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Jefatura del Estado (BOE número 261 de 31/10/2007)

LEY 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público.

Rango: Ley

Páginas: 44336 - 44436

Referencia: 2007/18874

Análisis
jurídico

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TEXTO

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la
siguiente Ley.

Índice

Titulo preliminar. Disposiciones Generales.

Capítulo I. Objeto y ámbito de aplicación de la Ley

Artículo 1. Objeto y finalidad.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Artículo 3. Ámbito subjetivo.

Artículo 4. Negocios y contratos excluidos.

Capítulo II. Contratos del sector público

Sección 1.ª Delimitación de los tipos contractuales.

Articulo 5. Calificación de los contratos.

Artículo 6. Contrato de obras.

Artículo 7. Contrato de concesión de obras públicas.

Artículo 8. Contrato de gestión de servicios públicos.

Artículo 9. Contrato de suministro.

Artículo 10. Contrato de servicios.

Artículo 11. Contratos de colaboración entre el sector público y el sector
privado.

Artículo 12. Contratos mixtos.

Sección 2.ª Contratos sujetos a una regulación armonizada.

Artículo 13. Delimitación general.

Artículo 14. Contratos de obras y de concesión de obras públicas sujetos a
una regulación armonizada: umbral.

Artículo 15. Contratos de suministro sujetos a una regulación armonizada:
umbral.

Artículo 16. Contratos de servicios sujetos a una regulación armonizada:
umbral.

Artículo 17. Contratos subvencionados sujetos a una regulación
armonizada.

Sección 3.ª Contratos administrativos y contratos privados

Artículo 18. Régimen aplicable a los contratos del sector público.

Artículo 19. Contratos administrativos.

Artículo 20. Contratos privados.

Artículo 21. Jurisdicción competente.

Libro I. Configuración general de la contratación del sector público y
elementos estructurales de los contratos.

Título I. Disposiciones generales sobre la contratación del sector
público.

Capítulo I. Racionalidad y consistencia de la contratación del sector
público.

Artículo 22. Necesidad e idoneidad del contrato.

Artículo 23. Plazo de duración de los contratos.

Artículo 24. Ejecución de obras y fabricación de bienes muebles por la
Administración, y ejecución de servicios con la colaboración de empresarios
particulares.

Capítulo II. Libertad de pactos y contenido mínimo del contrato.

Artículo 25. Libertad de pactos.

Artículo 26. Contenido mínimo del contrato.

Capítulo III. Perfección y forma del contrato.

Artículo 27. Perfección de los contratos.

Artículo 28. Carácter formal de la contratación del sector público.

Capítulo IV. Remisión de información a efectos estadísticos y de
fiscalización.

Artículo 29. Remisión de contratos al Tribunal de Cuentas.

Artículo 30. Datos estadísticos.

Capítulo V. Régimen de invalidez.

Artículo 31. Supuestos de invalidez.

Artículo 32. Causas de nulidad de derecho administrativo.

Artículo 33. Causas de anulabilidad de derecho administrativo.

Artículo 34. Revisión de oficio.

Artículo 35. Efectos de la declaración de nulidad.

Artículo 36. Causas de invalidez de derecho civil.

Capítulo VI. Régimen especial de revisión de decisiones en materia de
contratación y medios alternativos de resolución de conflictos.

Artículo 37. Recurso especial en materia de contratación.

Artículo 38. Medidas provisionales.

Artículo 39. Arbitraje.

Título II. Partes en el contrato.

Capítulo I. Órgano de contratación.

Artículo 40. Competencia para contratar.

Artículo 41. Responsable del contrato.

Artículo 42. Perfil de contratante.

Capítulo II. Capacidad y solvencia del empresario.

Sección 1.ª Aptitud para contratar con el sector público.

Subsección 1.ª Normas generales.

Artículo 43. Condiciones de aptitud.

Artículo 44. Empresas no comunitarias.

Artículo 45. Condiciones especiales de compatibilidad.

Subsección 2.ª Normas especiales sobre capacidad.

Artículo 46. Personas jurídicas.

Artículo 47. Empresas comunitarias.

Artículo 48. Uniones de empresarios.

Subsección 3.ª Prohibiciones de contratar.

Artículo 49. Prohibiciones de contratar.

Artículo 50. Declaración de la concurrencia de prohibiciones de contratar y
efectos.

Subsección 4.ª Solvencia.

Artículo 51. Exigencia de solvencia.

Artículo 52. Integración de la solvencia con medios externos.

Artículo 53. Concreción de las condiciones de solvencia.

Subsección 5.ª Clasificación de las empresas.

Artículo 54. Exigencia de clasificación.

Artículo 55. Exención de la exigencia de clasificación.

Artículo 56. Criterios aplicables y condiciones para la clasificación.

Artículo 57. Competencia para la clasificación.

Artículo 58. Inscripción registral de la clasificación.

Artículo 59. Plazo de vigencia y revisión de las clasificaciones.

Artículo 60. Comprobación de los elementos de la clasificación.

Sección 2.ª Acreditación de la aptitud para contratar.

Subsección 1.ª Capacidad de obrar.

Artículo 61. Acreditación de la capacidad de obrar.

Subsección 2.ª Prohibición de contratar.

Artículo 62. Prueba de la no concurrencia de una prohibición de
contratar.

Subsección 3.ª Solvencia.

Artículo 63. Medios de acreditar la solvencia.

Artículo 64. Solvencia económica y financiera.

Artículo 65. Solvencia técnica en los contratos de obras.

Artículo 66. Solvencia técnica en los contratos de suministro.

Artículo 67. Solvencia técnica o profesional en los contratos de
servicios.

Artículo 68. Solvencia técnica o profesional en los restantes contratos.

Artículo 69. Acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de
calidad.

Artículo 70. Acreditación del cumplimiento de las normas de gestión
medioambiental.

Artículo 71. Documentación e información complementaria.

Subsección 4.ª Prueba de la clasificación y de la aptitud para contratar a
través de Registros o listas oficiales de contratistas.

Artículo 72. Certificaciones de Registros Oficiales de Licitadores y Empresas
Clasificadas.

Artículo 73. Certificados comunitarios de clasificación.

Título III. Objeto, precio y cuantía del contrato.

Capítulo I. Normas generales.

Artículo 74. Objeto del contrato.

Artículo 75. Precio.

Artículo 76. Cálculo del valor estimado de los contratos.

Capítulo II. Revisión de precios en los contratos de las Administraciones
Públicas.

Artículo 77. Procedencia y límites.

Artículo 78. Sistema de revisión de precios.

Artículo 79. Fórmulas.

Artículo 80. Coeficiente de revisión.

Artículo 81. Revisión en casos de demora en la ejecución.

Artículo 82. Pago del importe de la revisión.

Título IV. Garantías exigibles en la contratación del sector público.

Capítulo I. Garantías a prestar en los contratos celebrados con las
Administraciones Públicas.

Sección 1.ª Garantía definitiva.

Artículo 83. Exigencia de garantía.

Artículo 84. Garantías admitidas.

Artículo 85. Régimen de las garantías prestadas por terceros.

Artículo 86. Garantía global.

Artículo 87. Constitución, reposición y reajuste de garantías.

Artículo 88. Responsabilidades a que están afectas las garantías.

Artículo 89. Preferencia en la ejecución de garantías.

Artículo 90. Devolución y cancelación de las garantías.

Sección 2.ª Garantía provisional.

Artículo 91. Exigencia y régimen.

Capítulo II. Garantías a prestar en otros contratos del sector público.

Artículo 92. Supuestos y régimen.

Libro II. Preparación de los contratos.

Título I. Preparación de contratos por las Administraciones Públicas.

Capítulo I. Normas generales.

Sección 1.ª Expediente de contratación.

Subsección 1.ª Tramitación ordinaria.

Artículo 93. Expediente de contratación: iniciación y contenido.

Artículo 94. Aprobación del expediente.

Artículo 95. Expediente de contratación en contratos menores.

Subsección 2.ª Tramitación abreviada del expediente.

Artículo 96. Tramitación urgente del expediente.

Artículo 97. Tramitación de emergencia.

Sección 2.ª Pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones
técnicas.

Artículo 98. Pliegos de cláusulas administrativas generales.

Artículo 99. Pliegos de cláusulas administrativas particulares.

Artículo 100. Pliegos de prescripciones técnicas.

Artículo 101. Reglas para el establecimiento de prescripciones técnicas.

Artículo 102. Condiciones especiales de ejecución del contrato.

Artículo 103. Información sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad,
protección del medio ambiente, empleo, y condiciones laborales.

Artículo 104. Información sobre las condiciones de subrogación en contratos
de trabajo.

Capítulo II. Normas especiales para la preparación de determinados
contratos.

Sección 1.ª Actuaciones preparatorias del contrato de obras.

Subsección 1.ª Proyecto de obras y replanteo.

Artículo 105. Proyecto de obras.

Artículo 106. Clasificación de las obras.

Artículo 107. Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su
elaboración.

Artículo 108. Presentación del proyecto por el empresario.

Artículo 109. Supervisión de proyectos.

Artículo 110. Replanteo del proyecto.

Subsección 2.ª Pliegos de cláusulas administrativas en contratos bajo la
modalidad de abono total del precio.

Artículo 111. Contenido de los pliegos de cláusulas administrativas en los
contratos de obra con abono total del precio.

Sección 2.ª Actuaciones preparatorias del contrato de concesión de obra
pública.

Artículo 112. Estudio de viabilidad.

Artículo 113. Anteproyecto de construcción y explotación de la obra.

Artículo 114. Proyecto de la obra y replanteo de éste.

Artículo 115. Pliegos de cláusulas administrativas particulares.

Sección 3.ª Actuaciones preparatorias del contrato de gestión de servicios
públicos.

Artículo 116. Régimen jurídico del servicio.

Artículo 117. Pliegos y anteproyecto de obra y explotación.

Sección 4.ª Actuaciones preparatorias de los contratos de colaboración entre
el sector público y el sector privado.

Artículo 118. Evaluación previa.

Artículo 119. Programa funcional.

Artículo 120. Clausulado del contrato.

Título II. Preparación de otros contratos.

Capítulo único. Reglas aplicables a la preparación de los contratos
celebrados por poderes adjudicadores que no tengan el carácter de
Administraciones Públicas y de contratos subvencionados.

Artículo 121. Establecimiento de prescripciones técnicas y preparación de
pliegos.

Libro III. Selección del contratista y adjudicación de los contratos.

Título I. Adjudicación de los contratos.

Capítulo I. Adjudicación de los contratos de las Administraciones
Públicas.

Sección 1.ª Normas generales.

Subsección 1.ª Disposiciones directivas.

Artículo 122. Procedimiento de adjudicación.

Artículo 123. Principios de igualdad y transparencia.

Artículo 124. Confidencialidad.

Subsección 2.ª Publicidad.

Artículo 125. Anuncio previo.

Artículo 126. Convocatoria de licitaciones.

Subsección 3.ª Licitación.

Artículo 127. Plazos de presentación de las solicitudes de participación y de
las proposiciones.

Artículo 128. Reducción de plazos en caso de tramitación urgente.

Artículo 129. Proposiciones de los interesados.

Artículo 130. Presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento
de requisitos previos.

Artículo 131. Admisibilidad de variantes o mejoras.

Artículo 132. Subasta electrónica.

Artículo 133. Sucesión en el procedimiento.

Subsección 4.ª Selección del adjudicatario.

Artículo 134. Criterios de valoración de las ofertas.

Artículo 135. Clasificación de las ofertas y adjudicación provisional y
definitiva del contrato.

Artículo 136. Ofertas con valores anormales o desproporcionados.

Subsección 5.ª Obligaciones de información sobre el resultado del
procedimiento.

Artículo 137. Notificación a los candidatos y licitadores.

Artículo 138. Publicidad de las adjudicaciones.

Artículo 139. Renuncia a la celebración del contrato y desistimiento del
procedimiento de adjudicación por la Administración.

Subsección 6.ª Formalización del contrato.

Artículo 140. Formalización de los contratos.

Sección 2.ª Procedimiento abierto.

Artículo 141. Delimitación.

Artículo 142. Información a los licitadores.

Artículo 143. Plazos para la presentación de proposiciones.

Artículo 144. Examen de las proposiciones y propuesta de adjudicación.

Artículo 145. Adjudicación.

Sección 3.ª Procedimiento restringido.

Artículo 146. Caracterización.

Artículo 147. Criterios para la selección de candidatos.

Artículo 148. Solicitudes de participación.

Artículo 149. Selección de solicitantes.

Artículo 150. Contenido de las invitaciones e información a los
invitados.

Artículo 151. Proposiciones.

Artículo 152. Adjudicación.

Sección 4.ª Procedimiento negociado.

Artículo 153. Caracterización.

Subsección 1.ª Supuestos de aplicación.

Artículo 154. Supuestos generales.

Artículo 155. Contratos de obras.

Artículo 156. Contratos de gestión de servicios públicos.

Artículo 157. Contratos de suministro.

Artículo 158. Contratos de servicios.

Artículo 159. Otros contratos.

Subsección 2.ª Tramitación.

Artículo 160. Delimitación de la materia objeto de negociación.

Artículo 161. Anuncio de licitación y presentación de solicitudes de
participación.

Artículo 162. Negociación de los términos del contrato.

Sección 5.ª Diálogo competitivo.

Artículo 163. Caracterización.

Artículo 164. Supuestos de aplicación.

Artículo 165. Apertura del procedimiento y solicitudes de participación.

Artículo 166. Diálogo con los candidatos.

Artículo 167. Presentación y examen de las ofertas.

Sección 6.ª Normas especiales aplicables a los concursos de proyectos.

Artículo 168. Ámbito de aplicación.

Artículo 169. Bases del concurso.

Artículo 170. Participantes.

Artículo 171. Publicidad.

Artículo 172. Decisión del concurso.

Capítulo II. Adjudicación de otros contratos del sector público.

Sección 1.ª Normas aplicables por los poderes adjudicadores que no tengan el
carácter de administraciones públicas.

Artículo 173. Delimitación general.

Artículo 174. Adjudicación de los contratos sujetos a regulación
armonizada.

Artículo 175. Adjudicación de los contratos que no estén sujetos a regulación
armonizada.

Sección 2.ª Normas aplicables por otros entes, organismos y entidades del
sector público.

Artículo 176. Régimen de adjudicación de contratos.

Sección 3.ª Normas aplicables en la adjudicación de contratos
subvencionados.

Artículo 177. Adjudicación de contratos subvencionados.

Título II. Racionalización técnica de la contratación.

Capítulo I. Normas generales.

Artículo 178. Sistema para la racionalización de la contratación de las
Administraciones Públicas.

Artículo 179. Sistemas para la racionalización de la contratación de otras
entidades del sector público.

Capítulo II. Acuerdos marco.

Artículo 180. Funcionalidad y límites.

Artículo 181. Procedimiento de celebración de acuerdos marco.

Artículo 182. Adjudicación de contratos basados en un acuerdo marco.

Capítulo III. Sistemas dinámicos de contratación.

Artículo 183. Funcionalidad y límites.

Artículo 184. Implementación.

Artículo 185. Incorporación de empresas al sistema.

Artículo 186. Adjudicación de contratos en el marco de un sistema dinámico de
contratación.

Capítulo IV. Centrales de contratación.

Sección 1.ª Normas generales.

Artículo 187. Funcionalidad y principios de actuación.

Artículo 188. Creación de centrales de contratación por las Comunidades
Autónomas y Entidades Locales.

Artículo 189. Adhesión a sistemas externos de contratación centralizada.

Sección 2.ª Contratación centralizada en el ámbito estatal.

Artículo 190. Régimen general.

Artículo 191. Adquisición centralizada de equipos y sistemas para el
tratamiento de la información.

Libro IV. Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos
administrativos.

Título I. Normas Generales.

Capítulo I. Efectos de los contratos.

Artículo 192. Régimen jurídico.

Artículo 193. Vinculación al contenido contractual.

Capítulo II. Prerrogativas de la Administración Pública en los contratos
administrativos.

Artículo 194. Enumeración.

Artículo 195. Procedimiento de ejercicio.

Capítulo III. Ejecución de los contratos.

Artículo 196. Ejecución defectuosa y demora.

Artículo 197. Resolución por demora y prórroga de los contratos.

Artículo 198. Indemnización de daños y perjuicios.

Artículo 199. Principio de riesgo y ventura.

Artículo 200. Pago del precio.

Artículo 201. Transmisión de los derechos de cobro.

Capítulo IV. Modificación de los contratos.

Artículo 202. Modificaciones de los contratos.

Artículo 203. Suspensión de los contratos.

Capítulo V. Extinción de los contratos.

Sección 1.ª Disposición general.

Artículo 204. Extinción de los contratos.

Sección 2.ª Cumplimiento de los contratos.

Artículo 205. Cumplimiento de los contratos y recepción de la prestación.

Sección 3.ª Resolución de los contratos.

Artículo 206. Causas de resolución.

Artículo 207. Aplicación de las causas de resolución.

Artículo 208. Efectos de la resolución.

Capítulo VI. Cesión de los contratos y subcontratación.

Sección 1.ª Cesión de los contratos.

Artículo 209. Cesión de los contratos.

Sección 2.ª Subcontratación.

Artículo 210. Subcontratación.

Artículo 211. Pagos a subcontratistas y suministradores.

Título II. Normas especiales para contratos de obras, concesión de obra
pública, gestión de servicios públicos, suministros, servicios y de colaboración
entre el sector público y el sector privado.

Capítulo I. Contrato de obras.

Sección 1.ª Ejecución del contrato de obras.

Artículo 212. Comprobación del replanteo.

Artículo 213. Ejecución de las obras y responsabilidad del contratista.

Artículo 214. Fuerza mayor.

Artículo 215. Certificaciones y abonos a cuenta.

Artículo 216. Obras a tanto alzado y obras con precio cerrado.

Sección 2.ª Modificación del contrato de obras.

Artículo 217. Modificación del contrato de obras.

Sección 3.ª Cumplimiento del contrato de obras.

Artículo 218. Recepción y plazo de garantía.

Artículo 219. Responsabilidad por vicios ocultos.

Sección 4.ª Resolución del contrato de obras.

Artículo 220. Causas de resolución.

Artículo 221. Alteración sustancial y suspensión de la iniciación de la
obra.

Artículo 222. Efectos de la resolución.

Capítulo II. Contrato de concesión de obra pública.

Sección 1.ª Construcción de las obras objeto de concesión.

Artículo 223. Modalidades de ejecución de las obras.

Artículo 224. Responsabilidad en la ejecución de las obras por terceros.

Artículo 225. Principio de riesgo y ventura en la ejecución de las obras.

Artículo 226. Modificación del proyecto.

Artículo 227. Comprobación de las obras.

Sección 2.ª Derechos y obligaciones del concesionario y prerrogativas de la
administración concedente.

Subsección 1.ª Derechos y obligaciones del concesionario.

Artículo 228. Derechos del concesionario.

Artículo 229. Obligaciones del concesionario.

Artículo 230. Uso y conservación de la obra pública.

Artículo 231. Zonas complementarias de explotación comercial.

Subsección 2.ª Prerrogativas y derechos de la Administración.

Artículo 232. Prerrogativas y derechos de la Administración.

Artículo 233. Modificación de la obra pública.

Artículo 234. Secuestro de la concesión.

Artículo 235. Penalidades por incumplimientos del concesionario.

Sección 3.ª Régimen económico-financiero de la concesión.

Artículo 236. Financiación de las obras.

Artículo 237. Aportaciones públicas a la construcción.

Artículo 238. Retribución por la utilización de la obra.

Artículo 239. Aportaciones públicas a la explotación.

Artículo 240. Obras públicas diferenciadas.

Artículo 241. Mantenimiento del equilibrio económico del contrato.

Sección 4.ª Extinción de las concesiones.

Artículo 242. Modos de extinción.

Artículo 243. Extinción de la concesión por transcurso del plazo.

Artículo 244. Plazo de las concesiones.

Artículo 245. Causas de resolución.

Artículo 246. Aplicación de las causas de resolución.

Artículo 247. Efectos de la resolución.

Artículo 248. Destino de las obras a la extinción de la concesión.

Sección 5.ª Ejecución de obras por terceros.

Artículo 249. Subcontratación.

Artículo 250. Adjudicación de contratos de obras por el concesionario.

Capítulo III. Contrato de gestión de servicios públicos.

Sección 1.ª Disposiciones generales.

Artículo 251. Ámbito del contrato.

Artículo 252. Régimen jurídico.

Artículo 253. Modalidades de la contratación.

Artículo 254. Duración.

Sección 2.ª Ejecución del contrato de gestión de servicios públicos.

Artículo 255. Ejecución del contrato.

Artículo 256. Obligaciones generales.

Artículo 257. Prestaciones económicas.

Sección 3.ª Modificación del contrato de gestión de servicios públicos.

Artículo 258. Modificación del contrato y mantenimiento de su equilibrio
económico.

Sección 4.ª Cumplimiento y efectos del contrato de gestión de servicios
públicos.

Artículo 259. Reversión.

Artículo 260. Falta de entrega de contraprestaciones económicas y medios
auxiliares.

Artículo 261. Incumplimiento del contratista.

Sección 5.ª Resolución del contrato de gestión de servicios públicos.

Artículo 262. Causas de resolución.

Artículo 263. Aplicación de las causas de resolución.

Artículo 264. Efectos de la resolución.

Sección 6.ª Subcontratación del contrato de gestión de servicios
públicos.

Artículo 265. Subcontratación.

Capítulo IV. Contrato de suministro.

Sección 1.ª Regulación de determinados contratos de suministro.

Artículo 266. Arrendamiento.

Artículo 267. Contratos de fabricación y aplicación de normas y usos vigentes
en comercio internacional.

Sección 2.ª Ejecución del contrato de suministro

Artículo 268. Entrega y recepción.

Artículo 269. Pago del precio.

Artículo 270. Pago en metálico y en otros bienes.

Artículo 271. Facultades de la Administración en el proceso de
fabricación.

Sección 3.ª Modificación del contrato de suministro.

Artículo 272. Modificación del contrato de suministro.

Sección 4.ª Cumplimiento del contrato de suministro.

Artículo 273. Gastos de entrega y recepción.

Artículo 274. Vicios o defectos durante el plazo de garantía.

Sección 5.ª Resolución del contrato de suministro.

Artículo 275. Causas de resolución.

Artículo 276. Efectos de la resolución.

Capítulo V. Contratos de servicios.

Sección 1.ª Disposiciones generales.

Artículo 277. Contenido y límites.

Artículo 278. Determinación del precio.

Artículo 279. Duración.

Artículo 280. Régimen de contratación para actividades docentes.

Sección 2.ª Ejecución de los contratos de servicios.

Artículo 281. Ejecución y responsabilidad del contratista.

Sección 3.ª Modificación de los contratos de servicios de mantenimiento.

Artículo 282. Modificación de estos contratos.

Sección 4.ª Cumplimiento de los contratos de servicios.

Artículo 283. Cumplimiento de los contratos.

Sección 5.ª Resolución de los contratos de servicios.

Artículo 284. Causas de resolución.

Artículo 285. Efectos de la resolución.

Sección 6.ª De la subsanación de errores y responsabilidades en el contrato
de elaboración de proyectos de obras.

Artículo 286. Subsanación de errores y corrección de deficiencias.

Artículo 287. Indemnizaciones.

Artículo 288. Responsabilidad por defectos o errores del proyecto.

Capítulo VI. Contratos de colaboración entre el sector público y el sector
privado.

Artículo 289. Régimen jurídico.

Artículo 290. Duración.

Libro V. Organización administrativa para la gestión de la contratación.

Título I. Órganos competentes en materia de contratación.

Capítulo I. Órganos de contratación.

Artículo 291. Órganos de contratación.

Artículo 292. Autorización para contratar.

Artículo 293. Desconcentración.

Artículo 294. Abstención y recusación.

Capítulo II. Órganos de asistencia.

Artículo 295. Mesas de contratación.

Artículo 296. Mesa especial del diálogo competitivo.

Artículo 297. Mesa de contratación del sistema estatal de contratación
centralizada.

Artículo 298. Jurados de concursos.

Capítulo III. Órganos consultivos.

Artículo 299. Junta Consultiva de Contratación Administrativa.

Artículo 300. Órganos consultivos en materia de contratación de las
Comunidades Autónomas.

Título II. Registros Oficiales.

Capítulo I. Registros Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas.

Artículo 301. Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado.

Artículo 302. Registros Oficiales de Licitadores y empresas clasificadas de
las Comunidades Autónomas.

Artículo 303. Contenido del Registro.

Artículo 304. Voluntariedad de la inscripción.

Artículo 305. Responsabilidad del empresario en relación con la actualización
de la información registral.

Artículo 306. Publicidad

Artículo 307. Colaboración entre registros.

Capítulo II. Registro de Contratos del Sector Público.

Artículo 308. Registro de Contratos del Sector Público.

Título III. Gestión de la publicidad contractual por medios electrónicos,
informáticos y telemáticos.

Capítulo único. Plataforma de Contratación del Estado.

Artículo 309. Plataforma de Contratación del Estado.

Disposición adicional primera. Contratación en el extranjero.

Disposición adicional segunda. Normas específicas de contratación en las
Entidades Locales.

Disposición adicional tercera. Régimen de contratación de los órganos
constitucionales del Estado y de los órganos legislativos y de control
autonómicos.

Disposición adicional cuarta. Reglas especiales sobre competencia para
adquirir equipos y sistemas para el tratamiento de la información y de las
comunicaciones.

Disposición adicional quinta. Límites a la contratación con empresas de
trabajo temporal.

Disposición adicional sexta. Contratación con empresas que tengan en su
plantilla personas con discapacidad o en situación de exclusión social y con
entidades sin ánimo de lucro.

Disposición adicional séptima. Contratos reservados.

Disposición adicional octava. Clasificación exigible por las Universidades
Públicas.

Disposición adicional novena. Exención de la exigencia de clasificación para
las Universidades Públicas.

Disposición adicional décima. Exención de requisitos para los Organismos
Públicos de Investigación en cuanto adjudicatarios de contratos.

Disposición adicional undécima. Contratos celebrados en los sectores del
agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales.

Disposición adicional duodécima. Normas especiales para la contratación del
acceso a bases de datos y la suscripción a publicaciones.

Disposición adicional decimotercera. Modificaciones de cuantías, plazos y
otras derivadas de los Anexos de directivas comunitarias.

Disposición adicional decimocuarta. Actualización de cifras fijadas por la
Unión Europea.

Disposición adicional decimoquinta. Cómputo de plazos.

Disposición adicional decimosexta. Referencias al Impuesto sobre el Valor
Añadido

Disposición adicional decimoséptima. Espacio Económico Europeo.

Disposición adicional decimoctava. Normas relativas a los medios de
comunicación utilizables en los procedimientos regulados en esta Ley.

Disposición adicional decimonovena. Uso de medios electrónicos, informáticos
y telemáticos en los procedimientos regulados en la Ley.

Disposición adicional vigésima. Sustitución de letrados en las Mesas de
Contratación.

Disposición adicional vigésimo primera. Garantía de accesibilidad para
personas con discapacidad.

Disposición adicional vigésimo segunda. Responsabilidad de las autoridades y
del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Disposición adicional vigésimo tercera. Conciertos para la prestación de la
asistencia sanitaria y farmacéutica celebrados por la Mutualidad de Funcionarios
Civiles del Estado, la Mutualidad General Judicial y el Instituto Social de las
Fuerzas Armadas.

Disposición adicional vigésimo cuarta. Contratos incluidos en el ámbito del
articulo 296 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

Disposición adicional vigésimo quinta. Régimen de contratación de ciertos
Organismos.

Disposición adicional vigésimo sexta. Pliegos de cláusulas administrativas
para la contratación de medios para la lucha contra los incendios forestales

Disposición adicional vigésimo séptima. Prácticas contrarias a la libre
competencia.

Disposición adicional vigésimo octava. Régimen de subcontratación de
prestaciones contratadas por las Entidades públicas empresariales.

Disposición adicional vigésimo novena. Prestación de asistencia sanitaria en
situaciones de urgencia.

Disposición adicional trigésima. Régimen jurídico de la «Empresa de
Transformación Agraria, Sociedad Anónima» (TRAGSA), y de sus filiales.

Disposición adicional trigésimo primera. Protección de datos de carácter
personal.

Disposición adicional trigésimo segunda.

Disposición adicional trigésimo tercera. Régimen de contratación de los
órganos de los Territorios Históricos del País Vasco.

Disposición transitoria primera. Expedientes iniciados y contratos
adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley.

Disposición transitoria segunda. Fórmulas de revisión.

Disposición transitoria tercera. Determinación de cuantías por los
departamentos ministeriales respecto de los Organismos Autónomos adscritos a los
mismos.

Disposición transitoria cuarta. Registros de licitadores.

Disposición transitoria quinta. Determinación de los casos en que es exigible
la clasificación de las empresas.

Disposición transitoria sexta. Régimen transitorio de los procedimientos de
adjudicación de los contratos no sujetos a regulación armonizada celebrados por
entidades que no tienen el carácter de Administración Pública.

Disposición transitoria séptima. Aplicación anticipada de la delimitación del
ámbito subjetivo de aplicación de la Ley.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Disposición final primera. Modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de
Bases del Régimen Local.

Disposición final segunda. Modificación de la Ley General Presupuestaria.

Disposición final tercera. Modificación de la Ley 1/1999, de 5 de enero,
reguladora de las entidades de capital-riesgo y de sus sociedades gestoras.

Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio,
Concursal

Disposición final quinta. Modificación de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre,
del Sector Ferroviario.

Disposición final sexta. Actualización de las referencias a determinados
órganos.

Disposición final séptima. Títulos competenciales.

Disposición final octava. Normas aplicables a los procedimientos regulados en
esta Ley.

Disposición final novena. Habilitación normativa en materia de uso de medios
electrónicos, informáticos o telemáticos, y uso de factura electrónica

Disposición final décima. Mandato de presentación de un proyecto
normativo.

Disposición final undécima. Habilitación para el desarrollo
reglamentario.

Disposición final duodécima. Entrada en vigor.

Anexo I. Actividades a las que se refiere el apartado 1 del artículo
6.

Anexo II. Servicios a los que se refiere el artículo 10.

Anexo III. Lista de productos contemplados en la letra a) del apartado 1 del
artículo 15, en lo que se refiere a los contratos de suministros adjudicados por
órganos de contratación del sector de la Defensa.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

Desde la adhesión a las Comunidades Europeas, la normativa comunitaria ha
sido el referente obligado de nuestra legislación de contratos públicos, de tal
forma que, en los últimos veinte años, las sucesivas reformas que han llevado
desde el Texto Articulado de la Ley de Bases de la Ley de Contratos del Estado
hasta el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
han tenido como una de sus principales justificaciones la necesidad de adaptar
esta legislación a los requerimientos de las directivas comunitarias.

Esta Ley de Contratos del Sector Público también ha encontrado en la
exigencia de incorporar a nuestro ordenamiento una nueva disposición comunitaria
en la materia el impulso primordial para su elaboración. Las Directivas
92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los
procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios; 93/36/CEE
del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de
adjudicación de los contratos públicos de suministro; y 93/37/CEE del Consejo,
de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación
de los contratos públicos de obras, han sido sustituidas recientemente por la
Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de
2004, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos
públicos de obras, de suministro y de servicios, disposición que, al tiempo que
refunde las anteriores, introduce numerosos y trascendentales cambios en esta
regulación, suponiendo un avance cualitativo en la normativa europea de
contratos.

Sin embargo, aun siendo la necesidad de incorporar a nuestro ordenamiento la
Directiva 2004/18/CE el motivo determinante de la apertura de un nuevo proceso
de revisión de nuestra legislación de contratos públicos, este punto de partida
no ha operado como límite o condicionante de su alcance. La norma resultante, en
consecuencia, no se constriñe a trasponer las nuevas directrices comunitarias,
sino que, adoptando un planteamiento de reforma global, introduce modificaciones
en diversos ámbitos de esta legislación, en respuesta a las peticiones
formuladas desde múltiples instancias (administrativas, académicas, sociales y
empresariales) de introducir diversas mejoras en la misma y dar solución a
ciertos problemas que la experiencia aplicativa de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas ha ido poniendo de relieve.

II

Hasta el momento, las reformas de la legislación de contratos que se han
sucedido desde 1986 han sido tributarias, en última instancia, del planteamiento
de la Ley de Contratos del Estado cuyo modelo de regulación se ha ido asumiendo
por los diferentes textos legales sin ser objeto de un cuestionamiento de fondo;
incluso la Ley de 18 de mayo de 1995, que supuso un punto de inflexión para
nuestra legislación en la materia, respondía, en sus concepciones básicas, a ese
modelo. La normativa de contratos del sector público se ha construido, en este
sistema, alrededor del contrato de la Administración Pública (ya sea ésta
únicamente la Administración General del Estado, como en la Ley de 1965, o ya se
entienda el concepto en un sentido más amplio, como comienza a apuntarse a
partir de 1986 y se consagra de forma abierta a partir de 1995) y, más
específicamente, en torno al contrato administrativo de la Administración
Pública. La necesidad de pautar la contratación de otros sujetos -ya fuese por
determinaciones de derecho comunitario, cuyas disposiciones en la materia se
aplican a otras entidades del sector público o incluso a sujetos de derecho que
se encuentran fuera de él, o por razones de política legislativa interna, con el
fin de cerrar las normas sobre contratación del sector público- se solventaba en
este modelo bien mediante la extensión parcial de esa regulación (en lo que se
refería a normas incluidas en el ámbito de regulación propio de las Directivas
comunitarias: disposiciones sobre preparación y adjudicación del contrato y
sobre requisitos de aptitud -capacidad y solvencia- del contratista particular,
básicamente) a ciertos contratos sujetos a las disposiciones comunitarias, bien
mediante la declaración de sometimiento de los restantes contratos del sector
público a ciertos principios que debían presidir su adjudicación. Esta técnica
de regulación presentaba los inconvenientes fundamentales de situar el régimen
aplicable a los contratos no celebrados por Administraciones Públicas en un
ámbito caracterizado por su indefinición, rasgo especialmente notorio en el caso
de los contratos no sujetos a las directivas comunitarias, y de renunciar, en el
caso de los contratos sometidos a sus previsiones, a efectuar una modulación de
las diferentes normas de ese régimen para ajustarlas a las características
propias de los distintos sujetos que debían aplicarlo, en la medida en que esa
traslación de disposiciones pensadas inicialmente para Administraciones Públicas
se efectuaba en bloque y sin interposición de una deseable actividad de
adecuación, que se ponía bajo la responsabilidad de su intérprete o
aplicador.

Inseparablemente unido a lo anterior, la opción de regular los contratos
públicos a partir de la disciplina de los contratos celebrados por la
Administración ha contribuido en gran medida a evitar el planteamiento de la
cuestión relativa a la conveniencia de identificar inequívocamente los ámbitos
de esta normativa que se encuentran condicionados por las prescripciones de las
directivas comunitarias debido a que, en todo lo que se refiere a exigencias
procedimentales, garantías para el licitador, y preservación de los principios
de publicidad, concurrencia y transparencia, nuestras legislación de contratos
ha sido siempre equiparable a la europea, cuando no más estricta. Ello ha
difuminado las fronteras entre lo comunitario y lo nacional en nuestras normas
contractuales y, consiguientemente, ha enturbiado el análisis de las relaciones
entre ambas esferas.

Desde la consideración metodológica de que resulta inaplazable insertar
nuestra legislación en la materia dentro de un marco de referencia que permita
superar estas limitaciones, la Ley de Contratos del Sector Público ha adoptado
un enfoque que, separándose de sus antecedentes, aborda la regulación de la
actividad contractual pública desde una definición amplia de su ámbito de
aplicación y buscando una identificación funcional precisa del área normativa
vinculada a las directivas europeas sobre contratos públicos, teniendo en cuenta
que se trata de una Ley que ha de operar en un contexto jurídico fuertemente
mediatizado por normas supranacionales y en relación con una variada tipología
de sujetos. Desarrollar la Ley de contratos como una norma que, desde su
planteamiento inicial, se diseñe teniendo en cuenta su aplicabilidad a todos los
sujetos del sector público, permite dar una respuesta más adecuada a los
problemas antes apuntados, aproximando su ámbito de aplicación al de las normas
comunitarias de referencia, incrementando la seguridad jurídica al eliminar
remisiones imprecisas y clarificar las normas de aplicación, aumentando la
eficiencia de la legislación al tomar en cuenta la configuración jurídica
peculiar de cada destinatario para modular adecuadamente las reglas que le son
aplicables, y previendo un nicho normativo para que, en línea con las posiciones
que postulan una mayor disciplina en la actuación del sector público en su
conjunto, puedan incluirse reglas para sujetos que tradicionalmente se han
situado extramuros de esta legislación. La identificación de las disposiciones
ligadas a las directivas de contratación, por su parte, permite enmarcar de
forma nítida el ámbito de regulación disponible para el legislador nacional,
dentro del respeto a los principios y disposiciones del Derecho Comunitario
originario que determinan la sumisión de toda la contratación pública, cuando
menos, a los principios de publicidad y concurrencia, a efectos de matizar el
régimen de contratación de los diferentes sujetos sometidos a la Ley, y
facilitar el análisis de la norma de cara a adoptar decisiones de política
legislativa.

III

Ratificando este cambio de enfoque, la presente Ley se separa de la
arquitectura adoptada por la legislación de contratos públicos desde la Ley
13/1995, de 18 de mayo, basado en una estructura bipolar construida alrededor de
una «parte general», compuesta por normas aplicables a todos los contratos, y
una «parte especial», en la que se recogían las peculiaridades de régimen
jurídico de los contratos administrativos «típicos». Esta sistemática, que
constituyó un notable avance técnico respecto de la configuración clásica de la
Ley de Contratos del Estado, no resulta, sin embargo, la más adecuada para dar
soporte a una norma con el alcance que se pretende para la Ley de Contratos del
Sector Público, afectada por los condicionantes de regular de forma directa el
régimen de contratación de un abanico más amplio de sujetos destinatarios, y de
hacer posible, desde la misma estructura de la Ley, un tratamiento diferenciado
de las normas que son transcripción de disposiciones comunitarias.

Así, el articulado de la Ley se ha estructurado en un Título preliminar
dedicado a recoger unas disposiciones generales y cinco Libros que se dedican,
sucesivamente, a regular la configuración general de la contratación del sector
público y los elementos estructurales de los contratos, la preparación de estos
contratos, la selección del contratista y la adjudicación de los contratos, los
efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos, y la
organización administrativa para la gestión de la contratación. El criterio
primordial de estructuración atiende a las materias reguladas (Título preliminar
y Libros I, IV y V) o a bloques homogéneos de actuación (Libros II y III).
Dentro de esos primeros niveles de ordenación, las divisiones ulteriores se han
establecido desagregando esos mismos criterios (Libros I, III y V), o
introduciendo una nueva pauta basada en el alcance de las normas, según resulten
aplicables a todos los contratos, con carácter general, o sólo a determinados
tipos contractuales (Libros II y IV); por último, en los Libros II y III, ha
sido necesario utilizar un criterio adicional, agrupando las disposiciones por
razón de sus distintos destinatarios dentro del sector público.

IV

Tomando como referencia los principios que han guiado la elaboración de esta
Ley, las principales novedades que presenta su contenido en relación con su
inmediato antecedente, el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, afectan a 1) la delimitación de su ámbito de
aplicación, 2) la singularización de las normas que derivan directamente del
derecho comunitario, 3) la incorporación de las nuevas regulaciones sobre
contratación que introduce la Directiva 2004/18/CE, 4) la simplificación y
mejora de la gestión contractual, y 5) la tipificación legal de una nueva
figura, el contrato de colaboración entre el sector público y el sector
privado:

1. A fin de ajustar el ámbito de aplicación de la Ley al de las directivas
comunitarias, así como para no dejar entidades del sector público exentas de
regulación, la delimitación de los entes sujetos se realiza en términos muy
amplios. A estos efectos, el artículo 3.1 enumera en sus letras a) a g) las
entidades que, de acuerdo con una determinación de política legislativa interna
y autónoma, se considera conveniente que, en todo caso, se sujeten a la
legislación de contratos públicos; esta lista, inspirada en la definición de
sector público de la Ley General Presupuestaria con las pertinentes correcciones
terminológicas para permitir la extrapolación de sus categorías a los sectores
autonómico y local y la adición de menciones expresas a las Universidades
Públicas y a los denominados «reguladores independientes», está formulada en
términos extremadamente amplios. Para asegurar el cierre del sistema, la letra
h) de este apartado -que funciona como cláusula residual y reproduce
literalmente la definición de «organismo público» de la Directiva 2004/18/CE, en
cuanto poder adjudicador sujeto a la misma-, garantiza que, en cualquier caso,
el ámbito de aplicación de la Ley se extienda a cualquier organismo o entidad
que, con arreglo a la norma comunitaria, deba estar sometido a sus
prescripciones. Dentro de las entidades del sector público, la Ley distingue
tres categorías de sujetos que presentan un diferente nivel de sometimiento a
sus prescripciones: Administraciones Públicas; entes del sector público que, no
teniendo el carácter de Administración Pública, están sujetos a la Directiva
2004/18; y entes del sector público que no son Administraciones Públicas ni
están sometidos a esta Directiva; el hecho de que se ponga el acento en la
regulación de la contratación de las Administraciones Públicas, sometiéndola a
disposiciones más detalladas que las que rigen para las entidades sujetas a la
Ley que no tienen este carácter (sobre todo en lo que se refiere a la
celebración de contratos no sujetos a regulación armonizada) no significa que
éstas últimas no puedan hacer uso de determinadas técnicas de contratación o de
figuras contractuales contempladas de modo expreso sólo en relación con aquéllas
(subasta electrónica, contratos de colaboración o instrumentos para la
racionalización de la contratación, por ejemplo) puesto que siempre será posible
que sean incorporadas a las instrucciones internas de contratación que deben
aprobar esas entidades o que se concluyan al amparo del principio de libertad de
pactos.

2. Como medio para identificar el ámbito normativo supeditado a las
prescripciones de las directivas comunitarias se ha acuñado la categoría legal
de «contratos sujetos a regulación armonizada», que define los negocios que, por
razón de la entidad contratante, de su tipo y de su cuantía, se encuentran
sometidos a las directrices europeas. La positivación de esta categoría tiene
por finalidad permitir la modulación de la aplicabilidad de las disposiciones
comunitarias a los distintos contratos del sector público, restringiéndola,
cuando así se estime conveniente, solo a los casos estrictamente exigidos por
ellas. Por exclusión, utilizándolo de forma negativa, el concepto también sirve
para definir el conjunto de contratos respecto de los cuales el legislador
nacional tiene plena libertad en cuanto a la configuración de su régimen
jurídico. La identificación de estos contratos se ajusta a los parámetros de la
Directiva, con las dos matizaciones siguientes: por una parte, y en minoración
de la caracterización efectuada por la norma comunitaria, el concepto no
incluye, por economía normativa y simplicidad de redacción, los contratos de
servicios de las categorías 17 a 27 del anexo II, a los que la disposición
comunitaria declara aplicables sólo las normas sobre establecimiento de
prescripciones técnicas y publicidad de las adjudicaciones: en la medida en que
el ámbito de la exención supera con mucho al de la sujeción, se ha optado por
dejarlos fuera de la categoría de «contratos sujetos a regulación armonizada» y
establecer su sometimiento a las mismas reglas que éstos en los lugares
pertinentes de la Ley; por otra parte, y como prescripción extensiva respecto
del derecho comunitario, que no ha abordado todavía su regulación, se califican
como contratos sujetos a regulación armonizada, en todo caso, a los contratos de
colaboración entre el sector público y el sector privado, en atención a su
complejidad, cuantía, y peculiar configuración.

3. Incorporando en sus propios términos y sin reservas las directrices de la
Directiva 2004/18/CE, la Ley de Contratos del Sector Público incluye
sustanciales innovaciones en lo que se refiere a la preparación y adjudicación
de los negocios sujetos a la misma. Sintéticamente expuestas, las principales
novedades afectan a la previsión de mecanismos que permiten introducir en la
contratación pública consideraciones de tipo social y medioambiental,
configurándolas como condiciones especiales de ejecución del contrato o como
criterios para valorar las ofertas, prefigurando una estructura que permita
acoger pautas de adecuación de los contratos a nuevos requerimientos éticos y
sociales, como son los de acomodación de las prestaciones a las exigencias de un
«comercio justo» con los países subdesarrollados o en vías de desarrollo como
prevé la Resolución del Parlamento Europeo en Comercio Justo y Desarrollo
[2005/2245 (INI)], y que permitan ajustar la demanda pública de bienes y
servicios a la disponibilidad real de los recursos naturales, a la articulación
de un nuevo procedimiento de adjudicación, el diálogo competitivo, pensado para
contratos de gran complejidad en los que la definición final de su objeto sólo
puede obtenerse a través de la interacción entre el órgano de contratación y los
licitadores; a la nueva regulación de diversas técnicas para racionalizar las
adquisiciones de bienes y servicios (acuerdos marco, sistemas dinámicos de
adquisición y centrales de compras); o, en fin, asumiendo las nuevas tendencias
a favor de la desmaterialización de los procedimientos, optando por la plena
inserción de los medios electrónicos, informáticos y telemáticos en el ámbito de
la contratación pública, a fin de hacer más fluidas y transparentes las
relaciones entre los órganos de contratación y los operadores económicos. Con la
misma finalidad de incorporar normas de derecho comunitario derivado, se
articula un nuevo recurso administrativo especial en materia de contratación,
con el fin de trasponer la Directiva 89/665/CEE del Consejo, de 21 de diciembre
de 1989, relativa a la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias
y administrativas referentes a la aplicación de los procedimientos de recurso en
materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras, tal
y como ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

4. Obligadamente, la nueva Ley viene también a efectuar una revisión general
de la regulación de la gestión contractual, a fin de avanzar en su
simplificación y racionalización, y disminuir los costes y cargas que recaen
sobre la entidad contratante y los contratistas particulares. Esta revisión ha
afectado, de forma particular, al sistema de clasificación de contratistas, a
los medios de acreditación de los requisitos de aptitud exigidos para contratar
con el sector público, y a los procedimientos de adjudicación, elevando las
cuantías que marcan los límites superiores de los simplificados -procedimiento
negociado y el correspondiente a los contratos menores- y articulando un nuevo
procedimiento negociado con publicidad para contratos no sujetos a regulación
armonizada que no superen una determinada cuantía. Además, y desde un punto de
vista formal, se ha aprovechado para incorporar a nuestra legislación la
terminología comunitaria de la contratación, con el fin de facilitar, ya desde
el plano semántico, la interoperabilidad con los sistemas europeos de
contratación. Esto ha supuesto el abandono de ciertas denominaciones
tradicionales en nuestro derecho, que no de los correspondientes conceptos, que
subsisten bajo nombres más ajustados al contexto europeo. En particular, los
términos «concurso» y «subasta» -que en la legislación nacional se referían, de
forma un tanto artificiosa, a «formas de adjudicación» del contrato como
instrumento que debía utilizarse en conjunción con los «procedimientos de
adjudicación», se subsumen en la expresión «oferta económicamente más ventajosa»
que remite en definitiva, a los criterios que el órgano de contratación ha de
tener en cuenta para valorar las ofertas de los licitadores en los diferentes
procedimientos abiertos, restringidos o negociados, y ya se utilice un único
criterio (el precio, como en la antigua «subasta») o ya se considere una
multiplicidad de ellos (como en el antiguo «concurso»)-. El concepto legal de
«oferta económicamente más ventajosa» es, sin embargo, más amplio que el
manejado en la Directiva 2004/18, englobando tanto la noción estricta presente
en la norma comunitaria -que presupone la utilización de una multiplicidad de
parámetros de valoración-, como el criterio del «precio más bajo», que dicha
disposición distingue formalmente de la anterior; la Ley ha puesto ambos
conceptos comunitarios bajo una misma rúbrica para evitar forzar el valor
lingüístico usual de las expresiones utilizadas (no se entendería que la oferta
más barata, cuando el único criterio a valorar sea el precio, no fuese
calificada como la «económicamente más ventajosa»), y para facilitar su empleo
como directriz que resalte la necesidad de atender a criterios de eficiencia en
la contratación. Además, para reforzar el control del cumplimiento del contrato
y agilizar la solución de las diversas incidencias que pueden surgir durante su
ejecución, se ha regulado la figura del responsable del contrato, que puede ser
una persona física o jurídica, integrada en el ente, organismo o entidad
contratante o ajena a él y vinculada con el mismo a través del oportuno contrato
de servicios, al que el órgano de contratación podrá, entre otras opciones,
encomendar la gestión integral del proyecto, con el ejercicio de las facultades
que le competen en relación con la dirección y supervisión de la forma en que se
realizan las prestaciones que constituyan su objeto.

5. Nominados únicamente en la práctica de la contratación pública, la Ley
viene, finalmente, a tipificar normativamente los contratos de colaboración
entre el sector público y el sector privado, como nuevas figuras contractuales
que podrán utilizarse para la obtención de prestaciones complejas o afectadas de
una cierta indeterminación inicial, y cuya financiación puede ser asumida, en un
principio, por el operador privado, mientras que el precio a pagar por la
Administración podrá acompasarse a la efectiva utilización de los bienes y
servicios que constituyen su objeto.

TÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

CAPÍTULO I

Objeto y ámbito de aplicación de la Ley

Artículo 1. Objeto y finalidad.

La presente Ley tiene por objeto regular la contratación del sector público,
a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de
acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y
no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos, y de asegurar, en
conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, una
eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la
adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la
definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre
competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa.

Es igualmente objeto de esta Ley la regulación del régimen jurídico aplicable
a los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos, en
atención a los fines institucionales de carácter público que a través de los
mismos se tratan de realizar.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. Son contratos del sector público y, en consecuencia, están sometidos a la
presente Ley en la forma y términos previstos en la misma, los contratos
onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren los entes,
organismos y entidades enumerados en el artículo 3.

2. Están también sujetos a la presente Ley, en los términos que en ella se
señalan, los contratos subvencionados por los entes, organismos y entidades del
sector público que celebren otras personas físicas o jurídicas en los supuestos
previstos en el artículo 17, así como los contratos de obras que celebren los
concesionarios de obras públicas en los casos del artículo 250.

3. La aplicación de esta Ley a los contratos que celebren las Comunidades
Autónomas y las entidades que integran la Administración Local, o los organismos
dependientes de las mismas, así como a los contratos subvencionados por
cualquiera de estas entidades, se efectuará en los términos previstos en la
disposición final séptima.

Artículo 3. Ámbito subjetivo.

1. A los efectos de esta Ley, se considera que forman parte del sector
público los siguientes entes, organismos y entidades:

a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las
Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local.

b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social.

c) Los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las
Universidades Públicas, las Agencias Estatales y cualesquiera entidades de
derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas a un sujeto que
pertenezca al sector público o dependientes del mismo, incluyendo aquellas que,
con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la Ley,
tengan atribuidas funciones de regulación o control de carácter externo sobre un
determinado sector o actividad.

d) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación,
directa o indirecta, de entidades de las mencionadas en las letras a) a f) del
presente apartado sea superior al 50 por ciento.

e) Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia a los que se
refieren el artículo 6.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y la legislación de régimen local.

f) Las fundaciones que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa
o indirecta, de una o varias entidades integradas en el sector público, o cuyo
patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de
un 50 por ciento por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas
entidades.

g) Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social.

h) Cualesquiera entes, organismos o entidades con personalidad jurídica
propia, que hayan sido creados específicamente para satisfacer necesidades de
interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o
varios sujetos pertenecientes al sector público financien mayoritariamente su
actividad, controlen su gestión, o nombren a más de la mitad de los miembros de
su órgano de administración, dirección o vigilancia.

i) Las asociaciones constituidas por los entes, organismos y entidades
mencionados en las letras anteriores.

2. Dentro del sector público, y a los efectos de esta Ley, tendrán la
consideración de Administraciones Públicas los siguientes entes, organismos y
entidades:

a) Los mencionados en las letras a) y b) del apartado anterior.

b) Los Organismos autónomos.

c) Las Universidades Públicas.

d) Las entidades de derecho público que, con independencia funcional o con
una especial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de
regulación o control de carácter externo sobre un determinado sector o
actividad, y

e) Las entidades de derecho público vinculadas a una o varias
Administraciones Públicas o dependientes de las mismas que cumplan alguna de las
características siguientes:

1.ª que su actividad principal no consista en la producción en régimen de
mercado de bienes y servicios destinados al consumo individual o colectivo, o
que efectúen operaciones de redistribución de la renta y de la riqueza nacional,
en todo caso sin ánimo de lucro, o

2.ª que no se financien mayoritariamente con ingresos, cualquiera que sea su
naturaleza, obtenidos como contrapartida a la entrega de bienes o a la
prestación de servicios.

No obstante, no tendrán la consideración de Administraciones Públicas las
entidades públicas empresariales estatales y los organismos asimilados
dependientes de las Comunidades Autónomas y Entidades locales.

3. Se considerarán poderes adjudicadores, a efectos de esta Ley, los
siguientes entes, organismos y entidades:

a) Las Administraciones Públicas.

b) Todos los demás entes, organismos o entidades con personalidad jurídica
propia distintos de los expresados en la letra a) que hayan sido creados
específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan
carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos que deban
considerarse poder adjudicador de acuerdo con los criterios de este apartado 3
financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestión, o nombren a más
de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o
vigilancia.

c) Las asociaciones constituidas por los entes, organismos y entidades
mencionados en las letras anteriores.

Artículo 4. Negocios y contratos excluidos.

1. Están excluidos del ámbito de la presente Ley los siguientes negocios y
relaciones jurídicas:

a) La relación de servicio de los funcionarios públicos y los contratos
regulados en la legislación laboral.

b) Las relaciones jurídicas consistentes en la prestación de un servicio
público cuya utilización por los usuarios requiera el abono de una tarifa, tasa
o precio público de aplicación general.

c) Los convenios de colaboración que celebre la Administración General del
Estado con las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social,
las Universidades Públicas, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales,
organismos autónomos y restantes entidades públicas, o los que celebren estos
organismos y entidades entre sí, salvo que, por su naturaleza, tengan la
consideración de contratos sujetos a esta Ley.

d) Los convenios que, con arreglo a las normas específicas que los regulan,
celebre la Administración con personas físicas o jurídicas sujetas al derecho
privado, siempre que su objeto no esté comprendido en el de los contratos
regulados en esta Ley o en normas administrativas especiales.

e) Los convenios incluidos en el ámbito del artículo 296 del Tratado
Constitutivo de la Comunidad Europea que se concluyan en el sector de la
defensa.

f) Los acuerdos que celebre el Estado con otros Estados o con entidades de
derecho internacional público.

g) Los contratos de suministro relativos a actividades directas de los
organismos de derecho público dependientes de las Administraciones públicas cuya
actividad tenga carácter comercial, industrial, financiero o análogo, si los
bienes sobre los que versan han sido adquiridos con el propósito de devolverlos,
con o sin transformación, al tráfico jurídico patrimonial, de acuerdo con sus
fines peculiares, siempre que tales organismos actúen en ejercicio de
competencias específicas a ellos atribuidas por la Ley.

h) Los contratos y convenios derivados de acuerdos internacionales celebrados
de conformidad con el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea con uno o
varios países no miembros de la Comunidad, relativos a obras o suministros
destinados a la realización o explotación conjunta de una obra, o relativos a
los contratos de servicios destinados a la realización o explotación en común de
un proyecto.

i) Los contratos y convenios efectuados en virtud de un acuerdo internacional
celebrado en relación con el estacionamiento de tropas.

j) Los contratos y convenios adjudicados en virtud de un procedimiento
específico de una organización internacional.

k) Los contratos relativos a servicios de arbitraje y conciliación.

l) Los contratos relativos a servicios financieros relacionados con la
emisión, compra, venta y transferencia de valores o de otros instrumentos
financieros, en particular las operaciones relativas a la gestión financiera del
Estado, así como las operaciones destinadas a la obtención de fondos o capital
por los entes, organismos y entidades del sector público, así como los servicios
prestados por el Banco de España y las operaciones de tesorería.

m) Los contratos por los que un ente, organismo o entidad del sector público
se obligue a entregar bienes o derechos o prestar algún servicio, sin perjuicio
de que el adquirente de los bienes o el receptor de los servicios, si es una
entidad del sector público sujeta a esta Ley, deba ajustarse a sus
prescripciones para la celebración del correspondiente contrato.

n) Los negocios jurídicos en cuya virtud se encargue a una entidad que,
conforme a lo señalado en el artículo 24.6, tenga atribuida la condición de
medio propio y servicio técnico del mismo, la realización de una determinada
prestación. No obstante, los contratos que deban celebrarse por las entidades
que tengan la consideración de medio propio y servicio técnico para la
realización de las prestaciones objeto del encargo quedarán sometidos a esta
Ley, en los términos que sean procedentes de acuerdo con la naturaleza de la
entidad que los celebre y el tipo y cuantía de los mismos, y, en todo caso,
cuando se trate de contratos de obras, servicios o suministros cuyas cuantías
superen los umbrales establecidos en la Sección 2.ª del Capítulo II de este
Título Preliminar, las entidades de derecho privado deberán observar para su
preparación y adjudicación las reglas establecidas en los artículos 121.1 y
174.

o) Las autorizaciones y concesiones sobre bienes de dominio público y los
contratos de explotación de bienes patrimoniales distintos a los definidos en el
artículo 7, que se regularán por su legislación específica salvo en los casos en
que expresamente se declaren de aplicación las prescripciones de la presente
Ley.

p) Los contratos de compraventa, donación, permuta, arrendamiento y demás
negocios jurídicos análogos sobre bienes inmuebles, valores negociables y
propiedades incorporales, a no ser que recaigan sobre programas de ordenador y
deban ser calificados como contratos de suministro o servicios, que tendrán
siempre el carácter de contratos privados y se regirán por la legislación
patrimonial. En estos contratos no podrán incluirse prestaciones que sean
propias de los contratos típicos regulados en la Sección 1.ª del Capítulo II del
Título Preliminar, si el valor estimado de las mismas es superior al 50 por
ciento del importe total del negocio o si no mantienen con la prestación
característica del contrato patrimonial relaciones de vinculación y
complementariedad en los términos previstos en el artículo 25; en estos dos
supuestos, dichas prestaciones deberán ser objeto de contratación independiente
con arreglo a lo establecido en esta Ley.

q) Los contratos de servicios y suministro celebrados por los Organismos
Públicos de Investigación estatales y los Organismos similares de las
Comunidades Autónomas que tengan por objeto prestaciones o productos necesarios
para la ejecución de proyectos de investigación, desarrollo e innovación
tecnológica o servicios técnicos, cuando la presentación y obtención de
resultados derivados de los mismos esté ligada a retornos científicos,
tecnológicos o industriales susceptibles de incorporarse al tráfico jurídico y
su realización haya sido encomendada a equipos de investigación del Organismo
mediante procesos de concurrencia competitiva.

2. Los contratos, negocios y relaciones jurídicas enumerados en el apartado
anterior se regularán por sus normas especiales, aplicándose los principios de
esta Ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.

CAPÍTULO II

Contratos del sector público

Sección 1.ª Delimitación de los tipos contractuales

Artículo 5. Calificación de los contratos.

1. Los contratos de obras, concesión de obras públicas, gestión de servicios
públicos, suministro, servicios y de colaboración entre el sector público y el
sector privado que celebren los entes, organismos y entidades pertenecientes al
sector público se calificarán de acuerdo con las normas contenidas en la
presente sección.

2. Los restantes contratos del sector público se calificarán según las normas
de derecho administrativo o de derecho privado que les sean de aplicación.

Artículo 6. Contrato de obras.

1. Son contratos de obras aquéllos que tienen por objeto la realización de
una obra o la ejecución de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I o la
realización por cualquier medio de una obra que responda a las necesidades
especificadas por la entidad del sector público contratante. Además de estas
prestaciones, el contrato podrá comprender, en su caso, la redacción del
correspondiente proyecto.

2. Por «obra» se entenderá el resultado de un conjunto de trabajos de
construcción o de ingeniería civil, destinado a cumplir por sí mismo una función
económica o técnica, que tenga por objeto un bien inmueble.

Artículo 7. Contrato de concesión de obras públicas.

1. La concesión de obras públicas es un contrato que tiene por objeto la
realización por el concesionario de algunas de las prestaciones a que se refiere
el artículo 6, incluidas las de restauración y reparación de construcciones
existentes, así como la conservación y mantenimiento de los elementos
construidos, y en el que la contraprestación a favor de aquél consiste, o bien
únicamente en el derecho a explotar la obra, o bien en dicho derecho acompañado
del de percibir un precio.

2. El contrato, que se ejecutará en todo caso a riesgo y ventura del
contratista, podrá comprender, además, el siguiente contenido:

a) La adecuación, reforma y modernización de la obra para adaptarla a las
características técnicas y funcionales requeridas para la correcta prestación de
los servicios o la realización de las actividades económicas a las que sirve de
soporte material.

b) Las actuaciones de reposición y gran reparación que sean exigibles en
relación con los elementos que ha de reunir cada una de las obras para
mantenerse apta a fin de que los servicios y actividades a los que aquéllas
sirven puedan ser desarrollados adecuadamente de acuerdo con las exigencias
económicas y las demandas sociales.

3. El contrato de concesión de obras públicas podrá también prever que el
concesionario esté obligado a proyectar, ejecutar, conservar, reponer y reparar
aquellas obras que sean accesorias o estén vinculadas con la principal y que
sean necesarias para que ésta cumpla la finalidad determinante de su
construcción y que permitan su mejor funcionamiento y explotación, así como a
efectuar las actuaciones ambientales relacionadas con las mismas que en ellos se
prevean. En el supuesto de que las obras vinculadas o accesorias puedan ser
objeto de explotación o aprovechamiento económico, éstos corresponderán al
concesionario conjuntamente con la explotación de la obra principal, en la forma
determinada por los pliegos respectivos.

Artículo 8. Contrato de gestión de servicios públicos.

1. El contrato de gestión de servicios públicos es aquél en cuya virtud una
Administración Pública encomienda a una persona, natural o jurídica, la gestión
de un servicio cuya prestación ha sido asumida como propia de su competencia por
la Administración encomendante.

2. Las disposiciones de esta Ley referidas a este contrato no serán
aplicables a los supuestos en que la gestión del servicio público se efectúe
mediante la creación de entidades de derecho público destinadas a este fin, ni a
aquellos en que la misma se atribuya a una sociedad de derecho privado cuyo
capital sea, en su totalidad, de titularidad pública.

Artículo 9. Contrato de suministro.

