de la documentación que complemente la
inicialmente aportada, según lo establecido en el apartado 3 de este artículo.
3. Previo al acuerdo de la comisión bilateral de seguimiento, el Ministerio de
Vivienda deberá recibir una Memoria-programa que incluya, al menos, los
siguientes documentos:

a) La delimitación geográfica precisa del asentamiento.

b) Número de personas o de unidades familiares que lo componen.
c) Condiciones físicas del asentamiento. d) Características socioeconómicas de
la población. e) Un Plan de realojos, que deberá incluir la programación
temporal y económica de los mismos, la previsión de alojamiento y las medidas
sociales complementarias para la población afectada. f) Las fórmulas de
participación y los compromisos de cada una de las Administraciones y agentes
institucionales y sociales, públicos o privados, implicados en la erradicación
del asentamiento.

4. El Ministerio de Vivienda podrá colaborar en las
actuaciones a que se refiere este programa, mediante ayudas destinadas al
realojo de los ocupantes del asentamiento en viviendas en régimen de
arrendamiento, y al acompañamiento social en los procesos de realojo, con las
siguientes subvenciones:

a) Una subvención para el realojo de cada unidad familiar, cuya
cuantía máxima será el 50 por ciento de la renta anual que se vaya a satisfacer,
con un máximo de 3.000 euros anuales por vivienda.

La duración máxima de esta ayuda coincidirá con la del Plan de
realojos previsto en la Memoria-programa presentada, sin que pueda exceder de 4
años, y condicionada a que se mantengan las circunstancias que dieron lugar al
reconocimiento inicial del derecho a la ayuda. b) Una subvención para la
financiación parcial del coste de los equipos de gestión y de acompañamiento
social, cuyo importe máximo será del 10 por ciento del importe total de las
subvenciones al realojo de las unidades familiares del asentamiento establecidas
en la letra a).

CAPÍTULO IV

Eje 4: Ayudas RENOVE de rehabilitación y eficiencia
energética

Sección 1.ª Programa de ayudas RENOVE a la rehabilitación de
viviendas y edificios de viviendas existentes

Artículo 57. Condiciones de los beneficiarios de las ayudas.

1. Los beneficiarios de las ayudas de este programa podrán ser
los promotores de la actuación y los propietarios de las viviendas o edificios,
inquilinos autorizados por el propietario, o en comunidades de propietarios.

2. Los ingresos familiares de las personas físicas
beneficiarias de las ayudas no podrán exceder de 6,5 veces el IPREM, según
determinen las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, cuando se
trate de la rehabilitación, para uso propio, de elementos privativos de los
edificios (viviendas). 3. Cuando la rehabilitación tenga por objeto los
elementos comunes del edificio, o la totalidad del mismo, para destinarlo a
arrendamiento, las condiciones de los beneficiarios serán las que determinen las
Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, sin exceder los límites de
ingresos determinados en este Real Decreto.

Artículo 58. Actuaciones protegidas.

1. Se consideran actuaciones protegidas a efectos de su
financiación en el marco de este Real Decreto, las siguientes: a) Actuaciones
para mejorar la eficiencia energética, la higiene, salud y protección del medio
ambiente en los edificios y viviendas, y la utilización de energías renovables.

b) Actuaciones para garantizar la seguridad y la estanqueidad
de los edificios. c) Actuaciones para mejora de la accesibilidad al edificio y/o
a sus viviendas.

2. Se considerarán actuaciones para la mejora de la
eficiencia energética, la higiene, salud y protección del medio ambiente en los
edificios y viviendas y la utilización de energías renovables, las siguientes:

a) Instalación de paneles solares, a fin de contribuir a la
producción de agua caliente sanitaria demandada por las viviendas, en un
porcentaje, al menos, del 50 por ciento de la contribución mínima exigible para
edificios nuevos, según lo establecido en la sección HE-4 «Contribución solar
mínima de agua caliente sanitaria» del DB-HE del Código Técnico de la
Edificación.

b) Mejora de la envolvente térmica del edificio para reducir su
demanda energética, mediante actuaciones como el incremento del aislamiento
térmico, la sustitución de carpinterías y acristalamientos de los huecos, u
otras, siempre que se demuestre su eficacia energética, considerando factores
como la severidad climática y las orientaciones. c) Cualquier mejora en los
sistemas de instalaciones térmicas que incrementen su eficiencia energética o la
utilización de energías renovables. d) Mejora de las instalaciones de suministro
e instalación de mecanismos que favorezcan el ahorro de agua y, así como la
realización de redes de saneamiento separativas en el edificio que favorezcan la
reutilización de las aguas grises en el propio edificio y reduzcan el volumen de
vertido al sistema público de alcantarillado. e) Cuantas otras sirvan para
cumplir los parámetros establecidos en los Documentos Básicos del Código Técnico
de la Edificación DB-HE de ahorro de energía, DB-HS Salubridad, y DB-HS,
protección contra el ruido.

3. Se considerarán actuaciones para garantizar la seguridad y
la estanqueidad de los edificios las siguientes:

a) Cualquier intervención sobre los elementos estructurales del
edificio tales como muros, pilares, vigas y forjados, incluida la cimentación,
que esté destinada a reforzar o consolidar sus deficiencias con objeto de
alcanzar una resistencia mecánica, estabilidad, y aptitud al servicio que sean
adecuadas al uso del edificio.

b) Las instalaciones eléctricas, con el fin de adaptarlas a la
normativa vigente. c) Cualquier intervención sobre los elementos de la
envolvente afectados por humedades, como cubiertas y muros, de forma que se
minimice el riego de afección al edificio y a sus elementos constructivos y
estructurales, por humedades provenientes de precipitaciones atmosféricas, de
escorrentías, del terreno o de condensaciones.

4. Se considerarán actuaciones para la mejora de la
accesibilidad las actuaciones tendentes a adecuar los edificios de viviendas o
las viviendas a la Ley 49/1960, de 21 de junio, sobre Propiedad Horizontal,
modificada por la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades,
no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, a
lo regulado en desarrollo del Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que
se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las
personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados y edificaciones, o a la normativa autonómica en materia de promoción
de la accesibilidad. En particular:

a) La instalación de ascensores o adaptación de los mismos a
las necesidades de personas con discapacidad o a las nuevas normativas que
hubieran entrado en vigor tras su instalación.

b) La instalación o mejora de rampas de acceso a los edificios,
adaptadas a las necesidades de personas con discapacidad. c) La instalación o
mejora de dispositivos de acceso a los edificios, adaptados a las necesidades de
personas con discapacidad sensorial. d) La instalación de elementos de
información que permitan la orientación en el uso de escaleras y ascensores de
manera que las personas tengan una referencia adecuada de dónde se encuentran.
e) Obras de adaptación de las viviendas a las necesidades de personas con
discapacidad o de personas mayores de 65 años.

Artículo 59. Financiación de las actuaciones protegidas.

1. La financiación para las actuaciones protegidas de
rehabilitación a que se refiere este programa consistirá en: a) Edificios de
viviendas: Préstamos convenidos, con o sin subsidiación, acompañados en este
último supuesto de subvenciones destinadas a los promotores, que se abonarán a
través de las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla o de la forma
que se acuerde con las mismas.

b) Viviendas: Subvenciones, abonadas en las mismas condiciones
que para los edificios de vivienda.

2. El presupuesto protegido, en las actuaciones sobre
edificios, será el coste total de las obras a realizar sobre los elementos
comunes e instalaciones generales, incluidas las necesarias sobre las partes
afectadas en viviendas y locales comerciales.

