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23/12/2009

Documento BOE-A-2009-20725

Boletín Oficial del Estado: 23 de diciembre de 2009, Núm. 308

I. Disposiciones generales

Jefatura del Estado

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio.

Rango: Ley

Código de Verificación Electrónica (CVE):
BOE-A-2009-20725

Páginas: 108507 a 108578 – 72 págs.

Contenido, oficial y auténtico, de la
disposición:

PDF
de la disposición

Ampliación documental:

Análisis
jurídico

Nota: El texto que se muestra a continuación se ha obtenido
mediante una transformación del documento electrónico oficial y auténtico,
firmado electrónicamente y disponible en la dirección http://www.boe.es/diario_boe
insertando el código BOE-A-2009-20725 en la casilla de
verificación de documentos.

Texto

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en
sancionar la siguiente ley.

ÍNDICE

Título I. Medidas horizontales.

Capítulo I. Procedimiento administrativo.

Artículo 1. Modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Artículo 2. Modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Artículo 3. Modificación de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

Capítulo II. Consumidores y usuarios de los servicios.

Artículo 4. Modificación del Texto Refundido de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de
noviembre.

Capítulo III. Servicios profesionales.

Artículo 5. Modificación de la Ley 2/1974, de 13 de febrero,
sobre Colegios Profesionales.

Artículo 6. Modificación de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de
sociedades profesionales.

Capítulo IV. Actuaciones relativas a las empresas en el
ámbito laboral y de Seguridad Social.

Artículo 7. Modificación del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14
de marzo, de medidas urgentes administrativas, financieras, fiscales y
laborales.

Artículo 8. Modificación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevención de Riesgos Laborales.

Artículo 9. Modificación de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre,
Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Artículo 10. Modificación de la Ley 50/1998, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Título II. Servicios industriales y de la construcción.

Capítulo I. Servicios industriales.

Artículo 11. Modificación de la Ley 3/1985, de 18 de marzo,
de Metrología.

Artículo 12. Modificación de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de
Patentes.

Artículo 13. Modificación de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de
Industria.

Artículo 14. Modificación de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de
Seguridad Privada.

Capítulo II. Servicios de la construcción.

Artículo 15. Modificación de la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenación de la Edificación.

Artículo 16. Modificación de la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.

Título III. Servicios energéticos.

Artículo 17. Modificación de la Ley 22/1973, de 21 de julio,
de Minas.

Artículo 18. Modificación de la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico.

Artículo 19. Modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre,
del Sector de Hidrocarburos.

Título IV. Servicios de transporte y comunicaciones.

Capítulo I. Servicios de transporte.

Artículo 20. Modificación de la Ley 48/1960, de 21 de julio,
sobre Navegación Aérea.

Artículo 21. Modificación de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de
Ordenación de los Transportes Terrestres.

Artículo 22. Modificación del Texto Articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real
Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.

Artículo 23. Modificación de la Ley 27/1992, de 24 de
noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

Artículo 24. Modificación de la Ley 39/2003, de 17 de
noviembre, del Sector Ferroviario.

Artículo 25. Modificación de la Ley 48/2003, de 26 de
noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de
interés general.

Capítulo II. Servicios de información y comunicaciones.

Artículo 26. Modificación de la Ley 24/1998, de 13 de julio,
del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales.

Artículo 27. Modificación de la Ley 32/2003, General de
Telecomunicaciones.

Título V. Servicios medioambientales y de agricultura.

Capítulo I. Servicios medioambientales.

Artículo 28. Modificación de la Ley de 20 de febrero de 1942,
por la que se regula el fomento y conservación de la pesca fluvial.

Artículo 29. Modificación de la Ley 1/1970, de 4 de abril, de
Caza.

Artículo 30. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de
Costas.

Artículo 31. Modificación de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias.

Artículo 32. Modificación de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de
Residuos.

Artículo 33. Modificación del Texto Refundido de la Ley de
Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

Artículo 34. Modificación de la Ley 43/2003, de 21 de
noviembre, de Montes.

Artículo 35. Modificación de la Ley 5/2007, de 3 de abril, de
la Red de Parques Nacionales.

Artículo 36. Modificación de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Capítulo II. Servicios de agricultura.

Artículo 37. Modificación de la Ley 3/2001, de 26 de marzo,
de Pesca Marítima del Estado.

Artículo 38. Modificación de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de
Sanidad Animal.

Artículo 39. Modificación de la Ley 30/2006, de 26 de julio, de
Semillas y Plantas de Vivero de Recursos Fitogenéticos.

Título VI. Otras medidas.

Artículo 40. Modificación del Texto Refundido de Tasas
Fiscales aprobado por Decreto 3059/1966, de 1 de diciembre.

Artículo 41. Modificación de la Ley 14/1986, de 25 de abril,
General de Sanidad.

Artículo 42. Modificación del Texto Refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones
legales vigentes sobre la materia, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996,
de 12 de abril.

Artículo 43. Modificación de la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de
Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria.

Artículo 44. Modificación del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de
junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados de
Bienes y Servicios.

Artículo 45. Modificación de la Ley 44/2003, de 21 de
noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias.

Artículo 46. Modificación de la Ley 28/2005, de 26 de
diciembre, de Medidas Sanitarias frente al Tabaquismo y reguladora de la Venta,
el Suministro, el Consumo y la Publicidad de los Productos del Tabaco.

Artículo 47. Modificación de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de
Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios.

Artículo 48. Modificación de la Ley 34/2006, de 30 de octubre,
sobre Acceso a las Profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.

Disposición adicional primera. Organización, celebración y
desarrollo de combinaciones aleatorias con fines publicitarios o
promocionales.

Disposición adicional segunda. Sujetos inscritos en los
registros administrativos en materia de energía eléctrica e hidrocarburos.

Disposición adicional tercera. Asesoramiento técnico en
empresas de menos de diez trabajadores.

Disposición adicional cuarta. Aplicación de los requisitos
previstos para el silencio administrativo desestimatorio regulado en normas
preexistentes.

Disposición adicional quinta. Proyectos que deban someterse a
evaluación de impacto ambiental.

Disposición adicional sexta. Distribución de competencias.

Disposición adicional séptima. Servicios funerarios.

Disposición transitoria primera. Régimen transitorio.

Disposición transitoria segunda. Procedimientos de autorización
de entidades especializadas en materia de prevención de riesgos laborales.

Disposición transitoria tercera. Vigencia de la exigencia de
visado colegial.

Disposición transitoria cuarta. Vigencia de las obligaciones de
colegiación.

Disposición transitoria quinta. Implantación de la ventanilla
única y del servicio de atención a los consumidores y usuarios.

Disposición transitoria sexta. Aprobación del sistema de
gestión de la ventanilla única.

Disposición derogatoria.

Disposición final primera. Título competencial.

Disposición final segunda. Incorporación de Derecho
comunitario.

Disposición final tercera. Habilitación normativa y desarrollo
reglamentario.

Disposición final cuarta. Ley 8/2009, de 28 de agosto, de
financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española.

Disposición final quinta. Entrada en vigor.

PREÁMBULO

I

La Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio, ha incorporado, parcialmente, al
Derecho español, la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, en
adelante la Directiva.

La Ley mencionada adopta un enfoque ambicioso fomentando una
aplicación generalizada de sus principios con objeto de impulsar una mejora
global del marco regulatorio del sector servicios, para así obtener ganancias de
eficiencia, productividad y empleo en los sectores implicados, además de un
incremento de la variedad y calidad de los servicios disponibles para empresas y
ciudadanos.

En efecto, la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio viene a consolidar los
principios regulatorios compatibles con las libertades básicas de
establecimiento y de libre prestación de servicios y al mismo tiempo permite
suprimir las barreras y reducir las trabas que restringen injustificadamente el
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. En particular, dicha Ley
pone énfasis en que los instrumentos de intervención de las Administraciones
Públicas en este sector deben de ser analizados pormenorizadamente y ser
conformes con los principios de no discriminación, de justificación por razones
imperiosas de interés general y de proporcionalidad para atender esas razones.
Por otro lado, exige que se simplifiquen los procedimientos, evitando dilaciones
innecesarias y reduciendo las cargas administrativas a los prestadores de
servicios. Adicionalmente, se refuerzan las garantías de los consumidores y
usuarios de los servicios, al obligar a los prestadores de servicios a actuar
con transparencia tanto respecto a la información que deben proveer como en
materia de reclamaciones.

Ahora bien, como indica el Preámbulo de dicha Ley, para
alcanzar el objetivo de reformar significativamente el marco regulatorio no
basta con el establecimiento de los principios generales que deben regir la
regulación actual y futura de las actividades de servicios, sino que es
necesario proceder a un ejercicio de evaluación de toda la normativa reguladora
del acceso a las actividades de servicios y de su ejercicio, para adecuarla a
los principios que dicha Ley establece.

En este contexto, el objetivo de la presente Ley es doble. En
primer lugar, adapta la normativa estatal de rango legal a lo dispuesto en la
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio, en virtud del mandato contenido en su Disposición
final quinta. En segundo lugar, con objeto de dinamizar en mayor medida el
sector servicios y de alcanzar ganancias de competitividad en relación con
nuestros socios europeos, extiende los principios de buena regulación a sectores
no afectados por la Directiva, siguiendo un enfoque ambicioso que permitirá
contribuir de manera notable a la mejora del entorno regulatorio del sector
servicios y a la supresión efectiva de requisitos o trabas no justificados o
desproporcionados. El entorno regulatorio resultante de la misma, más eficiente,
transparente, simplificado y predecible para los agentes económicos, supondrá un
significativo impulso a la actividad económica.

II

La Ley consta de 48 artículos agrupados en seis títulos, siete
disposiciones adicionales, seis disposiciones transitorias, una disposición
derogatoria y cinco disposiciones finales.

El Título I –«Medidas horizontales»– concreta diversas
modificaciones que afectan de forma genérica a las actividades de servicios. Se
introduce expresamente la figura de comunicación y de declaración responsable y
se generaliza el uso del silencio administrativo positivo. Por otro lado, se
refuerza la normativa de defensa de los consumidores y usuarios en materia de
reclamaciones y se adaptan diversas disposiciones sobre aspectos básicos de la
regulación en materia de servicios profesionales, principalmente en lo que
concierne a los Colegios Profesionales. Finalmente, se adoptan disposiciones
relativas a las empresas y a la cooperación administrativa en el ámbito laboral
y de Seguridad Social.

El Título II –«Servicios industriales y de la construcción»–
adecua la legislación relativa a la seguridad y calidad industrial referente a
los servicios en el área de la instalación y mantenimiento de equipos, favorece
la reducción de cargas administrativas y de trabas desproporcionadas en el
ejercicio de la actividad de las pequeñas y medianas empresas e impulsa la
simplificación de trámites.

El Título III –«Servicios energéticos»– elimina los regímenes
de autorización para el ejercicio de las actividades de comercialización en el
ámbito de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y de la Ley
34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos. También elimina la
obligación de inscripción en el Registro para los comercializadores y
consumidores directos en mercado de electricidad y gas natural. Finalmente, se
eliminan los requisitos prohibidos por la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, de todas las
leyes del sector energético.

El Título IV –«Servicios de transporte y comunicaciones»–
elimina la intervención administrativa en materia de precios en el sector de los
transportes, suprime la autorización administrativa específica para la
instalación de estaciones de transporte y de centros de información y
distribución de cargas, así como para el acceso y ejercicio de las actividades
de arrendamiento de vehículos, que se declara libre.

El Título V –«Servicios medioambientales y de agricultura»–
concreta la eliminación de ocho regímenes de autorización, cinco de los cuales
se sustituyen por declaración responsable, uno por comunicación y dos se
suprimen sin sustituirlos por ningún otro instrumento. Adicionalmente, se
eliminan requisitos prohibidos de carácter discriminatorio así como limitaciones
territoriales y se incluye el principio de concurrencia en la concesión de
autorizaciones cuando se hace uso del dominio público.

El Título VI –«Otras medidas»– especifica las modificaciones en
diversos sectores de los servicios relacionados con el devengo de las tasas de
las combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales, la
distribución e importación de labores del tabaco, las instalaciones de
suministro de productos petrolíferos a vehículos en establecimientos
comerciales, las entidades de gestión de la propiedad intelectual y los
servicios sanitarios.

La Disposición Adicional primera elimina la autorización
administrativa previa para la organización, celebración y desarrollo de
combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales siempre que la
participación del público en estas actividades sea gratuita, de manera que se
flexibilizan los instrumentos de promoción comercial. La Disposición adicional
segunda se refiere a los sujetos ya inscritos en los registros administrativos
en materia de energía eléctrica e hidrocarburos. La Disposición adicional
tercera se dirige a potenciar la asunción personal por el empresario de la
gestión de la actividad preventiva para lo cual contempla un plan de asistencia
técnica al empresario por parte de la Administración. La Disposición adicional
cuarta se refiere a la vigencia del silencio administrativo desestimatorio
regulado en normas con rango de ley o derivadas de la normativa comunitaria
preexistentes. La Disposición adicional quinta subraya la obligación de llevar a
cabo, en su caso, la evaluación de impacto ambiental con carácter previo a la
declaración responsable cuando esta sea la forma de control de la actividad. La
Disposición adicional sexta establece que la presente Ley se ajusta a la
distribución de competencias prevista en la Constitución y en los Estatutos de
Autonomía y la Disposición adicional séptima se refiere a la libertad de
elección de los prestadores de servicios funerarios.

La Disposición transitoria primera establece el régimen
transitorio aplicable a aquellos prestadores autorizados o habilitados para el
ejercicio de una actividad de servicios con anterioridad a la entrada en vigor
de la Ley. La Disposición transitoria segunda otorga un mandato al Ministerio de
Trabajo e Inmigración para adaptar los procedimientos administrativos de
autorización de servicios de prevención ajenos y entidades auditoras. Las
Disposiciones transitorias tercera y cuarta determinan la vigencia de la
exigencia del visado colegial y las obligaciones de colegiación,
respectivamente. La Disposición transitoria quinta se refiere a la implantación
de la ventanilla única y del servicio de atención a los consumidores y usuarios.
La Disposición transitoria sexta hace referencia a la aprobación del sistema de
gestión de la ventanilla única.

La Disposición derogatoria deja sin vigor cuantas disposiciones
de rango legal o reglamentario o estatutos de corporaciones profesionales y
demás normas internas colegiales se opongan a la misma a lo dispuesto en la
Ley.

La Disposición final primera especifica, para cada título y
capítulo, el título competencial por el que se modifica cada norma. La
Disposición final segunda establece que mediante esta Ley se incorpora
parcialmente al Derecho español la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el
mercado interior. La Disposición final tercera contiene las habilitaciones
necesarias para el desarrollo y aplicación de la Ley. La Disposición final
cuarta suprime el apartado 4.º de la Disposición transitoria tercera y el
apartado 5 de la Disposición final primera de la Ley 8/2009, de 28 de
agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española. Por
último, la Disposición final quinta especifica que la Ley entrará en vigor el
día 27 de diciembre de 2009.

TÍTULO I

Medidas horizontales

CAPÍTULO I

Procedimiento administrativo

Artículo 1. Modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, queda modificada como sigue:

Uno. Se añade un nuevo apartado 4 en el artículo 70 bis, con
la siguiente redacción:

«4. Cuando se trate de procedimientos y trámites relativos a
una actividad de servicios y a su ejercicio incluida en el ámbito de aplicación
de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio, los prestadores podrán realizarlos, por
medio de una ventanilla única, por vía electrónica y a distancia, salvo que se
trate de la inspección del lugar o del equipo que se utiliza en la prestación
del servicio.

Asimismo, las Entidades locales garantizarán, dentro del
ámbito de sus competencias, que los prestadores de servicios puedan a través de
la ventanilla única obtener la información y formularios necesarios para el
acceso a una actividad y su ejercicio, y conocer las resoluciones y resto de
comunicaciones de las autoridades competentes en relación con sus solicitudes.
Las Entidades Locales impulsarán la coordinación para la normalización de los
formularios necesarios para el acceso a una actividad y su ejercicio.»

Dos. El artículo 84 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 84.

1. Las Entidades locales podrán intervenir la actividad de
los ciudadanos a través de los siguientes medios:

a) Ordenanzas y bandos.

b) Sometimiento a previa licencia y otros actos de control
preventivo. No obstante, cuando se trate del acceso y ejercicio de actividades
de servicios incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio,
se estará a lo dispuesto en la misma.

c) Sometimiento a comunicación previa o a declaración
responsable, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 bis de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

d) Sometimiento a control posterior al inicio de la actividad,
a efectos de verificar el cumplimiento de la normativa reguladora de la
misma.

e) Órdenes individuales constitutivas de mandato para la
ejecución de un acto o la prohibición del mismo.

2. La actividad de intervención de las Entidades locales se
ajustará, en todo caso, a los principios de igualdad de trato, necesidad y
proporcionalidad con el objetivo que se persigue.

3. Las licencias o autorizaciones otorgadas por otras
Administraciones Públicas no eximen a sus titulares de obtener las
correspondientes licencias de las Entidades locales, respetándose en todo caso
lo dispuesto en las correspondientes leyes sectoriales.»

Artículo 2. Modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
modifica del siguiente modo:

Uno. Se añade un nuevo artículo 39 bis, con la siguiente
redacción:

«Artículo 39 bis. Principios de intervención de las
Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad.

1. Las Administraciones Públicas que en el ejercicio de sus
respectivas competencias establezcan medidas que limiten el ejercicio de
derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para
el desarrollo de una actividad, deberán elegir la medida menos restrictiva,
motivar su necesidad para la protección del interés público así como justificar
su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se
produzcan diferencias de trato discriminatorias.

2. Las Administraciones Públicas velarán por el cumplimiento
de los requisitos aplicables según la legislación correspondiente, para lo cual
podrán comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los hechos, actos,
elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias que se
produzcan.»

Dos. El artículo 43 queda redactado en los siguientes
términos:

«Artículo 43. Silencio administrativo en
procedimientos iniciados a solicitud del interesado.

1. En los procedimientos iniciados a solicitud del
interesado, sin perjuicio de la resolución que la Administración debe
dictar en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo, el
vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima
al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla
estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una
norma con rango de ley por razones imperiosas de interés general o una norma de
Derecho comunitario establezcan lo contrario.

Asimismo, el silencio tendrá efecto desestimatorio en los
procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se refiere
el artículo 29 de la Constitución, aquellos cuya estimación tuviera como
consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades
relativas al dominio público o al servicio público, así como los procedimientos
de impugnación de actos y disposiciones. No obstante, cuando el recurso de
alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo
de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si,
llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase
resolución expresa sobre el mismo.

2. La estimación por silencio administrativo tiene a todos los
efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento.
La desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir
a los interesados la interposición del recurso administrativo o
contencioso-administrativo que resulte procedente.

3. La obligación de dictar resolución expresa a que se refiere
el apartado primero del artículo 42 se sujetará al siguiente régimen:

a) En los casos de estimación por silencio administrativo,
la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de
ser confirmatoria del mismo.

b) En los casos de desestimación por silencio administrativo,
la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la
Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio.

4. Los actos administrativos producidos por silencio
administrativo se podrán hacer valer tanto ante la Administración como ante
cualquier persona física o jurídica, pública o privada. Los mismos producen
efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y
notificarse la resolución expresa sin que la misma se haya producido, y su
existencia puede ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido en
Derecho, incluido el certificado acreditativo del silencio producido que pudiera
solicitarse del órgano competente para resolver. Solicitado el certificado, éste
deberá emitirse en el plazo máximo de quince días.»

Tres. Se añade un nuevo artículo 71 bis con la siguiente
redacción:

«Artículo 71 bis. Declaración responsable y
comunicación previa.

1. A los efectos de esta Ley, se entenderá por declaración
responsable el documento suscrito por un interesado en el que manifiesta, bajo
su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa
vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su
ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se
compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a
dicho reconocimiento o ejercicio.

Los requisitos a los que se refiere el párrafo anterior
deberán estar recogidos de manera expresa, clara y precisa en la correspondiente
declaración responsable.

2. A los efectos de esta Ley, se entenderá por comunicación
previa aquel documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de
la Administración Pública competente sus datos identificativos y demás
requisitos exigibles para el ejercicio de un derecho o el inicio de una
actividad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 70.1.

3. Las declaraciones responsables y las comunicaciones previas
producirán los efectos que se determinen en cada caso por la legislación
correspondiente y permitirán, con carácter general, el reconocimiento o
ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad, desde el día de su
presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e
inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la
comunicación podrá presentarse dentro de un plazo posterior al inicio de la
actividad cuando la legislación correspondiente lo prevea expresamente.

4. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial,
en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una
declaración responsable o a una comunicación previa, o la no presentación ante
la Administración competente de la declaración responsable o comunicación
previa, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o
actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos,
sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que
hubiera lugar.

Asimismo, la resolución de la Administración Pública que
declare tales circunstancias podrá determinar la obligación del interesado de
restituir la situación jurídica al momento previo al reconocimiento o al
ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la
imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un
periodo de tiempo determinado, todo ello conforme a los términos establecidos en
las normas sectoriales de aplicación.

5. Las Administraciones Públicas tendrán permanentemente
publicados y actualizados modelos de declaración responsable y de comunicación
previa, los cuales se facilitarán de forma clara e inequívoca y que, en todo
caso, se podrán presentar a distancia y por vía electrónica.»

Artículo 3. Modificación de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los
ciudadanos a los Servicios Públicos, queda modificada como sigue:

Uno. El apartado 3 del artículo 6 queda redactado en los
siguientes términos:

«3. En particular, en los procedimientos relativos al acceso
a una actividad de servicios y su ejercicio, los ciudadanos tienen derecho a la
realización de la tramitación a través de una ventanilla única, por vía
electrónica y a distancia, y a la obtención de la siguiente información a través
de medios electrónicos, que deberá ser clara e inequívoca:

a) Los requisitos aplicables a los prestadores establecidos
en territorio español, en especial los relativos a los procedimientos y trámites
necesarios para acceder a las actividades de servicio y para su ejercicio.

b) Los datos de las autoridades competentes en las materias
relacionadas con las actividades de servicios, así como los datos de las
asociaciones y organizaciones distintas de las autoridades competentes a las que
los prestadores o destinatarios puedan dirigirse para obtener asistencia o
ayuda.

c) Los medios y condiciones de acceso a los registros y bases
de datos públicos relativos a prestadores de actividades de servicios.

d) Las vías de reclamación y recurso en caso de litigio entre
las autoridades competentes y el prestador o el destinatario, o entre un
prestador y un destinatario, o entre prestadores.»

Dos. Se añade una nueva letra c) al apartado 2 del artículo
40 con la siguiente redacción:

«c) Asegurar la cooperación entre las administraciones
públicas para proporcionar al ciudadano información administrativa clara,
actualizada e inequívoca.»

CAPÍTULO II

Consumidores y usuarios de los servicios

Artículo 4. Modificación del Texto Refundido de la Ley General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

El Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, se modifica del siguiente modo:

Uno. Se añaden dos nuevos apartados al artículo 21, con la
siguiente redacción:

«3. En todo caso, y con pleno respeto a lo dispuesto en los
apartados precedentes, los prestadores de servicios pondrán a disposición de los
consumidores y usuarios información sobre la dirección postal, número de
teléfono y número de fax o dirección de correo electrónico en la que el
consumidor o usuario, cualquiera que sea su lugar de residencia, pueda
interponer sus quejas y reclamaciones o solicitar información sobre el servicio
ofertado o contratado. Los prestadores comunicarán su dirección legal si esta no
coincide con su dirección habitual para la correspondencia.

Los prestadores de servicios deberán dar respuesta a las
reclamaciones recibidas en el plazo más breve posible y en todo caso en el plazo
máximo de un mes desde la presentación de la reclamación. En caso de que en
dicho plazo ésta no hubiera sido resuelta satisfactoriamente, los prestadores de
servicios adheridos a un sistema extrajudicial de resolución de conflictos
facilitarán al usuario el acceso al mismo cuando éste reúna los requisitos
previstos en la Recomendación 98/257/CE de la Comisión, de 30 de marzo relativa
a los principios aplicables a los órganos responsables de la solución
extrajudicial de los litigios en materia de consumo y en la Recomendación
2001/310/CE de la Comisión, de 4 de abril de 2001, relativa a los principios
aplicables a los órganos extrajudiciales de resolución consensual de litigios en
materia de consumo o normativa que resulte de aplicación y, como tales, hayan
sido notificados a la red comunitaria de órganos nacionales de la solución
extrajudicial de litigios en materia de consumo.