1. Son contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisición, el
arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de
productos o bienes muebles.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra b) del apartado 3 de este
artículo respecto de los contratos que tengan por objeto programas de ordenador,
no tendrán la consideración de contrato de suministro los contratos relativos a
propiedades incorporales o valores negociables.

3. En todo caso, se considerarán contratos de suministro los siguientes:

a) Aquellos en los que el empresario se obligue a entregar una pluralidad de
bienes de forma sucesiva y por precio unitario sin que la cuantía total se
defina con exactitud al tiempo de celebrar el contrato, por estar subordinadas
las entregas a las necesidades del adquirente. No obstante, la adjudicación de
estos contratos se efectuará de acuerdo con las normas previstas en el Capítulo
II del Título II del Libro III para los acuerdos marco celebrados con un único
empresario.

b) Los que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y
sistemas de telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, sus
dispositivos y programas, y la cesión del derecho de uso de estos últimos, a
excepción de los contratos de adquisición de programas de ordenador
desarrollados a medida, que se considerarán contratos de servicios.

c) Los de fabricación, por los que la cosa o cosas que hayan de ser
entregadas por el empresario deban ser elaboradas con arreglo a características
peculiares fijadas previamente por la entidad contratante, aun cuando ésta se
obligue a aportar, total o parcialmente, los materiales precisos.

Artículo 10. Contrato de servicios.

Son contratos de servicios aquéllos cuyo objeto son prestaciones de hacer
consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un
resultado distinto de una obra o un suministro. A efectos de aplicación de esta
Ley, los contratos de servicios se dividen en las categorías enumeradas en el
Anexo II.

Artículo 11. Contrato de colaboración entre el sector público y el sector
privado.

1. Son contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado
aquéllos en que una Administración Pública encarga a una entidad de derecho
privado, por un periodo determinado en función de la duración de la amortización
de las inversiones o de las fórmulas de financiación que se prevean, la
realización de una actuación global e integrada que, además de la financiación
de inversiones inmateriales, de obras o de suministros necesarios para el
cumplimiento de determinados objetivos de servicio público o relacionados con
actuaciones de interés general, comprenda alguna de las siguientes
prestaciones:

a) La construcción, instalación o transformación de obras, equipos, sistemas,
y productos o bienes complejos, así como su mantenimiento, actualización o
renovación, su explotación o su gestión.

b) La gestión integral del mantenimiento de instalaciones complejas.

c) La fabricación de bienes y la prestación de servicios que incorporen
tecnología específicamente desarrollada con el propósito de aportar soluciones
más avanzadas y económicamente más ventajosas que las existentes en el
mercado.

d) Otras prestaciones de servicios ligadas al desarrollo por la
Administración del servicio público o actuación de interés general que le haya
sido encomendado.

2. Sólo podrán celebrarse contratos de colaboración entre el sector público y
el sector privado cuando previamente se haya puesto de manifiesto, en la forma
prevista en el artículo 118, que otras fórmulas alternativas de contratación no
permiten la satisfacción de las finalidades públicas.

3. El contratista colaborador de la Administración puede asumir, en los
términos previstos en el contrato, la dirección de las obras que sean
necesarias, así como realizar, total o parcialmente, los proyectos para su
ejecución y contratar los servicios precisos.

4. La contraprestación a percibir por el contratista colaborador consistirá
en un precio que se satisfará durante toda la duración del contrato, y que podrá
estar vinculado al cumplimiento de determinados objetivos de rendimiento.

Artículo 12. Contratos mixtos.

Cuando un contrato contenga prestaciones correspondientes a otro u otros de
distinta clase se atenderá en todo caso, para la determinación de las normas que
deban observarse en su adjudicación, al carácter de la prestación que tenga más
importancia desde el punto de vista económico.

Sección 2.ª Contratos sujetos a una regulación armonizada

Artículo 13. Delimitación general.

1. Son contratos sujetos a una regulación armonizada los contratos de
colaboración entre el sector público y el sector privado, en todo caso, y los
contratos de obras, los de concesión de obras públicas, los de suministro, y los
de servicios comprendidos en las categorías 1 a 16 del Anexo II, cuyo valor
estimado, calculado conforme a las reglas que se establecen en el artículo 76,
sea igual o superior a las cuantías que se indican en los artículos siguientes,
siempre que la entidad contratante tenga el carácter de poder adjudicador.
Tendrán también la consideración de contratos sujetos a una regulación
armonizada los contratos subvencionados por estas entidades a los que se refiere
el artículo 17.

2. No obstante lo señalado en el apartado anterior, no se consideran sujetos
a regulación armonizada, cualquiera que sea su valor estimado, los contratos
siguientes:

a) Los que tengan por objeto la compra, el desarrollo, la producción o la
coproducción de programas destinados a la radiodifusión, por parte de los
organismos de radiodifusión, así como los relativos al tiempo de
radiodifusión.

b) Los de investigación y desarrollo remunerados íntegramente por el órgano
de contratación, siempre que sus resultados no se reserven para su utilización
exclusiva por éste en el ejercicio de su actividad propia.

c) Los incluidos dentro del ámbito definido por el artículo 296 del Tratado
Constitutivo de la Comunidad Europea que se concluyan en el sector de la
defensa.

d) Los declarados secretos o reservados, o aquéllos cuya ejecución deba ir
acompañada de medidas de seguridad especiales conforme a la legislación vigente,
o en los que lo exija la protección de intereses esenciales para la seguridad
del Estado.

La declaración de que concurre esta última circunstancia deberá hacerse, de
forma expresa en cada caso, por el titular del Departamento ministerial del que
dependa el órgano de contratación en el ámbito de la Administración General del
Estado, sus Organismos autónomos, Entidades gestoras y Servicios comunes de la
Seguridad Social y demás Entidades públicas estatales, por el órgano competente
de las Comunidades Autónomas, o por el órgano al que esté atribuida la
competencia para celebrar el correspondiente contrato en las Entidades locales.
La competencia para efectuar esta declaración no será susceptible de delegación,
salvo que una ley expresamente lo autorice.

e) Aquellos cuyo objeto principal sea permitir a los órganos de contratación
la puesta a disposición o la explotación de redes públicas de telecomunicaciones
o el suministro al público de uno o más servicios de telecomunicaciones.

Artículo 14. Contratos de obras y de concesión de obras públicas sujetos a
una regulación armonizada: umbral.

1. Están sujetos a regulación armonizada los contratos de obras y los
contratos de concesión de obras públicas cuyo valor estimado sea igual o
superior a 5.278.000 euros.

2. En el supuesto previsto en el artículo 76.7, cuando el valor acumulado de
los lotes en que se divida la obra iguale o supere la cantidad indicada en el
apartado anterior, se aplicarán las normas de la regulación armonizada a la
adjudicación de cada lote. No obstante, los órganos de contratación podrán
exceptuar de estas normas a los lotes cuyo valor estimado sea inferior a un
millón de euros, siempre que el importe acumulado de los lotes exceptuados no
sobrepase el 20 por ciento del valor acumulado de la totalidad de los
mismos.

Artículo 15. Contratos de suministro sujetos a una regulación armonizada:
umbral.

1. Están sujetos a regulación armonizada los contratos de suministro cuyo
valor estimado sea igual o superior a las siguientes cantidades:

a) 137.000 euros, cuando se trate de contratos adjudicados por la
Administración General del Estado, sus organismos autónomos, o las Entidades
Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social. No obstante, cuando los
contratos se adjudiquen por órganos de contratación que pertenezcan al sector de
la defensa, este umbral solo se aplicará respecto de los contratos de suministro
que tengan por objeto los productos enumerados en el anexo III.

b) 211.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro distintos, por
razón del sujeto contratante o por razón de su objeto, de los contemplados en la
letra anterior.

2. En el supuesto previsto en el artículo 76.8, cuando el valor acumulado de
los lotes en que se divida el suministro iguale o supere las cantidades
indicadas en el apartado anterior, se aplicarán las normas de la regulación
armonizada a la adjudicación de cada lote. No obstante, los órganos de
contratación podrán exceptuar de estas normas a los lotes cuyo valor estimado
sea inferior a 80.000 euros, siempre que el importe acumulado de los lotes
exceptuados no sobrepase el 20 por ciento del valor acumulado de la totalidad de
los mismos.

Artículo 16. Contratos de servicios sujetos a una regulación armonizada:
umbral.

1. Están sujetos a regulación armonizada los contratos de servicios
comprendidos en las categorías 1 a 16 del Anexo II cuyo valor estimado sea igual
o superior a las siguientes cantidades:

a) 137.000 euros, cuando los contratos hayan de ser adjudicados por la
Administración General del Estado, sus organismos autónomos, o las Entidades
Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, sin perjuicio de lo
dispuesto para ciertos contratos de la categoría 5 y para los contratos de la
categoría 8 del Anexo II en la letra b) de este artículo.

b) 211.000 euros, cuando los contratos hayan de adjudicarse por entes,
organismos o entidades del sector público distintos a la Administración General
del Estado, sus organismos autónomos o las Entidades Gestoras y Servicios
Comunes de la Seguridad Social, o cuando, aún siendo adjudicados por estos
sujetos, se trate de contratos de la categoría 5 consistentes en servicios de
difusión de emisiones de televisión y de radio, servicios de conexión o
servicios integrados de telecomunicaciones, o contratos de la categoría 8, según
se definen estas categorías en el Anexo II.

2. En el supuesto previsto en el artículo 76.7, cuando el valor acumulado de
los lotes en que se divida la compra de servicios iguale o supere los importes
indicados en el apartado anterior, se aplicarán las normas de la regulación
armonizada a la adjudicación de cada lote. No obstante, los órganos de
contratación podrán exceptuar de estas normas a los lotes cuyo valor estimado
sea inferior a 80.000 euros, siempre que el importe acumulado de los lotes
exceptuados no sobrepase el 20 por ciento del valor acumulado de la totalidad de
los mismos.

Artículo 17. Contratos subvencionados sujetos a una regulación
armonizada.

1. Son contratos subvencionados sujetos a una regulación armonizada los
contratos de obras y los contratos de servicios definidos conforme a lo previsto
en los artículos 6 y 10, respectivamente, que sean subvencionados, de forma
directa y en más de un 50 por ciento de su importe, por entidades que tengan la
consideración de poderes adjudicadores, siempre que pertenezcan a alguna de las
categorías siguientes:

a) Contratos de obras que tengan por objeto actividades de ingeniería civil
de la sección F, división 45, grupo 45.2 de la Nomenclatura General de
Actividades Económicas de las Comunidades Europeas (NACE), o la construcción de
hospitales, centros deportivos, recreativos o de ocio, edificios escolares o
universitarios y edificios de uso administrativo, siempre que su valor estimado
sea igual o superior a 5.278.000 euros.

b) Contratos de servicios vinculados a un contrato de obras de los definidos
en la letra a), cuyo valor estimado sea igual o superior a 211.000 euros.

2. Las normas previstas para los contratos subvencionados se aplicarán a
aquéllos celebrados por particulares o por entidades del sector público que no
tengan la consideración de poderes adjudicadores, en conjunción, en este último
caso, con las restantes disposiciones de esta Ley que les sean de aplicación.
Cuando el contrato subvencionado se adjudique por entidades del sector público
que tengan la consideración de poder adjudicador, se aplicarán las normas de
contratación previstas para estas entidades, de acuerdo con su naturaleza, salvo
la relativa a la determinación de la competencia para resolver el recurso
especial en materia de contratación y para adoptar medidas cautelares en el
procedimiento de adjudicación, que se regirá, en todo caso, por la regla
establecida en el segundo párrafo del artículo 37.4.

Sección 3.ª Contratos administrativos y contratos privados

Artículo 18. Régimen aplicable a los contratos del sector público.

Los contratos del sector público pueden tener carácter administrativo o
carácter privado.

Artículo 19. Contratos administrativos.

1. Tendrán carácter administrativo los contratos siguientes, siempre que se
celebren por una Administración Pública:

a) Los contratos de obra, concesión de obra pública, gestión de servicios
públicos, suministro, y servicios, así como los contratos de colaboración entre
el sector público y el sector privado. No obstante, los contratos de servicios
comprendidos en la categoría 6 del Anexo II y los que tengan por objeto la
creación e interpretación artística y literaria y los de espectáculos
comprendidos en la categoría 26 del mismo Anexo no tendrán carácter
administrativo.

b) Los contratos de objeto distinto a los anteriormente expresados, pero que
tengan naturaleza administrativa especial por estar vinculados al giro o tráfico
específico de la Administración contratante o por satisfacer de forma directa o
inmediata una finalidad pública de la específica competencia de aquélla, siempre
que no tengan expresamente atribuido el carácter de contratos privados conforme
al párrafo segundo del artículo 20.1, o por declararlo así una Ley.

2. Los contratos administrativos se regirán, en cuanto a su preparación,
adjudicación, efectos y extinción, por esta Ley y sus disposiciones de
desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. No obstante, a
los contratos administrativos especiales a que se refiere la letra b) del
apartado anterior les serán de aplicación, en primer término, sus normas
específicas.

Artículo 20. Contratos privados.

1. Tendrán la consideración de contratos privados los celebrados por los
entes, organismos y entidades del sector público que no reúnan la condición de
Administraciones Públicas.

Igualmente, son contratos privados los celebrados por una Administración
Pública que tengan por objeto servicios comprendidos en la categoría 6 del Anexo
II, la creación e interpretación artística y literaria o espectáculos
comprendidos en la categoría 26 del mismo Anexo, y la suscripción a revistas,
publicaciones periódicas y bases de datos, así como cualesquiera otros contratos
distintos de los contemplados en el apartado 1 del artículo anterior.

2. Los contratos privados se regirán, en cuanto a su preparación y
adjudicación, en defecto de normas específicas, por la presente Ley y sus
disposiciones de desarrollo, aplicándose supletoriamente las restantes normas de
derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado, según
corresponda por razón del sujeto o entidad contratante. En cuanto a sus efectos
y extinción, estos contratos se regirán por el derecho privado.

Artículo 21. Jurisdicción competente.

1. El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para
resolver las cuestiones litigiosas relativas a la preparación, adjudicación,
efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos. Igualmente
corresponderá a este orden jurisdiccional el conocimiento de las cuestiones que
se susciten en relación con la preparación y adjudicación de los contratos
privados de las Administraciones Públicas y de los contratos sujetos a
regulación armonizada, incluidos los contratos subvencionados a que se refiere
el artículo 17.

2. El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las
controversias que surjan entre las partes en relación con los efectos,
cumplimiento y extinción de los contratos privados. Este orden jurisdiccional
será igualmente competente para conocer de cuantas cuestiones litigiosas afecten
a la preparación y adjudicación de los contratos privados que se celebren por
los entes y entidades sometidos a esta Ley que no tengan el carácter de
Administración Pública, siempre que estos contratos no estén sujetos a una
regulación armonizada.

LIBRO I

Configuración general de la contratación del sector público y elementos
estructurales de los contratos

TÍTULO I

Disposiciones generales sobre la contratación del sector público

CAPÍTULO I

Racionalidad y consistencia de la contratación del sector público

Artículo 22. Necesidad e idoneidad del contrato.

Los entes, organismos y entidades del sector público no podrán celebrar otros
contratos que aquéllos que sean necesarios para el cumplimiento y realización de
sus fines institucionales. A tal efecto, la naturaleza y extensión de las
necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato proyectado, así como la
idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, deben ser determinadas
con precisión, dejando constancia de ello en la documentación preparatoria,
antes de iniciar el procedimiento encaminado a su adjudicación.

Artículo 23. Plazo de duración de los contratos.

1. Sin perjuicio de las normas especiales aplicables a determinados
contratos, la duración de los contratos del sector público deberá establecerse
teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones, las características de su
financiación y la necesidad de someter periódicamente a concurrencia la
realización de las mismas.

2. El contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus
características permanezcan inalterables durante el periodo de duración de éstas
y que la concurrencia para su adjudicación haya sido realizada teniendo en
cuenta la duración máxima del contrato, incluidos los periodos de prórroga.

La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para
el empresario, salvo que el contrato expresamente prevea lo contrario, sin que
pueda producirse por el consentimiento tácito de las partes.

3. Los contratos menores definidos en el artículo 122.3 no podrán tener una
duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.

Artículo 24. Ejecución de obras y fabricación de bienes muebles por la
Administración, y ejecución de servicios con la colaboración de empresarios
particulares.

1. La ejecución de obras podrá realizarse por los servicios de la
Administración, ya sea empleando exclusivamente medios propios o con la
colaboración de empresarios particulares siempre que el importe de la parte de
obra a cargo de éstos sea inferior a 5.278.000 euros, cuando concurra alguna de
estas circunstancias:

a) Que la Administración tenga montadas fábricas, arsenales, maestranzas o
servicios técnicos o industriales suficientemente aptos para la realización de
la prestación, en cuyo caso deberá normalmente utilizarse este sistema de
ejecución.

b) Que la Administración posea elementos auxiliares utilizables, cuyo empleo
suponga una economía superior al 5 por ciento del importe del presupuesto del
contrato o una mayor celeridad en su ejecución, justificándose, en este caso,
las ventajas que se sigan de la misma.

c) Que no haya habido ofertas de empresarios en la licitación previamente
efectuada.

d) Cuando se trate de un supuesto de emergencia, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 97.

e) Cuando, dada la naturaleza de la prestación, sea imposible la fijación
previa de un precio cierto o la de un presupuesto por unidades simples de
trabajo.

f) Cuando sea necesario relevar al contratista de realizar algunas unidades
de obra por no haberse llegado a un acuerdo en los precios contradictorios
correspondientes.

g) Las obras de mera conservación y mantenimiento, definidas en el artículo
106.5.

h) Excepcionalmente, la ejecución de obras definidas en virtud de un
anteproyecto, cuando no se aplique el artículo 134.3.a).

i) En los supuestos de la letra d) del artículo 206.

En casos distintos de los contemplados en las letras d), g) y h), deberá
redactarse el correspondiente proyecto, cuyo contenido se fijará
reglamentariamente.

2. La fabricación de bienes muebles podrá efectuarse por los servicios de la
Administración, ya sea empleando de forma exclusiva medios propios o con la
colaboración de empresarios particulares siempre que el importe de la parte de
la prestación a cargo de éstos sea inferior a las cantidades señaladas en el
artículo 15, cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en las
letras a), c), d), e) e i) del apartado anterior, o cuando, en el supuesto
definido en la letra b) de este mismo apartado, el ahorro que pueda obtenerse
sea superior al 20 por ciento del presupuesto del suministro o pueda obtenerse
una mayor celeridad en su ejecución.

Se exceptúan de estas limitaciones aquellos suministros que, por razones de
defensa o de interés militar, resulte conveniente que se ejecuten por la
Administración.

3. La realización de servicios en colaboración con empresarios particulares
podrá llevarse a cabo siempre que su importe sea inferior a las cantidades
establecidas en el artículo 16, y concurra alguna de las circunstancias
mencionadas en el apartado anterior, en lo que sean de aplicación a estos
contratos.

Se exceptúan de estas limitaciones los servicios de la categoría 1 del anexo
II cuando estén referidos al mantenimiento de bienes incluidos en el ámbito
definido por el artículo 296 del Tratado Constitutivo de la Comunidad
Europea.

4. Cuando la ejecución de las obras, la fabricación de los bienes muebles, o
la realización de los servicios se efectúe en colaboración con empresarios
particulares, los contratos que se celebren con éstos tendrán carácter
administrativo especial, sin constituir contratos de obras, suministros o
servicios, por estar la ejecución de los mismos a cargo del órgano gestor de la
Administración. La selección del empresario colaborador se efectuará por los
procedimientos de adjudicación establecidos en el artículo 122, salvo en el caso
previsto en la letra d) del apartado 1 de este artículo. En los supuestos de
obras incluidas en las letras a) y b) del apartado 1, la contratación con
colaboradores no podrá sobrepasar el 50 por ciento del importe total del
proyecto.

5. La autorización de la ejecución de obras y de la fabricación de bienes
muebles y, en su caso, la aprobación del proyecto, corresponderá al órgano
competente para la aprobación del gasto o al órgano que determinen las
disposiciones orgánicas de las Comunidades Autónomas, en su respectivo
ámbito.

6. A los efectos previstos en este artículo y en el artículo 4.1.n), los
entes, organismos y entidades del sector público podrán ser considerados medios
propios y servicios técnicos de aquellos poderes adjudicadores para los que
realicen la parte esencial de su actividad cuando éstos ostenten sobre los
mismos un control análogo al que pueden ejercer sobre sus propios servicios. Si
se trata de sociedades, además, la totalidad de su capital tendrá que ser de
titularidad pública.

En todo caso, se entenderá que los poderes adjudicadores ostentan sobre un
ente, organismo o entidad un control análogo al que tienen sobre sus propios
servicios si pueden conferirles encomiendas de gestión que sean de ejecución
obligatoria para ellos de acuerdo con instrucciones fijadas unilateralmente por
el encomendante y cuya retribución se fije por referencia a tarifas aprobadas
por la entidad pública de la que dependan.

La condición de medio propio y servicio técnico de las entidades que cumplan
los criterios mencionados en este apartado deberá reconocerse expresamente por
la norma que las cree o por sus estatutos, que deberán determinar las entidades
respecto de las cuales tienen esta condición y precisar el régimen de las
encomiendas que se les puedan conferir o las condiciones en que podrán
adjudicárseles contratos, y determinará para ellas la imposibilidad de
participar en licitaciones públicas convocadas por los poderes adjudicadores de
los que sean medios propios, sin perjuicio de que, cuando no concurra ningún
licitador, pueda encargárseles la ejecución de la prestación objeto de las
mismas.

CAPÍTULO II

Libertad de pactos y contenido mínimo del contrato

Artículo 25. Libertad de pactos.

1. En los contratos del sector público podrán incluirse cualesquiera pactos,
cláusulas y condiciones, siempre que no sean contrarios al interés público, al
ordenamiento jurídico y a los principios de buena administración.

2. Solo podrán fusionarse prestaciones correspondientes a diferentes
contratos en un contrato mixto cuando esas prestaciones se encuentren
directamente vinculadas entre sí y mantengan relaciones de complementariedad que
exijan su consideración y tratamiento como una unidad funcional dirigida a la
satisfacción de una determinada necesidad o a la consecución de un fin
institucional propio del ente, organismo o entidad contratante.

Artículo 26. Contenido mínimo del contrato.

1. Salvo que ya se encuentren recogidas en los pliegos, los contratos que
celebren los entes, organismos y entidades del sector público deben incluir,
necesariamente, las siguientes menciones:

a) La identificación de las partes.

b) La acreditación de la capacidad de los firmantes para suscribir el
contrato.

c) Definición del objeto del contrato.

d) Referencia a la legislación aplicable al contrato.

e) La enumeración de los documentos que integran el contrato. Si así se
expresa en el contrato, esta enumeración podrá estar jerarquizada, ordenándose
según el orden de prioridad acordado por las partes, en cuyo supuesto, y salvo
caso de error manifiesto, el orden pactado se utilizará para determinar la
prevalencia respectiva, en caso de que existan contradicciones entre diversos
documentos.

f) El precio cierto, o el modo de determinarlo.

g) La duración del contrato o las fechas estimadas para el comienzo de su
ejecución y para su finalización, así como la de la prórroga o prórrogas, si
estuviesen previstas.

h) Las condiciones de recepción, entrega o admisión de las prestaciones.

i) Las condiciones de pago.

j) Los supuestos en que procede la resolución.

k) El crédito presupuestario o el programa o rúbrica contable con cargo al
que se abonará el precio, en su caso.

l) La extensión objetiva y temporal del deber de confidencialidad que, en su
caso, se imponga al contratista.

2. El documento contractual no podrá incluir estipulaciones que establezcan
derechos y obligaciones para las partes distintos de los previstos en los
pliegos, concretados, en su caso, en la forma que resulte de la proposición del
adjudicatario, o de los precisados en el acto de adjudicación del contrato de
acuerdo con lo actuado en el procedimiento, de no existir aquéllos.

CAPÍTULO III

Perfección y forma del contrato

Artículo 27. Perfección de los contratos.

1. Los contratos de las Administraciones Públicas, en todo caso, y los
contratos sujetos a regulación armonizada, incluidos los contratos
subvencionados a que se refiere el artículo 17, se perfeccionan mediante su
adjudicación definitiva, cualquiera que sea el procedimiento seguido para llegar
a ella.

2. Salvo que se indique otra cosa en su clausulado, los contratos del sector
público se entenderán celebrados en el lugar donde se encuentre la sede del
órgano de contratación.

Artículo 28. Carácter formal de la contratación del sector público.

1. Los entes, organismos y entidades del sector público no podrán contratar
verbalmente, salvo que el contrato tenga, conforme a lo señalado en el artículo
97.1, carácter de emergencia.

2. Los contratos que celebren las Administraciones Públicas se formalizarán
de acuerdo con lo previsto en el artículo 140, sin perjuicio de lo señalado para
los contratos menores en el artículo 95.

CAPÍTULO IV

Remisión de información a efectos estadísticos y de fiscalización

Articulo 29. Remisión de contratos al Tribunal de Cuentas.

1. Dentro de los tres meses siguientes a la formalización del contrato, para
el ejercicio de la función fiscalizadora, deberá remitirse al Tribunal de
Cuentas u órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma una copia
certificada del documento en el que se hubiere formalizado aquél, acompañada de
un extracto del expediente del que se derive, siempre que la cuantía del
contrato exceda de 600.000 euros, tratándose de obras, concesiones de obras
públicas, gestión de servicios públicos y contratos de colaboración entre el
sector público y el sector privado; de 450.000 euros, tratándose de suministros,
y de 150.000 euros, en los de servicios y en los contratos administrativos
especiales.

2. Igualmente se comunicarán al Tribunal de Cuentas u órgano externo de
fiscalización de la Comunidad Autónoma las modificaciones, prórrogas o
variaciones de plazos, las variaciones de precio y el importe final, la nulidad
y la extinción normal o anormal de los contratos indicados.

3. Lo dispuesto en los dos apartados anteriores se entenderá sin perjuicio de
las facultades del Tribunal de Cuentas o, en su caso, de los correspondientes
órganos de fiscalización externos de las Comunidades Autónomas para reclamar
cuantos datos, documentos y antecedentes estime pertinentes con relación a los
contratos de cualquier naturaleza y cuantía.

4. Las comunicaciones a que se refiere este artículo se efectuarán por el
órgano de contratación en el ámbito de la Administración General del Estado y de
los entes, organismos y entidades del sector público dependientes de ella.

Artículo 30. Datos estadísticos.

En el mismo plazo señalado en el artículo anterior se remitirá por el órgano
de contratación a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado
la información sobre los contratos que reglamentariamente se determine, a
efectos del cumplimiento de la normativa internacional. Asimismo se informará a
la mencionada Junta de los casos de modificación, prórroga o variación del
plazo, las variaciones de precio y el importe final de los contratos, la nulidad
y la extinción normal o anormal de los mismos.

Las Comunidades Autónomas que cuenten con Registros de Contratos podrán dar
cumplimiento a estas previsiones a través de la comunicación entre
Registros.

CAPÍTULO V

Régimen de invalidez

Artículo 31. Supuestos de invalidez.

Además de los casos en que la invalidez derive de la ilegalidad de su
clausulado, los contratos de las Administraciones Públicas y los contratos
sujetos a regulación armonizada, incluidos los contratos subvencionados a que se
refiere el artículo 17, serán inválidos cuando lo sea alguno de sus actos
preparatorios o los de adjudicación provisional o definitiva, por concurrir en
los mismos alguna de las causas de derecho administrativo o de derecho civil a
que se refieren los artículos siguientes.

Artículo 32. Causas de nulidad de derecho administrativo.

Son causas de nulidad de derecho administrativo las siguientes:

a) Las indicadas en el artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

b) La falta de capacidad de obrar o de solvencia económica, financiera,
técnica o profesional, debidamente acreditada, del adjudicatario, o el estar
éste incurso en alguna de las prohibiciones para contratar señaladas en el
artículo 49.

c) La carencia o insuficiencia de crédito, de conformidad con lo establecido
en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o en las normas
presupuestarias de las restantes Administraciones Públicas sujetas a esta Ley,
salvo los supuestos de emergencia.

Artículo 33. Causas de anulabilidad de derecho administrativo.

Son causas de anulabilidad de derecho administrativo las demás infracciones
del ordenamiento jurídico y, en especial, las de las reglas contenidas en la
presente Ley, de conformidad con el artículo 63 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.

Artículo 34. Revisión de oficio.

1. La revisión de oficio de los actos preparatorios y de los actos de
adjudicación provisional o definitiva de los contratos de las Administraciones
Públicas y de los contratos sujetos a regulación armonizada se efectuará de
conformidad con lo establecido en el Capítulo primero del Título VII de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.

2. Sin perjuicio de lo que, para el ámbito de las Comunidades Autónomas,
establezcan sus normas respectivas que, en todo caso, deberán atribuir esta
competencia a un órgano cuyas resoluciones agoten la vía administrativa, serán
competentes para declarar la nulidad de estos actos o declarar su lesividad el
órgano de contratación, cuando se trate de contratos de una Administración
Pública, o el titular del departamento, órgano, ente u organismo al que esté
adscrita la entidad contratante o al que corresponda su tutela, cuando ésta no
tenga el carácter de Administración Pública. En este último caso, si la entidad
contratante estuviera vinculada a más de una Administración, será competente el
órgano correspondiente de la que ostente el control o participación
mayoritaria.

En el supuesto de contratos subvencionados, la competencia corresponderá al
titular del departamento, órgano, ente u organismo que hubiese otorgado la
subvención, o al que esté adscrita la entidad que la hubiese concedido, cuando
ésta no tenga el carácter de Administración Pública. En el supuesto de
concurrencia de subvenciones por parte de distintos sujetos del sector público,
la competencia se determinará atendiendo a la subvención de mayor cuantía y, a
igualdad de importe, atendiendo a la subvención primeramente concedida.

3. Salvo determinación expresa en contrario, la competencia para declarar la
nulidad o la lesividad se entenderá delegada conjuntamente con la competencia
para contratar. No obstante, la facultad de acordar una indemnización por
perjuicios en caso de nulidad no será susceptible de delegación, debiendo
resolver sobre la misma, en todo caso, el órgano delegante; a estos efectos, si
se estimase pertinente reconocer una indemnización, se elevará el expediente al
órgano delegante, el cual, sin necesidad de avocación previa y expresa,
resolverá lo procedente sobre la declaración de nulidad conforme a lo previsto
en el artículo 102.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

4. En los supuestos de nulidad y anulabilidad, y en relación con la
suspensión de la ejecución de los actos de los órganos de contratación, se
estará a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 35. Efectos de la declaración de nulidad.

1. La declaración de nulidad de los actos preparatorios del contrato o de la
adjudicación provisional o definitiva, cuando sea firme, llevará en todo caso
consigo la del mismo contrato, que entrará en fase de liquidación, debiendo
restituirse las partes recíprocamente las cosas que hubiesen recibido en virtud
del mismo y si esto no fuese posible se devolverá su valor. La parte que resulte
culpable deberá indemnizar a la contraria de los daños y perjuicios que haya
sufrido.

2. La nulidad de los actos que no sean preparatorios sólo afectará a éstos y
sus consecuencias.

3. Si la declaración administrativa de nulidad de un contrato produjese un
grave trastorno al servicio público, podrá disponerse en el mismo acuerdo la
continuación de los efectos de aquél y bajo sus mismas cláusulas, hasta que se
adopten las medidas urgentes para evitar el perjuicio.

Artículo 36. Causas de invalidez de derecho civil.

La invalidez de los contratos por causas reconocidas en el derecho civil, en
cuanto resulten de aplicación a los contratos a que se refiere el artículo 31,
se sujetará a los requisitos y plazos de ejercicio de las acciones establecidos
en el ordenamiento civil, pero el procedimiento para hacerlas valer se someterá
a lo previsto en los artículos anteriores para los actos y contratos
administrativos anulables.

CAPÍTULO VI

Régimen especial de revisión de decisiones en materia de contratación y
medios alternativos de resolución de conflictos

Artículo 37. Recurso especial en materia de contratación.

1. Las decisiones a que se refiere el apartado 2 del presente artículo que se
adopten en los procedimientos de adjudicación de contratos sujetos a regulación
armonizada, incluidos los contratos subvencionados, contratos de servicios
comprendidos en las categorías 17 a 27 del Anexo II de cuantía igual o superior
a 211.000 euros, o contratos de gestión de servicios públicos en los que el
presupuesto de gastos de primer establecimiento sea superior a 500.000 euros y
el plazo de duración superior a cinco años, deberán ser objeto del recurso
especial en materia de contratación que se regula en este artículo con
anterioridad a la interposición del recurso contencioso administrativo, sin que
proceda la interposición de recursos administrativos ordinarios contra los
mismos. No se dará este recurso en relación con los actos dictados en
procedimientos de adjudicación que se sigan por el trámite de emergencia
regulado en el artículo 97.

2. Serán susceptibles de recurso especial los acuerdos de adjudicación
provisional, los pliegos reguladores de la licitación y los que establezcan las
características de la prestación, y los actos de trámite adoptados en el
procedimiento antecedente, siempre que éstos últimos decidan directa o
indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar
el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o
intereses legítimos.

Los defectos de tramitación que afecten a actos distintos de los contemplados
en el párrafo anterior podrán ser puestos de manifiesto por los interesados al
órgano al que corresponda la instrucción del expediente o al órgano de
contratación, a efectos de su corrección, y sin perjuicio de que las
irregularidades que les afecten puedan ser alegadas por los interesados al
recurrir el acto de adjudicación provisional.

3. El recurso podrá interponerse por las personas físicas y jurídicas cuyos
derechos o intereses legítimos se hayan visto perjudicados o puedan resultar
afectados por las decisiones objeto de recurso y, en todo caso, por los
licitadores.

4. Sin perjuicio de lo que, para el ámbito de las Comunidades Autónomas,
establezcan sus normas respectivas que, en todo caso, deberán atribuir esta
competencia a un órgano cuyas resoluciones agoten la vía administrativa, serán
competentes para resolver el recurso especial el órgano de contratación, cuando
se trate de contratos de una Administración Pública, o el titular del
departamento, órgano, ente u organismo al que esté adscrita la entidad
contratante o al que corresponda su tutela, si ésta no tiene el carácter de
Administración Pública. En este último caso, cuando la entidad contratante esté
vinculada con más de una Administración, será competente el órgano
correspondiente de la que ostente el control o participación mayoritaria.

En el supuesto de contratos subvencionados, la competencia corresponderá al
titular del departamento, órgano, ente u organismo que hubiese otorgado la
subvención, o al que esté adscrita la entidad que la hubiese concedido, cuando
ésta no tenga el carácter de Administración Pública. En el supuesto de
concurrencia de subvenciones por parte de distintos sujetos del sector público,
la competencia se determinará atendiendo a la subvención de mayor cuantía y, a
igualdad de importe, atendiendo a la primeramente concedida.

5. Salvo determinación expresa en contrario, la competencia para resolver el
recurso especial en materia de contratación se entenderá delegada conjuntamente
con la competencia para contratar. No obstante, la facultad de acordar una
indemnización por perjuicios no será susceptible de delegación, debiendo
resolver sobre la misma, en todo caso, el órgano delegante; a estos efectos, si
se estimase pertinente reconocer una indemnización, se elevará el expediente al
órgano delegante, el cual, sin necesidad de avocación previa y expresa,
resolverá el correspondiente recurso.

6. El plazo para interponer el recurso especial en materia de contratación
será de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a aquél en que se
notifique o publique el acto impugnado. En el caso de que el acto recurrido sea
el de adjudicación provisional del contrato, el plazo se contará desde el día
siguiente a aquél en que se publique el mismo en un diario oficial o en el
perfil de contratante del órgano de contratación, conforme a lo señalado en el
artículo 135.4.

La presentación del escrito de interposición deberá hacerse en el registro
del órgano de contratación o en el del órgano competente para la resolución del
recurso. La subsanación de los defectos de este escrito deberá efectuarse, en su
caso, en el plazo de tres días hábiles.

En el caso de que el procedimiento de adjudicación del contrato se tramite
por la vía de urgencia prevista en el artículo 96, el plazo para la
interposición del recurso será de siete días hábiles y el de subsanación, de dos
días hábiles.

7. Si el acto recurrido es el de adjudicación provisional, quedará en
suspenso la tramitación del expediente de contratación hasta que se resuelva
expresamente el recurso, sin que pueda, por tanto, procederse a la adjudicación
definitiva y formalización del contrato. No obstante, si el recurso se hubiese
interpuesto contra el acto de adjudicación provisional de un acuerdo marco del
que puedan ser parte un número no limitado de empresarios, el órgano competente
para resolverlo podrá levantar la suspensión una vez transcurridos cinco días
hábiles desde su interposición.

8. Interpuesto el recurso, se dará traslado del mismo a los restantes
interesados, concediéndoles un plazo de cinco días hábiles para formular
alegaciones, y se reclamará el expediente, en su caso, a la entidad, órgano o
servicio que lo hubiese tramitado, que deberá remitirlo dentro de los dos días
hábiles siguientes acompañado del correspondiente informe. Los licitadores
tendrán, en todo caso, la condición de interesados en el procedimiento de
recurso.

9. Una vez recibidas las alegaciones de los interesados, o transcurrido el
plazo señalado para su formulación, el órgano competente deberá resolver el
recurso dentro de los cinco días hábiles siguientes, notificándose la resolución
a todos los interesados. En todo caso, transcurridos veinte días hábiles
contados desde el siguiente a la interposición del recurso sin que se haya
notificado su resolución, el interesado podrá considerarlo desestimado a los
efectos de interponer recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio de la
subsistencia de la obligación de resolver expresamente y del mantenimiento,
hasta que ello se produzca, de la suspensión establecida en el apartado 7, en su
caso.

La resolución del recurso estimará en todo o en parte o desestimará las
pretensiones formuladas o declarará su inadmisión, decidiendo motivadamente
cuantas cuestiones se hubiesen planteado. En todo caso, la resolución será
congruente con la petición y, de ser procedente, se pronunciará sobre la
anulación de las decisiones ilegales adoptadas durante el procedimiento de
adjudicación, incluyendo la supresión de las características técnicas,
económicas o financieras discriminatorias contenidas en el anuncio de
licitación, anuncio indicativo, pliegos, condiciones reguladoras del contrato o
cualquier otro documento relacionado con la licitación o adjudicación, sobre la
retroacción de actuaciones, o sobre la concesión de una indemnización a las
personas perjudicadas por una infracción procedimental.

Si la resolución del recurso acordase la adjudicación del contrato a otro
licitador, se concederá a este un plazo de diez días hábiles para que
cumplimente lo previsto en el artículo 135.4, segundo párrafo.

10. Contra la resolución del recurso solo procederá la interposición de
recurso contencioso-administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Artículo 38. Medidas provisionales.

1. En los procedimientos para la adjudicación de contratos sujetos a
regulación armonizada, incluidos los contratos subvencionados, contratos de
servicios comprendidos en las categorías 17 a 27 del Anexo II de cuantía igual o
superior a 211.000 euros, o contratos de gestión de servicios públicos en los
que el presupuesto de gastos de primer establecimiento sea superior a 500.000
euros y el plazo de duración superior a cinco años, las personas físicas y
jurídicas cuyos derechos o intereses legítimos se hayan visto afectados por
decisiones adoptadas por la Administración o entidad contratante y, en todo
caso, los licitadores, podrán solicitar la adopción de medidas provisionales
para corregir infracciones de procedimiento o para impedir que se causen otros
perjuicios a los intereses afectados, incluidas medidas destinadas a suspender o
a hacer que se suspenda el procedimiento de adjudicación del contrato en
cuestión o la ejecución de cualquier decisión adoptada por los órganos de
contratación. Esta solicitud podrá formularse al tiempo de presentarse el
recurso especial en materia de contratación regulado en el artículo anterior o,
de forma independiente, con anterioridad a su interposición.

2. Serán órganos competentes para adoptar las medidas provisionales los
señalados en el apartado 4 del artículo anterior.

3. La decisión sobre las medidas provisionales deberá producirse dentro de
los dos días hábiles siguientes, a la presentación del recurso o escrito en que
se soliciten, entendiéndose denegada esta petición en el caso de no recaer
resolución expresa sobre el particular en este plazo.

4. Cuando de la adopción de las medidas provisionales puedan derivarse
perjuicios de cualquier naturaleza, la resolución podrá imponer la constitución
de caución o garantía suficiente para responder de ellos, sin que aquellas
produzcan efectos hasta que dicha caución o garantía sea constituida.

5. La suspensión del procedimiento que pueda acordarse cautelarmente no
afectará, en ningún caso, al plazo concedido para la presentación de ofertas o
proposiciones por los interesados.

6. Las medidas provisionales que se soliciten y acuerden con anterioridad a
la presentación del recurso especial en materia de contratación decaerán una vez
transcurra el plazo establecido para su interposición sin que el interesado lo
haya deducido.

Artículo 39. Arbitraje.

Los entes, organismos y entidades del sector público que no tengan el
carácter de Administraciones Públicas podrán remitir a un arbitraje, conforme a
las disposiciones de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, la
solución de las diferencias que puedan surgir sobre los efectos, cumplimiento y
extinción de los contratos que celebren.

TÍTULO II

Partes en el contrato

CAPÍTULO I

Órgano de contratación

Artículo 40. Competencia para contratar.

1. La representación de los entes, organismos y entidades del sector público
en materia contractual corresponde a los órganos de contratación, unipersonales
o colegiados que, en virtud de norma legal o reglamentaria o disposición
estatutaria, tengan atribuida la facultad de celebrar contratos en su
nombre.

2. Los órganos de contratación podrán delegar o desconcentrar sus
competencias y facultades en esta materia con cumplimiento de las normas y
formalidades aplicables en cada caso para la delegación o desconcentración de
competencias, en el caso de que se trate de órganos administrativos, o para el
otorgamiento de poderes, cuando se trate de órganos societarios o de una
fundación.

Artículo 41. Responsable del contrato.

1. Los órganos de contratación podrán designar un responsable del contrato al
que corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la
prestación pactada, dentro del ámbito de facultades que aquéllos le atribuyan.
El responsable del contrato podrá ser una persona física o jurídica, vinculada
al ente, organismo o entidad contratante o ajena a él.

2. En los contratos de obras, las facultades del responsable del contrato se
entenderán sin perjuicio de las que corresponden al Director Facultativo
conforme con lo dispuesto en el Capítulo V del Título II del Libro IV.

Artículo 42. Perfil de contratante.

1. Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la
información relativa a su actividad contractual, y sin perjuicio de la
utilización de otros medios de publicidad en los casos exigidos por esta Ley o
por las normas autonómicas de desarrollo o en los que así se decida
voluntariamente, los órganos de contratación difundirán, a través de Internet,
su perfil de contratante. La forma de acceso al perfil de contratante deberá
especificarse en las páginas Web institucionales que mantengan los entes del
sector público, en la Plataforma de Contratación del Estado y en los pliegos y
anuncios de licitación.

2. El perfil de contratante podrá incluir cualesquiera datos e informaciones
referentes a la actividad contractual del órgano de contratación, tales como los
anuncios de información previa contemplados en el artículo 125, las licitaciones
abiertas o en curso y la documentación relativa a las mismas, las contrataciones
programadas, los contratos adjudicados, los procedimientos anulados, y cualquier
otra información útil de tipo general, como puntos de contacto y medios de
comunicación que pueden utilizarse para relacionarse con el órgano de
contratación. En todo caso deberá publicarse en el perfil de contratante la
adjudicación provisional de los contratos.

3. El sistema informático que soporte el perfil de contratante deberá contar
con un dispositivo que permita acreditar fehacientemente el momento de inicio de
la difusión pública de la información que se incluya en el mismo.

4. La difusión a través del perfil de contratante de la información relativa
a los procedimientos de adjudicación de contratos surtirá los efectos previstos
en el Título I del Libro III.

CAPÍTULO II

Capacidad y solvencia del empresario

Sección 1.ª Aptitud para contratar con el sector público

Subsección 1.ª Normas generales

Artículo 43. Condiciones de aptitud.

1. Sólo podrán contratar con el sector público las personas naturales o
jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no
estén incursas en una prohibición de contratar, y acrediten su solvencia
económica, financiera y técnica o profesional o, en los casos en que así lo
exija esta Ley, se encuentren debidamente clasificadas.

2. Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial
o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad
o prestación que constituya el objeto del contrato.

3. En los contratos subvencionados a que se refiere el artículo 17 de esta
Ley, el contratista deberá acreditar su solvencia y no podrá estar incurso en la
prohibición de contratar a que se refiere la letra a) del apartado 1 del
artículo 49.

Artículo 44. Empresas no comunitarias.

1. Las personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión
Europea deberán justificar mediante informe de la respectiva Misión Diplomática
Permanente española, que se acompañará a la documentación que se presente, que
el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la
participación de empresas españolas en la contratación con la Administración y
con los entes, organismos o entidades del sector público asimilables a los
enumerados en el artículo 3, en forma sustancialmente análoga. En los contratos
sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidad en
relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación
Pública de la Organización Mundial de Comercio.

2. Para celebrar contratos de obras será necesario, además, que estas
empresas tengan abierta sucursal en España, con designación de apoderados o
representantes para sus operaciones, y que estén inscritas en el Registro
Mercantil.

Artículo 45. Condiciones especiales de compatibilidad.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la adjudicación de contratos
a través de un procedimiento de diálogo competitivo, no podrán concurrir a las
licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboración de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato siempre
que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o
suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas
licitadoras.

2. Los contratos que tengan por objeto la vigilancia, supervisión, control y
dirección de la ejecución de obras e instalaciones no podrán adjudicarse a las
mismas empresas adjudicatarias de los correspondientes contratos de obras, ni a
las empresas a éstas vinculadas, entendiéndose por tales las que se encuentren
en alguno de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de
Comercio.

Subsección 2.ª Normas especiales sobre capacidad

Artículo 46. Personas jurídicas.

1. Las personas jurídicas sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de
actividad que, a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean
propios.

2. Quienes concurran individual o conjuntamente con otros a la licitación de
una concesión de obras públicas, podrán hacerlo con el compromiso de constituir
una sociedad que será la titular de la concesión. La constitución y, en su caso,
la forma de la sociedad deberán ajustarse a lo que establezca, para determinados
tipos de concesiones, la correspondiente legislación específica.

Artículo 47. Empresas comunitarias.

1. Tendrán capacidad para contratar con el sector público, en todo caso, las
empresas no españolas de Estados miembros de la Unión Europea que, con arreglo a
la legislación del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas
para realizar la prestación de que se trate.

2. Cuando la legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas
empresas exija una autorización especial o la pertenencia a una determinada
organización para poder prestar en él el servicio de que se trate, deberán
acreditar que cumplen este requisito.

Artículo 48. Uniones de empresarios.

1. Podrán contratar con el sector público las uniones de empresarios que se
constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de
las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del
contrato a su favor.

2. Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán
obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de
la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las
obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin
perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para
cobros y pagos de cuantía significativa.

A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados
en una unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la
constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de
constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios
del contrato.

3. La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente con
la del contrato hasta su extinción.

4. Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la
unión empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado
miembro de la Unión Europea y extranjeros que sean nacionales de un Estado
miembro de la Unión Europea, los que pertenezcan a los dos primeros grupos
deberán acreditar su clasificación, y estos últimos su solvencia económica,
financiera y técnica o profesional.

Subsección 3.ª Prohibiciones de contratar

Artículo 49. Prohibiciones de contratar.

1. No podrán contratar con el sector público las personas en quienes concurra
alguna de las circunstancias siguientes:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de asociación
ilícita, corrupción en transacciones económicas internacionales, tráfico de
influencias, cohecho, fraudes y exacciones ilegales, delitos contra la Hacienda
Pública y la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores,
malversación y receptación y conductas afines, delitos relativos a la protección
del medio ambiente, o a pena de inhabilitación especial para el ejercicio de
profesión, oficio, industria o comercio. La prohibición de contratar alcanza a
las personas jurídicas cuyos administradores o representantes, vigente su cargo
o representación, se encuentren en la situación mencionada por actuaciones
realizadas en nombre o a beneficio de dichas personas jurídicas, o en las que
concurran las condiciones, cualidades o relaciones que requiera la
correspondiente figura de delito para ser sujeto activo del mismo.

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declaradas
insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declaradas en concurso, estar
sujetas a intervención judicial o haber sido inhabilitadas conforme a la Ley
22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de
inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

c) Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia
de disciplina de mercado, en materia profesional o en materia de integración
laboral y de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con
discapacidad o por infracción muy grave en materia social, incluidas las
infracciones en materia de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo
dispuesto en el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el
Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, o
en materia medioambiental, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto
Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental; en la
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas; en la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de
Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres; en la
Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases; en la Ley
10/1998, de 21 de abril, de Residuos; en el Texto Refundido de la Ley de Aguas,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, y en la Ley
16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la
Contaminación

d) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias o de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en
los términos que reglamentariamente se determinen.

e) Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaración responsable a que
se refiere el artículo 130.1.c) o al facilitar cualesquiera otros datos
relativos a su capacidad y solvencia, o haber incumplido, por causa que le sea
imputable, la obligación de comunicar la información prevista en el artículo
59.4 y en el artículo 305.

f) Estar incursa la persona física o los administradores de la persona
jurídica en alguno de los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de
regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los
altos cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26
de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las
Administraciones públicas o tratarse de cualquiera de los cargos electivos
regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral
General, en los términos establecidos en la misma.

La prohibición alcanzará a las personas jurídicas en cuyo capital participen,
en los términos y cuantías establecidas en la legislación citada, el personal y
los altos cargos de cualquier Administración Pública, así como los cargos
electos al servicio de las mismas.

La prohibición se extiende igualmente, en ambos casos, a los cónyuges,
personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva y descendientes
de las personas a que se refieren los párrafos anteriores, siempre que, respecto
de los últimos, dichas personas ostenten su representación legal.

g) Haber contratado a personas respecto de las que se haya publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» el incumplimiento a que se refiere el artículo 18.6
de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses
de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General
del Estado, por haber pasado a prestar servicios en empresas o sociedades
privadas directamente relacionadas con las competencias del cargo desempeñado
durante los dos años siguientes a la fecha de cese en el mismo. La prohibición
de contratar se mantendrá durante el tiempo que permanezca dentro de la
organización de la empresa la persona contratada con el límite máximo de dos
años a contar desde el cese como alto cargo.

2. Además de las previstas en el apartado anterior, son circunstancias que
impedirán a los empresarios contratar con las Administraciones Públicas las
siguientes:

a) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables,
a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con una Administración
Pública.

b) Haber infringido una prohibición para contratar con cualquiera de las
Administraciones públicas.

c) Estar afectado por una prohibición de contratar impuesta en virtud de
sanción administrativa, con arreglo a lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, o en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

d) Haber retirado indebidamente su proposición o candidatura en un
procedimiento de adjudicación, o haber imposibilitado la adjudicación definitiva
del contrato a su favor por no cumplimentar lo establecido en el artículo 135.4
dentro del plazo señalado mediando dolo, culpa o negligencia.

e) Haber incumplido las condiciones especiales de ejecución del contrato
establecidas de acuerdo con lo señalado en el artículo 102, cuando dicho
incumplimiento hubiese sido definido en los pliegos o en el contrato como
infracción grave de conformidad con las disposiciones de desarrollo de esta Ley,
y concurra dolo, culpa o negligencia en el empresario.

3. Las prohibiciones de contratar afectarán también a aquellas empresas de
las que, por razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias,
pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión
o sucesión, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aquéllas.

Artículo 50. Declaración de la concurrencia de prohibiciones de contratar y
efectos.

1. Las prohibiciones de contratar contenidas en las letras b), d), f) y g)
del apartado 1 del artículo anterior, y c) de su apartado 2, se apreciarán
directamente por los órganos de contratación, subsistiendo mientras concurran
las circunstancias que en cada caso las determinan.

La prohibición de contratar por la causa prevista en la letra a) del apartado
1 del artículo anterior se apreciará directamente por los órganos de
contratación, siempre que la sentencia se pronuncie sobre su alcance y duración,
subsistiendo durante el plazo señalado en las mismas. Cuando la sentencia no
contenga pronunciamiento sobre la prohibición de contratar o su duración, la
prohibición se apreciará directamente por los órganos de contratación, pero su
alcance y duración deberán determinarse mediante procedimiento instruido de
conformidad con lo dispuesto en los apartados 2 y 3 de este artículo.

En los restantes supuestos previstos en el artículo anterior, la apreciación
de la concurrencia de la prohibición de contratar requerirá la previa
declaración de su existencia mediante procedimiento al efecto.

2. En los casos en que, conforme a lo señalado en el apartado anterior, sea
necesaria una declaración previa sobre la concurrencia de la prohibición, el
alcance y duración de ésta se determinarán siguiendo el procedimiento que en las
normas de desarrollo de esta Ley se establezca atendiendo, en su caso, a la
existencia de dolo o manifiesta mala fe en el empresario y a la entidad del daño
causado a los intereses públicos. La duración de la prohibición no excederá de
cinco años, con carácter general, o de ocho años en el caso de las prohibiciones
que tengan por causa la existencia de una condena mediante sentencia firme. Sin
embargo, las prohibiciones de contratar basadas en la causa prevista en la letra
d) del apartado 2 del artículo anterior subsistirán, en todo caso, durante un
plazo de dos años, contados desde su inscripción en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas, y las impuestas por la causa prevista en la
letra e) del mismo apartado no podrán exceder de un año de duración.

El procedimiento de declaración no podrá iniciarse si hubiesen transcurrido
más de tres años contados a partir de las siguientes fechas:

a) desde la firmeza de la resolución sancionadora, en el caso de la causa
prevista en la letra c) del apartado 1 del artículo anterior;

b) desde la fecha en que se hubieran facilitado los datos falsos o desde
aquélla en que hubiera debido comunicarse la correspondiente información, en los
casos previstos en la letra e) del apartado1 del artículo anterior;

c) desde la fecha en que fuese firme la resolución del contrato, en el caso
previsto en la letra a) del apartado 2 del artículo anterior;

d) desde la fecha de formalización del contrato, en el caso previsto en la
letra b) del apartado 2 del artículo anterior;

e) en los casos previstos en la letra d) del apartado 2 del artículo
anterior, desde la fecha en que se hubiese procedido a la adjudicación
provisional del contrato, si la causa es la retirada indebida de proposiciones o
candidaturas; o desde la fecha en que hubiese debido procederse a la
adjudicación definitiva, si la prohibición se fundamenta en el incumplimiento de
lo establecido en el artículo 135.4.

En el caso de la letra a) del apartado 1 del artículo anterior, el
procedimiento, de ser necesario, no podrá iniciarse una vez transcurrido el
plazo previsto para la prescripción de la correspondiente pena, y en el caso de
la letra e) del apartado 2, si hubiesen transcurrido más de tres meses desde que
se produjo el incumplimiento.

3. La competencia para fijar la duración y alcance de la prohibición de
contratar en el caso de la letra a) del apartado 1 del artículo anterior, así
como para declarar la prohibición de contratar en el supuesto contemplado en la
letra c) del mismo apartado corresponderá al Ministro de Economía y Hacienda,
que dictará resolución a propuesta de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa del Estado. La prohibición así declarada impedirá contratar con
cualquier órgano de contratación.

En el supuesto previsto en la letra e) del apartado 1 del artículo anterior
la declaración de la prohibición corresponderá a la Administración o entidad a
la que se deba comunicar la correspondiente información; en los casos
contemplados en las letras a), d) y e) del apartado 2, a la Administración
contratante; y en el supuesto de la letra b) de este mismo apartado, a la
Administración que hubiese declarado la prohibición. En estos casos, la
prohibición afectará a la contratación con la Administración o entidad del
sector público competente para su declaración, sin perjuicio de que el Ministro
de Economía y Hacienda, previa comunicación de aquéllas y con audiencia del
empresario afectado, considerando el daño causado a los intereses públicos,
pueda extender sus efectos a la contratación con cualquier órgano, ente,
organismo o entidad del sector público.

4. La eficacia de las prohibiciones de contratar a que se refieren las letras
c) y e) del apartado 1 del artículo anterior, así como la de las establecidas en
su apartado 2, estará condicionada a su inscripción o constancia en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que corresponda. Igualmente la
eficacia de la resolución que determine el alcance y duración de la prohibición
de contratar derivada de la causa prevista en la letra a) del apartado 1 del
artículo anterior estará condicionada a su inscripción.

5. A los efectos de la aplicación de este artículo, las autoridades y órganos
competentes notificarán a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del
Estado y a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, las sanciones y
resoluciones firmes recaídas en los procedimientos mencionados en el artículo
anterior, así como la comisión de los hechos previstos en la letra e) de su
apartado 1 y en las letras b), d) y e) de su apartado 2, a fin de que se puedan
instruir los expedientes previstos en este artículo o adoptarse las resoluciones
que sean pertinentes y proceder, en su caso, a su inscripción en el Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que sea procedente. Asimismo, la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado podrá recabar de
estas autoridades y órganos cuantos datos y antecedentes sean precisos a los
mismos efectos.

Subsección 4.ª Solvencia

Artículo 51. Exigencia de solvencia.

1. Para celebrar contratos con el sector público los empresarios deberán
acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica y
financiera y profesional o técnica que se determinen por el órgano de
contratación. Este requisito será sustituido por el de la clasificación, cuando
ésta sea exigible conforme a lo dispuesto en esta Ley.

2. Los requisitos mínimos de solvencia que deba reunir el empresario y la
documentación requerida para acreditar los mismos se indicarán en el anuncio de
licitación y se especificarán en el pliego del contrato, debiendo estar
vinculados a su objeto y ser proporcionales al mismo.

Artículo 52. Integración de la solvencia con medios externos.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado,
el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades,
independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con
ellas, siempre que demuestre que, para la ejecución del contrato, dispone
efectivamente de esos medios.

Artículo 53. Concreción de las condiciones de solvencia.

1. En los contratos de servicios y de obras, así como en los contratos de
suministro que incluyan servicios o trabajos de colocación e instalación, podrá
exigirse a las personas jurídicas que especifiquen, en la oferta o en la
solicitud de participación, los nombres y la cualificación profesional del
personal responsable de ejecutar la prestación.

2. Los órganos de contratación podrán exigir a los candidatos o licitadores,
haciéndolo constar en los pliegos, que además de acreditar su solvencia o, en su
caso, clasificación, se comprometan a dedicar o adscribir a la ejecución del
contrato los medios personales o materiales suficientes para ello. Estos
compromisos se integrarán en el contrato, pudiendo los pliegos o el documento
contractual, atribuirles el carácter de obligaciones esenciales a los efectos
previstos en el artículo 206, g), o establecer penalidades, conforme a lo
señalado en el artículo 196.1, para el caso de que se incumplan por el
adjudicatario.

Subsección 5.ª Clasificación de las empresas

Artículo 54. Exigencia de clasificación.

1. Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos
de obras de importe igual o superior a 350.000 euros, o de contratos de
servicios por presupuesto igual o superior a 120.000 euros, será requisito
indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado. Sin
embargo, no será necesaria clasificación para celebrar contratos de servicios
comprendidos en las categorías 6, 8, 21, 26 y 27 del Anexo II.

En el caso de que una parte de la prestación objeto del contrato tenga que
ser realizada por empresas especializadas que cuenten con una determinada
habilitación o autorización profesional, la clasificación en el grupo
correspondiente a esa especialización, en caso de ser exigida, podrá suplirse
por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecución de esta porción
con otros empresarios que dispongan de la habilitación y, en su caso,
clasificación necesarias, siempre que el importe de la parte que debe ser
ejecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del precio del contrato.

2. La clasificación será exigible igualmente al cesionario de un contrato en
el caso en que hubiese sido requerida al cedente.

3. Por Real Decreto podrá exceptuarse la necesidad de clasificación para
determinados tipos de contratos de obras y de servicios en los que este
requisito sea exigible o acordar su exigencia para tipos de contratos de obras y
servicios en los que no lo sea, teniendo en cuenta las circunstancias especiales
concurrentes en los mismos.

4. Cuando no haya concurrido ninguna empresa clasificada en un procedimiento
de adjudicación de un contrato para el que se requiera clasificación, el órgano
de contratación podrá excluir la necesidad de cumplir este requisito en el
siguiente procedimiento que se convoque para la adjudicación del mismo contrato,
precisando en el pliego de cláusulas y en el anuncio, en su caso, los medios de
acreditación de la solvencia que deban ser utilizados de entre los especificados
en los artículos 64, 65 y 67.

5. Las entidades del sector público que no tengan el carácter de
Administración Pública podrán exigir una determinada clasificación a los
licitadores para definir las condiciones de solvencia requeridas para celebrar
el correspondiente contrato.

Artículo 55. Exención de la exigencia de clasificación.

1. No será exigible la clasificación a los empresarios no españoles de
Estados miembros de la Unión Europea, ya concurran al contrato aisladamente o
integrados en una unión, sin perjuicio de la obligación de acreditar su
solvencia.

2. Excepcionalmente, cuando así sea conveniente para los intereses públicos,
la contratación de la Administración General del Estado y los entes organismos y
entidades de ella dependientes con personas que no estén clasificadas podrá ser
autorizada por el Consejo de Ministros, previo informe de la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa del Estado. En el ámbito de las Comunidades
Autónomas, la autorización será otorgada por los órganos que éstas designen como
competentes.

Artículo 56. Criterios aplicables y condiciones para la clasificación.

1. La clasificación de las empresas se hará en función de su solvencia,
valorada conforme a lo establecido en los artículos 64, 65 y 67, y determinará
los contratos a cuya adjudicación puedan concurrir u optar por razón de su
objeto y de su cuantía. A estos efectos, los contratos se dividirán en grupos
generales y subgrupos, por su peculiar naturaleza, y dentro de estos por
categorías, en función de su cuantía.

La expresión de la cuantía se efectuará por referencia al valor íntegro del
contrato, cuando la duración de éste sea igual o inferior a un año, y por
referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de
duración superior.

2. Para proceder a la clasificación será necesario que el empresario acredite
su personalidad y capacidad de obrar, así como que se encuentra legalmente
habilitado para realizar la correspondiente actividad, por disponer de las
correspondientes autorizaciones o habilitaciones empresariales o profesionales y
reunir los requisitos de colegiación o inscripción u otros semejantes que puedan
ser necesarios, y que no está incurso en prohibiciones de contratar.

3. En el supuesto de personas jurídicas pertenecientes a un grupo de
sociedades, y a efectos de la valoración de su solvencia económica, financiera,
técnica o profesional, se podrá tener en cuenta a las sociedades pertenecientes
al grupo, siempre y cuando la persona jurídica en cuestión acredite que tendrá
efectivamente a su disposición, durante el plazo a que se refiere el artículo
59.2, los medios de dichas sociedades necesarios para la ejecución de los
contratos.