El presupuesto protegido, en las actuaciones sobre viviendas,
será el coste total de la rehabilitación de las mismas. En ambos tipos de
actuaciones, se computará un máximo de 90 metros cuadrados útiles por vivienda
resultante de la actuación o local afectado por ella y, en rehabilitación de
edificios, para garajes o anejos y trasteros, la misma superficie máxima que en
la promoción de viviendas protegidas, sin que la cuantía máxima del presupuesto
protegido, por metro cuadrado útil, supere el 70 por 100 del módulo básico
estatal vigente en el momento de la calificación provisional de la actuación. 3.
No será objeto de ayudas financieras la rehabilitación de locales, sin perjuicio
de la posibilidad de obtención de préstamo convenido cuando se trate de la
rehabilitación de elementos comunes de edificios y los locales participen en los
costes de ejecución. 4. Será condición necesaria para poder acceder a la
financiación establecida en este programa, que al menos el 25 por ciento del
presupuesto de las actuaciones protegidas esté dedicado a la utilización de
energías renovables, la mejora de la eficiencia energética, la higiene, salud y
protección del medio ambiente, y la accesibilidad del edificio. 5. No podrán
obtener la financiación correspondiente a este programa aquellas actuaciones de
rehabilitación que tengan por objeto viviendas o edificios de viviendas ubicados
en ARIS o en ARUS.

Artículo 60. Financiación de la rehabilitación de edificios de
viviendas.

1. Los préstamos convenidos, además de las generales
establecidas en este Real Decreto, tendrán las siguientes características: a) El
préstamo convenido podrá alcanzar la totalidad del presupuesto protegido.

b) El plazo de amortización, que se iniciará con la expedición
de la calificación definitiva, será de quince años como máximo, precedido de un
período de carencia de hasta 2 años, ampliable a 3 años, con el acuerdo de la
entidad de crédito y a criterio de las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta
y Melilla. c) Podrán obtener préstamo convenido para financiar la actuación
protegida de rehabilitación de un edificio, todos los propietarios u ocupantes
de las viviendas, con independencia de sus ingresos familiares.

2. La cuantía de la subsidiación de préstamos convenidos será
la siguiente:

a) Cuando el titular del préstamo sea arrendatario, o
propietario de una o varias viviendas en el edificio objeto de rehabilitación, y
sus ingresos familiares no excedan de 6,5 veces el IPREM, la subsidiación será
de 140 euros anuales por cada 10.000 euros de préstamo convenido.

b) Cuando el titular del préstamo tuviera una o varias
viviendas arrendadas con contrato de arrendamiento sujeto a prórroga forzosa
celebrado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 29/1994, de 24 de
noviembre, de Arrendamientos Urbanos, no se exigirá el requisito relativo a
límite de ingresos familiares y la subsidiación para el arrendador de dichas
viviendas será de 175 euros anuales por cada 10.000 euros de préstamo convenido.

3. La subvención a la rehabilitación de edificios solicitada
por la comunidad de propietarios, será incompatible con la subsidiación del
préstamo convenido, y tendrá una cuantía máxima del 10 por ciento del
presupuesto protegido, a distribuir en función de los criterios que establezcan
las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, y con un límite de
1.100 euros por vivienda.

Además, podrán obtener una subvención los propietarios u
ocupantes de las viviendas del edificio, promotores de la rehabilitación, cuyos
ingresos familiares no excedan de 6,5 veces el IPREM y cuya cuantía máxima será
del 15 por ciento del presupuesto protegido, con el límite de 1.600 euros con
carácter general, o de 2.700 euros cuando tengan más de 65 años o se trate de
personas con discapacidad y las obras se destinen a la eliminación de barreras o
a la adecuación de la vivienda a sus necesidades específicas.

Artículo 61. Financiación de la rehabilitación de viviendas.

La financiación de la rehabilitación de viviendas consistirá en
subvenciones, con las siguientes cuantías: a) La cuantía máxima de la subvención
por vivienda será del 25 por ciento del presupuesto protegido, con el límite de
2.500 euros con carácter general, o de 3.400 euros cuando los propietarios u
ocupantes de las viviendas tengan más de 65 años o se trate de personas con
discapacidad y las obras se destinen a la eliminación de barreras o a la
adecuación de la vivienda a sus necesidades específicas.

b) En el supuesto de que el propietario u ocupante de una
vivienda, promotor de su rehabilitación, la destine al alquiler durante un plazo
mínimo de 5 años, en las condiciones establecidas por este Real Decreto para las
viviendas protegidas destinadas a dicho uso, la cuantía de la subvención a la
que se refiere la letra a) anterior será como máximo de 6.500 euros.

Artículo 62. Financiación de la rehabilitación de viviendas
unifamiliares aisladas.

Cuando se trate de una vivienda unifamiliar aislada que
precisara de obras de rehabilitación, la financiación será la que corresponda a
la actuación predominante, según dispongan las Comunidades autónomas y ciudades
de Ceuta y Melilla.

Sección 2.ª Programa de ayudas a la eficiencia energética en la
promoción de viviendas

Artículo 63. Ayudas en la promoción de viviendas protegidas.

1. Los promotores de viviendas calificadas como protegidas
cuyos proyectos obtengan una calificación energética de la clase A, B o C, según
lo establecido en el Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba
el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de
edificios de nueva construcción, podrán acceder a una subvención con las
siguientes cuantías:

Niveles de calificación energética

A

B

C

Subvención (euros/vivienda)

3.500

2.800

2.000

2. Las mismas ayudas podrán obtenerse para la promoción de
viviendas protegidas de nueva construcción en ARIS y ARUS.

3. Estas ayudas son incompatibles, siempre que se dirijan a la
misma finalidad, con las correspondientes al Plan de Acción de Ahorro y
Eficiencia Energética para el período 2008-2012, y al Plan de Energías
Renovables 2005-2010, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía (IDAE).

CAPÍTULO V

Eje 5: Ayudas para adquisición y urbanización de suelo
para vivienda protegida

Artículo 64. Condiciones de las actuaciones protegidas.

1. Serán actuaciones protegidas las de urbanización y
adquisición del suelo para su inmediata edificación, en las condiciones
establecidas en el apartado 5 de este artículo, y destinado mayoritariamente a
la promoción de viviendas protegidas en el marco de este Real Decreto, o según
normativa propia de las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla,
siempre que cumplan los requisitos exigidos a aquéllas por lo que se refiere a
superficie útil máxima, precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie
útil, niveles máximos de ingresos de los adquirentes y período mínimos de
calificación de las viviendas.

2. A los efectos del apartado anterior, al menos el 50 por
ciento de la edificabilidad residencial de la unidad de actuación deberá
destinarse a vivienda protegida. 3. Podrán acogerse a la financiación
establecida en este Real Decreto para las Áreas de Urbanización Prioritaria de
Suelo (en adelante, AUP), aquellas en las que, al menos, el 75 por ciento de la
edificabilidad residencial de la unidad de actuación se destine a la promoción
inmediata de viviendas protegidas, y que sean objeto de acuerdo de la
correspondiente comisión bilateral de seguimiento, con la participación del
Ayuntamiento correspondiente. 4. Cuando el suelo objeto de urbanización forme
parte de patrimonios públicos de suelo, se considerará que dicho suelo
constituye un AUP cuando al menos el 50 por ciento de la edificabilidad
residencial total se destine a viviendas protegidas para arrendamiento, o a
viviendas calificadas como protegidas de régimen especial o de promoción
pública. Esta afectación del suelo a dichas finalidades deberá inscribirse
registralmente. 5. En las AUP la actuación protegida podrá incluir la
adquisición onerosa del suelo a urbanizar, siempre que éste aún no haya sido
adquirido en el momento de la solicitud de las ayudas.

Artículo 65. Requisitos para acceder a la financiación.

1. Los promotores deberán cumplir los siguientes requisitos: a)
Acreditar previamente la propiedad del suelo, una opción de compra, un derecho
de superficie o un concierto formalizado con quien ostente la titularidad del
suelo o cualquier otro título o derecho que conceda facultades para efectuar la
urbanización.

b) Suscribir el compromiso de iniciar, dentro del plazo máximo
de 3 años, por sí, o mediante concierto con promotores de viviendas, la
construcción de, al menos, un 30 por ciento de las viviendas protegidas de nueva
construcción. El cómputo del plazo se iniciará a partir de la conformidad del
Ministerio de Vivienda a la concesión de la subvención a la que se refiere el
artículo siguiente, salvo que el planeamiento vigente o la legislación
urbanística aplicable establezcan otro plazo diferente. c) Adjuntar a la
solicitud de financiación una memoria de viabilidad técnico-financiera y
urbanística del proyecto, en la que se especificará la aptitud del suelo objeto
de actuación para los fines perseguidos, los costes de la actuación protegida,
la edificabilidad residencial, y el número de viviendas a construir ya sean
libres o protegidas, según tipología y otras características que puedan dar
lugar a la obtención de las subvenciones establecidas en esta materia. Asimismo,
la memoria deberá contener la programación temporal pormenorizada de la
urbanización y edificación, el precio de venta de las viviendas protegidas y
demás usos previstos del suelo, el desarrollo financiero de la operación, así
como los criterios de sostenibilidad que se aplicarán a la urbanización.