4. Los empresarios a que se refiere el apartado anterior y
aquellos que estén adheridos a códigos de conducta, incluidos los elaborados a
escala comunitaria, o sean miembros de asociaciones u organismos profesionales
que ofrezcan sistemas extrajudiciales de resolución de conflictos que reúnan los
requisitos previstos en el apartado anterior, indicarán en las ofertas
comerciales que presenten de forma detallada sus servicios, el sistema
extrajudicial de resolución de conflictos que ofrecen a los consumidores y
usuarios, el modo de obtener información sobre sus características y la forma de
acceder a dicho sistema extrajudicial.»

Dos. Se añade al artículo 49.1 una nueva letra k), pasando el
actual contenido de ésta a la letra l):

«k) La negativa a satisfacer las demandas del consumidor o
usuario, cualquiera que sea su nacionalidad o lugar de residencia, cuando su
satisfacción esté dentro de las disponibilidades del empresario, así como
cualquier forma de discriminación con respecto a las referidas demandas, sin que
ello menoscabe la posibilidad de establecer diferencias en las condiciones de
acceso directamente justificadas por criterios objetivos.»

Tres. Se añade al artículo 60.2, una nueva letra h), que
queda redactada en los siguientes términos:

«h) La dirección completa en la que el consumidor o usuario
puede presentar sus quejas y reclamaciones, así como, en su caso, la información
sobre el sistema extrajudicial de resolución de conflictos prevista en el
artículo 21.4.»

CAPÍTULO III

Servicios profesionales

Artículo 5. Modificación de la Ley 2/1974, de 13 de febrero,
sobre Colegios Profesionales.

La Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios
Profesionales, queda modificada en los siguientes términos:

Uno. El apartado 3 del artículo 1 queda redactado en los
siguientes términos:

«3. Son fines esenciales de estas Corporaciones la
ordenación del ejercicio de las profesiones, la representación institucional
exclusiva de las mismas cuando estén sujetas a colegiación obligatoria, la
defensa de los intereses profesionales de los colegiados y la protección de los
intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus colegiados,
todo ello sin perjuicio de la competencia de la Administración Pública por razón
de la relación funcionarial.»

Dos. El apartado 4 del artículo 2 queda redactado como
sigue:

«4. Los acuerdos, decisiones y recomendaciones de los
Colegios observarán los límites de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de
la Competencia.»

Tres. Se introduce un nuevo apartado 5 en el artículo 2, con
la siguiente redacción:

«5. En todo caso, los requisitos que obliguen a ejercer de
forma exclusiva una profesión o que limiten el ejercicio conjunto de dos o más
profesiones, serán sólo los que se establezcan por ley.

Los Estatutos de los Colegios, o los códigos deontológicos que
en su caso aprueben los Colegios, podrán contemplar previsiones expresas
dirigidas a exigir a los profesionales colegiados que su conducta en materia de
comunicaciones comerciales sea ajustada a lo dispuesto en la ley, con la
finalidad de salvaguardar la independencia e integridad de la profesión, así
como, en su caso, el secreto profesional.»

Cuatro. Se introduce un nuevo apartado 6 en el artículo 2,
con la siguiente redacción:

«6. El ejercicio profesional en forma societaria se regirá
por lo previsto en las leyes. En ningún caso los colegios profesionales ni sus
organizaciones colegiales podrán, por sí mismos o través de sus estatutos o el
resto de la normativa colegial, establecer restricciones al ejercicio
profesional en forma societaria.»

Cinco. El artículo 3 queda redactado en los siguientes
términos:

«Artículo 3. Colegiación.

1. Quien ostente la titulación requerida y reúna las
condiciones señaladas estatutariamente tendrá derecho a ser admitido en el
Colegio Profesional que corresponda.

2. Será requisito indispensable para el ejercicio de las
profesiones hallarse incorporado al Colegio Profesional correspondiente cuando
así lo establezca una ley estatal. La cuota de inscripción o colegiación no
podrá superar en ningún caso los costes asociados a la tramitación de la
inscripción. Los Colegios dispondrán los medios necesarios para que los
solicitantes puedan tramitar su colegiación por vía telemática, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 10 de esta Ley.

3. Cuando una profesión se organice por colegios
territoriales, bastará la incorporación a uno solo de ellos, que será el del
domicilio profesional único o principal, para ejercer en todo el territorio
español. A estos efectos, cuando en una profesión sólo existan colegios
profesionales en algunas Comunidades Autónomas, los profesionales se regirán por
la legislación del lugar donde tengan establecido su domicilio profesional único
o principal, lo que bastará para ejercer en todo el territorio español.

Los Colegios no podrán exigir a los profesionales que ejerzan
en un territorio diferente al de colegiación comunicación ni habilitación alguna
ni el pago de contraprestaciones económicas distintas de aquellas que exijan
habitualmente a sus colegiados por la prestación de los servicios de los que
sean beneficiarios y que no se encuentren cubiertos por la cuota colegial.

En los supuestos de ejercicio profesional en territorio
distinto al de colegiación, a los efectos de ejercer las competencias de
ordenación y potestad disciplinaria que corresponden al Colegio del territorio
en el que se ejerza la actividad profesional, en beneficio de los consumidores y
usuarios, los Colegios deberán utilizar los oportunos mecanismos de comunicación
y los sistemas de cooperación administrativa entre autoridades competentes
previstos en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio. Las sanciones impuestas, en su caso,
por el Colegio del territorio en el que se ejerza la actividad profesional
surtirán efectos en todo el territorio español.

4. En el caso de desplazamiento temporal de un profesional de
otro Estado miembro de la Unión Europea, se estará a lo dispuesto en la
normativa vigente en aplicación del Derecho comunitario relativa al
reconocimiento de cualificaciones.»

Seis. La letra a) del artículo 5 pasa a tener el siguiente
contenido:

«a) Cuantas funciones redunden en beneficio de la protección
de los intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de sus
colegiados.»

Siete. Se suprime la letra ñ) del artículo 5, que queda sin
contenido.

Ocho. La letra q) del artículo 5 queda redactada como
sigue:

«q) Visar los trabajos profesionales de los colegiados en
los términos previstos en el artículo 13.»

Nueve. La actual letra u) pasa a ser la letra x) y se
introduce una nueva letra, la u) en el artículo 5, con la siguiente
redacción:

«u) Atender las solicitudes de información sobre sus
colegiados y sobre las sanciones firmes a ellos impuestas, así como las
peticiones de inspección o investigación que les formule cualquier autoridad
competente de un Estado miembro de la Unión Europea en los términos previstos en
la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio, en particular, en lo que se refiere a que las
solicitudes de información y de realización de controles, inspecciones e
investigaciones estén debidamente motivadas y que la información obtenida se
emplee únicamente para la finalidad para la que se solicitó.»

Diez. Se añade un nuevo artículo 10, con la siguiente
redacción:

«Artículo 10. Ventanilla única.

1. Las organizaciones colegiales dispondrán de una página
web para que, a través de la ventanilla única prevista en la Ley 17/2009, de 23
de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, los profesionales puedan realizar todos los trámites necesarios para
la colegiación, su ejercicio y su baja en el Colegio, a través de un único
punto, por vía electrónica y a distancia. Concretamente, las organizaciones
colegiales harán lo necesario para que, a través de esta ventanilla única, los
profesionales puedan de forma gratuita:

a) Obtener toda la información y formularios necesarios para
el acceso a la actividad profesional y su ejercicio.

b) Presentar toda la documentación y solicitudes necesarias,
incluyendo la de la colegiación.

c) Conocer el estado de tramitación de los procedimientos en
los que tenga consideración de interesado y recibir la correspondiente
notificación de los actos de trámite preceptivos y la resolución de los mismos
por el Colegio, incluida la notificación de los expedientes disciplinarios
cuando no fuera posible por otros medios.

d) Convocar a los colegiados a las Juntas Generales Ordinarias
y Extraordinarias y poner en su conocimiento la actividad pública y privada del
Colegio Profesional.

2. A través de la referida ventanilla única, para la mejor
defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, las organizaciones
colegiales ofrecerán la siguiente información, que deberá ser clara, inequívoca
y gratuita:

a) El acceso al Registro de colegiados, que estará
permanentemente actualizado y en el que constarán, al menos, los siguientes
datos: nombre y apellidos de los profesionales colegiados, número de
colegiación, títulos oficiales de los que estén en posesión, domicilio
profesional y situación de habilitación profesional.

b) El acceso al registro de sociedades profesionales, que
tendrá el contenido descrito en el artículo 8 de la Ley 2/2007, de 15 de marzo,
de sociedades profesionales.

c) Las vías de reclamación y los recursos que podrán
interponerse en caso de conflicto entre el consumidor o usuario y un colegiado o
el colegio profesional.

d) Los datos de las asociaciones u organizaciones de
consumidores y usuarios a las que los destinatarios de los servicios
profesionales pueden dirigirse para obtener asistencia.

e) El contenido de los códigos deontológicos.

3. Las corporaciones colegiales deberán adoptar las medidas
necesarias para el cumplimiento de lo previsto en este artículo e incorporar
para ello las tecnologías precisas y crear y mantener las plataformas
tecnológicas que garanticen la interoperabilidad entre los distintos sistemas y
la accesibilidad de las personas con discapacidad. Para ello, los colegios
profesionales y, en su caso, los Consejos Generales y autonómicos podrán poner
en marcha los mecanismos de coordinación y colaboración necesarios, inclusive
con las corporaciones de otras profesiones.

4. Los Colegios profesionales de ámbito territorial
facilitarán a los Consejos Generales o Superiores, y en su caso a los Consejos
Autonómicos de Colegios, la información concerniente a las altas, bajas y
cualesquiera otras modificaciones que afecten a los Registros de colegiados y de
sociedades profesionales, para su conocimiento y anotación en los Registros
centrales de colegiados y de sociedades profesionales de aquéllos.»

Once. Se añade un nuevo artículo 11, con la siguiente
redacción:

«Artículo 11. Memoria Anual.

1. Las organizaciones colegiales estarán sujetas al
principio de transparencia en su gestión. Para ello, cada una de ellas deberá
elaborar una Memoria Anual que contenga al menos la información siguiente:

a) Informe anual de gestión económica, incluyendo los gastos
de personal suficientemente desglosados y especificando las retribuciones de los
miembros de la Junta de Gobierno en razón de su cargo.

b) Importe de las cuotas aplicables desglosadas por concepto y
por el tipo de servicios prestados, así como las normas para su cálculo y
aplicación.

c) Información agregada y estadística relativa a los
procedimientos informativos y sancionadores en fase de instrucción o que hayan
alcanzado firmeza, con indicación de la infracción a la que se refieren, de su
tramitación y de la sanción impuesta en su caso, de acuerdo, en todo caso, con
la legislación en materia de protección de datos de carácter personal.

d) Información agregada y estadística relativa a quejas y
reclamaciones presentadas por los consumidores o usuarios o sus organizaciones
representativas, así como sobre su tramitación y, en su caso, de los motivos de
estimación o desestimación de la queja o reclamación, de acuerdo, en todo caso,
con la legislación en materia de protección de datos de carácter personal.

e) Los cambios en el contenido de sus códigos deontológicos,
en caso de disponer de ellos.

f) Las normas sobre incompatibilidades y las situaciones de
conflicto de intereses en que se encuentren los miembros de las Juntas de
Gobierno.

g) Información estadística sobre la actividad de visado.

Cuando proceda, los datos se presentarán desagregados
territorialmente por corporaciones.

2. La Memoria Anual deberá hacerse pública a través de la
página web en el primer semestre de cada año.

3. El Consejo General hará pública, junto a su Memoria, la
información estadística a la que hace referencia el apartado uno de este
artículo de forma agregada para el conjunto de la organización colegial.

4. A los efectos de cumplimentar la previsión del apartado
anterior, los Consejos Autonómicos y los Colegios Territoriales facilitarán a
sus Consejos Generales o Superiores la información necesaria para elaborar la
Memoria Anual.»

Doce. Se añade un nuevo artículo 12, con la siguiente
redacción:

«Artículo 12. Servicio de atención a los colegiados y
a los consumidores o usuarios.

1. Los Colegios Profesionales deberán atender las quejas o
reclamaciones presentadas por los colegiados.

2. Asimismo, los Colegios Profesionales dispondrán de un
servicio de atención a los consumidores o usuarios, que necesariamente tramitará
y resolverá cuantas quejas y reclamaciones referidas a la actividad colegial o
profesional de los colegiados se presenten por cualquier consumidor o usuario
que contrate los servicios profesionales, así como por asociaciones y
organizaciones de consumidores y usuarios en su representación o en defensa de
sus intereses.

3. Los Colegios Profesionales, a través de este servicio de
atención a los consumidores o usuarios, resolverán sobre la queja o reclamación
según proceda: bien informando sobre el sistema extrajudicial de resolución de
conflictos, bien remitiendo el expediente a los órganos colegiales competentes
para instruir los oportunos expedientes informativos o disciplinarios, bien
archivando o bien adoptando cualquier otra decisión conforme a derecho.

4. La regulación de este servicio deberá prever la
presentación de quejas y reclamaciones por vía electrónica y a distancia.»

Trece. Se añade un nuevo artículo 13, con la siguiente
redacción:

«Artículo 13. Visado.

1. Los Colegios de profesiones técnicas visarán los trabajos
profesionales en su ámbito de competencia únicamente cuando se solicite por
petición expresa de los clientes, incluidas las Administraciones Públicas cuando
actúen como tales, o cuando así lo establezca el Gobierno mediante Real Decreto,
previa consulta a los colegiados afectados, de acuerdo con los siguientes
criterios:

a) Que sea necesario por existir una relación de causalidad
directa entre el trabajo profesional y la afectación a la integridad física y
seguridad de las personas.

b) Que se acredite que el visado es el medio de control más
proporcionado.

En ningún caso, los Colegios, por sí mismos o a través de
sus previsiones estatutarias, podrán imponer la obligación de visar los trabajos
profesionales.

2. El objeto del visado es comprobar, al menos:

a) La identidad y habilitación profesional del autor del
trabajo, utilizando para ello los registros de colegiados previstos en el
artículo 10.2.

b) La corrección e integridad formal de la documentación del
trabajo profesional de acuerdo con la normativa aplicable al trabajo del que se
trate.

En todo caso, el visado expresará claramente cuál es su
objeto, detallando qué extremos son sometidos a control e informará sobre la
responsabilidad que, de acuerdo con lo previsto en el apartado siguiente, asume
el Colegio. En ningún caso comprenderá los honorarios ni las demás condiciones
contractuales, cuya determinación queda sujeta al libre acuerdo entre las
partes, ni tampoco comprenderá el control técnico de los elementos facultativos
del trabajo profesional.

3. En caso de daños derivados de un trabajo profesional que
haya visado el Colegio, en el que resulte responsable el autor del mismo, el
Colegio responderá subsidiariamente de los daños que tengan su origen en
defectos que hubieran debido ser puestos de manifiesto por el Colegio al visar
el trabajo profesional, y que guarden relación directa con los elementos que se
han visado en ese trabajo concreto.

4. Cuando el visado colegial sea preceptivo, su coste será
razonable, no abusivo ni discriminatorio. Los Colegios harán públicos los
precios de los visados de los trabajos, que podrán tramitarse por vía
telemática.»

Catorce. Se añade un nuevo artículo 14 con la siguiente
redacción:

«Artículo 14. Prohibición de recomendaciones sobre
honorarios.

Los Colegios Profesionales y sus organizaciones colegiales
no podrán establecer baremos orientativos ni cualquier otra orientación,
recomendación, directriz, norma o regla sobre honorarios profesionales, salvo lo
establecido en la Disposición adicional cuarta.»

Quince. Se añade un nuevo artículo 15, con la siguiente
redacción:

«Artículo 15. Igualdad de trato y no
discriminación.

El acceso y ejercicio a profesiones colegiadas se regirá por
el principio de igualdad de trato y no discriminación, en particular por razón
de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u
orientación sexual, en los términos de la Sección III del Capítulo III del
Título II de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social.»

Dieciséis. Se añade una nueva Disposición adicional tercera,
con la siguiente redacción:

«Disposición adicional tercera. La organización
colegial.

1. Se entiende por organización colegial el conjunto de
corporaciones colegiales de una determinada profesión.

2. Son corporaciones colegiales el Consejo General o Superior
de Colegios, los Colegios de ámbito estatal, los Consejos Autonómicos de
Colegios y los Colegios Profesionales.»

Diecisiete. Se añade una nueva Disposición adicional cuarta,
con la siguiente redacción:

«Disposición adicional cuarta. Valoración de los
Colegios para la tasación de costas.

Los Colegios podrán elaborar criterios orientativos a los
exclusivos efectos de la tasación de costas y de la jura de cuentas de los
abogados.

Dichos criterios serán igualmente válidos para el cálculo de
honorarios y derechos que corresponden a los efectos de tasación de costas en
asistencia jurídica gratuita.»

Dieciocho. Se añade una nueva Disposición adicional quinta,
con la siguiente redacción:

«Disposición adicional quinta. Facultad de control
documental de las Administraciones Públicas.

Lo previsto en esta Ley no afecta a la capacidad que tienen
las Administraciones Públicas, en ejercicio de su autonomía organizativa y en el
ámbito de sus competencias, para decidir caso por caso para un mejor
cumplimiento de sus funciones, establecer con los Colegios Profesionales u otras
entidades los convenios o contratar los servicios de comprobación documental,
técnica o sobre el cumplimiento de la normativa aplicable que consideren
necesarios relativos a los trabajos profesionales.»

Artículo 6. Modificación de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de
sociedades profesionales.

La Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales,
queda modificada en los siguientes términos:

Uno. Se modifica el artículo 3, que queda redactado en los
siguientes términos:

«Artículo 3. Sociedades multidisciplinares.

Las sociedades profesionales podrán ejercer varias
actividades profesionales, siempre que su desempeño no se haya declarado
incompatible por norma de rango legal.»

Dos. Se modifica el artículo 4, que queda redactado en los
siguientes términos:

«Artículo 4. Composición.

1. Son socios profesionales:

a) Las personas físicas que reúnan los requisitos exigidos
para el ejercicio de la actividad profesional que constituye el objeto social y
que la ejerzan en el seno de la misma.

b) Las sociedades profesionales debidamente inscritas en los
respectivos Colegios Profesionales que, constituidas con arreglo a lo dispuesto
en la presente Ley, participen en otra sociedad profesional.

2. Como mínimo, la mayoría del capital y de los derechos de
voto, o la mayoría del patrimonio social y del número de socios en las
sociedades no capitalistas, habrán de pertenecer a socios profesionales.

3. Igualmente habrán de ser socios profesionales como mínimo
la mitad más uno de los miembros de los órganos de administración, en su caso,
de las sociedades profesionales. Si el órgano de administración fuere
unipersonal, o si existieran consejeros delegados, dichas funciones habrán de
ser desempeñadas necesariamente por un socio profesional. En todo caso, las
decisiones de los órganos de administración colegiados requerirán el voto
favorable de la mayoría de socios profesionales, con independencia del número de
miembros concurrentes.

4. No podrán ser socios profesionales las personas en las que
concurra causa de incompatibilidad para el ejercicio de la profesión o
profesiones que constituyan el objeto social, ni aquellas que se encuentren
inhabilitadas para dicho ejercicio en virtud de resolución judicial o
corporativa.

5. Estos requisitos deberán cumplirse a lo largo de toda la
vida de la sociedad profesional, constituyendo causa de disolución obligatoria
su incumplimiento sobrevenido, a no ser que la situación se regularice en el
plazo máximo de seis meses contados desde el momento en que se produjo el
incumplimiento.

6. Los socios profesionales únicamente podrán otorgar su
representación a otros socios profesionales para actuar en el seno de los
órganos sociales.»

Tres. Se modifica el apartado 3 del artículo 9, que queda
redactado en los siguientes términos:

«3. En los trabajos profesionales que se sometan a visado,
éste se expedirá a favor de la sociedad profesional o del profesional o
profesionales colegiados que se responsabilicen del trabajo.»

Cuatro. Se añade una Disposición adicional séptima, con la
siguiente redacción:

«Disposición adicional séptima. Sociedades
profesionales de países comunitarios.

Serán reconocidas en España como sociedades profesionales
las constituidas como tales de conformidad con la legislación de un Estado
miembro de la Unión Europea y cuya sede social, administración central y centro
de actividad principal se encuentre en el territorio de un Estado miembro,
siempre que hayan cumplido los requisitos previstos, en su caso, en dicho país
comunitario para actuar como sociedades profesionales.

La prestación de servicios o el establecimiento en España de
las sociedades antes referidas se ajustará a lo previsto en la normativa que
regula el reconocimiento de cualificaciones profesionales y, en su caso, en la
normativa específica sobre establecimiento o ejercicio de profesionales
comunitarios, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa española aplicable
sobre el ejercicio de la actividad en términos compatibles con el Derecho
comunitario.»

Cinco. Se modifica la Disposición final segunda, que queda
redactada del siguiente modo:

«Disposición final segunda. Habilitación
normativa.

1. Se autoriza al Consejo de Ministros para dictar cuantas
disposiciones de aplicación y desarrollo de la presente Ley sean necesarias.

2. También se autoriza al Consejo de Ministros para dictar las
disposiciones reglamentarias que sean precisas para adaptar la normativa sobre
establecimiento o ejercicio de profesionales comunitarios a la naturaleza
societaria del prestador de los servicios.»

CAPÍTULO IV

Actuaciones relativas a las empresas en el ámbito laboral
y de Seguridad Social

Artículo 7. Modificación del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de
marzo, de medidas urgentes administrativas, financieras, fiscales y
laborales.

Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 6 del Real
Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo, de medidas urgentes administrativas,
financieras, fiscales y laborales, que queda redactado como sigue:

«1. Queda suprimido el requisito de la previa autorización
para proceder a la apertura de un centro de trabajo o para reanudar o proseguir
los trabajos después de efectuar alteraciones, ampliaciones o transformaciones
de importancia, previsto en el artículo 187.1 del Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobado por Decreto 2065/1974, de 30 de
mayo.

En adelante, será suficiente la comunicación de la apertura
del centro de trabajo o de la reanudación de los trabajos debidamente
documentados y ajustados al Ordenamiento Jurídico, con carácter previo o dentro
de los treinta días siguientes a la apertura, a la autoridad laboral competente,
quien la pondrá en conocimiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a
los efectos previstos en el Convenio 81 de la OIT de 11 de julio de
1947.»

Dos. Se añade un apartado 3 en el artículo 6 del Real
Decreto-ley 1/1986, de 14 de marzo, de Medidas Urgentes Administrativas,
Financieras, Fiscales y Laborales, con la siguiente redacción:

«3. En las obras de construcción incluidas en el ámbito de
aplicación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción, la comunicación de apertura del centro de trabajo deberá ser
previa al comienzo de los trabajos y se efectuará únicamente por los empresarios
que tengan la condición de contratistas con arreglo a la indicada Ley. El
promotor deberá velar por el cumplimiento de la obligación impuesta al
contratista.»

Artículo 8. Modificación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevención de Riesgos Laborales.

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, queda modificada en los siguientes términos:

Uno. Se añade un nuevo apartado 5 en el artículo 5, con la
siguiente redacción:

«5. La política en materia de prevención de riesgos
laborales deberá promover la integración eficaz de la prevención de riesgos
laborales en el sistema de gestión de la empresa.

Igualmente, la política en materia de seguridad y salud en el
trabajo tendrá en cuenta las necesidades y dificultades específicas de las
pequeñas y medianas empresas. A tal efecto, en el procedimiento de elaboración
de las disposiciones de carácter general en materia de prevención de riesgos
laborales deberá incorporarse un informe sobre su aplicación en las pequeñas y
medianas empresas que incluirá, en su caso, las medidas particulares que para
éstas se contemplen.»

Dos. Se añade un nuevo apartado 2 bis en el artículo 16, con
la siguiente redacción:

«2 bis. Las empresas, en atención al número de trabajadores
y a la naturaleza y peligrosidad de las actividades realizadas, podrán realizar
el plan de prevención de riesgos laborales, la evaluación de riesgos y la
planificación de la actividad preventiva de forma simplificada, siempre que ello
no suponga una reducción del nivel de protección de la seguridad y salud de los
trabajadores y en los términos que reglamentariamente se determinen.»

Tres. El apartado 5 del artículo 30 queda modificado en los
siguientes términos:

«5. En las empresas de hasta diez trabajadores, el
empresario podrá asumir personalmente las funciones señaladas en el apartado 1,
siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en el centro de trabajo y
tenga la capacidad necesaria, en función de los riesgos a que estén expuestos
los trabajadores y la peligrosidad de las actividades, con el alcance que se
determine en las disposiciones a que se refiere el artículo 6.1.e) de esta
Ley.»

Cuatro. Se añade un nuevo apartado 7 en el artículo 30, con
la siguiente redacción:

«7. Las personas o entidades especializadas que pretendan
desarrollar la actividad de auditoría del sistema de prevención habrán de contar
con una única autorización de la autoridad laboral, que tendrá validez en todo
el territorio español. El vencimiento del plazo máximo del procedimiento de
autorización sin haberse notificado resolución expresa al interesado permitirá
entender desestimada la solicitud por silencio administrativo, con el objeto de
garantizar una adecuada protección de los trabajadores.»