4. Se denegará la clasificación de aquellas empresas de las que, a la vista
de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que
son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras
afectadas por una prohibición de contratar.

5. A los efectos de valorar y apreciar la concurrencia del requisito de
clasificación, respecto de los empresarios que concurran agrupados en el caso
del artículo 48, se atenderá, en la forma que reglamentariamente se determine, a
las características acumuladas de cada uno de ellos, expresadas en sus
respectivas clasificaciones. En todo caso, será necesario para proceder a esta
acumulación que todas las empresas hayan obtenido previamente la clasificación
como empresa de obras o de servicios, en relación con el contrato al que opten,
sin perjuicio de lo establecido para los empresarios no españoles de Estados
miembros de la Unión Europea en el apartado 4 del artículo 48.

Artículo 57. Competencia para la clasificación.

1. Los acuerdos relativos a la clasificación de las empresas se adoptarán,
con eficacia general frente a todos los órganos de contratación, por las
Comisiones Clasificadoras de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa
del Estado. Estos acuerdos podrán ser objeto de recurso de alzada ante el
Ministro de Economía y Hacienda.

2. Los órganos competentes de las Comunidades Autónomas podrán adoptar
decisiones sobre clasificación de las empresas que serán eficaces, únicamente, a
efectos de contratar con la Comunidad Autónoma que los haya adoptado, con las
Entidades locales incluidas en su ámbito territorial, y con los entes,
organismos y entidades del sector público dependientes de una y otras. En la
adopción de estos acuerdos, deberán respetarse, en todo caso, las reglas y
criterios establecidos en esta Ley y en sus disposiciones de desarrollo.

Artículo 58. Inscripción registral de la clasificación.

Los acuerdos relativos a la clasificación de las empresas se inscribirán de
oficio en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que
corresponda en función del órgano que los hubiese adoptado.

Artículo 59. Plazo de vigencia y revisión de las clasificaciones.

1. La clasificación de las empresas tendrá una vigencia indefinida en tanto
se mantengan por el empresario las condiciones y circunstancias en que se basó
su concesión.

2. No obstante, y sin perjuicio de lo señalado en el apartado 3 de este
artículo y en el artículo siguiente, para la conservación de la clasificación
deberá justificarse anualmente el mantenimiento de la solvencia económica y
financiera y, cada tres años, el de la solvencia técnica y profesional, a cuyo
efecto el empresario aportará la correspondiente documentación actualizada en
los términos que se establezcan reglamentariamente.

3. La clasificación será revisable a petición de los interesados o de oficio
por la Administración en cuanto varíen las circunstancias tomadas en
consideración para concederla.

4. En todo caso, el empresario está obligado a poner en conocimiento del
órgano competente en materia de clasificación cualquier variación en las
circunstancias que hubiesen sido tenidas en cuenta para concederla que pueda dar
lugar a una revisión de la misma. La omisión de esta comunicación hará incurrir
al empresario en la prohibición de contratar prevista en la letra e) del
apartado 1 del artículo 49.

Artículo 60. Comprobación de los elementos de la clasificación.

Los órganos competentes en materia de clasificación podrán solicitar en
cualquier momento de las empresas clasificadas o pendientes de clasificación los
documentos que estimen necesarios para comprobar las declaraciones y hechos
manifestados por las mismas en los expedientes que tramiten, así como pedir
informe a cualquier órgano de las Administraciones públicas sobre estos
extremos.

Sección 2.ª Acreditación de la aptitud para contratar

Subsección 1.ª Capacidad de obrar

Artículo 61. Acreditación de la capacidad de obrar.

1. La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas jurídicas se
acreditará mediante la escritura o documento de constitución, los estatutos o el
acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su
actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público que
corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.

2. La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales
de Estados miembros de la Unión Europea se acreditará por su inscripción en el
registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están
establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un
certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo
con las disposiciones comunitarias de aplicación.

3. Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar
con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado
correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el
domicilio de la empresa.

Subsección 2.ª Prohibiciones de contratar

Artículo 62. Prueba de la no concurrencia de una prohibición de
contratar.

1. La prueba, por parte de los empresarios, de no estar incursos en
prohibiciones para contratar podrá realizarse mediante testimonio judicial o
certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho documento no pueda
ser expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una
declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario
público u organismo profesional cualificado.

2. Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta
posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también
sustituirse por una declaración responsable, otorgada ante una autoridad
judicial.

Subsección 3.ª Solvencia

Artículo 63. Medios de acreditar la solvencia.

1. La solvencia económica y financiera y técnica o profesional se acreditará
mediante la aportación de los documentos que se determinen por el órgano de
contratación de entre los previstos en los artículos 64 a 68.

2. La clasificación del empresario acreditará su solvencia para la
celebración de contratos del mismo tipo que aquéllos para los que se haya
obtenido y para cuya celebración no se exija estar en posesión de la misma.

3. Los entes, organismos y entidades del sector público que no tengan la
condición de Administraciones Públicas podrán admitir otros medios de prueba de
la solvencia distintos de los previstos en los artículos 64 a 68 para los
contratos que no estén sujetos a regulación armonizada.

Artículo 64. Solvencia económica y financiera.

1. La solvencia económica y financiera del empresario podrá acreditarse por
uno o varios de los medios siguientes:

a) Declaraciones apropiadas de entidades financieras o, en su caso,
justificante de la existencia de un seguro de indemnización por riesgos
profesionales.

b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro
oficial que corresponda. Los empresarios no obligados a presentar las cuentas en
Registros oficiales podrán aportar, como medio alternativo de acreditación, los
libros de contabilidad debidamente legalizados.

c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el
volumen de negocios en el ámbito de actividades correspondiente al objeto del
contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en
función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario,
en la medida en que se disponga de las referencias de dicho volumen de
negocios.

2. Si, por una razón justificada, el empresario no está en condiciones de
presentar las referencias solicitadas, se le autorizará a acreditar su solvencia
económica y financiera por medio de cualquier otro documento que se considere
apropiado por el órgano de contratación.

Artículo 65. Solvencia técnica en los contratos de obras.

En los contratos de obras, la solvencia técnica del empresario podrá ser
acreditada por uno o varios de los medios siguientes:

a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años,
avalada por certificados de buena ejecución para las obras más importantes;
estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de
las obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige
la profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su caso, dichos
certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la
autoridad competente.

b) Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no
integradas en la empresa, de los que ésta disponga para la ejecución de las
obras, especialmente los responsables del control de calidad, acompañada de los
documentos acreditativos correspondientes.

c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de
la empresa y, en particular, del responsable o responsables de las obras.

d) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión
medioambiental que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato.

e) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia
de su personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la
documentación justificativa correspondiente.

f) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará la documentación
acreditativa pertinente.

Artículo 66. Solvencia técnica en los contratos de suministro.

1. En los contratos de suministro la solvencia técnica de los empresarios se
acreditará por uno o varios de los siguientes medios:

a) Relación de los principales suministros efectuados durante los tres
últimos años, indicando su importe, fechas y destinatario público o privado de
los mismos. Los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados
expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una
entidad del sector público o cuando el destinatario sea un comprador privado,
mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado,
mediante una declaración del empresario.

b) Indicación del personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la
empresa, de los que se disponga para la ejecución del contrato, especialmente
los encargados del control de calidad.

c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas para
garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la
empresa.

d) Control efectuado por la entidad del sector público contratante o, en su
nombre, por un organismo oficial competente del Estado en el cual el empresario
está establecido, siempre que medie acuerdo de dicho organismo, cuando los
productos a suministrar sean complejos o cuando, excepcionalmente, deban
responder a un fin particular. Este control versará sobre la capacidad de
producción del empresario y, si fuera necesario, sobre los medios de estudio e
investigación con que cuenta, así como sobre las medidas empleadas para
controlar la calidad.

e) Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar, cuya
autenticidad pueda certificarse a petición de la entidad del sector público
contratante.

f) Certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales encargados
del control de calidad, de competencia reconocida, que acrediten la conformidad
de productos perfectamente detallada mediante referencias a determinadas
especificaciones o normas.

2. En los contratos de suministro que requieran obras de colocación o
instalación, la prestación de servicios o la ejecución de obras, la capacidad de
los operadores económicos para prestar dichos servicios o ejecutar dicha
instalación u obras podrá evaluarse teniendo en cuenta especialmente sus
conocimientos técnicos, eficacia, experiencia y fiabilidad.

Artículo 67. Solvencia técnica o profesional en los contratos de
servicios.

En los contratos de servicios, la solvencia técnica o profesional de los
empresarios deberá apreciarse teniendo en cuenta sus conocimientos técnicos,
eficacia, experiencia y fiabilidad, lo que podrá acreditarse, según el objeto
del contrato, por uno o varios de los medios siguientes:

a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los
últimos tres años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o
privado, de los mismos. Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán
mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el
destinatario sea una entidad del sector público o, cuando el destinatario sea un
sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este
certificado, mediante una declaración del empresario; en su caso, estos
certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la
autoridad competente.

b) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o
no en la empresa, participantes en el contrato, especialmente aquéllos
encargados del control de calidad.

c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el
empresario para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación
de la empresa.

d) Cuando se trate de servicios o trabajos complejos o cuando,
excepcionalmente, deban responder a un fin especial, un control efectuado por el
órgano de contratación o, en nombre de éste, por un organismo oficial u
homologado competente del Estado en que esté establecido el empresario, siempre
que medie acuerdo de dicho organismo. El control versará sobre la capacidad
técnica del empresario y, si fuese necesario, sobre los medios de estudio y de
investigación de que disponga y sobre las medidas de control de la calidad.

e) Las titulaciones académicas y profesionales del empresario y del personal
directivo de la empresa y, en particular, del personal responsable de la
ejecución del contrato.

f) En los casos adecuados, indicación de las medidas de gestión
medioambiental que el empresario podrá aplicar al ejecutar el contrato.

g) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia
de su personal directivo durante los tres últimos años, acompañada de la
documentación justificativa correspondiente.

h) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondrá para la ejecución de los trabajos o prestaciones, a la que se
adjuntará la documentación acreditativa pertinente.

i) Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente
el propósito de subcontratar.

Artículo 68. Solvencia técnica o profesional en los restantes contratos.

La acreditación de la solvencia profesional o técnica en contratos distintos
de los de obras, servicios o suministro podrá acreditarse por los documentos y
medios que se indican en el artículo anterior.

Artículo 69. Acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la
calidad.

1. En los contratos sujetos a una regulación armonizada, cuando los órganos
de contratación exijan la presentación de certificados expedidos por organismos
independientes que acrediten que el empresario cumple determinadas normas de
garantía de la calidad, deberán hacer referencia a los sistemas de aseguramiento
de la calidad basados en la serie de normas europeas en la materia, certificados
por organismos conformes a las normas europeas relativas a la certificación.

2. Los órganos de contratación reconocerán los certificados equivalentes
expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado miembro de la Unión
Europea, y también aceptarán otras pruebas de medidas equivalentes de garantía
de la calidad que presenten los empresarios.

Artículo 70. Acreditación del cumplimiento de las normas de gestión
medioambiental.

1. En los contratos sujetos a una regulación armonizada, los órganos de
contratación podrán exigir la presentación de certificados expedidos por
organismos independientes que acrediten que el empresario cumple determinadas
normas de gestión medioambiental, remitiéndose al sistema comunitario de gestión
y auditoría medioambientales (EMAS) o a las normas de gestión medioambiental
basadas en las normas europeas o internacionales en la materia y certificadas
por organismos conformes a la legislación comunitaria o a las normas europeas o
internacionales relativas a la certificación.

2. Los órganos de contratación reconocerán los certificados equivalentes
expedidos por organismos establecidos en cualquier Estado miembro de la Unión
Europea y también aceptarán otras pruebas de medidas equivalentes de gestión
medioambiental que presenten los empresarios.

Artículo 71. Documentación e información complementaria.

El órgano de contratación o el órgano auxiliar de este podrá recabar del
empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados en
aplicación de los artículos anteriores o requerirle para la presentación de
otros complementarios.

Subsección 4.ª Prueba de la clasificación y de la aptitud para contratar a
través de Registros o listas oficiales de contratistas

Artículo 72. Certificaciones de Registros Oficiales de Licitadores y Empresas
Clasificadas.

1. La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado acreditará frente a todos los órganos de contratación
del sector público, a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario,
las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y
capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial,
solvencia económica y financiera, y clasificación, así como la concurrencia o no
concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el
mismo.

La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
de una Comunidad Autónoma acreditará idénticas circunstancias a efectos de la
contratación con la misma, con las entidades locales incluidas en su ámbito
territorial, y con los restantes entes, organismos o entidades del sector
público dependientes de una y otras.

2. La prueba del contenido de los Registros Oficiales de Licitadores y
Empresas Clasificadas se efectuará mediante certificación del órgano encargado
del mismo, que podrá expedirse por medios electrónicos, informáticos o
telemáticos.

Artículo 73. Certificados comunitarios de clasificación.

1. Los certificados de clasificación o documentos similares que acrediten la
inscripción en listas oficiales de empresarios autorizados para contratar
establecidas por los Estados miembros de la Unión Europea sientan una presunción
de aptitud de los empresarios incluidos en ellas frente a los diferentes órganos
de contratación en relación con la no concurrencia de las prohibiciones de
contratar a que se refieren las letras a) a c) y e) del apartado 1 del artículo
49 y la posesión de las condiciones de capacidad de obrar y habilitación
profesional exigidas por el artículo 43 y las de solvencia a que se refieren las
letras b) y c) del artículo 64, las letras a), b), e) g) y h) del artículo 65,
el artículo 66, y las letras a) y c) a i) del artículo 67. Igual valor
presuntivo surtirán las certificaciones emitidas por organismos que respondan a
las normas europeas de certificación expedidas de conformidad con la legislación
del Estado miembro en que esté establecido el empresario.

2. Los documentos a que se refiere el apartado anterior deberán indicar las
referencias que hayan permitido la inscripción del empresario en la lista o la
expedición de la certificación, así como la clasificación obtenida. Estas
menciones deberán también incluirse en los certificados que expidan los
Registros Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas a efectos de la
contratación en el ámbito de la Unión Europea.

TÍTULO III

Objeto, precio y cuantía del contrato

CAPÍTULO I

Normas generales

Artículo 74. Objeto del contrato.

1. El objeto de los contratos del sector público deberá ser determinado.

2. No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía
del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al
procedimiento de adjudicación que correspondan.

3. Cuando el objeto del contrato admita fraccionamiento y así se justifique
debidamente en el expediente, podrá preverse la realización independiente de
cada una de sus partes mediante su división en lotes, siempre que éstos sean
susceptibles de utilización o aprovechamiento separado y constituyan una unidad
funcional, o así lo exija la naturaleza del objeto.

Asimismo podrán contratarse separadamente prestaciones diferenciadas
dirigidas a integrarse en una obra, tal y como ésta es definida en el artículo
6, cuando dichas prestaciones gocen de una sustantividad propia que permita una
ejecución separada, por tener que ser realizadas por empresas que cuenten con
una determinada habilitación.

En los casos previstos en los párrafos anteriores, las normas procedimentales
y de publicidad que deben aplicarse en la adjudicación de cada lote o prestación
diferenciada se determinarán en función del valor acumulado del conjunto, salvo
lo dispuesto en los artículos 14.2, 15.2 y 16.2.

Artículo 75. Precio.

1. En los contratos del sector público, la retribución del contratista
consistirá en un precio cierto que deberá expresarse en euros, sin perjuicio de
que su pago pueda hacerse mediante la entrega de otras contraprestaciones en los
casos en que ésta u otras Leyes así lo prevean. Los órganos de contratación
cuidarán de que el precio sea adecuado para el efectivo cumplimiento del
contrato mediante la correcta estimación de su importe, atendiendo al precio
general de mercado, en el momento de fijar el presupuesto de licitación y la
aplicación, en su caso, de las normas sobre ofertas con valores anormales o
desproporcionados.

2. El precio del contrato podrá formularse tanto en términos de precios
unitarios referidos a los distintos componentes de la prestación o a las
unidades de la misma que se entreguen o ejecuten, como en términos de precios
aplicables a tanto alzado a la totalidad o a parte de las prestaciones del
contrato. En todo caso se indicará, como partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Añadido que deba soportar la Administración.

3. Los precios fijados en el contrato podrán ser revisados o actualizados, en
los términos previstos en el Capítulo II de este Título, si se trata de
contratos de las Administraciones Públicas, o en la forma pactada en el
contrato, en otro caso, cuando deban ser ajustados, al alza o a la baja, para
tener en cuenta las variaciones económicas que acaezcan durante la ejecución del
contrato.

4. Los contratos, cuando su naturaleza y objeto lo permitan, podrán incluir
cláusulas de variación de precios en función del cumplimiento de determinados
objetivos de plazos o de rendimiento, así como penalizaciones por incumplimiento
de cláusulas contractuales, debiendo determinar con precisión los supuestos en
que se producirán estas variaciones y las reglas para su determinación.

5. Excepcionalmente pueden celebrarse contratos con precios provisionales
cuando, tras la tramitación de un procedimiento negociado o de un diálogo
competitivo, se ponga de manifiesto que la ejecución del contrato debe comenzar
antes de que la determinación del precio sea posible por la complejidad de las
prestaciones o la necesidad de utilizar una técnica nueva, o que no existe
información sobre los costes de prestaciones análogas y sobre los elementos
técnicos o contables que permitan negociar con precisión un precio cierto.

En los contratos celebrados con precios provisionales el precio se
determinará, dentro de los límites fijados para el precio máximo, en función de
los costes en que realmente incurra el contratista y del beneficio que se haya
acordado, para lo que, en todo caso, se detallarán en el contrato los siguientes
extremos:

a) El procedimiento para determinar el precio definitivo, con referencia a
los costes efectivos y a la fórmula de cálculo del beneficio.

b) Las reglas contables que el adjudicatario deberá aplicar para determinar
el coste de las prestaciones.

c) Los controles documentales y sobre el proceso de producción que el
adjudicador podrá efectuar sobre los elementos técnicos y contables del coste de
producción.

6. En los contratos podrá preverse que la totalidad o parte del precio sea
satisfecho en moneda distinta del euro. En este supuesto se expresará en la
correspondiente divisa el importe que deba satisfacerse en esa moneda, y se
incluirá una estimación en euros del importe total del contrato.

7. Se prohíbe el pago aplazado del precio en los contratos de las
Administraciones Públicas, excepto en los supuestos en que el sistema de pago se
establezca mediante la modalidad de arrendamiento financiero o de arrendamiento
con opción de compra, así como en los casos en que esta u otra Ley lo autorice
expresamente.

Artículo 76. Cálculo del valor estimado de los contratos.

1. A todos los efectos previstos en esta Ley, el valor estimado de los
contratos vendrá determinado por el importe total, sin incluir el Impuesto sobre
el Valor Añadido, pagadero según las estimaciones del órgano de contratación. En
el cálculo del importe total estimado, deberán tenerse en cuenta cualquier forma
de opción eventual y las eventuales prórrogas del contrato.

Cuando se haya previsto abonar primas o efectuar pagos a los candidatos o
licitadores, la cuantía de los mismos se tendrá en cuenta en el cálculo del
valor estimado del contrato.

2. La estimación deberá hacerse teniendo en cuenta los precios habituales en
el mercado, y estar referida al momento del envío del anuncio de licitación o,
en caso de que no se requiera un anuncio de este tipo, al momento en que el
órgano de contratación inicie el procedimiento de adjudicación del contrato.

3. En los contratos de obras y de concesión de obra pública, el cálculo del
valor estimado debe tener en cuenta el importe de las mismas así como el valor
total estimado de los suministros necesarios para su ejecución que hayan sido
puestos a disposición del contratista por el órgano de contratación.

4. En los contratos de suministro que tengan por objeto el arrendamiento
financiero, el arrendamiento o la venta a plazos de productos, el valor que se
tomará como base para calcular el valor estimado del contrato será el
siguiente:

a) En el caso de contratos de duración determinada, cuando su duración sea
igual o inferior a doce meses, el valor total estimado para la duración del
contrato; cuando su duración sea superior a doce meses, su valor total, incluido
el importe estimado del valor residual.

b) En el caso de contratos cuya duración no se fije por referencia a un
periodo de tiempo determinado, el valor mensual multiplicado por 48.

5. En los contratos de suministro o de servicios que tengan un carácter de
periodicidad, o de contratos que se deban renovar en un período de tiempo
determinado, se tomará como base para el cálculo del valor estimado del contrato
alguna de las siguientes cantidades:

a) El valor real total de los contratos sucesivos similares adjudicados
durante el ejercicio precedente o durante los doce meses previos, ajustado,
cuando sea posible, en función de los cambios de cantidad o valor previstos para
los doce meses posteriores al contrato inicial.

b) El valor estimado total de los contratos sucesivos adjudicados durante los
doce meses siguientes a la primera entrega o en el transcurso del ejercicio, si
éste fuera superior a doce meses.

La elección del método para calcular el valor estimado no podrá efectuarse
con la intención de sustraer el contrato a la aplicación de las normas de
adjudicación que correspondan.

6. En los contratos de servicios, a los efectos del cálculo de su importe
estimado, se tomarán como base, en su caso, las siguientes cantidades:

a) En los servicios de seguros, la prima pagadera y otras formas de
remuneración.

b) En servicios bancarios y otros servicios financieros, los honorarios, las
comisiones, los intereses y otras formas de remuneración.

c) En los contratos relativos a un proyecto, los honorarios, las comisiones
pagaderas y otras formas de remuneración, así como las primas o
contraprestaciones que, en su caso, se fijen para los participantes en el
concurso.

d) En los contratos de servicios en que no se especifique un precio total, si
tienen una duración determinada igual o inferior a cuarenta y ocho meses, el
valor total estimado correspondiente a toda su duración. Si la duración es
superior a cuarenta y ocho meses o no se encuentra fijada por referencia a un
periodo de tiempo cierto, el valor mensual multiplicado por 48.

7. Cuando la realización de una obra, la contratación de unos servicios o la
obtención de unos suministros homogéneos pueda dar lugar a la adjudicación
simultánea de contratos por lotes separados, se deberá tener en cuenta el valor
global estimado de la totalidad de dichos lotes.

8. Para los acuerdos marco y para los sistemas dinámicos de adquisición se
tendrá en cuenta el valor máximo estimado, excluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido, del conjunto de contratos contemplados durante la duración total del
acuerdo marco o del sistema dinámico de adquisición.

CAPÍTULO II

Revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas

Artículo 77. Procedencia y límites.

1. La revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas
tendrá lugar, en los términos establecidos en este Capítulo y salvo que la
improcedencia de la revisión se hubiese previsto expresamente en los pliegos o
pactado en el contrato, cuando éste se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por
ciento de su importe y hubiese transcurrido un año desde su adjudicación. En
consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y el primer año de ejecución
quedarán excluidos de la revisión.

No obstante, en los contratos de gestión de servicios públicos, la revisión
de precios podrá tener lugar una vez transcurrido el primer año de ejecución del
contrato, sin que sea necesario haber ejecutado el 20 por ciento de la
prestación.

2. La revisión de precios no tendrá lugar en los contratos cuyo pago se
concierte mediante el sistema de arrendamiento financiero o de arrendamiento con
opción a compra, ni en los contratos menores. En los restantes contratos, el
órgano de contratación, en resolución motivada, podrá excluir la procedencia de
la revisión de precios.

3. El pliego de cláusulas administrativas particulares o el contrato deberán
detallar, en su caso, la fórmula o sistema de revisión aplicable.

Artículo 78. Sistema de revisión de precios.

1. Cuando resulte procedente, la revisión de precios se llevará a cabo
mediante la aplicación de índices oficiales o de la fórmula aprobada por el
Consejo de Ministros, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa del Estado, para cada tipo de contratos.

2. El órgano de contratación determinará el que deba aplicarse, atendiendo a
la naturaleza de cada contrato y la estructura de los costes de las prestaciones
del mismo. Las fórmulas aprobadas por el Consejo de Ministros excluirán la
posibilidad de utilizar otros índices; si, debido a la configuración del
contrato, pudiese ser aplicable más de una fórmula, el órgano de contratación
determinará la más adecuada, de acuerdo con los criterios indicados.

3. Cuando el índice de referencia que se adopte sea el Índice de Precios al
Consumo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística o cualquiera de los
índices de los grupos, subgrupos, clases o subclases que en él se integran, la
revisión no podrá superar el 85 por ciento de variación experimentada por el
índice adoptado.

Artículo 79. Fórmulas.

1. Las fórmulas que se establezcan reflejarán la ponderación en el precio del
contrato de los materiales básicos y de la energía incorporados al proceso de
generación de las prestaciones objeto del mismo. No se incluirán en ellas el
coste de la mano de obra, los costes financieros, los gastos generales o de
estructura ni el beneficio industrial.

2. Cuando por circunstancias excepcionales la evolución de los costes de mano
de obra o financieros acaecida en un periodo experimente desviaciones al alza
que puedan reputarse como impredecibles en el momento de la adjudicación del
contrato, el Consejo de Ministros o el órgano competente de las Comunidades
Autónomas podrá autorizar, con carácter transitorio, la introducción de factores
correctores de esta desviación para su consideración en la revisión del precio,
sin que, en ningún caso, puedan superar el 80 por ciento de la desviación
efectivamente producida.

Se considerará que concurren las circunstancias a que se refiere el párrafo
anterior cuando la evolución del deflactor del Producto Interior Bruto
oficialmente determinado por el Instituto Nacional de Estadística supere en 5
puntos porcentuales las previsiones macroeconómicas oficiales efectivas en el
momento de la adjudicación o el tipo de interés de las letras del Tesoro supere
en cinco puntos porcentuales al último disponible en el momento de la
adjudicación del contrato. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares
podrán incluir las referencias a las previsiones macroeconómicas y tipo de
interés existentes en el momento de la licitación.

3. Salvo lo previsto en el apartado anterior, el índice o fórmula de revisión
aplicable al contrato será invariable durante la vigencia del mismo y
determinará la revisión de precios en cada fecha respecto a la fecha de
adjudicación del contrato, siempre que la adjudicación se produzca en el plazo
de tres meses desde la finalización del plazo de presentación de ofertas, o
respecto a la fecha en que termine dicho plazo de tres meses si la adjudicación
se produce con posterioridad.

4. La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos aprobará los
índices mensuales de precios de los materiales básicos y de la energía, a
propuesta del Comité Superior de Precios de Contratos del Estado, debiendo ser
publicados los mismos en el «Boletín Oficial del Estado».

Los índices reflejarán, al alza o a la baja, las variaciones reales de los
precios de la energía y materiales básicos observadas en el mercado y podrán ser
únicos para todo el territorio nacional o particularizarse por zonas
geográficas.

5. Reglamentariamente se establecerá la relación de materiales básicos a
incluir en las fórmulas de revisión de precios. Dicha relación podrá ser
ampliada por Orden del Ministro de Economía y Hacienda, dictada previo informe
de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, cuando así lo
exija la evolución de los procesos productivos o la aparición de nuevos
materiales con participación relevante en el coste de determinados
contratos.

Los indicadores o reglas de determinación de cada uno de los índices que
intervienen en las fórmulas de revisión de precios serán establecidos por Orden
del Ministro de Economía y Hacienda, a propuesta del Comité Superior de Precios
de Contratos del Estado.

Artículo 80. Coeficiente de revisión.

El resultado de aplicar las ponderaciones previstas en el apartado 1 del
artículo anterior a los índices de precios definidos en su apartado 4,
proporcionará en cada fecha, respecto a la fecha y periodos determinados en el
apartado 3 del citado artículo, un coeficiente que se aplicará a los importes
líquidos de las prestaciones realizadas que tengan derecho a revisión a los
efectos de calcular el precio que corresponda satisfacer.

Artículo 81. Revisión en casos de demora en la ejecución.

Cuando la cláusula de revisión se aplique sobre períodos de tiempo en los que
el contratista hubiese incurrido en mora y sin perjuicio de las penalidades que
fueren procedentes, los índices de precios que habrán de ser tenidos en cuenta
serán aquéllos que hubiesen correspondido a las fechas establecidas en el
contrato para la realización de la prestación en plazo, salvo que los
correspondientes al período real de ejecución produzcan un coeficiente inferior,
en cuyo caso se aplicarán estos últimos.

Artículo 82. Pago del importe de la revisión.

El importe de las revisiones que procedan se hará efectivo, de oficio,
mediante el abono o descuento correspondiente en las certificaciones o pagos
parciales o, excepcionalmente, cuando no hayan podido incluirse en las
certificaciones o pagos parciales, en la liquidación del contrato.

TÍTULO IV

Garantías exigibles en la contratación del sector público

CAPÍTULO I

Garantías a prestar en los contratos celebrados con las Administraciones
Públicas

Sección 1.ª Garantía definitiva

Artículo 83. Exigencia de garantía.

1. Los que resulten adjudicatarios provisionales de los contratos que
celebren las Administraciones Públicas deberán constituir a disposición del
órgano de contratación una garantía de un 5 por ciento del importe de
adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. En el caso de los
contratos con precios provisionales a que se refiere el artículo 75.5, el
porcentaje se calculará con referencia al precio máximo fijado.

No obstante, atendidas las circunstancias concurrentes en el contrato, el
órgano de contratación podrá eximir al adjudicatario de la obligación de
constituir garantía, justificándolo adecuadamente en los pliegos, especialmente
en el caso de suministros de bienes consumibles cuya entrega y recepción deba
efectuarse antes del pago del precio. Esta exención no será posible en el caso
de contratos de obras y de concesión de obras públicas.

2. En casos especiales, el órgano de contratación podrá establecer en el
pliego de cláusulas que, además de la garantía a que se refiere el apartado
anterior, se preste una complementaria de hasta un 5 por ciento del importe de
adjudicación del contrato, pudiendo alcanzar la garantía total un 10 por ciento
del precio del contrato.

3. Cuando la cuantía del contrato se determine en función de precios
unitarios, el importe de la garantía a constituir se fijará atendiendo al
presupuesto base de licitación.

Artículo 84. Garantías admitidas.

1. Las garantías exigidas en los contratos celebrados con las
Administraciones Públicas podrán prestarse en alguna de las siguientes
formas:

a) En efectivo o en valores de Deuda Pública, con sujeción, en cada caso, a
las condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El
efectivo y los certificados de inmovilización de los valores anotados se
depositarán en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en
las Delegaciones de Economía y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos
públicos equivalentes de las Comunidades Autónomas o Entidades locales
contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y con las
condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan.

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las
normas de desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros,
cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de
garantía recíproca autorizados para operar en España, que deberá depositarse en
los establecimientos señalados en la letra a) anterior.

c) Mediante contrato de seguro de caución, celebrado en la forma y
condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una
entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. El certificado del seguro
deberá entregarse en los establecimientos señalados en la letra a) anterior.

2. Cuando así se prevea en los pliegos, la garantía que, eventualmente, deba
prestarse en contratos distintos a los de obra y concesión de obra pública podrá
constituirse mediante retención en el precio.

3. Cuando así se prevea en el pliego, la acreditación de la constitución de
la garantía podrá hacerse mediante medios electrónicos, informáticos o
telemáticos.

Artículo 85. Régimen de las garantías prestadas por terceros.

1. Las personas o entidades distintas del contratista que presten garantías a
favor de éste no podrán utilizar el beneficio de excusión a que se refieren los
artículos 1.830 y concordantes del Código Civil.

2. El avalista o asegurador será considerado parte interesada en los
procedimientos que afecten a la garantía prestada, en los términos previstos en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3. En el contrato de seguro de caución se aplicarán las siguientes
normas:

a) Tendrá la condición de tomador del seguro el contratista y la de asegurado
la Administración contratante.

b) La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguientes, no dará
derecho al asegurador a resolver el contrato, ni extinguirá el seguro, ni
suspenderá la cobertura, ni liberará al asegurador de su obligación, en el caso
de que éste deba hacer efectiva la garantía.

c) El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan
corresponderle contra el tomador del seguro.

Artículo 86. Garantía global.

1. Alternativamente a la prestación de una garantía singular para cada
contrato, el empresario podrá constituir una garantía global para afianzar las
responsabilidades que puedan derivarse de la ejecución de todos los que celebre
con una Administración Pública, o con uno o varios órganos de contratación.

2. La garantía global deberá constituirse en alguna de las modalidades
previstas en las letras b) y c) del apartado 1 del artículo 84, y ser depositada
en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las
Delegaciones de Economía y Hacienda o en las cajas o establecimientos públicos
equivalentes de las Comunidades Autónomas o Entidades Locales contratantes,
según la Administración ante la que deba surtir efecto.

3. La garantía global responderá, genérica y permanentemente, del
cumplimiento por el adjudicatario de las obligaciones derivadas de los contratos
cubiertos por la misma hasta el 5 por ciento, o porcentaje mayor que proceda,
del importe de adjudicación o del presupuesto base de licitación, cuando el
precio se determine en función de precios unitarios, sin perjuicio de que la
indemnización de daños y perjuicios a favor de la Administración que, en su
caso, pueda ser procedente, se haga efectiva sobre el resto de la garantía
global.

4. A efectos de la afectación de la garantía global a un contrato concreto,
la caja o establecimiento donde se hubiese constituido emitirá, a petición de
los interesados, una certificación acreditativa de su existencia y suficiencia,
en un plazo máximo de tres días hábiles desde la presentación de la solicitud en
tal sentido, procediendo a inmovilizar el importe de la garantía a constituir,
que se liberará cuando quede cancelada la garantía.

Artículo 87. Constitución, reposición y reajuste de garantías.

1. El adjudicatario provisional del contrato deberá acreditar en el plazo
señalado en el artículo 135.4, la constitución de la garantía. De no cumplir
este requisito por causas a él imputables, la Administración declarará decaída
la adjudicación provisional a su favor, siendo de aplicación lo dispuesto en el
artículo 135.5.

2. En caso de que se hagan efectivas sobre la garantía las penalidades o
indemnizaciones exigibles al adjudicatario, este deberá reponer o ampliar
aquélla, en la cuantía que corresponda, en el plazo de quince días desde la
ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución.

3. Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente
variación el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde
la debida proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días
contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de
modificación. A estos efectos no se considerarán las variaciones de precio que
se produzcan como consecuencia de una revisión del mismo conforme a lo señalado
en el Capítulo II del Título III de este Libro.

Artículo 88. Responsabilidades a que están afectas las garantías.

La garantía responderá de los siguientes conceptos:

a) De las penalidades impuestas al contratista conforme al artículo 196.

b) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato,
de los gastos originados a la Administración por la demora del contratista en el
cumplimiento de sus obligaciones, y de los daños y perjuicios ocasionados a la
misma con motivo de la ejecución del contrato o por su incumplimiento, cuando no
proceda su resolución.

c) De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del
contrato, de acuerdo con lo que en él o en esta Ley esté establecido.

d) Además, en el contrato de suministro la garantía definitiva responderá de
la inexistencia de vicios o defectos de los bienes suministrados durante el
plazo de garantía que se haya previsto en el contrato.

Artículo 89. Preferencia en la ejecución de garantías.

1. Para hacer efectiva la garantía, la Administración contratante tendrá
preferencia sobre cualquier otro acreedor, sea cual fuere la naturaleza del
mismo y el título del que derive su crédito.

2. Cuando la garantía no sea bastante para cubrir las responsabilidades a las
que está afecta, la Administración procederá al cobro de la diferencia mediante
el procedimiento administrativo de apremio, con arreglo a lo establecido en las
normas de recaudación.

Artículo 90. Devolución y cancelación de las garantías.

1. La garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato de
que se trate, o hasta que se declare la resolución de éste sin culpa del
contratista.

2. Aprobada la liquidación del contrato y transcurrido el plazo de garantía,
si no resultaren responsabilidades se devolverá la garantía constituida o se
cancelará el aval o seguro de caución.

El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el
plazo de dos meses desde la finalización del plazo de garantía. Transcurrido el
mismo, la Administración deberá abonar al contratista la cantidad adeudada
incrementada con el interés legal del dinero correspondiente al período
transcurrido desde el vencimiento del citado plazo hasta la fecha de la
devolución de la garantía, si ésta no se hubiera hecho efectiva por causa
imputable a la Administración.

3. En el supuesto de recepción parcial sólo podrá el contratista solicitar la
devolución o cancelación de la parte proporcional de la garantía cuando así se
autorice expresamente en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

4. En los casos de cesión de contratos no se procederá a la devolución o
cancelación de la garantía prestada por el cedente hasta que se halle
formalmente constituida la del cesionario.

5. Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, sin que la
recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables
al contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de
las garantías una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el
artículo 88.

Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 euros, si se trata de
contratos de obras, o a 100.000 euros, en el caso de otros contratos, el plazo
se reducirá a seis meses.

Sección 2.ª Garantía provisional

Artículo 91. Exigencia y régimen.

1. Considerando las circunstancias concurrentes en cada contrato, los órganos
de contratación podrán exigir a los licitadores la constitución de una garantía
que responda del mantenimiento de sus ofertas hasta la adjudicación provisional
del contrato. Para el licitador que resulte adjudicatario provisional, la
garantía responderá también del cumplimiento de las obligaciones que le impone
el segundo párrafo del artículo 135.4.

2. En los pliegos de cláusulas administrativas se determinará el importe de
la garantía provisional, que no podrá ser superior a un 3 por ciento del
presupuesto del contrato, y el régimen de su devolución. La garantía provisional
podrá prestarse en cualquiera de las formas previstas en el artículo 84.

3. Cuando se exijan garantías provisionales éstas se depositarán, en las
condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, en la
siguiente forma:

a) En la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las
Delegaciones de Economía y Hacienda, o en la Caja o establecimiento público
equivalente de las Comunidades Autónomas o Entidades locales contratantes ante
las que deban surtir efecto cuando se trate de garantías en efectivo.

b) Ante el órgano de contratación, cuando se trate de certificados de
inmovilización de valores anotados, de avales o de certificados de seguro de
caución.

4. La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a
los licitadores inmediatamente después de la adjudicación definitiva del
contrato. En todo caso, la garantía será retenida al adjudicatario hasta que
proceda a la constitución de la garantía definitiva, e incautada a las empresas
que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación.

5. El adjudicatario podrá aplicar el importe de la garantía provisional a la
definitiva o proceder a una nueva constitución de esta última, en cuyo caso la
garantía provisional se cancelará simultáneamente a la constitución de la
definitiva.

CAPÍTULO II

Garantías a prestar en otros contratos del sector público

Artículo 92. Supuestos y régimen.

1. En los contratos que celebren los entes, organismos y entidades del sector
público que no tengan la consideración de Administraciones Públicas, los órganos
de contratación podrán exigir la prestación de una garantía a los licitadores o
candidatos, para responder del mantenimiento de sus ofertas hasta la
adjudicación provisional y, en su caso, definitiva del contrato o al
adjudicatario, para asegurar la correcta ejecución de la prestación.

2. El importe de la garantía, que podrá presentarse en alguna de las formas
previstas en el artículo 84, así como el régimen de su devolución o cancelación
serán establecidos por el órgano de contratación, atendidas las circunstancias y
características del contrato.

LIBRO II

Preparación de los contratos

TÍTULO I

Preparación de contratos por las Administraciones Públicas

CAPÍTULO I

Normas generales

Sección 1.ª Expediente de contratación

Subsección 1.ª Tramitación Ordinaria

Artículo 93. Expediente de contratación: iniciación y contenido.

1. La celebración de contratos por parte de las Administraciones Públicas
requerirá la previa tramitación del correspondiente expediente, que se iniciará
por el órgano de contratación motivando la necesidad del contrato en los
términos previstos en el artículo 22 de esta Ley.

2. El expediente deberá referirse a la totalidad del objeto del contrato, sin
perjuicio de lo previsto en el apartado 3 del artículo 74 acerca de su eventual
división en lotes, a efectos de la licitación y adjudicación.

3. Al expediente se incorporarán el pliego de cláusulas administrativas
particulares y el de prescripciones técnicas que hayan de regir el contrato. En
el caso de que el procedimiento elegido para adjudicar el contrato sea el de
diálogo competitivo regulado en la sección 5.ª, del Capítulo I, del Título I,
del Libro III, los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones
técnicas serán sustituidos por el documento descriptivo a que hace referencia el
artículo 165.1.

Asimismo, deberá incorporarse el certificado de existencia de crédito o
documento que legalmente le sustituya, y la fiscalización previa de la
intervención, en su caso, en los términos previstos en la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre.

4. En el expediente se justificará adecuadamente la elección del
procedimiento y la de los criterios que se tendrán en consideración para
adjudicar el contrato.

5. Si la financiación del contrato ha de realizarse con aportaciones de
distinta procedencia, aunque se trate de órganos de una misma Administración
pública, se tramitará un solo expediente por el órgano de contratación al que
corresponda la adjudicación del contrato, debiendo acreditarse en aquél la plena
disponibilidad de todas las aportaciones y determinarse el orden de su abono,
con inclusión de una garantía para su efectividad.

Artículo 94. Aprobación del expediente.

1. Completado el expediente de contratación, se dictará resolución motivada
por el órgano de contratación aprobando el mismo y disponiendo la apertura del
procedimiento de adjudicación. Dicha resolución implicará también la aprobación
del gasto, salvo el supuesto excepcional previsto en la letra a) del apartado 3
del artículo 134, o que las normas de desconcentración o el acto de delegación
hubiesen establecido lo contrario, en cuyo caso deberá recabarse la aprobación
del órgano competente.

2. Los expedientes de contratación podrán ultimarse incluso con la
adjudicación y formalización del correspondiente contrato, aun cuando su
ejecución, ya se realice en una o en varias anualidades, deba iniciarse en el
ejercicio siguiente. A estos efectos podrán comprometerse créditos con las
limitaciones que se determinen en las normas presupuestarias de las distintas
Administraciones públicas sujetas a esta Ley.

Artículo 95. Expediente de contratación en contratos menores.

1. En los contratos menores definidos en el artículo 122.3, la tramitación
del expediente sólo exigirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo
de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas
de desarrollo de esta Ley establezcan.

2. En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de
las obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando
normas específicas así lo requieran. Deberá igualmente solicitarse el informe de
supervisión a que se refiere el artículo 109 cuando el trabajo afecte a la
estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

Subsección 2.ª Tramitación abreviada del expediente

Artículo 96. Tramitación urgente del expediente.

1. Podrán ser objeto de tramitación urgente los expedientes correspondientes
a los contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya
adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público. A tales
efectos el expediente deberá contener la declaración de urgencia hecha por el
órgano de contratación, debidamente motivada.

2. Los expedientes calificados de urgentes se tramitarán siguiendo el mismo
procedimiento que los ordinarios, con las siguientes especialidades:

a) Los expedientes gozarán de preferencia para su despacho por los distintos
órganos que intervengan en la tramitación, que dispondrán de un plazo de cinco
días para emitir los respectivos informes o cumplimentar los trámites
correspondientes.

Cuando la complejidad del expediente o cualquier otra causa igualmente
justificada impida cumplir el plazo antes indicado, los órganos que deban
evacuar el trámite lo pondrán en conocimiento del órgano de contratación que
hubiese declarado la urgencia. En tal caso el plazo quedará prorrogado hasta
diez días.

b) Acordada la apertura del procedimiento de adjudicación, los plazos
establecidos en esta Ley para la licitación y adjudicación del contrato se
reducirán a la mitad, salvo el plazo de quince días hábiles establecido en el
párrafo primero del artículo 135.4 como periodo de espera antes de la elevación
a definitiva de la adjudicación provisional, que quedará reducido a diez días
hábiles.

No obstante, cuando se trate de procedimientos relativos a contratos sujetos
a regulación armonizada, esta reducción no afectará a los plazos establecidos en
los artículos 142 y 143 para la facilitación de información a los licitadores y
la presentación de proposiciones en el procedimiento abierto. En los
procedimientos restringidos y en los negociados en los que, conforme a lo
previsto en el artículo 161.1, proceda la publicación de un anuncio de la
licitación, el plazo para la presentación de solicitudes de participación podrá
reducirse hasta quince días contados desde el envío del anuncio de licitación, o
hasta diez, si este envío se efectúa por medios electrónicos, informáticos o
telemáticos, y el plazo para facilitar la información suplementaria a que se
refiere el artículo 150.4 se reducirá a cuatro días. En el procedimiento
restringido, el plazo para la presentación de proposiciones previsto en el
artículo 151.1 podrá reducirse hasta diez días a partir de la fecha del envío de
la invitación para presentar ofertas.

c) La Administración podrá acordar el comienzo de la ejecución del contrato
aunque no se haya formalizado éste, siempre que, en su caso, se haya constituido
la garantía correspondiente.

d) El plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá ser superior a
quince días hábiles, contados desde la notificación de la adjudicación
definitiva. Si se excediese este plazo, el contrato podrá ser resuelto, salvo
que el retraso se debiera a causas ajenas a la Administración contratante y al
contratista y así se hiciera constar en la correspondiente resolución
motivada.

Artículo 97. Tramitación de emergencia.

1. Cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de
acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de
necesidades que afecten a la defensa nacional, se estará al siguiente régimen
excepcional:

a) El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente
administrativo, podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el
acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, o contratar
libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos
formales establecidos en la presente Ley, incluso el de la existencia de crédito
suficiente. El acuerdo correspondiente se acompañará de la oportuna retención de
crédito o documentación que justifique la iniciación del expediente de
modificación de crédito.

b) Si el contrato ha sido celebrado por la Administración General del Estado,
sus Organismos autónomos, entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad
Social o demás entidades públicas estatales, se dará cuenta de dichos acuerdos
al Consejo de Ministros en el plazo máximo de sesenta días.

c) Simultáneamente, por el Ministerio de Economía y Hacienda, si se trata de
la Administración General del Estado, o por los representantes legales de los
organismos autónomos y entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad
Social, se autorizará el libramiento de los fondos precisos para hacer frente a
los gastos, con carácter de a justificar.

d) Ejecutadas las actuaciones objeto de este régimen excepcional, se
procederá a cumplimentar los trámites necesarios para la intervención y
aprobación de la cuenta justificativa, sin perjuicio de los ajustes precisos que
se establezcan reglamentariamente a efectos de dar cumplimiento al artículo 49
de la Ley General Presupuestaria.

e) El plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no podrá ser
superior a un mes, contado desde la adopción del acuerdo previsto en la letra
a). Si se excediese este plazo, la contratación de dichas prestaciones requerirá
la tramitación de un procedimiento ordinario.

Asimismo, transcurrido dicho plazo, se rendirá la cuenta justificativa del
libramiento que, en su caso, se hubiese efectuado, con reintegro de los fondos
no invertidos. En las normas de desarrollo de esta Ley se desarrollará el
procedimiento de control de estas obligaciones.

2. Las restantes prestaciones que sean necesarias para completar la actuación
acometida por la Administración y que no tengan carácter de emergencia se
contratarán con arreglo a la tramitación ordinaria regulada en esta Ley.

Sección 2.ª Pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones
técnicas

Artículo 98. Pliegos de cláusulas administrativas generales.

1. El Consejo de Ministros, a iniciativa de los Ministerios interesados, a
propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, y previo dictamen del Consejo de
Estado, podrá aprobar pliegos de cláusulas administrativas generales, que
deberán ajustarse en su contenido a los preceptos de esta Ley y de sus
disposiciones de desarrollo, para su utilización en los contratos que se
celebren por los órganos de contratación de la Administración General del
Estado, sus Organismos autónomos, Entidades gestoras y Servicios comunes de la
Seguridad Social y demás entidades públicas estatales.

2. Cuando se trate de pliegos generales para la adquisición de bienes y
servicios relacionados con las tecnologías para la información, la propuesta al
Consejo de Ministros corresponderá conjuntamente al Ministro de Economía y
Hacienda y al Ministro de Administraciones Públicas.

3. Las Comunidades Autónomas y las entidades que integran la Administración
Local podrán aprobar pliegos de cláusulas administrativas generales, de acuerdo
con sus normas específicas, previo dictamen del Consejo de Estado u órgano
consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva, si lo hubiera.

Artículo 99. Pliegos de cláusulas administrativas particulares.

1. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares deberán aprobarse
previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre
antes de la licitación del contrato, o de no existir ésta, antes de su
adjudicación provisional.

2. En los pliegos de cláusulas administrativas particulares se incluirán los
pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las partes
del contrato y las demás menciones requeridas por esta Ley y sus normas de
desarrollo. En el caso de contratos mixtos, se detallará el régimen jurídico
aplicable a sus efectos, cumplimiento y extinción, atendiendo a las normas
aplicables a las diferentes prestaciones fusionadas en ellos.

3. Los contratos se ajustarán al contenido de los pliegos particulares, cuyas
cláusulas se consideran parte integrante de los mismos.

4. La aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares
corresponderá al órgano de contratación, que podrá, asimismo, aprobar modelos de
pliegos particulares para determinadas categorías de contratos de naturaleza
análoga.

5. La Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado deberá
informar con carácter previo todos los pliegos particulares en que se proponga
la inclusión de estipulaciones contrarias a los correspondientes pliegos
generales.

6. En la Administración General del Estado, sus organismos autónomos,
entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y demás entidades
públicas estatales, la aprobación de los pliegos y de los modelos requerirá el
informe previo del Servicio Jurídico respectivo. Este informe no será necesario
cuando el pliego de cláusulas administrativas particulares se ajuste a un modelo
de pliego que haya sido previamente objeto de este informe.

Artículo 100. Pliegos de prescripciones técnicas.

1. El órgano de contratación aprobará con anterioridad a la autorización del
gasto o conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato, o
de no existir ésta, antes de su adjudicación provisional, los pliegos y
documentos que contengan las prescripciones técnicas particulares que hayan de
regir la realización de la prestación y definan sus calidades, de conformidad
con los requisitos que para cada contrato establece la presente Ley.

2. Previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del
Estado, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro correspondiente, podrá
establecer los pliegos de prescripciones técnicas generales a que hayan de
ajustarse la Administración General del Estado, sus organismos autónomos,
entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y demás entidades
públicas estatales.

Artículo 101. Reglas para el establecimiento de prescripciones técnicas.

1. Las prescripciones técnicas se definirán, en la medida de lo posible,
teniendo en cuenta criterios de accesibilidad universal y de diseño para todos,
tal como son definidos estos términos en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad, y, siempre que el objeto del contrato afecte o pueda
afectar al medio ambiente, aplicando criterios de sostenibilidad y protección
ambiental, de acuerdo con las definiciones y principios regulados en los
artículos 3 y 4, respectivamente, de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de
prevención y control integrados de la contaminación.

De no ser posible definir las prescripciones técnicas teniendo en cuenta
criterios de accesibilidad universal y de diseño para todos, deberá motivarse
suficientemente esta circunstancia.

2. Las prescripciones técnicas deberán permitir el acceso en condiciones de
igualdad de los licitadores, sin que puedan tener por efecto la creación de
obstáculos injustificados a la apertura de los contratos públicos a la
competencia.

3. Sin perjuicio de las instrucciones y reglamentos técnicos nacionales que
sean obligatorios, siempre y cuando sean compatibles con el derecho comunitario,
las prescripciones técnicas podrán definirse de alguna de las siguientes
formas:

a) Haciendo referencia, de acuerdo con el siguiente orden de prelación, a
especificaciones técnicas contenidas en normas nacionales que incorporen normas
europeas, a documentos de idoneidad técnica europeos, a especificaciones
técnicas comunes, a normas internacionales, a otros sistemas de referencias
técnicas elaborados por los organismos europeos de normalización o, en su
defecto, a normas nacionales, a documentos de idoneidad técnica nacionales o a
especificaciones técnicas nacionales en materia de proyecto, cálculo y
realización de obras y de puesta en funcionamiento de productos, acompañando
cada referencia de la mención «o equivalente».

b) En términos de rendimiento o de exigencias funcionales, incorporando a
éstas últimas, cuando el objeto del contrato afecte o pueda afectar al medio
ambiente, la contemplación de características medioambientales. Los parámetros
empleados deben ser suficientemente precisos como para permitir la determinación
del objeto del contrato por los licitadores y la adjudicación del mismo a los
órganos de contratación.

c) En términos de rendimiento o de exigencias funcionales, conforme a lo
indicado en la letra b), haciendo referencia, como medio de presunción de
conformidad con los mismos, a las especificaciones citadas en la letra a).

d) Haciendo referencia a las especificaciones técnicas mencionadas en la
letra a), para ciertas características, y al rendimiento o a las exigencias
funcionales mencionados en la letra b), para otras.

4. Cuando las prescripciones técnicas se definan en la forma prevista en la
letra a) del apartado anterior, el órgano de contratación no podrá rechazar una
oferta basándose en que los productos y servicios ofrecidos no se ajustan a las
especificaciones a las que se ha hecho referencia, siempre que en su oferta el
licitador pruebe, por cualquier medio adecuado, que las soluciones que propone
cumplen de forma equivalente los requisitos definidos en las correspondiente
prescripciones técnicas. A estos efectos, un informe técnico del fabricante o un
informe de ensayos elaborado por un organismo técnico oficialmente reconocido
podrán constituir un medio de prueba adecuado.

5. Cuando las prescripciones se establezcan en términos de rendimiento o de
exigencias funcionales, no podrá rechazarse una oferta de obras, productos o
servicios que se ajusten a una norma nacional que incorpore una norma europea, a
un documento de idoneidad técnica europeo, a una especificación técnica común, a
una norma internacional o al sistema de referencias técnicas elaborado por un
organismo europeo de normalización, siempre que estos documentos técnicos tengan
por objeto los rendimientos o las exigencias funcionales exigidos por las
prescripciones.

En estos casos, el licitador debe probar en su oferta, que las obras,
productos o servicios conformes a la norma o documento técnico cumplen las
prescripciones técnicas establecidas por el órgano de contratación. A estos
efectos, un informe técnico del fabricante o un informe de ensayos elaborado por
un organismo técnico oficialmente reconocido podrán constituir un medio adecuado
de prueba.

6. Cuando se prescriban características medioambientales en términos de
rendimientos o de exigencias funcionales, podrán utilizarse prescripciones
detalladas o, en su caso, partes de éstas, tal como se definen en las etiquetas
ecológicas europeas, nacionales o plurinacionales, o en cualquier otra etiqueta
ecológica, siempre que éstas sean apropiadas para definir las características de
los suministros o de las prestaciones que sean objeto del contrato, sus
exigencias se basen en información científica, en el procedimiento para su
adopción hayan podido participar todas las partes concernidas tales como
organismos gubernamentales, consumidores, fabricantes, distribuidores y
organizaciones medioambientales, y que sean accesibles a todas las partes
interesadas.

Los órganos de contratación podrán indicar que los productos o servicios
provistos de la etiqueta ecológica se consideran acordes con las
especificaciones técnicas definidas en el pliego de prescripciones técnicas, y
deberán aceptar cualquier otro medio de prueba adecuado, como un informe técnico
del fabricante o un informe de ensayos elaborado por un organismo técnico
oficialmente reconocido.

7. A efectos del presente artículo, se entenderá por «organismos técnicos
oficialmente reconocidos» aquellos laboratorios de ensayos, entidades de
calibración, y organismos de inspección y certificación que, siendo conformes
con las normas aplicables, hayan sido oficialmente reconocidos por las
Administraciones Públicas en el ámbito de sus respectivas competencias.

Los órganos de contratación deberán aceptar los certificados expedidos por
organismos reconocidos en otros Estados miembros.

8. Salvo que lo justifique el objeto del contrato, las especificaciones
técnicas no podrán mencionar una fabricación o una procedencia determinada o un
procedimiento concreto, ni hacer referencia a una marca, a una patente o a un
tipo, a un origen o a una producción determinados con la finalidad de favorecer
o descartar ciertas empresas o ciertos productos. Tal mención o referencia se
autorizará, con carácter excepcional, en el caso en que no sea posible hacer una
descripción lo bastante precisa e inteligible del objeto del contrato en
aplicación de los apartados 3 y 4 de este artículo y deberá ir acompañada de la
mención «o equivalente».

Artículo 102. Condiciones especiales de ejecución del contrato.

1. Los órganos de contratación podrán establecer condiciones especiales en
relación con la ejecución del contrato, siempre que sean compatibles con el
derecho comunitario y se indiquen en el anuncio de licitación y en el pliego o
en el contrato. Estas condiciones de ejecución podrán referirse, en especial, a
consideraciones de tipo medioambiental o a consideraciones de tipo social, con
el fin de promover el empleo de personas con dificultades particulares de
inserción en el mercado laboral, eliminar las desigualdades entre el hombre y la
mujer en dicho mercado, combatir el paro, favorecer la formación en el lugar de
trabajo, u otras finalidades que se establezcan con referencia a la estrategia
coordinada para el empleo, definida en el artículo 125 del Tratado Constitutivo
de la Comunidad Europea, o garantizar el respeto a los derechos laborales
básicos a lo largo de la cadena de producción mediante la exigencia del
cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Internacional
del Trabajo.

2. Los pliegos o el contrato podrán establecer penalidades, conforme a lo
prevenido en el artículo 196.1, para el caso de incumplimiento de estas
condiciones especiales de ejecución, o atribuirles el carácter de obligaciones
contractuales esenciales a los efectos señalados en el artículo 206.g). Cuando
el incumplimiento de estas condiciones no se tipifique como causa de resolución
del contrato, el mismo podrá ser considerado en los pliegos o en el contrato, en
los términos que se establezcan reglamentariamente, como infracción grave a los
efectos establecidos en el artículo 49.2.e).

Artículo 103. Información sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad,
protección del medio ambiente, empleo y condiciones laborales.

1. El órgano de contratación podrá señalar en el pliego el organismo u
organismos de los que los candidatos o licitadores puedan obtener la información
pertinente sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad, a la protección del
medio ambiente, y a las disposiciones vigentes en materia de protección del
empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, que serán
aplicables a los trabajos efectuados en la obra o a los servicios prestados
durante la ejecución del contrato.

2. El órgano de contratación que facilite la información a la que se refiere
el apartado 1 solicitará a los licitadores o a los candidatos en un
procedimiento de adjudicación de contratos que manifiesten haber tenido en
cuenta en la elaboración de sus ofertas las obligaciones derivadas de las
disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de
trabajo y prevención de riesgos laborales, y protección del medio ambiente.

Esto no obstará para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 136 sobre
verificación de las ofertas que incluyan valores anormales o
desproporcionados.

Artículo 104. Información sobre las condiciones de subrogación en contratos
de trabajo.

En aquellos contratos que impongan al adjudicatario la obligación de
subrogarse como empleador en determinadas relaciones laborales, el órgano de
contratación deberá facilitar a los licitadores, en el propio pliego o en la
documentación complementaria, la información sobre las condiciones de los
contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación que resulte
necesaria para permitir la evaluación de los costes laborales que implicará tal
medida. A estos efectos, la empresa que viniese efectuando la prestación objeto
del contrato a adjudicar y que tenga la condición de empleadora de los
trabajadores afectados estará obligada a proporcionar la referida información al
órgano de contratación, a requerimiento de éste.

CAPÍTULO II

Normas especiales para la preparación de determinados contratos

Sección 1.ª Actuaciones preparatorias del contrato de obras

Subsección 1.ª Proyecto de obras y replanteo

Artículo 105. Proyecto de obras.

1. En los términos previstos en esta Ley, la adjudicación de un contrato de
obras requerirá la previa elaboración, supervisión, aprobación y replanteo del
correspondiente proyecto que definirá con precisión el objeto del contrato. La
aprobación del proyecto corresponderá al órgano de contratación salvo que tal
competencia esté específicamente atribuida a otro órgano por una norma
jurídica.

2. En el supuesto de adjudicación conjunta de proyecto y obra, la ejecución
de ésta quedará condicionada a la supervisión, aprobación y replanteo del
proyecto por el órgano de contratación.

Artículo 106. Clasificación de las obras.

1. A los efectos de elaboración de los proyectos se clasificarán las obras,
según su objeto y naturaleza, en los grupos siguientes:

a) Obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación.

b) Obras de reparación simple, restauración o rehabilitación.

c) Obras de conservación y mantenimiento.

d) Obras de demolición.

2. Son obras de primer establecimiento las que dan lugar a la creación de un
bien inmueble.

3. El concepto general de reforma abarca el conjunto de obras de ampliación,
mejora, modernización, adaptación, adecuación o refuerzo de un bien inmueble ya
existente.

4. Se consideran como obras de reparación las necesarias para enmendar un
menoscabo producido en un bien inmueble por causas fortuitas o accidentales.
Cuando afecten fundamentalmente a la estructura resistente tendrán la
calificación de gran reparación y, en caso contrario, de reparación simple.

5. Si el menoscabo se produce en el tiempo por el natural uso del bien, las
obras necesarias para su enmienda tendrán el carácter de conservación. Las obras
de mantenimiento tendrán el mismo carácter que las de conservación.

6. Son obras de restauración aquéllas que tienen por objeto reparar una
construcción conservando su estética, respetando su valor histórico y
manteniendo su funcionalidad.

7. Son obras de rehabilitación aquéllas que tienen por objeto reparar una
construcción conservando su estética, respetando su valor histórico y dotándola
de una nueva funcionalidad que sea compatible con los elementos y valores
originales del inmueble.

8. Son obras de demolición las que tengan por objeto el derribo o la
destrucción de un bien inmueble.

Artículo 107. Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su
elaboración.

1. Los proyectos de obras deberán comprender, al menos:

a) Una memoria en la que se describa el objeto de las obras, que recogerá los
antecedentes y situación previa a las mismas, las necesidades a satisfacer y la
justificación de la solución adoptada, detallándose los factores de todo orden a
tener en cuenta.

b) Los planos de conjunto y de detalle necesarios para que la obra quede
perfectamente definida, así como los que delimiten la ocupación de terrenos y la
restitución de servidumbres y demás derechos reales, en su caso, y servicios
afectados por su ejecución.

c) El pliego de prescripciones técnicas particulares, donde se hará la
descripción de las obras y se regulará su ejecución, con expresión de la forma
en que esta se llevará a cabo, las obligaciones de orden técnico que
correspondan al contratista, y la manera en que se llevará a cabo la medición de
las unidades ejecutadas y el control de calidad de los materiales empleados y
del proceso de ejecución.

d) Un presupuesto, integrado o no por varios parciales, con expresión de los
precios unitarios y de los descompuestos, en su caso, estado de mediciones y los
detalles precisos para su valoración.

e) Un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter
indicativo, con previsión, en su caso, del tiempo y coste.

f) Las referencias de todo tipo en que se fundamentará el replanteo de la
obra.

g) El estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio básico de
seguridad y salud, en los términos previstos en las normas de seguridad y salud
en las obras.

h) Cuanta documentación venga prevista en normas de carácter legal o
reglamentario.