2. Para poder acogerse a la financiación correspondiente a
las AUP, será necesario que se formalice un acuerdo de colaboración, en el marco
de las comisiones bilaterales de seguimiento, con la participación del
Ayuntamiento en cuyo término municipal se ubique la actuación de urbanización.
En este acuerdo, conforme al número de objetivos y del volumen de recursos
estatales convenidos, se concretarán las condiciones de financiación y, en su
caso, los compromisos y aportaciones financieras de la comunidad autónoma y del
municipio correspondiente, así como el sistema de seguimiento y evaluación de
las actuaciones acordadas.

3. No se podrá obtener financiación para las actuaciones en
materia de suelo cuando la solicitud de las mismas sea presentada con
posterioridad a la obtención del préstamo convenido correspondiente a las
viviendas protegidas de nueva construcción a edificar en dicho suelo. Tampoco
cabrá la obtención de ayudas financieras cuando la unidad de ejecución, o parte
de la misma, ya las hubiera recibido, incluso en el marco de planes estatales
anteriores. 4. Deberá inscribirse en el Registro de la Propiedad la afectación
del suelo objeto de financiación a la finalidad establecida, por lo que se
refiere a número de viviendas protegidas previstas, incluyendo sus tipologías y
otras características que puedan dar lugar a la obtención de las subvenciones
establecidas en esta materia.

Artículo 66. Financiación de las actuaciones protegidas.

1. Los promotores de las actuaciones protegidas podrán obtener
préstamos convenidos que, además de las condiciones generales establecidas en
este Real Decreto, tendrán las siguientes características: a) La cuantía del
préstamo convenido no podrá exceder del producto de la superficie edificable,
según figure en la memoria de viabilidad técnico-financiera del proyecto,
multiplicada por el 20 por ciento del MBE vigente en el momento de la
calificación de la actuación como protegida, y sin exceder del coste total de la
actuación.

b) La suma de los períodos de amortización y, en su caso, de
carencia, que será como máximo de 2 años, no podrá superar los 4 años. c) No
será necesaria garantía hipotecaria, salvo que la entidad de crédito
colaboradora lo considere necesario. Si el préstamo tuviera garantía
hipotecaria, quedará vencido anticipadamente en el supuesto de que antes de
concluir los plazos determinados en el párrafo b), el prestatario transmitiera a
título oneroso el suelo objeto de la financiación, salvo que el adquirente de
dicho suelo se subrogara en dicho préstamo. d) El préstamo concedido a una
actuación de suelo vencerá anticipadamente, cuando se obtuviera un nuevo
préstamo para financiar la promoción de viviendas que acometa el prestatario por
sí mismo o mediante concierto con un promotor. La escritura de préstamo para
suelo podrá prever que si el promotor de suelo, antes de haber concluido el
plazo de amortización del préstamo correspondiente, obtiene la calificación
provisional de viviendas protegidas, podrá adaptar las características de dicho
préstamo a las del préstamo a promotores de viviendas protegidas de nueva
construcción, y por una cuantía máxima que no exceda de la establecida para
estas viviendas.

2. El Ministerio de Vivienda subvencionará al promotor, por
cada vivienda protegida a construir en la Unidad de Actuación, en función de: a)
El porcentaje de edificabilidad residencial destinado a viviendas protegidas.

b) El porcentaje previsto de viviendas protegidas que van a ser
calificadas para arrendamiento o viviendas protegidas de régimen especial,
dentro del conjunto de las viviendas protegidas, en los grupos siguientes:

Grupo de la actuación protegida:

Porcentaje de edificabilidad residencial
protegida destinada a vivienda protegida en alquiler y/o a vivienda
protegida de régimen especial.

Grupo 1

40%

Grupo 2

20% < 40%

Grupo 3

< 20%

c) La adquisición onerosa, del suelo, en su caso.

d) La ubicación del suelo en alguno de los ATPMS.

Dichas subvenciones tendrán las siguientes cuantías máximas:

El abono de estas subvenciones se fraccionará en función del
grado de desarrollo y justificación de la inversión y de las disponibilidades
presupuestarias del Ministerio de Vivienda.

Cuando la programación temporal inicialmente establecida se
modifique sin que las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla lo
hayan autorizado en el marco del convenio suscrito con el Ministerio de
Vivienda, o cuando los retrasos en el cumplimiento de dicha programación, salvo
causa justificada, pongan de manifiesto el incumplimiento del plazo máximo de
construcción de viviendas protegidas establecido en el artícu-lo 65.1, b), será
de aplicación lo establecido en este Real Decreto respecto a su incumplimiento.

Artículo 67. El operador público de suelo SEPES.

Con objeto de fomentar la urbanización de suelo para vivienda
protegida, la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), en el marco del
Plan, podrá colaborar en los siguientes cometidos: a) La promoción de suelo
urbano para uso residencial y otros usos compatibles.

b) La adquisición, por cualquier título, de terrenos destinados
a la formación de reservas de suelo, preparación de solares o cualquier otra
finalidad análoga. c) La ejecución de planes y proyectos de urbanización, la
creación de infraestructuras urbanísticas y las actuaciones protegidas en
materia de vivienda que le encomienden las Administraciones competentes.

CAPÍTULO VI

Eje 6: Ayudas a instrumentos de información y gestión del
plan

Artículo 68. Objeto del programa.

1. El programa de ayudas a instrumentos de información y
gestión del Plan recoge las condiciones básicas de financiación para la creación
y mantenimiento de sistemas de información a los ciudadanos, y el control y
gestión de las relaciones entre el Ministerio de Vivienda y las Comunidades
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla en el desarrollo del Plan.

2. En particular, podrán recibir ayudas:

a) Los sistemas informáticos de gestión del Plan.

b) Los registros de demandantes. c) Las ventanillas únicas de
información y gestión sobre ayudas del Plan y de otras actuaciones de las
políticas de vivienda. d) Los programas de difusión del Plan y de su desarrollo
y ejecución.

Artículo 69. Beneficiarios de la financiación.

Podrán ser beneficiarios de las ayudas de este programa las
administraciones y empresas públicas que lleven a cabo actuaciones de las
indicadas en el apartado 2 del artículo anterior.

Artículo 70. Financiación.

La financiación de los instrumentos de información y gestión
consistirá en subvenciones cuya cuantía se determinará en los convenios de
colaboración entre el Ministerio de Vivienda y las Comunidades autónomas y
ciudades de Ceuta y Melilla.

El Ministerio de Vivienda podrá emplear parte de los recursos
presupuestarios asignados al Plan para dotarse de sistemas informáticos de
seguimiento y gestión del mismo, que faciliten el intercambio de datos e
información con los sistemas propios de las Comunidades autónomas y ciudades de
Ceuta y Melilla, así como para elaborar un manual de imagen institucional para
la gestión e identificación ante el ciudadano de las actuaciones protegidas del
Plan.

Disposición adicional primera. Conceptos y denominaciones
utilizados en este Real Decreto.

1. Los conceptos utilizados en este Real Decreto se entenderán
en el sentido expuesto en el Glosario incluido como anexo al mismo, sin
perjuicio de la posible utilización de otras denominaciones o acepciones en la
normativa de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla.

2. A los efectos de los convenios de colaboración que celebre
el Ministerio de Vivienda con las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y
Melilla para la ejecución de este Plan, se entenderán financiables las
actuaciones protegidas que cumplan todas las condiciones y requisitos para ellas
previstas en este Real Decreto, con independencia de la denominación que reciban
en la normativa autonómica.