Cinco. El apartado 3 del artículo 31 queda modificado en los
siguientes términos:

«3. Los servicios de prevención deberán estar en condiciones
de proporcionar a la empresa el asesoramiento y apoyo que precise en función de
los tipos de riesgo en ella existentes y en lo referente a:

a) El diseño, implantación y aplicación de un plan de
prevención de riesgos laborales que permita la integración de la prevención en
la empresa.

b) La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar
a la seguridad y la salud de los trabajadores en los términos previstos en el
artículo 16 de esta Ley.

c) La planificación de la actividad preventiva y la
determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas y la
vigilancia de su eficacia.

d) La información y formación de los trabajadores, en los
términos previstos en los artículos 18 y 19 de esta Ley.

e) La prestación de los primeros auxilios y planes de
emergencia.

f) La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación
con los riesgos derivados del trabajo.

Si la empresa no llevara a cabo las actividades preventivas
con recursos propios, la asunción de las funciones respecto de las materias
descritas en este apartado sólo podrá hacerse por un servicio de prevención
ajeno. Lo anterior se entenderá sin perjuicio de cualquiera otra atribución
legal o reglamentaria de competencia a otras entidades u organismos respecto de
las materias indicadas.»

Seis. El apartado 5 del artículo 31 queda modificado en los
siguientes términos:

«5. Para poder actuar como servicios de prevención, las
entidades especializadas deberán ser objeto de una acreditación por la autoridad
laboral, que será única y con validez en todo el territorio español, mediante la
comprobación de que reúnen los requisitos que se establezcan reglamentariamente
y previa aprobación de la autoridad sanitaria en cuanto a los aspectos de
carácter sanitario.

Entre estos requisitos, las entidades especializadas deberán
suscribir una póliza de seguro que cubra su responsabilidad en la cuantía que se
determine reglamentariamente y sin que aquella constituya el límite de la
responsabilidad del servicio.»

Siete. Se añade un nuevo apartado 6 al artículo 31, con la
siguiente redacción:

«6. El vencimiento del plazo máximo del procedimiento de
acreditación sin haberse notificado resolución expresa al interesado permitirá
entender desestimada la solicitud por silencio administrativo, con el objeto de
garantizar una adecuada protección de los trabajadores.»

Ocho. La letra a) del apartado 1 del artículo 39, queda
modificada en los siguientes términos:

«a) Participar en la elaboración, puesta en práctica y
evaluación de los planes y programas de prevención de riesgos de la empresa. A
tal efecto, en su seno se debatirán, antes de su puesta en práctica y en lo
referente a su incidencia en la prevención de riesgos, la elección de la
modalidad organizativa de la empresa y, en su caso, la gestión realizada por las
entidades especializadas con las que la empresa hubiera concertado la
realización de actividades preventivas; los proyectos en materia de
planificación, organización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías,
organización y desarrollo de las actividades de protección y prevención a que se
refiere el artículo 16 de esta Ley y proyecto y organización de la formación en
materia preventiva;»

Nueve. Se añade una Disposición adicional decimosexta, con la
siguiente redacción:

«Disposición adicional decimosexta. Acreditación de
la formación.

Las entidades públicas o privadas que pretendan desarrollar
actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales de las
previstas en la Disposición transitoria tercera del Real Decreto 39/1997, de 17
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención,
deberán acreditar su capacidad mediante una declaración responsable ante la
autoridad laboral competente sobre el cumplimiento de los requisitos que se
determinen reglamentariamente.»

Artículo 9. Modificación de la Ley 42/1997, de 14 de
noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

La Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social, queda modificada del siguiente modo:

Uno. Se añade un nuevo apartado 12 bis al artículo 7, con la
siguiente redacción:

«12 bis En los supuestos en que la actuación inspectora
afecte a empresas establecidas en otros Estados miembros de la Unión Europea y
de que los hechos comprobados puedan ser sancionados por el Estado miembro de
origen de la empresa, estos hechos podrán ponerse en conocimiento de la
autoridad competente del otro país para que inicie el procedimiento sancionador,
sin perjuicio de que pueda adoptar otras medidas que considere pertinentes.»

Dos. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 10, con la
siguiente redacción:

«4. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá
prestar ayuda y colaboración a las autoridades de la Unión Europea con
competencias equivalentes.»

Tres. El artículo 14 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 14. Modalidades y documentación de la
actuación inspectora.

1. La actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social se desarrollará mediante visita a los centros o lugares de trabajo, sin
necesidad de aviso previo; mediante requerimiento de comparecencia ante el
funcionario actuante de quien resulte obligado, aportando la documentación que
se señale en cada caso, o para efectuar las aclaraciones pertinentes; en virtud
de expediente administrativo cuando el contenido de su actuación permita iniciar
y finalizar aquélla. Las visitas de inspección podrán realizarse por uno o
varios funcionarios y podrán extenderse durante el tiempo necesario.

1 bis. Igualmente la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
podrá actuar mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en las
Administraciones Públicas. A tal efecto, podrá valorar los datos o antecedentes
que le suministren otras Administraciones Públicas de la Unión Europea.

2. Cuando iniciada visita de inspección no fuese posible su
prosecución y finalización por no aportar el sujeto a inspección los
antecedentes o documentos solicitados, la actuación proseguirá en virtud de
requerimiento para su aportación en la forma indicada en el apartado anterior.
Las actuaciones comprobatorias no se dilatarán por espacio de más de nueve
meses, salvo que la dilación sea imputable al sujeto a inspección o sea debida a
dificultades en la cooperación administrativa internacional; y, asimismo, no se
podrán interrumpir por más de tres meses. Las comprobaciones efectuadas en una
actuación inspectora tendrán el carácter de antecedente para las sucesivas.

3. De cada actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social, el funcionario actuante extenderá diligencia en el Libro de Visitas de
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que debe existir en cada centro de
trabajo a disposición de la misma con sujeción a lo que disponga la Autoridad
Central de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.»

Cuatro. El apartado 3.2 del artículo 18 queda redactado del
siguiente modo:

«3.2 La representación, participación y colaboración
administrativa en la Unión Europea y en los restantes ámbitos internacionales en
los asuntos relacionados con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.»

Artículo 10. Modificación de la Ley 50/1998, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Se modifica el artículo 30 de la Ley 50/1998, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que queda
redactado en los siguientes términos:

«Artículo 30. Aportaciones de datos de Seguridad
Social en soporte informático.

A efectos de la gestión recaudatoria de los recursos del
sistema de la Seguridad Social, se faculta al Ministro de Trabajo e Inmigración
para determinar los supuestos y condiciones en que las empresas deberán
presentar en soporte informático los datos relativos a sus actuaciones en
materia de encuadramiento, cotización y recaudación en el ámbito de la Seguridad
Social, así como cualesquiera otros exigidos en la normativa de ésta.

De igual modo, se faculta al Ministro de Trabajo e Inmigración
para determinar los supuestos y condiciones en que las empresas deberán
presentar en soporte informático los partes de baja y alta, correspondientes a
procesos de incapacidad temporal, de los trabajadores a su servicio.»

TÍTULO II

Servicios industriales y de la construcción

CAPÍTULO I

Servicios industriales

Artículo 11. Modificación de la Ley 3/1985, de 18 de marzo, de
Metrología.

Se modifica la Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología, en
los siguientes términos:

Uno. El artículo séptimo queda redactado del siguiente
modo:

«Artículo séptimo.

En defensa de la seguridad, de la protección de la salud y
de los intereses económicos de los consumidores y usuarios:

1. Los instrumentos, aparatos, medios y sistemas de medida
que sirvan para pesar, medir o contar y que sean utilizados en aplicaciones de
medida por razones de interés público, salud y seguridad pública, orden público,
protección del medio ambiente, protección de los consumidores y usuarios,
recaudación de impuestos y tasas, cálculo de aranceles, cánones, sanciones
administrativas, realización de peritajes judiciales, establecimiento de las
garantías básicas para un comercio leal y todas aquellas que puedan determinarse
con carácter reglamentario, estarán sometidos al control metrológico del Estado,
cuando esté establecido, o se establezca, por reglamentación específica.

2. El control previsto en el apartado anterior comprenderá la
fase de evaluación de la conformidad, que comprueba el cumplimiento de los
requisitos que deberán satisfacer a efectos de su comercialización y puesta en
servicio.

Igualmente comprenderá, en su caso, la fase de control
metrológico de instrumentos en servicio, que puede efectuarse mediante
verificación periódica o después de reparación o modificación, que tiene por
objeto comprobar y confirmar que un instrumento o sistema de medida en servicio
mantiene las características metrológicas originales.

3. Se determinarán reglamentariamente la modalidad y el
alcance del control aplicable en cada caso.

4. De conformidad con lo previsto en los respectivos Estatutos
de Autonomía, las fases de ejecución de los controles metrológicos a las que se
refiere el apartado 2 de este artículo, así como la vigilancia e inspección,
podrán ser realizados por las Comunidades Autónomas o, en su caso, por los
Ayuntamientos, con arreglo a sus competencias específicas y de acuerdo con las
directrices técnicas y de coordinación señaladas por la Administración General
del Estado.

5. Se reconoce validez y eficacia en todo el territorio
español a los actos que efectúen en aplicación de la presente Ley los órganos de
la Administración General del Estado o, en su caso, los de las Comunidades
Autónomas.

6. Reglamentariamente se establecerá el régimen de marcado de
los instrumentos sometidos al control metrológico que deberá incluir información
clara y precisa a los consumidores y usuarios sobre su estado de
verificación.»

Dos. El artículo octavo queda redactado de la siguiente
manera:

«Artículo octavo.

1. El Registro de Control Metrológico será de carácter
público y su regulación se hará mediante norma reglamentaria. En él deberán ser
inscritos los datos relativos a las personas o entidades que fabriquen,
importen, comercialicen, reparen o cedan en arrendamiento los instrumentos o
sistemas sometidos al control metrológico del Estado y sus modificaciones. De
igual modo también serán inscritas en el Registro de Control Metrológico las
personas o entidades que intervengan en las fases del control metrológico
establecidas en el artículo séptimo.

La inscripción en el Registro de Control Metrológico se
realizará de oficio por la Administración a partir de la información aportada en
la primera operación que realicen, o en el trámite de designación para su
intervención en el control metrológico o en la declaración responsable que se
establece en el siguiente apartado.

2. Los reparadores de instrumentos sometidos al control
metrológico deberán, con anterioridad al inicio de la actividad, presentar al
Registro de Control Metrológico una declaración responsable sobre la
disponibilidad de los medios técnicos y el cumplimiento de los requisitos
relativos a los procedimientos de trabajo y cualificación técnica profesional en
los términos que se determinen reglamentariamente.

La declaración responsable habilita desde el día de su
presentación para el desarrollo de la actividad de que se trate en todo el
territorio español y con una duración indefinida. Cualquier modificación
sobrevenida deberá ser comunicada al Registro. El incumplimiento de lo dispuesto
en los párrafos anteriores, la falsedad originaria o sobrevenida en la
declaración responsable, la utilización de procedimientos técnicos contrarios a
los reglamentados y la utilización y colocación de precintos distintos de los
que se establezcan reglamentariamente, estarán incursos en lo dispuesto en el
artículo 13.3 de la presente Ley. No será necesaria la presentación de la
declaración responsable para las entidades reparadoras establecidas en otro
Estado miembro que presten sus servicios en régimen de libre prestación en
territorio español.»

Tres. Se modifica la letra c) del apartado 3 del artículo 13,
del siguiente modo:

«c) Incumplir las obligaciones relacionadas con la
presentación de la declaración responsable en el Registro de Control
Metrológico.»

Artículo 12. Modificación de la Ley 11/1986, de 20 de marzo,
de Patentes.

Se modifica el artículo 79 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo,
de Patentes, que queda redactado como sigue:

«Artículo 79.

1. En el Registro de Patentes se inscribirán, en la forma
que se disponga reglamentariamente, tanto las solicitudes de patente como las
patentes ya concedidas.

2. Salvo en el caso previsto en el artículo 13.1, la
transmisión, las licencias y cualesquiera otros actos, tanto voluntarios como
necesarios, que afecten a las solicitudes de patentes o a las patentes ya
concedidas, sólo surtirán efectos frente a terceros de buena fe desde que
hubieren sido inscritos en el Registro de Patentes. Reglamentariamente se
establecerá la forma y documentación necesaria para dichas inscripciones.

3. No podrán invocarse frente a terceros derechos sobre
solicitudes de patente o sobre patentes que no estén debidamente inscritos en el
Registro. Tampoco podrá mencionar en sus productos una solicitud de patente o
una patente, quien no tenga inscrito un derecho suficiente para hacer esa
mención. Los actos realizados en violación de lo dispuesto en este apartado
serán sancionados como actos de competencia desleal.

4. La Oficina Española de Patentes y Marcas calificará la
legalidad, validez y eficacia de los actos que hayan de inscribirse en el
Registro de Patentes. Este Registro será público.»

Artículo 13. Modificación de la Ley 21/1992, de 16 de julio,
de Industria.

La Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, queda modificada
en los siguientes términos:

Uno. Se modifica el artículo 4 que queda redactado como
sigue:

«Artículo 4. Libertad de establecimiento.

1. Se reconoce la libertad de establecimiento para la
instalación, ampliación y traslado de las actividades industriales.

2. No obstante, se requerirá una comunicación o una
declaración responsable del interesado, mediante la que se manifieste, en su
caso, el cumplimiento de los requisitos exigidos, que dispone de la
documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento
durante la vigencia de la actividad, y se facilite la información necesaria a la
autoridad competente para el control de la actividad:

a) cuando así lo establezca una ley por razones de orden
público, seguridad y salud pública, seguridad y salud en el trabajo o protección
del medio ambiente.

b) cuando se establezca reglamentariamente para el
cumplimiento de obligaciones del Estado derivadas de la normativa comunitaria o
de tratados y convenios internacionales.

3. La comunicación o declaración responsable habilita desde
el día de su presentación para el desarrollo de la actividad de que se trate en
todo el territorio español y con una duración indefinida.

4. Los requisitos de acceso a la actividad y su ejercicio en
materia industrial serán proporcionados, no discriminatorios, trasparentes y
objetivos, y estarán clara y directamente vinculados al interés general concreto
que los justifique.

El incumplimiento de los requisitos exigidos, verificado por
la autoridad competente, conllevará el cese automático de la actividad, salvo
que pueda incoarse un expediente de subsanación de errores, sin perjuicio de las
sanciones que pudieran derivarse de la gravedad de las actuaciones
realizadas.

La Autoridad competente, en este caso, abrirá un expediente
informativo al titular de la instalación, que tendrá quince días naturales a
partir de la comunicación para aportar las evidencias o descargos
correspondientes.

5. Únicamente podrá requerirse autorización administrativa
previa de la Administración competente cuando resulte obligado para el
cumplimiento de obligaciones del Estado derivadas de la normativa comunitaria o
de tratados y convenios internacionales.»

Dos. Se modifica el artículo 12, que queda redactado como
sigue:

«Artículo 12. Reglamentos de Seguridad.

1. Los Reglamentos de Seguridad establecerán:

a) Las instalaciones, actividades, equipos o productos
sujetos a los mismos.

b) Las condiciones técnicas o requisitos de seguridad que
según su objeto deben reunir las instalaciones, los equipos, los procesos, los
productos industriales y su utilización, así como los procedimientos técnicos de
evaluación de su conformidad con las referidas condiciones o requisitos.

c) Las medidas que los titulares deban adoptar para la
prevención, limitación y cobertura de los riesgos derivados de la actividad de
las instalaciones o de la utilización de los productos; incluyendo, en su caso,
estudios de impacto ambiental.

d) Las condiciones de equipamiento, capacidad técnica y, en su
caso, el régimen de comunicación o declaración responsable sobre el cumplimiento
de dichas condiciones exigidas a las personas o empresas que intervengan en el
proyecto, dirección de obra, ejecución, montaje, conservación y mantenimiento de
instalaciones y productos industriales.

e) Cuando exista un riesgo directo y concreto para la salud o
para la seguridad del destinatario o de un tercero, la exigencia de suscribir
seguros de responsabilidad civil profesional por parte de las personas o
empresas que intervengan en el proyecto, dirección de obra, ejecución, montaje,
conservación y mantenimiento de instalaciones y productos industriales. La
garantía exigida deberá ser proporcionada a la naturaleza y alcance del riesgo
cubierto.

2. Las instalaciones, equipos y productos industriales
deberán estar construidos o fabricados de acuerdo con lo que prevea la
correspondiente reglamentación, que podrá establecer la obligación de comprobar
su funcionamiento y estado de conservación o mantenimiento mediante inspecciones
periódicas.

3. Los Reglamentos de Seguridad podrán condicionar el
funcionamiento de determinadas instalaciones y la utilización de determinados
productos a que se acredite el cumplimiento de las normas reglamentarias, en los
términos que las mismas establezcan.

4. Los Reglamentos de Seguridad podrán disponer, como
requisito de la fabricación de un producto o de su comercialización, la previa
homologación de su prototipo, así como las excepciones de carácter temporal a
dicho requisito.

5. Los Reglamentos de Seguridad Industrial de ámbito estatal
se aprobarán por el Gobierno de la Nación, sin perjuicio de que las Comunidades
Autónomas, con competencia legislativa sobre industria, puedan introducir
requisitos adicionales sobre las mismas materias cuando se trate de
instalaciones radicadas en su territorio.»

Tres. Se modifica el apartado 3 del artículo 13, que queda
redactado de la siguiente forma:

«3. Las comunicaciones o declaraciones responsables que se
realicen en una determinada Comunidad Autónoma serán válidas, sin que puedan
imponerse requisitos o condiciones adicionales, para el ejercicio de la
actividad en todo el territorio español.»

Cuatro. Se modifica el artículo 15, que queda redactado de la
siguiente forma:

«Artículo 15. Organismos de Control.

1. Los Organismos de Control son aquellas personas naturales
o jurídicas, que teniendo capacidad de obrar, dispongan de los medios técnicos,
materiales y humanos e imparcialidad necesarios para realizar su cometido y
cumplan las disposiciones técnicas que se dicten con carácter estatal a fin de
su reconocimiento en el ámbito de la Unión Europea.

2. La valoración técnica del cumplimiento de los aspectos
mencionados en el apartado anterior se realizará por una entidad acreditadora,
con la finalidad de proteger a los consumidores y trabajadores, sin perjuicio de
la competencia administrativa para comprobar el cumplimiento de dichos
requisitos.

3. La autorización de los Organismos de Control corresponde a
la Administración competente en materia de industria del territorio donde los
Organismos inicien su actividad o radiquen sus instalaciones.

4. Las autorizaciones otorgadas a los Organismos de Control
tendrán validez para todo el ámbito del Estado y duración indefinida.

5. Los Organismos de Control vendrán obligados, como requisito
previo a la efectividad de la autorización, a suscribir pólizas de seguro que
cubran los riesgos de su responsabilidad en la cuantía que se establezca, sin
que la misma limite dicha responsabilidad.

6. La inscripción en el Registro Integrado Industrial regulado
en el Título IV de esta Ley de los Organismos de Control se realizará de oficio
por la Administración competente a partir de los datos incluidos en la
autorización.»

Cinco. Se modifica el apartado 5 del artículo 17, en los
siguientes términos:

«5. Las Entidades de Acreditación se inscribirán en el
Registro Integrado Industrial establecido en el Título IV de esta Ley. Dicha
inscripción se realizará de oficio por la Administración competente que las
designe.»

Seis. El Título IV pasa a denominarse «Registro Integrado
Industrial».

Siete. Se modifica el artículo 21, que queda redactado en los
siguientes términos:

«Artículo 21. Registro Integrado Industrial.
Fines.

1. Se crea el Registro Integrado Industrial, de carácter
informativo y de ámbito estatal, adscrito al Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, que tendrá los siguientes fines:

a) Integrar la información sobre la actividad industrial en
todo el territorio español que sea necesaria para el ejercicio de las
competencias atribuidas en materia de supervisión y control a las
Administraciones Públicas en materia industrial, en particular sobre aquellas
actividades sometidas a un régimen de comunicación o de declaración
responsable.

b) Constituir el instrumento de información sobre la actividad
industrial en todo el territorio español, como un servicio a las
Administraciones Públicas, los ciudadanos y, particularmente, al sector
empresarial.

c) Suministrar a los servicios competentes de las
Administraciones Públicas los datos precisos para la elaboración de los
directorios de las estadísticas industriales, en el caso estatal a las que se
refieren los artículos 26 g) y 33 e) de la Ley 12/1989, de 9 mayo, de la Función
Estadística Pública.

2. La creación del Registro Integrado Industrial se
entenderá sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas para
establecer Registros Industriales en sus respectivos territorios.

3. No obstante el apartado anterior, las Administraciones
Públicas adoptarán las medidas necesarias e incorporarán en sus respectivos
ámbitos las tecnologías precisas para garantizar la interoperabilidad de los
distintos sistemas.»

Ocho. Se modifica el artículo 22, que queda redactado en los
siguientes términos:

«Artículo 22. Ámbito y contenido.

1. El Registro Integrado Industrial comprenderá las
actividades e instalaciones a las que se refiere el artículo 3 de la presente
Ley con excepción de las comprendidas en su apartado 4 i) y en él deberán
constar como mínimo los siguientes datos:

a) Relativos a la empresa: número de identificación, razón
social o denominación, domicilio y actividad principal.

b) Relativos al establecimiento: número de identificación,
denominación o rótulo, datos de localización, actividad económica principal.

2. Asimismo, el Registro contendrá los datos análogos a los
indicados en el apartado anterior referidos a las Entidades de Acreditación,
Organismos de Control, laboratorios y otros agentes, en materia de seguridad y
calidad industrial.

3. Todos los datos anteriormente expresados, excepto los
referidos a las empresas y actividades citadas en el artículo 3, apartado 4,
letra d), tendrán carácter público, de acuerdo con los procedimientos de acceso
y difusión que reglamentariamente se determinen.

4. Además de los datos básicos referidos en el apartado 1, el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio determinará reglamentariamente los
datos complementarios que deban incorporarse de oficio al Registro, a fin de dar
cumplimiento al artículo 21.1.a).»

Nueve. Se modifica el artículo 23, en los siguientes
términos:

«Artículo 23. Incorporación y actualización de datos
del Registro.

1. El Registro Integrado Industrial incluirá los datos a los
que hace referencia el artículo 22, a partir de:

a) Los datos de las autorizaciones concedidas en materia
industrial.

b) Los datos aportados en las comunicaciones o las
declaraciones responsables realizadas por los interesados.

2. La incorporación y actualización de datos en el Registro
Integrado Industrial se realizará de oficio a partir de los datos aportados por
el órgano competente.

3. Las personas físicas o jurídicas que realicen actividades
no sujetas a autorización, declaración responsable o comunicación, podrán
aportar datos sobre su actividad al órgano competente de la Comunidad Autónoma
para su inscripción de oficio en el Registro Integrado Industrial, una vez
iniciada la actividad.

4. No será necesaria respuesta, confirmación o inscripción
efectiva en el Registro Integrado Industrial para poder ejercer la
actividad.»

Diez. Se modifica el artículo 24, que queda redactado en los
siguientes términos:

«Artículo 24. Traslado de información de las
Comunidades Autónomas al Registro Integrado Industrial.

El órgano competente de la Comunidad Autónoma dará traslado
inmediato al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de los datos a los que
se refieren los artículos precedentes para su inclusión en el Registro Integrado
Industrial.»

Once. Se modifica el artículo 27, que queda redactado en los
siguientes términos:

«Artículo 27. Desarrollo reglamentario.

Reglamentariamente se establecerá, a propuesta del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio:

1. La organización administrativa, los procedimiento del
Registro Integrado Industrial, los datos complementarios de carácter público, el
sistema de acceso a la información contenida en el mismo y la forma de comunicar
los datos entre las distintas administraciones, así como las normas de
confidencialidad aplicables en cada caso.

2. La composición y funcionamiento de la Comisión de Registro
e Información Industrial.»

Doce. Se modifica el apartado 2 del artículo 31, al que se
añaden las letras k) y l), con la redacción siguiente:

«k) La inexactitud, falsedad u omisión en cualquier dato, o
manifestación, de carácter esencial, sobre el cumplimiento de los requisitos
exigidos señalados en la declaración responsable o la comunicación aportada por
los interesados.

l) La realización de la actividad sin cumplir los requisitos
exigidos o sin haber realizado la comunicación o la declaración responsable
cuando alguna de ellas sea preceptiva.»

Artículo 14. Modificación de la Ley 23/1992, de 30 de julio,
de Seguridad Privada.

La Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, queda
modificada en los siguientes términos:

Uno. Se modifica la letra e) del artículo 5.1, que queda
redactada como sigue:

«e) Instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y
sistemas de seguridad, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición
adicional sexta.»