2. No obstante, para los proyectos de obras de primer establecimiento,
reforma o gran reparación inferiores a 350.000 euros, y para los restantes
proyectos enumerados en el artículo anterior, se podrá simplificar, refundir o
incluso suprimir, alguno o algunos de los documentos anteriores en la forma que
en las normas de desarrollo de esta Ley se determine, siempre que la
documentación resultante sea suficiente para definir, valorar y ejecutar las
obras que comprenda. No obstante, solo podrá prescindirse de la documentación
indicada en la letra g) del apartado anterior en los casos en que así esté
previsto en la normativa específica que la regula.

3. Salvo que ello resulte incompatible con la naturaleza de la obra, el
proyecto deberá incluir un estudio geotécnico de los terrenos sobre los que ésta
se va a ejecutar, así como los informes y estudios previos necesarios para la
mejor determinación del objeto del contrato.

4. Cuando la elaboración del proyecto haya sido contratada íntegramente por
la Administración, el autor o autores del mismo incurrirán en responsabilidad en
los términos establecidos en los artículos 286 a 288. En el supuesto de que la
prestación se llevara a cabo en colaboración con la Administración y bajo su
supervisión, las responsabilidades se limitarán al ámbito de la
colaboración.

5. Los proyectos deberán sujetarse a las instrucciones técnicas que sean de
obligado cumplimiento.

Artículo 108. Presentación del proyecto por el empresario.

1. La contratación conjunta de la elaboración del proyecto y la ejecución de
las obras correspondientes tendrá carácter excepcional y solo podrá efectuarse
en los siguientes supuestos cuya concurrencia deberá justificarse debidamente en
el expediente:

a) Cuando motivos de orden técnico obliguen necesariamente a vincular al
empresario a los estudios de las obras. Estos motivos deben estar ligados al
destino o a las técnicas de ejecución de la obra.

b) Cuando se trate de obras cuya dimensión excepcional o dificultades
técnicas singulares, requieran soluciones aportadas con medios y capacidad
técnica propias de las empresas.

2. En todo caso, la licitación de este tipo de contrato requerirá la
redacción previa por la Administración o entidad contratante del correspondiente
anteproyecto o documento similar y solo, cuando por causas justificadas fuera
conveniente al interés público, podrá limitarse a redactar las bases técnicas a
que el proyecto deba ajustarse.

3. El contratista presentará el proyecto al órgano de contratación para su
supervisión, aprobación y replanteo. Si se observaren defectos o referencias de
precios inadecuados en el proyecto recibido se requerirá su subsanación del
contratista, en los términos del artículo 286, sin que pueda iniciarse la
ejecución de obra hasta que se proceda a una nueva supervisión, aprobación y
replanteo del proyecto. En el supuesto de que el órgano de contratación y el
contratista no llegaren a un acuerdo sobre los precios, el último quedará
exonerado de ejecutar las obras, sin otro derecho frente al órgano de
contratación que el pago de los trabajos de redacción del correspondiente
proyecto.

4. En los casos a que se refiere este artículo, la iniciación del expediente
y la reserva de crédito correspondiente fijarán el importe estimado máximo que
el futuro contrato puede alcanzar. No obstante, no se procederá a la
fiscalización del gasto, a su aprobación, así como a la adquisición del
compromiso generado por el mismo, hasta que se conozca el importe y las
condiciones del contrato de acuerdo con la proposición seleccionada,
circunstancias que serán recogidas en el correspondiente pliego de cláusulas
administrativas particulares.

5. Cuando se trate de la elaboración de un proyecto de obras singulares de
infraestructuras hidráulicas o de transporte cuya entidad o complejidad no
permita establecer el importe estimativo de la realización de las obras, la
previsión del precio máximo a que se refiere el apartado anterior se limitará
exclusivamente al proyecto. La ejecución de la obra quedará supeditada al
estudio de la viabilidad de su financiación y a la tramitación del
correspondiente expediente de gasto. En el supuesto de que se renunciara a la
ejecución de la obra o no se produzca pronunciamiento en un plazo de tres meses,
salvo que el pliego de cláusulas estableciera otro mayor, el contratista tendrá
derecho al pago del precio del proyecto incrementado en el 5 por ciento como
compensación.

Artículo 109. Supervisión de proyectos.

Antes de la aprobación del proyecto, cuando la cuantía del contrato de obras
sea igual o superior a 350.000 euros, los órganos de contratación deberán
solicitar un informe de las correspondientes oficinas o unidades de supervisión
de los proyectos encargadas de verificar que se han tenido en cuenta las
disposiciones generales de carácter legal o reglamentario así como la normativa
técnica que resulten de aplicación para cada tipo de proyecto. La
responsabilidad por la aplicación incorrecta de las mismas en los diferentes
estudios y cálculos se exigirá de conformidad con lo dispuesto en el artículo
108.4. En los proyectos de cuantía inferior a la señalada, el informe tendrá
carácter facultativo, salvo que se trate de obras que afecten a la estabilidad,
seguridad o estanqueidad de la obra en cuyo caso el informe de supervisión será
igualmente preceptivo.

Artículo 110. Replanteo del proyecto.

1. Aprobado el proyecto y previamente a la tramitación del expediente de
contratación de la obra, se procederá a efectuar el replanteo del mismo, el cual
consistirá en comprobar la realidad geométrica de la misma y la disponibilidad
de los terrenos precisos para su normal ejecución, que será requisito
indispensable para la adjudicación en todos los procedimientos. Asimismo se
deberán comprobar cuantos supuestos figuren en el proyecto elaborado y sean
básicos para el contrato a celebrar.

2. En la tramitación de los expedientes de contratación referentes a obras de
infraestructuras hidráulicas, de transporte y de carreteras, se dispensará del
requisito previo de disponibilidad de los terrenos, si bien la ocupación
efectiva de aquéllos deberá ir precedida de la formalización del acta de
ocupación.

3. En los casos de cesión de terrenos o locales por Entidades públicas, será
suficiente para acreditar la disponibilidad de los terrenos, la aportación de
los acuerdos de cesión y aceptación por los órganos competentes.

4. Una vez realizado el replanteo se incorporará el proyecto al expediente de
contratación.

Subsección 2.ª Pliego de Cláusulas Administrativas en contratos bajo la
modalidad de abono total del precio

Artículo 111. Contenido de los pliegos de cláusulas administrativas en los
contratos de obra con abono total del precio.

En los contratos de obras en los que se estipule que la Administración
satisfará el precio mediante un único abono efectuado en el momento de
terminación de la obra, obligándose el contratista a financiar su construcción
adelantando las cantidades necesarias hasta que se produzca la recepción de la
obra terminada, los pliegos de cláusulas administrativas particulares deberán
incluir las condiciones específicas de la financiación, así como, en su caso, la
capitalización de sus intereses y su liquidación, debiendo las ofertas expresar
separadamente el precio de construcción y el precio final a pagar, a efectos de
que en la valoración de las mismas se puedan ponderar las condiciones de
financiación y la refinanciación, en su caso, de los costes de construcción.

Sección 2.ª Actuaciones preparatorias del contrato de concesión de obra
pública

Artículo 112. Estudio de viabilidad.

1. Con carácter previo a la decisión de construir y explotar en régimen de
concesión una obra pública, el órgano que corresponda de la Administración
concedente acordará la realización de un estudio de viabilidad de la misma.

2. El estudio de viabilidad deberá contener, al menos, los datos, análisis,
informes o estudios que procedan sobre los puntos siguientes:

a) Finalidad y justificación de la obra, así como definición de sus
características esenciales.

b) Previsiones sobre la demanda de uso e incidencia económica y social de la
obra en su área de influencia y sobre la rentabilidad de la concesión.

c) Valoración de los datos e informes existentes que hagan referencia al
planeamiento sectorial, territorial o urbanístico.

d) Estudio de impacto ambiental cuando éste sea preceptivo de acuerdo con la
legislación vigente. En los restantes casos, un análisis ambiental de las
alternativas y las correspondientes medidas correctoras y protectoras
necesarias.

e) Justificación de la solución elegida, indicando, entre las alternativas
consideradas si se tratara de infraestructuras viarias o lineales, las
características de su trazado.

f) Riesgos operativos y tecnológicos en la construcción y explotación de la
obra.

g) Coste de la inversión a realizar, así como el sistema de financiación
propuesto para la construcción de la obra con la justificación, asimismo, de la
procedencia de ésta.

h) Estudio de seguridad y salud o, en su caso, estudio básico de seguridad y
salud, en los términos previstos en las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en obras de construcción.

3. La Administración concedente someterá el estudio de viabilidad a
información pública por el plazo de un mes, prorrogable por idéntico plazo en
razón de la complejidad del mismo y dará traslado del mismo para informe a los
órganos de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y
Entidades Locales afectados cuando la obra no figure en el correspondiente
planeamiento urbanístico, que deberán emitirlo en el plazo de un mes.

4. El trámite de información pública previsto en el apartado anterior servirá
también para cumplimentar el concerniente al estudio de impacto ambiental, en
los casos en que la declaración de impacto ambiental resulte preceptiva.

5. Se admitirá la iniciativa privada en la presentación de estudios de
viabilidad de eventuales concesiones. Presentado el estudio será elevado al
órgano competente para que en el plazo de tres meses comunique al particular la
decisión de tramitar o no tramitar el mismo o fije un plazo mayor para su
estudio que, en ningún caso, será superior a seis meses. El silencio de la
Administración o de la entidad que corresponda equivaldrá a la no aceptación del
estudio.

En el supuesto de que el estudio de viabilidad culminara en el otorgamiento
de la correspondiente concesión tras la oportuna licitación, su autor tendrá
derecho, siempre que no haya resultado adjudicatario y salvo que el estudio
hubiera resultado insuficiente de acuerdo con su propia finalidad, al
resarcimiento de los gastos efectuados para su elaboración, incrementados en un
5 por ciento como compensación, gastos que podrán imponerse al concesionario
como condición contractual en el correspondiente pliego de cláusulas
administrativas particulares. El importe de los gastos será determinado por la
Administración concedente en función de los que resulten acreditados por quien
haya presentado el estudio, conformes con la naturaleza y contenido de éste y de
acuerdo con los precios de mercado.

6. La Administración concedente podrá acordar motivadamente la sustitución
del estudio de viabilidad a que se refieren los apartados anteriores por un
estudio de viabilidad económico-financiera cuando por la naturaleza y finalidad
de la obra o por la cuantía de la inversión requerida considerara que éste es
suficiente. En estos supuestos la Administración elaborará además, antes de
licitar la concesión, el correspondiente anteproyecto o proyecto para asegurar
los trámites establecidos en los apartados 3 y 4 del artículo siguiente.

Artículo 113. Anteproyecto de construcción y explotación de la obra.

1. En función de la complejidad de la obra y del grado de definición de sus
características, la Administración concedente, aprobado el estudio de
viabilidad, podrá acordar la redacción del correspondiente anteproyecto. Éste
podrá incluir, de acuerdo con la naturaleza de la obra, zonas complementarias de
explotación comercial.

2. El anteproyecto de construcción y explotación de la obra deberá contener,
como mínimo, la siguiente documentación:

a) Una memoria en la que se expondrán las necesidades a satisfacer, los
factores sociales, técnicos, económicos, medioambientales y administrativos
considerados para atender el objetivo fijado y la justificación de la solución
que se propone. La memoria se acompañará de los datos y cálculos básicos
correspondientes.

b) Los planos de situación generales y de conjunto necesarios para la
definición de la obra.

c) Un presupuesto que comprenda los gastos de ejecución de la obra, incluido
el coste de las expropiaciones que hubiese que llevar a cabo, partiendo de las
correspondientes mediciones aproximadas y valoraciones. Para el cálculo del
coste de las expropiaciones se tendrá en cuenta el sistema legal de valoraciones
vigente.

d) Un estudio relativo al régimen de utilización y explotación de la obra,
con indicación de su forma de financiación y del régimen tarifario que regirá en
la concesión, incluyendo, en su caso, la incidencia o contribución en éstas de
los rendimientos que pudieran corresponder a la zona de explotación
comercial.

3. El anteproyecto se someterá a información pública por el plazo de un mes,
prorrogable por idéntico plazo en razón de su complejidad, para que puedan
formularse cuantas observaciones se consideren oportunas sobre la ubicación y
características de la obra, así como cualquier otra circunstancia referente a su
declaración de utilidad pública, y dará traslado de éste para informe a los
órganos de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y
Entidades Locales afectados. Este trámite de información pública servirá también
para cumplimentar el concerniente al estudio de impacto ambiental, en los casos
en que la declaración de impacto ambiental resulte preceptiva y no se hubiera
efectuado dicho trámite anteriormente por tratarse de un supuesto incluido en el
apartado 6 del artículo anterior.

4. La Administración concedente aprobará el anteproyecto de la obra,
considerando las alegaciones formuladas e incorporando las prescripciones de la
declaración de impacto ambiental, e instará el reconocimiento concreto de la
utilidad pública de ésta a los efectos previstos en la legislación de
expropiación forzosa.

5. Cuando el pliego de cláusulas administrativas particulares lo autorice, y
en los términos que éste establezca, los licitadores a la concesión podrán
introducir en el anteproyecto las variantes o mejoras que estimen
convenientes.

Artículo 114. Proyecto de la obra y replanteo de éste.

1. En el supuesto de que las obras sean definidas en todas sus
características por la Administración concedente, se procederá a la redacción,
supervisión, aprobación y replanteo del correspondiente proyecto de acuerdo con
lo dispuesto en los correspondientes artículos de esta Ley y al reconocimiento
de la utilidad pública de la obra a los efectos previstos en la legislación de
expropiación forzosa.

2. Cuando no existiera anteproyecto, la Administración concedente someterá el
proyecto, antes de su aprobación definitiva, a la tramitación establecida en los
apartados 3 y 4 del artículo anterior para los anteproyectos.

3. Será de aplicación en lo que se refiere a las posibles mejoras del
proyecto de la obra lo dispuesto en el apartado 5 del artículo anterior.

4. El concesionario responderá de los daños derivados de los defectos del
proyecto cuando, según los términos de la concesión, le corresponda su
presentación o haya introducido mejoras en el propuesto por la
Administración.

Artículo 115. Pliegos de cláusulas administrativas particulares.

1. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares de los contratos de
concesión de obras públicas deberán hacer referencia, al menos, a los siguientes
aspectos:

a) Definición del objeto del contrato, con referencia al anteproyecto o
proyecto de que se trate y mención expresa de los documentos de éste que
revistan carácter contractual. En su caso determinación de la zona
complementaria de explotación comercial.

b) Requisitos de capacidad y solvencia financiera, económica y técnica que
sean exigibles a los licitadores.

c) Contenido de las proposiciones, que deberán hacer referencia, al menos, a
los siguientes extremos:

1.º Relación de promotores de la futura sociedad concesionaria, en el
supuesto de que estuviera prevista su constitución, y características de la
misma tanto jurídicas como financieras.

2.º Plan de realización de las obras con indicación de las fechas previstas
para su inicio, terminación y apertura al uso al que se destinen.

3.º Plazo de duración de la concesión.

4.º Plan económico-financiero de la concesión que incluirá, entre los
aspectos que le son propios, el sistema de tarifas, la inversión y los costes de
explotación y obligaciones de pago y gastos financieros, directos o indirectos,
estimados. Deberá ser objeto de consideración específica la incidencia en las
tarifas, así como en las previsiones de amortización, en el plazo concesional y
en otras variables de la concesión previstas en el pliego, en su caso, de los
rendimientos de la demanda de utilización de la obra y, cuando exista, de los
beneficios derivados de la explotación de la zona comercial, cuando no alcancen
o cuando superen los niveles mínimo y máximo, respectivamente, que se consideren
en la oferta. En cualquier caso, si los rendimientos de la zona comercial no
superan el umbral mínimo fijado en el pliego de cláusulas administrativas,
dichos rendimientos no podrán considerarse a los efectos de la revisión de los
elementos señalados anteriormente.

5.º En los casos de financiación mixta de la obra, propuesta del porcentaje
de financiación con cargo a recursos públicos, por debajo de los establecidos en
el pliego de cláusulas administrativas particulares.

6.º Compromiso de que la sociedad concesionaria adoptará el modelo de
contabilidad que establezca el pliego, de conformidad con la normativa
aplicable, incluido el que pudiera corresponder a la gestión de las zonas
complementarias de explotación comercial, sin perjuicio de que los rendimientos
de éstas se integren a todos los efectos en los de la concesión.

7.º En los términos y con el alcance que se fije en el pliego, los
licitadores podrán introducir las mejoras que consideren convenientes, y que
podrán referirse a características estructurales de la obra, a su régimen de
explotación, a las medidas tendentes a evitar los daños al medio ambiente y los
recursos naturales, o a mejoras sustanciales, pero no a su ubicación.

d) Sistema de retribución del concesionario en el que se incluirán las
opciones posibles sobre las que deberá versar la oferta, así como, en su caso,
las fórmulas de actualización de costes durante la explotación de la obra, con
referencia obligada a su repercusión en las correspondientes tarifas en función
del objeto de la concesión.

e) El umbral mínimo de beneficios derivados de la explotación de la zona
comercial por debajo del cual no podrá incidirse en los elementos económicos de
la concesión.

f) Cuantía y forma de las garantías.

g) Características especiales, en su caso, de la sociedad concesionaria.

h) Plazo, en su caso, para la elaboración del proyecto, plazo para la
ejecución de las obras y plazo de explotación de las mismas, que podrá ser fijo
o variable en función de los criterios establecidos en el pliego.

i) Derechos y obligaciones específicas de las partes durante la fase de
ejecución de las obras y durante su explotación.

j) Régimen de penalidades y supuestos que puedan dar lugar al secuestro de la
concesión.

k) Lugar, fecha y plazo para la presentación de ofertas.

2. El órgano de contratación podrá incluir en el pliego, en función de la
naturaleza y complejidad de éste, un plazo para que los licitadores puedan
solicitar las aclaraciones que estimen pertinentes sobre su contenido. Las
respuestas tendrán carácter vinculante y deberán hacerse públicas en términos
que garanticen la igualdad y concurrencia en el proceso de licitación.

Sección 3.ª Actuaciones preparatorias del Contrato de Gestión de Servicios
Públicos

Artículo 116. Régimen jurídico del servicio.

Antes de proceder a la contratación de un servicio público, deberá haberse
establecido su régimen jurídico, que declare expresamente que la actividad de
que se trata queda asumida por la Administración respectiva como propia de la
misma, atribuya las competencias administrativas, determine el alcance de las
prestaciones en favor de los administrados, y regule los aspectos de carácter
jurídico, económico y administrativo relativos a la prestación del servicio.

Artículo 117. Pliegos y anteproyecto de obra y explotación.

1. De acuerdo con las normas reguladoras del régimen jurídico del servicio,
los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones
técnicas fijarán las condiciones de prestación del servicio y, en su caso,
fijarán las tarifas que hubieren de abonar los usuarios, los procedimientos para
su revisión, y el canon o participación que hubiera de satisfacerse a la
Administración.

2. En los contratos que comprendan la ejecución de obras, la tramitación del
expediente irá precedida de la elaboración y aprobación administrativa del
anteproyecto de explotación y del correspondiente a las obras precisas, con
especificación de las prescripciones técnicas relativas a su realización. En tal
supuesto serán de aplicación los preceptos establecidos en esta Ley para la
concesión de obras públicas.

3. El órgano de contratación podrá incluir en el pliego, en función de la
naturaleza y complejidad de éste, un plazo para que los licitadores puedan
solicitar las aclaraciones que estimen pertinentes sobre su contenido. Las
respuestas tendrán carácter vinculante y deberán hacerse públicas en términos
que garanticen la igualdad y concurrencia en el proceso de licitación.

Sección 4.ª Actuaciones preparatorias de los contratos de colaboración entre
el sector público y el sector privado

Artículo 118. Evaluación previa.

1. Con carácter previo a la iniciación de un expediente de contrato de
colaboración entre el sector público y el sector privado, la Administración
contratante deberá elaborar un documento de evaluación en que se ponga de
manifiesto que, habida cuenta de la complejidad del contrato, la Administración
no está en condiciones de definir, con carácter previo a la licitación, los
medios técnicos necesarios para alcanzar los objetivos proyectados o de
establecer los mecanismos jurídicos y financieros para llevar a cabo el
contrato, y se efectúe un análisis comparativo con formas alternativas de
contratación que justifiquen en términos de obtención de mayor valor por precio,
de coste global, de eficacia o de imputación de riesgos, los motivos de carácter
jurídico, económico, administrativo y financiero que recomienden la adopción de
esta fórmula de contratación.

2. La evaluación a que se refiere el apartado anterior podrá realizarse de
forma sucinta si concurren razones de urgencia no imputables a la Administración
contratante que aconsejen utilizar el contrato de colaboración entre el sector
público y el sector privado para atender las necesidades públicas.

3. La evaluación será realizada por un órgano colegiado donde se integren
expertos con cualificación suficiente en la materia sobre la que verse el
contrato.

Artículo 119. Programa funcional.

El órgano de contratación, a la vista de los resultados de la evaluación a
que se refiere el artículo anterior, elaborará un programa funcional que
contendrá los elementos básicos que informarán el diálogo con los contratistas y
que se incluirá en el documento descriptivo del contrato. Particularmente, se
identificará en el programa funcional la naturaleza y dimensión de las
necesidades a satisfacer, los elementos jurídicos, técnicos o económicos mínimos
que deben incluir necesariamente las ofertas para ser admitidas al diálogo
competitivo, y los criterios de adjudicación del contrato.

Artículo 120. Clausulado del contrato.

Los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado
deberán incluir necesariamente, además de las cláusulas relativas a los extremos
previstos en el artículo 26, estipulaciones referidas a los siguientes
aspectos:

a) Identificación de las prestaciones principales que constituyen su objeto,
que condicionarán el régimen sustantivo aplicable al contrato, de conformidad
con lo previsto en la letra m) de este artículo y en el artículo 289.

b) Condiciones de reparto de riesgos entre la Administración y el
contratista, desglosando y precisando la imputación de los riesgos derivados de
la variación de los costes de las prestaciones y la imputación de los riesgos de
disponibilidad o de demanda de dichas prestaciones.

c) Objetivos de rendimiento asignados al contratista, particularmente en lo
que concierne a la calidad de las prestaciones de los servicios, la calidad de
las obras y suministros y las condiciones en que son puestas a disposición de la
administración.

d) Remuneración del contratista, que deberá desglosar las bases y criterios
para el cálculo de los costes de inversión, de funcionamiento y de financiación
y en su caso, de los ingresos que el contratista pueda obtener de la explotación
de las obras o equipos en caso de que sea autorizada y compatible con la
cobertura de las necesidades de la administración.

e) Causas y procedimientos para determinar las variaciones de la remuneración
a lo largo del periodo de ejecución del contrato.

f) Fórmulas de pago y, particularmente, condiciones en las cuales, en cada
vencimiento o en determinado plazo, el montante de los pagos pendientes de
satisfacer por la Administración y los importes que el contratista debe abonar a
ésta como consecuencia de penalidades o sanciones pueden ser objeto de
compensación.

g) Fórmulas de control por la administración de la ejecución del contrato,
especialmente respecto a los objetivos de rendimiento, así como las condiciones
en que se puede producir la subcontratación.

h) Sanciones y penalidades aplicables en caso de incumplimiento de las
obligaciones del contrato.

i) Condiciones en que puede procederse por acuerdo o, a falta del mismo, por
una decisión unilateral de la Administración, a la modificación de determinados
aspectos del contrato o a su resolución, particularmente en supuestos de
variación de las necesidades de la Administración, de innovaciones tecnológicas
o de modificación de las condiciones de financiación obtenidas por el
contratista.

j) Control que se reserva la Administración sobre la cesión total o parcial
del contrato.

k) Destino de las obras y equipamientos objeto del contrato a la finalización
del mismo.

l) Garantías que el contratista afecta al cumplimiento de sus
obligaciones.

m) Referencia a las condiciones generales y, cuando sea procedente, a las
especiales que sean pertinentes en función de la naturaleza de las prestaciones
principales, que la Ley establece respecto a las prerrogativas de la
administración y a la ejecución, modificación y extinción de los contratos.

TÍTULO II

Preparación de otros contratos

CAPÍTULO ÚNICO

Reglas aplicables a la preparación de los contratos celebrados por poderes
adjudicadores que no tengan el carácter de Administraciones Públicas y de
contratos subvencionados

Artículo 121. Establecimiento de prescripciones técnicas y preparación de
pliegos.

1. En los contratos celebrados por poderes adjudicadores que no tengan el
carácter de Administraciones Públicas, que estén sujetos a regulación armonizada
o que sean contratos de servicios comprendidos en las categorías 17 a 27 del
Anexo II de cuantía igual o superior a 211.000 euros, así como en los contratos
subvencionados a que se refiere el artículo 17, deberán observarse las reglas
establecidas en el artículo 101 para la definición y establecimiento de
prescripciones técnicas, siendo igualmente de aplicación lo previsto en los
artículos 102 a104. Si la celebración del contrato es necesaria para atender una
necesidad inaplazable o si resulta preciso acelerar la adjudicación por razones
de interés público, el órgano de contratación podrá declarar urgente su
tramitación, motivándolo debidamente en la documentación preparatoria. En este
caso será de aplicación lo previsto en el artículo 96.2.b) sobre reducción de
plazos.

2. En contratos distintos a los mencionados en el apartado anterior de
cuantía superior a 50.000 euros, los poderes adjudicadores que no tengan el
carácter de Administraciones Públicas deberán elaborar un pliego, en el que se
establezcan las características básicas del contrato, el régimen de admisión de
variantes, las modalidades de recepción de las ofertas, los criterios de
adjudicación y las garantías que deberán constituir, en su caso, los licitadores
o el adjudicatario, siendo de aplicación, asimismo, lo dispuesto en el artículo
104. Estos pliegos serán parte integrante del contrato.

LIBRO III

Selección del contratista y adjudicación de los contratos

TÍTULO I

Adjudicación de los contratos

CAPÍTULO I

Adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas

Sección 1.ª Normas Generales

Subsección 1.ª Disposiciones directivas

Artículo 122. Procedimiento de adjudicación.

1. Los contratos que celebren las Administraciones Públicas se adjudicarán
con arreglo a las normas del presente Capítulo.

2. La adjudicación se realizará, ordinariamente, utilizando el procedimiento
abierto o el procedimiento restringido. En los supuestos enumerados en los
artículos 154 a 159, ambos inclusive, podrá seguirse el procedimiento negociado,
y en los casos previstos en el artículo 164 podrá recurrirse al diálogo
competitivo.

3. Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier
empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional
necesaria para realizar la prestación, cumpliendo con las normas establecidas en
el artículo 95.

Se consideran contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000
euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate
de otros contratos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 190 en relación
con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal.

4. En los concursos de proyectos se seguirá el procedimiento regulado en la
sección 6.ª de este Capítulo.

Artículo 123. Principios de igualdad y transparencia.

Los órganos de contratación darán a los licitadores y candidatos un
tratamiento igualitario y no discriminatorio y ajustarán su actuación al
principio de transparencia.

Artículo 124. Confidencialidad.

1. Sin perjuicio de las disposiciones de la presente Ley relativas a la
publicidad de la adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos
y a los licitadores, los órganos de contratación no podrán divulgar la
información facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como
confidencial; este carácter afecta, en particular, a los secretos técnicos o
comerciales y a los aspectos confidenciales de las ofertas.

2. El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella
información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la
que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o
que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá
durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo
que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor.

Subsección 2.ª Publicidad

Artículo 125. Anuncio previo.

1. Los órganos de contratación podrán publicar un anuncio de información
previa con el fin de dar a conocer, en relación con los contratos de obras,
suministros y servicios que tengan proyectado adjudicar en los doce meses
siguientes, los siguientes datos:

a) en el caso de los contratos de obras, las características esenciales de
aquellos cuyo valor estimado sea igual o superior a 5.278.000 euros.

b) En el caso de los contratos de suministro, su valor total estimado,
desglosado por grupos de productos referidos a partidas del «Vocabulario Común
de los Contratos Públicos» (CPV), cuando ese valor total sea igual o superior a
750.000 euros.

c) En el caso de los contratos de servicios, el valor total estimado para
cada categoría de las comprendidas en los números 1 a 16 del anexo II, cuando
ese valor total sea igual o superior a 750.000 euros.

2. Los anuncios se publicarán en el «Diario Oficial de la Unión Europea» o en
el perfil de contratante del órgano de contratación a que se refiere el artículo
42.

En el caso de que la publicación vaya a efectuarse en el perfil de
contratante del órgano de contratación, éste deberá comunicarlo previamente a la
Comisión Europea y al «Boletín Oficial del Estado» por medios electrónicos, con
arreglo al formato y a las modalidades de transmisión que se establezcan. En el
anuncio previo se indicará la fecha en que se haya enviado esta
comunicación.

3. Los anuncios se enviarán a la Oficina de Publicaciones Oficiales de las
Comunidades Europeas o se publicarán en el perfil de contratante lo antes
posible, una vez tomada la decisión por la que se autorice el programa en el que
se contemple la celebración de los correspondientes contratos, en el caso de los
de obras, o una vez iniciado el ejercicio presupuestario, en los restantes.

4. La publicación del anuncio previo cumpliendo con las condiciones
establecidas en los artículos 143.1 y 151.1 permitirá reducir los plazos para la
presentación de proposiciones en los procedimientos abiertos y restringidos en
la forma que en esos preceptos se determina.

Artículo 126. Convocatoria de licitaciones.

1. Los procedimientos para la adjudicación de contratos de las
Administraciones Públicas, a excepción de los negociados que se sigan en casos
distintos de los contemplados en los apartados 1 y 2 del artículo 161, deberán
anunciarse en el «Boletín Oficial del Estado». No obstante, cuando se trate de
contratos de las Comunidades Autónomas, entidades locales u organismos o
entidades de derecho público dependientes de las mismas, se podrá sustituir la
publicidad en el «Boletín Oficial del Estado» por la que se realice en los
diarios o boletines oficiales autonómicos o provinciales.

Cuando los contratos estén sujetos a regulación armonizada, la licitación
deberá publicarse, además, en el «Diario Oficial de la Unión Europea», sin que
en este caso la publicidad efectuada en los diarios oficiales autonómicos o
provinciales pueda sustituir a la que debe hacerse en el «Boletín Oficial del
Estado».

2. Cuando el órgano de contratación lo estime conveniente, los procedimientos
para la adjudicación de contratos de obras, suministros o servicios no sujetos a
regulación armonizada podrán ser anunciados, además, en el «Diario Oficial de la
Unión Europea».

3. El envío del anuncio al «Diario Oficial de la Unión Europea» deberá
preceder a cualquier otra publicidad. Los anuncios que se publiquen en otros
diarios o boletines deberán indicar la fecha de aquel envío, de la que el órgano
de contratación dejará prueba suficiente en el expediente, y no podrán contener
indicaciones distintas a las incluidas en dicho anuncio.

4. Los anuncios de licitación se publicarán, asimismo, en el perfil de
contratante del órgano de contratación. En los procedimientos negociados
seguidos en los casos previstos en el artículo 161.2, esta publicidad podrá
sustituir a la que debe efectuarse en el «Boletín Oficial del Estado» o en los
diarios oficiales autonómicos o provinciales.

Subsección 3.ª Licitación

Artículo 127. Plazos de presentación de las solicitudes de participación y de
las proposiciones.

Los órganos de contratación fijarán los plazos de recepción de las ofertas y
solicitudes de participación teniendo en cuenta el tiempo que razonablemente
pueda ser necesario para preparar aquéllas, atendida la complejidad del
contrato, y respetando, en todo caso, los plazos mínimos fijados en esta
Ley.

Artículo 128. Reducción de plazos en caso de tramitación urgente.

En caso de que el expediente de contratación haya sido declarado de
tramitación urgente, los plazos establecidos en este Capítulo se reducirán en la
forma prevista en la letra b) del apartado 2 del artículo 96.

Artículo 129. Proposiciones de los interesados.

1. Las proposiciones de los interesados deberán ajustarse a lo previsto en el
pliego de cláusulas administrativas particulares, y su presentación supone la
aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de
dichas cláusulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

2. Las proposiciones serán secretas y se arbitrarán los medios que garanticen
tal carácter hasta el momento de la licitación pública, sin perjuicio de lo
dispuesto en los artículos 132 y 166 en cuanto a la información que debe
facilitarse a los participantes en una subasta electrónica o en un diálogo
competitivo.

3. Cada licitador no podrá presentar más de una proposición, sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 131 sobre admisibilidad de variantes o mejoras y en
el artículo 132 sobre presentación de nuevos precios o valores en el seno de una
subasta electrónica. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal
con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal.
La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las
propuestas por él suscritas.

4. En los contratos de concesión de obra pública, la presentación de
proposiciones diferentes por empresas vinculadas supondrá la exclusión del
procedimiento de adjudicación, a todos los efectos, de las ofertas formuladas.
No obstante, si sobreviniera la vinculación antes de que concluya el plazo de
presentación de ofertas, o del plazo de presentación de candidaturas en el
procedimiento restringido, podrá subsistir la oferta que determinen de común
acuerdo las citadas empresas.

En los demás contratos, la presentación de distintas proposiciones por
empresas vinculadas producirá los efectos que reglamentariamente se determinen
en relación con la aplicación del régimen de ofertas con valores anormales o
desproporcionados previsto en el artículo 136.

Se considerarán empresas vinculadas las que se encuentren en alguno de los
supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio.

5. En la proposición deberá indicarse, como partida independiente, el importe
del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido.

Artículo 130. Presentación de la documentación acreditativa del cumplimiento
de requisitos previos.

1. Las proposiciones en el procedimiento abierto y las solicitudes de
participación en los procedimientos restringido y negociado y en el diálogo
competitivo deberán ir acompañadas de los siguientes documentos:

a) Los que acrediten la personalidad jurídica del empresario y, en su caso,
su representación.

b) Los que acrediten la clasificación de la empresa, en su caso, o
justifiquen los requisitos de su solvencia económica, financiera y técnica o
profesional.

Si la empresa se encontrase pendiente de clasificación, deberá aportarse el
documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para
ello, debiendo justificar el estar en posesión de la clasificación exigida en el
plazo previsto en las normas de desarrollo de esta Ley para la subsanación de
defectos u omisiones en la documentación.

c) Una declaración responsable de no estar incurso en prohibición de
contratar.

Esta declaración incluirá la manifestación de hallarse al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas
por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de que la justificación
acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación
definitiva, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta.

d) Para las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a
ejecutarse en España, la declaración de someterse a la jurisdicción de los
juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias
que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en
su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al
licitante.

2. Cuando con arreglo a esta Ley sea necesaria la presentación de otros
documentos se indicará esta circunstancia en el pliego de cláusulas
administrativas particulares o en el documento descriptivo y en el
correspondiente anuncio de licitación.

3. Cuando la acreditación de las circunstancias mencionadas en las letras a)
y b) del apartado 1 se realice mediante la certificación de un Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas prevista en el apartado 2 del artículo
72, o mediante un certificado comunitario de clasificación conforme a lo
establecido en el artículo 73, deberá acompañarse a la misma una declaración
responsable del licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas
en el correspondiente certificado no han experimentado variación. Esta
manifestación deberá reiterarse, en caso de resultar adjudicatario, en el
documento en que se formalice el contrato, sin perjuicio de que el órgano de
contratación pueda, si lo estima conveniente, efectuar una consulta al Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas.

El certificado del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
podrá ser expedido electrónicamente, salvo que se establezca otra cosa en los
pliegos o en el anuncio del contrato. Si los pliegos o el anuncio del contrato
así lo prevén, la incorporación del certificado al procedimiento podrá
efectuarse de oficio por el órgano de contratación o por aquél al que
corresponda el examen de las proposiciones, solicitándolo directamente al
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas, sin perjuicio de que
los licitadores deban presentar en todo caso la declaración responsable indicada
en el párrafo anterior.

Artículo 131. Admisibilidad de variantes o mejoras.

1. Cuando en la adjudicación hayan de tenerse en cuenta criterios distintos
del precio, el órgano de contratación podrá tomar en consideración las variantes
o mejoras que ofrezcan los licitadores, siempre que el pliego de cláusulas
administrativas particulares haya previsto expresamente tal posibilidad.

2. La posibilidad de que los licitadores ofrezcan variantes o mejoras se
indicará en el anuncio de licitación del contrato precisando sobre qué elementos
y en qué condiciones queda autorizada su presentación.

3. En los procedimientos de adjudicación de contratos de suministro o de
servicios, los órganos de contratación que hayan autorizado la presentación de
variantes o mejoras no podrán rechazar una de ellas por el único motivo de que,
de ser elegida, daría lugar a un contrato de servicios en vez de a un contrato
de suministro o a un contrato de suministro en vez de a un contrato de
servicios.

Artículo 132. Subasta electrónica.

1. A efectos de la adjudicación del contrato podrá celebrarse una subasta
electrónica, articulada como un proceso iterativo, que tiene lugar tras una
primera evaluación completa de las ofertas, para la presentación de mejoras en
los precios o de nuevos valores relativos a determinados elementos de las
ofertas que las mejoren en su conjunto, basado en un dispositivo electrónico que
permita su clasificación a través de métodos de evaluación automáticos.

2. La subasta electrónica podrá emplearse en los procedimientos abiertos, en
los restringidos, y en los negociados que se sigan en el caso previsto en el
artículo 154 a), siempre que las especificaciones del contrato que deba
adjudicarse puedan establecerse de manera precisa y que las prestaciones que
constituyen su objeto no tengan carácter intelectual. No podrá recurrirse a las
subastas electrónicas de forma abusiva o de modo que se obstaculice, restrinja o
falsee la competencia o que se vea modificado el objeto del contrato.

3. La subasta electrónica se basará en variaciones referidas al precio o a
valores de los elementos de la oferta que sean cuantificables y susceptibles de
ser expresados en cifras o porcentajes.

4. Los órganos de contratación que decidan recurrir a una subasta electrónica
deberán indicarlo en el anuncio de licitación e incluir en el pliego de
condiciones la siguiente información:

a) los elementos a cuyos valores se refiera la subasta electrónica;

b) en su caso, los límites de los valores que podrán presentarse, tal como
resulten de las especificaciones del objeto del contrato;

c) la información que se pondrá a disposición de los licitadores durante la
subasta electrónica y el momento en que se facilitará;

d) la forma en que se desarrollará la subasta;

e) las condiciones en que los licitadores podrán pujar, y en particular las
mejoras mínimas que se exigirán, en su caso, para cada puja;

f) el dispositivo electrónico utilizado y las modalidades y especificaciones
técnicas de conexión.

5. Antes de proceder a la subasta electrónica, el órgano de contratación
efectuará una primera evaluación completa de las ofertas de conformidad con los
criterios de adjudicación y a continuación invitará simultáneamente, por medios
electrónicos, informáticos o telemáticos, a todos los licitadores que hayan
presentado ofertas admisibles a que presenten nuevos precios revisados a la baja
o nuevos valores que mejoren la oferta.

6. La invitación incluirá toda la información pertinente para la conexión
individual al dispositivo electrónico utilizado y precisará la fecha y la hora
de comienzo de la subasta electrónica.

Igualmente se indicará en ella la fórmula matemática que se utilizará para la
reclasificación automática de las ofertas en función de los nuevos precios o de
los nuevos valores que se presenten. Esta fórmula incorporará la ponderación de
todos los criterios fijados para determinar la oferta económicamente más
ventajosa, tal como se haya indicado en el anuncio de licitación o en el pliego,
para lo cual, las eventuales bandas de valores deberán expresarse previamente
con un valor determinado. En caso de que se autorice la presentación de
variantes o mejoras, se proporcionarán fórmulas distintas para cada una, si ello
es procedente.

Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una
pluralidad de criterios, se acompañará a la invitación el resultado de la
evaluación de la oferta presentada por el licitador.

7. Entre la fecha de envío de las invitaciones y el comienzo de la subasta
electrónica habrán de transcurrir, al menos, dos días hábiles.

8. La subasta electrónica podrá desarrollarse en varias fases sucesivas.

9. A lo largo de cada fase de la subasta, y de forma continua e instantánea,
se comunicará a los licitadores, como mínimo, la información que les permita
conocer su respectiva clasificación en cada momento. Adicionalmente, se podrán
facilitar otros datos relativos a los precios o valores presentados por los
restantes licitadores, siempre que ello esté contemplado en el pliego, y
anunciarse el número de los que están participando en la correspondiente fase de
la subasta, sin que en ningún caso pueda divulgarse su identidad.

10. El cierre de la subasta se fijará por referencia a uno o varios de los
siguientes criterios:

a) Mediante el señalamiento de una fecha y hora concretas, que deberán ser
indicadas en la invitación a participar en la subasta.

b) Atendiendo a la falta de presentación de nuevos precios o de nuevos
valores que cumplan los requisitos establecidos en relación con la formulación
de mejoras mínimas.

De utilizarse esta referencia, en la invitación a participar en la subasta se
especificará el plazo que deberá transcurrir a partir de la recepción de la
última puja antes de declarar su cierre.

c) Por finalización del número de fases establecido en la invitación a
participar en la subasta. Cuando el cierre de la subasta deba producirse
aplicando este criterio, la invitación a participar en la misma indicará el
calendario a observar en cada una de sus fases.

11. Una vez concluida la subasta electrónica, el contrato se adjudicará de
conformidad con lo establecido en el artículo 135, en función de sus
resultados.

Artículo 133. Sucesión en el procedimiento.

Si durante la tramitación de un procedimiento y antes de la adjudicación se
produjese la extinción de la personalidad jurídica de una empresa licitadora o
candidata por fusión, escisión o por la transmisión de su patrimonio
empresarial, le sucederá en su posición en el procedimiento las sociedades
absorbentes, las resultantes de la fusión, las beneficiarias de la escisión o
las adquirentes del patrimonio o de la correspondiente rama de actividad,
siempre que reúna las condiciones de capacidad y ausencia de prohibiciones de
contratar y acredite su solvencia y clasificación en las condiciones exigidas en
el pliego de cláusulas administrativas particulares para poder participar en el
procedimiento de adjudicación.

Subsección 4.ª Selección del adjudicatario.

Artículo 134. Criterios de valoración de las ofertas.

1. Para la valoración de las proposiciones y la determinación de la oferta
económicamente más ventajosa deberá atenderse a criterios directamente
vinculados al objeto del contrato, tales como la calidad, el precio, la fórmula
utilizable para revisar las retribuciones ligadas a la utilización de la obra o
a la prestación del servicio, el plazo de ejecución o entrega de la prestación,
el coste de utilización, las características medioambientales o vinculadas con
la satisfacción de exigencias sociales que respondan a necesidades, definidas en
las especificaciones del contrato, propias de las categorías de población
especialmente desfavorecidas a las que pertenezcan los usuarios o beneficiarios
de las prestaciones a contratar, la rentabilidad, el valor técnico, las
características estéticas o funcionales, la disponibilidad y coste de los
repuestos, el mantenimiento, la asistencia técnica, el servicio postventa u
otros semejantes.

Cuando sólo se utilice un criterio de adjudicación, éste ha de ser,
necesariamente, el del precio más bajo.

2. Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato
se determinarán por el órgano de contratación y se detallarán en el anuncio, en
los pliegos de cláusulas administrativas particulares o en el documento
descriptivo.

En la determinación de los criterios de adjudicación se dará preponderancia a
aquéllos que hagan referencia a características del objeto del contrato que
puedan valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera
aplicación de las fórmulas establecidas en los pliegos. Cuando en una licitación
que se siga por un procedimiento abierto o restringido se atribuya a los
criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas una
ponderación inferior a la correspondiente a los criterios cuya cuantificación
dependa de un juicio de valor, deberá constituirse un comité que cuente con un
mínimo de tres miembros, formado por expertos no integrados en el órgano
proponente del contrato y con cualificación apropiada, al que corresponderá
realizar la evaluación de las ofertas conforme a estos últimos criterios, o
encomendar esta evaluación a un organismo técnico especializado, debidamente
identificado en los pliegos.

La evaluación de las ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante
la mera aplicación de fórmulas se realizará tras efectuar previamente la de
aquellos otros criterios en que no concurra esta circunstancia, dejándose
constancia documental de ello. Las normas de desarrollo de esta Ley determinarán
los supuestos y condiciones en que deba hacerse pública tal evaluación previa,
así como la forma en que deberán presentarse las proposiciones para hacer
posible esta valoración separada.

3. La valoración de más de un criterio procederá, en particular, en la
adjudicación de los siguientes contratos:

a) Aquéllos cuyos proyectos o presupuestos no hayan podido ser establecidos
previamente y deban ser presentados por los licitadores.

b) Cuando el órgano de contratación considere que la definición de la
prestación es susceptible de ser mejorada por otras soluciones técnicas, a
proponer por los licitadores mediante la presentación de variantes, o por
reducciones en su plazo de ejecución.

c) Aquéllos para cuya ejecución facilite el órgano, organismo o entidad
contratante materiales o medios auxiliares cuya buena utilización exija
garantías especiales por parte de los contratistas.

d) Aquéllos que requieran el empleo de tecnología especialmente avanzada o
cuya ejecución sea particularmente compleja.

e) Contratos de gestión de servicios públicos.

f) Contratos de suministros, salvo que los productos a adquirir estén
perfectamente definidos por estar normalizados y no sea posible variar los
plazos de entrega ni introducir modificaciones de ninguna clase en el contrato,
siendo por consiguiente el precio el único factor determinante de la
adjudicación.

g) Contratos de servicios, salvo que las prestaciones estén perfectamente
definidas técnicamente y no sea posible variar los plazos de entrega ni
introducir modificaciones de ninguna clase en el contrato, siendo por
consiguiente el precio el único factor determinante de la adjudicación.

h) Contratos cuya ejecución pueda tener un impacto significativo en el medio
ambiente, en cuya adjudicación se valorarán condiciones ambientales mensurables,
tales como el menor impacto ambiental, el ahorro y el uso eficiente del agua y
la energía y de los materiales, el coste ambiental del ciclo de vida, los
procedimientos y métodos de producción ecológicos, la generación y gestión de
residuos o el uso de materiales reciclados o reutilizados o de materiales
ecológicos.

4. Cuando se tome en consideración más de un criterio, deberá precisarse la
ponderación relativa atribuida a cada uno de ellos, que podrá expresarse fijando
una banda de valores con una amplitud adecuada. En el caso de que el
procedimiento de adjudicación se articule en varias fases, se indicará
igualmente en cuales de ellas se irán aplicando los distintos criterios, así
como el umbral mínimo de puntuación exigido al licitador para continuar en el
proceso selectivo.

Cuando, por razones debidamente justificadas, no sea posible ponderar los
criterios elegidos, éstos se enumerarán por orden decreciente de
importancia.

5. Los criterios elegidos y su ponderación se indicarán en el anuncio de
licitación, en caso de que deba publicarse.

6. Los pliegos o el contrato podrán establecer penalidades, conforme a lo
prevenido en el artículo 196.1, para los casos de incumplimiento o de
cumplimiento defectuoso de la prestación que afecten a características de la
misma que se hayan tenido en cuenta para definir los criterios de adjudicación,
o atribuir a la puntual observancia de estas características el carácter de
obligación contractual esencial a los efectos señalados en el artículo
206.h).

Artículo 135. Clasificación de las ofertas y adjudicación provisional y
definitiva del contrato.

1. El órgano de contratación clasificará las proposiciones presentadas, por
orden decreciente, atendiendo a los criterios a que hace referencia el artículo
anterior, a cuyo efecto, cuando deban tenerse en cuenta una pluralidad de
criterios de adjudicación, podrá solicitar cuantos informes técnicos estime
pertinentes, y adjudicará provisionalmente el contrato al licitador que haya
presentado la que resulte económicamente más ventajosa. Cuando el único criterio
a considerar sea el precio, se entenderá que la oferta económicamente más
ventajosa es la que incorpora el precio más bajo.

El órgano de contratación no podrá declarar desierta una licitación cuando
exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los
criterios que figuren en el pliego.

2. La adjudicación al licitador que presente la oferta económicamente más
ventajosa no procederá cuando, de conformidad con lo previsto en el artículo
siguiente, el órgano de contratación presuma fundadamente que la proposición no
pueda ser cumplida como consecuencia de la inclusión en la misma de valores
anormales o desproporcionados.

3. La adjudicación provisional se acordará por el órgano de contratación en
resolución motivada que deberá notificarse a los candidatos o licitadores y
publicarse en un diario oficial o en el perfil de contratante del órgano de
contratación, siendo de aplicación lo previsto en el artículo 137 en cuanto a la
información que debe facilitarse a aquéllos aunque el plazo para su remisión
será de cinco días hábiles. En los procedimientos negociados y de diálogo
competitivo, la adjudicación provisional concretará y fijará los términos
definitivos del contrato.

4. La elevación a definitiva de la adjudicación provisional no podrá
producirse antes de que transcurran quince días hábiles contados desde el
siguiente a aquél en que se publique aquélla en un diario oficial o en el perfil
de contratante del órgano de contratación. Las normas autonómicas de desarrollo
de esta Ley podrán fijar un plazo mayor, sin exceder el de un mes.

Durante este plazo, el adjudicatario deberá presentar la documentación
justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social y cualesquiera otros documentos
acreditativos de su aptitud para contratar o de la efectiva disposición de los
medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del
contrato conforme al artículo 53.2 que le reclame el órgano de contratación, así
como constituir la garantía que, en su caso, sea procedente. Los
correspondientes certificados podrán ser expedidos por medios electrónicos,
informáticos o telemáticos, salvo que se establezca otra cosa en los
pliegos.

La adjudicación provisional deberá elevarse a definitiva dentro de los diez
días hábiles siguientes a aquél en que expire el plazo señalado en el párrafo
primero de este apartado, siempre que el adjudicatario haya presentado la
documentación señalada y constituido la garantía definitiva, en caso de ser
exigible, y sin perjuicio de la eventual revisión de aquélla en vía de recurso
especial, conforme a lo dispuesto en el artículo 37. Las normas autonómicas de
desarrollo de esta Ley podrán fijar un plazo mayor al previsto en este párrafo,
sin que se exceda el de un mes.

5. Cuando no proceda la adjudicación definitiva del contrato al licitador que
hubiese resultado adjudicatario provisional por no cumplir éste las condiciones
necesarias para ello, antes de proceder a una nueva convocatoria la
Administración podrá efectuar una nueva adjudicación provisional al licitador o
licitadores siguientes a aquél, por el orden en que hayan quedado clasificadas
sus ofertas, siempre que ello fuese posible y que el nuevo adjudicatario haya
prestado su conformidad, en cuyo caso se concederá a éste un plazo de diez días
hábiles para cumplimentar lo señalado en el segundo párrafo del apartado
anterior.

Este mismo procedimiento podrá seguirse en el caso de contratos no sujetos a
regulación armonizada, cuando se trate de continuar la ejecución de un contrato
ya iniciado y que haya sido declarado resuelto.

Artículo 136. Ofertas con valores anormales o desproporcionados.

1. Cuando el único criterio valorable de forma objetiva a considerar para la
adjudicación del contrato sea el de su precio, el carácter desproporcionado o
anormal de las ofertas podrá apreciarse de acuerdo con los parámetros objetivos
que se establezcan reglamentariamente, por referencia al conjunto de ofertas
válidas que se hayan presentado.

2. Cuando para la adjudicación deba considerarse más de un criterio de
valoración, podrá expresarse en los pliegos los parámetros objetivos en función
de los cuales se apreciará, en su caso, que la proposición no puede ser cumplida
como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados. Si
el precio ofertado es uno de los criterios objetivos que han de servir de base
para la adjudicación, podrán indicarse en el pliego los límites que permitan
apreciar, en su caso, que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia
de ofertas desproporcionadas o anormales.

3. Cuando se identifique una proposición que pueda ser considerada
desproporcionada o anormal, deberá darse audiencia al licitador que la haya
presentado para que justifique la valoración de la oferta y precise las
condiciones de la misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que
permita el procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones técnicas
adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para
ejecutar la prestación, la originalidad de las prestaciones propuestas, el
respeto de las disposiciones relativas a la protección del empleo y las
condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la
prestación, o la posible obtención de una ayuda de Estado.

En el procedimiento deberá solicitarse el asesoramiento técnico del servicio
correspondiente.

Si la oferta es anormalmente baja debido a que el licitador ha obtenido una
ayuda de Estado, sólo podrá rechazarse la proposición por esta única causa si
aquél no puede acreditar que tal ayuda se ha concedido sin contravenir las
disposiciones comunitarias en materia de ayudas públicas. El órgano de
contratación que rechace una oferta por esta razón deberá informar de ello a la
Comisión Europea, cuando el procedimiento de adjudicación se refiera a un
contrato sujeto a regulación armonizada.

4. Si el órgano de contratación, considerando la justificación efectuada por
el licitador y los informes mencionados en el apartado anterior, estimase que la
oferta no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores
anormales o desproporcionados, acordará la adjudicación provisional a favor de
la siguiente proposición económicamente más ventajosa, de acuerdo con el orden
en que hayan sido clasificadas conforme a lo señalado en el apartado 1 del
artículo anterior, que se estime puede ser cumplida a satisfacción de la
Administración y que no sea considerada anormal o desproporcionada.

Subsección 5.ª Obligaciones de información sobre el resultado del
procedimiento

Artículo 137. Notificación a los candidatos y licitadores.

1. La adjudicación definitiva del contrato, que en todo caso deberá ser
motivada, se notificará a los candidatos o licitadores.

Si los interesados lo solicitan, se les facilitará información, en un plazo
máximo de quince días a partir de la recepción de la petición en tal sentido, de
los motivos del rechazo de su candidatura o de su proposición y de las
características de la proposición del adjudicatario que fueron determinantes de
la adjudicación a su favor.

2. El órgano de contratación podrá no comunicar determinados datos relativos
a la adjudicación cuando considere, justificándolo debidamente en el expediente,
que la divulgación de esa información puede obstaculizar la aplicación de una
norma, resultar contraria al interés público o perjudicar intereses comerciales
legítimos de empresas públicas o privadas o la competencia leal entre ellas, o
cuando se trate de contratos declarados secretos o reservados o cuya ejecución
deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales conforme a la legislación
vigente, o cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la
seguridad del Estado y así se haya declarado de conformidad con lo previsto en
el artículo 13.2.d).

Artículo 138. Publicidad de las adjudicaciones.

1. La adjudicación definitiva de los contratos cuya cuantía sea superior a
las cantidades indicadas en el artículo 122.3 se publicará en el perfil de
contratante del órgano de contratación.

2. Cuando la cuantía del contrato sea igual o superior a 100.000 euros o, en
el caso de contratos de gestión de servicios públicos, cuando el presupuesto de
gastos de primer establecimiento sea igual o superior a dicho importe o su plazo
de duración exceda de cinco años, la adjudicación definitiva deberá publicarse,
además, en el «Boletín Oficial del Estado» o en los respectivos Diarios o
Boletines Oficiales de las Comunidades Autónomas o de las Provincias, un anuncio
en el que se dé cuenta de dicha adjudicación, en un plazo no superior a cuarenta
y ocho días a contar desde la fecha de adjudicación del contrato.

Cuando se trate de contratos sujetos a regulación armonizada el anuncio
deberá enviarse, en el plazo señalado en el párrafo anterior, al «Diario Oficial
de la Unión Europea» y publicarse en el «Boletín Oficial del Estado».

3. En el caso de contratos de servicios comprendidos en las categorías 17 a
27 del Anexo II y de cuantía igual o superior a 211.000 euros, el órgano de
contratación comunicará la adjudicación definitiva a la Comisión Europea,
indicando si estima procedente su publicación.

4. En los casos a que se refiere el apartado 2 del artículo anterior, el
órgano de contratación podrá no publicar determinada información relativa a la
adjudicación del contrato, justificándolo debidamente en el expediente.

Artículo 139. Renuncia a la celebración del contrato y desistimiento del
procedimiento de adjudicación por la Administración.

1. En el caso en que el órgano de contratación renuncie a celebrar un
contrato para el que haya efectuado la correspondiente convocatoria, o decida
reiniciar el procedimiento para su adjudicación, lo notificará a los candidatos
o licitadores, informando también a la Comisión Europea de esta decisión cuando
el contrato haya sido anunciado en el «Diario Oficial de la Unión Europea».

2. La renuncia a la celebración del contrato o el desistimiento del
procedimiento sólo podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la
adjudicación provisional. En ambos casos se compensará a los candidatos o
licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido, en la forma prevista en el
anuncio o en el pliego, o de acuerdo con los principios generales que rigen la
responsabilidad de la Administración.

3. Sólo podrá renunciarse a la celebración del contrato por razones de
interés público debidamente justificadas en el expediente. En este caso, no
podrá promoverse una nueva licitación de su objeto en tanto subsistan las
razones alegadas para fundamentar la renuncia.

4. El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una infracción
no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del
procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la
concurrencia de la causa. El desistimiento no impedirá la iniciación inmediata
de un nuevo procedimiento de licitación.

Subsección 6.ª Formalización del contrato

Artículo 140. Formalización de los contratos.

1. Los contratos que celebren las Administraciones Públicas deberán
formalizarse en documento administrativo dentro del plazo de diez días hábiles,
a contar desde el siguiente al de la notificación de la adjudicación definitiva,
constituyendo dicho documento título suficiente para acceder a cualquier
registro público. No obstante, el contratista podrá solicitar que el contrato se
eleve a escritura pública, corriendo de su cargo los correspondientes
gastos.

2. En el caso de los contratos menores definidos en el artículo 122.3 se
estará, en cuanto a su formalización, a lo dispuesto en el artículo 95.

3. Cuando por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado, la Administración podrá acordar la
resolución del mismo, así como la incautación de la garantía provisional que, en
su caso se hubiese constituido, siendo de aplicación lo previsto en el artículo
195.3.a) en cuanto a la intervención del Consejo de Estado u órgano autonómico
equivalente en los casos en que se formule oposición por el contratista.

Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración,
se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera
ocasionar, con independencia de que pueda solicitar la resolución del contrato
al amparo de la letra d) del artículo 206.

4. No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización,
excepto en los casos previstos en los artículos 96 y 97 de esta Ley.

Sección 2.ª Procedimiento abierto

Artículo 141. Delimitación.

En el procedimiento abierto todo empresario interesado podrá presentar una
proposición, quedando excluida toda negociación de los términos del contrato con
los licitadores.

Artículo 142. Información a los licitadores.

1. Cuando no se haya facilitado acceso por medios electrónicos, informáticos
o telemáticos a los pliegos y a cualquier documentación complementaria, éstos se
enviarán a los interesados en un plazo de seis días a partir de la recepción de
una solicitud en tal sentido, siempre y cuando la misma se haya presentado,
antes de que expire el plazo de presentación de las ofertas, con la antelación
que el órgano de contratación, atendidas las circunstancias del contrato y del
procedimiento, haya señalado en los pliegos.

2. La información adicional que se solicite sobre los pliegos y sobre la
documentación complementaria deberá facilitarse, al menos, seis días antes de la
fecha límite fijada para la recepción de ofertas, siempre que la petición se
haya presentado con la antelación que el órgano de contratación, atendidas las
circunstancias del contrato y del procedimiento, haya señalado en los
pliegos.

3. Cuando, los pliegos y la documentación o la información complementaria, a
pesar de haberse solicitado a su debido tiempo, no se hayan proporcionado en los
plazos fijados o cuando las ofertas solamente puedan realizarse después de una
visita sobre el terreno o previa consulta ''in situ'' de la documentación que se
adjunte al pliego, los plazos para la recepción de ofertas se prorrogarán de
forma que todos los interesados afectados puedan tener conocimiento de toda la
información necesaria para formular las ofertas.

Artículo 143. Plazos para la presentación de proposiciones.

1. En procedimientos de adjudicación de contratos sujetos a regulación
armonizada, el plazo de presentación de proposiciones no será inferior a
cincuenta y dos días, contados desde la fecha del envío del anuncio del contrato
a la Comisión Europea. Este plazo podrá reducirse en cinco días cuando se
ofrezca acceso por medios electrónicos a los pliegos y a la documentación
complementaria.

Si se hubiese enviado el anuncio previo a que se refiere el artículo 125, el
plazo de presentación de proposiciones podrá reducirse hasta treinta y seis
días, como norma general, o, en casos excepcionales debidamente justificados,
hasta veintidós días. Esta reducción del plazo solo será admisible cuando el
anuncio de información previa se hubiese enviado para su publicación antes de
los cincuenta y dos días y dentro de los doce meses anteriores a la fecha de
envío del anuncio de licitación, siempre que en él se hubiese incluido, de estar
disponible, toda la información exigida para éste.

Los plazos señalados en los dos párrafos anteriores podrán reducirse en siete
días cuando los anuncios se preparen y envíen por medios electrónicos,
informáticos o telemáticos. Esta reducción podrá adicionarse, en su caso, a la
de cinco días prevista en el inciso final del primer párrafo.

En estos procedimientos, la publicación de la licitación en el «Boletín
Oficial del Estado» debe hacerse, en todo caso, con una antelación mínima
equivalente al plazo fijado para la presentación de las proposiciones en el
apartado siguiente.

2. En los contratos de las Administraciones Públicas que no estén sujetos a
regulación armonizada, el plazo de presentación de proposiciones no será
inferior a quince días, contados desde la publicación del anuncio del contrato.
En los contratos de obras y de concesión de obras públicas, el plazo será, como
mínimo, de veintiséis días.

Artículo 144. Examen de las proposiciones y propuesta de adjudicación.

1. El órgano competente para la valoración de las proposiciones calificará
previamente la documentación a que se refiere el artículo 130, que deberá
presentarse por los licitadores en sobre distinto al que contenga la
proposición, y procederá posteriormente a la apertura y examen de las
proposiciones, formulando la correspondiente propuesta de adjudicación al órgano
de contratación, una vez ponderados los criterios que deban aplicarse para
efectuar la selección del adjudicatario, y sin perjuicio de la intervención del
comité de expertos o del organismo técnico especializado a los que hace
referencia el artículo 134.2 en los casos previstos en el mismo, cuya evaluación
de los criterios que exijan un juicio de valor vinculará a aquél a efectos de
formular la propuesta. La apertura de las proposiciones deberá efectuarse en el
plazo máximo de un mes contado desde la fecha de finalización del plazo para
presentar las ofertas. En todo caso, la apertura de la oferta económica se
realizará en acto público, salvo cuando se prevea que en la licitación puedan
emplearse medios electrónicos.