Disposición adicional segunda. Cuantía del Módulo Básico
Estatal.

La cuantía del MBE se fija en 758 euros por metro cuadrado de
superficie útil, hasta que el Consejo de Ministros acuerde actualizarlo de
conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 9.

Disposición adicional tercera. Subvenciones a la vivienda de
protección oficial de promoción pública.

El Ministerio de Vivienda continuará satisfaciendo, con cargo a
sus presupuestos, una subvención personal y especial a los compradores en
primera transmisión de viviendas de protección oficial de promoción pública,
vendidas en las condiciones de precio y aplazamiento de pago establecidas en el
Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre, y disposiciones complementarias, así
como en las normas de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla,
siempre que el aplazamiento suponga al menos el 80 por ciento del pago total a
efectuar por la vivienda. El importe de la subvención coincidirá con el que
resulte de aplicar al precio de la vivienda el tipo impositivo del Impuesto
sobre el Valor Añadido que grave la transmisión de estas viviendas o, en el caso
de la Comunidad Autónoma de Canarias y de las de ciudades de Ceuta y Melilla, el
tipo impositivo de los Impuestos que se aplican en lugar de aquél.

Disposición adicional cuarta. Aranceles notariales y
registrales a aplicar en las transmisiones de viviendas protegidas.

1. Los honorarios de notarios y registradores de la propiedad
relativos a todos los actos o negocios jurídicos necesarios para que las
viviendas de protección oficial o declaradas protegidas queden disponibles para
su primera transmisión o adjudicación, así como los relativos a los préstamos
hipotecarios correspondientes a dichas viviendas, que hayan obtenido el carácter
de convenidos en el ámbito de este Real Decreto, tendrán la reducción
establecida en el artículo 8 de la Ley 41/1980, de 5 de julio, modificado por el
Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio.

La primera transmisión o adjudicación, así como, en su caso, la
subrogación en el préstamo hipotecario cualificado, de cada una de dichas
viviendas, gozará de la mencionada reducción de los derechos de matriz, primera
copia e inscripción; y, tratándose de viviendas cuya superficie útil no exceda
de 90 metros cuadrados, tendrán los derechos arancelarios que se indican en los
apartados 2 y 3. 2. Los derechos arancelarios de los Notarios aplicables a la
primera transmisión o adjudicación de dichas viviendas serán, por todos los
conceptos, los siguientes:

a) Primera transmisión o adjudicación de la vivienda: 60,047119
euros.

b) Cuando la vivienda lleve vinculada en proyecto y
registralmente plaza de garaje y, en su caso, trastero u otros anejos, la
cantidad señalada se incrementará, por todos los conceptos, en los siguientes
importes: 9,015182 y 6,010121 euros, respectivamente. c) Cuando se constituya
garantía real en el mismo acto de la primera transmisión o adjudicación para
asegurar el precio aplazado, la cantidad señalada se incrementará, por todos los
conceptos, en el siguiente importe: 30,020555 euros.

3. Los derechos arancelarios de los Registradores aplicables a
la primera transmisión o adjudicación de las referidas viviendas serán, por
todos los conceptos, los siguientes: a) Primera transmisión o adjudicación:
24,016444 euros.

b) Cuando la vivienda lleve vinculada en proyecto y
registralmente plaza de garaje y, en su caso, trastero u otros anejos, la
cantidad señalada se incrementará, por todos los conceptos, en los siguientes
importes: 6,010121 y 3,005061 euros, respectivamente. c) Cuando se constituya
garantía real, la cantidad señalada se incrementará, por todos los conceptos, en
el siguiente importe: 12,008222 euros.

4. Para gozar de las bonificaciones correspondientes a la
primera transmisión o adjudicación, así como, en su caso, a la subrogación en el
préstamo hipotecario cualificado, se precisará que sea la única vivienda del
comprador, salvo que hayan sido privados de su uso por causas no imputables a
los interesados, y se destine a su residencia habitual y permanente.

5. Los beneficios a que se refiere esta disposición adicional
se entienden sin perjuicio de los que fueran más favorables, en función de la
legislación a cuyo tenor se obtuvo la calificación de las viviendas.

Disposición adicional quinta. Subvenciones de planes estatales
de vivienda.

A efectos de lo dispuesto en la regla quinta del artícu-lo 86.2
de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se entenderá que
tienen el mismo destino específico todos los fondos para subvenciones vinculadas
a planes estatales de vivienda, remitidos a las comunidades autónomas y ciudades
de Ceuta y Melilla y que se encuentren en poder de las mismas.

Disposición adicional sexta. Base de datos de actuaciones
protegidas.

El Ministerio de Vivienda, mediante orden, establecerá una Base
de Datos de Actuaciones Protegidas acogidas a este Plan, en la que se incluirán,
al menos, los promotores de las viviendas protegidas y los beneficiarios de las
ayudas financieras desagregados por modalidades de actuaciones protegidas, con
el objeto de hacer posible el seguimiento y control del Plan y como fuente de
información agregada de las actuaciones que se desarrollan para su ejecución en
el conjunto del Estado. El suministro de datos a la base se sujetará a lo que se
acuerde con las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla mediante
convenios de colaboración.

Disposición adicional séptima. Viviendas de protección oficial
de Régimen Especial.

1. A los efectos establecidos en el artículo 91.dos.1.6.º de la
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, o de los
impuestos que se aplican en lugar de aquél, en el caso de la Comunidad Autónoma
de Canarias y de las ciudades de Ceuta y Melilla, se incluyen bajo la
denominación de viviendas de protección oficial de régimen especial, las
viviendas de nueva construcción, o procedentes de la rehabilitación, así
calificadas y destinadas exclusivamente a familias o personas cuyos ingresos
familiares no excedan de 2,5 veces el IPREM siempre que su precio máximo de
venta por metro cuadrado de superficie útil no exceda de 1,50 veces el MBE.

2. Se considerarán asimismo viviendas de protección oficial de
Régimen Especial, a los efectos de la Ley mencionada en el apartado anterior,
las viviendas calificadas, en el marco de este Real Decreto, como protegidas
para venta de régimen especial, y las protegidas para arrendamiento, de régimen
especial y general.

Disposición transitoria primera. Medidas para hacer frente a
la coyuntura económica del sector.

1. Hasta el día de la publicación en el «Boletín Oficial del
Estado» de una orden del Ministerio de Vivienda por la que se disponga la
aplicación del nuevo sistema de financiación establecido en este Real Decreto y
se deje sin efectos lo dispuesto en este apartado, se podrán seguir realizando
las siguientes actuaciones: a) Conceder ayudas financieras a actuaciones de
promoción de viviendas protegidas, adquisición de las mismas y de otras
viviendas existentes, que hayan obtenido los préstamos a que se refiere la letra
b) de este apartado; urbanización de suelo, salvo en el caso previsto en la
letra c), y subvenciones a inquilinos y para actuaciones de rehabilitación
aislada de edificios y viviendas. Las actuaciones deberán haber sido calificadas
o visadas, o el derecho a las subvenciones deberá haber sido reconocido, según
sea el caso, por las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla de
conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, del
Plan Estatal de Vivienda 2005-2008, modificado por el Real Decreto 14/2008, de
11 de enero. El número de actuaciones protegidas financiadas no podrá exceder el
30 por ciento de las cifras de objetivos convenidos, en estas líneas, de los
Programas 2007 y 2008 de dicho Plan, salvo las actuaciones de rehabilitación de
viviendas y edificios de viviendas existentes con ayudas RENOVE, cuyo límite
será el número máximo de actuaciones a financiar previsto por el Plan para el
año 2009.

b) Conceder préstamos convenidos a promotores y préstamos
directos a adquirentes, de conformidad con el citado Real Decreto 801/2005, de 1
de julio, modificado por el Real Decreto 14/2008, de 11 de enero, salvo por lo
que se refiere al tipo de interés efectivo aplicable, que se regirá por lo
establecido al efecto en este Real Decreto. El plazo máximo para solicitar las
ayudas económicas directas condicionadas a la previa obtención de dichos
préstamos, siempre que los mismos hayan obtenido la conformidad del Ministerio
de Vivienda, finalizará el 31 de diciembre del año 2012. c) Suscribir acuerdos
en las comisiones bilaterales de seguimiento, correspondientes a áreas de
rehabilitación integral, áreas de renovación urbana y áreas de urbanización
prioritaria de suelo, siempre que el número de actuaciones protegidas
financiadas no supere el 30 por ciento de las cifras de objetivos convenidos, en
estas líneas, de los Programas 2007 y 2008 del Plan Estatal de Vivienda
2005-2008. Las cuantías de las ayudas financieras para las actuaciones a las que
se refiere este apartado serán las establecidas en este Real Decreto desde el
momento de la entrada en vigor de la normativa de desarrollo de la Comunidad
Autónoma y ciudades de Ceuta y Melilla que se precise para su aplicación.