Dos. Se añade una Disposición adicional sexta, con la
siguiente redacción:

«Disposición adicional sexta. Exclusión de las
empresas relacionadas con equipos técnicos de seguridad.

Los prestadores de servicios o las filiales de las empresas
de seguridad privada que vendan, entreguen, instalen o mantengan equipos
técnicos de seguridad, siempre que no incluyan la prestación de servicios de
conexión con centrales de alarma, quedan excluidos de la legislación de
seguridad privada siempre y cuando no se dediquen a ninguno de los otros fines
definidos en el artículo 5, sin perjuicio de otras legislaciones específicas que
pudieran resultarles de aplicación.»

CAPÍTULO II

Servicios de la construcción

Artículo 15. Modificación de la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenación de la Edificación.

El artículo 14 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenación de la Edificación, queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 14. Las entidades y los laboratorios de
control de calidad de la edificación.

1. Son entidades de control de calidad de la edificación
aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en la verificación de la
calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus
instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. Para el
ejercicio de su actividad en todo el territorio español será suficiente con la
presentación de una declaración responsable en la que se declare que cumple con
los requisitos técnicos exigidos reglamentariamente ante el organismo competente
de la Comunidad Autónoma en la que tenga su domicilio social o profesional.

2. Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de
la edificación los capacitados para prestar asistencia técnica, mediante la
realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o
instalaciones de una obra de edificación. Para el ejercicio de su actividad en
todo el territorio español será suficiente con la presentación de una
declaración responsable por cada uno de sus establecimientos físicos desde los
que presta sus servicios en la que se declare que estos cumplen con los
requisitos técnicos exigidos reglamentariamente, ante los organismos competentes
de la Comunidad Autónoma correspondiente.

3. Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de
control de calidad:

a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de
su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al responsable técnico
de la recepción y aceptación de los resultados de la asistencia, ya sea el
director de la ejecución de las obras, o el agente que corresponda en las fases
de proyecto, la ejecución de las obras y la vida útil del edificio.

b) Justificar que tienen implantado un sistema de gestión de
la calidad que define los procedimientos y métodos de ensayo o inspección que
utiliza en su actividad y que cuentan con capacidad, personal, medios y equipos
adecuados.»

Artículo 16. Modificación de la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.

Uno. La letra b) del apartado 2 del artículo 4 de la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la
Construcción, queda modificada de la siguiente forma:

«b) Estar inscritas en el Registro de Empresas Acreditadas
al que se refiere el artículo 6 de esta Ley. La inscripción se realizará de
oficio por la autoridad laboral competente, sobre la base de la declaración del
empresario a que se refiere el apartado siguiente.»

Dos. El apartado 4 del artículo 4 de la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, queda
modificada de la siguiente forma:

«4. Las empresas cuya actividad consista en ser contratadas
o subcontratadas habitualmente para la realización de trabajos en obras del
sector de la construcción deberán contar, en los términos que se determine
reglamentariamente, con un número de trabajadores contratados con carácter
indefinido que no será inferior al 10 por ciento durante los dieciocho primeros
meses de vigencia de esta Ley, ni al 20 por ciento durante los meses del
decimonoveno al trigésimo sexto, ni al 30 por ciento a partir del mes trigésimo
séptimo, inclusive.

A estos efectos, en las cooperativas de trabajo asociado los
socios trabajadores serán computados de manera análoga a los trabajadores por
cuenta ajena en los términos que se determine reglamentariamente.»

TÍTULO III

Servicios energéticos

Artículo 17. Modificación de la Ley 22/1973, de 21 de julio,
de Minas.

Se suprimen los artículos 89, 90, 91 y 93 de la Ley 22/1973, de
21 de julio, de Minas, que quedan sin contenido.

Artículo 18. Modificación de la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico.

La Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, se
modifica en los siguientes términos:

Uno. Se modifica el apartado 3 del artículo 33, que queda
redactado como sigue:

«3. El operador del mercado tendrá acceso directo al
Registro Administrativo de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica a
que se refiere el artículo 21.4, así como al Registro Administrativo de
Distribuidores al que se refiere el artículo 45.4, así como a los Registros que
para esos mismos fines puedan crearse en las Comunidades Autónomas, y coordinará
sus actuaciones con el operador del sistema.»

Dos. Se suprime el apartado 4 del artículo 36, que queda sin
contenido.

Tres. Se modifica apartado 5 del artículo 39, que queda
redactado como sigue:

«5. Los distribuidores de energía eléctrica habrán de estar
inscritos en el Registro Administrativo de Distribuidores a que se refiere el
artículo 45.4 de la presente Ley.»

Cuatro. Se modifica el artículo 40.1 que quedará redactado
como sigue:

«1. Estarán sujetas a autorización administrativa la
construcción, modificación, explotación y transmisión y cierre de las
instalaciones de distribución de energía eléctrica, con independencia de su
destino o uso.

La autorización administrativa de cierre de una instalación
podrá imponer a su titular la obligación de proceder a su desmantelamiento.

La Administración competente denegará la autorización cuando
no se cumplan los requisitos previstos legalmente o la empresa no garantice la
capacidad técnica necesaria para acometer la actividad propuesta, o cuando tenga
una incidencia negativa en el funcionamiento del sistema.»

Cinco. Se modifica el artículo 44 que queda redactado de la
forma siguiente:

«Artículo 44. Suministro.

1. El suministro de energía eléctrica se define como la
entrega de energía a través de las redes de transporte y distribución mediante
contraprestación económica en las condiciones de regularidad y calidad que
resulten exigibles.

2. Los consumidores finales de electricidad tendrán derecho
a elegir suministrador pudiendo contratar el suministro:

a) Con las correspondientes empresas de comercialización. En
este caso podrán contratar la energía y el peaje de acceso a través del
comercializador.

Los consumidores de último recurso definidos en el artículo
10.1 tendrán derecho además a contratar el suministro con empresas
comercializadoras de último recurso al precio máximo que se determine.

b) Con otros sujetos del mercado de producción cuya actividad
no resulte incompatible. Estos consumidores directos en mercado contratarán la
energía con el sujeto y el correspondiente contrato de peaje a las redes
directamente con el distribuidor al que estén conectadas sus instalaciones.

3. Aquellas sociedades mercantiles que quieran actuar como
comercializadoras, deberán:

a) Comunicar a la Administración competente y, en todo caso,
al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que lo comunicará a su vez a la
Comisión Nacional de Energía, el inicio de su actividad y el cese de la misma,
acompañando la comunicación de una declaración responsable sobre el cumplimiento
de los requisitos a que se refiere la letra b). La comunicación deberá
especificar el ámbito territorial en el que se vaya a desarrollar la
actividad.

b) Cumplir con los requisitos que se establezcan
reglamentariamente, entre los que se incluirá la suficiente capacidad técnica
del solicitante. En todo caso, para poder adquirir energía eléctrica con el fin
de suministrar a sus clientes, las empresas comercializadoras a que se refiere
este apartado deberán presentar al operador del sistema y, en su caso, al
operador del mercado y a las empresas distribuidoras, las garantías que
reglamentariamente se establezcan.

c) Acreditar el cumplimiento de estos requisitos en caso de
que les sea requerido por la Administración competente, el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio o por la Comisión Nacional de Energía.

Cualquier hecho que suponga modificación de alguno de los
datos incluidos en la declaración originaria deberá ser comunicado por el
interesado, en el plazo máximo de un mes a partir del momento en que se
produzca.

4. Reglamentariamente se establecerán, por las
Administraciones competentes, medidas de protección al consumidor que deberán
recogerse en las condiciones contractuales para los contratos de suministro de
los comercializadores con aquellos consumidores que por sus características de
consumo o condiciones de suministro requieran un tratamiento contractual
específico.

Asimismo, reglamentariamente se establecerán los mecanismos de
contratación y las condiciones de facturación de los suministros, incluyendo los
procedimientos de cambio de suministrador y de resolución de reclamaciones.

Asimismo, en caso de que un comercializador no cumpla algunas
de las obligaciones establecidas en las letras a), b) y h) a que hace referencia
el artículo 45.1 de la presente Ley, o no cumpla en los plazos que se
establezcan otras obligaciones de pago frente al sistema eléctrico, el Ministro
de Industria, Turismo y Comercio determinará, previo trámite de audiencia y de
forma motivada, objetiva y transparente, el traspaso de los clientes de dicho
comercializador a un comercializador de último recurso. Asimismo, determinará
las condiciones de suministro de dichos clientes.

Lo anterior, se entenderá sin perjuicio de las sanciones que
puedan derivarse de acuerdo con lo establecido en el Título VI de la presente
Ley.

5. Sin perjuicio de las competencias que correspondan a las
Comunidades Autónomas y sin perjuicio del establecimiento por los prestadores de
sistemas propios de tramitación de reclamaciones que se ajusten a lo dispuesto
en la Recomendación 98/257/CE, de la Comisión, de 30 de marzo de 1998, relativa
a los principios aplicables a los órganos responsables de la solución
extrajudicial de los litigios en materia de consumo, se preverá
reglamentariamente la posibilidad de acudir al sistema arbitral de consumo para
la resolución de tales reclamaciones.

6. Aquellos consumidores directos en mercado que pretendan
adquirir energía eléctrica en el mercado de producción para su propio consumo
deberán comunicar el inicio y el cese de la actividad al Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio quien, a su vez, lo comunicará a la Comisión
Nacional de la Energía.»

Seis. Se modifican los apartados 4 y 5 del artículo 45, que
pasan a tener la siguiente redacción:

«4. Se crea, en el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, el Registro Administrativo de Distribuidores. Reglamentariamente,
previo informe de las Comunidades Autónomas, se establecerá su organización, así
como los procedimientos de inscripción y comunicación de datos a este
Registro.

Las Comunidades Autónomas con competencias en la materia
podrán crear y gestionar los correspondientes registros territoriales en los que
deberán estar inscritas todas las instalaciones ubicadas en el ámbito
territorial de aquéllas.

5. La Comisión Nacional de Energía publicará en su página web
un listado que contendrá los comercializadores que, de acuerdo al artículo 44.3
de la presente Ley, hayan comunicado a la Administración competente y, en todo
caso, al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio el inicio de su actividad y
que no hayan comunicado el cese de la misma.»

Siete. Se modifica el apartado 1 del artículo 48, que queda
redactado como sigue:

«1. El suministro de energía eléctrica deberá ser realizado
por las empresas con las características y continuidad que reglamentariamente se
determinen para el territorio español, teniendo en cuenta la diferenciación por
zonas a la que se refiere el número siguiente.

Para ello, las empresas de energía eléctrica contarán con la
capacidad técnica necesaria para garantizar la calidad del servicio exigida por
las reglamentaciones vigentes.

Las empresas eléctricas y, en particular, las distribuidoras
promoverán la incorporación de tecnologías avanzadas en la medición y para el
control de la calidad del suministro eléctrico».

Ocho. Se modifica la redacción del artículo 60 a) 19, que
queda como sigue:

«19. La realización de actividades incluidas en el ámbito de
aplicación de la presente Ley o la construcción, ampliación, explotación,
modificación, transmisión o cierre de instalaciones afectas a las mismas sin la
necesaria concesión, autorización administrativa, declaración responsable,
comunicación o inscripción en el Registro correspondiente cuando proceda o el
incumplimiento del contenido, prescripciones y condiciones de las mismas cuando
se ponga en riesgo la garantía de suministro o peligro manifiesto a las
personas, los bienes o el medio ambiente.»

Artículo 19. Modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre,
del Sector de Hidrocarburos.

Se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de
hidrocarburos, en los siguientes términos:

Uno. Se deroga la letra e) del apartado 2 del artículo 3, que
queda sin contenido.

Dos. El artículo 42 pasa a tener la siguiente redacción:

«Artículo 42. Operadores al por mayor.

1. Serán operadores al por mayor aquellos sujetos que
comercialicen productos petrolíferos para su posterior distribución al por
menor.

2. Podrán actuar como operadores al por mayor exclusivamente
aquellas sociedades mercantiles que cumplan las condiciones para la realización
de la actividad que se establezcan reglamentariamente, entre las que se incluirá
la suficiente capacidad técnica del solicitante.

En todo caso, dichas sociedades deberán comunicar al
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que lo comunicará a su vez a la
Comisión Nacional de Energía y a la Corporación de Reservas Estratégicas de
Productos Petrolíferos, el inicio o cese de la actividad, acompañando la
comunicación de una declaración responsable sobre el cumplimiento de las
condiciones a que se refiere el párrafo anterior.

Los operadores al por mayor deberán acreditar el cumplimiento
de estas condiciones en caso de que les sea requerido por el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio o por la Comisión Nacional de Energía.

Cualquier hecho que suponga modificación de alguno de los
datos incluidos en la declaración originaria deberá ser comunicado por el
interesado, en el plazo máximo de un mes a partir del momento en que se
produzca.

La Comisión Nacional de Energía publicará en su página web un
listado de los operadores al por mayor de productos petrolíferos que incluirá
aquellas sociedades que hayan comunicado al Ministerio el ejercicio de esta
actividad.»

Tres. El artículo 45 queda redactado como sigue:

«Artículo 45. Operadores al por mayor.

1. Serán operadores al por mayor de GLP aquellas sociedades
mercantiles que realicen las actividades de almacenamiento, mezcla y envasado,
transporte y comercialización al por mayor de GLP.

2. Podrán actuar como operadores al por mayor de GLP
exclusivamente aquellas sociedades que cumplan las condiciones para la
realización de la actividad que se establezcan reglamentariamente, entre las que
se incluirán la suficiente capacidad técnica del solicitante.

En todo caso, dichas sociedades deberán comunicar al
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que lo comunicará a su vez a la
Comisión Nacional de Energía y a la Corporación de Reservas Estratégicas de
Productos Petrolíferos, el inicio o cese de la actividad, acompañando la
comunicación de una declaración responsable sobre el cumplimiento de las
condiciones a que se refiere el párrafo anterior.

Los operadores al por mayor de GLP deberán acreditar el
cumplimiento de estas condiciones en caso de que les sea requerido por el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio o por la Comisión Nacional de
Energía.

Cualquier hecho que suponga modificación de alguno de los
datos incluidos en la declaración originaria deberá ser comunicado por el
interesado, en el plazo máximo de un mes a partir del momento en que se
produzca.

La Comisión Nacional de Energía publicará en su página web un
listado de los operadores al por mayor de GLP que incluirá aquellas sociedades
que hayan comunicado al Ministerio el ejercicio de esta actividad.

3. Los sujetos que ejerzan esta actividad deberán tener a
disposición de los comercializadores al por menor de GLP y, en su caso, de sus
clientes, un servicio de asistencia técnica permanente de las instalaciones de
sus usuarios que garantice el correcto funcionamiento de las mismas.

4. Los operadores al por mayor deberán exigir a los
comercializadores al por menor de GLP envasado y a los titulares de las
instalaciones de GLP a granel o, en su caso, a los usuarios a los que
suministren, la documentación acreditativa de que sus instalaciones cumplen las
condiciones técnicas y de seguridad que reglamentariamente resulten
exigibles.

5. Las actividades a que se refiere este artículo, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la presente Ley, podrán ser
realizadas libremente, no siendo necesaria la comunicación al Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, cuando tengan por objeto los envases con
capacidad no superior a 8 kilogramos.»

Cuatro. El artículo 46 queda redactado en los siguientes
términos:

«Artículo 46. Comercializadores al por menor de gases
licuados del petróleo a granel.

1. Serán comercializadores al por menor de GLP a granel las
sociedades mercantiles que realicen las actividades de almacenamiento, mezcla,
transporte y comercialización al por menor de GLP a granel.

2. Podrán actuar como comercializadores al por menor de GLP a
granel, las sociedades que cumplan las condiciones para la realización de la
actividad que se establezcan reglamentariamente, entre las que se incluirán la
suficiente capacidad técnica del solicitante.

En todo caso, dichas sociedades deberán comunicar al
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que lo comunicará a su vez a la
Comisión Nacional de Energía y a la Corporación de Reservas Estratégicas de
Productos Petrolíferos el inicio o cese de la actividad, acompañando la
comunicación de una declaración responsable sobre el cumplimiento de la
condiciones a que se refiere el párrafo anterior. Asimismo, remitirán copia de
las autorizaciones de construcción, modificación o cierre de las instalaciones
de distribución de GLP al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Los comercializadores al por menor de GLP a granel deberán
acreditar el cumplimiento de dichas condiciones en caso de que les sea requerido
por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio o por la Comisión Nacional de
Energía.

Cualquier hecho que suponga modificación de alguno de los
datos incluidos en la declaración originaria deberá ser comunicado por el
interesado, en el plazo máximo de un mes a partir del momento en que se
produzca.

La Comisión Nacional de Energía publicará en su página web un
listado de los comercializadores al por menor de gases licuados del petróleo que
incluirá aquellas sociedades que hayan comunicado al Ministerio el ejercicio de
esta actividad.

3. Las empresas que suministren GLP a granel deberán exigir a
los titulares de las instalaciones o, en su caso, a los consumidores la
documentación acreditativa de que sus instalaciones cumplen las condiciones
técnicas y de seguridad que reglamentariamente resulten exigibles.

4. En todo caso, la actividad de suministro a vehículos desde
instalaciones fijas de distribución al por menor de productos petrolíferos, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 de la presente Ley, podrá ser
realizada libremente, no siendo necesaria su comunicación al Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio.»

Cinco. Se suprime la letra e) del apartado 4 del artículo 46
bis.

Seis. Se suprime el artículo 48.

Siete. Se añade un apartado 4 en el artículo 50, con la
siguiente redacción:

«4. Se habilita al Ministro de Industria, Turismo y Comercio
a establecer la forma y las condiciones en las que los sujetos obligados en
España podrán cumplir su obligación mediante la constitución de reservas en
Estados Miembros de la Unión Europea. Asimismo, podrá determinar la forma y las
condiciones en las que los sujetos obligados en dichos países podrán constituir
existencias mínimas de seguridad en territorio español.»

Ocho. Se modifica el artículo 61.3, que queda redactado como
sigue:

«3. Los sujetos que quieran ejercer su derecho como
Consumidores Directos en Mercado deberán comunicarlo al Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, que a su vez lo comunicará a la Comisión Nacional de Energía
y a la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos.»

Nueve. Se suprime el último párrafo del apartado 2 del
artículo 67.

Diez. Se suprime la letra d) del artículo 68.

Once. Se suprime el artículo 71.

Doce. Se suprime la letra e) del artículo 73.3.

Trece. Se modifica la redacción de la letra i) del artículo
74.1, que pasa a ser la siguiente:

«i) Estar inscritos en el Registro Administrativo de
Distribuidores de combustibles gaseosos por canalización a que se refiere el
presente Título.»

Catorce. El artículo 80 pasa a tener la siguiente
redacción:

«Artículo 80. Comercializadores de gas natural.

1. Los comercializadores de gas natural deberán cumplir con
los requisitos que se establezcan reglamentariamente, entre los que se incluirá
la suficiente capacidad técnica del solicitante. Las empresas comercializadoras
deberán presentar las garantías que resulten exigibles.

Siempre deberán comunicar a la Administración competente y, en
todo caso, al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que a su vez lo
comunicará a la Comisión Nacional de Energía y a la Corporación de Reservas
Estratégicas de Productos Petrolíferos el inicio o cese de la actividad,
acompañando la comunicación de una declaración responsable sobre el cumplimiento
de los requisitos a que se refiere el párrafo anterior.

Los comercializadores de gas natural deberán acreditar el
cumplimiento de estos requisitos en caso de que les sea requerido por la
Administración competente, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio o por
la Comisión Nacional de Energía.

Cualquier hecho que suponga modificación de alguno de los
datos incluidos en la declaración originaria deberá ser comunicado por el
interesado, en el plazo máximo de un mes a partir del momento en que se
produzca.

En el caso de que la empresa que quiera actuar como
comercializadora, o la sociedad dominante del grupo al que aquélla pertenezca,
tenga la nacionalidad de un país no miembro de la Unión Europea en el que no
estén reconocidos derechos análogos y se considere que pueda resultar una
alteración del principio de reciprocidad para las empresas que operan en el
mercado nacional, habrá de contar con autorización administrativa previa
otorgada por la Autoridad competente, que podrá ser denegada o condicionada,
previo informe de la Comisión Nacional de Energía. Se entenderá por Sociedad
dominante y grupo de sociedades los que a estos efectos establezca el artículo 4
de la Ley 24/1998, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

2. La Comisión Nacional de Energía publicará en su página web
un listado de los comercializadores de gas natural que incluirá aquellas
sociedades que hayan comunicado a la Administración competente el ejercicio de
esta actividad.»

Quince. La letra a) del artículo 81.2 queda redactado en los
siguientes términos:

«a) Comunicar a la Administración competente el inicio o
cese en el ejercicio de la actividad y cumplir con los requisitos
reglamentariamente establecidos.»

Dieciséis. Se añade un nuevo párrafo al final del artículo 82
con la siguiente redacción:

«Asimismo, en caso de que un comercializador no cumpla
algunas de las obligaciones establecidas en las letras d), e), f), g) y h) a que
hace referencia el artículo 81.2 de la presente Ley, o no cumpla en los plazos
que se establezcan otras obligaciones de pago frente al sistema gasista, el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio determinará, previo trámite de
audiencia y de forma motivada, objetiva y transparente, el traspaso de los
clientes de dicho comercializador a un comercializador de último recurso, sin
que dicha circunstancia suponga cargas extraordinarias para el comercializador
de último recurso. Asimismo, determinará las condiciones de suministro de dichos
clientes.

Lo anterior se entenderá sin perjuicio de las sanciones que
puedan derivarse de acuerdo con lo establecido en el Título VI de la presente
Ley.»

Diecisiete. Se modifica el título y el contenido del artículo
83, cuyo tenor pasa a ser el siguiente:

«Artículo 83. Registro Administrativo de
Distribuidores.

Se crea, en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,
el Registro Administrativo de Distribuidores de combustibles gaseosos por
canalización. Reglamentariamente, previo informe de las Comunidades Autónomas,
se establecerá su organización, así como los procedimientos de inscripción y
comunicación de datos a este registro.

Las Comunidades Autónomas con competencias en la materia
podrán crear y gestionar los correspondientes registros territoriales.»

Dieciocho. Se introduce un apartado 4 en el artículo 98, con
la siguiente redacción:

«4. Se habilita al Ministro de Industria, Turismo y Comercio
a establecer la forma y las condiciones en las que los sujetos obligados en
España podrán cumplir su obligación mediante la constitución de reservas en
Estados miembros de la Unión Europea. Asimismo, podrá determinar la forma y las
condiciones en las que los sujetos obligados en dichos países podrán constituir
existencias mínimas de seguridad en territorio español».

Diecinueve. Se modifica el artículo 109.1.a), que pasa a
tener la siguiente redacción:

«a) La realización de actividades reguladas en la presente
Ley o la construcción, ampliación, explotación o modificación de instalaciones
afectas a las mismas sin la necesaria concesión, autorización administrativa,
declaración responsable, comunicación o inscripción en el Registro
correspondiente cuando proceda o el incumplimiento del contenido, prescripciones
y condiciones de las mismas cuando se ponga en peligro manifiesto a las personas
o los bienes.»

TÍTULO IV

Servicios de transporte y comunicaciones

CAPÍTULO I

Servicios de transporte

Artículo 20. Modificación de la Ley 48/1960, de 21 de julio,
sobre Navegación Aérea.

El primer párrafo del artículo 151 de la Ley 48/1960, de 21 de
julio, sobre Navegación Aérea, queda modificado del siguiente modo:

«Las actividades aéreas que se realicen a los fines del
artículo anterior, excepto las de turismo y las deportivas, requerirán la previa
autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea a los efectos de mantener
la seguridad en las operaciones aeronáuticas, y estarán sometidas a su
inspección en los términos establecidos por la legislación vigente.»

Artículo 21. Modificación de la Ley 16/1987, de 30 de julio,
de Ordenación de los Transportes Terrestres.

La Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los
Transportes Terrestres queda modificada en los siguientes términos:

Uno. El artículo 18 queda redactado en los siguientes
términos:

«Artículo 18.

El precio de los transportes discrecionales de viajeros y
mercancías y el de las actividades auxiliares y complementarias de transporte,
será libremente fijado por las partes contratantes.

No obstante, cuando una Comunidad Autónoma haya establecido
tarifas de obligado cumplimiento para los transportes interurbanos de viajeros
en vehículos de turismo que se desarrollen íntegramente en su territorio, éstas
serán también de aplicación a cuantos servicios de esta clase se inicien en el
mismo, sea cual fuere el lugar en que finalicen.

Tampoco estarán sometidos a tarifas aprobadas por la
Administración los transportes regulares de viajeros temporales o de uso
especial.»

Dos. Se suprimen los artículos 49 y 50, que quedan sin
contenido.