Cuando para la valoración de las proposiciones hayan de tenerse en cuenta
criterios distintos al del precio, el órgano competente para ello podrá
solicitar, antes de formular su propuesta, cuantos informes técnicos considere
precisos. Igualmente, podrán solicitarse estos informes cuando sea necesario
verificar que las ofertas cumplen con las especificaciones técnicas del
pliego.

2. La propuesta de adjudicación no crea derecho alguno en favor del licitador
propuesto frente a la Administración. No obstante, cuando el órgano de
contratación no adjudique el contrato de acuerdo con la propuesta formulada
deberá motivar su decisión.

Artículo 145. Adjudicación.

1. Cuando el único criterio a considerar para seleccionar al adjudicatario
del contrato sea el del precio, la adjudicación provisional deberá recaer en el
plazo máximo de quince días a contar desde el siguiente al de apertura de las
proposiciones.

2. Cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una
pluralidad de criterios el plazo máximo para efectuar la adjudicación
provisional será de dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones,
salvo que se hubiese establecido otro en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

3. Los plazos indicados en los apartados anteriores se ampliarán en quince
días hábiles cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el
artículo 136.3.

4. De no producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados, los
licitadores tendrán derecho a retirar su proposición.

Sección 3.ª Procedimiento restringido

Artículo 146. Caracterización.

En el procedimiento restringido sólo podrán presentar proposiciones aquellos
empresarios que, a su solicitud y en atención a su solvencia, sean seleccionados
por el órgano de contratación. En este procedimiento estará prohibida toda
negociación de los términos del contrato con los solicitantes o candidatos.

Artículo 147. Criterios para la selección de candidatos.

1. Con carácter previo al anuncio de la licitación, el órgano de contratación
deberá haber establecido los criterios objetivos de solvencia, de entre los
señalados en los artículos 64 a 68, con arreglo a los cuales serán elegidos los
candidatos que serán invitados a presentar proposiciones.

2. El órgano de contratación señalará el número mínimo de empresarios a los
que invitará a participar en el procedimiento, que no podrá ser inferior a
cinco. Si así lo estima procedente, el órgano de contratación podrá igualmente
fijar el número máximo de candidatos a los que se invitará a presentar
oferta.

En cualquier caso, el número de candidatos invitados debe ser suficiente para
garantizar una competencia efectiva.

3. Los criterios o normas objetivos y no discriminatorios con arreglo a los
cuales se seleccionará a los candidatos, así como el número mínimo y, en su
caso, el número máximo de aquellos a los que se invitará a presentar
proposiciones se indicarán en el anuncio de licitación.

Artículo 148. Solicitudes de participación.

1. En los procedimientos de adjudicación de contratos sujetos a regulación
armonizada, el plazo de recepción de las solicitudes de participación no podrá
ser inferior a treinta y siete días, a partir de la fecha del envío del anuncio
al «Diario Oficial de la Unión Europea». Si se trata de contratos de concesión
de obra pública, este plazo no podrá ser inferior a cincuenta y dos días. Este
plazo podrá reducirse en siete días cuando los anuncios se envíen por medios
electrónicos, informáticos y telemáticos.

En estos casos, la publicación de la licitación en el «Boletín Oficial del
Estado» debe hacerse con una antelación mínima equivalente al plazo fijado para
la presentación de las solicitudes de participación en el apartado
siguiente.

2. Si se trata de contratos no sujetos a regulación armonizada, el plazo para
la presentación de solicitudes de participación será, como mínimo, de diez días,
contados desde la publicación del anuncio.

3. Las solicitudes de participación deberán ir acompañadas de la
documentación a que se refiere el artículo 130.1.

Artículo 149. Selección de solicitantes.

1. El órgano de contratación, una vez comprobada la personalidad y solvencia
de los solicitantes, seleccionará a los que deban pasar a la siguiente fase, a
los que invitará, simultáneamente y por escrito, a presentar sus proposiciones
en el plazo que proceda conforme a lo señalado en el artículo 151.

2. El número de candidatos invitados a presentar proposiciones deberá ser
igual, al menos, al mínimo que, en su caso, se hubiese fijado previamente.
Cuando el número de candidatos que cumplan los criterios de selección sea
inferior a ese número mínimo, el órgano de contratación podrá continuar el
procedimiento con los que reúnan las condiciones exigidas, sin que pueda
invitarse a empresarios que no hayan solicitado participar en el mismo, o a
candidatos que no posean esas condiciones.

Artículo 150. Contenido de las invitaciones e información a los
invitados.

1. Las invitaciones contendrán una referencia al anuncio de licitación
publicado e indicarán la fecha límite para la recepción de ofertas, la dirección
a la que deban enviarse y la lengua en que deban estar redactadas, si se admite
alguna otra además del castellano, los criterios de adjudicación del contrato
que se tendrán en cuenta y su ponderación relativa o, en su caso, el orden
decreciente de importancia atribuido a los mismos, si no figurasen en el anuncio
de licitación, y el lugar, día y hora de la apertura de proposiciones.

2. La invitación a los candidatos incluirá un ejemplar de los pliegos y copia
de la documentación complementaria, o contendrá las indicaciones pertinentes
para permitir el acceso a estos documentos, cuando los mismos se hayan puesto
directamente a su disposición por medios electrónicos, informáticos y
telemáticos con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo
siguiente.

3. Cuando los pliegos o la documentación complementaria, obren en poder de
una entidad u órgano distinto del que tramita el procedimiento, la invitación
precisará la forma en que puede solicitarse dicha documentación y, en su caso,
la fecha límite para ello, así como el importe y las modalidades de pago de la
cantidad que, en su caso, haya de abonarse. Los servicios competentes remitirán
dicha documentación sin demora a los interesados tras la recepción de su
solicitud.

4. Los órganos de contratación o los servicios competentes deberán facilitar,
antes de los seis días anteriores a la fecha límite fijada para la recepción de
ofertas, la información suplementaria sobre los pliegos o sobre la documentación
complementaria que se les solicite con la debida antelación por los
candidatos.

5. Será igualmente de aplicación en este procedimiento lo previsto en el
artículo 142.3.

Artículo 151. Proposiciones.

1. El plazo de recepción de ofertas en los procedimientos relativos a
contratos sujetos a regulación armonizada no podrá ser inferior a cuarenta días,
contados a partir de la fecha de envío de la invitación escrita. Este plazo
podrá reducirse en cinco días cuando se ofrezca acceso por medios electrónicos,
informáticos y telemáticos a los pliegos y a la documentación
complementaria.

Si se hubiese enviado el anuncio previo a que se refiere el artículo 125, el
plazo podrá reducirse, como norma general, hasta treinta y seis días o, en casos
excepcionales debidamente justificados, hasta veintidós días. Esta reducción del
plazo solo será admisible cuando el anuncio de información previa se hubiese
enviado para su publicación antes de los cincuenta y dos días y después de los
doce meses anteriores a la fecha de envío del anuncio de licitación, siempre que
en él se hubiese incluido, de estar disponible, toda la información exigida para
éste.

2. En los procedimientos relativos a contratos no sujetos a regulación
armonizada, el plazo para la presentación de proposiciones no será inferior a
quince días, contados desde la fecha de envío de la invitación.

Artículo 152. Adjudicación.

En la adjudicación del contrato será de aplicación lo previsto en los
artículos 144 y 145, salvo lo que se refiere a la necesidad de calificar
previamente la documentación a que se refiere el artículo 130.

Sección 4.ª Procedimiento negociado

Artículo 153. Caracterización.

1. En el procedimiento negociado la adjudicación recaerá en el licitador
justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras efectuar consultas
con diversos candidatos y negociar las condiciones del contrato con uno o varios
de ellos.

2. El procedimiento negociado será objeto de publicidad previa en los casos
previstos en el artículo 161, en los que será posible la presentación de ofertas
en concurrencia por cualquier empresario interesado. En los restantes supuestos,
no será necesario dar publicidad al procedimiento, asegurándose la concurrencia
mediante el cumplimiento de lo previsto en el artículo 162.1.

Subsección 1.ª Supuestos de aplicación

Artículo 154. Supuestos generales.

En los términos que se establecen para cada tipo de contrato en los artículos
siguientes, los contratos que celebren las Administraciones Públicas podrán
adjudicarse mediante procedimiento negociado en los siguientes casos:

a) Cuando las proposiciones u ofertas económicas en los procedimientos
abiertos, restringidos o de diálogo competitivo seguidos previamente sean
irregulares o inaceptables por haberse presentado por empresarios carentes de
aptitud, por incumplimiento en las ofertas de las obligaciones legales relativas
a la fiscalidad, protección del medio ambiente y condiciones de trabajo a que se
refiere el artículo 103, por infringir las condiciones para la presentación de
variantes o mejoras, o por incluir valores anormales o desproporcionados,
siempre que no se modifiquen sustancialmente las condiciones originales del
contrato.

b) En casos excepcionales, cuando se trate de contratos en los que, por razón
de sus características o de los riesgos que entrañen, no pueda determinarse
previamente el precio global.

c) Cuando, tras haberse seguido un procedimiento abierto o restringido, no se
haya presentado ninguna oferta o candidatura, o las ofertas no sean adecuadas,
siempre que las condiciones iniciales del contrato no se modifiquen
sustancialmente. Tratándose de contratos sujetos a regulación armonizada, se
remitirá un informe a la Comisión de las Comunidades Europeas, si ésta así lo
solicita.

d) Cuando, por razones técnicas o artísticas o por motivos relacionados con
la protección de derechos de exclusiva el contrato sólo pueda encomendarse a un
empresario determinado.

e) Cuando una imperiosa urgencia, resultante de acontecimientos imprevisibles
para el órgano de contratación y no imputables al mismo, demande una pronta
ejecución del contrato que no pueda lograrse mediante la aplicación de la
tramitación de urgencia regulada en el artículo 96.

f) Cuando el contrato haya sido declarado secreto o reservado, o cuando su
ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales conforme a la
legislación vigente, o cuando lo exija la protección de los intereses esenciales
de la seguridad del Estado y así se haya declarado de conformidad con lo
previsto en el artículo 13.2.d).

g) Cuando se trate de contratos incluidos en el ámbito del artículo 296 del
Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

Artículo 155. Contratos de obras.

Además de en los casos previstos en el artículo 154, los contratos de obras
podrán adjudicarse por procedimiento negociado en los siguientes supuestos:

a) Cuando las obras se realicen únicamente con fines de investigación,
experimentación o perfeccionamiento y no con objeto de obtener una rentabilidad
o de cubrir los costes de investigación o de desarrollo.

b) Cuando se trate de obras complementarias que no figuren en el proyecto ni
en el contrato, o en el proyecto de concesión y su contrato inicial, pero que
debido a una circunstancia imprevista pasen a ser necesarias para ejecutar la
obra tal y como estaba descrita en el proyecto o en el contrato sin modificarla,
y cuya ejecución se confíe al contratista de la obra principal o al
concesionario de la obra pública de acuerdo con los precios que rijan para el
contrato primitivo o que, en su caso, se fijen contradictoriamente, siempre que
las obras no puedan separarse técnica o económicamente del contrato primitivo
sin causar grandes inconvenientes a la Administración o que, aunque resulten
separables, sean estrictamente necesarias para su perfeccionamiento, y que el
importe acumulado de las obras complementarias no supere el 50 por ciento del
precio primitivo del contrato. Las demás obras complementarias que no reúnan los
requisitos señalados habrán de ser objeto de contratación independiente.

c) Cuando las obras consistan en la repetición de otras similares adjudicadas
por procedimiento abierto o restringido al mismo contratista por el órgano de
contratación, siempre que se ajusten a un proyecto base que haya sido objeto del
contrato inicial adjudicado por dichos procedimientos, que la posibilidad de
hacer uso de este procedimiento esté indicada en el anuncio de licitación del
contrato inicial y que el importe de las nuevas obras se haya computado al fijar
la cuantía total del contrato.

Únicamente se podrá recurrir a este procedimiento durante un período de tres
años, a partir de la formalización del contrato inicial.

d) En todo caso, cuando su valor estimado sea inferior a un millón de
euros.

Artículo 156. Contratos de gestión de servicios públicos.

Además de en los supuestos previstos en el artículo 154, podrá acudirse al
procedimiento negociado para adjudicar contratos de gestión de servicios
públicos en los siguientes casos:

a) Cuando se trate de servicios públicos respecto de los cuales no sea
posible promover concurrencia en la oferta.

b) Los de gestión de servicios cuyo presupuesto de gastos de primer
establecimiento se prevea inferior a 500.000 euros y su plazo de duración sea
inferior a cinco años.

c) Los relativos a la prestación de asistencia sanitaria concertados con
medios ajenos, derivados de un Convenio de colaboración entre las
Administraciones Públicas o de un contrato marco, siempre que éste haya sido
adjudicado con sujeción a las normas de esta Ley.

Artículo 157. Contratos de suministro.

Además de en los casos previstos en el artículo 154, los contratos de
suministro podrán adjudicarse mediante el procedimiento negociado en los
siguientes supuestos:

a) Cuando se trate de la adquisición de bienes muebles integrantes del
Patrimonio Histórico Español, previa su valoración por la Junta de Calificación,
Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español u organismo
reconocido al efecto de las Comunidades Autónomas, que se destinen a museos,
archivos o bibliotecas.

b) Cuando los productos se fabriquen exclusivamente para fines de
investigación, experimentación, estudio o desarrollo; esta condición no se
aplica a la producción en serie destinada a establecer la viabilidad comercial
del producto o a recuperar los costes de investigación y desarrollo.

c) Cuando se trate de entregas complementarias efectuadas por el proveedor
inicial que constituyan bien una reposición parcial de suministros o
instalaciones de uso corriente, o bien una ampliación de los suministros o
instalaciones existentes, si el cambio de proveedor obligase al órgano de
contratación a adquirir material con características técnicas diferentes, dando
lugar a incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso y de mantenimiento
desproporcionadas. La duración de tales contratos, así como la de los contratos
renovables, no podrá, por regla general, ser superior a tres años.

d) Cuando se trate de la adquisición en mercados organizados o bolsas de
materias primas de suministros que coticen en los mismos.

e) Cuando se trate de un suministro concertado en condiciones especialmente
ventajosas con un proveedor que cese definitivamente en sus actividades
comerciales, o con los administradores de un concurso, o a través de un acuerdo
judicial o un procedimiento de la misma naturaleza.

f) En todo caso, cuando su valor estimado sea inferior a 100.000 euros.

Artículo 158. Contratos de servicios.

Además de en los casos previstos en el artículo 154, los contratos de
servicios podrán adjudicarse por procedimiento negociado en los siguientes
supuestos:

a) Cuando debido a las características de la prestación, especialmente en los
contratos que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual y en los
comprendidos en la categoría 6 del Anexo II, no sea posible establecer sus
condiciones con la precisión necesaria para adjudicarlo por procedimiento
abierto o restringido.

b) Cuando se trate de servicios complementarios que no figuren en el proyecto
ni en el contrato pero que debido a una circunstancia imprevista pasen a ser
necesarios para ejecutar el servicio tal y como estaba descrito en el proyecto o
en el contrato sin modificarlo, y cuya ejecución se confíe al empresario al que
se adjudicó el contrato principal de acuerdo con los precios que rijan para éste
o que, en su caso, se fijen contradictoriamente, siempre que los servicios no
puedan separarse técnica o económicamente del contrato primitivo sin causar
grandes inconvenientes a la Administración o que, aunque resulten separables,
sean estrictamente necesarios para su perfeccionamiento y que el importe
acumulado de los servicios complementarios no supere el 50 por ciento del precio
primitivo del contrato. Los demás servicios complementarios que no reúnan los
requisitos señalados habrán de ser objeto de contratación independiente.

c) Cuando los servicios consistan en la repetición de otros similares
adjudicados por procedimiento abierto o restringido al mismo contratista por el
órgano de contratación, siempre que se ajusten a un proyecto base que haya sido
objeto del contrato inicial adjudicado por dichos procedimientos, que la
posibilidad de hacer uso de este procedimiento esté indicada en el anuncio de
licitación del contrato inicial y que el importe de los nuevas servicios se haya
computado al fijar la cuantía total del contrato.

Únicamente se podrá recurrir a este procedimiento durante un período de tres
años, a partir de la formalización del contrato inicial.

d) cuando el contrato en cuestión sea la consecuencia de un concurso y, con
arreglo a las normas aplicables, deba adjudicarse al ganador. En caso de que
existan varios ganadores se deberá invitar a todos ellos a participar en las
negociaciones.

e) En todo caso, cuando su valor estimado sea inferior a 100.000 euros.

Artículo 159. Otros contratos.

Salvo que se disponga otra cosa en las normas especiales por las que se
regulen, los restantes contratos de las Administraciones Públicas podrán ser
adjudicados por procedimiento negociado en los casos previstos en el artículo
154 y, además, cuando su valor estimado sea inferior a 100.000 euros.

Subsección 2.ª Tramitación

Artículo 160. Delimitación de la materia objeto de negociación.

En el pliego de cláusulas administrativas particulares se determinarán los
aspectos económicos y técnicos que, en su caso, hayan de ser objeto de
negociación con las empresas.

Artículo 161. Anuncio de licitación y presentación de solicitudes de
participación.

1. Cuando se acuda al procedimiento negociado por concurrir las
circunstancias previstas en las letras a) y b) del artículo 154, en la letra a)
del artículo 155, o en la letra a) del artículo 158, el órgano de contratación
deberá publicar un anuncio de licitación en la forma prevista en el artículo
126.

Podrá prescindirse de la publicación del anuncio cuando se acuda al
procedimiento negociado por haberse presentado ofertas irregulares o
inaceptables en los procedimientos antecedentes, siempre que en la negociación
se incluya a todos los licitadores que en el procedimiento abierto o
restringido, o en el procedimiento de diálogo competitivo seguido con
anterioridad hubiesen presentado ofertas conformes con los requisitos formales
exigidos, y solo a ellos.

2. Igualmente, en los contratos no sujetos a regulación armonizada que puedan
adjudicarse por procedimiento negociado por ser su cuantía inferior a la
indicada en los artículos 155, letra d), 156, letra b), 157, letra f), 158,
letra e) y 159, deberán publicarse anuncios conforme a lo previsto en el
artículo 126 cuando su valor estimado sea superior a 200.000 euros, si se trata
de contratos de obras, o a 60.000 euros, cuando se trate de otros contratos.

3. Serán de aplicación al procedimiento negociado, en los casos en que se
proceda a la publicación de anuncios de licitación, las normas contenidas en los
artículos 147 a 150, ambos inclusive. No obstante, en caso de que se decida
limitar el número de empresas a las que se invitará a negociar, deberá tenerse
en cuenta lo señalado en el apartado 1 del artículo siguiente.

Artículo 162. Negociación de los términos del contrato.

1. En el procedimiento negociado será necesario solicitar ofertas, al menos,
a tres empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato, siempre
que ello sea posible.

2. Los órganos de contratación podrán articular el procedimiento negociado en
fases sucesivas, a fin de reducir progresivamente el número de ofertas a
negociar mediante la aplicación de los criterios de adjudicación señalados en el
anuncio de licitación o en el pliego de condiciones, indicándose en éstos si se
va a hacer uso de esta facultad. El número de soluciones que lleguen hasta la
fase final deberá ser lo suficientemente amplio como para garantizar una
competencia efectiva, siempre que se hayan presentado un número suficiente de
soluciones o de candidatos adecuados.

3. Durante la negociación, los órganos de contratación velarán porque todos
los licitadores reciban igual trato. En particular no facilitarán, de forma
discriminatoria, información que pueda dar ventajas a determinados licitadores
con respecto al resto.

4. Los órganos de contratación negociarán con los licitadores las ofertas que
éstos hayan presentado para adaptarlas a los requisitos indicados en el pliego
de cláusulas administrativas particulares y en el anuncio de licitación, en su
caso, y en los posibles documentos complementarios, con el fin de identificar la
oferta económicamente más ventajosa.

5. En el expediente deberá dejarse constancia de las invitaciones cursadas,
de las ofertas recibidas y de las razones para su aceptación o rechazo.

Sección 5.ª Diálogo competitivo

Artículo 163. Caracterización.

1. En el diálogo competitivo, el órgano de contratación dirige un diálogo con
los candidatos seleccionados, previa solicitud de los mismos, a fin de
desarrollar una o varias soluciones susceptibles de satisfacer sus necesidades y
que servirán de base para que los candidatos elegidos presenten una oferta.

2. Los órganos de contratación podrán establecer primas o compensaciones para
los participantes en el diálogo.

Artículo 164. Supuestos de aplicación.

1. El diálogo competitivo podrá utilizarse en el caso de contratos
particularmente complejos, cuando el órgano de contratación considere que el uso
del procedimiento abierto o el del restringido no permite una adecuada
adjudicación del contrato.

2. A estos efectos, se considerará que un contrato es particularmente
complejo cuando el órgano de contratación no se encuentre objetivamente
capacitado para definir, con arreglo a las letras b), c) o d) del apartado 3 del
artículo 101, los medios técnicos aptos para satisfacer sus necesidades u
objetivos, o para determinar la cobertura jurídica o financiera de un
proyecto.

3. Los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado
a que se refiere el artículo 11 se adjudicarán por este procedimiento, sin
perjuicio de que pueda seguirse el procedimiento negociado con publicidad en el
caso previsto en el artículo 154.a).

Artículo 165. Apertura del procedimiento y solicitudes de participación.

1. Los órganos de contratación publicarán un anuncio de licitación en el que
darán a conocer sus necesidades y requisitos, que definirán en dicho anuncio o
en un documento descriptivo.

2. Serán de aplicación en este procedimiento las normas contenidas en los
artículos 147 a 149, ambos inclusive. No obstante, en caso de que se decida
limitar el número de empresas a las que se invitará a tomar parte en el diálogo,
éste no podrá ser inferior a tres.

3. Las invitaciones a tomar parte en el diálogo contendrán una referencia al
anuncio de licitación publicado e indicarán la fecha y el lugar de inicio de la
fase de consulta, la lengua o lenguas utilizables, si se admite alguna otra,
además del castellano, los documentos relativos a las condiciones de aptitud
que, en su caso, se deban adjuntar, y la ponderación relativa de los criterios
de adjudicación del contrato o, en su caso, el orden decreciente de importancia
de dichos criterios, si no figurasen en el anuncio de licitación. Serán
aplicables las disposiciones de los apartados 2 a 5 del artículo 150, en cuanto
a la documentación que debe acompañar a las invitaciones, si bien las
referencias a los pliegos deben entenderse hechas al documento descriptivo y el
plazo límite previsto en el apartado 4 para facilitar información suplementaria
se entenderá referido a los seis días anteriores a la fecha fijada para el
inicio de la fase de diálogo.

Artículo 166. Diálogo con los candidatos.

1. El órgano de contratación desarrollará, con los candidatos seleccionados,
un diálogo cuyo fin será determinar y definir los medios adecuados para
satisfacer sus necesidades. En el transcurso de este diálogo, podrán debatirse
todos los aspectos del contrato con los candidatos seleccionados.

2. Durante el diálogo, el órgano de contratación dará un trato igual a todos
los licitadores y, en particular, no facilitará, de forma discriminatoria,
información que pueda dar ventajas a determinados licitadores con respecto al
resto.

El órgano de contratación no podrá revelar a los demás participantes las
soluciones propuestas por un participante u otros datos confidenciales que éste
les comunique sin previo acuerdo de éste.

3. El procedimiento podrá articularse en fases sucesivas, a fin de reducir
progresivamente el número de soluciones a examinar durante la fase de diálogo
mediante la aplicación de los criterios indicados en el anuncio de licitación o
en el documento descriptivo, indicándose en éstos si se va a hacer uso de esta
posibilidad. El número de soluciones que se examinen en la fase final deberá ser
lo suficientemente amplio como para garantizar una competencia efectiva entre
ellas, siempre que se hayan presentado un número suficiente de soluciones o de
candidatos adecuados.

4. El órgano de contratación proseguirá el diálogo hasta que se encuentre en
condiciones de determinar, después de compararlas, si es preciso, las soluciones
que puedan responder a sus necesidades.

Tras declarar cerrado el diálogo e informar de ello a todos los
participantes, el órgano de contratación les invitará a que presenten su oferta
final, basada en la solución o soluciones presentadas y especificadas durante la
fase de diálogo, indicando la fecha límite, la dirección a la que deba enviarse
y la lengua o lenguas en que puedan estar redactadas, si se admite alguna otra
además del castellano.

Artículo 167. Presentación y examen de las ofertas.

1. Las ofertas deben incluir todos los elementos requeridos y necesarios para
la realización del proyecto.

El órgano de contratación, podrá solicitar precisiones o aclaraciones sobre
las ofertas presentadas, ajustes en las mismas o información complementaria
relativa a ellas, siempre que ello no suponga una modificación de sus elementos
fundamentales que implique una variación que pueda falsear la competencia o
tener un efecto discriminatorio.

2. El órgano de contratación evaluará las ofertas presentadas por los
licitadores en función de los criterios de adjudicación establecidos en el
anuncio de licitación o en el documento descriptivo y seleccionará la oferta
económicamente más ventajosa. Para esta valoración habrán de tomarse en
consideración, necesariamente, varios criterios, sin que sea posible adjudicar
el contrato únicamente basándose en el precio ofertado.

3. El órgano de contratación podrá requerir al licitador cuya oferta se
considere más ventajosa económicamente para que aclare determinados aspectos de
la misma o ratifique los compromisos que en ella figuran, siempre que con ello
no se modifiquen elementos sustanciales de la oferta o de la licitación, se
falsee la competencia, o se produzca un efecto discriminatorio.

Sección 6.ª Normas especiales aplicables a los concursos de proyectos

Artículo 168. Ámbito de aplicación.

1. Son concursos de proyectos los procedimientos encaminados a la obtención
de planos o proyectos, principalmente en los campos de la arquitectura, el
urbanismo, la ingeniería y el procesamiento de datos, a través de una selección
que, tras la correspondiente licitación, se encomienda a un jurado.

2. Las normas de la presente sección se aplicarán a los concursos de
proyectos que respondan a uno de los tipos siguientes:

a) Concursos de proyectos organizados en el marco de un procedimiento de
adjudicación de un contrato de servicios.

b) Concursos de proyectos con primas de participación o pagos a los
participantes.

3. No se aplicarán las normas de la presente sección a los concursos de
proyectos que se encuentren en casos equiparables a los previstos en el artículo
4 y en el apartado 2 del artículo 13.

4. Se consideran sujetos a regulación armonizada los concursos de proyectos
cuya cuantía sea igual o superior a los umbrales fijados en el artículo 16 en
función del órgano que efectúe la convocatoria.

La cuantía de los concursos de proyectos se calculará teniendo en cuenta el
valor estimado del contrato de servicios y las eventuales primas de
participación o pagos a los participantes, en el caso de la letra a) del
apartado 2 y, en el caso previsto en la letra b), el importe total de los pagos
y primas, e incluyendo el valor estimado del contrato de servicios que pudiera
adjudicarse ulteriormente con arreglo a la letra e) del artículo 158, si el
órgano de contratación no excluyese esta adjudicación en el anuncio del
concurso.

Artículo 169. Bases del concurso.

Las normas relativas a la organización de un concurso de proyectos se
establecerán de conformidad con lo regulado en la presente sección y se pondrán
a disposición de quienes estén interesados en participar en el mismo.

Artículo 170. Participantes.

En caso de que se decida limitar el número de participantes, la selección de
éstos deberá efectuarse aplicando criterios objetivos, claros y no
discriminatorios, sin que el acceso a la participación pueda limitarse a un
determinado ámbito territorial, o a personas físicas con exclusión de las
jurídicas o a la inversa. En cualquier caso, al fijar el número de candidatos
invitados a participar, deberá tenerse en cuenta la necesidad de garantizar una
competencia real.

Artículo 171. Publicidad.

1. La licitación del concurso de proyectos se publicará en la forma prevista
en el artículo 126.

2. Los resultados del concurso se publicarán en la forma prevista en el
artículo 138.

Artículo 172. Decisión del concurso.

1. El jurado estará compuesto por personas físicas independientes de los
participantes en el concurso de proyectos.

2. Cuando se exija una cualificación profesional específica para participar
en un concurso de proyectos, al menos un tercio de los miembros del jurado
deberá poseer dicha cualificación u otra equivalente.

3. El jurado adoptará sus decisiones o dictámenes con total independencia,
sobre la base de proyectos que le serán presentados de forma anónima, y
atendiendo únicamente a los criterios indicados en el anuncio de celebración del
concurso.

4. El jurado tendrá autonomía de decisión o de dictamen.

5. El jurado hará constar en un informe, firmado por sus miembros, la
clasificación de los proyectos, teniendo en cuenta los méritos de cada proyecto,
junto con sus observaciones y cualesquiera aspectos que requieran
aclaración.

6. Deberá respetarse el anonimato hasta que el jurado emita su dictamen o
decisión.

7. De ser necesario, podrá invitarse a los participantes a que respondan a
preguntas que el jurado haya incluido en el acta para aclarar cualquier aspecto
de los proyectos, debiendo levantarse un acta completa del diálogo entre los
miembros del jurado y los participantes.

8. Conocido el dictamen del jurado y teniendo en cuenta el contenido de la
clasificación y del acta a que se refiere el artículo anterior el órgano de
contratación procederá a la adjudicación, que deberá ser motivada si no se
ajusta a la propuesta o propuestas del jurado.

9. En lo no previsto por esta sección el concurso de los proyectos se regirá
por las disposiciones reguladoras de la contratación de servicios.

CAPÍTULO II

Adjudicación de otros contratos del sector público

Sección 1.ª Normas aplicables por los poderes adjudicadores que no tengan el
carácter de administraciones públicas

Artículo 173. Delimitación general.

Los poderes adjudicadores que no tengan el carácter de Administraciones
Públicas aplicarán, para la adjudicación de sus contratos, las normas de la
presente sección.

Artículo 174. Adjudicación de los contratos sujetos a regulación
armonizada.

1. La adjudicación de los contratos sujetos a regulación armonizada se regirá
por las normas establecidas en el Capítulo anterior con las siguientes
adaptaciones:

a) No serán de aplicación las normas establecidas en el segundo párrafo del
apartado 2 del artículo 134 sobre intervención del comité de expertos para la
valoración de criterios subjetivos, en los apartados 1 y 2 del artículo 136
sobre criterios para apreciar el carácter anormal o desproporcionado de las
ofertas, en el artículo 140 sobre formalización de los contratos, en el artículo
144 sobre examen de las proposiciones y propuesta de adjudicación, y en el
artículo 156 sobre los supuestos en que es posible acudir a un procedimiento
negociado para adjudicar contratos de gestión de servicios públicos.

b) No será preciso publicar las licitaciones y adjudicaciones en los diarios
oficiales nacionales a que se refieren el párrafo primero del apartado 1 del
artículo 126 y el párrafo primero del apartado 2 del artículo 138, entendiéndose
que se satisface el principio de publicidad mediante la publicación efectuada en
el «Diario Oficial de la Unión Europea» y la inserción de la correspondiente
información en la plataforma de contratación a que se refiere el artículo 309 o
en el sistema equivalente gestionado por la Administración Pública de la que
dependa la entidad contratante, sin perjuicio de la utilización de medios
adicionales con carácter voluntario.

2. Si, por razones de urgencia, resultara impracticable el cumplimiento de
los plazos mínimos establecidos, será de aplicación lo previsto en el artículo
96.2.b) sobre reducción de plazos.

Artículo 175. Adjudicación de los contratos que no estén sujetos a regulación
armonizada.

En la adjudicación de contratos no sujetos a regulación armonizada serán de
aplicación las siguientes disposiciones:

a) La adjudicación estará sometida, en todo caso, a los principios de
publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no
discriminación.

b) Los órganos competentes de las entidades a que se refiere esta sección
aprobarán unas instrucciones, de obligado cumplimiento en el ámbito interno de
las mismas, en las que se regulen los procedimientos de contratación de forma
que quede garantizada la efectividad de los principios enunciados en la letra
anterior y que el contrato es adjudicado a quien presente la oferta
económicamente más ventajosa. Estas instrucciones deben ponerse a disposición de
todos los interesados en participar en los procedimientos de adjudicación de
contratos regulados por ellas, y publicarse en el perfil de contratante de la
entidad.

En el ámbito del sector público estatal, la aprobación de las instrucciones
requerirá el informe previo de la Abogacía del Estado.

c) Se entenderán cumplidas las exigencias derivadas del principio de
publicidad con la inserción de la información relativa a la licitación de los
contratos cuyo importe supere los 50.000 euros en el perfil del contratante de
la entidad, sin perjuicio de que las instrucciones internas de contratación
puedan arbitrar otras modalidades, alternativas o adicionales, de difusión.

Sección 2.ª Normas aplicables por otros entes, organismos y entidades del
sector público

Artículo 176. Régimen de adjudicación de contratos.

1. Los entes, organismos y entidades del sector público que no tengan la
consideración de poderes adjudicadores deberán ajustarse, en la adjudicación de
los contratos, a los principios de publicidad, concurrencia, transparencia,
confidencialidad, igualdad y no discriminación.

2. La adjudicación de los contratos deberá efectuarse de forma que recaiga en
la oferta económicamente más ventajosa.

3. En las instrucciones internas en materia de contratación que se aprueben
por estas entidades se dispondrá lo necesario para asegurar la efectividad de
los principios enunciados en el apartado 1 de este artículo y la directriz
establecida en el apartado 2. Estas instrucciones deben ponerse a disposición de
todos los interesados en participar en los procedimientos de adjudicación de
contratos regulados por ellas, y publicarse en el perfil de contratante de la
entidad.

En el ámbito del sector público estatal, estas instrucciones deberán ser
informadas antes de su aprobación por el órgano al que corresponda el
asesoramiento jurídico de la correspondiente entidad.

Sección 3.ª Normas aplicables en la adjudicación de contratos
subvencionados

Artículo 177. Adjudicación de contratos subvencionados.

La adjudicación de los contratos subvencionados a que se refiere el artículo
17 de esta Ley se regirá por las normas establecidas en el artículo 174.

TÍTULO II

Racionalización técnica de la contratación

CAPÍTULO I

Normas generales

Artículo 178. Sistemas para la racionalización de la contratación de las
Administraciones Públicas.

Para racionalizar y ordenar la adjudicación de contratos las Administraciones
Públicas podrán concluir acuerdos marco, articular sistemas dinámicos, o
centralizar la contratación de obras, servicios y suministros en servicios
especializados, conforme a las normas de este Título.

Artículo 179. Sistemas para la racionalización de la contratación de otras
entidades del sector público.

Los sistemas para la racionalización de la contratación que establezcan las
entidades del sector público que no tengan el carácter de Administraciones
Públicas en sus normas e instrucciones propias, deberán ajustarse a las
disposiciones de este Título para la adjudicación de contratos sujetos a
regulación armonizada.

CAPÍTULO II

Acuerdos marco

Artículo 180. Funcionalidad y límites.

1. Los órganos de contratación del sector público podrán concluir acuerdos
marco con uno o varios empresarios con el fin de fijar las condiciones a que
habrán de ajustarse los contratos que pretendan adjudicar durante un período
determinado, siempre que el recurso a estos instrumentos no se efectúe de forma
abusiva o de modo que la competencia se vea obstaculizada, restringida o
falseada.

2. Cuando el acuerdo marco se concluya con varios empresarios, el número de
éstos deberá ser, al menos, de tres, siempre que exista un número suficiente de
interesados que se ajusten a los criterios de selección o de ofertas admisibles
que respondan a los criterios de adjudicación.

3. La duración de un acuerdo marco no podrá exceder de cuatro años, salvo en
casos excepcionales, debidamente justificados.

Artículo 181. Procedimiento de celebración de acuerdos marco.

1. Para la celebración de un acuerdo marco se seguirán las normas de
procedimiento establecidas en el Libro II, y en el Capítulo I del Título I de
este Libro.

2. La celebración del acuerdo marco se publicará en el perfil de contratante
del órgano de contratación y, en un plazo no superior a cuarenta y ocho días, se
publicará además en el «Boletín Oficial del Estado» o en los respectivos Diarios
o Boletines Oficiales de las Comunidades Autónomas o de las Provincias. La
posibilidad de adjudicar contratos sujetos a regulación armonizada con base en
el acuerdo marco estará condicionada a que en el plazo de cuarenta y ocho días
desde su celebración, se hubiese remitido el correspondiente anuncio de la misma
al «Diario Oficial de la Unión Europea» y efectuado su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado».

3. En los casos a que se refiere el artículo 137.2, el órgano de contratación
podrá no publicar determinada información relativa a la celebración del acuerdo
marco, justificándolo debidamente en el expediente.

Artículo 182. Adjudicación de contratos basados en un acuerdo marco.

1. Solo podrán celebrarse contratos basados en un acuerdo marco entre los
órganos de contratación y las empresas que hayan sido originariamente partes en
aquél. En estos contratos, en particular en el caso previsto en el apartado 3 de
este artículo, las partes no podrán, en ningún caso, introducir modificaciones
sustanciales respecto de los términos establecidos en el acuerdo marco.

2. Los contratos basados en el acuerdo marco se adjudicarán de acuerdo con lo
previsto en los apartados 3 y 4 de este artículo.

3. Cuando el acuerdo marco se hubiese concluido con un único empresario, los
contratos basados en aquél se adjudicarán con arreglo a los términos en él
establecidos. Los órganos de contratación podrán consultar por escrito al
empresario, pidiéndole, si fuere necesario, que complete su oferta.

4. Cuando el acuerdo marco se hubiese celebrado con varios empresarios, la
adjudicación de los contratos en él basados se efectuará aplicando los términos
fijados en el propio acuerdo marco, sin necesidad de convocar a las partes a una
nueva licitación.

Cuando no todos los términos estén establecidos en el acuerdo marco, la
adjudicación de los contratos se efectuará convocando a las partes a una nueva
licitación, en la que se tomarán como base los mismos términos, formulándolos de
manera más precisa si fuera necesario, y, si ha lugar, otros a los que se
refieran las especificaciones del acuerdo marco, con arreglo al procedimiento
siguiente:

a) Por cada contrato que haya de adjudicarse, se consultará por escrito a
todas las empresas capaces de realizar el objeto del contrato; no obstante,
cuando los contratos a adjudicar no estén sujetos, por razón de su objeto y
cuantía, a procedimiento armonizado, el órgano de contratación podrá decidir,
justificándolo debidamente en el expediente, no extender esta consulta a la
totalidad de los empresarios que sean parte del acuerdo marco, siempre que, como
mínimo, solicite ofertas a tres de ellos.

b) Se concederá un plazo suficiente para presentar las ofertas relativas a
cada contrato específico, teniendo en cuenta factores tales como la complejidad
del objeto del contrato y el tiempo necesario para el envío de la oferta.

c) Las ofertas se presentarán por escrito y su contenido será confidencial
hasta el momento fijado para su apertura.

d) De forma alternativa a lo señalado en las letras anteriores, el órgano de
contratación podrá abrir una subasta electrónica para la adjudicación del
contrato conforme a lo establecido en el artículo 132.

e) El contrato se adjudicará al licitador que haya presentado la mejor
oferta, valorada según los criterios detallados en el acuerdo marco.

f) Si lo estima oportuno, el órgano de contratación podrá decidir la
publicación de la adjudicación conforme a lo previsto en el artículo 138.

CAPÍTULO III

Sistemas dinámicos de contratación

Artículo 183. Funcionalidad y límites.

1. Los órganos de contratación del sector público podrán articular sistemas
dinámicos para la contratación de obras, servicios y suministros de uso
corriente cuyas características, generalmente disponibles en el mercado,
satisfagan sus necesidades, siempre que el recurso a estos instrumentos no se
efectúe de forma que la competencia se vea obstaculizada, restringida o
falseada.

2. La duración de un sistema dinámico de contratación no podrá exceder de
cuatro años, salvo en casos excepcionales debidamente justificados.

Artículo 184. Implementación.

1. El sistema dinámico de contratación se desarrollará de acuerdo con las
normas del procedimiento abierto a lo largo de todas sus fases y hasta la
adjudicación de los correspondientes contratos, que se efectuará en la forma
prevista en el artículo 186. Todos los licitadores que cumplan los criterios de
selección y que hayan presentado una oferta indicativa que se ajuste a lo
señalado en los pliegos serán admitidos en el sistema.

2. Para la implementación de un sistema dinámico de contratación se
observarán las siguientes normas:

a) El órgano de contratación deberá publicar un anuncio de licitación, en la
forma establecida en el artículo 126, en el que deberá indicar expresamente que
pretende articular un sistema dinámico de contratación.

b) En los pliegos deberá precisarse, además de los demás extremos que
resulten pertinentes, la naturaleza de los contratos que podrán celebrarse
mediante el sistema, y toda la información necesaria para incorporarse al mismo
y, en particular, la relativa al equipo electrónico utilizado y a los arreglos y
especificaciones técnicas de conexión.

c) Desde la publicación del anuncio y hasta la expiración del sistema, se
ofrecerá acceso sin restricción, directo y completo, por medios electrónicos,
informáticos y telemáticos, a los pliegos y a la documentación complementaria.
En el anuncio a que se refiere la letra a) anterior, se indicará la dirección de
Internet en la que estos documentos pueden consultarse.

3. El desarrollo del sistema, y la adjudicación de los contratos en el marco
de éste deberán efectuarse, exclusivamente, por medios electrónicos,
informáticos y telemáticos.

4. La participación en el sistema será gratuita para las empresas, a las que
no se podrá cargar ningún gasto.

Artículo 185. Incorporación de empresas al sistema.

1. Durante la vigencia del sistema, todo empresario interesado podrá
presentar una oferta indicativa a efectos de ser incluido en el mismo.

2. La evaluación de las ofertas indicativas deberá efectuarse en un plazo
máximo de quince días a partir de su presentación. Este plazo podrá prorrogarse
por el órgano de contratación, siempre que, entretanto, no convoque una nueva
licitación.

3. El órgano de contratación deberá comunicar al licitador su admisión en el
sistema dinámico de contratación, o el rechazo de su oferta indicativa, que solo
procederá en caso de que la oferta no se ajuste a lo establecido en el pliego,
en el plazo máximo de dos días desde que se efectúe la evaluación de su oferta
indicativa.

4. Las ofertas indicativas podrán mejorarse en cualquier momento siempre que
sigan siendo conformes al pliego.

Artículo 186. Adjudicación de contratos en el marco de un sistema dinámico de
contratación.

1. Cada contrato específico que se pretenda adjudicar en el marco de un
sistema dinámico de contratación deberá ser objeto de una licitación.

2. Cuando, por razón de su cuantía, los contratos a adjudicar estén sujetos a
regulación armonizada, antes de proceder a la licitación los órganos de
contratación publicarán un anuncio simplificado, en los medios que se detallan
en el artículo 126, invitando a cualquier empresario interesado a presentar una
oferta indicativa, en un plazo no inferior a quince días, que se computarán
desde el envío del anuncio a la Unión Europea. Hasta que se concluya la
evaluación de las ofertas indicativas presentadas en plazo no podrán convocarse
nuevas licitaciones.

3. Todos los empresarios admitidos en el sistema serán invitados a presentar
una oferta para el contrato específico que se esté licitando, a cuyo efecto se
les concederá un plazo suficiente, que se fijará teniendo en cuenta el tiempo
que razonablemente pueda ser necesario para prepararla, atendida la complejidad
del contrato. El órgano de contratación podrá, asimismo, abrir una subasta
electrónica conforme a lo establecido en el artículo 132.

4. El contrato se adjudicará al licitador que haya presentado la mejor
oferta, valorada de acuerdo con los criterios señalados en el anuncio de
licitación a que se refiere el artículo 184.2.a). Estos criterios deberán
precisarse en la invitación a la que se refiere el apartado anterior.

5. El resultado del procedimiento deberá anunciarse dentro de los cuarenta y
ocho días siguientes a la adjudicación de cada contrato en la forma prevista en
el apartado 1 del artículo 138, siendo igualmente de aplicación lo previsto en
su apartado 4. No obstante, estos anuncios podrán agruparse trimestralmente, en
cuyo caso el plazo de cuarenta y ocho días se computará desde la terminación del
trimestre.

CAPÍTULO IV

Centrales de contratación

Sección 1.ª Normas generales

Artículo 187. Funcionalidad y principios de actuación.

1. Las entidades del sector público podrán centralizar la contratación de
obras, servicios y suministros, atribuyéndola a servicios especializados.

2. Las centrales de contratación podrán actuar adquiriendo suministros y
servicios para otros órganos de contratación, o adjudicando contratos o
celebrando acuerdos marco para la realización de obras, suministros o servicios
destinados a los mismos.

3. Las centrales de contratación se sujetarán, en la adjudicación de los
contratos y acuerdos marco que celebren, a las disposiciones de la presente Ley
y sus normas de desarrollo.

Artículo 188. Creación de centrales de contratación por las Comunidades
Autónomas y Entidades Locales.

1. La creación de centrales de contratación por las Comunidades Autónomas,
así como la determinación del tipo de contratos y el ámbito subjetivo a que se
extienden, se efectuará en la forma que prevean las normas de desarrollo de esta
Ley que aquéllas dicten en ejercicio de sus competencias.

2. En el ámbito de la Administración local, las Diputaciones Provinciales
podrán crear centrales de contratación por acuerdo del Pleno.

Artículo 189. Adhesión a sistemas externos de contratación centralizada.

1. Las Comunidades Autónomas y las Entidades locales, así como los Organismos
autónomos y entes públicos dependientes de ellas podrán adherirse al sistema de
contratación centralizada estatal regulado en el artículo 190, para la totalidad
de los suministros, servicios y obras incluidos en el mismo o sólo para
determinadas categorías de ellos. La adhesión requerirá la conclusión del
correspondiente acuerdo con la Dirección General del Patrimonio del Estado.

2. Igualmente, mediante los correspondientes acuerdos, las Comunidades
Autónomas y las Entidades locales podrán adherirse a sistemas de adquisición
centralizada de otras Comunidades Autónomas o Entidades locales.

3. Las sociedades y fundaciones y los restantes entes, organismos y entidades
del sector público podrán adherirse a los sistemas de contratación centralizada
establecidos por las Administraciones Públicas en la forma prevista en los
apartados anteriores.

Sección 2.ª Contratación centralizada en el ámbito estatal

Artículo 190. Régimen general.

1. En el ámbito de la Administración General del Estado, sus Organismos
autónomos, Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social y demás
Entidades públicas estatales, el Ministro de Economía y Hacienda podrá declarar
de contratación centralizada los suministros, obras y servicios que se contraten
de forma general y con características esencialmente homogéneas por los
diferentes órganos y organismos.

2. La contratación de estos suministros, obras o servicios deberá efectuarse
a través de la Dirección General del Patrimonio del Estado, que operará,
respecto de ellos, como central de contratación única en el ámbito definido en
el apartado 1. La financiación de los correspondientes contratos, correrá a
cargo del organismo peticionario.

3. La contratación de obras, suministros o servicios centralizados podrá
efectuarse por la Dirección General del Patrimonio del Estado a través de los
siguientes procedimientos:

a) Mediante la conclusión del correspondiente contrato, que se adjudicará con
arreglo a las normas procedimentales contenidas en el Capítulo I del Título I de
este Libro.

b) A través del procedimiento especial de adopción de tipo. Este
procedimiento se desarrollará en dos fases, la primera de las cuales tendrá por
objeto la adopción de los tipos contratables para cada clase de bienes, obras o
servicios mediante la conclusión de un acuerdo marco o la apertura de un sistema
dinámico, mientras que la segunda tendrá por finalidad la contratación
específica, conforme a las normas aplicables a cada uno de dichos sistemas
contractuales, de los bienes, servicios u obras de los tipos así adoptados que
precisen los diferentes órganos y organismos.

En tanto no se produzca la adopción de tipos conforme a lo señalado en el
apartado anterior, o cuando los tipos adoptados no reúnan las características
indispensables para satisfacer las necesidades del organismo peticionario, la
contratación de los suministros, obras o servicios se efectuará, con arreglo a
las normas generales de procedimiento, por la Dirección General del Patrimonio
del Estado. No obstante, si la Orden por la que se acuerda la centralización de
estos contratos así lo prevé, la contratación podrá realizarse, de acuerdo con
las normas generales de competencia y procedimiento, por el correspondiente
órgano de contratación, previo informe favorable de la Dirección General del
Patrimonio del Estado.

Cuando la contratación de los suministros servicios u obras deba efectuarse
convocando a las partes en un acuerdo marco a una nueva licitación conforme a lo
previsto en las letras a) a d) del apartado 4 del artículo 182, la consulta por
escrito a los empresarios capaces de realizar la prestación, así como la
recepción y examen de las proposiciones serán responsabilidad del organismo
interesado en la adjudicación del contrato, que elevará la correspondiente
propuesta a la Dirección General del Patrimonio del Estado.

Si la adopción de tipo se hubiese efectuado mediante la articulación de un
sistema dinámico de contratación, en la adjudicación de los contratos que, por
razón de su cuantía, no estén sujetos a un procedimiento armonizado, no regirá
lo dispuesto en el artículo 185.2 y en el artículo 186.2 sobre la imposibilidad
de convocar nuevas licitaciones mientras esté pendiente la evaluación de las
ofertas presentadas.

4. La conclusión por la Administración General del Estado, sus Organismos
autónomos, Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social y demás
Entidades públicas estatales de acuerdos marco que tengan por objeto bienes,
servicios u obras no declarados de contratación centralizada requerirá el
informe favorable de la Dirección General del Patrimonio del Estado, que deberá
obtenerse antes de iniciar el procedimiento dirigido a su adjudicación, cuando
esos bienes, servicios u obras se contraten de forma general y con
características esencialmente homogéneas en el referido ámbito. Igualmente, será
necesario el previo informe favorable de la Dirección General del Patrimonio del
Estado para la celebración de acuerdos marco que afecten a más de un
Departamento ministerial, Organismo autónomo o entidad de las mencionadas en
este apartado.

Artículo 191. Adquisición centralizada de equipos y sistemas para el
tratamiento de la información.

1. La competencia para adquirir equipos y sistemas para el tratamiento de la
información y sus elementos complementarios o auxiliares en el ámbito definido
en el apartado 1 del artículo anterior que no hayan sido declarados de
adquisición centralizada conforme a lo señalado en el mismo corresponderá, en
todo caso, al Director General del Patrimonio del Estado, oídos los
Departamentos ministeriales u organismos interesados en la compra en cuanto sus
necesidades.

2. El Ministro de Economía y Hacienda podrá atribuir la competencia para
adquirir los bienes a que se refiere este artículo a otros órganos de la
Administración General del Estado, sus Organismos autónomos, Entidades gestoras
y Servicios comunes de la Seguridad Social y Entidades públicas estatales,
cuando circunstancias especiales o el volumen de adquisiciones que realicen así
lo aconsejen.

LIBRO IV

Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos

TÍTULO I

Normas Generales

CAPÍTULO I

Efectos de los contratos

Artículo 192. Régimen jurídico.

Los efectos de los contratos administrativos se regirán por las normas a que
hace referencia el artículo 19.2 y por los pliegos de cláusulas administrativas
y de prescripciones técnicas, generales y particulares.

Artículo 193. Vinculación al contenido contractual.

Los contratos deberán cumplirse a tenor de sus cláusulas, sin perjuicio de
las prerrogativas establecidas por la legislación en favor de las
Administraciones Públicas.

CAPÍTULO II

Prerrogativas de la Administración Pública en los contratos
administrativos

Artículo 194. Enumeración.

Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en
la presente Ley, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de
interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento, modificarlos por razones de interés público, acordar su resolución
y determinar los efectos de ésta.

Artículo 195. Procedimiento de ejercicio.

1. En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos
relativos a la interpretación, modificación y resolución del contrato deberá
darse audiencia al contratista.

2. En la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos,
Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social y demás Entidades
públicas estatales, los acuerdos a que se refiere el apartado anterior deberán
ser adoptados previo informe del Servicio Jurídico correspondiente, salvo en los
casos previstos en los artículos 87 y 197.

3. No obstante lo anterior, será preceptivo el informe del Consejo de Estado
u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva en los casos
de:

a) Interpretación, nulidad y resolución, cuando se formule oposición por
parte del contratista.

b) Modificaciones del contrato, cuando la cuantía de las mismas, aislada o
conjuntamente, sea superior a un 20 por ciento del precio primitivo del contrato
y éste sea igual o superior a 6.000.000 euros

4. Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía
administrativa y serán inmediatamente ejecutivos.

CAPÍTULO III

Ejecución de los contratos

Artículo 196. Ejecución defectuosa y demora.

1. Los pliegos o el documento contractual podrán prever penalidades para el
caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del mismo o para el
supuesto de incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de
ejecución del contrato que se hubiesen establecido conforme a los artículos 53.2
y 102.1. Estas penalidades deberán ser proporcionales a la gravedad del
incumplimiento y su cuantía no podrá ser superior al 10 por ciento del
presupuesto del contrato.

2. El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total
fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados
para su ejecución sucesiva.

3. La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por
parte de la Administración.

4. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido
en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá
optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las
penalidades diarias en la proporción de 0,20 euros por cada 1.000 euros del
precio del contrato.

El órgano de contratación podrá acordar la inclusión en el pliego de
cláusulas administrativas particulares de unas penalidades distintas a las
enumeradas en el párrafo anterior cuando, atendiendo a las especiales
características del contrato, se considere necesario para su correcta ejecución
y así se justifique en el expediente.

5. Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por
ciento del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado para
proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con
imposición de nuevas penalidades.

6. La Administración tendrá la misma facultad a que se refiere el apartado
anterior respecto al incumplimiento por parte del contratista de los plazos
parciales, cuando se hubiese previsto en el pliego de cláusulas administrativas
particulares o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga presumir
razonablemente la imposibilidad de cumplir el plazo total.

7. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido
la ejecución parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la
Administración podrá optar, indistintamente, por su resolución o por la
imposición de las penalidades que, para tales supuestos, se determinen en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación,
adoptado a propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que
será inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas mediante deducción de las
cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al
contratista o sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, cuando
no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.

Artículo 197. Resolución por demora y prórroga de los contratos.

1. En el supuesto a que se refiere el artículo anterior, si la Administración
optase por la resolución ésta deberá acordarse por el órgano de contratación o
por aquél que tenga atribuida esta competencia en las Comunidades Autónomas, sin
otro trámite preceptivo que la audiencia del contratista y, cuando se formule
oposición por parte de éste, el dictamen del Consejo de Estado u órgano
consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva.

2. Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y
éste ofreciera cumplir sus compromisos dándole prórroga del tiempo que se le
había señalado, se concederá por la Administración un plazo que será, por lo
menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro
menor.

Artículo 198. Indemnización de daños y perjuicios.

1. Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios
que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecución del contrato.

2. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia
inmediata y directa de una orden de la Administración, será ésta responsable
dentro de los límites señalados en las Leyes. También será la Administración
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de los
vicios del proyecto elaborado por ella misma en el contrato de obras o en el de
suministro de fabricación.

3. Los terceros podrán requerir previamente, dentro del año siguiente a la
producción del hecho, al órgano de contratación para que éste, oído el
contratista, se pronuncie sobre a cual de las partes contratantes corresponde la
responsabilidad de los daños. El ejercicio de esta facultad interrumpe el plazo
de prescripción de la acción.

4. La reclamación de aquéllos se formulará, en todo caso, conforme al
procedimiento establecido en la legislación aplicable a cada supuesto.

Artículo 199. Principio de riesgo y ventura.

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista,
sin perjuicio de lo establecido para el de obras en el artículo 214, y de lo
pactado en las cláusulas de reparto de riesgo que se incluyan en los contratos
de colaboración entre el sector público y el sector privado.

Artículo 200. Pago del precio.

1. El contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los
términos establecidos en esta Ley y en el contrato, con arreglo al precio
convenido.

2. El pago del precio podrá hacerse de manera total o parcial, mediante
abonos a cuenta o, en el caso de contratos de tracto sucesivo, mediante pago en
cada uno de los vencimientos que se hubiesen estipulado.

3. El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta por el
importe de las operaciones preparatorias de la ejecución del contrato y que
estén comprendidas en el objeto del mismo, en las condiciones señaladas en los
respectivos pliegos, debiéndose asegurar los referidos pagos mediante la
prestación de garantía.

4. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los
sesenta días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de
obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o
parcial del contrato, sin perjuicio del plazo especial establecido en el
artículo 205.4, y, si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del
cumplimiento de dicho plazo de sesenta días, los intereses de demora y la
indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales. Cuando no proceda la expedición de
certificación de obra y la fecha de recibo de la factura o solicitud de pago
equivalente se preste a duda o sea anterior a la recepción de las mercancías o a
la prestación de los servicios, el plazo de sesenta días se contará desde dicha
fecha de recepción o prestación.

5. Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista
podrá proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato,
debiendo comunicar a la Administración, con un mes de antelación, tal
circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse
de dicha suspensión, en los términos establecidos en esta Ley.

6. Si la demora de la Administración fuese superior a ocho meses, el
contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento
de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen.

7. Sin perjuicio de lo establecido en las normas tributarias y de la
Seguridad Social, los abonos a cuenta que procedan por la ejecución del
contrato, solo podrán ser embargados en los siguientes supuestos:

a) Para el pago de los salarios devengados por el personal del contratista en
la ejecución del contrato y de las cuotas sociales derivadas de los mismos.

b) Para el pago de las obligaciones contraídas por el contratista con los
subcontratistas y suministradores referidas a la ejecución del contrato.

8. Las Comunidades Autónomas podrán reducir los plazos de sesenta días,
cuatro meses y ocho meses establecidos en los apartados 4, 5 y 6 de este
artículo.

Artículo 201. Transmisión de los derechos de cobro.

1. Los contratistas que, conforme al artículo anterior, tengan derecho de
cobro frente a la Administración, podrán ceder el mismo conforme a Derecho.

2. Para que la cesión del derecho de cobro sea efectiva frente a la
Administración, será requisito imprescindible la notificación fehaciente a la
misma del acuerdo de cesión.

3. La eficacia de las segundas y sucesivas cesiones de los derechos de cobro
cedidos por el contratista quedará condicionada al cumplimiento de lo dispuesto
en el número anterior.

4. Una vez que la Administración tenga conocimiento del acuerdo de cesión, el
mandamiento de pago habrá de ser expedido a favor del cesionario. Antes de que
la cesión se ponga en conocimiento de la Administración, los mandamientos de
pago a nombre del contratista o del cedente surtirán efectos liberatorios.

CAPÍTULO IV

Modificación de los contratos

Artículo 202. Modificaciones de los contratos.

1. Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá
introducir modificaciones en el mismo por razones de interés público y para
atender a causas imprevistas, justificando debidamente su necesidad en el
expediente. Estas modificaciones no podrán afectar a las condiciones esenciales
del contrato.

No tendrán la consideración de modificaciones del contrato las ampliaciones
de su objeto que no puedan integrarse en el proyecto inicial mediante una
corrección del mismo o que consistan en la realización de una prestación
susceptible de utilización o aprovechamiento independiente o dirigida a
satisfacer finalidades nuevas no contempladas en la documentación preparatoria
del contrato, que deberán ser contratadas de forma separada, pudiendo aplicarse,
en su caso, el régimen previsto para la contratación de prestaciones
complementarias si concurren las circunstancias previstas en los artículos 155
b) y 158 b).

2. La posibilidad de que el contrato sea modificado y las condiciones en que
podrá producirse la modificación de acuerdo con el apartado anterior deberán
recogerse en los pliegos y en el documento contractual.

3. Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme a lo
dispuesto en el artículo 140.

4. En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad
contratista, continuará el contrato vigente con la entidad absorbente o con la
resultante de la fusión, que quedará subrogada en todos los derechos y
obligaciones dimanantes del mismo. Igualmente, en los supuestos de escisión,
aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las mismas,
continuará el contrato con la entidad resultante o beneficiaria, que quedará
subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que tenga
la solvencia exigida al acordarse la adjudicación.

Artículo 203. Suspensión de los contratos.

1. Si la Administración acordase la suspensión del contrato o aquélla tuviere
lugar por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 200, se levantará un acta
en la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación
de hecho en la ejecución de aquél.

2. Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los daños
y perjuicios efectivamente sufridos por éste.

CAPÍTULO V

Extinción de los contratos

Sección 1.ª Disposición general

Artículo 204. Extinción de los contratos.

Los contratos se extinguirán por cumplimiento o por resolución.

Sección 2.ª Cumplimiento de los contratos

Artículo 205. Cumplimiento de los contratos y recepción de la prestación.

1. El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya
realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la
Administración, la totalidad de la prestación.

2. En todo caso, su constatación exigirá por parte de la Administración un
acto formal y positivo de recepción o conformidad dentro del mes siguiente a la
entrega o realización del objeto del contrato, o en el plazo que se determine en
el pliego de cláusulas administrativas particulares por razón de sus
características. A la Intervención de la Administración correspondiente le será
comunicado, cuando ello sea preceptivo, la fecha y lugar del acto, para su
eventual asistencia en ejercicio de sus funciones de comprobación de la
inversión.

3. En los contratos se fijará un plazo de garantía a contar de la fecha de
recepción o conformidad, transcurrido el cual sin objeciones por parte de la
Administración, salvo los supuestos en que se establezca otro plazo en esta Ley
o en otras normas, quedará extinguida la responsabilidad del contratista. Se
exceptúan del plazo de garantía aquellos contratos en que por su naturaleza o
características no resulte necesario, lo que deberá justificarse debidamente en
el expediente de contratación, consignándolo expresamente en el pliego.

4. Excepto en los contratos de obras, que se regirán por lo dispuesto en el
artículo 218, dentro del plazo de un mes, a contar desde la fecha del acta de
recepción o conformidad, deberá acordarse y ser notificada al contratista la
liquidación correspondiente del contrato y abonársele, en su caso, el saldo
resultante. Si se produjera demora en el pago del saldo de liquidación, el
contratista tendrá derecho a percibir los intereses de demora y la indemnización
por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.

Sección 3.ª Resolución de los contratos

Artículo 206. Causas de resolución.

Son causas de resolución del contrato:

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual o la
extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio
de lo previsto en el artículo 202.3.

b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier
otro procedimiento.

c) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista.

d) La no formalización del contrato en plazo.

e) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista, y el
incumplimiento del plazo señalado en la letra d) del apartado 2 del artículo
96.

f) La demora en el pago por parte de la Administración por plazo superior al
establecido en el apartado 6 del artículo 200, o el inferior que se hubiese
fijado al amparo de su apartado 8.

g) El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales,
calificadas como tales en los pliegos o en el contrato.

h) Las establecidas expresamente en el contrato.

i) Las que se señalen específicamente para cada categoría de contrato en esta
Ley.

Artículo 207. Aplicación de las causas de resolución.