2. Hasta el 31 de diciembre de 2009, período prorrogable
mediante acuerdo del Consejo de Ministros: a) Los promotores de viviendas libres
que hubieran obtenido una licencia de obras previa al 1 de septiembre de 2008,
podrán solicitar su calificación como viviendas protegidas, para venta o
alquiler, si éstas cumplen las características exigidas por la normativa de las
comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla en desarrollo del Plan
Estatal bajo cuya vigencia se haya obtenido la licencia, en cuanto a los máximos
referentes a superficies, precios por metro cuadrado útil, niveles de ingresos
de los adquirentes y plazos mínimos de protección. Si son calificadas por las
comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla como viviendas protegidas en
alquiler, a 10 ó a 25 años, podrán obtener las subvenciones correspondientes a
la promoción de vivienda protegida de nueva construcción de esa naturaleza. Y,
si obtuvieran préstamo convenido, será subsidiado en las mismas condiciones.

b) Sin perjuicio de lo establecido en la letra d) del apartado
1 del artículo 3 de este Real Decreto, podrán adquirir viviendas protegidas
calificadas como de régimen concertado aquellos adquirentes con ingresos
familiares que no excedan de 7 veces el IPREM. c) No será aplicable el período
mínimo de un año a partir de la expedición de la licencia de primera ocupación,
el certificado final de obras o la cédula de habitabilidad, según corresponda,
para considerar como adquisición de vivienda usada, a efectos de las ayudas al
adquiriente, la de una vivienda libre, cuando dichos actos o documentos hubieran
sido emitidos con anterioridad al día de publicación de este Real Decreto en el
«Boletín Oficial del Estado» y la vivienda cumpla las características a que se
refiere la letra a) de este apartado, salvo la de plazos mínimos de protección,
así como el plazo de limitación de precios máximos de venta establecido en el
apartado 2 del artículo 6. d) Las viviendas a que se refiere la letra anterior
podrán ser adquiridas mediante una forma de acceso diferido a la propiedad, en
un plazo máximo de 5 años, durante el cual el vendedor de la vivienda podrá
cobrar una renta del 5,5 por ciento del precio máximo de una vivienda protegida
de precio concertado, calificada como tal en la misma ubicación y el mismo día
en que se vise el contrato de compraventa. El precio máximo de venta de la
vivienda, transcurrido el período de 5 años, será de 1,18 veces el citado precio
máximo tomado como referencia para el cálculo de la renta máxima. Al menos el 30
por ciento de los alquileres satisfechos se descontarán, sin actualizaciones,
del precio a hacer efectivo en el momento de la compra de la vivienda. e) Las
cuantías de las subvenciones a la promoción de viviendas protegidas para
arrendamiento, así como las correspondientes a áreas de urbanización prioritaria
(AUP) que obtengan préstamo convenido con la conformidad del Ministerio de
Vivienda, y se acuerden en dicho plazo, se incrementarán en un 20 por ciento. f)
El período de tres anualidades antes de poder proceder a una interrupción del
período de amortización, a que se refiere el apartado 5 del artículo 42, se
reducirá a una anualidad para aquellos préstamos directos concedidos durante
2009 con la conformidad del Ministerio de Vivienda, así como para los
prestatarios subrogados en préstamos concedidos, con la misma conformidad, a
promotores de viviendas protegidas para venta durante el mismo año.

3. Si fuera necesario, a los efectos de los apartados
anteriores, el Ministerio de Vivienda podrá ampliar las cifras máximas de
préstamos convenidos a conceder por las entidades de crédito colaboradoras,
establecidas para los Programas 2007 y 2008 del Plan Estatal de Vivienda
2005-2008, sin superar, junto con los préstamos convenidos concedidos en el
resto del Plan, el máximo global autorizado por el Consejo de Ministros en el
apartado tercero de su Acuerdo de 29 de julio de 2005.

4. Las actuaciones protegidas que se acojan a lo establecido en
esta disposición transitoria se computarán como parte de los objetivos que se
acuerden en el Programa 2009 del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación
2009-2012 en los convenios de colaboración establecidos entre el Ministerio de
Vivienda y las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla.

Disposición transitoria segunda. Ámbitos territoriales de
precio máximo superior.

Con independencia de lo que establecen el apartado 2 del
artículo 11 y la disposición transitoria primera de este Real Decreto y hasta
tanto las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla no establezcan los
precios máximos de las actuaciones protegidas, según su propia normativa y de
conformidad con lo establecido en este Real Decreto, seguirán teniendo la
consideración de ATPMS los así declarados en el marco del Plan Estatal de
Vivienda 2005-2008.

Disposición transitoria tercera. Inclusión en el Plan de
actuaciones calificadas a las que no se haya concedido préstamo convenido.

1. Las actuaciones calificadas provisionalmente como
protegidas, que no hubieran obtenido préstamo convenido con anterioridad a la
fecha en que se publique en el «Boletín Oficial del Estado» la orden a que se
refiere el apartado 1 de la disposición transitoria primera, podrán acogerse a
este Real Decreto durante el año 2009, siempre que sus características se
adecuen a las establecidas en el mismo, mediante la oportuna diligencia, en su
caso, por parte de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla. En
dicha diligencia se expresarán tanto las modalidades y cuantías de ayudas
financieras a las que se reconozca el derecho en cada caso como la conversión de
los ingresos declarados, cuando ello proceda, a número de veces el IPREM del año
al que se refieren dichos ingresos.

2. Las actuaciones protegidas que se acojan a lo dispuesto en
el apartado anterior, se computarán como parte de los objetivos acordados entre
el Ministerio de Vivienda y la comunidad autónoma correspondiente o las ciudades
de Ceuta y Melilla, en el programa anual en el que obtengan préstamo
cualificado, dentro del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.

Disposición transitoria cuarta. Ayudas financieras para
actuaciones derivadas de planes y programas anteriores.

1. A partir de la entrada en vigor de este Real Decreto, y sin
perjuicio de lo establecido en las restantes disposiciones transitorias, el
Ministerio de Vivienda no dará conformidad a concesiones de préstamos
convenidos, ni admitirá ninguna propuesta o reconocimiento de nuevos derechos a
ayudas económicas directas, en aplicación de planes y programas anteriores de
vivienda, salvo cuando se haga en cumplimiento de plazos temporales concretos
establecidos en la normativa reguladora de dichos planes y programas.

2. La concesión y los beneficios de todos los préstamos
directos a adquirentes de viviendas protegidas cuya promoción esté acogida a
normativas anteriores, que se otorguen entre la fecha de publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» de la orden ministerial a que se refiere el
apartado 1 de la disposición transitoria primera y el 31 de diciembre del año
2012, se ajustarán a lo establecido en este Real Decreto.

Disposición transitoria quinta. Límites temporales a la
concesión de ayudas financieras.

1. Con posterioridad al 31 de diciembre del año 2012, no podrán
concederse préstamos a promotores ni préstamos convenidos directos a adquirentes
al amparo de este Real Decreto.