Tres. El artículo 91 queda redactado en los siguientes
términos:

«Artículo 91.

Las autorizaciones de transporte público discrecional
habilitarán para realizar servicios en todo el territorio nacional, sin
limitación alguna por razón del origen o destino del servicio.

De lo anterior quedarán exceptuadas las autorizaciones de
transporte interurbano de viajeros en vehículos de turismo que deberán respetar
las condiciones que, en su caso, se determinen reglamentariamente en relación
con el origen o destino de los servicios.»

Cuatro. El apartado 1 del artículo 123 queda redactado en los
siguientes términos:

«1. El ejercicio de la actividad de agencia de viaje se
regirá por la normativa específica de turismo.»

Cinco. Se suprime el artículo 124, que queda sin
contenido.

Seis. El artículo 128 queda redactado en los siguientes
términos:

«Artículo 128.

El establecimiento de estaciones y centros de transporte
estará sujeto al cumplimiento de las condiciones que, por razones de índole
urbanística, fiscal, social y laboral o de seguridad ciudadana o vial, vengan
impuestas, al efecto, por la legislación reguladora de tales materias.»

Siete. Se suprimen los artículos 129, 130, 131 y 132, que
quedan sin contenido.

Ocho. El artículo 133 queda redactado en los siguientes
términos:

«Artículo 133.

1. La actividad de arrendamiento de vehículos sin conductor
podrá ser realizada libremente por todas aquellas empresas que cumplan las
obligaciones que, por razones de índole fiscal, social y laboral o de seguridad
ciudadana o vial, les vengan impuestas por la legislación reguladora de tales
materias.

2. Fuera de los supuestos de colaboración previstos en esta
ley, los titulares de autorizaciones de transporte únicamente podrán desarrollar
su actividad mediante vehículos cedidos o arrendados por otros, cuando dichos
vehículos se encuentren exclusivamente dedicados al arrendamiento sin conductor
por su titular, que deberá ser una empresa profesionalmente dedicada a esta
actividad.»

Nueve. El artículo 134 queda redactado en los siguientes
términos:

«Artículo 134.

Fuera de los supuestos de colaboración previstos en esta
Ley, únicamente podrán arrendarse con conductor los vehículos de turismo.

El arrendamiento de vehículos con conductor tendrá, a efectos
de la legislación de ordenación de los transportes por carretera, la
consideración de transporte discrecional de viajeros y su ejercicio estará
sujeto a todas las reglas contenidas en esta Ley que resulten de aplicación a
dicha clase de transporte.»

Diez. Se suprimen los artículos 135 y 136, que quedan sin
contenido.

Artículo 22. Modificación del Texto Articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real
Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.

El Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo, queda modificado como sigue:

Uno. El artículo 5 queda redactado en los siguientes
términos:

«Artículo 5. Competencias del Ministerio del
Interior.

Se atribuyen al Ministerio del Interior las siguientes
competencias en el ámbito de esta Ley, sin perjuicio de las que tengan asumidas
las Comunidades Autónomas en sus propios Estatutos:

a) Expedir y revisar los permisos y licencias para conducir
vehículos a motor y ciclomotores con los requisitos sobre conocimientos,
aptitudes técnicas y condiciones psicofísicas y periodicidad que se determinen
reglamentariamente, así como la anulación, intervención, revocación y, en su
caso, suspensión de aquéllos.

b) Canjear, de acuerdo con las normas reglamentarias
aplicables, los permisos para conducir expedidos en el ámbito militar y policial
por los correspondientes en el ámbito civil, así como los permisos expedidos en
el extranjero cuando así lo prevea la legislación vigente.

c) Conceder las autorizaciones de apertura de centros de
formación de conductores y declarar la nulidad, así como los certificados de
aptitud y autorizaciones que permitan acceder a la actuación profesional en
materia de enseñanza de la conducción y acreditar la destinada al reconocimiento
de aptitudes psicofísicas de los conductores, con los requisitos y condiciones
que reglamentariamente se determinen.

d) La matriculación y expedición de los permisos o licencias
de circulación de los vehículos a motor, remolques, semirremolques y
ciclomotores, así como la anulación, intervención o revocación de dichos
permisos o licencias, con los requisitos y condiciones que reglamentariamente se
establezcan.

e) Expedir las autorizaciones o permisos temporales y
provisionales para la circulación de vehículos hasta su matriculación.

f) El establecimiento de normas especiales que posibiliten la
circulación de vehículos históricos y fomenten la conservación y restauración de
los que integran el patrimonio histórico cultural.

g) La retirada de los vehículos de la vía fuera de poblado y
la baja temporal o definitiva de la circulación de dichos vehículos.

h) Los registros de vehículos, de conductores e infractores,
de profesionales de la enseñanza de la conducción, de centros de formación de
conductores, de los centros de reconocimiento para conductores de vehículos a
motor y de manipulación de placas de matrícula, en la forma que
reglamentariamente se determine.

i) La vigilancia y disciplina del tráfico en toda clase de
vías interurbanas y en travesías cuando no exista policía local, así como la
denuncia y sanción de las infracciones a las normas de circulación y de
seguridad en dichas vías.

j) La denuncia y sanción de las infracciones por
incumplimiento de la obligación de someterse a la inspección técnica de
vehículos, así como a las prescripciones derivadas de aquélla, y por razón del
ejercicio de actividades industriales que afecten de manera directa a la
seguridad vial.

k) La regulación, gestión y control del tráfico en vías
interurbanas y en travesías, estableciendo para estas últimas fórmulas de
cooperación o delegación con las Entidades locales, y sin perjuicio de lo
establecido en otras disposiciones y de las facultades de otros departamentos
ministeriales.

l) Establecer las directrices básicas y esenciales para la
formación y actuación de los agentes de la autoridad en materia de tráfico y
circulación de vehículos a motor, sin perjuicio de las atribuciones de las
corporaciones locales, con cuyos órganos se instrumentará, de común acuerdo, la
colaboración necesaria.

m) La autorización de pruebas deportivas que hayan de
celebrarse utilizando en todo o parte del recorrido carreteras estatales, previo
informe de las Administraciones titulares de las vías públicas afectadas, e
informar, con carácter vinculante, las que se vayan a conceder por otros órganos
autonómicos o municipales, cuando hayan de circular por vías públicas o de uso
público en que la Administración General del Estado tiene atribuida la
vigilancia y regulación del tráfico.

n) Cerrar a la circulación, con carácter excepcional,
carreteras o tramos de ellas, por razones de seguridad o fluidez del tráfico, en
la forma que se determine reglamentariamente.

ñ) La coordinación de la estadística y la investigación de
accidentes de tráfico, así como las estadísticas de inspección de vehículos, en
colaboración con otros organismos oficiales y privados, de acuerdo con lo que
reglamentariamente se determine.

o) La realización de las pruebas, reglamentariamente
establecidas, para determinar el grado de intoxicación alcohólica, o por
estupefacientes, psicotrópicos o estimulantes, de los conductores que circulen
por las vías públicas en las que tienen atribuida la vigilancia y el control de
la seguridad de la circulación vial.

p) Contratar la gestión de los cursos de sensibilización y
reeducación vial que han de realizar los conductores como consecuencia de la
pérdida parcial o total de los puntos que les hayan sido asignados, elaborar el
contenido de los cursos, así como su duración y requisitos. Dicha gestión se
realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 253 de la Ley 30/2007, de
30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

q) La garantía de igualdad de oportunidades, no discriminación
y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, especialmente en su
calidad de conductores, en todos los ámbitos regulados en esta Ley.»

Dos. El apartado 2 del artículo 60 queda redactado en los
siguientes términos:

«2. La enseñanza de los conocimientos y técnica necesarios
para la conducción, así como el posterior perfeccionamiento y renovación de
conocimientos se ejercerán por centros de formación oficiales o privados, que
podrán constituir secciones o sucursales con la misma titularidad y
denominación.

Los centros de formación requerirán autorización previa, que
tendrá validez en todo el territorio español en el caso de que se establezcan
secciones o sucursales.

La constatación de las aptitudes psicofísicas de los
conductores se ejercerá por centros oficiales o privados, que necesitarán de
autorización previa para desarrollar su actividad.

A los fines de garantizar la seguridad vial, el Gobierno
determinará los elementos personales y materiales mínimos para la formación y el
reconocimiento de conductores siguiendo lo establecido en la Ley 17/2009, de 23
de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio. En particular, se regulará reglamentariamente el régimen docente y de
funcionamiento de los centros de formación. La titulación y acreditación de los
profesores y directores se basará en pruebas objetivas que valoren los
conocimientos, la aptitud pedagógica y la experiencia práctica. Las pruebas se
convocarán periódicamente, y la calificación podrá ser objeto de recurso.

Igualmente, a los fines de garantizar la seguridad vial, se
regulará reglamentariamente el funcionamiento de los centros de reconocimiento
de conductores.»

Tres. Se suprime el apartado 4 del anexo III que queda sin
contenido.

Artículo 23. Modificación de la Ley 27/1992, de 24 de
noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

La Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de
la Marina Mercante queda modificada en los siguientes términos:

Uno. El artículo 77.2 tendrá la siguiente redacción:

«2. El Capitán y el primer oficial de cubierta de los buques
nacionales deberán tener la nacionalidad de un Estado miembro del Espacio
Económico Europeo, salvo en los supuestos en que se establezca por la
Administración marítima que estos empleos han de ser desempeñados por ciudadanos
de nacionalidad española por implicar el ejercicio efectivo de forma habitual de
prerrogativas de poder público que no representen una parte muy reducida de sus
actividades. El resto de la dotación, en el caso de buques mercantes, deberá ser
de nacionalidad española o de algún otro Estado miembro del Espacio Económico
Europeo, al menos en su 50 por ciento.»

Dos. El apartado Seis, letra a), de la disposición adicional
decimoquinta quedará redactado del modo siguiente:

«Nacionalidad: El Capitán y el primer Oficial de los buques
deberán tener, en todo caso, la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión
Europea o del Espacio Económico Europeo, salvo en los supuestos en que se
establezca, por la Administración Marítima, que estos empleos han de ser
desempeñados por ciudadanos de nacionalidad española por implicar el ejercicio
efectivo de forma habitual de prerrogativas de poder público que no representen
una parte muy reducida de sus actividades.

El resto de la dotación deberá ser de nacionalidad española o
de algún otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo
al menos, en su 50 por ciento.

No obstante lo anterior, cuando no haya disponibilidad de
tripulantes de nacionalidad española o de algún otro Estado miembro de la Unión
Europea o del Espacio Económico Europeo, cuando medien razones de viabilidad
económica del servicio de transporte, o por cualquier otra causa que pudiera
tener una incidencia fundamental en la existencia del servicio, el Ministerio de
Fomento podrá autorizar a las Empresas solicitantes el empleo de tripulantes no
nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico
Europeo en proporción superior a la expresada anteriormente, siempre que quede
garantizada la seguridad del buque y la navegación, teniendo en cuenta las
formalidades establecidas en la normativa española vigente en materia de
extranjería e inmigración.»

Tres. Se añade un nuevo apartado 2.t) en la Disposición
Derogatoria Única, con la siguiente redacción:

«El artículo 609 del Código de Comercio en cuanto a la
exigencia de la nacionalidad española para el ejercicio de la profesión de
Capitán, así como cualesquiera otras normas de similar carácter.»

Artículo 24. Modificación de la Ley 39/2003, de 17 de
noviembre, del Sector Ferroviario.

La Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario,
queda modificada en los siguientes términos:

Uno. Se modifican la letra j) y la letra k) del apartado 1
del artículo 21, que quedan redactadas de la siguiente forma:

«j) La prestación de servicios adicionales y, en su caso, de
servicios complementarios y auxiliares al servicio de transporte
ferroviario.

k) La propuesta al Ministerio de Fomento de las tarifas por la
prestación de los servicios adicionales y complementarios.»

Dos. El artículo 40 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 40. Prestación de los servicios
adicionales, complementarios y auxiliares.

1. Los servicios adicionales, complementarios y auxiliares
en la Red Ferroviaria de Interés General y sus zonas de servicio ferroviario,
tendentes a facilitar el funcionamiento del sistema ferroviario, se prestarán a
las empresas ferroviarias y otros candidatos conforme se establece a
continuación. Se entiende por zonas de servicio ferroviario las referidas en el
artículo 9 de esta Ley.

2. La prestación de los servicios adicionales en la Red
Ferroviaria de Interés General y sus zonas de servicio ferroviario será
realizada siempre por el administrador de infraestructuras ferroviarias, estando
obligado a prestarlos a solicitud de las empresas ferroviarias.

3. La prestación de servicios complementarios en la Red
Ferroviaria de Interés General y en las áreas de las zonas de servicio
ferroviario administradas por el administrador de infraestructuras ferroviarias,
se efectuará en régimen de Derecho privado y podrá ser realizada:

a) Por el administrador de infraestructuras ferroviarias por
sus propios medios o mediante gestión indirecta a través de empresas
contratistas seleccionadas conforme a la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre
procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los
transportes y los servicios postales; y en los supuestos que ésta no sea de
aplicación, conforme al Ordenamiento jurídico privado con observancia de los
principios de publicidad y concurrencia. Dichas empresas contratistas deberán
disponer de un título habilitante para la prestación del servicio complementario
correspondiente, otorgado por el administrador de infraestructuras ferroviarias;
y no podrán estar vinculadas con empresas ferroviarias. A estos efectos, se
entenderá que existe vinculación con empresas ferroviarias cuando pertenezcan al
mismo grupo empresarial. Se entenderá aplicable el concepto de grupo empresarial
en los supuestos a los que se refiere el artículo 42.1 del Código de Comercio y
el artículo 87 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre.

Por orden del titular del Ministerio de Fomento se
determinarán los criterios conforme a los cuales el administrador de
infraestructuras ferroviarias deberá prestar estos servicios.

Los servicios complementarios que ofrezca en cada momento el
administrador de infraestructuras ferroviarias, a través de la declaración sobre
la red o documento equivalente, serán de obligada prestación a solicitud de las
empresas ferroviarias y otros candidatos.

b) Directamente, a su riesgo y ventura, por empresas
prestadoras provistas del preceptivo título habilitante otorgado por el
administrador de infraestructuras ferroviarias, siempre que dispongan de los
espacios, instalaciones o medios necesarios para la realización de la prestación
correspondiente, a través del oportuno acuerdo o contrato con dicho
administrador. En las áreas de las zonas de servicio ferroviario
administradas por la entidad pública empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias, dichas empresas prestadoras no podrán estar
vinculadas con empresas ferroviarias. El título habilitante deberá tener
carácter reglado. El administrador de infraestructuras ferroviarias deberá
otorgar dicho título a las empresas que cumplan los requisitos que el titular
del Ministerio de Fomento establezca reglamentariamente para la obtención del
mismo. Reglamentariamente se establecerán las condiciones para que el
administrador de infraestructuras ferroviarias suscriba acuerdos o contratos de
disposición de espacios, instalaciones o medios que las empresas prestadoras de
servicios complementarios soliciten, garantizando la seguridad ferroviaria y el
adecuado uso de las instalaciones. Los referidos servicios complementarios serán
de prestación obligatoria a solicitud de las empresas ferroviarias y otros
candidatos, con aplicación de los principios de igualdad de trato, transparencia
y no discriminación. Se considerará condición esencial de la actividad el
respeto a la confidencialidad de los datos que se pudieran conocer durante el
desarrollo de la misma acerca de las operaciones de las empresas ferroviarias y
candidatos, considerándose su incumplimiento como infracción grave de las
comprendidas en el apartado a) del artículo 89 de esta Ley.

c) Las empresas ferroviarias y los candidatos titulares de
material rodante, presten o no servicios complementarios al amparo de lo
establecido en el epígrafe b) anterior, podrán realizar para sí mismos dichos
servicios complementarios siempre que hayan suscrito con el administrador de
infraestructuras ferroviarias el correspondiente acuerdo o contrato sobre
disponibilidad de espacios y, en su caso, de instalaciones o medios que sean
solicitados por la empresa ferroviaria o candidato. La autoprestación podrá
realizarse directamente o a través de contrato con terceros. En este caso, los
prestadores deberán estar en posesión del correspondiente título habilitante
otorgado por dicho administrador. En el supuesto contemplado en la presente
letra c) las empresas ferroviarias y otros candidatos tendrán prohibida la
prestación de servicios complementarios a empresas distintas. El incumplimiento
de esta obligación supondrá una infracción grave comprendida en el apartado a)
del artículo 89 de esta Ley.

4. La prestación de servicios auxiliares en la Red
Ferroviaria de Interés General y las áreas de sus zonas de servicio
administradas por el administrador de infraestructuras ferroviarias se efectuará
en régimen de Derecho privado, sin que sea precisa autorización previa alguna de
la administración ferroviaria y sin que sea obligatoria dicha prestación. En
todo caso la empresa prestadora deberá haber suscrito con el administrador de
infraestructuras ferroviarias el correspondiente acuerdo o contrato sobre
disponibilidad de espacios y, en su caso, de las instalaciones o medios cuya
utilización le hubiera solicitado al mismo. El objeto social de la empresa
prestadora deberá abarcar la realización de los citados servicios; sin embargo,
las empresas ferroviarias y otros candidatos titulares de material rodante que
no cumplan este requisito podrán realizar para sí los referidos servicios en
régimen de autoprestación, directamente o a través de terceros, siempre que
hayan suscrito con el administrador de infraestructuras ferroviarias el
correspondiente acuerdo o contrato sobre disponibilidad de espacios y, en su
caso, de las instalaciones o medios cuya utilización le hubieran solicitado. El
administrador de infraestructuras ferroviarias podrá prestar en cualquier caso
los servicios auxiliares.

5. La prestación de servicios complementarios y auxiliares en
aquellas áreas de las zonas de servicio ferroviario que no estuvieran
administradas por el administrador de infraestructuras ferroviarias se efectuará
en régimen de Derecho privado y podrá ser llevada a cabo sin sujeción al título
habilitante contemplado en este artículo, por empresas cuyo objeto social
abarque la realización de los citados servicios. Sin embargo, las empresas
ferroviarias y otros candidatos titulares de material rodante que no cumplan
este requisito podrán realizar para sí los referidos servicios en régimen de
autoprestación, directamente o a través de terceros. La prestación de los
servicios complementarios y auxiliares en el referido ámbito no será
obligatoria.

6. En el ámbito de su competencia, las Autoridades Portuarias
realizarán las funciones asignadas al administrador de infraestructuras
ferroviarias en los apartados anteriores en relación con los servicios
adicionales, complementarios y auxiliares. Los servicios adicionales de acceso a
y desde la vía a las redes ferroviarias de los Puertos de Interés General del
Estado podrán prestarse por la entidad pública empresarial Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias previo acuerdo entre dicha entidad y la
correspondiente Autoridad Portuaria.

7. El uso de los espacios, instalaciones y medios disponibles
en las áreas de las zonas de servicio ferroviario administradas por el
administrador de infraestructuras ferroviarias, se regulará a través del
correspondiente contrato de disponibilidad entre las partes, en el que
figurarán, entre otros extremos, el objeto, la forma y temporalidad de la
utilización de dichos medios, la duración del contrato y su precio. En el caso
de las Autoridades Portuarias el mencionado uso de espacios, instalaciones y
medios disponibles se llevará a cabo mediante las correspondientes concesiones,
autorizaciones y demás formas jurídicas que sean de aplicación conforme a la
legislación portuaria.

8. Lo dispuesto en los apartados anteriores no será de
aplicación a las infraestructuras ferroviarias de titularidad privada que
complementan la Red Ferroviaria de Interés General y que no se encuentren
situadas en las zonas de servicio ferroviario de la misma, salvedad hecha de los
servicios adicionales de acceso a los apartaderos y desde los mismos a los que
será de aplicación lo establecido en el apartado 2.»

Tres. El artículo 41 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 41. Régimen aplicable.

Por orden del Ministro de Fomento se establecerá el régimen
jurídico de las condiciones de prestación de los servicios adicionales,
complementarios y auxiliares conforme a los principios de no discriminación y la
proporcionalidad.»

Cuatro. Se modifica el artículo 78 que queda redactado del
siguiente modo:

«Artículo 78. Régimen general.

1. La prestación de los servicios adicionales y
complementarios estará sujeta al pago de tarifas, que tendrán el carácter de
precios privados. La prestación de servicios auxiliares estará sujeta a precios
libremente acordados entre las partes.

2. No se devengarán tarifas ni precios por las actividades y
servicios sujetos al pago de los cánones ferroviarios regulados en este
Título.»

Cinco. Se modifica el apartado 1 del artículo 79, que queda
redactado del siguiente modo:

«1. Las tarifas de los servicios adicionales serán aprobadas
por el Ministerio de Fomento a propuesta del administrador de infraestructuras
ferroviarias, y se incluirán en la declaración sobre la red. Dicha propuesta no
tendrá carácter vinculante para el Ministerio de Fomento.

Las tarifas de los servicios complementarios prestados en la
Red Ferroviaria de Interés General y en las áreas de sus zonas de servicio
ferroviario administradas por el administrador de infraestructuras ferroviarias
serán aprobadas, con independencia de quien sea su prestador, por el Ministerio
de Fomento a propuesta del administrador de infraestructuras ferroviarias. Su
cuantía deberá figurar en la declaración sobre la red. El Ministerio de Fomento
podrá establecer, por motivos de interés general relativos a los objetivos de la
política social, exoneraciones o aminoraciones en las tarifas en vigor de los
servicios prestados por el administrador de infraestructuras ferroviarias,
compensando a este último, si procede, por la disminución de ingresos que se
derive de la aplicación de las mismas.

Las tarifas de los servicios complementarios realizados en las
áreas de zonas de servicio ferroviario no administradas por el administrador de
infraestructuras ferroviarias serán de libre fijación por la empresa prestadora,
que deberá comunicarlas con antelación al Ministerio de Fomento para su
conocimiento.

Las tarifas de los servicios complementarios realizadas en las
áreas dependientes de las Autoridades Portuarias serán aprobadas, con
independencia de quien sea su prestador, por dichas autoridades y remitidas al
Ministerio de Fomento. Su cuantía deberá ser hecha pública por la
correspondiente Autoridad Portuaria.

El precio de los servicios auxiliares será acordado libremente
entre las partes.»

Seis. Se modifica en el Anexo la descripción de los servicios
complementarios de la siguiente manera:

«Servicios complementarios. Tales servicios pueden
comprender:

a) La corriente de tracción.

b) El suministro de combustible.

c) El precalentamiento de trenes de viajeros.

d) El de maniobras y cualquier otro relacionado con las
operaciones sobre el material ferroviario prestado en las instalaciones de
mantenimiento, reparación, suministro y terminales de carga y estaciones de
clasificación.

e) Los específicos para control del transporte de mercancías
peligrosas y para la asistencia a la circulación de convoyes especiales.»

Siete. Se añade una nueva Disposición transitoria séptima,
con la siguiente redacción:

«Disposición transitoria séptima. Contratos actualmente en
vigor.

Para los contratos actualmente en vigor, la prohibición
impuesta a las empresas prestadoras de servicios complementarios de tener
vinculación con empresas ferroviarias, a que se refiere el apartado 3 del
artículo 40, será de aplicación a partir del 1 de julio de 2013, salvo que los
contratos que tuvieran suscritos con éstas finalizaran con anterioridad.»

Artículo 25. Modificación de la Ley 48/2003, de 26 de
noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos de
interés general.

La Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de
prestación de servicios de los puertos de interés general, queda modificada en
los siguientes términos:

Uno. Se modifica el apartado 3 del artículo 89, que queda
redactado del siguiente modo:

«3. Para que la Autoridad Portuaria resuelva sobre una
autorización de prestación de servicio o de actividad, el interesado deberá
formular una solicitud acompañada de:

a) Datos identificativos del solicitante o, en su caso, de
los partícipes en la comunidad o entidad sin personalidad jurídica.

b) Descripción de la actividad a desarrollar y, en su caso,
plazo de la misma.

c) Información económico-financiera de la actividad a
desarrollar.

d) Otros documentos y justificaciones que la Autoridad
Portuaria considere necesarios y su exigencia esté justificada por razón
imperiosa de interés general.

Previo informe del Director y audiencia del interesado,
cuando proceda, corresponde al Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria el otorgamiento, con carácter reglado, de las autorizaciones cuyo
plazo de vigencia sea superior a un año, y al Presidente el de aquellas que no
excedan de dicho plazo.»