1. La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de
oficio o a instancia del contratista, en su caso, siguiendo el procedimiento que
en las normas de desarrollo de esta Ley se establezca.

2. La declaración de insolvencia en cualquier procedimiento y, en caso de
concurso, la apertura de la fase de liquidación, darán siempre lugar a la
resolución del contrato.

En los restantes casos, la resolución podrá instarse por aquella parte a la
que no le sea imputable la circunstancia que diere lugar a la misma, sin
perjuicio de lo establecido en el apartado 7 y de que, en los supuestos de
modificaciones que excedan el 20 por ciento del precio inicial del contrato, la
Administración también pueda instar la resolución.

3. Cuando la causa de resolución sea la muerte o incapacidad sobrevenida del
contratista individual la Administración podrá acordar la continuación del
contrato con sus herederos o sucesores.

4. La resolución por mutuo acuerdo sólo podrá tener lugar cuando no concurra
otra causa de resolución que sea imputable al contratista, y siempre que razones
de interés público hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del
contrato.

5. En caso de declaración de concurso y mientras no se haya producido la
apertura de la fase de liquidación, la Administración potestativamente
continuará el contrato si el contratista prestare las garantías suficientes a
juicio de aquélla para su ejecución.

6. En el supuesto de demora a que se refiere la letra e) del artículo
anterior, si las penalidades a que diere lugar la demora en el cumplimiento del
plazo alcanzasen un múltiplo del 5 por ciento del importe del contrato, se
estará a lo dispuesto en el artículo 196.4.

7. El incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato por parte de
la Administración originará la resolución de aquél sólo en los casos previstos
en esta Ley.

Artículo 208. Efectos de la resolución.

1. En los supuestos de no formalización del contrato en plazo por causas
imputables al contratista se estará a lo dispuesto en el artículo 140.3.

2. Cuando la resolución se produzca por mutuo acuerdo, los derechos de las
partes se acomodarán a lo validamente estipulado por ellas.

3. El incumplimiento por parte de la Administración de las obligaciones del
contrato determinará para aquélla, con carácter general, el pago de los daños y
perjuicios que por tal causa se irroguen al contratista.

4. Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del
contratista, éste deberá indemnizar a la Administración los daños y perjuicios
ocasionados. La indemnización se hará efectiva, en primer término, sobre la
garantía que, en su caso, se hubiese constituido, sin perjuicio de la
subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al
importe que exceda del de la garantía incautada.

5. En todo caso el acuerdo de resolución contendrá pronunciamiento expreso
acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolución o cancelación de la
garantía que, en su caso, hubiese sido constituida.

CAPÍTULO VI

Cesión de los contratos y subcontratación

Sección 1.ª Cesión de los contratos

Artículo 209. Cesión de los contratos.

1. Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por
el adjudicatario a un tercero siempre que las cualidades técnicas o personales
del cedente no hayan sido razón determinante de la adjudicación del
contrato.

2. Para que los adjudicatarios puedan ceder sus derechos y obligaciones a
terceros deberán cumplirse los siguientes requisitos:

a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa y expresa, la
cesión.

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por ciento del importe del
contrato o, cuando se trate de la gestión de servicio público, que haya
efectuado su explotación durante al menos una quinta parte del plazo de duración
del contrato.

c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y
la solvencia que resulte exigible, debiendo estar debidamente clasificado si tal
requisito ha sido exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de
prohibición de contratar.

d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en
escritura pública.

3. El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones que
corresponderían al cedente.

Sección 2.ª Subcontratación

Artículo 210. Subcontratación.

1. El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la
prestación, salvo que el contrato o los pliegos dispongan lo contrario o que por
su naturaleza y condiciones se deduzca que aquél ha de ser ejecutado
directamente por el adjudicatario.

2. La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los
siguientes requisitos:

a) Si así se prevé en los pliegos o en el anuncio de licitación, los
licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan
previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil
empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia profesional
o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su
realización.

b) En todo caso, el adjudicatario deberá comunicar anticipadamente y por
escrito a la Administración la intención de celebrar los subcontratos, señalando
la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad del
subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de éste para
ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a
su experiencia. En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación
adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la subcontratación, la
comunicación de esta circunstancia eximirá al contratista de la necesidad de
justificar la aptitud de aquél. La acreditación de la aptitud del subcontratista
podrá realizarse inmediatamente después de la celebración del subcontrato si
ésta es necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la
adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.

c) Si los pliegos o el anuncio de licitación hubiesen impuesto a los
licitadores la obligación de comunicar las circunstancias señaladas en la letra
a), los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por
celebrarse con empresarios distintos de los indicados nominativamente en la
misma o por referirse a partes de la prestación diferentes a las señaladas en
ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran veinte días desde que se
hubiese cursado la notificación y aportado las justificaciones a que se refiere
la letra b), salvo que con anterioridad hubiesen sido autorizados expresamente,
siempre que la Administración no hubiese notificado dentro de este plazo su
oposición a los mismos. Este régimen será igualmente aplicable si los
subcontratistas hubiesen sido identificados en la oferta mediante la descripción
de su perfil profesional.

Bajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse
sin necesidad de dejar transcurrir el plazo de veinte días si su celebración es
necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de
medidas urgentes y así se justifica suficientemente.

d) En los contratos de carácter secreto o reservado, o en aquéllos cuya
ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales de acuerdo con
disposiciones legales o reglamentarias o cuando lo exija la protección de los
intereses esenciales de la seguridad del Estado, la subcontratación requerirá
siempre autorización expresa del órgano de contratación.

e) Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros
no podrán exceder del porcentaje que se fije en el pliego de cláusulas
administrativas particulares. En el supuesto de que no figure en el pliego un
límite especial, el contratista podrá subcontratar hasta un porcentaje que no
exceda del 60 por ciento del importe de adjudicación.

Para el cómputo de este porcentaje máximo, no se tendrán en cuenta los
subcontratos concluidos con empresas vinculadas al contratista principal,
entendiéndose por tales las que se encuentren en algunos de los supuestos
previstos en el artículo 42 del Código de Comercio.

3. La infracción de las condiciones establecidas en el apartado anterior para
proceder a la subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud
del subcontratista o de las circunstancias determinantes de la situación de
emergencia o de las que hacen urgente la subcontratación, podrá dar lugar, en
todo caso, a la imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por
ciento del importe del subcontrato.

4. Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal
que asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato
frente a la Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y a los términos del contrato.

El conocimiento que tenga la Administración de los subcontratos celebrados en
virtud de las comunicaciones a que se refieren las letras b) y c) del apartado 1
de este artículo, o la autorización que otorgue en el supuesto previsto en la
letra d) de dicho apartado, no alterarán la responsabilidad exclusiva del
contratista principal.

5. En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial
del contrato con personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el
ordenamiento jurídico o comprendidas en alguno de los supuestos del artículo
49.

6. El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de
la subcontratación, de acuerdo con la legislación laboral.

7. Los órganos de contratación podrán imponer al contratista, advirtiéndolo
en el anuncio o en los pliegos, la subcontratación con terceros no vinculados al
mismo, de determinadas partes de la prestación que no excedan en su conjunto del
30 por ciento del importe del presupuesto del contrato, cuando gocen de una
sustantividad propia dentro del conjunto que las haga susceptibles de ejecución
separada, por tener que ser realizadas por empresas que cuenten con una
determinada habilitación profesional o poder atribuirse su realización a
empresas con una clasificación adecuada para realizarla.

Las obligaciones impuestas conforme a lo previsto en el párrafo anterior se
considerarán condiciones especiales de ejecución del contrato a los efectos
previstos en los artículos 196.1 y 206.g).

Artículo 211. Pagos a subcontratistas y suministradores.

1. El contratista debe obligarse a abonar a los subcontratistas o
suministradores el precio pactado en los plazos y condiciones que se indican a
continuación

2. Los plazos fijados no podrán ser más desfavorables que los previstos en el
artículo 200.4 para las relaciones entre la Administración y el contratista, y
se computarán desde la fecha de aprobación por el contratista principal de la
factura emitida por el subcontratista o el suministrador, con indicación de su
fecha y del período a que corresponda.

3. La aprobación o conformidad deberá otorgarse en un plazo máximo de treinta
días desde la presentación de la factura. Dentro del mismo plazo deberán
formularse, en su caso, los motivos de disconformidad a la misma.

4. El contratista deberá abonar las facturas en el plazo fijado de
conformidad con lo previsto en el apartado 2. En caso de demora en el pago, el
subcontratista o el suministrador tendrá derecho al cobro de los intereses de
demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en
la Ley 3/2004, de 29 de diciembre.

5. El contratista podrá pactar con los suministradores y subcontratistas
plazos de pago superiores a los establecidos en el presente artículo siempre que
dicho pacto no constituya una cláusula abusiva de acuerdo con los criterios
establecidos en el artículo 9 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, y que el
pago se instrumente mediante un documento negociable que lleve aparejada la
acción cambiaria, cuyos gastos de descuento o negociación corran en su
integridad de cuenta del contratista. Adicionalmente, el suministrador o
subcontratista podrá exigir que el pago se garantice mediante aval.

TÍTULO II

Normas especiales para contratos de obras, concesión de obra pública, gestión
de servicios públicos, suministros, servicios y de colaboración entre el sector
público y el sector privado

CAPÍTULO I

Contrato de obras

Sección 1.ª Ejecución del contrato de obras

Artículo 212. Comprobación del replanteo.

La ejecución del contrato de obras comenzará con el acta de comprobación del
replanteo. A tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato que
no podrá ser superior a un mes desde la fecha de su formalización salvo casos
excepcionales justificados, el servicio de la Administración encargada de las
obras procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del
replanteo hecho previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado
que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la
misma al órgano que celebró el contrato.

Artículo 213. Ejecución de las obras y responsabilidad del contratista.

1. Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones
contenidas en el pliego de cláusulas administrativas particulares y al proyecto
que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en
interpretación técnica de éste dieren al contratista el Director facultativo de
las obras, y en su caso, el responsable del contrato, en los ámbitos de su
respectiva competencia.

2. Cuando las instrucciones fueren de carácter verbal, deberán ser
ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes
para las partes.

3. Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de
garantía el contratista es responsable de los defectos que en la construcción
puedan advertirse.

Artículo 214. Fuerza mayor.

1. En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente por
parte del contratista, éste tendrá derecho a una indemnización por los daños y
perjuicios que se le hubieren producido.

2. Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los siguientes:

a) Los incendios causados por la electricidad atmosférica.

b) Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos,
terremotos, erupciones volcánicas, movimientos del terreno, temporales
marítimos, inundaciones u otros semejantes.

c) Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos
tumultuosos o alteraciones graves del orden público.

Artículo 215. Certificaciones y abonos a cuenta.

1. A los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente, en los
primeros diez días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que
comprendan la obra ejecutada durante dicho período de tiempo, salvo prevención
en contrario en el pliego de cláusulas administrativas particulares, cuyos
abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y
variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna,
aprobación y recepción de las obras que comprenden.

2. El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a cuenta sobre su
importe por las operaciones preparatorias realizadas como instalaciones y acopio
de materiales o equipos de maquinaria pesada adscritos a la obra, en las
condiciones que se señalen en los respectivos pliegos de cláusulas
administrativas particulares y conforme al régimen y los límites que con
carácter general se determinen reglamentariamente, debiendo asegurar los
referidos pagos mediante la prestación de garantía.

Artículo 216. Obras a tanto alzado y obras con precio cerrado.

1. Cuando la naturaleza de la obra lo permita, se podrá establecer el sistema
de retribución a tanto alzado, sin existencia de precios unitarios, de acuerdo
con lo establecido en los apartados siguientes cuando el criterio de retribución
se configure como de precio cerrado o en las circunstancias y condiciones que se
determinen en las normas de desarrollo de esta Ley para el resto de los
casos.

2. El sistema de retribución a tanto alzado podrá, en su caso, configurarse
como de precio cerrado, con el efecto de que el precio ofertado por el
adjudicatario se mantendrá invariable no siendo abonables las modificaciones del
contrato que sean necesarias para corregir deficiencias u omisiones del proyecto
sometido a licitación. Esta disposición no obsta al derecho del contratista a
ser indemnizado por las modificaciones del contrato que se acuerden conforme a
lo previsto en el artículo 217 con el fin de atender nuevas necesidades o de
incorporar nuevas funcionalidades a la obra.

3. La contratación de obras a tanto alzado con precio cerrado requerirá que
se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que así se prevea en el pliego de cláusulas administrativas particulares
del contrato, pudiendo éste establecer que algunas unidades o partes de la obra
se excluyan de este sistema y se abonen por precios unitarios.

b) Las unidades de obra cuyo precio se vaya a abonar con arreglo a este
sistema deberán estar previamente definidas en el proyecto y haberse replanteado
antes de la licitación. El órgano de contratación deberá garantizar a los
interesados el acceso al terreno donde se ubicarán las obras, a fin de que
puedan realizar sobre el mismo las comprobaciones que consideren oportunas con
suficiente antelación a la fecha límite de presentación de ofertas.

c) Que el precio correspondiente a los elementos del contrato o unidades de
obra contratados por el sistema de tanto alzado con precio cerrado sea abonado
mensualmente, en la misma proporción que la obra ejecutada en el mes a que
corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de obra de que se
trate.

d) Cuando, de conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo
131, se autorice a los licitadores la presentación de variantes o mejoras sobre
determinados elementos o unidades de obra que de acuerdo con el pliego de
cláusulas administrativas particulares del contrato deban ser ofertadas por el
precio cerrado, las citadas variantes deberán ser ofertadas bajo dicha
modalidad.

En este caso, los licitadores vendrán obligados a presentar un proyecto
básico cuyo contenido se determinará en el pliego de cláusulas administrativas
particulares del contrato.

El adjudicatario del contrato en el plazo que determine dicho pliego deberá
aportar el proyecto de construcción de las variantes o mejoras ofertadas, para
su preceptiva supervisión y aprobación. En ningún caso el precio o el plazo de
la adjudicación sufrirá variación como consecuencia de la aprobación de este
proyecto.

Sección 2.ª Modificación del contrato de obras

Artículo 217. Modificación del contrato de obras.

1. Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de
obras que, siendo conformes con lo establecido en el artículo 202, produzcan
aumento, reducción o supresión de las unidades de obra o sustitución de una
clase de fábrica por otra, cuando ésta sea una de las comprendidas en el
contrato, siempre que no se encuentren en los supuestos previstos en la letra e)
del artículo 220. En caso de supresión o reducción de obras, el contratista no
tendrá derecho a reclamar indemnización alguna.

2. Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no
comprendidas en el proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de
ellas, los precios de aplicación de las mismas serán fijados por la
Administración, previa audiencia del contratista por plazo mínimo de tres días
hábiles. Si éste no aceptase los precios fijados, el órgano de contratación
podrá contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado
o ejecutarlas directamente. La contratación con otro empresario podrá realizarse
por el procedimiento negociado sin publicidad siempre que su importe no exceda
del 20 por ciento del precio primitivo del contrato.

3. Cuando el Director facultativo de la obra considere necesaria una
modificación del proyecto, recabará del órgano de contratación autorización para
iniciar el correspondiente expediente, que se sustanciará con carácter de
urgencia con las siguientes actuaciones:

a) Redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la
misma.

b) Audiencia del contratista, por plazo mínimo de tres días.

c) Aprobación del expediente por el órgano de contratación, así como de los
gastos complementarios precisos.

No obstante, podrán introducirse variaciones sin necesidad de previa
aprobación cuando éstas consistan en la alteración en el número de unidades
realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre
que no representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del precio
primitivo del contrato.

4. Cuando la tramitación de un modificado exija la suspensión temporal
parcial o total de la ejecución de las obras y ello ocasione graves perjuicios
para el interés público, el Ministro, si se trata de la Administración General
del Estado, sus Organismos autónomos, Entidades gestoras y Servicios comunes de
la Seguridad Social y demás Entidades públicas estatales, podrá acordar que
continúen provisionalmente las mismas tal y como esté previsto en la propuesta
técnica que elabore la dirección facultativa, siempre que el importe máximo
previsto no supere el 20 por ciento del precio primitivo del contrato y exista
crédito adecuado y suficiente para su financiación.

El expediente de modificado a tramitar al efecto exigirá exclusivamente la
incorporación de las siguientes actuaciones:

a) Propuesta técnica motivada efectuada por el director facultativo de la
obra, donde figurará el importe aproximado de la modificación así como la
descripción básica de las obras a realizar.

b) Audiencia del contratista.

c) Conformidad del órgano de contratación.

d) Certificado de existencia de crédito.

En el plazo de seis meses deberá estar aprobado técnicamente el proyecto, y
en el de ocho meses el expediente del modificado.

Dentro del citado plazo de ocho meses se ejecutarán preferentemente, de las
unidades de obra previstas, aquellas partes que no hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas. La autorización del Ministro para iniciar
provisionalmente las obras implicará en el ámbito de la Administración General
del Estado, sus Organismos autónomos y Entidades gestoras y Servicios comunes de
la Seguridad Social la aprobación del gasto, sin perjuicio de los ajustes que
deban efectuarse en el momento de la aprobación del expediente del gasto.

Sección 3.ª Cumplimiento del contrato de obras

Artículo 218. Recepción y plazo de garantía.

1. A la recepción de las obras a su terminación y a los efectos establecidos
en el artículo 205.2 concurrirá el responsable del contrato a que se refiere el
artículo 41 de esta Ley, si se hubiese nombrado, o un facultativo designado por
la Administración representante de ésta, el facultativo encargado de la
dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su
facultativo.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano
de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas,
que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato.

2. Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las
prescripciones previstas, el funcionario técnico designado por la Administración
contratante y representante de ésta, las dará por recibidas, levantándose la
correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantía.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así
en el acta y el Director de las mismas señalará los defectos observados y
detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

3. El plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas
administrativas particulares atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra
y no podrá ser inferior a un año salvo casos especiales.

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de
garantía, el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del
contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera
favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo
dispuesto en el artículo siguiente, procediéndose a la devolución o cancelación
de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. En el
caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen
a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso de lo construido, durante
el plazo de garantía, el director facultativo procederá a dictar las oportunas
instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la
conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación
del plazo de garantía.

4. No obstante, en aquellas obras cuya perduración no tenga finalidad
práctica como las de sondeos y prospecciones que hayan resultado infructuosas o
que por su naturaleza exijan trabajos que excedan el concepto de mera
conservación como los de dragados no se exigirá plazo de garantía.

5. Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra
susceptibles de ser ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso
público, según lo establecido en el contrato.

6. Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente
motivadas en el expediente el órgano de contratación acuerde la ocupación
efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso público, aún sin el
cumplimiento del acto formal de recepción, desde que concurran dichas
circunstancias se producirán los efectos y consecuencias propios del acto de
recepción de las obras y en los términos en que reglamentariamente se
establezcan.

Artículo 219. Responsabilidad por vicios ocultos.

1. Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de
garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del
contrato por parte del contratista, responderá éste de los daños y perjuicios
que se manifiesten durante un plazo de quince años a contar desde la
recepción.

2. Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o
perjuicio, quedará totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Sección 4.ª Resolución del contrato de obras

Artículo 220. Causas de resolución.

Son causas de resolución del contrato de obras, además de las señaladas en el
artículo 206, las siguientes:

a) La demora en la comprobación del replanteo, conforme al artículo 212.

b) La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a seis
meses por parte de la Administración.

c) El desistimiento o la suspensión de las obras por un plazo superior a ocho
meses acordada por la Administración.

d) Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto
elaborado por la Administración que afecten al presupuesto de la obra al menos
en un 20 por ciento.

e) Las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que impliquen,
aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del contrato, en cuantía
superior, en más o en menos, al 20 por ciento del precio primitivo del contrato,
con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido, o representen una alteración
sustancial del proyecto inicial.

Artículo 221. Alteración sustancial y suspensión de la iniciación de la
obra.

1. En relación con la letra e) del artículo anterior se considerará
alteración sustancial, entre otras, la modificación de los fines y
características básicas del proyecto inicial, así como la sustitución de
unidades que afecten, al menos, al 30 por ciento del precio primitivo del
contrato, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido.

2. En la suspensión de la iniciación de las obras por parte de la
Administración, cuando ésta dejare transcurrir seis meses a contar de la misma
sin dictar acuerdo sobre dicha situación y notificarlo al contratista, éste
tendrá derecho a la resolución del contrato.

Artículo 222. Efectos de la resolución.

1. La resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y
liquidación de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos
pertinentes a favor o en contra del contratista. Será necesaria la citación de
éste, en el domicilio que figure en el expediente de contratación, para su
asistencia al acto de comprobación y medición.

2. Si se demorase la comprobación del replanteo, según el artículo 212, dando
lugar a la resolución del contrato, el contratista sólo tendrá derecho a una
indemnización equivalente al 2 por ciento del precio de la adjudicación.

3. En el supuesto de suspensión de la iniciación de las obras por parte de la
Administración por tiempo superior a seis meses el contratista tendrá derecho a
percibir por todos los conceptos una indemnización del 3 por ciento del precio
de adjudicación.

4. En caso de desistimiento o suspensión de las obras iniciadas por plazo
superior a ocho meses, el contratista tendrá derecho al 6 por ciento del precio
de las obras dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial,
entendiéndose por obras dejadas de realizar las que resulten de la diferencia
entre las reflejadas en el contrato primitivo y sus modificaciones y las que
hasta la fecha de notificación de la suspensión se hubieran ejecutado.

5. Cuando las obras hayan de ser continuadas por otro empresario o por la
propia Administración, con carácter de urgencia, por motivos de seguridad o para
evitar la ruina de lo construido, el órgano de contratación, una vez que haya
notificado al contratista la liquidación de las ejecutadas, podrá acordar su
continuación, sin perjuicio de que el contratista pueda impugnar la valoración
efectuada ante el propio órgano. El órgano de contratación resolverá lo que
proceda en el plazo de quince días.

CAPÍTULO II

Contrato de concesión de obra pública

Sección 1.ª Construcción de las obras objeto de concesión

Artículo 223. Modalidades de ejecución de las obras.

1. Las obras se realizarán conforme al proyecto aprobado por el órgano de
contratación y en los plazos establecidos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, pudiendo ser ejecutadas con ayuda de la
Administración. La ejecución de la obra que corresponda al concesionario podrá
ser contratada en todo o en parte con terceros, de acuerdo con lo dispuesto en
esta Ley y en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

2. La ayuda de la Administración en la construcción de la obra podrá
consistir en la ejecución por su cuenta de parte de la misma o en su
financiación parcial. En el primer supuesto la parte de obra que ejecute deberá
presentar características propias que permitan su tratamiento diferenciado, y
deberá ser objeto a su terminación de la correspondiente recepción formal. Si no
dispusiera otra cosa el pliego de cláusulas administrativas particulares, el
importe de la obra se abonará de acuerdo con lo establecido en el artículo 215.
En el segundo supuesto, el importe de la financiación que se otorgue podrá
abonarse en los términos pactados, durante la ejecución de las obras, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 215, o bien una vez que aquéllas hayan
concluido, en la forma en que se especifica en el artículo 237.

Artículo 224. Responsabilidad en la ejecución de las obras por terceros.

1. Corresponde al concesionario el control de la ejecución de las obras que
contrate con terceros debiendo ajustarse el control al plan que el concesionario
elabore y resulte aprobado por el órgano de contratación. Éste podrá en
cualquier momento recabar información sobre la marcha de las obras y girar a las
mismas las visitas de inspección que estime oportunas.

2. El concesionario será responsable ante el órgano de contratación de las
consecuencias derivadas de la ejecución o resolución de los contratos que
celebre con terceros y responsable asimismo único frente a éstos de las mismas
consecuencias.

Artículo 225. Principio de riesgo y ventura en la ejecución de las obras.

1. Las obras se construirán a riesgo y ventura del concesionario, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 199 y 214, salvo para aquella parte de la obra
que pudiera ser ejecutada por cuenta de la Administración, según lo previsto en
el artículo 223.2, en cuyo caso regirá el régimen general previsto para el
contrato de obras.

2. Cuando el concesionario se retrasara en la ejecución de la obra, ya sea en
el cumplimiento de los plazos parciales o del plazo total, y el retraso fuese
debido a fuerza mayor o a causa imputable a la Administración concedente, aquel
tendrá derecho a una prórroga en el plazo de ejecución de la obra y correlativa
y acumulativamente en el plazo de concesión, la cual será, por lo menos, igual
al retraso habido, a no ser que pidiera una menor. Si el concesionario fuera
responsable del retraso se estará a lo dispuesto en el régimen de penalidades
contenido en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en esta Ley,
sin que el retraso pueda suponer la ampliación del plazo de la concesión.

3. Si la concurrencia de fuerza mayor implicase mayores costes para el
concesionario a pesar de la prórroga que se le conceda, se procederá a ajustar
el plan económico-financiero. Si la fuerza mayor impidiera por completo la
realización de las obras se procederá a resolver el contrato, debiendo abonar el
órgano de contratación al concesionario el importe total de las ejecutadas, así
como los mayores costes en que hubiese incurrido como consecuencia del
endeudamiento con terceros.

Artículo 226. Modificación del proyecto.

1. Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá
introducir modificaciones en el proyecto en los casos previstos y en la forma
establecida en el artículo 202. El plan económico-financiero de la concesión
deberá recoger en todo caso, mediante los oportunos ajustes, los efectos
derivados del incremento o disminución de los costes.

2. El concesionario podrá solicitar la resolución del contrato cuando el
órgano de contratación imponga modificaciones en la fase de ejecución que
incrementen o disminuyan la obra en un porcentaje superior al 20 por ciento del
importe total de las obras inicialmente previsto o representen una alteración
sustancial del proyecto inicial.

Artículo 227. Comprobación de las obras.

1. A la terminación de las obras, y a efectos del seguimiento del correcto
cumplimiento del contrato por el concesionario, se procederá al levantamiento de
un acta de comprobación por parte de la Administración concedente. El acta de
recepción formal se levantará al término de la concesión cuando se proceda a la
entrega de bienes e instalaciones al órgano de contratación. El levantamiento y
contenido del acta de comprobación se ajustarán a lo dispuesto en el pliego de
cláusulas administrativas particulares y los del acta de recepción a lo
establecido en el artículo 218.

2. Al acta de comprobación se acompañará un documento de valoración de la
obra pública ejecutada y, en su caso, una declaración del cumplimiento de las
condiciones impuestas en la declaración de impacto ambiental, que será expedido
por el órgano de contratación y en el que se hará constar la inversión
realizada.

3. En las obras financiadas parcialmente por la Administración concedente,
mediante abonos parciales al concesionario con base en las certificaciones
mensuales de la obra ejecutada, la certificación final de la obra acompañará al
documento de valoración y al acta de comprobación a que se refiere el apartado
anterior.

4. La aprobación del acta de comprobación de las obras por el órgano de la
Administración concedente llevará implícita la autorización para la apertura de
las mismas al uso público, comenzando desde ese momento el plazo de garantía de
la obra cuando haya sido ejecutada por terceros distintos del concesionario, así
como la fase de explotación.

Sección 2.ª Derechos y obligaciones del concesionario y prerrogativas de la
administración concedente

Subsección 1.ª Derechos y obligaciones del concesionario

Artículo 228. Derechos del concesionario.

Los concesionarios tendrán los siguientes derechos:

a) El derecho a explotar la obra pública y percibir la retribución económica
prevista en el contrato durante el tiempo de la concesión.

b) El derecho al mantenimiento del equilibrio económico de la concesión, en
la forma y con la extensión prevista en el artículo 241.

c) El derecho a utilizar los bienes de dominio público de la Administración
concedente necesarios para la construcción, modificación, conservación y
explotación de la obra pública. Dicho derecho incluirá el de utilizar,
exclusivamente para la construcción de la obra, las aguas que afloren o los
materiales que aparezcan durante su ejecución, previa autorización de la
Administración competente, en cada caso, para la gestión del dominio público
correspondiente.

d) El derecho a recabar de la Administración la tramitación de los
procedimientos de expropiación forzosa, imposición de servidumbres y desahucio
administrativo que resulten necesarios para la construcción, modificación y
explotación de la obra pública, así como la realización de cuantas acciones sean
necesarias para hacer viable el ejercicio de los derechos del concesionario.

e) Los bienes y derechos expropiados que queden afectos a la concesión se
incorporarán al dominio público.

f) El derecho a ceder la concesión de acuerdo con lo previsto en el artículo
209 y a hipotecar la misma en las condiciones establecidas en la Ley, previa
autorización del órgano de contratación en ambos casos.

g) El derecho a titulizar sus derechos de crédito, en los términos previstos
en la Ley.

h) Cualesquiera otros que le sean reconocidos por esta u otras Leyes o por
los pliegos de condiciones.

Artículo 229. Obligaciones del concesionario.

Serán obligaciones generales del concesionario:

a) Ejecutar las obras con arreglo a lo dispuesto en el contrato.

b) Explotar la obra pública, asumiendo el riesgo económico de su gestión con
la continuidad y en los términos establecidos en el contrato u ordenados
posteriormente por el órgano de contratación.

c) Admitir la utilización de la obra pública por todo usuario, en las
condiciones que hayan sido establecidas de acuerdo con los principios de
igualdad, universalidad y no discriminación, mediante el abono, en su caso, de
la correspondiente tarifa.

d) Cuidar del buen orden y de la calidad de la obra pública, y de su uso,
pudiendo dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de
policía que correspondan al órgano de contratación.

e) Indemnizar los daños que se ocasionen a terceros por causa de la ejecución
de las obras o de su explotación, cuando le sean imputables de acuerdo con el
artículo 198.

f) Proteger el dominio público que quede vinculado a la concesión, en
especial, preservando los valores ecológicos y ambientales del mismo.

g) Cualesquiera otras previstas en ésta u otra Ley o en el pliego de
cláusulas administrativas particulares.

Artículo 230. Uso y conservación de la obra pública.

1. El concesionario deberá cuidar de la adecuada aplicación de las normas
sobre uso, policía y conservación de la obra pública.

2. El personal encargado de la explotación de la obra pública, en ausencia de
agentes de la autoridad, podrá adoptar las medidas necesarias en orden a la
utilización de la obra pública, formulando, en su caso, las denuncias
pertinentes. A estos efectos, servirán de medio de prueba las obtenidas por el
personal del concesionario debidamente acreditado y con los medios previamente
homologados por la Administración competente, así como cualquier otro admitido
en derecho.

3. El concesionario podrá impedir el uso de la obra pública a aquellos
usuarios que no abonen la tarifa correspondiente, sin perjuicio de lo que, a
este respecto, se establezca en la legislación sectorial correspondiente.

4. El concesionario deberá mantener la obra pública de conformidad con lo
que, en cada momento y según el progreso de la ciencia, disponga la normativa
técnica, medioambiental, de accesibilidad y eliminación de barreras y de
seguridad de los usuarios que resulte de aplicación.

5. La Administración podrá incluir en los pliegos de condiciones mecanismos
para medir la calidad del servicio ofrecida por el concesionario, y otorgar
ventajas o penalizaciones económicas a éste en función de los mismos.

Artículo 231. Zonas complementarias de explotación comercial.

1. Atendiendo a su finalidad, las obras públicas podrán incluir, además de
las superficies que sean precisas según su naturaleza, otras zonas o terrenos
para la ejecución de actividades complementarias, comerciales o industriales que
sean necesarias o convenientes por la utilidad que prestan a los usuarios de las
obras y que sean susceptibles de un aprovechamiento económico diferenciado,
tales como establecimientos de hostelería, estaciones de servicio, zonas de
ocio, estacionamientos, locales comerciales y otros susceptibles de
explotación.

2. Estas actividades complementarias se implantarán de conformidad con lo
establecido en los pliegos generales o particulares que rijan la concesión y, en
su caso, con lo determinado en la legislación o el planeamiento urbanístico que
resulte de aplicación.

3. Las correspondientes zonas o espacios quedarán sujetos al principio de
unidad de gestión y control de la Administración Pública concedente y serán
explotados conjuntamente con la obra por el concesionario, directamente o a
través de terceros, en los términos establecidos en el oportuno pliego de la
concesión.

Subsección 2.ª Prerrogativas y derechos de la Administración

Artículo 232. Prerrogativas y derechos de la Administración.

1. Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y con los efectos
señalados en esta Ley, el órgano de contratación o, en su caso, el órgano que se
determine en la legislación específica, ostentará las siguientes prerrogativas y
derechos en relación con los contratos de concesión de obras públicas:

a) Interpretar los contratos y resolver las dudas que ofrezca su
cumplimiento.

b) Modificar los contratos por razones de interés público debidamente
justificadas.

c) Restablecer el equilibrio económico de la concesión a favor del interés
público, en la forma y con la extensión prevista en el artículo 241.

d) Acordar la resolución de los contratos en los casos y en las condiciones
que se establecen en los artículos 245 y 246.

e) Establecer, en su caso, las tarifas máximas por la utilización de la obra
pública.

f) Vigilar y controlar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario,
a cuyo efecto podrá inspeccionar el servicio, sus obras, instalaciones y
locales, así como la documentación, relacionados con el objeto de la
concesión.

g) Asumir la explotación de la obra pública en los supuestos en que se
produzca el secuestro de la concesión.

h) Imponer al concesionario las penalidades pertinentes por razón de los
incumplimientos en que incurra.

i) Ejercer las funciones de policía en el uso y explotación de la obra
pública en los términos que se establezcan en la legislación sectorial
específica.

j) Imponer con carácter temporal las condiciones de utilización de la obra
pública que sean necesarias para solucionar situaciones excepcionales de interés
general, abonando la indemnización que en su caso proceda.

k) Cualesquiera otros derechos reconocidos en ésta o en otras Leyes.

2. El ejercicio de las prerrogativas administrativas previstas en este
artículo se ajustará a lo dispuesto en esta Ley y en la legislación específica
que resulte de aplicación.

En particular, será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano
consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva en los casos de
interpretación, modificación, nulidad y resolución, cuando se formule oposición
por parte del concesionario, en las modificaciones acordadas en la fase de
ejecución de las obras que puedan dar lugar a la resolución del contrato de
acuerdo con el artículo 226.2 y en aquellos supuestos previstos en la
legislación específica.

Artículo 233. Modificación de la obra pública.

1. El órgano de contratación podrá acordar, cuando el interés público lo
exija, la modificación de la obra pública, si concurren las circunstancias del
artículo 202, así como su ampliación o la realización de obras complementarias
directamente relacionadas con el objeto de la concesión durante la vigencia de
ésta, procediéndose, en su caso, a la revisión del plan económico-financiero al
objeto de acomodarlo a las nuevas circunstancias.

2. Toda modificación que afecte el equilibrio económico de la concesión se
regirá por lo dispuesto en el artículo 241.

3. Las modificaciones que, por sus características físicas y económicas,
permitan su explotación independiente serán objeto de nueva licitación para su
construcción y explotación.

Artículo 234. Secuestro de la concesión.

1. El órgano de contratación, previa audiencia del concesionario, podrá
acordar el secuestro de la concesión en los casos en que el concesionario no
pueda hacer frente, temporalmente y con grave daño social, a la explotación de
la obra pública por causas ajenas al mismo o incurriese en un incumplimiento
grave de sus obligaciones que pusiera en peligro dicha explotación. El acuerdo
del órgano de contratación será notificado al concesionario y si éste, dentro
del plazo que se le hubiera fijado, no corrigiera la deficiencia se ejecutará el
secuestro. Asimismo, se podrá acordar el secuestro en los demás casos recogidos
en esta Ley con los efectos previstos en la misma.

2. Efectuado el secuestro, corresponderá al órgano de contratación la
explotación directa de la obra pública y la percepción de la contraprestación
establecida, pudiendo utilizar el mismo personal y material del concesionario.
El órgano de contratación designará uno o varios interventores que sustituirán
plena o parcialmente al personal directivo de la empresa concesionaria. La
explotación de la obra pública objeto de secuestro se efectuará por cuenta y
riesgo del concesionario, a quien se devolverá, al finalizar aquel, con el saldo
que resulte después de satisfacer todos los gastos, incluidos los honorarios de
los interventores, y deducir, en su caso la cuantía de las penalidades
impuestas.

3. El secuestro tendrá carácter temporal y su duración será la que determine
el órgano de contratación sin que pueda exceder, incluidas las posibles
prórrogas, de tres años. El órgano de contratación acordará de oficio o a
petición del concesionario el cese del secuestro cuando resultara acreditada la
desaparición de las causas que lo hubieran motivado y el concesionario
justificase estar en condiciones de proseguir la normal explotación de la obra
pública. Transcurrido el plazo fijado para el secuestro sin que el concesionario
haya garantizado la asunción completa de sus obligaciones, el órgano de
contratación resolverá el contrato de concesión.

Artículo 235. Penalidades por incumplimientos del concesionario.

1. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares establecerán un
catálogo de incumplimientos de las obligaciones del concesionario, distinguiendo
entre los de carácter leve y grave. Deberán considerarse penalizables el
incumplimiento total o parcial por el concesionario de las prohibiciones
establecidas en esta Ley, la omisión de actuaciones que fueran obligatorias
conforme a ella y, en particular, el incumplimiento de los plazos para la
ejecución de las obras, la negligencia en el cumplimiento de sus deberes de uso,
policía y conservación de la obra pública, la interrupción injustificada total o
parcial de su utilización, y el cobro al usuario de cantidades superiores a las
legalmente autorizadas.

2. El órgano de contratación podrá imponer penalidades de carácter económico,
que se establecerán en los pliegos de forma proporcional al tipo de
incumplimiento y a la importancia económica de la explotación. El límite máximo
de las penalidades a imponer no podrá exceder del 10 por ciento del presupuesto
total de la obra durante su fase de construcción. Si la concesión estuviera en
fase de explotación, el límite máximo de las penalidades anuales no podrá
exceder del 20 por ciento de los ingresos obtenidos por la explotación de la
obra pública durante el año anterior.

3. Los incumplimientos graves darán lugar, además, a la resolución de la
concesión en los casos previstos en el correspondiente pliego.

4. Además de los supuestos previstos en esta Ley, en los pliegos se
establecerán los incumplimientos graves que pueden dar lugar al secuestro
temporal de la concesión, con independencia de las penalidades que en cada caso
procedan por razón del incumplimiento.

5. Durante la fase de ejecución de la obra el régimen de penalidades a
imponer al concesionario será el establecido en el artículo 196.

6. Con independencia del régimen de penalidades previsto en el pliego, la
Administración podrá también imponer al concesionario multas coercitivas cuando
persista en el incumplimiento de sus obligaciones, siempre que hubiera sido
requerido previamente y no las hubiera cumplido en el plazo fijado. A falta de
determinación por la legislación específica, el importe diario de la multa será
de 3.000 euros.

Sección 3.ª Régimen económico-financiero de la concesión

Artículo 236. Financiación de las obras.

1. Las obras públicas objeto de concesión serán financiadas, total o
parcialmente, por el concesionario que, en todo caso, asumirá el riesgo en
función de la inversión realizada.

2. Cuando existan razones de rentabilidad económica o social, o concurran
singulares exigencias derivadas del fin público o interés general de la obra
objeto de concesión, la Administración podrá también aportar recursos públicos
para su financiación, que adoptará la forma de financiación conjunta de la obra,
mediante subvenciones o préstamos reintegrables, con o sin interés, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 223 y en esta sección, y de conformidad con
las previsiones del correspondiente pliego de cláusulas administrativas
particulares, debiendo respetarse en todo caso el principio de asunción de
riesgo por el concesionario.

3. La construcción de la obra pública objeto de concesión podrá asimismo ser
financiada con aportaciones de otras Administraciones Públicas distintas a la
concedente, en los términos que se contengan en el correspondiente convenio, y
con la financiación que pueda provenir de otros organismos nacionales o
internacionales.

Artículo 237. Aportaciones públicas a la construcción.

1. Las Administraciones Públicas podrán contribuir a la financiación de la
obra mediante aportaciones que serán realizadas durante la fase de ejecución de
las obras, tal como dispone el artículo 223 de esta Ley, una vez concluidas
éstas o al término de la concesión, y cuyo importe será fijado en los pliegos de
condiciones correspondientes o por los licitadores en sus ofertas cuando así se
establezca en dichos pliegos. En los dos últimos supuestos, resultará de
aplicación la normativa sobre contratos de obra bajo la modalidad de abono
total, salvo en la posibilidad de fraccionar el abono.

2. Las aportaciones públicas a que se refiere el apartado anterior podrán
consistir en aportaciones no dinerarias del órgano de contratación o de
cualquier otra Administración con la que exista convenio al efecto, de acuerdo
con la valoración de las mismas que se contenga en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

Los bienes inmuebles que se entreguen al concesionario se integrarán en el
patrimonio afecto a la concesión, destinándose al uso previsto en el proyecto de
la obra, y revertirán a la Administración en el momento de su extinción,
debiendo respetarse, en todo caso, lo dispuesto en los planes de ordenación
urbanística o sectorial que les afecten.

Artículo 238. Retribución por la utilización de la obra.

1. El concesionario tendrá derecho a percibir de los usuarios o de la
Administración una retribución por la utilización de la obra en la forma
prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares y de conformidad
con lo establecido en este artículo.

2. Las tarifas que abonen los usuarios por la utilización de las obras
públicas serán fijadas por el órgano de contratación en el acuerdo de
adjudicación. Las tarifas tendrán el carácter de máximas y los concesionarios
podrán aplicar tarifas inferiores cuando así lo estimen conveniente.

3. Las tarifas serán objeto de revisión de acuerdo con el procedimiento que
determine el pliego de cláusulas administrativas particulares.

De conformidad con el artículo 115.1.c).4.º, el plan económico-financiero de
la concesión establecerá la incidencia en las tarifas de los rendimientos de la
demanda de utilización de la obra y, cuando exista, de los beneficios derivados
de la explotación de la zona comercial, cuando no alcancen o cuando superen,
respectivamente, los niveles mínimo y máximo que se consideren en la oferta.

4. La retribución por la utilización de la obra podrá ser abonada por la
Administración teniendo en cuenta su utilización y en la forma prevista en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

5. El concesionario se retribuirá igualmente con los ingresos procedentes de
la explotación de la zona comercial vinculada a la concesión, en el caso de
existir ésta, según lo establecido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.

6. El concesionario deberá separar contablemente los ingresos provenientes de
las aportaciones públicas y aquellos otros procedentes de las tarifas abonadas
por los usuarios de la obra y, en su caso, los procedentes de la explotación de
la zona comercial.

Artículo 239. Aportaciones públicas a la explotación.

Las Administraciones Públicas podrán otorgar al concesionario las siguientes
aportaciones a fin de garantizar la viabilidad económica de la explotación de la
obra:

a) Subvenciones, anticipos reintegrables, préstamos participativos,
subordinados o de otra naturaleza, aprobados por el órgano de contratación para
ser aportados desde el inicio de la explotación de la obra o en el transcurso de
la misma cuando se prevea que vayan a resultar necesarios para garantizar la
viabilidad económico-financiera de la concesión. La devolución de los préstamos
y el pago de los intereses devengados en su caso por los mismos se ajustarán a
los términos previstos en la concesión.

b) Ayudas en los casos excepcionales en que, por razones de interés público,
resulte aconsejable la promoción de la utilización de la obra pública antes de
que su explotación alcance el umbral mínimo de rentabilidad.

Artículo 240. Obras públicas diferenciadas.

1. Cuando dos o más obras públicas mantengan una relación funcional entre
ellas, el contrato de concesión de obra pública no pierde su naturaleza por el
hecho de que la utilización de una parte de las obras construidas no esté sujeta
a remuneración siempre que dicha parte sea, asimismo, competencia de la
Administración concedente e incida en la explotación de la concesión.

2. El correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares
especificará con claridad los aspectos concernientes a la obra objeto de
concesión, según se determina en esta Ley, distinguiendo, a estos efectos, la
parte objeto de remuneración de aquélla que no lo es.

Los licitadores deberán presentar el correspondiente plan
económico-financiero que contemple ambas partes de las obras.

3. En todo caso, para la determinación de las tarifas a aplicar por la
utilización de la obra objeto de concesión se tendrá en cuenta el importe total
de las obras realizadas.

Artículo 241. Mantenimiento del equilibrio económico del contrato.

1. El contrato de concesión de obras públicas deberá mantener su equilibrio
económico en los términos que fueron considerados para su adjudicación, teniendo
en cuenta el interés general y el interés del concesionario, de conformidad con
lo dispuesto en el apartado siguiente.

2. La Administración deberá restablecer el equilibrio económico del contrato,
en beneficio de la parte que corresponda, en los siguientes supuestos:

a) Cuando la Administración modifique, por razones de interés público, las
condiciones de explotación de la obra.

b) Cuando causas de fuerza mayor o actuaciones de la Administración
determinaran de forma directa la ruptura sustancial de la economía de la
concesión. A estos efectos, se entenderá por causa de fuerza mayor las
enumeradas en el artículo 214.

c) Cuando se produzcan los supuestos que se establezcan en el propio contrato
para su revisión, de acuerdo con lo previsto en el apartado 4.º de la letra c),
y en la letra d) del artículo 115.1.

3. En los supuestos previstos en el apartado anterior, el restablecimiento
del equilibrio económico del contrato se realizará mediante la adopción de las
medidas que en cada caso procedan. Estas medidas podrán consistir en la
modificación de las tarifas establecidas por la utilización de la obra, la
reducción del plazo concesional, y, en general, en cualquier modificación de las
cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato. Asimismo, en los
casos previstos en el apartado 2.b), y siempre que la retribución del
concesionario proviniere en más de un 50 por ciento de tarifas abonadas por los
usuarios, podrá prorrogarse el plazo de la concesión por un periodo que no
exceda de un 15 por ciento de su duración inicial. En el supuesto de fuerza
mayor previsto en el apartado 2.b), la Administración concedente asegurará los
rendimientos mínimos acordados en el contrato siempre que aquella no impidiera
por completo la realización de las obras o la continuidad de su explotación.

Sección 4.ª Extinción de las concesiones

Artículo 242. Modos de extinción.

Las concesiones de obra pública se extinguirán por cumplimiento o por
resolución.

Artículo 243. Extinción de la concesión por transcurso del plazo.

1. La concesión se entenderá extinguida por cumplimiento cuando transcurra el
plazo inicialmente establecido o, en su caso, el resultante de las prórrogas
acordadas conforme a los artículos 225 y 241.3, o de las reducciones que se
hubiesen decidido.

2. Quedarán igualmente extinguidos todos los contratos vinculados a la
concesión y a la explotación de sus zonas comerciales.

Artículo 244. Plazo de las concesiones.

1. Las concesiones de construcción y explotación de obras públicas se
otorgarán por el plazo que se acuerde en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, que no podrá exceder de 40 años,

2. Los plazos fijados en los pliegos de condiciones sólo podrán ser
prorrogados por las causas previstas en el artículo 225 y en el artículo
241.3.

3. Las concesiones relativas a obras hidráulicas se regirán, en cuanto a su
duración, por el artículo 134.1.a) del Texto Refundido de la Ley de Aguas,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

Artículo 245. Causas de resolución.

Son causas de resolución del contrato de concesión de obras públicas las
siguientes:

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del concesionario individual o la
extinción de la personalidad jurídica de la sociedad concesionaria.

b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier
otro procedimiento.

c) La ejecución hipotecaria declarada desierta o la imposibilidad de iniciar
el procedimiento de ejecución hipotecaria por falta de interesados autorizados
para ello en los casos en que así procediera, de acuerdo con lo establecido en
la Ley.

d) El mutuo acuerdo entre el concedente y el concesionario.

e) El secuestro de la concesión por un plazo superior al establecido como
máximo sin que el contratista haya garantizado la asunción completa de sus
obligaciones.

f) La demora superior a seis meses por parte del órgano de contratación en la
entrega al concesionario de la contraprestación, de los terrenos o de los medios
auxiliares a que se obligó según el contrato.

g) El rescate de la explotación de la obra pública por el órgano de
contratación. Se entenderá por rescate la declaración unilateral del órgano
contratante, discrecionalmente adoptada, por la que dé por terminada la
concesión, no obstante la buena gestión de su titular.

h) La supresión de la explotación de la obra pública por razones de interés
público.

i) La imposibilidad de la explotación de la obra pública como consecuencia de
acuerdos adoptados por la Administración concedente con posterioridad al
contrato.

j) El abandono, la renuncia unilateral, así como el incumplimiento por el
concesionario de sus obligaciones contractuales esenciales.

k) Cualesquiera otras causas expresamente contempladas en ésta u otra Ley o
en el contrato.

Artículo 246. Aplicación de las causas de resolución.

1. La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de
oficio o a instancia del concesionario, mediante el procedimiento que resulte de
aplicación de acuerdo con la legislación de contratos.

2. La declaración de insolvencia y, en caso de concurso, la apertura de la
fase de liquidación, así como las causas de resolución previstas en los párrafos
e), g), h) e i) del artículo anterior originarán siempre la resolución del
contrato. En los restantes casos, será potestativo para la parte a la que no le
sea imputable la causa instar la resolución.

3. Cuando la causa de resolución sea la muerte o incapacidad sobrevenida del
contratista individual, la Administración podrá acordar la continuación del
contrato con sus herederos o sucesores, siempre que éstos cumplan o se
comprometan a cumplir, en el plazo que se establezca al efecto, los requisitos
exigidos al concesionario inicial.

4. La resolución por mutuo acuerdo sólo podrá tener lugar si la concesión no
se encontrara sometida a secuestro acordado por infracción grave del
concesionario y siempre que razones de interés público hagan innecesaria o
inconveniente la continuación del contrato.

5. En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad
concesionaria, será necesaria la autorización administrativa previa para que la
entidad absorbente o resultante de la fusión pueda continuar con la concesión y
quedar subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes de aquélla.

6. En los supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas, sólo
podrá continuar el contrato con la entidad resultante o beneficiaria en el caso
en que así sea expresamente autorizado por el órgano de contratación
considerando los requisitos establecidos para la adjudicación de la concesión en
función del grado de desarrollo del negocio concesional en el momento de
producirse estas circunstancias.

Artículo 247. Efectos de la resolución.

1. En los supuestos de resolución, la Administración abonará al concesionario
el importe de las inversiones realizadas por razón de la expropiación de
terrenos, ejecución de obras de construcción y adquisición de bienes que sean
necesarios para la explotación de la obra objeto de la concesión. Al efecto, se
tendrá en cuenta su grado de amortización en función del tiempo que restara para
el término de la concesión y lo establecido en el plan económico-financiero. La
cantidad resultante se fijará dentro del plazo de seis meses, salvo que se
estableciera otro en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

2. En el supuesto del párrafo f) del artículo 245, el concesionario podrá
optar por la resolución del contrato, con los efectos establecidos en el
apartado siguiente, o por exigir el abono del interés legal de las cantidades
debidas o los valores económicos convenidos, a partir del vencimiento del plazo
previsto para el cumplimiento de la contraprestación o entrega de los bienes
pactados.

3. En los supuestos de los párrafos g), h), e i) del artículo 245, y sin
perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, la Administración
concedente indemnizará al concesionario por los daños y perjuicios que se le
irroguen. Para determinar la cuantía de la indemnización se tendrán en cuenta
los beneficios futuros que el concesionario dejará de percibir, atendiendo a los
resultados de explotación en el último quinquenio cuando resulte posible, y a la
pérdida del valor de las obras e instalaciones que no hayan de ser entregadas a
aquélla, considerando su grado de amortización.

4. Cuando el contrato se resuelva por causa imputable al concesionario, le
será incautada la fianza y deberá, además, indemnizar a la Administración los
daños y perjuicios ocasionados en lo que exceda del importe de la garantía
incautada.

5. El órgano de contratación podrá acordar también la resolución de los
contratos otorgados por el concesionario para el aprovechamiento de las zonas
complementarias. El órgano de contratación podrá acordar también, como
consecuencia de la resolución de la concesión, la resolución de los contratos
otorgados de explotación comercial, abonando la indemnización que en su caso
correspondiera. Esta indemnización será abonada con cargo al concesionario
cuando la resolución se produjera como consecuencia de causa imputable a éste.
Cuando no se acuerde la resolución de los citados contratos, los titulares de
los derechos de aprovechamiento seguirán ejerciéndolos, quedando obligados
frente al órgano de contratación en los mismos términos en que lo estuvieran
frente al concesionario, salvo que se llegara, de mutuo acuerdo, a la revisión
del correspondiente contrato.

6. Cuando el contrato se resuelva por mutuo acuerdo, los derechos de las
partes se acomodarán a lo válidamente estipulado entre ellas.

Artículo 248. Destino de las obras a la extinción de la concesión.

1. El concesionario quedará obligado a hacer entrega a la Administración
concedente, en buen estado de conservación y uso, de las obras incluidas en la
concesión, así como de los bienes e instalaciones necesarios para su explotación
y de los bienes e instalaciones incluidos en la zona de explotación comercial,
si la hubiera, de acuerdo con lo establecido en el contrato, todo lo cual
quedará reflejado en el acta de recepción.

2. No obstante, los pliegos podrán prever que, a la extinción de la
concesión, estas obras, bienes e instalaciones, o algunos de ellos, deban ser
demolidos por el concesionario, reponiendo los bienes sobre los que se asientan
al estado en que se encontraban antes de su construcción.

Sección 5.ª Ejecución de obras por terceros

Artículo 249. Subcontratación.

1. El órgano de contratación podrá imponer al concesionario de obras públicas
que confíe a terceros un porcentaje de los contratos que represente, como
mínimo, un 30 por ciento del valor global de las obras objeto de la concesión,
previendo al mismo tiempo la facultad de que los candidatos incrementen dicho
porcentaje; este porcentaje mínimo deberá constar en el contrato de concesión de
obras.

2. En caso de no hacer uso de la facultad a que se refiere el apartado
anterior, el órgano de contratación podrá invitar a los candidatos a la
concesión a que indiquen en sus ofertas, si procede, el porcentaje del valor
global de las obras objeto de la concesión que se proponen confiar a
terceros.

Artículo 250. Adjudicación de contratos de obras por el concesionario.

1. Cuando el concesionario de la obra pública tenga el carácter de poder
adjudicador conforme al artículo 3.3, deberá respetar, en relación con aquellas
obras que hayan de ser ejecutadas por terceros, las disposiciones de la presente
Ley sobre adjudicación de contratos de obras.

2. La adjudicación de contratos de obras por los concesionarios de obras
públicas que no tengan el carácter de poderes adjudicadores se regulará por las
normas contenidas en los apartados 3 y 4 de este artículo cuando la adjudicación
se realice a un tercero y el valor del contrato sea igual o superior a 5.278.000
euros, salvo que en el contrato concurran circunstancias que permitan su
adjudicación por un procedimiento negociado sin publicidad.

No tendrán la consideración de terceros aquellas empresas que se hayan
agrupado para obtener la concesión ni las empresas vinculadas a ellas. Se
entenderá por empresa vinculada cualquier empresa en la que el concesionario
pueda ejercer, directa o indirectamente, una influencia dominante, o cualquier
empresa que pueda ejercer una influencia dominante en el concesionario o que,
del mismo modo que el concesionario, esté sometida a la influencia dominante de
otra empresa por razón de propiedad, participación financiera o normas
reguladoras. Se presumirá que existe influencia dominante cuando una empresa,
directa o indirectamente, se encuentre en una de las siguientes situaciones con
respecto a otra:

a) que posea la mayoría del capital suscrito de la empresa;

b) que disponga de la mayoría de los votos correspondientes a las
participaciones emitidas por la empresa;

c) que pueda designar a más de la mitad de los miembros del órgano de
administración, de dirección o de vigilancia de la empresa.

La lista exhaustiva de estas empresas debe adjuntarse a la candidatura para
la concesión, y actualizarse en función de las modificaciones que se produzcan
posteriormente en las relaciones entre las empresas.

3. Serán de aplicación a estos procedimientos las normas sobre publicidad
contenidas en el artículo 126.

4. El concesionario fijará el plazo de recepción de las solicitudes de
participación, que no podrá ser inferior a treinta y siete días a partir de la
fecha de envío del anuncio de licitación, y el plazo de recepción de las
ofertas, que no podrá ser inferior a cuarenta días a partir de la fecha del
envío del anuncio de licitación al Diario Oficial de la Unión Europea o de la
invitación a presentar una oferta.

Cuando los anuncios se preparen y envíen por medios electrónicos,
informáticos o telemáticos se podrán reducir en siete días los plazos de
recepción de las ofertas y el plazo de recepción de las solicitudes de
participación.

Será posible reducir en cinco días los plazos de recepción de las ofertas
cuando se ofrezca acceso sin restricción, directo y completo, por medios
electrónicos, informáticos o telemáticos, al pliego de condiciones y a cualquier
documentación complementaria, especificando en el texto del anuncio la dirección
de Internet en la que dicha documentación pueda consultarse. Esta reducción se
podrá sumar a la prevista en el párrafo anterior.

En todo caso será de aplicación lo previsto en el artículo 142.3 y la
prohibición de contratar prevista en el artículo 49.1.a), en relación con los
adjudicatarios de estos contratos.

CAPÍTULO III

Contrato de gestión de servicios públicos

Sección 1.ª Disposiciones generales

Artículo 251. Ámbito del contrato.

1. La Administración podrá gestionar indirectamente, mediante contrato, los
servicios de su competencia, siempre que sean susceptibles de explotación por
particulares. En ningún caso podrán prestarse por gestión indirecta los
servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes
públicos.

2. El contrato expresará con claridad el ámbito de la gestión, tanto en el
orden funcional, como en el territorial.

Artículo 252. Régimen jurídico.

Los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos de gestión de
servicios públicos se regularán por la presente Ley, excluidos los artículos
196, apartados 2 a 7, ambos inclusive, 197, 203 y 205, y por las disposiciones
especiales del respectivo servicio, en cuanto no se opongan a ella.

Artículo 253. Modalidades de la contratación.

La contratación de la gestión de los servicios públicos podrá adoptar las
siguientes modalidades:

a) Concesión, por la que el empresario gestionará el servicio a su propio
riesgo y ventura.

b) Gestión interesada, en cuya virtud la Administración y el empresario
participarán en los resultados de la explotación del servicio en la proporción
que se establezca en el contrato.

c) Concierto con persona natural o jurídica que venga realizando prestaciones
análogas a las que constituyen el servicio público de que se trate.

d) Sociedad de economía mixta en la que la Administración participe, por sí o
por medio de una entidad pública, en concurrencia con personas naturales o
jurídicas.

Artículo 254. Duración.

El contrato de gestión de servicios públicos no podrá tener carácter perpetuo
o indefinido, fijándose necesariamente en el pliego de cláusulas administrativas
particulares su duración y la de las prórrogas de que pueda ser objeto, sin que
pueda exceder el plazo total, incluidas las prórrogas, de los siguientes
períodos:

a) Cincuenta años en los contratos que comprendan la ejecución de obras y la
explotación de servicio público, salvo que éste sea de mercado o lonja central
mayorista de artículos alimenticios gestionados por sociedad de economía mixta
municipal, en cuyo caso podrá ser hasta 60 años.

b) Veinticinco años en los contratos que comprendan la explotación de un
servicio público no relacionado con la prestación de servicios sanitarios.

c) Diez años en los contratos que comprendan la explotación de un servicio
público cuyo objeto consista en la prestación de servicios sanitarios siempre
que no estén comprendidos en la letra a).

Sección 2.ª Ejecución del contrato de gestión de servicios públicos

Artículo 255. Ejecución del contrato.

1. El contratista está obligado a organizar y prestar el servicio con
estricta sujeción a las características establecidas en el contrato y dentro de
los plazos señalados en el mismo, y, en su caso, a la ejecución de las obras
conforme al proyecto aprobado por el órgano de contratación.

2. En todo caso, la Administración conservará los poderes de policía
necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios de que se trate.

Artículo 256. Obligaciones generales.

El contratista estará sujeto al cumplimiento de las siguientes
obligaciones:

a) Prestar el servicio con la continuidad convenida y garantizar a los
particulares el derecho a utilizarlo en las condiciones que hayan sido
establecidas y mediante el abono, en su caso, de la contraprestación económica
comprendida en las tarifas aprobadas.

b) Cuidar del buen orden del servicio, pudiendo dictar las oportunas
instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía a los que se refiere el
artículo anterior.

c) Indemnizar los daños que se causen a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera el desarrollo del servicio, excepto cuando el daño sea
producido por causas imputables a la Administración.

d) Respetar el principio de no discriminación por razón de nacionalidad,
respecto de las empresas de Estados miembros de la Comunidad Europea o
signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial
del Comercio, en los contratos de suministro consecuencia del de gestión de
servicios públicos.

Artículo 257. Prestaciones económicas.

1. El contratista tiene derecho a las contraprestaciones económicas previstas
en el contrato, entre las que se incluirá, para hacer efectivo su derecho a la
explotación del servicio, una retribución fijada en función de su utilización
que se percibirá directamente de los usuarios o de la propia Administración.

2. Las contraprestaciones económicas pactadas serán revisadas, en su caso, en
la forma establecida en el contrato.

Sección 3.ª Modificación del contrato de gestión de servicios públicos

Artículo 258. Modificación del contrato y mantenimiento de su equilibrio
económico.

1. La Administración podrá modificar por razones de interés público las
características del servicio contratado y las tarifas que han de ser abonadas
por los usuarios.

2. Cuando las modificaciones afecten al régimen financiero del contrato, la
Administración deberá compensar al contratista de manera que se mantenga el
equilibrio de los supuestos económicos que fueron considerados como básicos en
la adjudicación del contrato.

3. En el caso de que los acuerdos que dicte la Administración respecto al
desarrollo del servicio carezcan de trascendencia económica el contratista no
tendrá derecho a indemnización por razón de los mismos.

4. La Administración deberá restablecer el equilibrio económico del contrato,
en beneficio de la parte que corresponda, en los siguientes supuestos:

a) Cuando la Administración modifique, por razones de interés público, las
características del servicio contratado.

b) Cuando actuaciones de la Administración determinaran de forma directa la
ruptura sustancial de la economía del contrato.

c) Cuando causas de fuerza mayor determinaran de forma directa la ruptura
sustancial de la economía del contrato. A estos efectos, se entenderá por causas
de fuerza mayor las enumeradas en el artículo 214 de esta Ley.

5. En los supuestos previstos en el apartado anterior, el restablecimiento
del equilibrio económico del contrato se realizará mediante la adopción de las
medidas que en cada caso procedan. Estas medidas podrán consistir en la
modificación de las tarifas a abonar por los usuarios, la reducción del plazo
del contrato y, en general, en cualquier modificación de las cláusulas de
contenido económico incluidas en el contrato. Así mismo, en los casos previstos
en los apartados 4.b) y c), podrá prorrogarse el plazo del contrato por un
período que no exceda de un 10 por ciento de su duración inicial, respetando los
límites máximos de duración previstos legalmente.