2. Las ayudas económicas directas condicionadas a la previa
obtención de préstamo convenido, sólo podrán reconocerse respecto de las
actuaciones protegidas reguladas en este Real Decreto que hubieran obtenido
préstamo convenido hasta el 31 de diciembre del año 2012, siempre que el
Ministerio de Vivienda preste su conformidad al mismo. El plazo máximo para
solicitar dichas ayudas económicas directas finalizará el 31 de diciembre del
año 2016, y podrán ser reconocidas, en su caso, siempre que se refieran a
actuaciones que no excedan de la cifra máxima de objetivos acordados para el
programa anual correspondiente del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación
2009-2012. 3. Las subvenciones no condicionadas a la previa obtención de
préstamo cualificado, podrán reconocerse, en su caso, si hubieran sido
solicitadas hasta el 31 de diciembre del año 2012, siempre que el número de
subvenciones reconocidas no exceda de la cifra máxima de objetivos acordados
para el programa anual correspondiente del Plan. 4. En el caso de las viviendas
protegidas de nueva construcción promovidas sobre suelos cuya financiación haya
sido calificada como actuación protegida al amparo de la normativa del Plan,
deberán ser, necesariamente, incluidas por las comunidades autónomas y ciudades
de Ceuta y Melilla, mediante la correspondiente reserva y con prioridad a otras
actuaciones protegidas, entre los objetivos susceptibles de ayudas financieras
del Plan, en su caso, que correspondan a dichas Comunidades y Ciudades en el año
en que, según la memoria técnico-financiera, esté prevista la calificación
definitiva de las viviendas como protegidas. Las cuantías y condiciones de los
préstamos convenidos para la financiación de estas viviendas, así como las
ayudas financieras que, en su caso, correspondan, se regirán por la normativa
del Plan regulado por este Real Decreto.

Disposición transitoria sexta. Registros públicos de
demandantes.

Los registros públicos de demandantes a los que se refiere este
Real Decreto deberán estar en funcionamiento en el plazo de un año desde la
publicación de aquél en el «Boletín Oficial del Estado». Hasta ese momento, la
venta y adjudicación de las viviendas en primera y posteriores transmisiones se
regulará por lo que disponga la normativa propia de las comunidades autónomas y
ciudades de Ceuta y Melilla que, en todo caso, deberá garantizar los principios
de igualdad, publicidad y concurrencia e impedir el fraude en las primeras y
posteriores transmisiones.

Disposición transitoria séptima. Período de carencia para
promotores del Plan de Vivienda 2002-2005.

1. Los promotores de viviendas protegidas de nueva construcción
acogidas al Real Decreto 1/2002, de 11 de enero, regulador del Plan Estatal de
Vivienda y Suelo 2002-2005, podrán solicitar al órgano competente de las
comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, en los seis primeros meses
desde el día siguiente al de publicación de este Real Decreto en el «Boletín
Oficial del Estado», una ampliación del período de carencia de sus préstamos
convenidos, hasta totalizar un máximo de 4 años, siempre que la entidad de
crédito esté de acuerdo.

2. En el caso de promotores de viviendas protegidas para
arrendamiento, el período ampliado por encima del máximo establecido para el
período de carencia en el mencionado Real Decreto no dará lugar a subsidiación
del préstamo.

Disposición transitoria octava. Consejo del Plan Estatal de
Vivienda y Rehabilitación.

Mientras no se proceda a su modificación o derogación por otra
posterior, la composición y funcionamiento del Consejo del Plan Estatal de
Vivienda y Rehabilitación se regirá por la Orden VIV/2668/2006, de 27 de julio.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

A la entrada en vigor del presente Real Decreto quedarán
derogadas las siguientes disposiciones, sin perjuicio de lo previsto en las
disposiciones transitorias de este Real Decreto, y de los efectos de las
situaciones creadas al amparo de las mismas: a) El Real Decreto 801/2005, de 1
de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el
acceso de los ciudadanos a la vivienda.

b) El Real Decreto 14/2008, de 11 de enero, por el que se
modifica dicho Real Decreto. c) Y cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo establecido en el mismo.

Disposición final primera. Títulos competenciales.

Este Real Decreto se aprueba al amparo de lo dispuesto en el
artículo 149.1.13.ª de la Constitución española, que atribuye al Estado
competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación
general de la actividad económica, excepto el artículo 7 y la disposición
adicional cuarta, que se dictan al amparo de lo dispuesto en el artículo
149.1.8.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva de
ordenación de los registros e instrumentos públicos.

Disposición final segunda. Desarrollo normativo.

Se faculta a los titulares de los Ministerios de Vivienda, de
Economía y Hacienda y de Justicia, para dictar, en el ámbito de sus respectivas
competencias, cuantas disposiciones se precisen para el desarrollo y ejecución
de este Real Decreto.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

Este Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», si bien las ayudas financieras
establecidas en el mismo surtirán efectos a partir del 1 de enero de 2009 en la
forma prevista en las disposiciones transitorias.

Dado en Madrid, el 12 de diciembre de 2008.

ANEXO Glosario de conceptos utilizados en este Real
Decreto

Adquirentes de viviendas. Se entienden como adquirentes de
viviendas: a) Las personas físicas o jurídicas que compran las viviendas.

b) Los adjudicatarios miembros de cooperativas o de comunidades
de propietarios, a partir del momento en que se les adjudica la propiedad de una
vivienda individualizada. c) Quienes acceden a la propiedad de la vivienda a
través del alquiler con opción a compra, a partir del momento en que ejercen
dicha opción. d) Los promotores individuales de viviendas protegidas de nueva
construcción para uso propio, a partir del momento de la obtención de la
calificación definitiva de su vivienda.

Adquisición protegida de viviendas usadas. Véase «Viviendas
usadas». AEDE La ayuda estatal directa a la entrada (AEDE) consiste en el abono,
en pago único, de una cantidad fija en euros determinada por el nivel de
ingresos y otras circunstancias personales y familiares del solicitante,
destinada a facilitar el pago de la entrada o parte no cubierta por el préstamo
convenido, correspondiente al precio de venta o adjudicación de la vivienda, o
de la suma de los valores de la edificación y del suelo, en caso del promotor
para uso propio. Alquiler con opción de compra. Forma de acceso a la vivienda
protegida por la cual se ocupa en arrendamiento durante un determinado período
que puede dar paso, si se ejerce la opción de compra, a la adquisición de la
vivienda. Ámbitos territoriales de precio máximo superior (ATPMS). Agrupaciones
de municipios, municipios o ámbitos intraurbanos en los que, debido a las
tensiones de precios de la vivienda libre o a otras circunstancias justificadas,
se admite la posibilidad de que los precios máximos de las viviendas protegidas,
y de las usadas adquiridas en marco de este Real Decreto, se incrementen por
encima de lo que correspondería según las reglas generales de fijación de
precios máximos. Arrendamiento (viviendas en). Véase: «Viviendas en
arrendamiento». Ayuda estatal directa a la entrada. Véase «AEDE».

Ayudas económicas estatales directas.

Véase «Ayudas financieras» y «Financiación de actuaciones
protegidas». Ayudas financieras. Son las ayudas económicas estatales directas,
mediante la aportación de recursos presupuestarios estatales, en forma de
subsidios de préstamos, subvenciones y ayudas para facilitar el pago de la parte
no financiada con préstamo del precio de la vivienda.

Las ayudas previstas en este Real Decreto son independientes de
los beneficios fiscales que pudieran corresponder a los destinatarios de
aquéllas. Véase, además: «Financiación de actuaciones protegidas».

Calificación de una vivienda o actuación como protegida. Es el
acto administrativo emanado del órgano competente de las Comunidades Autónomas o
de las Ciudades de Ceuta y Melilla en virtud del cual se declara la protección
de las viviendas o actuaciones reguladas en este Real Decreto.

La calificación puede ser provisional o definitiva.