Dos. El apartado 1 del artículo 109 queda redactado del
siguiente modo:

«1. Para que la Autoridad Portuaria resuelva sobre la
ocupación del dominio público portuario, el interesado deberá formular una
solicitud a la que acompañará los siguientes documentos y justificantes:

a) Datos identificativos del solicitante o, en su caso, de
los partícipes en la comunidad o entidad sin personalidad jurídica.

b) Acreditación de solvencia económica y técnica para hacer
frente a las obligaciones resultantes de la concesión.

c) Proyecto básico, que deberá adaptarse al plan especial de
ordenación de la zona de servicio del puerto o, en su defecto, al plan de
utilización de los espacios portuarios. Incluirá la descripción de las
actividades a desarrollar, características de las obras e instalaciones a
realizar, que deberán ser conformes con el Plan Director, posibles efectos
medioambientales y, en su caso, estudio de impacto ambiental, extensión de la
zona de dominio público portuario a ocupar, presupuesto estimado de las obras e
instalaciones y otras especificaciones que determine la Autoridad Portuaria.

d) Memoria económico financiera de la actividad a desarrollar
en la concesión.

e) Cumplimiento de las condiciones específicas para el
ejercicio de la actividad objeto de la concesión.

f) Garantía provisional conforme a lo indicado en el artículo
118 de esta Ley.

g) Otros documentos y justificaciones que sean pertinentes y
cuya exigencia esté justificada por razón imperiosa de interés general.»

CAPÍTULO II

Servicios de información y comunicaciones

Artículo 26. Modificación de la Ley 24/1998, de 13 de julio,
del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales.

La Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y
de Liberalización de los Servicios Postales, queda modificada en los siguientes
términos:

Uno. El artículo 7 queda modificado del siguiente modo:

«Artículo 7. Condiciones de los operadores de
servicios postales.

1. Para la prestación de servicios postales se requerirá el
cumplimiento de las condiciones establecidas en la presente disposición, incluso
para aquellos operadores que actúen en nombre, representación o por cuenta de
otro u otros operadores postales.

2. Podrán establecerse y prestar servicios postales las
personas físicas con la nacionalidad de un Estado miembro o cualquier persona
jurídica de las contempladas en el artículo 48 del Tratado y establecida en un
Estado miembro, o con otra nacionalidad cuando así esté previsto en los
convenios o acuerdos internacionales en los que sea parte el Estado español. En
todo caso el operador que solicite la autorización deberá disponer de al menos,
un establecimiento en territorio español, comunicando, al Registro General de
Empresas Prestadoras de Servicios Postales, la dirección postal y persona de
contacto de aquel que se utilice a efecto de comunicaciones.»

Dos. El artículo 8 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 8. Registro General de Empresas Prestadoras
de Servicios Postales.

1. Todos los datos relativos a los prestadores de servicios
postales habrán de inscribirse en el Registro General de Empresas Prestadoras de
Servicios Postales, que dependerá de la Comisión Nacional del Sector Postal.

2. La inscripción en el citado Registro, al igual que la
renovación de la misma, se practicará de oficio por la Comisión Nacional del
Sector Postal a partir de la información contenida en la declaración responsable
o, en su caso, en la autorización administrativa singular, según el régimen
aplicable al servicio que presten.

3. La inscripción en el Registro se renovará cada dos años a
instancia de la Comisión Nacional del Sector Postal.

4. El funcionamiento del Registro y el procedimiento de
inscripción y renovación se regularán reglamentariamente.»

Tres. El artículo 9 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 9. Ámbito y condiciones de las
autorizaciones generales.

1. Se establece un régimen de autorización general para la
prestación de servicios postales no incluidos en el ámbito del servicio postal
universal.

2. El operador deberá asumir la obligación de cumplir los
requisitos esenciales para la prestación del servicio postal y comprometerse al
pleno acatamiento de las disposiciones que regulan los citados requisitos
esenciales, previstas en la normativa sectorial y de desarrollo de esta Ley.

3. Se consideran, a efectos de esta Ley, requisitos esenciales
para la prestación del servicio postal, el respeto, conforme al artículo 18.3 de
la Constitución Española, al derecho a la inviolabilidad de la correspondencia,
la obligación de protección de los datos y los establecidos por la normativa
sectorial sobre seguridad del funcionamiento de la red en materia de transporte
de sustancias peligrosas, protección del medio ambiente y ordenación
territorial.

La obligación de protección de los datos incluirá el deber de
secreto de los de carácter personal, la confidencialidad de la información
transmitida o almacenada y la protección de la intimidad.

A estos efectos, a todos los envíos que, por cualquier causa,
no puedan, una vez agotadas todas las posibilidades al efecto, ser entregados al
destinatario o reexpedidos al remitente, se les aplicarán las normas que
reglamentariamente garanticen las formalidades a seguir y los requisitos a
observar para averiguar su procedencia o destino y, en su caso, las que
establezcan las condiciones para su reclamación, para su depósito y para su
eventual destrucción por el operador.»

Cuatro. El artículo 10 queda redactado del siguiente
modo:

«Artículo 10. Procedimiento para las autorizaciones
generales.

1. Los interesados en prestar un servicio postal no incluido
en el ámbito del servicio postal universal, deberán presentar al Registro
General al que se refiere el artículo 8, con carácter previo al inicio de la
actividad, una declaración responsable en la que conste expresamente:

a) Sometimiento a las condiciones a las que se refiere el
artículo anterior.

b) Que cumple los requisitos establecidos en la normativa
postal vigente y dispone de los documentos que así lo acreditan.

c) El compromiso a mantener los requisitos establecidos
durante la vigencia de la actividad y a comunicar al Registro General cualquier
cambio que se produzca en los mismos.

d) El compromiso de aportar toda la información necesaria para
delimitar claramente el servicio correspondiente.

La presentación de la declaración responsable habilita para
el desarrollo de la actividad de que se trate en todo el territorio español, sin
perjuicio de que, previa audiencia del interesado y mediante resolución
motivada, pueda ser privada de validez y eficacia, cuando se constate que en la
propia declaración no se cumplen los requisitos establecidos en el párrafo
anterior. Igualmente, podrá ser declarada sin eficacia cuando se constate el
incumplimiento sobrevenido de alguno de esos requisitos. En tales casos además
se cancelará la inscripción registral.

2. A los efectos de esta Ley, la inscripción en el Registro
regulado en el artículo 53 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de
los Transportes Terrestres, también habilitará para la prestación de los
servicios postales no incluidos en el ámbito del servicio postal universal, una
vez que el interesado haya efectuado la comunicación de esta circunstancia a la
Comisión Nacional del Sector Postal.

3. Los interesados a que se refieren los apartados anteriores
podrán comenzar la prestación del servicio postal a partir del día siguiente al
del envío de la declaración responsable o, en su caso, de la comunicación a que
se refiere el apartado anterior, al Registro citado.

Los datos relativos a los titulares de las autorizaciones
generales se harán constar en el Registro General en los términos señalados en
el artículo 8.

En todo caso el Registro General enviará una notificación al
interesado en que conste la fecha en la que se ha practicado la inscripción en
el Registro, sin que esta notificación condicione el inicio de la
actividad.»

Cinco. El artículo 12 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 12. Condiciones que pueden imponerse a los
titulares de autorizaciones administrativas singulares.

Las autorizaciones administrativas singulares se otorgarán
con carácter reglado, previa acreditación del cumplimiento por el solicitante de
los requisitos exigibles para la prestación del servicio postal y la asunción
por él de las condiciones a las que se refiere el artículo 9.2 y 9.3 y de
aquellas otras de contenido no económico que puedan establecerse por Orden del
Ministerio de Fomento. Estas últimas condiciones se podrán exigir,
exclusivamente, por motivos de interés general.

Igualmente, el solicitante deberá asumir el cumplimiento de
las siguientes obligaciones:

a) Las de servicio público que, con arreglo a lo establecido
en el artículo 22, le sean exigibles.

b) Las propias del servicio postal universal que asuma
voluntariamente y que deberán figurar en las ofertas de los servicios que dirija
a los usuarios.

c) La de no perturbar, en la prestación de los servicios, los
derechos especiales o exclusivos y el régimen de reserva establecido en
beneficio del operador al que se encomienda la prestación del servicio postal
universal.»

Artículo 27. Modificación de la Ley 32/2003, de 3 de
noviembre, General de Telecomunicaciones.

La Ley 32/2003, General de Telecomunicaciones, queda modificada
del siguiente modo:

Uno. El artículo 42 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 42. Condiciones que deben cumplir las
instalaciones e instaladores.

1. La instalación de los aparatos de telecomunicación deberá
ser realizada siguiendo las instrucciones proporcionadas por su fabricante y
manteniendo, en cualquier caso, inalteradas las condiciones bajo las cuales se
ha verificado su conformidad con los requisitos esenciales, en los términos
establecidos en los artículos anteriores de este Título.

2. La prestación a terceros de servicios de instalación o
mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicación se realizará en régimen
de libre competencia sin más limitaciones que las establecidas en esta Ley y su
normativa de desarrollo.

Podrán prestar servicios de instalación o mantenimiento de
equipos o sistemas de telecomunicación las personas físicas o jurídicas
nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o con otra nacionalidad,
cuando, en el segundo caso, así esté previsto en los acuerdos internacionales
que vinculen al Reino de España. Para el resto de personas físicas o jurídicas,
el Gobierno podrá autorizar excepciones de carácter general o particular a la
regla anterior.

Los interesados en su prestación deberán, con anterioridad al
inicio de la actividad, presentar al Registro de empresas instaladoras de
telecomunicación una declaración responsable sobre el cumplimiento de los
requisitos relativos a la capacidad técnica y a la cualificación profesional
para el ejercicio de la actividad, medios técnicos y cobertura mínima del seguro
en los términos que se determinen reglamentariamente.

Los requisitos de acceso a la actividad y su ejercicio serán
proporcionados, no discriminatorios, trasparentes y objetivos, y estarán clara y
directamente vinculados al interés general concreto que los justifique.

La declaración responsable habilita para la prestación a
terceros de servicios de instalación o mantenimiento de equipos o sistemas de
telecomunicación en todo el territorio español y con una duración
indefinida.

Cuando se constate de la declaración responsable del
interesado que no se cumplen los requisitos establecidos en el párrafo anterior,
se dictará resolución motivada en un plazo máximo de treinta días, teniendo por
no realizada aquélla. Antes de dictar resolución, se dirigirá al interesado una
notificación para que subsane, en el plazo de diez días, los defectos o errores
en que haya podido incurrir la declaración responsable. Mientras se sustancia el
trámite de subsanación de la declaración responsable, se producirá la
interrupción del cómputo del plazo de treinta días mencionado para dictar
resolución.

Igualmente, cuando se constate el incumplimiento sobrevenido
de alguno de los requisitos determinados reglamentariamente, se le dirigirá al
interesado una notificación para que subsane dicho incumplimiento en el plazo de
quince días. Transcurrido dicho plazo sin que la subsanación se hubiera
producido, se procederá a dictar resolución privando de eficacia a la
declaración y se cancelará la inscripción registral.

Cualquier hecho que suponga modificación de alguno de los
datos incluidos en la declaración originaria deberá ser comunicado por el
interesado, en el plazo máximo de un mes a partir del momento en que se
produzca, a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de
la Información, que procederá a la inscripción de la modificación en el Registro
de empresas instaladoras de telecomunicación.

Si como consecuencia de la prestación de servicios de
instalación o mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicación se pusiera
en peligro la seguridad de las personas o de las redes públicas de
telecomunicaciones, se podrá dictar resolución motivada por la que, previa
audiencia del interesado, se adopte de forma cautelar e inmediata la suspensión
de la eficacia de la declaración.

En los supuestos de prestación temporal u ocasional en el
territorio español de la actividad de instalación o mantenimiento de equipos o
sistemas de telecomunicación por empresas establecidas en otros Estados miembros
de la Unión Europea, el ejercicio de la actividad será libre.

3. El Registro de empresas instaladoras de telecomunicación
será de carácter público y su regulación se hará mediante norma reglamentaria.
En él se inscribirán de oficio los datos relativos a las personas físicas o
jurídicas que hayan declarado su intención de prestar servicios de instalación o
mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicación y sus modificaciones, a
partir de la información contenida en las declaraciones. Los trámites relativos
a la inscripción en el mismo no podrán suponer un retraso de la habilitación
para ejercer la actividad.»

Dos. Se añade un nuevo apartado s) en el artículo 54 de la
Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones, con la siguiente
redacción:

«s) El ejercicio de la actividad de instalación y
mantenimiento de equipos y sistemas de telecomunicación sin haber efectuado la
declaración responsable o sin cumplir los requisitos a los que se refiere el
artículo 42.2.»

TÍTULO V

Servicios medioambientales y de agricultura

CAPÍTULO I

Servicios medioambientales

Artículo 28. Modificación de la Ley de 20 de febrero de 1942,
por la que se regula el fomento y conservación de la pesca fluvial.

Se deroga el último inciso del artículo 39 «igualmente, serán
objeto de reglamentación los que hayan de concederse a extranjeros» de la Ley de
20 de febrero de 1942, por la que se regula el fomento y conservación de la
pesca fluvial.

Artículo 29. Modificación de la Ley 1/1970, de 4 de abril, de
caza.

Se deroga el apartado 5 del artículo 15, el último inciso del
apartado 1 del artículo 18 «a todos los españoles que lo deseen», los apartados
3 y 6 del artículo 18 y el apartado 5 del artículo 34 de la Ley 1/1970, de 4 de
abril, de caza.

Artículo 30. Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio,
de Costas.

La Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, queda modificada
como sigue:

Uno. Se añade un segundo párrafo al artículo 53.1, con la
siguiente redacción:

«En caso de que los Ayuntamientos opten por explotar los
servicios de temporada a través de terceros, aquéllos garantizarán que en los
correspondientes procedimientos de otorgamiento se respeten los principios de
publicidad, objetividad, imparcialidad, transparencia y concurrencia
competitiva.»

Dos. Se añade un segundo párrafo al artículo 74.3, con la
siguiente redacción:

«En el otorgamiento de solicitudes relativas a actividades
de servicios se respetarán los principios de publicidad, objetividad,
imparcialidad, transparencia y concurrencia competitiva.»

Tres. El apartado 1 del artículo 75 queda redactado en los
siguientes términos:

«La Administración podrá convocar concursos para el
otorgamiento de concesiones y autorizaciones en el dominio público
marítimo-terrestre. En dichos procedimientos se respetarán los principios de
publicidad, objetividad, imparcialidad, transparencia y concurrencia
competitiva.»

Artículo 31. Modificación de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de
Vías Pecuarias.

La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, queda
modificada como sigue:

Uno. Se añade un tercer párrafo al apartado 1 del artículo
16, con la siguiente redacción:

«En el caso de que la circulación de vehículos motorizados
esté vinculada a una actividad de servicios, dicha autorización se sustituirá
por la declaración responsable prevista en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. La declaración responsable deberá
presentarse con un periodo mínimo de antelación de quince días, para que la
Comunidad Autónoma pueda comprobar la compatibilidad de la circulación del
vehículo motorizado con lo establecido en el artículo 1.3.»

Dos. Se añade un tercer párrafo al apartado 2 del artículo
17, con la siguiente redacción:

«Cuando se trate de instalaciones vinculadas a una actividad
de servicios, dicha autorización se sustituirá por la declaración responsable
prevista en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. La declaración responsable deberá presentarse con un periodo mínimo de
antelación de quince días, para que la Comunidad Autónoma pueda comprobar la
compatibilidad de la instalación desmontable con lo establecido en el artículo
1.3.»

Tres. Se añade una letra h) en el apartado 3 del artículo 21,
con la siguiente redacción:

«h) La no presentación de declaración responsable o el
incumplimiento de las previsiones contenidas en la declaración responsable para
el ejercicio de una determinada actividad o de las condiciones impuestas por la
Administración para el ejercicio de la misma.»

Cuatro. Se añade una letra i) en el apartado 3 del artículo
21 con la siguiente redacción:

«i) La inexactitud, falsedad u omisión de los datos,
manifestaciones o documentos que se incorporen o acompañen a la declaración
responsable.»

No obstante, en el caso de vías pecuarias que atraviesen
zonas consideradas de monte o de influencia forestal, especialmente en épocas de
riesgo de incendios forestales, el órgano competente de la Comunidad Autónoma
podrá exigir una autorización en los términos expresados en la normativa
forestal.

Artículo 32. Modificación de la Ley 10/1998, de 21 de abril,
de Residuos.

La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, queda modificada
como sigue:

Uno. Se añade un artículo 6 bis con la siguiente
redacción:

«Artículo 6 bis. Registro de producción y gestión de
residuos.

La información, autorizaciones y registros que se deriven de
esta Ley se incorporarán por las Comunidades Autónomas, a efectos informativos,
a un Registro de producción y gestión de residuos que será compartido y único
para todo el territorio español. Este Registro se desarrollará
reglamentariamente previa consulta a las Comunidades Autónomas, será público y
accesible a cualquier persona física o jurídica que cumpla con los requisitos
que reglamentariamente se establezcan.»

Dos. El artículo 10 queda redactado como sigue:

«Artículo 10. Importación, adquisición
intracomunitaria, intermediación y agencia.

Sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento CEE
1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo
a los traslados de residuos y de las autorizaciones que, en su caso, sean
exigibles de conformidad con lo establecido en el artículo anterior, los
importadores y adquirentes intracomunitarios, así como los agentes comerciales o
intermediarios que, en nombre propio o ajeno, pongan residuos en el mercado o
realicen con los mismos operaciones jurídicas que impliquen cambio de
titularidad posesoria, aun sin contenido transaccional comercial, deberán
comunicar el inicio de actividades al órgano ambiental competente de la
Comunidad Autónoma donde tengan su domicilio, para su inscripción en el Registro
de producción y gestión de residuos.

Asimismo, los sujetos mencionados en el párrafo anterior
deberán comunicar para su registro al órgano competente de la Comunidad Autónoma
donde vayan destinados los residuos al menos, las cantidades, naturaleza,
orígenes y destinos de los mismos, así como en su caso el método de transporte y
el método de valorización o eliminación que se vaya a emplear.»

Tres. El apartado 1 del artículo 13 queda redactado como
sigue:

«1. Quedan sometidos a régimen de autorización por el órgano
ambiental competente de la Comunidad Autónoma donde estén ubicadas, aquellas
instalaciones donde vayan a desarrollarse actividades de valorización o
eliminación de residuos.

Asimismo deberán obtener autorización las personas físicas o
jurídicas que realicen actividades de valorización y eliminación de residuos
previa comprobación de que las instalaciones donde se van a realizar dispongan
de la autorización indicada en el párrafo anterior o bien de autorización
ambiental integrada. Estas autorizaciones serán concedidas por el órgano
ambiental competente de la Comunidad Autónoma donde tengan su domicilio y serán
válidas para todo el territorio español.

En aquellos casos en que las personas físicas o jurídicas que
realicen operaciones de valorización y eliminación de residuos sean a la vez
titulares de las instalaciones donde se realizan tales operaciones, el órgano
ambiental competente de la Comunidad Autónoma donde esté ubicada la instalación
podrá conceder una sola autorización que comprenda la de la instalación y la de
la actividad ejercida por el titular de la misma.

Las autorizaciones previstas en este artículo se concederán
por un tiempo determinado, pasado el cual se renovarán automáticamente por
períodos sucesivos, y se inscribirán por la Comunidad Autónoma en el Registro de
producción y gestión de residuos.»

Cuatro. El artículo 15 queda redactado como sigue:

«Artículo 15. Otras actividades de gestión de
residuos.

Los titulares de actividades en las que se desarrollen
operaciones de gestión de residuos no peligrosos distintas a la valorización o
eliminación, deberán comunicarlo para su registro ante el órgano ambiental
competente de la Comunidad Autónoma donde tengan su sede. Esta información se
inscribirá por la Comunidad Autónoma en el Registro de producción y gestión de
residuos.»

Artículo 33. Modificación del Texto Refundido de la Ley de
Aguas aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.

El Texto Refundido de la Ley de Aguas aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, queda modificado del siguiente modo:

Uno. El artículo 51 queda redactado de la siguiente
manera:

«Artículo 51. Usos comunes especiales sujetos a
declaración responsable.

1. El ejercicio de los siguientes usos comunes especiales
requerirá previa declaración responsable:

a) La navegación y flotación.

b) El establecimiento de barcas de paso y sus
embarcaderos.

c) Cualquier otro uso, no incluido en el artículo anterior,
que no excluya la utilización del recurso por terceros.

2. La declaración responsable, a la que se refiere el
artículo 3.9 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso de las
actividades de servicios y su ejercicio, deberá presentarse con un periodo
mínimo de antelación de quince días, para que pueda comprobarse la
compatibilidad de dichos usos con los fines del dominio público hidráulico.»

Dos. El artículo 78 queda redactado de la siguiente
manera:

«Artículo 78. Navegación recreativa en embalses.

La navegación recreativa en embalses requerirá una
declaración responsable previa a su ejercicio, conforme a lo dispuesto en el
artículo 51 de esta Ley. En la declaración responsable deberán especificarse las
condiciones en que se va a realizar la navegación para que la Administración
pueda verificar su compatibilidad con los usos previstos para las aguas
almacenadas, protegiendo su calidad y limitando el acceso a las zonas de
derivación o desagüe según reglamentariamente se especifique.»

Tres. Se añade una letra i) al apartado 3 del artículo 116,
con la siguiente redacción:

«i) La no presentación de declaración responsable o el
incumplimiento de las previsiones contenidas en la declaración responsable para
el ejercicio de una determinada actividad o de las condiciones impuestas por la
Administración para el ejercicio de la misma.»

Cuatro. Se añade una letra j) al apartado 3 del artículo 116,
con la siguiente redacción:

«j) La inexactitud, falsedad u omisión en los datos,
manifestaciones o documentos que se incorporen o acompañen a la declaración
responsable.»

Artículo 34. Modificación de la Ley 43/2003, de 21 de
noviembre, de Montes.

Se añade un apartado 5 en el artículo 15 de la Ley 43/2003, de
21 de noviembre, de Montes, con la siguiente redacción:

«5. En los procedimientos de concesión y autorización de
actividades de servicios que vayan a realizarse en montes demaniales, sin
perjuicio de lo dispuesto en la regulación de los montes comunales, se
respetarán los principios de publicidad, objetividad, imparcialidad y
transparencia. Se aplicará además el principio de concurrencia competitiva en
los siguientes supuestos:

a) cuando se trate de una actividad de servicios que se
promueva por la administración gestora del monte conforme a los instrumentos de
planificación y gestión del mismo,

b) cuando el ejercicio de la actividad excluya el ejercicio de
otras actividades por terceros.

Los criterios en que se basará la concesión y autorización
para la realización de actividades de servicios estarán directamente vinculados
a la protección del medioambiente.

La duración de dichas autorizaciones y concesiones será
limitada de acuerdo con sus características, no dará lugar a renovación
automática ni a ventajas a favor del anterior titular o personas especialmente
vinculadas con él.»

Artículo 35. Modificación de la Ley 5/2007, de 3 de abril, de
la Red de Parques Nacionales.

Se añade un nuevo artículo 13 bis en la Ley 5/2007, de 3 de
abril, de la Red de Parques Nacionales, con la siguiente redacción:

«Artículo 13 bis. Autorización y concesión de
actividades de servicios en un Parque Nacional.

Los procedimientos de concesión y autorización de
actividades de servicios que, conforme a sus instrumentos de planificación y
gestión, vayan a realizarse en un Parque Nacional, deberán respetar los
principios de publicidad, objetividad, imparcialidad y transparencia. Se
aplicará además el principio de concurrencia competitiva en los siguientes
supuestos:

a) cuando se trate de una actividad de servicios que se
promueva por la administración gestora del Parque conforme a los instrumentos de
planificación y gestión del mismo,

b) cuando el ejercicio de la actividad excluya el ejercicio de
otras actividades por terceros.

Los criterios en que se basará la concesión y autorización
para la realización de actividades de servicios estarán directamente vinculados
a la protección del medioambiente.

La duración de dichas autorizaciones y concesiones será
limitada de acuerdo con sus características, y no dará lugar a renovación
automática, no conllevando, una vez extinguida, ningún tipo de ventaja para el
anterior titular ni para personas vinculadas a él.»

Artículo 36. Modificación de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de
la Biodiversidad, queda modificada en los siguientes términos:

Uno. El apartado 4 del artículo 58 queda redactado de la
siguiente manera:

«4. Cuando el ejercicio de una actividad de servicios
requiera la obtención de alguna de las autorizaciones a las que se refiere este
artículo, en el procedimiento de otorgamiento se respetarán los principios de
publicidad, objetividad, imparcialidad y transparencia. Se aplicará además el
principio de concurrencia competitiva en los siguientes supuestos:

a) cuando se trate de una actividad de servicios que se
promueva por la autoridad competente conforme a los instrumentos de protección
de las especies,

b) cuando el ejercicio de la actividad excluya el ejercicio de
otras actividades por terceros.

Los criterios en que se basará la concesión y autorización
para la realización de actividades de servicios estarán directamente vinculados
a la protección del medioambiente.

La duración de dichas autorizaciones y concesiones será
limitada de acuerdo con sus características, y no dará lugar a renovación
automática, no conllevando, una vez extinguida, ningún tipo de ventaja para el
anterior titular ni para personas vinculadas a él.»