Sección 4.ª Cumplimiento y efectos del contrato de gestión de servicios
públicos

Artículo 259. Reversión.

1. Cuando finalice el plazo contractual el servicio revertirá a la
Administración, debiendo el contratista entregar las obras e instalaciones a que
esté obligado con arreglo al contrato y en el estado de conservación y
funcionamiento adecuados.

2. Durante un período prudencial anterior a la reversión, que deberá fijarse
en el pliego, el órgano competente de la Administración adoptará las
disposiciones encaminadas a que la entrega de los bienes se verifique en las
condiciones convenidas.

Artículo 260. Falta de entrega de contraprestaciones económicas y medios
auxiliares.

Si la Administración no hiciere efectiva al contratista la contraprestación
económica o no entregare los medios auxiliares a que se obligó en el contrato
dentro de los plazos previstos en el mismo y no procediese la resolución del
contrato o no la solicitase el contratista, éste tendrá derecho al interés de
demora de las cantidades o valores económicos que aquéllos signifiquen, de
conformidad con lo establecido en el artículo 200.

Artículo 261. Incumplimiento del contratista.

Si del incumplimiento por parte del contratista se derivase perturbación
grave y no reparable por otros medios en el servicio público y la Administración
no decidiese la resolución del contrato, podrá acordar la intervención del mismo
hasta que aquélla desaparezca. En todo caso, el contratista deberá abonar a la
Administración los daños y perjuicios que efectivamente le haya irrogado.

Sección 5.ª Resolución del contrato de gestión de servicios públicos

Artículo 262. Causas de resolución.

Son causas de resolución del contrato de gestión de servicios públicos,
además de las señaladas en el artículo 206, con la excepción de las contempladas
en sus letras e) y f), las siguientes:

a) La demora superior a seis meses por parte de la Administración en la
entrega al contratista de la contraprestación o de los medios auxiliares a que
se obligó según el contrato.

b) El rescate del servicio por la Administración.

c) La supresión del servicio por razones de interés público.

d) La imposibilidad de la explotación del servicio como consecuencia de
acuerdos adoptados por la Administración con posterioridad al contrato.

Artículo 263. Aplicación de las causas de resolución.

1. Cuando la causa de resolución sea la muerte o incapacidad sobrevenida del
contratista, la Administración podrá acordar la continuación del contrato con
sus herederos o sucesores, salvo disposición expresa en contrario de la
legislación específica del servicio.

2. Por razones de interés público la Administración podrá acordar el rescate
del servicio para gestionarlo directamente.

Artículo 264. Efectos de la resolución.

1. En los supuestos de resolución, la Administración abonará, en todo caso,
al contratista el precio de las obras e instalaciones que, ejecutadas por éste,
hayan de pasar a propiedad de aquélla, teniendo en cuenta su estado y el tiempo
que restare para la reversión.

2. Con independencia de lo dispuesto en el artículo 208, el incumplimiento
por parte de la Administración o del contratista de las obligaciones del
contrato producirá los efectos que según las disposiciones específicas del
servicio puedan afectar a estos contratos.

3. En el supuesto de la letra a) del artículo 262, el contratista tendrá
derecho al abono del interés de demora previsto en la Ley por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales de
las cantidades debidas o valores económicos convenidos, a partir del vencimiento
del plazo previsto para su entrega, así como de los daños y perjuicios
sufridos.

4. En los supuestos de las letras b), c) y d) del artículo 262, sin perjuicio
de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo, la Administración indemnizará
al contratista de los daños y perjuicios que se le irroguen, incluidos los
beneficios futuros que deje de percibir, atendiendo a los resultados de la
explotación en el último quinquenio y a la pérdida del valor de las obras e
instalaciones que no hayan de revertir a aquélla, habida cuenta de su grado de
amortización.

Sección 6.ª Subcontratación del contrato de gestión de servicios públicos

Artículo 265. Subcontratación.

En el contrato de gestión de servicios públicos, la subcontratación sólo
podrá recaer sobre prestaciones accesorias.

CAPÍTULO IV

Contrato de suministro

Sección 1.ª Regulación de determinados contratos de suministro

Artículo 266. Arrendamiento.

1. En el contrato de arrendamiento, el arrendador o empresario asumirá
durante el plazo de vigencia del contrato la obligación del mantenimiento del
objeto del mismo. Las cantidades que, en su caso, deba satisfacer la
Administración en concepto de canon de mantenimiento se fijarán separadamente de
las constitutivas del precio del arriendo.

2. En el contrato de arrendamiento no se admitirá la prórroga tácita y la
prórroga expresa no podrá extenderse a un período superior a la mitad del
contrato inmediatamente anterior.

Artículo 267. Contratos de fabricación y aplicación de normas y usos vigentes
en comercio internacional.

1. A los contratos de fabricación, a los que se refiere la letra c) del
apartado 3 del artículo 9, se les aplicarán directamente las normas generales y
especiales del contrato de obras que el órgano de contratación determine en el
correspondiente pliego de cláusulas administrativas particulares, salvo las
relativas a su publicidad que se acomodarán, en todo caso, al contrato de
suministro.

2. Los contratos que se celebren con empresas extranjeras, cuando su objeto
se fabrique o proceda de fuera del territorio nacional y los de suministro que,
con estas empresas, celebre el Ministerio de Defensa y que deban ser ejecutados
fuera del territorio nacional, se regirán por la presente Ley, sin perjuicio de
lo que se convenga entre las partes de acuerdo con las normas y usos vigentes en
el comercio internacional.

Sección 2.ª Ejecución del contrato de suministro

Artículo 268. Entrega y recepción.

1. El contratista estará obligado a entregar los bienes objeto de suministro
en el tiempo y lugar fijados en el contrato y de conformidad con las
prescripciones técnicas y cláusulas administrativas.

2. Cualquiera que sea el tipo de suministro, el adjudicatario no tendrá
derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados
en los bienes antes de su entrega a la Administración, salvo que ésta hubiere
incurrido en mora al recibirlos.

3. Cuando el acto formal de la recepción de los bienes, de acuerdo con las
condiciones del pliego, sea posterior a su entrega, la Administración será
responsable de la custodia de los mismos durante el tiempo que medie entre una y
otra.

4. Una vez recibidos de conformidad por la Administración bienes o productos
perecederos, será ésta responsable de su gestión, uso o caducidad, sin perjuicio
de la responsabilidad del suministrador por los vicios o defectos ocultos de los
mismos.

Artículo 269. Pago del precio.

El adjudicatario tendrá derecho al abono del precio de los suministros
efectivamente entregados y formalmente recibidos por la Administración con
arreglo a las condiciones establecidas en el contrato.

Artículo 270. Pago en metálico y en otros bienes.

1. Cuando razones técnicas o económicas debidamente justificadas en el
expediente lo aconsejen, podrá establecerse en el pliego de cláusulas
administrativas particulares que el pago del precio total de los bienes a
suministrar consista parte en dinero y parte en la entrega de otros bienes de la
misma clase, sin que, en ningún caso, el importe de éstos pueda superar el 50
por ciento del precio total. A estos efectos, el compromiso de gasto
correspondiente se limitará al importe que, del precio total del contrato, no se
satisfaga mediante la entrega de bienes al contratista, sin que tenga aplicación
lo dispuesto en el artículo 27.4 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General
Presupuestaria, en el apartado 3 del artículo 165 de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
o en análogas regulaciones contenidas en las normas presupuestarias de las
distintas Administraciones públicas sujetas a esta Ley.

2. La entrega de los bienes por la Administración se acordará por el órgano
de contratación, por el mismo procedimiento que se siga para la adjudicación del
contrato de suministro, implicando dicho acuerdo por sí solo la baja en el
inventario y, en su caso, la desafectación de los bienes de que se trate.

3. En este supuesto el importe que del precio total del suministro
corresponda a los bienes entregados por la Administración será un elemento
económico a valorar para la adjudicación del contrato y deberá consignarse
expresamente por los empresarios en sus ofertas.

4. El contenido de este artículo será de aplicación a los contratos a los que
se refiere el artículo 279.4, entendiéndose que los bienes a entregar, en su
caso, por la Administración han de ser bienes y equipos informáticos y de
telecomunicaciones.

Artículo 271. Facultades de la Administración en el proceso de
fabricación.

La Administración tiene la facultad de inspeccionar y de ser informada del
proceso de fabricación o elaboración del producto que haya de ser entregado como
consecuencia del contrato, pudiendo ordenar o realizar por sí misma análisis,
ensayos y pruebas de los materiales que se vayan a emplear, establecer sistemas
de control de calidad y dictar cuantas disposiciones estime oportunas para el
estricto cumplimiento de lo convenido.

Sección 3.ª Modificación del contrato de suministro

Artículo 272. Modificación del contrato de suministro.

Cuando como consecuencia de las modificaciones del contrato de suministro
acordadas conforme a lo establecido en el artículo 202, se produzca aumento,
reducción o supresión de las unidades de bienes que integran el suministro o la
sustitución de unos bienes por otros, siempre que los mismos estén comprendidos
en el contrato, estas modificaciones serán obligatorias para el contratista, sin
que tenga derecho alguno en caso de supresión o reducción de unidades o clases
de bienes a reclamar indemnización por dichas causas, siempre que no se
encuentren en los casos previstos en la letra c) del artículo 275.

Sección 4.ª Cumplimiento del contrato de suministro

Artículo 273. Gastos de entrega y recepción.

1. Salvo pacto en contrario, los gastos de la entrega y transporte de los
bienes objeto del suministro al lugar convenido serán de cuenta del
contratista.

2. Si los bienes no se hallan en estado de ser recibidos se hará constar así
en el acta de recepción y se darán las instrucciones precisas al contratista
para que subsane los defectos observados o proceda a un nuevo suministro de
conformidad con lo pactado.

Artículo 274. Vicios o defectos durante el plazo de garantía.

1. Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o
defectos en los bienes suministrados tendrá derecho la Administración a reclamar
del contratista la reposición de los que resulten inadecuados o la reparación de
los mismos si fuese suficiente.

2. Durante este plazo de garantía tendrá derecho el contratista a conocer y
ser oído sobre la aplicación de los bienes suministrados.

3. Si el órgano de contratación estimase, durante el plazo de garantía, que
los bienes suministrados no son aptos para el fin pretendido, como consecuencia
de los vicios o defectos observados en ellos e imputables al contratista y
exista la presunción de que la reposición o reparación de dichos bienes no serán
bastantes para lograr aquel fin, podrá, antes de expirar dicho plazo, rechazar
los bienes dejándolos de cuenta del contratista y quedando exento de la
obligación de pago o teniendo derecho, en su caso, a la recuperación del precio
satisfecho.

4. Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado
alguno de los reparos o la denuncia a que se refieren los apartados 1 y 3 de
este artículo, el contratista quedará exento de responsabilidad por razón de los
bienes suministrados.

Sección 5.ª Resolución del contrato de suministro

Artículo 275. Causas de resolución.

Son causas de resolución del contrato de suministro, además de las señaladas
en el artículo 206, las siguientes:

a) La suspensión, por causa imputable a la Administración, de la iniciación
del suministro por plazo superior a seis meses a partir de la fecha señalada en
el contrato para la entrega, salvo que en el pliego se señale otro menor.

b) El desistimiento o la suspensión del suministro por un plazo superior al
año acordada por la Administración, salvo que en el pliego se señale otro
menor.

c) Las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que impliquen,
aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del contrato en cuantía
superior, en más o en menos, al 20 por ciento del precio primitivo del contrato,
con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido, o representen una alteración
sustancial de la prestación inicial.

Artículo 276. Efectos de la resolución.

1. La resolución del contrato dará lugar a la recíproca devolución de los
bienes y del importe de los pagos realizados, y, cuando no fuera posible o
conveniente para la Administración, habrá de abonar ésta el precio de los
efectivamente entregados y recibidos de conformidad.

2. En el supuesto de suspensión de la iniciación del suministro por tiempo
superior a seis meses, sólo tendrá derecho el contratista a percibir una
indemnización del 3 por ciento del precio de la adjudicación.

3. En el caso de desistimiento o de suspensión del suministro por plazo
superior a un año por parte de la Administración, el contratista tendrá derecho
al 6 por ciento del precio de las entregas dejadas de realizar en concepto de
beneficio industrial.

CAPÍTULO V

Contratos de servicios

Sección 1.ª Disposiciones generales

Artículo 277. Contenido y límites.

1. No podrán ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen
ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos.

2. Salvo que se disponga otra cosa en los pliegos de cláusulas
administrativas o en el documento contractual, los contratos de servicios que
tengan por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos
protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial llevarán
aparejada la cesión de éste a la Administración contratante. En todo caso, y aun
cuando se excluya la cesión de los derechos de propiedad intelectual, el órgano
de contratación podrá siempre autorizar el uso del correspondiente producto a
los entes, organismos y entidades pertenecientes al sector público a que se
refiere el artículo 3.1.

3. Los contratos de servicios que celebre el Ministerio de Defensa con
empresas extranjeras y que deban ser ejecutados fuera del territorio nacional,
se regirán por la presente Ley, sin perjuicio de lo que se convenga entre las
partes de acuerdo con las normas y usos vigentes en el comercio
internacional.

4. A la extinción de los contratos de servicios, no podrá producirse en
ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos
objeto del contrato como personal del ente, organismo o entidad del sector
público contratante.

Artículo 278. Determinación del precio.

En el pliego de cláusulas administrativas se establecerá el sistema de
determinación del precio de los contratos de servicios, que podrá estar referido
a componentes de la prestación, unidades de ejecución o unidades de tiempo, o
fijarse en un tanto alzado cuando no sea posible o conveniente su
descomposición, o resultar de la aplicación de honorarios por tarifas o de una
combinación de varias de estas modalidades.

Artículo 279. Duración.

1. Los contratos de servicios no podrán tener un plazo de vigencia superior a
cuatro años con las condiciones y límites establecidos en las respectivas normas
presupuestarias de las Administraciones Públicas, si bien podrá preverse en el
mismo contrato su prórroga por mutuo acuerdo de las partes antes de la
finalización de aquél, siempre que la duración total del contrato, incluidas las
prórrogas, no exceda de seis años, y que las prórrogas no superen, aislada o
conjuntamente, el plazo fijado originariamente. La celebración de contratos de
servicios de duración superior a la señalada podrá ser autorizada
excepcionalmente por el Consejo de Ministros o por el órgano autonómico
competente de forma singular, para contratos determinados, o de forma genérica,
para ciertas categorías.

2. No obstante lo dispuesto anteriormente, los contratos regulados en este
Título que sean complementarios de contratos de obras o de suministro podrán
tener un plazo superior de vigencia que, en ningún caso, excederá del plazo de
duración del contrato principal, salvo en los contratos que comprenden trabajos
relacionados con la liquidación del contrato principal, cuyo plazo final
excederá al del mismo en el tiempo necesario para realizarlos. La iniciación del
contrato complementario a que se refiere este apartado quedará en suspenso,
salvo causa justificada derivada de su objeto y contenido, hasta que comience la
ejecución del correspondiente contrato de obras.

Solamente tendrán el concepto de contratos complementarios aquellos cuyo
objeto se considere necesario para la correcta realización de la prestación o
prestaciones objeto del contrato principal.

3. Los contratos para la defensa jurídica y judicial de la Administración
tendrán la duración precisa para atender adecuadamente sus necesidades.

4. Los contratos de servicios que tengan por objeto la asistencia a la
dirección de obra o la gestión integrada de proyectos tendrán una duración igual
a la del contrato de obras al que están vinculados más el plazo estimado para
proceder a la liquidación de las obras.

Artículo 280. Régimen de contratación para actividades docentes.

1. En los contratos regulados en este Título que tengan por objeto la
prestación de actividades docentes en centros del sector público desarrolladas
en forma de cursos de formación o perfeccionamiento del personal al servicio de
la Administración o cuando se trate de seminarios, coloquios, mesas redondas,
conferencias, colaboraciones o cualquier otro tipo similar de actividad, siempre
que dichas actividades sean realizadas por personas físicas, las disposiciones
de esta Ley no serán de aplicación a la preparación y adjudicación del
contrato.

2. En esta clase de contratos podrá establecerse el pago parcial anticipado,
previa constitución de garantía por parte del contratista, sin que pueda
autorizarse su cesión.

3. Para acreditar la existencia de los contratos a que se refiere este
artículo, bastará la designación o nombramiento por autoridad competente.

Sección 2.ª Ejecución de los contratos de servicios

Artículo 281. Ejecución y responsabilidad del contratista.

1. El contrato se ejecutará con sujeción a lo establecido en su clausulado y
en los pliegos, y de acuerdo con las instrucciones que para su interpretación
diere al contratista el órgano de contratación.

2. El contratista será responsable de la calidad técnica de los trabajos que
desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados, así como de las
consecuencias que se deduzcan para la Administración o para terceros de las
omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la
ejecución del contrato.

Sección 3.ª Modificación de los contratos de servicios de mantenimiento

Artículo 282. Modificación de estos contratos.

Cuando como consecuencia de modificaciones del contrato de servicios de
mantenimiento acordadas conforme a lo establecido en el artículo 202, se
produzca aumento, reducción o supresión de equipos a mantener o la sustitución
de unos equipos por otros, siempre que los mismos estén contenidos en el
contrato, estas modificaciones serán obligatorias para el contratista, sin que
tenga derecho alguno, en caso de supresión o reducción de unidades o clases de
equipos, a reclamar indemnización por dichas causas, siempre que no se
encuentren en los casos previstos en la letra c) del artículo 284.

Sección 4.ª Cumplimiento de los contratos de servicios

Artículo 283. Cumplimiento de los contratos.

1. La Administración determinará si la prestación realizada por el
contratista se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y
cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización de las prestaciones
contratadas y la subsanación de los defectos observados con ocasión de su
recepción. Si los trabajos efectuados no se adecuan a la prestación contratada,
como consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, podrá rechazar
la misma quedando exento de la obligación de pago o teniendo derecho, en su
caso, a la recuperación del precio satisfecho.

2. Si durante el plazo de garantía se acreditase la existencia de vicios o
defectos en los trabajos efectuados el órgano de contratación tendrá derecho a
reclamar al contratista la subsanación de los mismos.

3. Terminado el plazo de garantía sin que la Administración haya formalizado
alguno de los reparos o la denuncia a que se refieren los apartados anteriores,
el contratista quedará exento de responsabilidad por razón de la prestación
efectuada, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 286, 287 y 288 sobre
subsanación de errores y responsabilidad en los contratos que tengan por objeto
la elaboración de proyectos de obras.

4. El contratista tendrá derecho a conocer y ser oído sobre las observaciones
que se formulen en relación con el cumplimiento de la prestación contratada.

Sección 5.ª Resolución de los contratos de servicios

Artículo 284. Causas de resolución.

Son causas de resolución de los contratos de servicios, además de las
señaladas en el artículo 206, las siguientes:

a) La suspensión por causa imputable a la Administración de la iniciación del
contrato por plazo superior a seis meses a partir de la fecha señalada en el
mismo para su comienzo, salvo que en el pliego se señale otro menor.

b) El desistimiento o la suspensión del contrato por plazo superior a un año
acordada por la Administración, salvo que en el pliego se señale otro menor.

c) Las modificaciones en el contrato, aunque fueran sucesivas, que impliquen,
aislada o conjuntamente, alteraciones del precio del contrato en cuantía
superior, en más o en menos, al 20 por ciento del precio primitivo del contrato,
con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido o representen una alteración
sustancial del mismo.

d) Los contratos complementarios a que se refiere el artículo 279.2 quedarán
resueltos, en todo caso, cuando se resuelva el contrato principal.

Artículo 285. Efectos de la resolución.

1. La resolución del contrato dará derecho al contratista, en todo caso, a
percibir el precio de los estudios, informes, proyectos, trabajos o servicios
que efectivamente hubiese realizado con arreglo al contrato y que hubiesen sido
recibidos por la Administración.

2. En el supuesto de suspensión de la iniciación del contrato por tiempo
superior a seis meses, el contratista sólo tendrá derecho a percibir una
indemnización del 5 por ciento del precio de aquél.

3. En el caso de la letra b) del artículo anterior el contratista tendrá
derecho al 10 por ciento del precio de los estudios, informes, proyectos o
trabajos pendientes de realizar en concepto de beneficio dejado de obtener.

Sección 6.ª De la subsanación de errores y responsabilidades en el contrato
de elaboración de proyectos de obras

Artículo 286. Subsanación de errores y corrección de deficiencias.

1. Cuando el contrato de servicios consista en la elaboración íntegra de un
proyecto de obra, el órgano de contratación exigirá la subsanación por el
contratista de los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales,
omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios que le sean
imputables, otorgándole al efecto el correspondiente plazo que no podrá exceder
de dos meses.

2. Si transcurrido este plazo las deficiencias no hubiesen sido corregidas,
la Administración podrá, atendiendo a las circunstancias concurrentes, optar por
la resolución del contrato o por conceder un nuevo plazo al contratista.

3. En el primer caso procederá la incautación de la garantía y el contratista
incurrirá en la obligación de abonar a la Administración una indemnización
equivalente al 25 por ciento del precio del contrato.

4. En el segundo caso el nuevo plazo concedido para subsanar las deficiencias
no corregidas será de un mes improrrogable, incurriendo el contratista en una
penalidad equivalente al 25 por ciento del precio del contrato.

5. De producirse un nuevo incumplimiento procederá la resolución del contrato
con obligación por parte del contratista de abonar a la Administración una
indemnización igual al precio pactado con pérdida de la garantía.

6. Cuando el contratista, en cualquier momento antes de la concesión del
último plazo, renunciare a la realización del proyecto deberá abonar a la
Administración una indemnización igual a la mitad del precio del contrato con
pérdida de la garantía.

Artículo 287. Indemnizaciones.

1. Para los casos en que el presupuesto de ejecución de la obra prevista en
el proyecto se desviare en más de un 20 por ciento, tanto por exceso como por
defecto, del coste real de la misma como consecuencia de errores u omisiones
imputables al contratista consultor, la Administración podrá establecer, en el
pliego de cláusulas administrativas particulares, un sistema de indemnizaciones
consistente en una minoración del precio del contrato de elaboración del
proyecto, en función del porcentaje de desviación, hasta un máximo equivalente a
la mitad de aquél.

2. El baremo de indemnizaciones será el siguiente:

a) En el supuesto de que la desviación sea de más del 20 por ciento y menos
del 30 por ciento, la indemnización correspondiente será del 30 por ciento del
precio del contrato.

b) En el supuesto de que la desviación sea de más del 30 por ciento y menos
del 40 por ciento, la indemnización correspondiente será del 40 por ciento del
precio del contrato.

c) En el supuesto de que la desviación sea de más del 40 por ciento, la
indemnización correspondiente será del 50 por ciento del precio del
contrato.

3. El contratista deberá abonar el importe de dicha indemnización en el plazo
de un mes a partir de la notificación de la resolución correspondiente, que se
adoptará, previa tramitación de expediente con audiencia del interesado.

Artículo 288. Responsabilidad por defectos o errores del proyecto.

1. Con independencia de lo previsto en los artículos anteriores, el
contratista responderá de los daños y perjuicios que durante la ejecución o
explotación de las obras se causen tanto a la Administración como a terceros,
por defectos e insuficiencias técnicas del proyecto o por los errores
materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios en
que el mismo haya incurrido, imputables a aquél.

2. La indemnización derivada de la responsabilidad exigible al contratista
alcanzará el 50 por ciento del importe de los daños y perjuicios causados, hasta
un límite máximo de cinco veces el precio pactado por el proyecto y será
exigible dentro del término de diez años, contados desde la recepción del mismo
por la Administración, siendo a cargo de esta última, en su caso, el resto de
dicha indemnización cuando deba ser satisfecha a terceros.

CAPÍTULO VI

Contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado

Artículo 289. Régimen jurídico.

Los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado se
regirán por las normas generales contenidas en el Título I del presente Libro y
por las especiales correspondientes al contrato típico cuyo objeto se
corresponda con la prestación principal de aquél, identificada conforme a lo
dispuesto en el artículo 120.a), en lo que no se opongan a su naturaleza,
funcionalidad y contenido peculiar conforme al artículo 11.

Estas normas delimitarán los deberes y derechos de las partes y las
prerrogativas de la Administración.

Artículo 290. Duración.

La duración de los contratos de colaboración entre el sector público y el
sector privado no podrá exceder de 20 años. No obstante, cuando por razón de la
prestación principal que constituye su objeto y de su configuración, el régimen
aplicable sea el propio de los contratos de concesión de obra pública, se estará
a lo dispuesto en el artículo 244 sobre la duración de éstos.

LIBRO V

Organización administrativa para la gestión de la contratación

TÍTULO I

Órganos competentes en materia de contratación

CAPÍTULO I

Órganos de contratación

Artículo 291. Órganos de contratación.

1. Los Ministros y los Secretarios de Estado son los órganos de contratación
de la Administración General del Estado y, en consecuencia, están facultados
para celebrar en su nombre los contratos en el ámbito de su competencia.

En los departamentos ministeriales en los que existan varios órganos de
contratación, la competencia para celebrar los contratos de suministro y de
servicios que afecten al ámbito de más de uno de ellos corresponderá al
Ministro, salvo en los casos en que la misma se atribuya a la Junta de
Contratación.

2. Los Presidentes o Directores de los organismos autónomos, Agencias
Estatales, entidades públicas empresariales y demás entidades públicas estatales
y los Directores generales de las distintas entidades gestoras y servicios
comunes de la Seguridad Social, son los órganos de contratación de unos y otros,
a falta de disposición específica sobre el particular, recogida en las
correspondientes normas de creación o reguladoras del funcionamiento de esas
entidades.

3. El Director General del Patrimonio del Estado es el órgano de contratación
del sistema estatal de contratación centralizada regulado en los artículos 190 y
191.

4. En los departamentos ministeriales y en los organismos autónomos, Agencias
Estatales, entidades públicas empresariales y demás entidades de derecho público
estatales, así como en las entidades gestoras y servicios comunes de la
Seguridad Social, podrán constituirse Juntas de Contratación, que actuarán como
órganos de contratación, con los límites cuantitativos o referentes a las
características de los contratos que determine el titular del departamento, en
los siguientes contratos:

a) Contratos de obras comprendidas en los párrafos b) y c) del apartado 1 del
artículo 107, salvo que las mismas hayan sido declaradas de contratación
centralizada.

b) Contratos de suministro que se refieran a bienes consumibles o de fácil
deterioro por el uso, salvo los relativos a bienes declarados de adquisición
centralizada.

c) Contratos de servicios no declarados de contratación centralizada.

d) Contratos de suministro y de servicios, distintos de los atribuidos a la
competencia de la Junta con arreglo a las dos letras anteriores que afecten a
más de un órgano de contratación, exceptuando los que tengan por objeto bienes o
servicios de contratación centralizada.

La composición de las Juntas de Contratación se fijará reglamentariamente,
debiendo figurar entre sus vocales un funcionario que tenga atribuido, legal o
reglamentariamente, el asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un
interventor.

5. Excepcionalmente, cuando el contrato resulte de interés para varios
departamentos ministeriales y, por razones de economía y eficacia, la
tramitación del expediente deba efectuarse por un único órgano de contratación,
los demás departamentos interesados podrán contribuir a su financiación, en los
términos que se establezcan reglamentariamente y con respeto a la normativa
presupuestaria, en la forma que se determine en convenios o protocolos de
actuación.

6. La capacidad para contratar de los representantes legales de las
sociedades y fundaciones del sector público estatal se regirá por lo dispuesto
en los estatutos de estas entidades y por las normas de derecho privado que sean
en cada caso de aplicación.

Artículo 292. Autorización para contratar.

1. Los órganos de contratación de los departamentos ministeriales, organismos
autónomos, Agencias Estatales y entidades de derecho público estatales, así como
los de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social,
necesitarán la autorización del Consejo de Ministros para celebrar contratos en
los siguientes supuestos:

a) Cuando el valor estimado del contrato, calculado conforme a lo señalado en
el artículo 76, sea igual o superior a doce millones de euros.

b) En los contratos de carácter plurianual cuando se modifiquen los
porcentajes o el número de anualidades legalmente previstos a los que se refiere
el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

c) Cuando el pago de los contratos se concierte mediante el sistema de
arrendamiento financiero o mediante el sistema de arrendamiento con opción de
compra y el número de anualidades supere cuatro años.

2. La autorización del Consejo de Ministros a que se refiere el apartado
anterior deberá obtenerse antes de la aprobación del expediente. La aprobación
del expediente y la aprobación del gasto corresponderán al órgano de
contratación.

3. El Consejo de Ministros podrá reclamar discrecionalmente el conocimiento y
autorización de cualquier otro contrato. Igualmente, el órgano de contratación,
a través del Ministro correspondiente, podrá elevar un contrato no comprendido
en el apartado 1 a la consideración del Consejo de Ministros.

4. Cuando el Consejo de Ministros autorice la celebración del contrato deberá
autorizar igualmente su modificación, cuando sea causa de resolución, y la
resolución misma, en su caso.

5. Los titulares de los departamentos ministeriales a que se hallen adscritos
los organismos autónomos, entidades públicas y las entidades gestoras y
servicios comunes de la Seguridad Social podrán fijar la cuantía a partir de la
cual será necesaria su autorización para la celebración de los contratos.

Artículo 293. Desconcentración.

1. Las competencias en materia de contratación podrán ser desconcentradas por
Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, en cualesquiera órganos, sean o
no dependientes del órgano de contratación.

2. En las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social, las
competencias en materia de contratación de sus Directores podrán desconcentrarse
en la forma y con los requisitos establecidos en la Ley General de la Seguridad
Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio.

Artículo 294. Abstención y recusación.

Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones Públicas
que intervengan en los procedimientos de contratación deberán abstenerse o
podrán ser recusados en los casos y en la forma previstos en los artículos 28 y
29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

CAPÍTULO II

Órganos de asistencia

Artículo 295. Mesas de contratación.

1. Salvo en el caso en que la competencia para contratar corresponda a una
Junta de Contratación, en los procedimientos abiertos y restringidos y en los
procedimientos negociados con publicidad a que se refiere el artículo 161.1, los
órganos de contratación de las Administraciones Públicas estarán asistidos por
una Mesa de contratación, que será el órgano competente para la valoración de
las ofertas. En los procedimientos negociados en que no sea necesario publicar
anuncios de licitación, la constitución de la Mesa será potestativa para el
órgano de contratación.

2. La Mesa estará constituida por un Presidente, los vocales que se
determinen reglamentariamente, y un Secretario.

3. Los miembros de la Mesa serán nombrados por el órgano de contratación. El
Secretario deberá ser designado entre funcionarios o, en su defecto, otro tipo
de personal dependiente del órgano de contratación, y entre los vocales deberán
figurar necesariamente un funcionario de entre quienes tengan atribuido legal o
reglamentariamente el asesoramiento jurídico del órgano de contratación y un
interventor, o, a falta de éstos, una persona al servicio del órgano de
contratación que tenga atribuidas las funciones correspondientes a su
asesoramiento jurídico, y otra que tenga atribuidas las relativas a su control
económico-presupuestario.

Artículo 296. Mesa especial del diálogo competitivo.

1. Para asistir al órgano de contratación en los procedimientos de diálogo
competitivo que se sigan por las Administraciones Públicas estatales, se
constituirá una Mesa con la composición señalada en el apartado 2 del artículo
anterior a la que se incorporarán personas especialmente cualificadas en la
materia sobre la que verse el diálogo, designadas por el órgano de contratación.
El número de estas personas será igual o superior a un tercio de los componentes
de la Mesa y participarán en las deliberaciones con voz y voto.

2. En los expedientes que se tramiten para la celebración de contratos de
colaboración entre el sector público y el sector privado, corresponderá a la
Mesa especial del diálogo competitivo la elaboración del documento de evaluación
previa a que se refiere el artículo 118.

Artículo 297. Mesa de contratación del sistema estatal de contratación
centralizada.

En sus funciones como órgano de contratación del sistema estatal de
contratación centralizada, el Director General del Patrimonio del Estado estará
asistido por una Mesa de contratación interdepartamental, cuya composición se
determinará reglamentariamente.

Artículo 298. Jurados de concursos.

1. En los concursos de proyectos, la Mesa de contratación se constituirá en
Jurado de los concursos de proyectos, incorporando a su composición hasta cinco
personalidades de notoria competencia en el ámbito relevante, designadas por el
órgano de contratación, que puedan contribuir de forma especial a evaluar las
propuestas presentadas, y que participarán en las deliberaciones con voz y
voto.

2. Los miembros del Jurado deben ser personas físicas independientes de los
participantes en el concurso. Cuando se exija a los candidatos poseer una
determinada cualificación o experiencia, al menos una tercera parte de los
miembros del Jurado deben estar en posesión de la misma u otra equivalente.

CAPÍTULO III

Órganos consultivos

Artículo 299. Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado.

1. La Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado es el órgano
consultivo específico de la Administración General del Estado, de sus organismos
autónomos, Agencias y demás entidades públicas estatales, en materia de
contratación administrativa. La Junta Consultiva de Contratación Administrativa
del Estado estará adscrita al Ministerio de Economía y Hacienda, y su
composición y régimen jurídico se establecerán reglamentariamente.

2. La Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado podrá
promover la adopción de las normas o medidas de carácter general que considere
procedentes para la mejora del sistema de contratación en sus aspectos
administrativos, técnicos y económicos.

3. La Junta podrá exponer directamente a los órganos de contratación o
formular con carácter general las recomendaciones pertinentes, si de los
estudios sobre contratación administrativa o de un contrato particular se
dedujeran conclusiones de interés para la Administración.

Artículo 300. Órganos consultivos en materia de contratación de las
Comunidades Autónomas.

Los órganos consultivos en materia de contratación que creen las Comunidades
Autónomas ejercerán su competencia en su respectivo ámbito territorial, en
relación con la contratación de las Administraciones autonómicas, de los
organismos y entidades dependientes o vinculados a las mismas y, de establecerse
así en sus normas reguladoras, de las entidades locales incluidas en el mismo,
sin perjuicio de las competencias de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa del Estado.

TÍTULO II

Registros Oficiales

CAPÍTULO I

Registros Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas

Artículo 301. Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Estado.

1. El Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
dependerá del Ministerio de Economía y Hacienda, y su llevanza corresponderá a
los órganos de apoyo técnico de la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa del Estado.

2. En el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
se harán constar los datos relativos a la capacidad de los empresarios que hayan
sido clasificados por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del
Estado, así como aquéllos otros que hayan solicitado la inscripción de alguno de
los datos mencionados en las letras a) a d) del apartado 1 del artículo 303.

Artículo 302. Registros Oficiales de licitadores y empresas clasificadas de
las Comunidades Autónomas.

Las Comunidades Autónomas podrán crear sus propios Registros Oficiales de
licitadores y empresas clasificadas, en los que se inscribirán las condiciones
de aptitud de los empresarios que así lo soliciten, que hayan sido clasificados
por ellas, o que hayan incurrido en alguna prohibición de contratar cuya
declaración corresponda a las mismas o a las Entidades locales incluidas en su
ámbito territorial.

Artículo 303. Contenido del Registro.

1. En el Registro podrán constar, para cada empresa inscrita en el mismo, los
siguientes datos:

a) Los correspondientes a su personalidad y capacidad de obrar, en el caso de
personas jurídicas.

b) Los relativos a la extensión de las facultades de los representantes o
apoderados con capacidad para actuar en su nombre y obligarla
contractualmente.

c) Los referentes a las autorizaciones o habilitaciones profesionales y a los
demás requisitos que resulten necesarios para actuar en su sector de
actividad.

d) Los datos relativos a la solvencia económica y financiera, que se
reflejarán de forma independiente si el empresario carece de clasificación.

e) La clasificación obtenida conforme a lo dispuesto en los artículos 54 a
60, así como cuantas incidencias se produzcan durante su vigencia; en esta
inscripción, y como elemento desagregado de la clasificación, se indicará la
solvencia económica y financiera del empresario.

f) Las prohibiciones de contratar que les afecten.

g) Cualesquiera otros datos de interés para la contratación pública que se
determinen reglamentariamente.

2. En todo caso, se harán constar en el Registro, las prohibiciones de
contratar a que se refiere el apartado 4 del artículo 50.

Artículo 304. Voluntariedad de la inscripción.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en cuanto a la necesidad de inscribir la
clasificación obtenida y las prohibiciones de contratar referenciadas en el
artículo 50.4, la inscripción en los Registros Oficiales de Licitadores y
Empresas Clasificadas es voluntaria para los empresarios, los cuales podrán
determinar qué datos de entre los mencionados en el artículo anterior desean que
se reflejen en ellos.

2. No obstante, la inscripción de la clasificación obtenida por el empresario
requerirá la constancia en el Registro de las circunstancias mencionadas en las
letras a) y c) del artículo anterior. De igual modo, la inscripción de los datos
a que se refieren las letras b), c) y d) no podrá hacerse sin que consten los
que afectan a la personalidad y capacidad de obrar del empresario.

Artículo 305. Responsabilidad del empresario en relación con la actualización
de la información registral.

Los empresarios inscritos están obligados a poner en conocimiento del
Registro cualquier variación que se produzca en los datos reflejados en el
mismo, así como la superveniencia de cualquier circunstancia que determine la
concurrencia de una prohibición de contratar. La omisión de esta comunicación,
mediando dolo culpa o negligencia, hará incurrir al empresario en la
circunstancia prevista en la letra e) del apartado 1 del artículo 49.

Artículo 306. Publicidad.

El Registro será público para todos los que tengan interés legítimo en
conocer su contenido. El acceso al mismo se regirá por lo dispuesto en el
artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en las normas que
desarrollen o complementen este precepto.

Artículo 307. Colaboración entre Registros.

El Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado y los
Registros Oficiales de Empresas Clasificadas de las Comunidades Autónomas, en el
desarrollo de su actividad y en sus relaciones recíprocas, facilitarán a las
otras Administraciones la información que éstas precisen sobre el contenido de
los respectivos Registros.

CAPÍTULO II

Registro de Contratos del Sector Público

Artículo 308. Registro de Contratos del Sector Público.

1. El Ministerio de Economía y Hacienda creará y mantendrá un Registro de
Contratos, en el que se inscribirán los datos básicos de los contratos
adjudicados por las distintas administraciones públicas y demás entidades del
sector público sujetos a esta Ley.

2. El Registro de Contratos del Sector Público constituye el sistema oficial
central de información sobre la contratación pública en España y, como tal, el
soporte para el conocimiento, análisis e investigación de la contratación
pública, para la estadística en materia de contratos públicos, para el
cumplimiento de las obligaciones internacionales de España en materia de
información sobre la contratación pública, para las comunicaciones de los datos
sobre contratos a otros órganos de la Administración que estén legalmente
previstas y, en general, para la difusión pública de dicha información, de
conformidad con el principio de transparencia.

El Registro constituirá el instrumento de los poderes públicos para la
revisión y mejora continuas de los procedimientos y prácticas de la contratación
pública, el análisis de la calidad, fiabilidad y eficiencia de sus proveedores,
y la supervisión de la competencia y transparencia en los mercados públicos.

3. Los órganos de contratación de todas las Administraciones públicas y demás
entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ley comunicarán al
Registro de Contratos del Sector Público, para su inscripción, los datos básicos
de los contratos adjudicados, así como, en su caso, sus modificaciones,
prórrogas, variaciones de plazos o de precio, su importe final y extinción. El
contenido de dichas comunicaciones y el plazo para efectuarlas se establecerán
reglamentariamente.

4. Las comunicaciones de datos de contratos al Registro de Contratos del
Sector Público se efectuarán por medios electrónicos, informáticos o
telemáticos, en la forma que determine el Ministro de Economía y Hacienda de
conformidad con las Comunidades Autónomas.

5. El Registro de Contratos del Sector Público facilitará el acceso a sus
datos de modo telemático a los órganos de la Administración que los precisen
para el ejercicio de sus competencias legalmente atribuidas, y en particular a
los órganos competentes en materia de fiscalización del gasto o inspección de
tributos, en la forma en que reglamentariamente se determine.

Asimismo, y con las limitaciones que imponen las normas sobre protección de
datos de carácter personal, facilitará el acceso público a los datos que no
tengan el carácter de confidenciales y que no hayan sido previamente publicados
de modo telemático y a través de INTERNET.

6. En los casos de Administraciones Públicas que dispongan de Registros de
Contratos análogos en su ámbito de competencias, la comunicación de datos a que
se refiere el apartado 3 podrá ser sustituida por comunicaciones entre los
respectivos Registros de Contratos. El Ministerio de Economía y Hacienda
determinará reglamentariamente las especificaciones y requisitos para la
sincronización de datos entre el Registro de Contratos del Sector Público y los
demás Registros de Contratos.

7. Al objeto de garantizar la identificación única y precisa de cada
contrato, las Administraciones y entidades comunicantes asignarán a cada uno de
ellos un código identificador, que será único en su ámbito de competencias. El
Ministerio de Economía y Hacienda determinará las reglas de asignación de dichos
identificadores únicos que resulten necesarios para asegurar la identificación
unívoca de cada contrato dentro del Registro de Contratos del Sector Público,
así como para su coordinación con los demás Registros de Contratos.

8. El Gobierno elevará anualmente a las Cortes Generales un informe sobre la
contratación pública en España, a partir de los datos y análisis proporcionados
por el Registro de Contratos del Sector Público.

TÍTULO III

Gestión de la publicidad contractual por medios electrónicos, informáticos y
telemáticos

CAPÍTULO ÚNICO

Plataforma de Contratación del Estado

Artículo 309. Plataforma de Contratación del Estado.

1. La Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, a través de
sus órganos de apoyo técnico, pondrá a disposición de todos los órganos de
contratación del sector público una plataforma electrónica que permita dar
publicidad a través de INTERNET a las convocatorias de licitaciones y sus
resultados y a cuanta información consideren relevante relativa a los contratos
que celebren, así como prestar otros servicios complementarios asociados al
tratamiento informático de estos datos. En todo caso, los órganos de
contratación de la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos,
Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social y demás Entidades
públicas estatales deberán publicar en esta plataforma su perfil de
contratante.

2. La plataforma deberá contar con un dispositivo que permita acreditar
fehacientemente el inicio de la difusión pública de la información que se
incluya en la misma.

3. La publicación de anuncios y otra información relativa a los contratos en
la plataforma surtirá los efectos previstos en la Ley.

4. El acceso de los interesados a la plataforma de contratación se efectuará
a través de un portal único. Reglamentariamente se definirán las modalidades de
conexión de la Plataforma de Contratación con el portal del «Boletín Oficial del
Estado».

5. La Plataforma de Contratación del Estado se interconectará con los
servicios de información similares que articulen las Comunidades Autónomas y las
Entidades locales en la forma que se determine en los convenios que se concluyan
al efecto.

Disposición adicional primera. Contratación en el extranjero.

1. Los contratos que se formalicen y ejecuten en el extranjero, sin perjuicio
de tener en cuenta los principios de esta Ley para resolver las dudas y lagunas
que, en su aplicación, puedan presentarse, se regirán por las siguientes
normas:

a) En la Administración General del Estado, la formalización de estos
contratos corresponderá al Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, que
la ejercitará a través de las representaciones diplomáticas o consulares y que
podrá delegarla en favor de otros órganos, funcionarios o personas particulares.
Sin embargo, en el ámbito del Ministerio de Defensa, la formalización de los
mismos corresponderá al titular de este Departamento, que podrá delegar esta
competencia y, cuando se trate de contratos necesarios para el cumplimiento de
misiones de paz en las que participen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
españoles, su formalización corresponderá al Ministro del Interior.

En los Organismos autónomos, Entidades gestoras y Servicios comunes de la
Seguridad Social la formalización de estos contratos corresponde a sus
representantes legales o a las personas en quienes los mismos deleguen.

En los demás organismos y entidades sujetos a esta Ley, la formalización de
los contratos corresponderá a sus representantes legales.

Los artículos 291 a 294 serán de aplicación en cuanto a la tramitación,
autorización en su caso, adjudicación, modificación y resolución de estos
contratos.

b) Sin perjuicio de los requisitos de capacidad que puedan exigir las Leyes
del Estado en que se celebre el contrato, para empresas de Estados miembros de
la Comunidad Europea se estará a lo dispuesto en esta Ley.

c) El pliego de cláusulas administrativas particulares podrá ser sustituido
por el propio clausulado del contrato.

d) Sin perjuicio de lo establecido para los contratos menores, los contratos
podrán adjudicarse por procedimiento negociado, debiendo conseguirse, siempre
que sea posible, al menos tres ofertas de empresas capaces de cumplir los
mismos.

e) La formalización se llevará a cabo mediante documento fehaciente,
remitiendo los datos de estos contratos al Ministerio de Economía y Hacienda a
los efectos previstos en el artículo 308, sin perjuicio de la obligación de la
remisión al Tribunal de Cuentas prevista en el artículo 29. En cuanto a los
contratos menores se estará a lo dispuesto con carácter general para los mismos
en esta Ley.

f) Al adjudicatario se le podrán exigir unas garantías análogas a las
previstas en esta Ley para asegurar la ejecución del contrato, siempre que ello
sea posible y adecuado a las condiciones del Estado en que se efectúa la
contratación y, en su defecto, las que sean usuales y autorizadas en dicho
Estado o resulten conformes con las prácticas comerciales internacionales. Las
garantías se constituirán en la Representación Diplomática o Consular
correspondiente.

g) El pago del precio se condicionará a la entrega por el contratista de la
prestación convenida, salvo que se oponga a ello el derecho o las costumbres del
Estado, en cuyo supuesto se deberá exigir garantía que cubra el anticipo,
prestada en la forma prevista en la letra f). Excepcionalmente, por resolución
motivada del órgano de contratación, y cuando las circunstancias así lo
impongan, podrá eximirse de la prestación de esta garantía, siempre que ello sea
conforme con las prácticas comerciales internacionales.

h) En estos contratos se procurará incluir estipulaciones tendentes a
preservar los intereses de la Administración ante posibles incumplimientos del
contratista y a autorizar las modificaciones del contrato que puedan hacerse
convenientes.

i) Por el órgano de contratación podrá establecerse en la documentación
contractual un régimen de revisión de precios diferente al previsto con carácter
general en esta Ley, atendiendo a la legislación del país en que haya de
ejecutarse el contrato y a sus circunstancias socioeconómicas. En cualquier
caso, el régimen de revisión de precios que se establezca se basará en
parámetros objetivos y, a ser posible, públicos o, cuando menos, fácilmente
medibles, pudiendo utilizarse a estos efectos los calculados por Organismos
Internacionales.

2. En los contratos con empresas españolas se incluirán cláusulas de sumisión
a los Tribunales españoles.

3. En los contratos con empresas extranjeras se procurará, cuando las
circunstancias lo aconsejen, la incorporación de cláusulas tendentes a resolver
las discrepancias que puedan surgir mediante fórmulas sencillas de arbitraje.
Igualmente se procurará incluir cláusulas de sumisión a los Tribunales
españoles. En estos contratos se podrá transigir previa autorización del Consejo
de Ministros o del órgano competente de las Comunidades Autónomas y entidades
locales.

4. Las reglas contenidas en este artículo no obstan para que, en los
contratos sujetos a regulación armonizada que se formalicen y ejecuten en los
restantes Estados miembros de la Comunidad Europea, deban cumplirse las normas
de esta Ley referentes a la publicidad comunitaria y a los procedimientos de
adjudicación de los contratos.

5. Los contratos formalizados en el extranjero que deban ejecutarse total o
parcialmente en España y que estén vinculados directamente a la realización de
programas o proyectos de cooperación en materia cultural o de investigación o de
cooperación al desarrollo, podrán adjudicarse por procedimiento negociado sin
publicidad y con sujeción a las condiciones libremente pactadas por la
Administración con el contratista extranjero, cuando la intervención de éste sea
absolutamente indispensable para la ejecución del proyecto o programa, por
requerirlo así las condiciones de participación en los programas o proyectos de
cooperación, y así se acredite en el expediente.

6. Los documentos contractuales y toda la documentación necesaria para la
preparación, adjudicación y ejecución de los contratos deberá estar redactada en
castellano, idioma al que, en su caso, deberán traducirse desde el idioma local
que corresponda. No obstante, por el órgano de contratación y bajo su
responsabilidad podrán aceptarse, sin necesidad de traducción al castellano, los
documentos redactados en inglés o en francés, que surtirán los efectos que
correspondan. La aceptación de documentos redactados en otras lenguas podrá
acordarse singularmente para cada contrato por el órgano de contratación
mediante resolución motivada y bajo su responsabilidad. En estos casos, el
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación garantizará la disponibilidad
de la traducción al castellano de los documentos redactados en lengua
extranjera, a efectos de fiscalización del contrato.

Disposición adicional segunda. Normas específicas de contratación en las
Entidades Locales.

1. Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales
las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras,
de suministro, de servicios, de gestión de servicios públicos, los contratos
administrativos especiales, y los contratos privados cuando su importe no supere
el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier
caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual
cuando su duración no sea superior a cuatro años, siempre que el importe
acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido
a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía
señalada.

Asimismo corresponde a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades
locales la adjudicación de concesiones sobre los bienes de las mismas y la
adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial
cuando su valor no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del
presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así como la enajenación del
patrimonio, cuando su valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados.

2. Corresponde al Pleno las competencias como órgano de contratación respecto
de los contratos no mencionados en el apartado anterior que celebre la Entidad
local.

Asimismo corresponde al Pleno la adjudicación de concesiones sobre los bienes
de la Corporación y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la
legislación patrimonial así como la enajenación del patrimonio cuando no estén
atribuidas al Alcalde o al Presidente, y de los bienes declarados de valor
histórico o artístico cualquiera que sea su valor.

3. En los municipios de gran población a que se refiere el artículo 121 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las
competencias que se describen en los apartados anteriores se ejercerán por la
Junta de Gobierno Local, cualquiera que sea el importe del contrato o la
duración del mismo.

4. En las Entidades locales será potestativa la constitución de Juntas de
Contratación que actuarán como órganos de contratación en los contratos de obras
que tengan por objeto trabajos de reparación simple, de conservación y de
mantenimiento, en los contratos de suministro que se refieran a bienes
consumibles o de fácil deterioro por el uso, y en los contratos de servicios
cuando su importe no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios de la
Entidad, o cuando superen este importe las acciones estén previstas en el
presupuesto del ejercicio a que corresponda y se realicen de acuerdo con lo
dispuesto en las bases de ejecución de éste.

Corresponde al Pleno acordar la constitución de las Juntas de Contratación y
determinar su composición, debiendo formar parte de las mismas necesariamente el
Secretario o el titular del órgano que tenga atribuida la función de
asesoramiento jurídico de la Corporación, y el Interventor de la misma. Los
límites cuantitativos, que podrán ser inferiores a los señalados en el párrafo
anterior, o los referentes a las características de los contratos en los que
intervendrá la Junta de Contratación como órgano de contratación, se
determinarán, en las entidades locales de régimen común, por el Pleno, a
propuesta del Alcalde o del Presidente cuando sean, de acuerdo con el apartado
1, el órgano que tenga atribuida la competencia sobre dichos contratos, y por la
Junta de Gobierno Local en los municipios de gran población.

En los casos de actuación de las Juntas de Contratación se prescindirá de la
intervención de la Mesa de contratación.

5. En los municipios de población inferior a 5.000 habitantes las
competencias en materia de contratación podrán ser ejercidas por los órganos
que, con carácter de centrales de contratación, se constituyan en la forma
prevista en el artículo 188, mediante acuerdos al efecto.

Asimismo podrán concertarse convenios de colaboración en virtud de los cuales
se encomiende la gestión del procedimiento de contratación a las Diputaciones
provinciales o a las Comunidades autónomas de carácter uniprovincial.

6. En los municipios de población inferior a 5.000 habitantes la aprobación
del gasto será sustituida por una certificación de existencia de crédito que se
expedirá por el Secretario Interventor o, en su caso por el Interventor de la
Corporación.

7. Corresponde al órgano de contratación la aprobación del expediente y la
apertura del procedimiento de adjudicación en los términos que se regulan en el
artículo 94.

La aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares irá
precedida de los informes del Secretario o, en su caso, del titular del órgano
que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico de la Corporación, y
del Interventor.

8. Los informes que la Ley asigna a los servicios jurídicos se evacuarán por
el Secretario o por el órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento
jurídico de la Corporación.

Los actos de fiscalización se ejercen por el Interventor de la Entidad
local.

9. Cuando se aplique el procedimiento negociado en supuestos de urgencia a
que hacen referencia el artículo 154, letra e), deberán incorporarse al
expediente los correspondientes informes del Secretario o, en su caso, del
titular del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico de
la Corporación, y del Interventor, sobre justificación de la causa de urgencia
apreciada.

10. La Mesa de contratación estará presidida por un miembro de la Corporación
o un funcionario de la misma, y formarán parte de ella, como vocales, el
Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función
de asesoramiento jurídico, y el Interventor, así como aquellos otros que se
designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera
o personal laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la
misma, sin que su número, en total, sea inferior a tres. Actuará como Secretario
un funcionario de la Corporación.

En las entidades locales municipales podrán integrarse en la Mesa personal al
servicio de las correspondientes Diputaciones Provinciales o Comunidades
autónomas uniprovinciales.

11. En los municipios de población inferior a 5.000 habitantes, en los
contratos de obras cuyo período de ejecución exceda al de un presupuesto anual,
podrán redactarse proyectos independientes relativos a cada una de las partes de
la obra, siempre que éstas sean susceptibles de utilización separada en el
sentido del uso general o del servicio, o puedan ser sustancialmente definidas,
y preceda autorización concedida por el Pleno de la Corporación, adoptada con el
voto favorable de la mayoría absoluta legal de sus miembros, autorización que no
podrá ser objeto de delegación.

12. Serán de aplicación a los contratos de obras las normas sobre supervisión
de proyectos establecidas en el artículo 109. La supervisión podrá efectuarse
por las oficinas o unidades competentes de la propia entidad contratante o, en
el caso de municipios que carezcan de ellas, por las de la correspondiente
Diputación provincial.

13. En los contratos que tengan por objeto la adquisición de bienes
inmuebles, el importe de la adquisición podrá ser objeto de un aplazamiento de
hasta cuatro años, con sujeción a los trámites previstos en la normativa
reguladora de las Haciendas Locales para los compromisos de gastos futuros.

Disposición adicional tercera. Régimen de contratación de los órganos
constitucionales del Estado y de los órganos legislativos y de control
autonómicos.

Los órganos competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del
Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de
Cuentas, del Defensor del Pueblo, de las Asambleas Legislativas de las
Comunidades Autónomas, y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal
de Cuentas y al Defensor del Pueblo, ajustarán su contratación a las normas
establecidas en esta Ley para las Administraciones Públicas.

Disposición adicional cuarta. Reglas especiales sobre competencia para
adquirir equipos y sistemas para el tratamiento de la información y de las
comunicaciones.

No obstante lo señalado en el artículo 191.1, la competencia para adquirir
equipos y sistemas para el tratamiento de la información y elementos
complementarios o auxiliares que no hayan sido declarados de adquisición
centralizada corresponderá al Ministro de Defensa y a los órganos de
contratación de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad
Social en el ámbito de sus respectivas competencias.

Disposición adicional quinta. Límites a la contratación con empresas de
trabajo temporal.

1. No podrán celebrarse contratos de servicios con empresas de trabajo
temporal salvo cuando se precise la puesta a disposición de personal con
carácter eventual para la realización de encuestas, toma de datos y servicios
análogos.

2. En estos contratos, vencido su plazo de duración, no podrá producirse la
consolidación como personal del ente, organismo o entidad contratante de las
personas que, procedentes de las citadas empresas, realicen los trabajos que
constituyan su objeto, sin que sea de aplicación lo establecido en el artículo
7.2 de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de
trabajo temporal. La duración de estos contratos en ningún caso podrá superar el
plazo de seis meses, extinguiéndose a su vencimiento sin posibilidad de
prórroga.

Disposición adicional sexta. Contratación con empresas que tengan en su
plantilla personas con discapacidad o en situación de exclusión social y con
entidades sin ánimo de lucro.

1. Los órganos de contratación podrán señalar en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares la preferencia en la adjudicación de los contratos
para las proposiciones presentadas por aquellas empresas públicas o privadas
que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, tengan en su plantilla un
número de trabajadores con discapacidad superior al 2 por ciento, siempre que
dichas proposiciones igualen en sus términos a las más ventajosas desde el punto
de vista de los criterios que sirvan de base para la adjudicación.

Si varias empresas licitadoras de las que hubieren empatado en cuanto a la
proposición más ventajosa acreditan tener relación laboral con personas con
discapacidad en un porcentaje superior al 2 por ciento, tendrá preferencia en la
adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de
trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

2. Igualmente podrá establecerse la preferencia en la adjudicación de
contratos, en igualdad de condiciones con las que sean económicamente más
ventajosas, para las proposiciones presentadas por aquellas empresas dedicadas
específicamente a la promoción e inserción laboral de personas en situación de
exclusión social, reguladas en la Disposición Adicional Novena de la Ley
12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo
para el incremento del empleo y la mejora de su calidad, valorándose el
compromiso formal del licitador de contratar no menos del 30 por ciento de sus
puestos de trabajo con personas pertenecientes a los siguientes colectivos, cuya
situación será acreditada por los servicios sociales públicos competentes:

a) Perceptores de rentas mínimas de inserción, o cualquier otra prestación de
igual o similar naturaleza, según la denominación adoptada en cada Comunidad
Autónoma.

b) Personas que no puedan acceder a las prestaciones a las que se hace
referencia en el párrafo anterior, por falta del periodo exigido de residencia o
empadronamiento, o para la constitución de la unidad perceptora, o por haber
agotado el período máximo de percepción legalmente establecido.

c) Jóvenes mayores de dieciocho años y menores de treinta, procedentes de
instituciones de protección de menores.

d) Personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que se encuentren en
procesos de rehabilitación o reinserción social.

e) Internos de centros penitenciarios cuya situación penitenciaria les
permita acceder a un empleo, así como liberados condicionales y ex reclusos.

f) Personas con discapacidad.

3. En la misma forma y condiciones podrá establecerse tal preferencia en la
adjudicación de los contratos relativos a prestaciones de carácter social o
asistencial para las proposiciones presentadas por entidades sin ánimo de lucro,
con personalidad jurídica, siempre que su finalidad o actividad tenga relación
directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos estatutos o
reglas fundacionales y figuren inscritas en el correspondiente registro oficial.
En este supuesto el órgano de contratación podrá requerir de estas entidades la
presentación del detalle relativo a la descomposición del precio ofertado en
función de sus costes.

4. Los órganos de contratación podrán señalar en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares la preferencia en la adjudicación de los contratos
que tengan como objeto productos en los que exista alternativa de Comercio Justo
para las proposiciones presentadas por aquellas entidades reconocidas como
Organizaciones de Comercio Justo, siempre que dichas proposiciones igualen en
sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios que
sirvan de base para la adjudicación.

Disposición adicional séptima. Contratos reservados.

Podrá reservarse la participación en los procedimientos de adjudicación de
contratos a Centros Especiales de Empleo, o reservar su ejecución en el marco de
programas de empleo protegido, cuando al menos el 70 por ciento de los
trabajadores afectados sean personas con discapacidad que, debido a la índole o
a la gravedad de sus deficiencias, no puedan ejercer una actividad profesional
en condiciones normales. En el anuncio de licitación deberá hacerse referencia a
la presente disposición.

Disposición adicional octava. Clasificación exigible por las Universidades
Públicas.

A efectos de lo establecido en el apartado 2 del artículo 57, para los
contratos que celebren las Universidades Públicas dependientes de las
Comunidades Autónomas, surtirán efecto los acuerdos de clasificación y revisión
de clasificaciones adoptados por los correspondientes órganos de la Comunidad
Autónoma respectiva.

Disposición adicional novena. Exención de la exigencia de clasificación para
las Universidades Públicas.

No será exigible la clasificación a las Universidades Públicas para ser
adjudicatarias de contratos en los supuestos a que se refiere el apartado 1 del
artículo 83 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

Disposición adicional décima. Exención de requisitos para los Organismos
Públicos de Investigación en cuanto adjudicatarios de contratos.

1. Las Agencias Estatales, los Organismos Públicos de Investigación y
organismos similares de las Comunidades Autónomas no necesitarán estar
clasificados ni acreditar su solvencia económica y financiera y la solvencia
técnica para ser adjudicatarios de contratos del sector público.

2. Estas entidades estarán igualmente exentas de constituir garantías, en los
casos en que sean exigibles.

Disposición adicional undécima. Contratos celebrados en los sectores del
agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales.

1. La celebración por las Administraciones Públicas de contratos comprendidos
en la Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la
energía, los transportes y los servicios postales, por la que se incorporan al
ordenamiento jurídico español la Directiva 2004/17/CE y la Directiva 92/13/CEE,
se regirá, en todo caso, por la presente Ley, si bien los interesados podrán
utilizar el procedimiento de conciliación regulado en el Capítulo IV del Título
VII de aquélla norma. No obstante, y a los efectos de aplicar la presente Ley a
estos contratos, sólo tendrán la consideración de contratos sujetos a regulación
armonizada los que, por razón de su naturaleza, objeto, características y
cuantía, estén sometidos a la mencionada Ley sobre procedimientos de
contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los
servicios postales, por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español la
Directiva 2004/17/CE y la Directiva 92/13/CEE.

2. La celebración por los entes, organismos y entidades del sector público
que no tengan el carácter de Administraciones Públicas de contratos comprendidos
en la Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la
energía, los transportes y los servicios postales, por la que se incorporan al
ordenamiento jurídico español la Directiva 2004/17/CE y la Directiva 92/13/CEE,
se regirá por esta norma, salvo que una Ley sujete estos contratos al régimen
previsto en la presente Ley para las Administraciones Públicas, en cuyo caso se
les aplicarán también las normas previstas para los contratos sujetos a
regulación armonizada. Los contratos excluidos de la aplicación de la Ley sobre
procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los
transportes y los servicios postales, por la que se incorporan al ordenamiento
jurídico español la Directiva 2004/17/CE y la Directiva 92/13/CEE, que se
celebren en estos sectores por los entes, organismos y entidades mencionados, se
regirán por las disposiciones pertinentes de la presente Ley, sin que les sean
aplicables, en ningún caso, las normas que en ésta se establecen exclusivamente
para los contratos sujetos a regulación armonizada.

Disposición adicional duodécima. Normas especiales para la contratación del
acceso a bases de datos y la suscripción a publicaciones.