Comisión multilateral de vivienda. Órgano colegiado
preparatorio de las reuniones de la Conferencia Sectorial de Vivienda, que
realiza funciones de seguimiento del Plan, y está constituido por los Directores
Generales responsables de la gestión de los planes de vivienda de cada una de
las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla que suscriban convenio
para el Plan con el Ministerio de Vivienda, bajo la presidencia del titular de
la Secretaría General de Vivienda del Ministerio de Vivienda, o, mediante
delegación, por el titular de la Dirección General de Arquitectura y Política de
Vivienda, de dicho Ministerio. Comisiones bilaterales de seguimiento del Plan.
Son las comisiones de seguimiento que se celebran entre el Ministerio de
Vivienda y cada una de las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla
que participen en el Plan, en el marco de los convenios de colaboración
suscritos por ambas partes en el marco de dicho Plan. Conferencia Sectorial de
Vivienda. Las conferencias sectoriales vienen definidas y reguladas por el
artículo 5, apartados 3, 4 y 5, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento
administrativo común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y consisten
en órganos de cooperación de composición multilateral y de ámbito sectorial que
reúnen a miembros del Gobierno, en representación de la Administración General
del Estado, y a miembros del Consejo de Gobierno, en representación de las
Administraciones de las Comunidades Autónomas. Cada Conferencia Sectorial
establecerá su propio régimen en el correspondiente acuerdo de
institucionalización y en su reglamento interno. Consejo del Plan Estatal de
Vivienda y Rehabilitación. Órgano de seguimiento del Plan Estatal de Vivienda y
Rehabilitación 2009-2012, constituido por representantes de las Administraciones
Públicas y de los principales agentes económicos y sociales relacionados con el
Plan, con la finalidad de garantizar la participación social durante la vigencia
del Plan, bajo la presidencia del Titular del Ministerio de Vivienda, y cuya
composición y normas de funcionamiento se establecerán mediante orden
ministerial. Declaración de una vivienda o actuación como protegida. Véase:
«Calificación de una vivienda...». Derecho a protección preferente. Véase
«Protección preferente». EC, EECC. Entidad o entidades de crédito, colaboradoras
del Ministerio de Vivienda que, mediante convenio, contribuyen a la financiación
de las actuaciones protegidas del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación
2009-2012. Ejes básicos y programas del Plan Estatal de Vivienda y
Rehabilitación 2009-2012. Los ejes básicos son las principales líneas de
actuación del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, en torno a
las cuales se establecen programas más concretos de actuación.

Hay seis ejes básicos y doce programas, que se enumeran en el
artículo 21 de este Real Decreto.

Familia. La unidad familiar tal y como resulta definida por las
normas reguladoras del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Las referencias a la unidad familiar a efectos de ingresos se
hacen extensivas a las personas que no estén integradas en una unidad familiar,
así como a las parejas de hecho reconocidas legalmente según la normativa
establecida al respecto. Se entiende por familia monoparental la constituida por
el padre o la madre y el o los hijos.

Familias numerosas. Las así consideradas por la Ley 40/2003, de
18 de noviembre, de protección a las familias numerosas, desarrollada por el
Real Decreto 1621/2005, de 30 de diciembre, y por la Ley 40/2007, de 4 de
diciembre, de medidas en materia de seguridad social, que también considera
familia numerosa a aquella compuesta por el padre o la madre, con dos hijos,
cuando haya fallecido el otro progenitor. Financiación de actuaciones
protegidas. Podrá adoptar las modalidades siguientes: a) Préstamos convenidos:
Son aquellos concedidos por las entidades de crédito públicas y privadas, en el
ámbito de los convenios de colaboración suscritos entre el Ministerio de
Vivienda y las referidas entidades.

b) Ayudas financieras, con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado, que pueden ser:

1.º Subsidiación de los préstamos convenidos.

2.º Subvenciones. 3.º Otras ayudas económicas directas
destinadas a facilitar el pago de la entrada para el primer acceso a la vivienda
en propiedad.

Grandes dependientes. Las personas así calificadas en
aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Es el indicador definido en el
Real Decreto-Ley 3/2004, de 25 de junio, para la racionalización de la
regulación del salario mínimo interprofesional y para el incremento de su
cuantía, que se considera unidad de medida para la determinación de la cuantía
de los ingresos familiares, en su cómputo anual, incluyendo dos pagas extras.

El IPREM del año 2007, aplicable para el cálculo de los
ingresos familiares según el procedimiento establecido en el artículo 4 de este
Real Decreto, desde el 1 de julio de 2008 hasta el 30 de junio de 2009 (final
del período de declaración del ejercicio 2008 a efectos del IRPF) es de una
cuantía anual de 6.988,80 euros, por lo que los siguientes tramos de número de
veces dicho indicador suponen los ingresos familiares anuales que se indican:

Número de veces el IPREM

Euros

1,5

10.483,2

2,5

17.472

3,5

24.460,8

4,5

31.449,6

5,5

38.438,4

6,5

45.427,2

Información al ciudadano. El Plan Estatal de Vivienda y
Rehabilitación 2009-2012 incluye una serie de ayudas destinadas a apoyar la
creación y mantenimiento de diversos instrumentos destinados a informar al
ciudadano de las actuaciones del Plan. Así: a) Ventanillas únicas, en las que se
informará de las ayudas disponibles, tanto del Plan estatal como las en su caso
ofrecidas por otras Administraciones y organismos públicos.

b) Programas de difusión del Plan. c) Manual de imagen
corporativa, la aplicación de cuyas pautas facilitará al ciudadano la
identificación de aquellas actuaciones protegidas financiadas por el plan
estatal.

Ingresos familiares. Es el montante de ingresos que se toma
como referencia para poder ser beneficiario de las viviendas y ayudas del Plan y
para determinar su cuantía.

Los ingresos familiares se referirán a la unidad familiar tal y
como resulta definida por las normas reguladoras del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas. A tales efectos, las referencias a la unidad familiar se
hacen extensivas a las personas que no estén integradas en una unidad familiar,
así como a las parejas de hecho reconocidas legalmente según la normativa
establecida al respecto.

IPC.

Índice Nacional General del Sistema de Índices de Precios al
Consumo. IPREM. Véase: «Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples».

Objetivos y su consecución o logro.

1. Objetivos.-El Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación
2009-2012 cifra sus objetivos en términos de número de viviendas a financiar, en
las diferentes líneas de actuaciones protegidas. A su vez, cada una de estas
viviendas corresponde a una persona o familia, al menos, que se verá beneficiada
directa o indirectamente. Hay que distinguir entre: Objetivos convenidos entre
el Ministerio de Vivienda y cada una de las Comunidades autónomas y ciudades de
Ceuta y Melilla que participan en el Plan. La cifra inicial de objetivos
convenidos puede ser superada a lo largo del Plan, cuando el elevado
cumplimiento por parte de la comunidad o Ciudad le permita acceder a la reserva
de eficacia, no convenida individualizadamente con dichas comunidades y
Ciudades.

Objetivos calificados, primer paso administrativo a efectos de
la posibilidad de su financiación, a cargo de la gestión de la comunidad
autónoma o Ciudad (véase «Calificación...»). Objetivos alcanzados o financiados:
Véase el apartado 2 siguiente.

2. Cumplimiento o consecución de un objetivo. Se entiende por
cumplimiento o consecución de un objetivo, en una determinada línea de actuación
protegida del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, la
financiación de ese objetivo según las modalidades admitidas en dicho Plan:
Concesión de préstamo convenido (con o sin subsidiación y AEDE) o subvención
estatal (si es ésta la única posibilidad de financiación de dicha actuación,
según el Plan).

A su vez, se entiende por objetivo financiado:

En promociones de vivienda protegida de nueva construcción
(para venta o alquiler) y adquisición protegida de vivienda usada: La concesión
de préstamo convenido por parte de una entidad de crédito colaboradora, con la
conformidad del Ministerio de Vivienda, antes incluso de su formalización, y
traducido ese objetivo financiado en el número de viviendas a las que el
préstamo se refiere.

En actuaciones protegidas financiadas únicamente con subvención
(ayudas a inquilinos, ayudas RENOVE para actuaciones de rehabilitación y ayudas
para erradicación del chabolismo): el reconocimiento del derecho a la misma por
parte de las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla. En las áreas
de rehabilitación integral y renovación urbana y en las de urbanización
prioritaria de suelo: la suscripción del preceptivo acuerdo tripartito
(Ministerio de Vivienda, Comunidad Autónoma y Ayuntamiento), en el marco de una
comisión bilateral de seguimiento.