1. La suscripción a revistas y otras publicaciones, cualquiera que sea su
soporte, así como la contratación del acceso a la información contenida en bases
de datos especializadas, podrán efectuarse, cualquiera que sea su cuantía
siempre que no tengan el carácter de contratos sujetos a regulación armonizada,
de acuerdo con las normas establecidas en esta Ley para los contratos menores y
con sujeción a las condiciones generales que apliquen los proveedores,
incluyendo las referidas a las fórmulas de pago. El abono del precio, en estos
casos, se hará en la forma prevenida en las condiciones que rijan estos
contratos, siendo admisible el pago con anterioridad a la entrega o realización
de la prestación, siempre que ello responda a los usos habituales del
mercado.

2. Cuando los contratos a que se refiere el apartado anterior se celebren por
medios electrónicos, informáticos o telemáticos, los entes, organismos y
entidades del sector público contratantes tendrán la consideración de
consumidores, a los efectos previstos en la legislación de servicios de la
sociedad de la información y comercio electrónico.

Disposición adicional decimotercera. Modificaciones de cuantías, plazos y
otras derivadas de los Anexos de directivas comunitarias.

Se autoriza al Consejo de Ministros para que pueda modificar, mediante Real
Decreto, previa audiencia de las Comunidades Autónomas, y de acuerdo con la
coyuntura económica, las cuantías que se indican en los artículos de esta Ley.
Igualmente, se autoriza al Consejo de Ministros para incorporar a la Ley las
oportunas modificaciones derivadas de los Anexos de las directivas comunitarias
que regulan la contratación pública.

Disposición adicional decimocuarta. Actualización de cifras fijadas por la
Unión Europea.

Las cifras que, en lo sucesivo, se fijen por la Comisión Europea sustituirán
a las que figuran en el texto de esta Ley. El Ministerio de Economía y Hacienda
adoptará las medidas pertinentes para asegurar su publicidad.

Disposición adicional decimoquinta. Cómputo de plazos.

Los plazos establecidos por días en esta Ley se entenderán referidos a días
naturales, salvo que en la misma se indique expresamente que solo deben
computarse los días hábiles. No obstante, si el último día del plazo fuera
inhábil, éste se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

Disposición adicional decimosexta. Referencias al Impuesto sobre el Valor
Añadido.

Las referencias al Impuesto sobre el Valor Añadido deberán entenderse
realizadas al Impuesto General Indirecto Canario o al Impuesto sobre la
Producción, los Servicios y la Importación, en los territorios en que rijan
estas figuras impositivas.

Disposición adicional decimoséptima. Espacio Económico Europeo.

Las referencias a Estados miembros de la Unión Europea contenidas en esta Ley
se entenderá que incluyen a los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo.

Disposición adicional decimoctava. Normas relativas a los medios de
comunicación utilizables en los procedimientos regulados en esta Ley.

1. Las comunicaciones e intercambios de información que deban efectuarse en
los procedimientos regulados en esta Ley podrán hacerse, de acuerdo con lo que
establezcan los órganos de contratación o los órganos a los que corresponda su
resolución, por correo, por telefax, o por medios electrónicos, informáticos o
telemáticos. Las solicitudes de participación en procedimientos de adjudicación
podrán también hacerse por teléfono, en el caso y en la forma previstos en el
apartado 4 de esta disposición adicional.

2. Para que puedan declararse admisibles, los medios de comunicación deberán
estar disponibles de forma general y, por tanto, de su uso no debe derivarse
ninguna restricción al acceso de los empresarios e interesados a los
correspondientes procedimientos.

3. Las comunicaciones, los intercambios y el almacenamiento de información se
realizarán de modo que se garantice la protección de la integridad de los datos
y la confidencialidad de las ofertas y de las solicitudes de participación, así
como que el contenido de las ofertas y de las solicitudes de participación no
será conocido hasta después de finalizado el plazo para su presentación o hasta
el momento fijado para su apertura.

4. Los órganos de contratación podrán admitir la comunicación telefónica para
la presentación de solicitudes de participación, en cuyo caso el solicitante que
utilice este medio deberá confirmar su solicitud por escrito antes de que expire
el plazo fijado para su recepción.

Los órganos de contratación podrán exigir que las solicitudes de
participación enviadas por telefax sean confirmadas por correo o por medios
electrónicos, informáticos o telemáticos, cuando ello sea necesario para su
constancia. Esta exigencia deberá ser recogida en el anuncio de licitación, con
indicación del plazo disponible para su cumplimentación.

5. Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán
cumplir, además, los requisitos establecidos en la disposición adicional
decimonovena.

Disposición adicional decimonovena. Uso de medios electrónicos, informáticos
y telemáticos en los procedimientos regulados en la Ley.

1. El empleo de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los
procedimientos contemplados en esta Ley se ajustará a las normas siguientes:

a) Los medios electrónicos, informáticos y telemáticos utilizables deberán
ser no discriminatorios, estar a disposición del público y ser compatibles con
las tecnologías de la información y de la comunicación de uso general.

b) La información y las especificaciones técnicas necesarias para la
presentación electrónica de las ofertas y solicitudes de participación deberán
estar a disposición de todas las partes interesadas, no ser discriminatorios y
ser conformes con estándares abiertos, de uso general y amplia implantación.

c) Los programas y aplicaciones necesarios para la presentación electrónica
de las ofertas y solicitudes de participación deberán ser de amplio uso, fácil
acceso y no discriminatorios, o deberán ponerse a disposición de los interesados
por el órgano de contratación.

d) Los sistemas de comunicaciones y para el intercambio y almacenamiento de
información deberán poder garantizar de forma razonable, según el estado de la
técnica, la integridad de los datos transmitidos y que sólo los órganos
competentes, en la fecha señalada para ello, puedan tener acceso a los mismos, o
que en caso de quebrantamiento de esta prohibición de acceso, la violación pueda
detectarse con claridad. Estos sistemas deberán asimismo ofrecer suficiente
seguridad, de acuerdo con el estado de la técnica, frente a los virus
informáticos y otro tipo de programas o códigos nocivos, pudiendo establecerse
reglamentariamente otras medidas que, respetando los principios de
confidencialidad e integridad de las ofertas e igualdad entre los licitadores,
se dirijan a minimizar su incidencia en los procedimientos.

e) Las aplicaciones que se utilicen para efectuar las comunicaciones,
notificaciones y envíos documentales entre el licitador o contratista y el
órgano de contratación deben poder acreditar la fecha y hora de su emisión o
recepción, la integridad de su contenido y el remitente y destinatario de las
mismas. En especial, estas aplicaciones deben garantizar que se deja constancia
de la hora y la fecha exactas de la recepción de las proposiciones o de las
solicitudes de participación y de cuanta documentación deba presentarse ante el
órgano de contratación.

f) Todos los actos y manifestaciones de voluntad de los órganos
administrativos o de las empresas licitadoras o contratistas que tengan efectos
jurídicos y se emitan tanto en la fase preparatoria como en las fases de
licitación, adjudicación y ejecución del contrato deben ser autenticados
mediante una firma electrónica reconocida de acuerdo con la Ley 59/2003, de 19
de diciembre, de Firma Electrónica. Los medios electrónicos, informáticos o
telemáticos empleados deben poder garantizar que la firma se ajusta a las
disposiciones de esta norma.

g) Los licitadores o los candidatos deberán presentar los documentos,
certificados y declaraciones que no estén disponibles en forma electrónica antes
de que expire el plazo previsto para la presentación de ofertas o de solicitudes
de participación.

h) Las referencias de esta Ley a la presentación de documentos escritos no
obstarán a la presentación de los mismos por medios electrónicos. En los
procedimientos de adjudicación de contratos, el envío por medios electrónicos de
las ofertas podrá hacerse en dos fases, transmitiendo primero la firma
electrónica de la oferta, con cuya recepción se considerará efectuada su
presentación a todos los efectos, y después la oferta propiamente dicha en un
plazo máximo de 24 horas; de no efectuarse esta segunda remisión en el plazo
indicado, se considerará que la oferta ha sido retirada. Las copias electrónicas
de los documentos que deban incorporarse al expediente, autenticadas con la
firma electrónica reconocida del órgano administrativo habilitado para su
recepción surtirán iguales efectos y tendrán igual valor que las copias
compulsadas de esos documentos.

i) Los formatos de los documentos electrónicos que integran los expedientes
de contratación deberán ajustarse a especificaciones públicamente disponibles y
de uso no sujeto a restricciones, que garanticen la libre y plena accesibilidad
a los mismos por el órgano de contratación, los órganos de fiscalización y
control, los órganos jurisdiccionales y los interesados, durante el plazo por el
que deba conservarse el expediente. En los procedimientos de adjudicación de
contratos, los formatos admisibles deberán indicarse en el anuncio o en los
pliegos.

j) Como requisito para la tramitación de procedimientos de adjudicación de
contratos por medios electrónicos, los órganos de contratación podrán exigir a
los licitadores la previa inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas que corresponda de los datos a que se refieren las letras
a) a d) del artículo 303.1.

2. Ajustándose a los requisitos establecidos en el apartado anterior y a los
señalados en las normas que regulen con carácter general su uso en el tráfico
jurídico, las disposiciones de desarrollo de esta Ley establecerán las
condiciones en que podrán utilizarse facturas electrónicas en la contratación
del sector público.

Disposición adicional vigésima. Sustitución de letrados en las Mesas de
contratación.

Para las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social podrán
establecerse reglamentariamente los supuestos en que formarán parte de la Mesa
de contratación letrados habilitados específicamente para ello en sustitución de
quienes tengan atribuido legal o reglamentariamente el asesoramiento jurídico
del órgano de contratación.

Disposición adicional vigésimo primera. Garantía de accesibilidad para
personas con discapacidad.

En el ámbito de la contratación pública, la determinación de los medios de
comunicación admisibles, el diseño de los elementos instrumentales y la
implantación de los trámites procedimentales, deberán realizarse teniendo en
cuenta criterios de accesibilidad universal y de diseño para todos, tal y como
son definidos estos términos en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas
con discapacidad.

Disposición adicional vigésimo segunda. Responsabilidad de las autoridades y
del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

1. La responsabilidad patrimonial de las autoridades y del personal al
servicio de las Administraciones Públicas derivada de sus actuaciones en materia
de contratación administrativa, tanto por daños causados a particulares como a
la propia Administración, se exigirá con arreglo a lo dispuesto en el Título X
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el Real Decreto 429/1993, de 26 de
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las
Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial.

2. La infracción o aplicación indebida de los preceptos contenidos en la
presente Ley por parte del personal al servicio de las Administraciones
Públicas, cuando mediare al menos negligencia grave, constituirá falta muy grave
cuya responsabilidad disciplinaria se exigirá conforme a la normativa específica
en la materia.

Disposición adicional vigésimo tercera. Conciertos para la prestación de
asistencia sanitaria y farmacéutica celebrados por la Mutualidad de Funcionarios
Civiles del Estado, la Mutualidad General Judicial y el Instituto Social de las
Fuerzas Armadas.

1. Los conciertos que tengan por objeto la prestación de servicios de
asistencia sanitaria y farmacéutica y que, para el desarrollo de su acción
protectora, celebren la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado y el
Instituto Social de las Fuerzas Armadas con entidades públicas, entidades
aseguradoras, sociedades médicas, colegios farmacéuticos y otras entidades o
empresas, cualquiera que sea su importe y modalidad, tendrán la naturaleza de
contratos de gestión de servicio público regulándose por la normativa especial
de cada mutualidad y, en todo lo no previsto por la misma, por la legislación de
contratos del sector público.

2. Los conciertos que la Mutualidad General Judicial celebre para la
prestación de servicios de asistencia sanitaria y farmacéutica con entidades
públicas, entidades aseguradoras, sociedades médicas, colegios farmacéuticos y
otras entidades o empresas, y que sean precisos para el desarrollo de su acción
protectora, se convendrán de forma directa entre la Mutualidad y la Entidad
correspondiente, previo informe de la Abogacía del Estado del Ministerio de
Justicia y de la Intervención Delegada en el Organismo.

Disposición adicional vigésimo cuarta. Contratos incluidos en el ámbito del
artículo 296 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

Los contratos comprendidos en el ámbito del artículo 296 del Tratado
Constitutivo de la Comunidad Europea que celebre el Ministerio de Defensa se
regirán por la presente Ley, sin perjuicio de lo que se convenga entre las
partes de acuerdo con las normas y usos vigentes en el comercio
internacional.

Disposición adicional vigésimo quinta. Régimen de contratación de ciertos
Organismos.

1. El régimen de contratación del Instituto Español de Comercio Exterior, la
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, el ente público Puertos del
Estado y las Autoridades Portuarias será el establecido en esta Ley para las
entidades públicas empresariales.

2. Las instrucciones reguladoras de los procedimientos de contratación de las
Autoridades Portuarias y Puertos del Estado serán elaboradas y aprobadas por el
Ministro de Fomento, previo informe de la Abogacía del Estado.

3. En los contratos a que se refiere el artículo 16.2 de la Ley 46/2003, de
25 de noviembre, reguladora del Museo Nacional del Prado, esta entidad aplicará
las normas previstas en esta Ley para los contratos de poderes adjudicadores que
no tengan el carácter de Administraciones Públicas. Estos contratos no tendrán
carácter de contratos administrativos.

Disposición adicional vigésimo sexta. Pliegos de cláusulas administrativas
para la contratación de medios para la lucha contra los incendios
forestales.

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, los
Ministerios de Economía y Hacienda y de Medio Ambiente elevarán conjuntamente al
Consejo de Ministros, para su aprobación conforme a lo señalado en el artículo
98, los pliegos de cláusulas administrativas generales a utilizar en la
contratación de medios para la lucha contra los incendios forestales, adaptados
a las características singulares de estos siniestros y a la especial
problemática que presenta la disponibilidad de medios aéreos especializados en
el mercado, con el fin de conseguir la necesaria flexibilidad en su obtención
por la Administración.

Disposición adicional vigésimo séptima. Prácticas contrarias a la libre
competencia.

Los órganos de contratación y la Junta Consultiva de Contratación
Administrativa del Estado notificarán a la Comisión Nacional de la Competencia
cualesquiera hechos de los que tengan conocimiento en el ejercicio de sus
funciones que puedan constituir infracción a la legislación de defensa de la
competencia. En particular, comunicarán cualquier indicio de acuerdo, decisión o
recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela entre
los licitadores, que tenga por objeto, produzca o pueda producir el efecto de
impedir, restringir o falsear la competencia en el proceso de contratación.

Disposición adicional vigésimo octava. Régimen de subcontratación de
prestaciones contratadas por las Entidades públicas empresariales.

En los contratos celebrados por las Entidades públicas empresariales, la
subcontratación de las prestaciones objeto de aquéllos se ajustará a lo
dispuesto en el artículo 210, si bien la referencia a las prohibiciones de
contratar que se efectúa en el apartado 4 de este artículo debe entenderse
limitada a las que se enumeran en el artículo 49.1.

Disposición adicional vigésimo novena. Prestación de asistencia sanitaria en
situaciones de urgencia.

1. En los contratos relativos a la prestación de asistencia sanitaria en
supuestos de urgencia y por importe inferior a 30.000 euros, no serán de
aplicación las disposiciones de esta Ley relativas a la preparación y
adjudicación del contrato.

2. Para proceder a la contratación en estos casos bastará que, además
justificarse la urgencia, se determine el objeto de la prestación, se fije el
precio a satisfacer por la asistencia y se designe por el órgano de contratación
la empresa a la que corresponderá la ejecución.

Disposición adicional trigésima. Régimen jurídico de la «Empresa de
Transformación Agraria, Sociedad Anónima» (TRAGSA), y de sus filiales.

1. El grupo de sociedades mercantiles estatales integrado por la «Empresa de
Transformación Agraria, Sociedad Anónima» (TRAGSA), y las sociedades cuyo
capital sea íntegramente de titularidad de ésta, tiene por función la prestación
de servicios esenciales en materia de desarrollo rural, conservación del
medioambiente, atención a emergencias, y otros ámbitos conexos, con arreglo a lo
establecido en esta disposición.

2. TRAGSA y sus filiales integradas en el grupo definido en el apartado
anterior tienen la consideración de medios propios instrumentales y servicios
técnicos de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y
los poderes adjudicadores dependientes de ellas, estando obligadas a realizar,
con carácter exclusivo, los trabajos que éstos les encomienden en las materias
señaladas en los apartados 4 y 5, dando una especial prioridad a aquéllos que
sean urgentes o que se ordenen como consecuencia de las situaciones de
emergencia que se declaren. De acuerdo con esta obligación, los bienes y
efectivos de TRAGSA y sus filiales podrán incluirse en los planes y dispositivos
de protección civil y de emergencias.

Las relaciones de las sociedades del grupo TRAGSA con los poderes
adjudicadores de los que son medios propios instrumentales y servicios técnicos
tienen naturaleza instrumental y no contractual, articulándose a través de
encomiendas de gestión de las previstas en el artículo 24.6 de esta Ley, por lo
que, a todos los efectos, son de carácter interno, dependiente y
subordinado.

La comunicación efectuada por uno de estos poderes adjudicadores encargando
una actuación a alguna de las sociedades del grupo supondrá la orden para
iniciarla.

3. El capital social de TRAGSA será íntegramente de titularidad pública.

Las Comunidades Autónomas podrán participar en el capital social de TRAGSA
mediante la adquisición de acciones, cuya enajenación será autorizada por el
Ministerio de Economía y Hacienda, a iniciativa de los Ministerios de
Agricultura, Pesca y Alimentación y de Medio Ambiente. Las Comunidades Autónomas
solo podrán enajenar sus participaciones a favor de la Administración General
del Estado o de organismos de derecho público vinculados o dependientes de
aquélla.

4. Las sociedades del grupo TRAGSA prestarán, por encargo de los poderes
adjudicadores de los que son medios propios instrumentales, las siguientes
funciones:

a) La realización de todo tipo de actuaciones, obras, trabajos y prestación
de servicios agrícolas, ganaderos, forestales, de desarrollo rural, de
conservación y protección del medio natural y medioambiental, de acuicultura y
de pesca, así como los necesarios para el mejor uso y gestión de los recursos
naturales, y para la mejora de los servicios y recursos públicos, incluida la
ejecución de obras de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico
Español en el medio rural, al amparo de lo establecido en el artículo 68 de la
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

b) La actividad agrícola, ganadera, animal, forestal y de acuicultura y la
comercialización de sus productos, la administración y la gestión de fincas,
montes, centros agrarios, forestales, medioambientales o de conservación de la
naturaleza, así como de espacios y de recursos naturales.

c) La promoción, investigación, desarrollo, innovación, y adaptación de
nuevas técnicas, equipos y sistemas de carácter agrario, forestal,
medioambiental, de acuicultura y pesca, de protección de la naturaleza y para el
uso sostenible de sus recursos.

d) La fabricación y comercialización de bienes muebles para el cumplimiento
de sus funciones.

e) La prevención y lucha contra las plagas y enfermedades vegetales y
animales y contra los incendios forestales, así como la realización de obras y
tareas de apoyo técnico de carácter urgente.

f) La financiación, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de
la construcción o de la explotación de infraestructuras agrarias,
medioambientales y de equipamientos de núcleos rurales, así como la constitución
de sociedades y la participación en otras ya constituidas, que tengan fines
relacionados con el objeto social de la empresa.

g) La planificación, organización, investigación, desarrollo, innovación,
gestión, administración y supervisión de cualquier tipo de servicios ganaderos,
veterinarios, de seguridad y sanidad animal y alimentaria.

h) La recogida, transporte, almacenamiento, transformación, valorización,
gestión y eliminación de productos, subproductos y residuos de origen animal,
vegetal y mineral.

i) La realización de tareas o actividades complementarias o accesorias a las
citadas anteriormente.

Las sociedades del grupo TRAGSA también estarán obligadas a satisfacer las
necesidades de los poderes adjudicadores de los que son medios propios
instrumentales en la consecución de sus objetivos de interés público mediante la
realización, por encargo de los mismos, de la planificación, organización,
investigación, desarrollo, innovación, gestión, administración y supervisión de
cualquier tipo de asistencias y servicios técnicos en los ámbitos de actuación
señalados en el apartado anterior, o mediante la adaptación y aplicación de la
experiencia y conocimientos desarrollados en dichos ámbitos a otros sectores de
la actividad administrativa.

Asimismo, las sociedades del grupo TRAGSA estarán obligadas a participar y
actuar, por encargo de los poderes adjudicadores de los que son medios propios
instrumentales, en tareas de emergencia y protección civil de todo tipo, en
especial, la intervención en catástrofes medioambientales o en crisis o
necesidades de carácter agrario, pecuario o ambiental; a desarrollar tareas de
prevención de riesgos y emergencias de todo tipo; y a realizar actividades de
formación e información pública en supuestos de interés público y, en especial,
para la prevención de riesgos, catástrofes o emergencias.

5. Las sociedades del grupo TRAGSA podrán realizar actuaciones de apoyo y
servicio institucional a la cooperación española en el ámbito internacional.

6. Las sociedades del grupo TRAGSA no podrán participar en los procedimientos
para la adjudicación de contratos convocados por los poderes adjudicadores de
los que sea medio propio. No obstante, cuando no concurra ningún licitador podrá
encargarse a estas sociedades la ejecución de la actividad objeto de licitación
pública.

En el supuesto de que la ejecución de obras, la fabricación de bienes muebles
o la prestación de servicios por las sociedades del grupo se lleve a cabo con la
colaboración de empresarios particulares, el importe de la parte de prestación a
cargo de éstos deberá ser inferior al 50 por ciento del importe total del
proyecto, suministro o servicio.

7. El importe de las obras, trabajos, proyectos, estudios y suministros
realizados por medio del grupo TRAGSA se determinará aplicando a las unidades
ejecutadas las tarifas correspondientes. Dichas tarifas se calcularán de manera
que representen los costes reales de realización y su aplicación a las unidades
producidas servirá de justificante de la inversión o de los servicios
realizados.

La elaboración y aprobación de las tarifas se realizará por las
Administraciones de las que el grupo es medio propio instrumental, con arreglo
al procedimiento establecido reglamentariamente.

8. A los efectos de la aplicación de la presente Ley, las sociedades
integradas en el grupo TRAGSA tendrán la consideración de poderes adjudicadores
de los previstos en el artículo 3.3.

9. La competencia para proceder a la revisión de oficio de los actos
preparatorios y de adjudicación de los contratos que celebren TRAGSA y sus
filiales, así como para resolver el recurso especial en materia de contratación,
corresponderá al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Disposición adicional trigésimo primera. Protección de datos de carácter
personal.

1. Los contratos regulados en la presente Ley que impliquen el tratamiento de
datos de carácter personal deberán respetar en su integridad la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y su
normativa de desarrollo.

2. Para el caso de que la contratación implique el acceso del contratista a
datos de carácter personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad
contratante, aquél tendrá la consideración de encargado del tratamiento.

En este supuesto, el acceso a esos datos no se considerará comunicación de
datos, cuando se cumpla lo previsto en el artículo 12.2 y 3 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre. En todo caso, las previsiones del artículo 12.2 de
dicha Ley deberán de constar por escrito.

Cuando finalice la prestación contractual los datos de carácter personal
deberán ser destruidos o devueltos a la entidad contratante responsable, o al
encargado de tratamiento que ésta hubiese designado.

El tercero encargado del tratamiento conservará debidamente bloqueados los
datos en tanto pudieran derivarse responsabilidades de su relación con la
entidad responsable del tratamiento.

3. En el caso de que un tercero trate datos personales por cuenta del
contratista, encargado del tratamiento, deberán de cumplirse los siguientes
requisitos:

a) Que dicho tratamiento se haya especificado en el contrato firmado por la
entidad contratante y el contratista.

b) Que el tratamiento de datos de carácter personal se ajuste a las
instrucciones del responsable del tratamiento.

c) Que el contratista encargado del tratamiento y el tercero formalicen el
contrato en los términos previstos en el artículo 12.2 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre.

En estos casos, el tercero tendrá también la consideración de encargado del
tratamiento.

Disposición adicional trigésimo segunda.

Las Agrupaciones europeas de cooperación territorial reguladas en el
Reglamento (CE) número 1082/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de
julio de 2006, cuando tengan su domicilio social en España, ajustarán la
preparación y adjudicación de sus contratos a las normas establecidas en esta
Ley para los poderes adjudicadores.

Disposición adicional trigésimo tercera. Régimen de contratación de los
órganos de los Territorios Históricos del País Vasco.

Las Diputaciones Forales y las Juntas Generales de los Territorios Históricos
del País Vasco ajustarán su contratación a las normas establecidas en esta Ley
para las Administraciones Públicas.

Disposición transitoria primera. Expedientes iniciados y contratos
adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley.

1. Los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor de
esta Ley se regirán por la normativa anterior. A estos efectos se entenderá que
los expedientes de contratación han sido iniciados si se hubiera publicado la
correspondiente convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato. En
el caso de procedimientos negociados, para determinar el momento de iniciación
se tomará en cuenta la fecha de aprobación de los pliegos.

2. Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en
vigor de la presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y
extinción, incluida su duración y régimen de prórrogas, por la normativa
anterior.

Disposición transitoria segunda. Fórmulas de revisión.

1. Hasta que se aprueben las nuevas fórmulas de revisión por el Consejo de
Ministros adaptadas a lo dispuesto en el artículo 79, seguirán aplicándose las
aprobadas por el Decreto 3650/1970, de 19 de diciembre; por el Real Decreto
2167/1981, de 20 de agosto, por el que se complementa el anterior, y por el
Decreto 2341/1975, de 22 de agosto, para contratos de fabricación del Ministerio
de Defensa.

2. En todo caso, transcurrido un año desde la entrada en vigor de esta Ley
sin que se hayan aprobado las nuevas fórmulas, la aplicación de las actualmente
vigentes se efectuará con exclusión del efecto de la variación de precios de la
mano de obra.

Disposición transitoria tercera. Determinación de cuantías por los
departamentos ministeriales respecto de los Organismos autónomos adscritos a los
mismos.

Hasta el momento en que los titulares de los departamentos ministeriales
fijen la cuantía para la autorización establecida en el artículo 292.5 será de
aplicación la cantidad de 900.000 euros.

Disposición transitoria cuarta. Registros de licitadores.

1. Reglamentariamente se regulará el funcionamiento del Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, y se determinará el momento a
partir del cual estará operativo, subsistiendo, hasta entonces, los registros
voluntarios de licitadores que se hubieran creado hasta la entrada en vigor de
la presente Ley conforme a lo dispuesto en la disposición adicional decimoquinta
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, así como el
Registro Oficial de Empresas Clasificadas.

2. Durante el plazo de seis meses desde la puesta en funcionamiento del
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, la capacidad
de los empresarios podrá seguir acreditándose ante los órganos de contratación
de la Administración General del Estado y sus Organismos públicos mediante los
certificados expedidos por los Registros voluntarios de licitadores
correspondientes a su ámbito, cuyo contenido podrá ser trasladado al Registro de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado conforme al procedimiento y con
los requisitos que se establezcan reglamentariamente.

Disposición transitoria quinta. Determinación de los casos en que es exigible
la clasificación de las empresas.

El apartado 1 del artículo 54, en cuanto determina los contratos para cuya
celebración es exigible la clasificación previa, entrará en vigor conforme a lo
que se establezca en las normas reglamentarias de desarrollo de esta Ley por las
que se definan los grupos, subgrupos y categorías en que se clasificarán esos
contratos, continuando vigente, hasta entonces, el párrafo primero del apartado
1 del artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

Disposición transitoria sexta. Régimen transitorio de los procedimientos de
adjudicación de los contratos no sujetos a regulación armonizada celebrados por
entidades que no tienen el carácter de Administración Pública.

1. A partir de la entrada en vigor de la Ley, y en tanto no se aprueben las
instrucciones internas a que se refiere el artículo 175.b), los poderes
adjudicadores que no tengan el carácter de Administraciones Públicas se regirán,
para la adjudicación de contratos no sujetos a regulación armonizada, por las
normas establecidas en el artículo 174.

2. Estas normas deberán igualmente aplicarse por las restantes entidades del
sector público que no tengan el carácter de Administraciones Públicas para la
adjudicación de contratos, en tanto no aprueben las instrucciones previstas en
el artículo 176.3.

Disposición transitoria séptima. Aplicación anticipada de la delimitación del
ámbito subjetivo de aplicación de la Ley.

1. Hasta la entrada en vigor de esta Ley, las normas de la Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas, Texto Refundido aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2000, de 16 de junio, se aplicarán en los siguientes términos:

a) Los entes, organismos y entidades que, según el artículo 1 de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas tengan la consideración de
Administraciones Públicas, sujetarán su contratación a la totalidad de las
disposiciones de esa norma.

b) Los entes, organismos y entidades que sean poderes adjudicadores conforme
al artículo 3.3 de esta Ley y no tengan el carácter de Administraciones Públicas
de acuerdo con el artículo 1 de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aplicarán las normas de dicha Ley relativas a la capacidad de las
empresas, publicidad, procedimientos de licitación, formas de adjudicación y
régimen de recursos y medidas cautelares, cuando celebren contratos de obras de
cuantía igual o superior a 5.278.000 euros, excluido el impuesto sobre el Valor
Añadido, y contratos de suministro, de consultoría y asistencia y de servicios
de cuantía igual o superior a 211.000 euros, con exclusión, igualmente, del
referido impuesto. En contratos distintos a los mencionados, estos entes,
organismos o entidades observarán los principios de publicidad, concurrencia, no
discriminación e igualdad de trato.

c) Los entes, organismos y entidades que, según el artículo 3.1 de esta Ley,
pertenezcan al sector público, y no tengan la consideración de Administraciones
Públicas o de poderes adjudicadores conforme a las letras anteriores, sujetarán
su contratación a lo establecido en la Disposición Adicional Sexta de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.

2. Igualmente, hasta la entrada en vigor de la presente Ley, las normas de
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas relativas a la capacidad de
las empresas, publicidad, procedimientos de licitación, formas de adjudicación y
régimen de recursos y medidas cautelares serán aplicables a los contratos de
obras que tengan por objeto actividades de ingeniería civil de la sección F,
división 45, grupos 45.2 de Nomenclatura General de Actividades Económicas de
las Comunidades Europeas (NACE), o la construcción de hospitales, centros
deportivos, recreativos o de ocio, edificios escolares o universitarios y
edificios de uso administrativo, así como a los contratos de consultoría y
asistencia y de servicios que estén relacionados con los contratos de obras
mencionados, cuando sean subvencionados directamente por entes, organismos o
entidades de los mencionados en las letras a) o b) del apartado anterior en más
del 50 por ciento de su importe, y éste, con exclusión del Impuesto sobre el
Valor Añadido, sea igual o superior a 5.278.000 euros, si se trata de contratos
de obras, o a 211.000 euros, si se trata de cualquier otro contrato de los
mencionados.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se
opongan a la presente Ley y, en particular, las siguientes:

a) El Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, a
excepción del Capítulo IV del Título V del Libro II, comprensivo de los
artículos 253 a 260, ambos inclusive.

b) De la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, los siguientes artículos o partes de los mismos:

Artículo 21, apartado 1, la letra ñ) y la letra p).

Artículo 22, apartado 1, la letra n) y la letra o).

Artículo 33, apartado 2, la letra l) y la letra n).

Artículo 34, apartado 1, la letra k) y la letra m).

Artículo 88.

Artículo 127, apartado 1, la letra f).

c) Del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de
abril, los siguientes artículos o partes de los mismos:

Artículo 23, letras a) y c).

Artículo 24, letra c),

Artículo 28, letras c) y d).

Artículo 29, letra b)

Artículo 89,

Artículo 95, apartado 2.

Artículo 112.

Artículo 113.

Artículo 115.

Artículo 116.

Artículo 118.

Artículo 119.

Artículo 120.

Artículo 121.

Artículo 122.

Artículo 123.

Artículo 124 .

Artículo 125.

d) El párrafo e) del artículo 95 del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio.

e) El artículo 147 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

f) El artículo 88 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social.

Disposición final primera. Modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de
Bases del Régimen Local.

El apartado 2 del artículo 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, tendrá la siguiente redacción:

«2. Los servicios públicos de la competencia local podrán gestionarse
mediante alguna de las siguientes formas:

A. Gestión directa:

a) Gestión por la propia entidad local.

b) Organismo autónomo local.

c) Entidad pública empresarial local.

d) Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad
pública.

B. Gestión indirecta, mediante las distintas formas previstas para el
contrato de gestión de servicios públicos en la Ley de Contratos del Sector
Público.»

Disposición final segunda. Modificación de la Ley General Presupuestaria.

El segundo párrafo del apartado 2 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 23 de
noviembre, General Presupuestaria, queda redactado en los siguientes
términos:

«En los contratos de obra de carácter plurianual, con excepción de los
realizados bajo la modalidad de abono total del precio, se efectuará una
retención adicional de crédito del 10 por ciento del importe de adjudicación, en
el momento en que ésta se realice. Esta retención se aplicará al ejercicio en
que finalice el plazo fijado en el contrato para la terminación de la obra o al
siguiente, según el momento en que se prevea realizar el pago de la
certificación final. Estas retenciones computarán dentro de los porcentajes
establecidos en este artículo.»

Disposición final tercera. Modificación de la Ley 1/1999, de 5 de enero,
reguladora de las entidades de capital-riesgo y de sus sociedades gestoras.

Se modifica la disposición adicional tercera de la Ley 1/1999, de 5 de enero,
reguladora de las entidades de capital-riesgo y de sus sociedades gestoras, que
queda redactada del siguiente modo:

«Disposición adicional tercera. Régimen de determinadas cesiones de
crédito.

1. Esta disposición se aplicará a las cesiones de créditos que se efectúen al
amparo de un contrato de cesión que cumpla las siguientes condiciones y con
independencia de que los créditos objeto de cesión al amparo del contrato tengan
o no por deudor a una Administración Pública:

1.ª Que el cedente sea un empresario y los créditos cedidos procedan de su
actividad empresarial.

2.ª Que el cesionario sea una entidad de crédito o un Fondo de
titulización.

3.ª Que los créditos objeto de cesión al amparo del contrato existan ya en la
fecha del contrato de cesión, o nazcan de la actividad empresarial que el
cedente lleve a cabo en el plazo máximo de un año a contar desde dicha fecha, o
que conste en el contrato de cesión la identidad de los futuros deudores.

4.ª Que el cesionario pague al cedente, al contado o a plazo, el importe de
los créditos cedidos con la deducción del coste del servicio prestado.

5.ª Que en el caso de que no se pacte que el cesionario responda frente al
cedente de la solvencia del deudor cedido, se acredite que dicho cesionario ha
abonado al cedente, en todo o en parte, el importe del crédito cedido antes de
su vencimiento.

2. Las cesiones de créditos empresariales a que se refiere la presente
disposición tendrán eficacia frente a terceros desde la fecha de celebración del
contrato de cesión a que se refiere el número anterior siempre que se justifique
la certeza de la fecha por alguno de los medios establecidos en los artículos
1.218 y 1.227 del Código Civil o por cualquier otro medio admitido en
derecho.

3. En caso de concurso del cedente, las cesiones reguladas en esta
disposición serán rescindibles de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71
de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

4. Los pagos realizados por el deudor cedido al cesionario no estarán sujetos
a la rescisión prevista en el artículo 71.1 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, en
el caso de declaración de concurso del deudor de los créditos cedidos. Sin
embargo, podrá ejercitarse la acción rescisoria cuando se hayan efectuado pagos
cuyo vencimiento fuera posterior al concurso o cuando quien la ejercite pruebe
que el cedente o cesionario conocían el estado de insolvencia del deudor cedido
en la fecha de pago por el cesionario al cedente. Dicha revocación no afectará
al cesionario sino cuando se haya pactado así expresamente.»

Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 22/2003, de 9 de julio,
Concursal.

Se modifica el apartado 2 de la disposición adicional segunda de la Ley
22/2003, de 9 de julio, que queda redactado del siguiente modo:

«2. Se considera legislación especial, a los efectos de la aplicación del
apartado 1, la regulada en las siguientes normas:

a) Artículos 14 y 15 de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del
mercado hipotecario, así como las normas reguladoras de otros valores o
instrumentos a los que legalmente se atribuya el mismo régimen de solvencia que
el aplicable a las cédulas hipotecarias.

b) Artículo 16 del Real Decreto Ley 3/1993, de 26 de febrero, sobre medidas
urgentes en materias presupuestarias, tributarias, financieras y de empleo.

c) Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en lo que respecta al
régimen aplicable a los sistemas de compensación y liquidación en ella
regulados, y a las entidades participantes en dichos sistemas y, en particular,
los artículos 44 bis, 44 ter, 58 y 59.

d) La disposición adicional quinta de la Ley 3/1994, de 14 de abril, de
adaptación de la legislación española en materia de entidades de crédito a la
Segunda Directiva de Coordinación bancaria.

e) Ley 13/1994, de 1 junio, de Autonomía del Banco de España, por lo que
respecta al régimen aplicable a las garantías constituidas a favor del Banco de
España, del Banco Central Europeo o de otros bancos centrales nacionales de la
Unión Europea, en el ejercicio de sus funciones.

f) La disposición adicional tercera de la Ley 1/1999, de 5 de enero,
reguladora de las entidades de capital-riesgo y de sus sociedades gestoras.

g) Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidación
de valores.

h) Los artículos 26 a 37, ambos inclusive, 39 y 59 del Texto Refundido de la
Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, y el Texto Refundido del Estatuto
Legal del Consorcio de Compensación de Seguros, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 7/2004, de 29 de octubre.

i) El Capítulo II del Título I del Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo,
de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la
contratación pública.

j) Ley 6/2005, de 22 de abril, sobre Saneamiento y Liquidación de las
Entidades de Crédito.»

Disposición final quinta. Modificación de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre,
del Sector Ferroviario.

El artículo 22.3.b) de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector
Ferroviario, quedará redactado como sigue:

«b) El administrador de infraestructuras ferroviarias tramitará los
expedientes de contratación relativos a la construcción o modificación de las
infraestructuras ferroviarias y será competente para seleccionar al contratista
al que se encomiende la ejecución del contrato, ajustando su actividad a las
normas establecidas para las Administraciones Públicas en la Ley de Contratos
del Sector Público.»

Disposición final sexta. Actualización de las referencias a determinados
órganos.

Las referencias que se contienen en las normas vigentes a la Junta de Compras
Interministerial y al Servicio Central de Suministros se entenderán realizadas,
respectivamente, a la Mesa del sistema estatal de contratación centralizada
regulada en el artículo 297 de esta Ley y a la Dirección General del Patrimonio
del Estado.

Disposición final séptima. Títulos competenciales.

1. El artículo 21 y las disposiciones finales tercera y cuarta se dictan al
amparo de las competencias atribuidas al Estado por la regla 6.ª del artículo
149.1 de la Constitución, y son de aplicación general.

2. Los restantes artículos de la presente Ley constituyen legislación básica
dictada al amparo del artículo 149.1.18.ª de la Constitución y, en consecuencia,
son de aplicación general a todas las Administraciones Públicas y organismos y
entidades dependientes de ellas. No obstante, no tendrán carácter básico los
siguientes artículos o partes de los mismos: letra a) del apartado 1 del
artículo 15; letra a) del apartado 1 del artículo 16; apartados 1 a 5 del
artículo 24; artículo 29.4; artículo 34.3; artículo 37.5; artículo 48.2;
artículo 49.2.c); artículo 53; artículo 60; artículo 71; artículo 81; artículo
82; párrafo segundo del apartado 1 del artículo 83; segundo párrafo del apartado
3 y apartado 5 del artículo 93; artículo 95.2; letras a) y c) del apartado 2 del
artículo 96; letras b) y c) del artículo 97.1; apartados 1 y 2 del artículo 98;
apartados 4, 5 y 6 del artículo 99; artículo 100; apartados 1.e) y 4 del
artículo 107; artículo 108; artículo 109; artículo 110; apartados e), g), h),
i), j) y l) del artículo 120; segundo párrafo del apartado 3 del artículo 136;
artículo 140; apartado 2 del artículo 189; artículo 190; artículo 191; artículo
195.2; apartados 3 a 8, ambos inclusive, del artículo 196; segundo inciso del
artículo 205.2; apartados 3 y 5 del artículo 207; artículo 212; artículo 213.2;
artículo 215; apartado 1 del artículo 216; apartados 3, salvo la previsión de la
letra b), y 4 del artículo 217; artículo 218; apartado 1 del artículo 224;
artículo 227; artículo 231; apartados 2 y 3 del artículo 234; artículo 237;
apartado 5 del artículo 238; artículo 239; artículo 263 artículo 266; apartados
2 y 3 del artículo 268; artículo 270; artículo 271; artículo 273; artículo 274;
apartados 2 y 3 del artículo 276; apartado 3 del artículo 277; apartados 2 y 3
del artículo 285; apartados 3, 4, 5 y 6 del artículo 286; artículo 287;
artículos 291 a 293; artículos 295 a 299, ambos inclusive; artículo 309; letra
a) del apartado 1 de la disposición adicional primera; disposición adicional
cuarta; disposición adicional vigésima; disposición adicional vigésimo tercera;
disposición adicional vigésimo cuarta; disposición adicional vigésimo quinta;
disposición adicional vigésimo sexta; disposición adicional vigésimo séptima;
disposición adicional vigésimo octava; disposición adicional trigésima;
disposición transitoria tercera; disposición transitoria cuarta; disposición
final segunda; disposición final quinta; disposición final sexta; disposición
final octava, y disposición final novena.

A los mismos efectos previstos en el párrafo anterior tendrán la
consideración de mínimas las exigencias que para los contratos menores se
establecen en el artículo 95.1 y tendrán la consideración de máximos los
siguientes porcentajes, cuantías o plazos:

El porcentaje del 5 por ciento del artículo 83.1 y 2.

El porcentaje del 3 por ciento del artículo 91.2.

Las cuantías del artículo 122.3.

Los plazos de un mes establecidos en los apartados 2 y 4 del artículo
205.

Disposición final octava. Normas aplicables a los procedimientos regulados en
esta Ley.

1. Los procedimientos regulados en esta Ley se regirán, en primer término,
por los preceptos contenidos en ella y en sus normas de desarrollo y,
subsidiariamente, por los de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y normas
complementarias.

2. En todo caso, en los procedimientos iniciados a solicitud de un interesado
que tengan por objeto o se refieran a la reclamación de cantidades, el ejercicio
de prerrogativas administrativas o a cualquier otra cuestión relativa de la
ejecución, consumación o extinción de un contrato administrativo, una vez
transcurrido el plazo previsto para su resolución sin haberse notificado ésta,
el interesado podrá considerar desestimada su solicitud por silencio
administrativo, sin perjuicio de la subsistencia de la obligación de
resolver.

3. La aprobación de las normas procedimentales necesarias para desarrollar la
presente Ley se efectuará por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro
de Economía y Hacienda y previo dictamen del Consejo de Estado.

Disposición final novena. Habilitación normativa en materia de uso de medios
electrónicos, informáticos o telemáticos, y uso de factura electrónica.

1. Se autoriza al Ministro de Economía y Hacienda para aprobar, previo
dictamen del Consejo de Estado, las normas de desarrollo de la disposición
adicional decimonovena que puedan ser necesarias para hacer plenamente efectivo
el uso de medios electrónicos, informáticos o telemáticos en los procedimientos
regulados en esta Ley.

2. Igualmente, el Ministro de Economía y Hacienda, mediante Orden, definirá
las especificaciones técnicas de las comunicaciones de datos que deban
efectuarse en cumplimiento de la presente Ley y establecerá los modelos que
deban utilizarse.

3. En el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la Ley, el
Ministro de Economía y Hacienda aprobará las normas de desarrollo necesarias
para hacer posible el uso de las facturas electrónicas en los contratos que se
celebren por las entidades del sector público estatal.

4. Transcurridos tres meses desde la entrada en vigor de las normas a que se
refiere el apartado anterior la presentación de facturas electrónicas será
obligatoria en la contratación con el sector público estatal para las sociedades
que no puedan presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada.

Por Orden conjunta de los Ministros de Economía y Hacienda y de Industria,
Turismo y Comercio, se extenderá progresivamente la obligatoriedad del uso de
las facturas electrónicas para otras personas físicas y jurídicas en función de
sus características y el volumen de su cifra de negocios. En todo caso,
transcurridos dieciocho meses desde la entrada en vigor de las normas a que se
refiere el apartado anterior, el uso de la factura electrónica será obligatorio
en todos los contratos del sector público estatal; no obstante, en los contratos
menores, la utilización de la factura electrónica será obligatoria cuando así se
establezca expresamente en estas Órdenes de extensión.

5. El Consejo de Ministros, a propuesta de los Ministros de Economía y
Hacienda y de Industria, Turismo y Comercio, adoptará las medidas necesarias
para facilitar la emisión de facturas electrónicas por las personas y entidades
que contraten con el sector público estatal, garantizando la gratuidad de los
servicios de apoyo que se establezcan para las empresas cuya cifra de negocios
en el año inmediatamente anterior y para el conjunto de sus actividades sea
inferior al umbral que se fije en la Orden a que se refiere el párrafo
anterior.

Disposición final décima. Mandato de presentación de un proyecto
normativo.

En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta Ley, el
Gobierno someterá al Congreso de los Diputados un proyecto de Ley en el que
regulen las modalidades de captación de financiación en los mercados por los
concesionarios de obras públicas o por los titulares de contratos de
colaboración entre el sector público y el sector privado, así como el régimen de
garantías que puede aplicarse a dicha financiación.

Disposición final undécima. Habilitación para el desarrollo
reglamentario.

Se habilita al Gobierno para, en el ámbito de sus competencias, dictar las
disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de lo establecido en
esta Ley.

Disposición final duodécima. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado», salvo la disposición transitoria séptima, que
entrará en vigor el día siguiente al de la publicación.

Por tanto,

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan
guardar esta Ley.

Madrid, 30 de octubre de 2007.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

ANEXO I

Actividades a las que se refiere el apartado 1 del artículo 6

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ANEXO II

Servicios a los que se refiere el artículo 10

Categoría

Descripción

Número de referencia CCP(1)

Número de referencia CPV(2)

1

Servicios de mantenimiento y reparación.

6112, 6122, 633, 886

De 50100000 a 50982000

(excepto 50310000 a 50324200 y 50116510‑9, 50190000-3, 50229000-6,
50243000‑0)

2

Servicios de transporte por vía terrestre(3), incluidos servicios de
furgones blindados y servicios de mensajería, excepto transporte de
correo.

712 (excepto 71235) 7512, 87304

De 60112000-6 a 60129300-1 (excepto 60121000 a 60121600, 60122200-1,
60122230-0), y de 64120000-3 a 64121200‑2

3

Servicios de transporte aéreo: transporte de pasajeros y carga, excepto
el transporte de correo.

73 (excepto 7321)

De 62100000-3 a 62300000-5 (excepto 62121000-6, 62221000-7)

4

Transporte de correo por vía terrestre(4) y por vía aérea.

71235, 7321

60122200-1, 60122230-0, 62121000‑6, 62221000-7

5

Servicios de telecomunicación.

752

De 64200000-8 a 64228200-2, 72318000-7,

y de 72530000-9 a 72532000‑3

6

Servicios financieros:

a) Servicios de seguros.

b) Servicios bancarios y de inversiones(5).

ex 81, 812, 814

De 66100000-1 a 66430000-3 y de 67110000‑1 a 67262000-1(3)

7

Servicios de informática y servicios conexos.

84

De 50300000-8 a 50324200-4, de 72100000‑6 a 72591000-4 (excepto
72318000-7 y de 72530000‑9 a 72532000-3)

8

Servicios de investigación y desarrollo(6).

85

De 73000000-2 a 73300000-5 (excepto 73200000‑4, 73210000-7,
7322000‑0)

9

Servicios de contabilidad, auditoría y teneduría de libros.

862

De 74121000 a 74121250-0

10

Servicios de investigación de estudios y encuestas de la opinión
pública.

864

De 74130000-9 a 74133000-0, y 74423100-1, 74423110-4

11

Servicios de consultores de dirección(7) y servicios conexos.

865, 866

73200000, 73210000, 73220000, 7De 73200000-4 a 73220000-0, de
74140000-2 a 74150000-5 (excepto 74142200-8) y 74420000-9, 74421000-6,
74423000-0, 74423200-2, 74423210-5, 74871000-5, 93620000-0

12

Servicios de arquitectura; servicios de ingeniería y servicios
integrados de ingeniería; Servicios de planificación urbana y servicios de
arquitectura paisajista. Servicios conexos de consultores en ciencia y
tecnología. Servicios de ensayos y análisis técnicos.

867

De 74200000-1 a 74276400-8, y de 74310000-5 a 74323100-0, y
74874000-6

13

Servicios de publicidad.

871

De 74400000-3 a 74422000-3 (excepto 74420000-9 y 74421000‑6)

14

Servicios de limpieza de edificios y servicios de administración de
bienes raíces.

874, 82201 a 82206

De 70300000-4 a 70340000-6, y de 74710000-9 a 74760000-4

15

Servicios editoriales y de imprenta, por tarifa o por contrato.

88442

De 78000000-7 a 78400000-1

16

Servicios de alcantarillado y eliminación de desperdicios: servicios de
saneamiento y servicios similares.

94

De 90100000-8 a 90320000-6, y 50190000-3, 50229000-6,
50243000-0

17

Servicios de hostelería y restaurante.

64

De 55000000-0 a 55524000-9, y de 93400000-2 a 93411000-2

18

Servicios de transporte por ferrocarril.

711

60111000-9, y de 60121000-2 a 60121600-8

19

Servicios de transporte fluvial y marítimo.

72

De 61000000-5 a 61530000-9, y de 63370000-3 a 63372000-7

20

Servicios de transporte complementarios y auxiliares.

74

662400000-6, 62440000-8, 62441000-5, 62450000-1, de 63000000-9 a
63600000-5 (excepto 63370000-3, 63371000-0, 63372000-7), y 74322000-2,
93610000-7

21

Servicios jurídicos.

861

De 74110000-3 a 74114000-1

22

Servicios de colocación y suministro de personal(8)

872

De 74500000-4 a 74540000-6 (excepto 74511000-4), y de 95000000-2 a
95140000-5

23

Servicios de investigación y seguridad, excepto servicios de furgones
blindados.

873 (excepto 87304)

De 74600000-5 a 74620000-1

24

Servicios de educación y formación profesional.

92

De 80100000-5 a 80430000-7

25

Servicios sociales y de salud.

93

74511000-4, y de 85000000-9 a 85323000 (excepto 85321000-5 y
85322000-2)

26

Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos.

96

De 74875000-3 a 74875200-5, y de 92000000-1 a 92622000-7 (excepto
92230000-2)

27

Otros servicios.

(1). La Nomenclatura CCP (versión provisional) se utiliza para definir el
ámbito de aplicación de la Directiva 93/38/CEE en relación con los contratos de
servicios.

(2). Reglamento (CE) número 2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 5 de noviembre de 2002, por el que se aprueba el Vocabulario común de
contratos públicos (CPV)

(3). Exceptuando los servicios de transporte por ferrocarril incluidos en la
categoría 18.

(4). Exceptuando los servicios de transporte por ferrocarril incluidos en la
categoría 18.

(5). Exceptuando los servicios financieros relativos a la emisión, compra,
venta y transferencia de títulos u otros instrumentos financieros, y los
servicios prestados por los bancos centrales. Quedan también excluidos los
servicios consistentes en la adquisición o alquiler, con independencia de cuáles
sean sus modalidades financieras, de terrenos, edificios ya existentes u otros
bienes inmuebles o relacionados con los derechos sobre dichos bienes; no
obstante, los servicios financieros prestados bien al mismo tiempo, bien con
anterioridad o posterioridad al contrato de adquisición o de arrendamiento, en
cualquiera de sus formas, se regularán por lo dispuesto en la presente
Directiva.

(6). Exceptuando los servicios de investigación y desarrollo distintos de
aquellos cuyos resultados corresponden a la entidad adjudicadora para su uso
exclusivo, siempre que ésta remunere íntegramente la prestación del
servicio.

(7). Exceptuando los servicios de arbitraje y conciliación.

(8). Exceptuando los contratos de trabajo.

ANEXO III

Lista de productos contemplados en la letra a) del apartado 1 del artículo
15, en lo que se refiere a los contratos de suministros adjudicados por órganos
de contratación del sector de la Defensa

Capítulo 25: Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos.

Capítulo 26: Minerales, escorias y cenizas.

Capítulo 27: Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su
destilación; materias bituminosas; ceras minerales, excepto:

ex 27.10: carburantes especiales.

Capítulo 28: Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u
orgánicos de los metales preciosos, de los elementos radiactivos, de los metales
de las tierras raras o de isótopos, excepto:

ex 28.09: explosivos.

ex 28.13: explosivos.

ex 28.14: gases lacrimógenos.

ex 28.28: explosivos.

ex 28.32: explosivos.

ex 28.39: explosivos.

ex 28.50: productos toxicológicos.

ex 28.51: productos toxicológicos.

ex 28.54: explosivos.

Capítulo 29: Productos químicos orgánicos, excepto:

ex 29.03: explosivos.

ex 29.04: explosivos.

ex 29.07: explosivos.

ex 29.08: explosivos.

ex 29.11: explosivos.

ex 29.12: explosivos.

ex 29.13: productos toxicológicos.

ex 29.14: productos toxicológicos.

ex 29.15: productos toxicológicos.

ex 29.21: productos toxicológicos.

ex 29.22: productos toxicológicos.

ex 29.23: productos toxicológicos.

ex 29.26: explosivos.

ex 29.27: productos toxicológicos.

ex 29.29: explosivos.

Capítulo 30: Productos farmacéuticos.

Capítulo 31: Abonos.

Capítulo 32: Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados;
pigmentos y demás materias colorantes; pinturas y barnices; mástiques;
tintas.

Capítulo 33: Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de
tocador o de cosmética.

Capítulo 34: Jabones, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para
lavar, preparaciones lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas,
productos de limpieza, velas y artículos similares, pastas para modelar, ceras
para odontología y preparaciones para odontología a base de yeso.

Capítulo 35: Materias albuminóideas; colas; enzimas.

Capítulo 37: Productos fotográficos o cinematográficos.

Capítulo 38: Productos diversos de las industrias químicas, excepto:

ex 38.19: productos toxicológicos.

Capítulo 39: Materias plásticas, éteres y ésteres de la celulosa, resinas
artificiales y manufacturas de estas materias, excepto:

ex 39.03: explosivos.

Capítulo 40: Caucho natural o sintético, caucho facticio y manufacturas de
caucho, excepto:

ex 40.11: neumáticos para automóviles.

Capítulo 41: Pieles y cueros

Capítulo 42: Manufacturas de cuero; artículos de guarnicionería o de
talabartería; artículos de viaje, bolsos de mano y continentes similares;
manufacturas de tripa.

Capítulo 43: Peletería y confecciones de peletería; peletería artificial o
facticia.

Capítulo 44: Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera.

Capítulo 45: Corcho y sus manufacturas.

Capítulo 46: Manufacturas de espartería o de cestería.

Capítulo 47: Materias destinadas a la fabricación de papel.

Capítulo 48: Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o de
cartón.

Capítulo 49: Artículos de librería y productos de las artes gráficas.

Capítulo 65: Sombreros y demás tocados, y sus partes.

Capítulo 66: Paraguas, quitasoles, bastones, látigos, fustas y sus
partes.

Capítulo 67: Plumas y plumón preparados y artículos de plumas o plumón;
flores artificiales; manufacturas de cabello.

Capítulo 68: Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto
(asbesto), mica o materias análogas.

Capítulo 69: Productos cerámicos.

Capítulo 70: Vidrio y sus manufacturas.

Capítulo 71: Perlas finas, piedras preciosas o semipreciosas, metales
preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias;
bisutería.

Capítulo 73: Fundición, hierro y acero.

Capítulo 74: Cobre.

Capítulo 75: Níquel.

Capítulo 76: Aluminio.

Capítulo 77: Magnesio, berilio.

Capítulo 78: Plomo.

Capítulo 79: Cinc.

Capítulo 80: Estaño.

Capítulo 81: Otros metales comunes.

Capítulo 82: Herramientas, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, de
metal común, excepto:

ex 82.05: herramientas.

ex 82.07: piezas de herramientas.

Capítulo 83: Manufacturas diversas de metal común.

Capítulo 84: Calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos,
excepto:

ex 84.06: motores.

ex 84.08: los demás propulsores.

ex 84.45: máquinas.

ex 84.53: máquinas automáticas de tratamiento de la información.

ex 84.55: piezas del n.º 84.53.

ex 84.59: reactores nucleares.

Capítulo 85: Máquinas y aparatos eléctricos y objetos que sirvan para usos
electrotécnicos, excepto:

ex 85.13: telecomunicaciones.

ex 85.15: aparatos de transmisión.

Capítulo 86: Vehículos y material para vías férreas, aparatos de señalización
no eléctricos para vías de comunicación, excepto:

ex 86.02: locomotoras blindadas

ex 86.03: las demás locomotoras blindadas

ex 86.05: vagones blindados

ex 86.06: vagones taller

Capítulo 87: Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos
terrestres, excepto:

ex 87.08: tanques y demás vehículos automóviles blindados.

ex 87.01: tractores.

ex 87.02: vehículos militares.

ex 87.03: vehículos para reparaciones.

ex 87.09: motocicletas.

ex 87.14: remolques.

Capítulo 89: Navegación marítima y fluvial, excepto:

ex 89.01A: barcos de guerra.

Capítulo 90: Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía,
de medida, control o de precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos,
excepto:

ex 90.05: binoculares.

ex 90.13: instrumentos diversos, láser.

ex 90.14: telémetros.

ex 90.28: instrumentos de medida eléctricos o electrónicos.

ex 90.11: microscopios.

ex 90.17: instrumentos médicos.

ex 90.18: aparatos para mecanoterapia.

ex 90.19: aparatos para ortopedia.

ex 90.20: aparatos de rayos X.

Capítulo 91: Relojería.

Capítulo 92: Instrumentos musicales, aparatos de grabación o reproducción de
sonido, aparatos de grabación o reproducción de imágenes y sonido en televisión,
y las partes y accesorios de estos aparatos.

Capítulo 94: Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y
similares, excepto:

ex 94.01A: asientos para aeronaves.

Capítulo 95: Materias para tallar o moldear, trabajadas (incluidas las
manufacturas).

Capítulo 96: Manufacturas de cepillería, brochas y pinceles, escobas, borlas,
tamices, cedazos y cribas.

Capítulo 98: Manufacturas diversas.

Análisis jurídico

REFERENCIAS ANTERIORES

DEROGA:

Salvo el capítulo IV del título V del libro II la LEY de Contratos de
las Administraciones Públicas, texto refundido aprobado por REAL DECRETO
LEGISLATIVO 2/2000, de 16 de junio (Ref. 2000/11533).

Art. 88 de la LEY 66/1997, de 30 de diciembre (Ref. 1997/28053).

Art. 147 de la LEY 13/1996, de 30 de diciembre (Ref. 1996/29117).

Art. 95.e) de la LEY General de la Seguridad Social, texto refundido
aprobado por REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1994, de 20 de junio (Ref. 1994/14960).

Arts. 23.a) y c), 24.c), 28.c) y d), 29.d), 89, 95.2, 112, 113, 115, 116
y 118 a 125 del REAL DECRETO LEGISLATIVO 781/1986, de 18 de abril (Ref. 1986/09865).

Arts. 21.1.ñ) y p), 22.1.n) y o), 33.2.l) y n), 34.1.k) y m), 88,
127.1.f) y MODIFICA el art. 85.2 de la LEY 7/1985, de 2 de abril (Ref. 1985/05392).

MODIFICA:

Art. 47.2 de la LEY 47/2003, de 23 de noviembre (Ref. 2003/21614).

Art. 22.3.b) de la LEY 39/2003, de 17 de noviembre (Ref. 2003/20978).

Disposición adicional 2.2 de la LEY 22/2003, de 9 de julio (Ref. 2003/13813).

Disposición adicional 3 de la LEY 1/1999, de 5 de enero (Ref. 1999/00214).

TRANSPONE:

DIRECTIVA 2004/18/CE, de 31 de marzo (Ref. 2004/81002).

DIRECTIVA 89/665/CEE, de 21 de diciembre (Ref. 1989/81598).

CITA:

LEY 31/2007, de 30 de octubre (Ref. 2007/18875).

DECRETO 3650/1970, de 19 de diciembre (Ref. 1970/01434).

REAL DECRETO 2167/1981, de 20 de agosto (Ref. 1981/21609).

DECRETO 2341/1975, de 22 de agosto (Ref. 1975/20743).

REFERENCIAS POSTERIORES

Criterio de ordenación: por contenido
por fecha

SE MODIFICA los anexos I y II, por REAL DECRETO 817/2009, de 8 de mayo
(Ref. 2009/08053).

SE DICTA DE CONFORMIDAD:

sobre aplicación de marcas comerciales en la definición de las
especificaciones técnicas en los contratos cuyo objeto es la compra o el
arrendamiento de ordenadores y demás equipos informáticos: RESOLUCIÓN de 10
de junio de 2008 (Ref. 2008/10596).

con el art. 309, aprobando las instrucciones para operar en la
Plataforma de Contratación del Estado: ORDEN EHA/1220/2008, de 30 de abril
(Ref. 2008/07708).

sobre declaración de bienes y servicios de contratación centralizada:
ORDEN EHA/1049/2008, de 10 de abril (Ref. 2008/06804).

aprobando el plan de contratación pública verde de la administración
general del estado y sus organismos públicos, y las entidades gestoras de la
seguridad social: ORDEN PRE/116/2008, de 21 de enero (Ref. 2008/01631).

publicando los límites de los distintos tipos de contratos a partir de 1
de enero de 2008: ORDEN EHA/3875/2007, de 27 de diciembre (Ref. 2007/22532).

NOTAS

Entrada en vigor, con la salvedad indicada, el 30 de abril de 2008.

Suplemento en Lengua Valenciana el 17 de noviembre de 2007.

Suplemento en Lengua Catalana y en Lengua Gallega el 3 de noviembre de
2007.

MATERIAS

Administración General del Estado

Administración Local

Agencias estatales

Boletín Oficial del Estado

Boletines Oficiales

Comunidades Autónomas

Contratación administrativa

Contrato de concesión de obras públicas

Contrato de gestión de servicios públicos

Contrato de obras

Contrato de servicios

Contrato de suministros

Contratos

Contratos de las Administraciones Públicas

Diario Oficial de la Unión Europea

Empresas comunitarias

Empresas públicas

Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social

Entidades Públicas Empresariales

Ferrocarriles

Fundaciones

Gestión presupuestaria

Junta Consultiva de Contratación Administrativa

Ministerio de Economía y Hacienda

Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social

Organismos autónomos

Pliegos de Cláusulas Administrativas

Pliegos de Prescripciones Técnicas

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Procedimiento concursal

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