Opción de compra. Véase «Alquiler con opción de compra». Otras
viviendas existentes. Véase «Viviendas usadas». Personas con discapacidad. Se
entiende por personas con discapacidad, las referidas en el artículo 1.2 de la
Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación
y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Precio máximo de
referencia. Precio máximo establecido con carácter teórico para las viviendas
protegidas destinadas a arrendamiento, que sirve como referencia para la
fijación, a partir del mismo, de las rentas máximas a aplicar y, en su caso,
para determinar los precios máximos de venta de estas viviendas, una vez dejen
de estar en arrendamiento, durante el plazo en el que sigan siendo protegidas.

Cuando se utiliza la locución «precio máximo total de
referencia» se incluye, a efectos de fijar ese precio máximo, a los anejos
autorizados.

Préstamos convenidos. Son los préstamos concedidos por las
entidades de crédito colaboradoras del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación
2009-2012, a adquirentes y promotores de actuaciones protegidas, según las
condiciones establecidas en este Real Decreto, por ejemplo, respecto a tipos de
interés máximos, ausencia de comisiones, etc. Primer acceso a la vivienda. Las
personas que solicitan su primer acceso a la vivienda, es decir, que nunca han
tenido acceso a la titularidad de una vivienda, sea en alquiler o en propiedad,
constituyen uno de los grupos que se consideran con derecho a protección
preferente. Programas del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.
Conjuntos de actuaciones protegidas y su financiación tendentes al logro de
alguno de los ejes básicos del Plan.

A cada programa le corresponden determinadas cifras de
objetivos a alcanzar, en número de viviendas, en cada uno de los cuatro años en
los que se desarrolla el Plan. El artículo 21 de este Real Decreto incluye una
relación detallada de ejes básicos y programas.

Promotores. Son promotores las personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas, que, individual o colectivamente, impulsen, programen y
financien con recursos propios o ajenos la ejecución de las actuaciones
protegidas en el ámbito y bajo las condiciones de este Real Decreto. Asimismo,
se entenderán por tales, los promotores de viviendas protegidas de nueva
construcción para uso propio, ya se trate de personas físicas individualmente
consideradas, hasta el momento de la obtención de la calificación definitiva de
su vivienda, o agrupadas en cooperativas o comunidades de propietarios, así como
los promotores de rehabilitación de edificios y viviendas, ya se trate de sus
propietarios o de sus inquilinos cuando, conforme a la legislación aplicable,
puedan éstos últimos realizar las obras protegidas.

En áreas de rehabilitación integral y de renovación urbana y en
el programa de ayudas para la erradicación del chabolismo, puede considerarse
promotor al ente gestor que centralice y coordine las actuaciones protegidas.

Protección preferente. En este Real Decreto, el derecho a
protección preferente se concreta en: Mayor intensidad de ciertas ayudas
estatales. Por ejemplo, la AEDE, incrementada cuando se trata de los grupos de
ciudadanos así calificados.

Excepciones o suavización de ciertos requisitos de carácter
general. Por ejemplo, al establecer el porcentaje máximo del valor del
patrimonio inmobiliario cuando se demanda vivienda en propiedad. Prioridad a la
hora de asignar ayudas cuyo número está limitado por las cifras de objetivos
convenidos entre el Ministerio de Vivienda y cada Comunidad Autónoma y Ciudades
de Ceuta y Melilla, que será la responsable de llevar a la práctica esta
prioridad.

Registros públicos de demandantes. Sistemas de inscripción
obligatoria de los demandantes de viviendas acogidas a este Real Decreto, sea en
propiedad o en alquiler, que garanticen la adjudicación de las viviendas
protegidas según los principios de igualdad, concurrencia y publicidad, bajo
control de la administración pública.

Véase además, al respecto, la Disposición transitoria sexta.

Subsidiación de préstamos convenidos. Ayuda financiera estatal
destinada a facilitar al prestatario el pago de la amortización del préstamo y
sus intereses (o sólo intereses, en el período de carencia), y que consiste en
el abono a ésta última, por parte del Ministerio de Vivienda, de una cuantía
fija, que se descontará de los pagos que la entidad facture al prestatario.
Ventanilla única. Véase «Información al ciudadano». Viviendas existentes. Véase
«Viviendas usadas». Viviendas protegidas. Son las calificadas como viviendas de
protección oficial o, más en general, como viviendas protegidas, por el órgano
competente de las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, que
cumplan los requisitos establecidos en este Real Decreto.

Las viviendas protegidas podrán destinarse a la venta o al
arrendamiento y han de constituir el domicilio o residencia habitual y
permanente de sus ocupantes, salvo en aquellos supuestos que determine
expresamente este Real Decreto. Con independencia de otras posibles
denominaciones por parte de las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y
Melilla en cumplimiento de su normativa propia, las viviendas protegidas de
nueva construcción, para venta o arrendamiento, podrán calificarse o declararse,
a efectos de las condiciones y ayudas de este Real Decreto, como viviendas de
protección oficial (VPO) de régimen especial, viviendas protegidas de régimen
general y concertado.

Viviendas usadas. Son las viviendas libres cuya adquisición a
título oneroso, en segunda o posterior transmisión, se considera protegida si se
cumplen determinadas condiciones establecidas en este Real Decreto, y cuyo
precio de venta, en siguientes transmisiones, está limitado durante los plazos
establecidos en el mismo.

Podrán obtener las mismas ayudas financieras que las viviendas
usadas a que se refiere el párrafo anterior, las siguientes modalidades de
viviendas:

a) Viviendas sujetas a regímenes de protección pública,
adquiridas en segunda o posterior transmisión.

A estos efectos, se considerarán asimismo segundas
transmisiones, las que tengan por objeto viviendas protegidas que se hubieran
destinado con anterioridad a arrendamiento. b) Viviendas libres de nueva
construcción, adquiridas cuando haya transcurrido un plazo de un año como mínimo
entre la expedición de la licencia de primera ocupación, el certificado final de
obra o la cédula de habitabilidad, según proceda, y la fecha del contrato de
opción de compra o de compraventa. c) Viviendas rurales usadas, en las
condiciones que determinen las Comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y
Melilla. d) Viviendas libres a las que se refiere la disposición transitoria
primera, 2.c).

Análisis jurídico

REFERENCIAS ANTERIORES

DEROGA:

REAL DECRETO 14/2008, de 11 de enero (Ref. BOE-A-2008-520).

REAL DECRETO 801/2005, de 1 de julio (Ref. BOE-A-2005-12049).

CITA ORDEN VIV/2668/2006, de 27 de julio (Ref. BOE-A-2006-14794).

REFERENCIAS POSTERIORES

Criterio de ordenación: por contenido
por fecha

SE DEJA SIN EFECTO lo indicado de la disposición transitoria 1.1, por
ORDEN VIV/2680/2009, de 28 de septiembre (Ref. BOE-A-2009-15777).

SE DICTA DE CONFORMIDAD con el art. 11, declarando los ámbitos
territoriales de precio máximo superior para 2009: ORDEN VIV/1952/2009, de 2
de julio (Ref. BOE-A-2009-12125).

SE MODIFICA el art. 12.1 c), por RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2009 (Ref. BOE-A-2009-8553).

SE DICTA DE CONFORMIDAD el art. 18, sobre selección de entidades de
crédito colaboradoras en la financianción del plan: ORDEN VIV/1290/2009, de 20
de mayo (Ref. BOE-A-2009-8545).

CONFLICTO 3591/2009 planteado en relación con los arts. 3.1.b) y 6 (Ref.
BOE-A-2009-8271).

SE DICTA DE CONFORMIDAD con la disposición adicional 1 y final 2,
regulando el volumen máximo de préstamos convenidos de los programas 2007 y
2008: ORDEN VIV/440/2009, de 20 de febrero (Ref. BOE-A-2009-3419).

NOTAS

Entrada en vigor el 25 de diciembre de 2008.

Efectos económicos desde el 1 de enero de 2009.

MATERIAS

Ayudas

Créditos

Precios

Viviendas

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