Dos. El actual apartado 4 del artículo 58 pasa a ser el
apartado 5 con su misma redacción.

Tres. El apartado 2 del artículo 72, queda redactado del
siguiente modo:

«2. La Administración General del Estado, cuando sea titular
de terrenos situados en espacios naturales, podrá llevar a cabo el desarrollo de
los acuerdos de cesión de su gestión, total o parcial de los mismos a entidades
de custodia del territorio. La selección de estas entidades se llevará a cabo de
acuerdo con los principios de publicidad, objetividad, imparcialidad,
transparencia y concurrencia competitiva. Los acuerdos para la cesión de la
gestión tendrán una duración limitada de acuerdo con sus características, y no
darán lugar a renovación automática, no conllevando, una vez extinguida, ningún
tipo de ventaja para el anterior cesionario ni para personas vinculadas a
él.

Estos acuerdos para la cesión de la gestión, se establecerán
por escrito, en forma de convenio administrativo plurianual que preverá el
sistema de financiación para su desarrollo, bien mediante aportaciones
económicas, edificaciones, equipamientos, maquinaria, vehículos o cualquier otro
bien o servicio, así como las directrices mínimas de gestión, fijadas en un
precedente plan de gestión.»

CAPÍTULO II

Servicios de agricultura

Artículo 37. Modificación de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de
Pesca Marítima del Estado.

El artículo 37 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca
Marítima del Estado, queda redactado en los siguientes términos:

«Artículo 37. Explotación lucrativa de la pesca
recreativa.

1. El ejercicio de la pesca recreativa realizada desde
embarcaciones destinadas a su explotación comercial deberá ser comunicado un mes
antes de comenzar la actividad al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y
Marino, el cual determinará, en caso de ser necesario, las capturas permitidas
en cómputo anual.

2. Asimismo, se deberá suministrar al Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino información acerca de las capturas efectuadas
por zona y período de tiempo, de acuerdo con las condiciones que
reglamentariamente se determinen.

3. El incumplimiento de la comunicación mencionada, o del
deber de suministrar información acerca de las capturas, que reglamentariamente
se determinen, estarán incursos en el artículo 95 de esta Ley.»

Artículo 38. Modificación de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de
sanidad animal.

La Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal, queda
modificada como sigue:

Uno. El artículo 65 queda redactado como sigue:

«Artículo 65. Autorización de productos
zoosanitarios.

1. Ningún reactivo de diagnóstico de las enfermedades de los
animales podrá ser puesto en el mercado sin la previa autorización expedida por
el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

El resto de productos zoosanitarios podrán comercializarse
previa declaración responsable a dicho Ministerio.

Reglamentariamente se establecerán por el Gobierno los
requisitos y documentos necesarios en ambos supuestos.

2. Las entidades elaboradoras de reactivos de diagnóstico de
las enfermedades de los animales deberán ser autorizadas por el Ministerio de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino con anterioridad al inicio de su
actividad. El resto de entidades podrán elaborar sus productos previa
declaración responsable a dicho Ministerio.

Reglamentariamente se establecerán por el Gobierno los
requisitos sobre la capacidad técnica y documentos necesarios en ambos
supuestos.

3. El plazo para resolver la solicitud y notificar la
resolución al interesado será de seis meses. No obstante, en casos
excepcionales, que se determinarán reglamentariamente, dicho plazo podrá
extenderse hasta doce meses.

4. No obstante lo previsto en este artículo respecto de los
productos que no requieren autorización previa, si en cualquier momento se tiene
conocimiento de que un producto zoosanitario de tales características, por su
composición o efectos, puede ser considerado reactivo de diagnóstico u otro
producto sujeto a autorización previa, se requerirá a la entidad
comercializadora o elaboradora de los mismos para que cese de inmediato su
comercialización y presente la correspondiente solicitud de autorización
previa.

5. Lo dispuesto en el presente artículo no será de aplicación
a los medicamentos veterinarios ni a los biocidas de uso ganadero, que se
regirán por su normativa específica.»

Dos. El apartado 1 del artículo 67 se sustituye por el
siguiente:

«1. Salvo que por razones de orden sanitario, zootécnico o
tecnológico justificadas, se establezcan períodos más cortos o experimentales,
la autorización de comercialización de reactivos de diagnóstico de las
enfermedades de los animales o de entidades elaboradoras de los mismos, y su
correspondiente registro, tendrá un período de validez de cinco años, al cabo de
los cuales se procederá a su cancelación; a menos que, previamente, sea
solicitada su renovación, en cuyo caso, y si las condiciones bajo las que fue
autorizado han sufrido modificación, se exigirá a las entidades interesadas la
información adicional que se estime precisa. En este último caso, el
procedimiento a partir de tal acto será similar al establecido para la solicitud
de una nueva autorización.»

Artículo 39. Modificación de la Ley 30/2006, de 26 de julio,
de semillas y plantas de vivero de recursos fitogenéticos.

Uno. El apartado 1 del artículo 33 de la Ley 30/2006, de 26 de
julio, de semillas y plantas de vivero de recursos fitogenéticos, queda
redactado como sigue:

«1. Las semillas y plantas de vivero de especies cuya
comercialización no esté regulada en el ámbito de la Unión Europea y que
procedan de sus Estados miembros deberán venir acompañadas de un certificado
expedido por la autoridad competente del Estado miembro de donde procedan, en el
que se haga constar que dichas semillas y plantas de vivero están autorizadas
para comercializarse en dicho país.»

Dos. El apartado 1 del artículo 36 queda redactado como
sigue:

«1. Todos los productores de semillas y plantas de vivero
deberán estar autorizados por la Comunidad Autónoma donde radique su sede social
y registrados oficialmente por ésta. Dicha autorización, que surtirá efectos en
todo el territorio del Estado, será remitida al Ministerio de Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino, para que sea incluida en el Registro Nacional de
Productores.

Se exceptúa de dicha autorización a los productores de
semillas y plantas de vivero que produzcan en España y estén autorizados por
algún Estado miembro de la Unión Europea, siempre que comuniquen su actividad al
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.»

TÍTULO VI

Otras medidas

Artículo 40. Modificación del Texto Refundido de Tasas
Fiscales, aprobado por Decreto 3059/1966, de 1 de diciembre.

El artículo 40 del Texto Refundido de Tasas Fiscales, aprobado
por Decreto 3059/1966, de 1 de diciembre, queda redactado del siguiente
modo:

«Artículo 40. Devengo y pago.

1. Se devengarán las tasas:

a) En las rifas, tómbolas y combinaciones aleatorias al
concederse la autorización, que será necesaria para cada una de ellas. En
defecto de autorización, las tasas se devengarán cuando se celebren, sin
perjuicio de las responsabilidades de otro orden que procedieren.

b) En las apuestas y en las combinaciones aleatorias a las que
se refiere la Disposición adicional primera de la Ley 25/2009 de modificación de
diversas leyes para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, la tasa se devengará
en el momento en que se inicie su celebración u organización.

2. El pago de las tasas se realizará en efectivo o mediante
efectos timbrados. Reglamentariamente se determinará la forma y el tiempo en que
el pago ha de hacerse en cada caso.

3. En los supuestos de la letra b) del apartado 1 anterior,
los sujetos pasivos habrán de presentar una autoliquidación de la tasa dentro de
los treinta días siguientes al devengo con arreglo al modelo que apruebe la
Agencia Estatal de Administración Tributaria. La autoliquidación se presentará
ante el órgano de la Agencia Tributaria que corresponda al lugar de celebración
u organización de la actividad.»

Artículo 41. Modificación de la Ley 14/1986, de 25 de abril,
General de Sanidad.

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, queda
modificada en los siguientes términos:

Uno. Se modifica el artículo veinticinco, que queda modificado
del siguiente modo:

«Artículo veinticinco.

1. La exigencia de autorizaciones sanitarias, así como la
obligación de someter a registro por razones sanitarias a las empresas o
productos, serán establecidas reglamentariamente, tomando como base lo dispuesto
en la presente Ley.

2. Las autorizaciones sanitarias y los registros obligatorios
que se establezcan, en virtud de la habilitación prevista en el apartado 1 del
presente artículo, deberán cumplir las condiciones siguientes:

a) No resultarán discriminatorios ni directa ni
indirectamente en función de la nacionalidad o, por lo que se refiere a
sociedades, por razón de ubicación del domicilio social.

b) Deberán estar justificados en la protección de la salud
pública.

c) Se cuidará que el régimen que se establezca sea el
instrumento adecuado para garantizar la consecución del objetivo de protección
de la salud pública, y no vaya más allá de lo necesario para conseguirlo, así
como que no pueda sustituirse por otras medidas menos restrictivas que permitan
obtener el mismo resultado.

d) Los procedimientos y trámites para la obtención de las
autorizaciones o registros a los que se refiere esta ley deberán ser claros e
inequívocos, objetivos, transparentes, proporcionados al objetivo de protección
de la salud pública y darse a conocer con antelación.

3. Deberán establecerse, asimismo, prohibiciones y
requisitos mínimos para el uso y tráfico de los bienes, cuando supongan un
riesgo o daño para la salud.

4. Cuando la actividad desarrollada tenga una repercusión
excepcional y negativa en la salud de los ciudadanos, las Administraciones
Públicas, a través de sus órganos competentes podrán decretar la intervención
administrativa pertinente, con el objeto de eliminar aquélla. La intervención
sanitaria no tendrá más objetivo que la eliminación de los riesgos para la salud
colectiva y cesará tan pronto como aquéllos queden excluidos.»

Dos. Se modifica el artículo ciento dos que queda
redactado del siguiente modo:

«Artículo ciento dos.

1. La información y promoción de los medicamentos y los
productos sanitarios dirigida a los profesionales se ajustará a las condiciones
técnicas y científicas autorizadas del producto y cumplirá con las exigencias y
controles previstos en el artículo 76 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de
garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.

2. La publicidad de medicamentos y productos sanitarios
dirigida al público requerirá autorización previa de los mensajes por la
autoridad sanitaria.»

Artículo 42. Modificación del Texto Refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones
legales vigentes sobre la materia, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996,
de 12 de abril.

El Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual,
regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre
la materia, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, se
modifica en los siguientes términos:

Uno. El artículo 147 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 147. Requisitos.

Las entidades legalmente constituidas que tengan
establecimiento en territorio español y pretendan dedicarse, en nombre propio o
ajeno, a la gestión de derechos de explotación u otros de carácter patrimonial,
por cuenta y en interés de varios autores u otros titulares de derechos de
propiedad intelectual, deberán obtener la oportuna autorización del Ministerio
de Cultura, con objeto de garantizar una adecuada protección de la propiedad
intelectual. Esta autorización habrá de publicarse en el "Boletín Oficial del
Estado"».

Estas entidades, a fin de garantizar la protección de la
propiedad intelectual, no podrán tener ánimo de lucro y, en virtud de la
autorización, podrán ejercer los derechos de propiedad intelectual confiados a
su gestión y tendrán los derechos y obligaciones que en este Título se
establecen.»

Dos. El artículo 148 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 148. Condiciones de la autorización.

1. La autorización prevista en el artículo anterior sólo se
concederá si, formulada la oportuna solicitud, ésta se acompaña de la
documentación, que permita verificar la concurrencia de las siguientes
condiciones:

a) Que los estatutos de la entidad solicitante cumplan los
requisitos establecidos en este Título.

b) Que de los datos aportados y de la información practicada
se desprenda que la entidad solicitante reúne las condiciones necesarias para
asegurar la eficaz administración de los derechos, cuya gestión le va a ser
encomendada, en todo el territorio español.

c) Que la autorización favorezca los intereses generales de la
protección de la propiedad intelectual.

2. Para valorar la concurrencia de las condiciones
establecidas en los párrafos b) y c) del apartado anterior, se tendrán
particularmente en cuenta como criterios de valoración, la capacidad de una
gestión viable de los derechos encomendados, la idoneidad de sus estatutos y sus
medios materiales para el cumplimiento de sus fines, y la posible efectividad de
su gestión en el extranjero, atendiéndose, especialmente, a las razones
imperiosas de interés general que constituyen la protección de la propiedad
intelectual.

3. La autorización se entenderá concedida, si no se notifica
resolución en contrario, en el plazo de tres meses desde la presentación de la
solicitud.»

Tres. Se modifica el apartado 2 del artículo 151 del
siguiente modo:

«2. El objeto y fines, que será la gestión de los derechos
de propiedad intelectual especificándose aquellos que vayan a administrar.

Asimismo, podrán realizar actividades distintas a la gestión
de los derechos de propiedad intelectual siempre que las mismas estén vinculadas
al ámbito cultural de la entidad y se cumpla el requisito de ausencia de ánimo
de lucro establecido en el artículo 147.»

Cuatro. El apartado 1 del artículo 155 queda modificado en
los siguientes términos:

«1. Las entidades de gestión, directamente o por medio de
otras entidades, fomentarán la promoción de actividades o servicios de carácter
asistencial en beneficio de sus socios, así como la realización de actividades
de formación y promoción de autores y artistas intérpretes o ejecutantes.»

Artículo 43. Modificación de la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de
Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria.

La Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del Mercado de
Tabacos y Normativa Tributaria, queda modificada como sigue:

Uno. El apartado dos del artículo 2 queda redactado en los
siguientes términos:

«Dos. Además de lo anterior, el establecimiento de nuevos
fabricantes en el ámbito territorial a que se refiere el artículo 1, apartado
uno, requerirá la presentación de una declaración responsable ante el
Comisionado para el Mercado de Tabacos, que en el plazo máximo de quince días
desde su presentación podrá acordar motivadamente la no eficacia de la misma,
previa verificación de la idoneidad de las condiciones de almacenamiento de las
labores producidas, en los términos que reglamentariamente se establezcan.»

Dos. El artículo 3 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 3. Régimen jurídico de la importación y
distribución al por mayor de labores de tabaco.

Uno. Será libre la importación y distribución al por mayor
de labores de tabaco, cualquiera que sea su procedencia, sin más requisito que
la presentación de una declaración responsable ante el Comisionado para el
Mercado de Tabacos, que en el plazo máximo de quince días desde su presentación
podrá acordar motivadamente su ineficacia, previa verificación del requisito
establecido en los apartados dos y tres siguientes.

Dos. La importación en territorio peninsular español, Islas
Baleares, Ceuta y Melilla de labores de tabaco conllevará el control por parte
del Comisionado para el Mercado de Tabacos de la disponibilidad de almacenes,
propios o contratados, que permitan el correcto almacenamiento, y en condiciones
de seguridad, de los productos así como la fácil comprobación por la
Administración de las labores almacenadas, su origen y sus movimientos, salvo
que el importador asegure la remisión directa del producto al almacén de
cualquiera de los fabricantes o mayoristas registrados en el Comisionado para el
Mercado de Tabacos.

Tres. La distribución mayorista, en el ámbito territorial a
que se refiere el artículo 1, apartado uno, conllevará el control por parte del
Comisionado para el Mercado de Tabacos de la disponibilidad de almacenes,
propios o contratados, que permitan el correcto almacenamiento, y en condiciones
de seguridad, de los productos así como la fácil comprobación por la
Administración de las labores almacenadas, su origen y sus movimientos.

Cuatro. Los mayoristas sólo podrán suministrar tabaco
elaborado a los expendedores de tabaco y timbre y no podrán remunerar a éstos
más que con la retribución establecida por esta ley. Los plazos de pago, y
cualesquiera otras condiciones de crédito y distribución al expendedor, se
establecerán libremente por el mayorista, previa comunicación al Comisionado, en
los términos que reglamentariamente se señalen, y serán homogéneas para todo el
territorio a que se refiere el artículo 1, apartado uno, de modo que se
garantice la neutralidad del suministro.

Cinco. El mayorista suministrará los productos cuya
distribución realice con regularidad y con garantía de cobertura de los
suministros, en similares condiciones de servicio y plazos de entrega para todos
los expendedores. Se entenderá por regularidad, a los efectos de este artículo,
el suministro al menos con la periodicidad que se fije en las normas
reglamentarias y, además, siempre que el pedido alcance el mínimo que aquéllas
establezcan aunque no hubiera transcurrido el período máximo de suministro.

Seis. Los fabricantes, importadores y mayoristas no podrán
financiar, directa o indirectamente, a las organizaciones representativas de los
expendedores y de los autorizados para la venta con recargo. Cualquier acuerdo,
con o sin contenido económico, relacionado con el tabaco o ajeno a él, deberá
someterse a la aprobación del Comisionado, que resolverá en el plazo de un
mes.»

Tres. Se modifica el apartado cuatro del artículo 7, que
queda redactado de la siguiente forma:

«Cuatro. Las infracciones a que se refiere esta Ley serán
sancionadas en la forma siguiente:

a) Las infracciones muy graves, con la revocación de la
concesión a los expendedores y de la autorización a los puntos de venta con
recargo, o con la extinción de la habilitación a los fabricantes, importadores o
distribuidores mayoristas, o con multa entre 120.202,42 y 300.506,05 €, con la
excepción establecida en la letra d) siguiente.

b) Las infracciones graves, con suspensión temporal del
ejercicio de la concesión o de la autorización de venta con recargo, por plazo
de hasta seis meses, o con multa desde 12.020,24 y hasta 120.202,42 €, con la
salvedad establecida en la letra d) siguiente.

c) Las infracciones leves, con multa de hasta 12.020,24 €, con
la excepción establecida en la letra d) siguiente.

d) En el caso de los establecimientos autorizados para la
venta con recargo, las multas serán de hasta 601,01 €, entre 601,01 y hasta
3.005,06 €, o entre 3.005,06 y hasta 12.020,24 €, según se trate respectivamente
de infracciones calificadas de leves, graves o muy graves.

e) Las infracciones a que se refiere la letra e) del apartado
3 del número tres del presente artículo se sancionarán con multa de hasta
3.005,06 €, respondiendo solidariamente, junto con el sujeto infractor, el
titular del establecimiento en que la infracción se realizase si aquel fuese su
empleado o dependiente o si se cometiese con su conocimiento.»

Cuatro. Se suprime la letra a) del punto 1 del anexo sobre la
tasa a la que se refiere el artículo 5, ocho, a, de la Ley 13/1998, de 4 de
mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos, que queda sin contenido, y se
reenumeran los actuales apartados b, c y d como a, b y c, respectivamente.

Cinco. Se suprime la letra a) del punto 2 del anexo sobre la
tasa a la que se refiere el artículo 5, ocho, a, de la Ley 13/1998, de 4 de
mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos, que queda sin contenido, y se
reenumeran los actuales apartados b, c y d como a, b y c, respectivamente.

Seis. El apartado 3 del Anexo sobre la tasa a la que se refiere
el artículo 5, ocho, a, de la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del
Mercado de Tabacos, queda modificado en los siguientes términos:

«3. Tarifas:

La tasa por prestación de servicios a los operadores del
mercado de tabacos se exigirá con arreglo a las tarifas siguientes:

Tarifa 2. Solicitud de concesión de expendedurías de tabaco
y timbre: Cuota de clase única:

a. Situadas en municipios de más de 100.000 habitantes y
capitales de provincia: 180,30 €.

b. En municipios de más de 10.000 y menos de 100.000
habitantes:120,20 €.

c. En municipios hasta 10.000 habitantes: 90,15 €.

Tarifa 3. Concesión y renovación de autorizaciones de venta
con recargo: Cuota clase única: 180,30 € por cada período trienal de
autorización o renovación.

Tarifa 4. Traslados, transmisiones, modificaciones,
reconocimientos, revisiones y autorizaciones de o en expendedurías:

Clase 1. Reconocimiento de locales en caso de cambios de
emplazamiento o modificación de expendedurías, impliquen o no transmisión de la
titularidad:

a. Situadas en municipios de más de 100.000 habitantes y
capitales de provincia: 360,61 €.

b. En municipios de hasta 100.000 habitantes: 300,51 €.

c. De expendedurías complementarias, en todo caso, 180,30
€.

Clase 2. Revisión de instalaciones en caso de transmisión de
titularidad que no implique cambio de emplazamiento. Reconocimiento de locales
en caso de cambio o modificación temporal de emplazamiento. Autorización de
obras o almacenes: Cuota de clase única: 150,25 €.»

Siete. Se modifica el apartado 4 del Anexo sobre la tasa a la
que se refiere el artículo 5, ocho, a, de la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de
Ordenación del Mercado de Tabacos que queda redactado de la siguiente forma:

«4. Devengo.

Las tasas se devengarán, según los casos, en el momento de
depositar las instancias para el concurso de concesión de expendedurías, de
acordarse la autorización o renovación de la actividad de venta con recargo o de
dictarse el acto de homologación de las instalaciones.»

Artículo 44. Modificación del Real Decreto Ley 6/2000, de 23
de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados
de Bienes y Servicios.

El Real Decreto Ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes
de intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios queda
modificado en los siguientes términos:

Uno. Se modifica el artículo 3, que queda redactado del
siguiente modo:

«Artículo 3. Instalaciones de suministro a vehículos
en establecimientos comerciales.

1. Los establecimientos comerciales podrán incorporar entre
sus equipamientos, al menos, una instalación para suministro de productos
petrolíferos a vehículos, para cuyo abastecimiento, con carácter preferente, no
podrán celebrar contratos de suministro en exclusiva con un solo operador al por
mayor de productos petrolíferos. Estas instalaciones deberán cumplir las
condiciones técnicas de seguridad que sean exigibles, así como el resto de la
normativa vigente que, en cada caso, sea de aplicación, en especial la referente
a metrología y metrotécnia y a la protección de consumidores y usuarios.

2. En los supuestos a que se refiere el apartado anterior, el
otorgamiento de las licencias municipales requeridas por el establecimiento
llevará implícita la concesión de las que fueran necesarias para la instalación
de suministro de productos petrolíferos.»

Dos. Se modifica la Disposición transitoria primera, que
queda redactada del siguiente modo:

«Disposición transitoria primera. Instalaciones de
suministro de productos petrolíferos en establecimientos comerciales que
dispongan de licencia municipal de apertura.

Los establecimientos comerciales que a la entrada en vigor
del presente Real Decreto-Ley estuvieren en funcionamiento, disponiendo al
efecto de la oportuna licencia municipal de apertura, podrán incorporar entre
sus equipamientos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 del presente
Real Decreto-Ley, una instalación para el suministro de productos petrolíferos,
para lo cual se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

a) El espacio que ocupen las instalaciones y equipamientos
que resulten imprescindibles para el suministro no computará a efectos de
volumen edificable ni de ocupación.

b) Las licencias municipales necesarias para la construcción
de instalaciones y su puesta en funcionamiento se entenderán concedidas por
silencio administrativo positivo si no se notifica la resolución expresa dentro
de los cuarenta y cinco días siguientes a la fecha de la presentación de su
solicitud.

c) En todo caso, el establecimiento comercial deberá costear y
ejecutar las infraestructuras de conexión de la instalación de suministro de
productos petrolíferos con los sistemas generales exteriores de acuerdo con los
requisitos y condiciones que establezca el planeamiento.»

Artículo 45. Modificación de la Ley 44/2003, de 21 de
noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

Queda derogado el apartado 2 del artículo 18 de la Ley 44/2003,
de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, que queda sin
contenido.

No obstante lo anterior y hasta tanto se desarrolle la
normativa que se cita en el artículo 18.1 de dicha Ley, relativa al
reconocimiento en España de títulos de especialista obtenidos en Estados no
miembros de la Unión Europea, se seguirá aplicando la Orden de 14 de octubre de
1991, por la que se regulan las condiciones y el procedimiento de homologación
de los títulos extranjeros de farmacéuticos y médicos especialistas por los
correspondientes títulos oficiales españoles.

Artículo 46. Modificación de la Ley 28/2005, de 26 de
diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta,
el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.

Se modifica la letra b) del artículo 4 de la Ley 28/2005, de 26
de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la
venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco,
que pasa a tener la siguiente redacción:

«b) Ubicación: las máquinas expendedoras de productos del
tabaco sólo podrán ubicarse en el interior de quioscos de prensa situados en la
vía pública y en locales específicos de venta de prensa con acceso directo a la
vía pública, así como en aquéllos a los que se refieren las letras b), c) y d)
del artículo 8.1 en una localización que permita la vigilancia directa y
permanente de su uso por parte del titular del local o de sus trabajadores.

No se podrán ubicar en las áreas anexas o de acceso previo a
los locales, como son las zonas de cortavientos, porches, pórticos, pasillos de
centros comerciales, vestíbulos, distribuidores, escaleras, soportales o lugares
similares que puedan ser parte de un inmueble pero no constituyen propiamente el
interior de éste.»

Artículo 47. Modificación de la Ley 29/2006, de 26 de julio,
de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.

La Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de
los medicamentos y productos sanitarios, queda modificada del siguiente
modo:

Uno. El apartado 4 del artículo 15, queda redactado como
sigue:

«4. En el etiquetado figurarán los datos del medicamento,
como la denominación del principio activo, del titular de la autorización, vía
de administración, cantidad contenida, número de lote de fabricación, fecha de
caducidad, precauciones de conservación, condiciones de dispensación y demás
datos que reglamentariamente se determinen. En cada embalaje figurarán
codificados los datos del Código Nacional del Medicamento, el lote y unidad que
permitan su identificación de forma individualizada por medios mecánicos,
electrónicos e informáticos, en la forma que se determine reglamentariamente. En
el embalaje deberá incluirse un espacio en blanco a rellenar por el farmacéutico
donde éste podrá describir la posología, duración del tratamiento y frecuencia
de tomas. Al dispensar un medicamento, las oficinas de farmacia deberán emitir
un recibo en el que se haga constar el nombre del medicamento, su precio de
venta al público, y la aportación del paciente. En el caso de los medicamentos
que sean objeto de la publicidad prevista en el artículo 78, el recibo hará
constar, además, el descuento que, en su caso, se hubiese efectuado.»

Dos. El párrafo segundo del artículo 38.2, queda redactado
como sigue:

«Reglamentariamente se regulará la actuación profesional del
farmacéutico en cada uno de los establecimientos anteriormente descritos en la
letra c) como condición y requisito para garantizar el control efectivo en la
dispensación al público de los medicamentos veterinarios.»

Tres. El segundo párrafo del artículo 71, queda redactado
como sigue:

«El Gobierno establecerá las funciones del director
técnico.»

Cuatro. Los apartados uno y dos del artículo 78 quedan
modificados de la siguiente forma:

«1. Podrán ser objeto de publicidad destinada al público los
medicamentos que cumplan todos los requisitos que se relacionan a
continuación:

a) Que no se financien con fondos públicos.

b) Que, por su composición y objetivo, estén destinados y
concebidos para su utilización sin la intervención de un médico que realice el
diagnóstico, la prescripción o el seguimiento del tratamiento, aunque requieran
la intervención de un farmacéutico. Este requisito podrá exceptuarse cuando se
realicen campañas de vacunación aprobadas por las autoridades sanitarias
competentes.

c) Que no constituyan sustancias psicotrópicas o
estupefacientes con arreglo a lo definido en los convenios internacionales.

2. Para la autorización de la publicidad de un medicamento
que sea objeto de publicidad al público, el Ministerio de Sanidad y Política
Social verificará que el medicamento cumple con los requisitos establecidos en
el apartado 1 de este artículo y que los correspondientes mensajes publicitarios
reúnen los siguientes requisitos:

a) Que resulte evidente el carácter publicitario del mensaje
y quede claramente especificado que el producto es un medicamento.

b) Que se incluya la denominación del medicamento en cuestión,
así como la denominación común cuando el medicamento contenga una única
sustancia activa.

c) Que se incluyan todas las informaciones indispensables para
la utilización correcta del medicamento así como una invitación expresa y
claramente visible a leer detenidamente las instrucciones que figuren en el
prospecto o en el embalaje externo, según el caso, y la recomendación de
consultar al farmacéutico sobre su correcta utilización.

d) No incluir expresiones que proporcionen seguridad de
curación, ni testimonios sobre las virtudes del producto ni de profesionales o
personas cuya notoriedad pueda inducir al consumo.

e) No utilizar como argumento publicitario el hecho de haber
obtenido autorización sanitaria en cualquier país o cualquier otra autorización,
número de registro sanitario o certificación que corresponda expedir, ni los
controles o análisis que compete ejecutar a las autoridades sanitarias con
arreglo a lo dispuesto en esta Ley.

f) Los mensajes publicitarios de los medicamentos que se
emitan en soporte audiovisual deberán cumplir las condiciones de accesibilidad
para personas con discapacidad establecidas en el Ordenamiento jurídico para la
publicidad institucional.»

Cinco. El apartado dos del artículo 89 queda modificado de la
siguiente forma:

«2. Podrán no financiarse con fondos públicos aquellos
grupos, subgrupos, categorías o clases de medicamentos o productos sanitarios,
cuya financiación pública no se justifique o no se estime necesaria. Se
considerarán, en todo caso, no incluidos en la financiación pública los
medicamentos que sean objeto de la publicidad prevista en el artículo 78, los
productos de utilización cosmética, dietéticos, aguas minerales, elixires,
dentífricos, y otros productos similares.»

Seis. El apartado 2 del artículo 90 queda redactado en los
siguientes términos:

«2. En el marco del procedimiento de financiación de los
medicamentos con fondos públicos a que se refiere el artículo 89 de esta Ley, y
sin perjuicio del régimen especial contenido en el párrafo segundo de este
apartado, corresponde a la Comisión Interministerial de Precios de los
Medicamentos, adscrita al Ministerio de Sanidad y Consumo, fijar, motivadamente
y conforme a criterios objetivos, el precio industrial máximo para los
medicamentos y productos sanitarios que van a ser incluidos en la prestación
farmacéutica del Sistema Nacional de Salud, con cargo a fondos públicos y que se
dispensen, a través de receta oficial, en territorio español.

Además de los criterios previstos en el artículo 89.1, se
tendrán en cuenta también el precio medio del medicamento en los Estados
miembros de la Unión Europea que, sin estar sujeto a regímenes excepcionales o
transitorios en materia de propiedad industrial, hubiesen incorporado a su
ordenamiento jurídico la legislación comunitaria correspondiente.

En relación con el procedimiento de determinación de precio de
los medicamentos genéricos, corresponde a la Comisión Interministerial de
Precios de los Medicamentos establecer con carácter general los criterios
económicos para la fijación del precio aplicables a dichos medicamentos, en
particular en el supuesto de aplicación de los precios de referencia, fijándose
por el Ministerio de Sanidad y Política Social y de acuerdo con dichos
criterios, el precio industrial máximo para estos medicamentos.».

Siete. Se suprime el epígrafe 1.2 del apartado 1 del artículo
111, que queda sin contenido.

Ocho. El epígrafe 1.3 del apartado 1 del artículo 111 queda
redactado en los siguientes términos:

«1.3 Procedimiento de autorización e inscripción en el
registro de un medicamento de uso humano distinto a los contemplados en el
epígrafe 1.1.»

Nueve. El apartado 5 del artículo 111 queda redactado en los
siguientes términos

«5. Cuando en el procedimiento de autorización e inscripción
en el registro de un medicamento de uso humano o veterinario, que se corresponde
con las tasas previstas en los epígrafes 1.1, 1.3, 1.5, 9.1, 9.2 y 9.4, la
solicitud presentada sea rechazada en la fase de validación, se procederá a la
devolución de un setenta por ciento de la cuantía total de la tasa.»

Diez. La disposición adicional octava queda modificada del
siguiente modo:

«Disposición adicional octava. Medicamentos objeto de
publicidad.

El precio fijado en el envase de los medicamentos que sean
objeto de la publicidad prevista en el artículo 78 será considerado como precio
máximo de venta al público. Reglamentariamente se establecerá el descuento
máximo aplicable por las oficinas de farmacia.»

Once. Se añade una nueva Disposición transitoria décima, con
la siguiente redacción:

«Disposición transitoria décima. Régimen transitorio
para la fijación del precio industrial máximo en medicamentos genéricos.

Hasta tanto se desarrolle lo dispuesto en el párrafo segundo
del artículo 90.2 y se determinen por la Comisión Interministerial de Precios de
los Medicamentos los criterios económicos para la fijación del precio de los
medicamentos genéricos, la fijación del precio de los medicamentos genéricos no
requerirá la intervención de la Comisión Interministerial de Precios de los
Medicamentos siempre que el precio industrial máximo notificado por el
laboratorio sea como mínimo un treinta por ciento inferior al del medicamento de
referencia o bien sea igual o inferior, en su caso, al precio de referencia
fijado en la correspondiente orden ministerial.»

Artículo 48. Modificación de la Ley 34/2006, de 30 de octubre,
sobre acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.

La Disposición adicional primera de la Ley 34/2006, de 30 de
octubre, sobre acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los
Tribunales, queda modificada en los siguientes términos:

«Disposición adicional primera. Libertad de
establecimiento.

El ejercicio permanente en España de la profesión de abogado
o procurador y la prestación ocasional de sus servicios con título profesional
obtenido en otro Estado miembro de la Unión Europea o del Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo se regulará por su legislación específica.»

Disposición adicional primera. Organización, celebración y
desarrollo de combinaciones aleatorias con fines publicitarios o
promocionales.

A partir de la entrada en vigor de esta Ley no se exigirá la
autorización administrativa previa para la organización, celebración y
desarrollo de combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales,
cualquiera que sea la fórmula de loterías o juegos promocionales que revistan,
incluidos los establecidos en el artículo 20 de la Ley 34/2002, de 11 de julio,
de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, siempre
que la participación del público en estas actividades sea gratuita y en ningún
caso exista sobreprecio o tarificación adicional alguna cualquiera que fuere el
procedimiento o sistema a través del que se realice.

Disposición adicional segunda. Sujetos inscritos en los
registros administrativos en materia de energía eléctrica e hidrocarburos.

1. Las empresas comercializadoras de energía eléctrica y los
consumidores directos en mercado que a la entrada en vigor de la presente Ley
figuren inscritos en el Registro Administrativo de Distribuidores,
Comercializadores y Consumidores Directos en Mercado quedan exentos de la
obligación de comunicación de inicio de actividad establecida en el artículo 44
de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

2. Los distribuidores de energía eléctrica que a la entrada en
vigor de la presente Ley se encuentren inscritos en el Registro Administrativo
de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Directos en Mercado serán
inscritos de oficio en el Registro Administrativo de Distribuidores a que hace
referencia el artículo 45 de la referida Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del
Sector Eléctrico.

3. Para las empresas que a la entrada en vigor de la presente
Ley figuren inscritas en el Registro de operadores al por mayor de productos
petrolíferos se considerará cumplida la obligación de comunicación de inicio de
la actividad prevista en el artículo 42 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del
Sector de Hidrocarburos.

4. Para las empresas que a la entrada en vigor de esta Ley
figuren inscritas en el Registro de operadores al por mayor de gases licuados
del petróleo se considerará cumplida la obligación de comunicación de inicio de
la actividad prevista en el artículo 45 de la referida Ley 34/1998, de 7 de
octubre, del Sector de Hidrocarburos.

5. Para las empresas que a la entrada en vigor de la presente
Ley figuren inscritas en el Registro de comercializadores al por menor de gases
licuados del petróleo a granel se considerará cumplida la obligación de
comunicación de inicio de la actividad prevista en el artículo 46 de la referida
Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.

6. Para las empresas que a la entrada en vigor de esta Ley
figuren inscritas en el Registro Administrativo de Distribuidores,
Comercializadores y Consumidores Directos en Mercado de combustibles gaseosos
por canalización se considerará cumplida la obligación de comunicación de inicio
de la actividad prevista en los artículos 61.3 y 80 de la referida Ley 34/1998,
de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.

7. Los distribuidores de gas natural y gases manufacturados que
a la entrada en vigor de la presente Ley figurasen inscritos en el Registro
Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Directos en
Mercado de combustibles gaseosos por canalización serán inscritos de oficio en
el Registro Administrativo de Distribuidores de combustibles gaseosos por
canalización a que hace referencia el artículo 83 de la referida Ley 34/1998, de
7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.

Disposición adicional tercera. Asesoramiento técnico en
empresas de menos de diez trabajadores.

En cumplimiento del artículo 7 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el Gobierno aprobará un plan de
asistencia pública al empresario en materia de seguridad y salud en el trabajo,
que se ajustará a las siguientes bases:

a) Quedarán incluidas las empresas de hasta 10
trabajadores.

b) El plan contendrá el diseño y puesta en marcha de un sistema
dirigido a facilitar al empresario el asesoramiento necesario para la
organización de sus actividades preventivas, impulsando las autoevaluaciones por
sectores y especificando aquellas actividades o riesgos que requieran apoyo
técnico especializado.

Disposición adicional cuarta. Aplicación de los requisitos
previstos para el silencio administrativo desestimatorio regulado en normas
preexistentes.

A los efectos previstos en el primer párrafo del artículo 43.1
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de acuerdo
con la redacción dada por la presente Ley, se entenderá que concurren razones
imperiosas de interés general en aquéllos procedimientos que, habiendo sido
regulados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley por normas con
rango de ley o de Derecho comunitario, prevean efectos desestimatorios a la
falta de notificación de la resolución expresa del procedimiento en el plazo
previsto.

Disposición adicional quinta. Proyectos que deban someterse a
evaluación de impacto ambiental.

Cuando, de acuerdo con esta Ley, se exija una declaración
responsable o una comunicación para el acceso a una actividad o su ejercicio y
una evaluación de impacto ambiental, conforme al Texto Refundido de la Ley de
Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, de
11 de enero, o a la normativa autonómica de desarrollo, la declaración
responsable o la comunicación no podrá presentarse hasta haber llevado a cabo
dicha evaluación de impacto ambiental y, en todo caso, deberá disponerse de la
documentación que así lo acredite.

Disposición adicional sexta. Distribución de competencias.

Las materias reguladas por esta Ley se ajustan a la
distribución de competencias legislativas, de desarrollo de la legislación
básica y de ejecución previstas en la Constitución y en los Estatutos de
Autonomía.

Disposición adicional séptima. Servicios funerarios.

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta
Ley, el Gobierno llevará a cabo un estudio y propondrá, en su caso, los cambios
normativos necesarios para garantizar la libertad de elección de los prestadores
de servicios funerarios, incluidos los supuestos en que se haya contratado un
seguro de decesos, así como para impulsar la eliminación de otras posibles
trabas que puedan derivarse de la normativa vigente.

Disposición transitoria primera. Régimen transitorio.

1. Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada
en vigor de esta Ley se tramitarán y resolverán por la normativa vigente en el
momento de la presentación de la solicitud.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el
interesado podrá, con anterioridad a la resolución, desistir de su solicitud y
optar por la aplicación de la nueva normativa.

3. Los prestadores de servicios habilitados en la fecha de
entrada en vigor de esta Ley podrán seguir realizando su actividad en todo el
territorio español.

Disposición transitoria segunda. Procedimientos de
autorización de entidades especializadas en materia de prevención de riesgos
laborales.

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley
el Ministerio de Trabajo e Inmigración adaptará los procedimientos
administrativos de autorización de servicios de prevención ajenos y entidades
auditoras a lo previsto en esta Ley. En tanto no se produzca esta adaptación,
éstos continuarán rigiéndose por las previsiones contenidas en el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención, y en la Orden de 27 de junio de 1997 por la que se desarrolla el
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención, en relación con las condiciones de acreditación de las
entidades especializadas como servicios de prevención ajenos a las empresas, de
autorización de las personas o entidades especializadas que pretendan
desarrollar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas
y de autorización de las entidades públicas o privadas para desarrollar y
certificar actividades formativas en materia de prevención de riesgos
laborales.

Disposición transitoria tercera. Vigencia de la exigencia de
visado colegial.

En el plazo máximo de cuatro meses desde la entrada en vigor de
esta Ley, el Gobierno aprobará un Real Decreto que establezca los visados que
serán exigibles de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2/1974,
de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales.

Hasta la entrada en vigor de la norma prevista en el párrafo
anterior, la exigencia de visado se regirá por la normativa vigente.

Disposición transitoria cuarta. Vigencia de las obligaciones
de colegiación.

En el plazo máximo de doce meses desde la entrada en vigor de
esta Ley, el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, remitirá a
las Cortes Generales un Proyecto de Ley que determine las profesiones para cuyo
ejercicio es obligatoria la colegiación.

Dicho Proyecto deberá prever la continuidad de la obligación de
colegiación en aquellos casos y supuestos de ejercicio en que se fundamente como
instrumento eficiente de control del ejercicio profesional para la mejor defensa
de los destinatarios de los servicios y en aquellas actividades en que puedan
verse afectadas, de manera grave y directa, materias de especial interés
público, como pueden ser la protección de la salud y de la integridad física o
de la seguridad personal o jurídica de las personas físicas.

Hasta la entrada en vigor de la mencionada Ley se mantendrán
las obligaciones de colegiación vigentes.

Disposición transitoria quinta. Implantación de la ventanilla
única y del servicio de atención a los consumidores y usuarios.

1. En el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor
de esta Ley, las organizaciones colegiales tendrán operativos los medios
necesarios para articular la Ventanilla única previstos en el apartado Diez del
artículo 5 de esta Ley.

2. En el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor
de esta Ley, los Colegios Profesionales tendrán en funcionamiento el servicio de
atención a los colegiados y a los consumidores y usuarios previstos en el
apartado Doce del artículo 5 de esta Ley.

Disposición transitoria sexta. Aprobación del sistema de
gestión de la ventanilla única.

Con el objetivo de que la información administrativa en la
ventanilla única prevista en el artículo 3 de esta Ley sea clara e inequívoca y
esté actualizada, se acordará en la Conferencia Sectorial de Administración
Pública, previo informe de la Comisión Nacional de Administración Local, el
sistema de gestión de la ventanilla única.

Disposición derogatoria.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de rango legal o
reglamentario, o estatutos de corporaciones profesionales y demás normas
internas colegiales se opongan a lo dispuesto en esta Ley.

Disposición final primera. Título competencial.

Lo dispuesto en el Capítulo I del Título I se dicta en virtud
del artículo 149.1.18.ª de la Constitución Española y tiene carácter de
legislación básica sobre el régimen jurídico de las Administraciones Públicas,
salvo el artículo 2.Dos que constituye procedimiento administrativo común sin
perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las
Comunidades Autónomas.

Lo dispuesto en el artículo 4.Uno y Dos tiene carácter básico
al dictarse al amparo de las competencias que corresponden al Estado en el
artículo 149.1.13.ª y 16.ª de la Constitución para dictar las bases de la
actividad económica y de la sanidad, respectivamente. El artículo 4.Tres se
dicta en base a las competencias exclusivas que corresponden al Estado en
materia de legislación mercantil, procesal y civil, conforme al artículo
149.1.6.ª y 8.ª de la Constitución.

Lo dispuesto en el artículo 5 se dicta al amparo de artículo
149.1.18.ª y 30.ª de la Constitución, que atribuyen al Estado, respectivamente,
la competencia para dictar las bases del régimen jurídico de las
administraciones públicas y para la regulación de las condiciones de obtención,
expedición y homologación de títulos profesionales.

El artículo 6 se dicta en virtud de lo dispuesto en el artículo
149.1.6.ª que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de
legislación mercantil, salvo el artículo 6.Tres que se dicta al amparo del
artículo 149.1.18.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia
para dictar las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas.

Lo dispuesto en el Capítulo IV del Título I se incardina en la
competencia exclusiva del Estado que sobre legislación laboral reconoce el
artículo 149.1.7.ª de la Constitución, salvo el artículo 10 que se incardina en
el artículo 149.1.17.ª de la Constitución que reserva al Estado la competencia
sobre la legislación básica de la Seguridad Social sin perjuicio de la ejecución
de sus servicios por las Comunidades Autónomas, en lo que respecta a la
modificación del segundo párrafo del artículo 30, y sobre el régimen económico
de la Seguridad Social, en lo que respecta a la modificación del primer párrafo
del artículo 30.

Lo dispuesto en el artículo 11 se dicta al amparo del artículo
149.1.12.ª de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva en
materia de legislación sobre pesas y medidas.

Lo dispuesto en el artículo 12 se dicta al amparo del artículo
149.1.9.ª de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva en
materia de legislación sobre propiedad intelectual e industrial.

Lo dispuesto en el artículo 13 tiene carácter básico al amparo
del artículo 149.1.13.ª de la Constitución, por el que corresponde al Estado la
competencia para dictar las bases y coordinación de la planificación general de
la actividad económica.

Lo dispuesto en el artículo 14 se dicta al amparo del artículo
149.1.29.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva
en materia de seguridad pública.

Lo dispuesto en el artículo 15 se dicta al amparo del artículo
149.1.30.ª de la Constitución que atribuye al Estado la competencia exclusiva
para la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de
títulos académicos y profesionales.

Lo dispuesto en el artículo 16 tiene carácter de legislación
básica sobre contratos administrativos al amparo del artículo 149.1.18.ª de la
Constitución

Lo dispuesto en el artículo 17 se dicta al amparo del artículo
149.1.25.ª de la Constitución, por el que corresponde al Estado la competencia
exclusiva en materia de bases del régimen minero y energético.

Lo dispuesto en el artículo 18 tiene carácter básico al
dictarse al amparo de las competencias que corresponden al Estado en el artículo
149.1.25.ª de la Constitución que atribuye al Estado la competencia para dictar
las bases del régimen minero y energético. El artículo 18.Cuatro se dicta al
amparo del artículo 149.1.22.ª de la Constitución, que atribuye al Estado
competencia exclusiva en materia de la autorización de las instalaciones
eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el transporte de
energía salga de su ámbito territorial.

Lo dispuesto en el artículo 19 y en la Disposición adicional
segunda tiene carácter básico al dictarse al amparo de las competencias que
corresponden al Estado en el artículo 149.1.13.ª y 25.ª de la Constitución, por
el que corresponde al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y
coordinación de la planificación general de la actividad económica y bases del
régimen minero y energético.

Lo dispuesto en el artículo 20 se dicta al amparo del artículo
149.1.20.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva
en materia de control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo.

Lo dispuesto en el artículo 21 se dicta al amparo del artículo
149.1.21.ª de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva en
materia de transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de
una Comunidad Autónoma.

Lo dispuesto en el artículo 22 se dicta al amparo del artículo
149.1.21.ª de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva en
materia de tráfico y circulación de vehículos a motor.

Lo dispuesto en el artículo 23 se dicta al amparo del artículo
149.1.20.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva
en materia de marina mercante y abanderamiento de buques.

Lo dispuesto en el artículo 24 se dicta al amparo del artículo
149.1.21.ª de la Constitución que atribuye al Estado la competencia exclusiva en
materia de ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el
territorio de más de una Comunidad Autónoma.

Lo dispuesto en el artículo 25 se dicta al amparo del artículo
149.1.20.ª de la Constitución que atribuye al Estado la competencia exclusiva en
materia de puertos de interés general.

Lo dispuesto en los artículos 26 y 27 se dicta al amparo del
artículo 149.1.21.ª de la Constitución, que atribuye al Estado competencia
exclusiva en materia de correos y telecomunicaciones.

Los artículos 28, 29, 30, 32, 35 y 36 se dictan al amparo del
artículo 149.1.23.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia
para dictar la legislación básica sobre protección del medio ambiente. No
obstante, respecto al artículo 32. Dos, se ampara en dicho título solamente la
regulación del traslado de residuos desde o hacia países miembros de la Unión
Europea, mientras que la regulación del traslado de residuos desde o hacia
países terceros, no miembros de la Unión Europea, se ampara en la competencia
estatal en materia de comercio exterior del artículo 149.1.10.ª de la
Constitución. No tendrá carácter básico el artículo 36.Tres, que será sólo de
aplicación a la Administración General del Estado.

El artículo 31 se dicta al amparo del artículo 149.1.23.ª de la
Constitución, que atribuye al Estado la competencia para dictar la legislación
básica sobre vías pecuarias.

El artículo 33 se dicta al amparo del artículo 149.1.22.ª de la
Constitución, por el que corresponde al Estado la legislación, ordenación y
concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran
por más de una Comunidad Autónoma.

El artículo 34 se dicta al amparo del artículo 149.1.18.ª de la
Constitución que atribuye al Estado la competencia para dictar la legislación
básica sobre contratos y concesiones administrativas.

El artículo 37 se dicta al amparo del artículo 149.1.19.ª de la
Constitución, por el que corresponde al Estado la competencia exclusiva en
materia de pesca marítima.

El artículo 38 se dicta al amparo del artículo 149.1.16.ª de la
Constitución, por el que corresponde al Estado la competencia en materia de
bases y coordinación general de la sanidad.

El artículo 39 se dicta al amparo del artículo 149.1.13.ª CE,
por el que corresponde al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y
coordinación de la planificación general de la actividad económica.

Lo dispuesto en el artículo 40 se dicta al amparo del artículo
149.1.14.ª de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva en
materia de Hacienda General.

Lo dispuesto en el artículo 41.Uno se dicta al amparo del
artículo 149.1.16.ª de la Constitución, que atribuye al Estado competencia
exclusiva en materia de bases y coordinación general de la sanidad. Lo dispuesto
en el artículo 41.Dos se dicta al amparo del artículo 149.1.16.ª de la
Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de
legislación sobre productos farmacéuticos.

Lo dispuesto en el artículo 42 se dicta al amparo de lo
dispuesto en el artículo 149.1.9.ª de la Constitución, que atribuye al Estado
competencia exclusiva en materia de legislación sobre propiedad intelectual e
industrial.

Lo dispuesto en el artículo 43 se dicta al amparo del artículo
149.1.14.ª de la Constitución que atribuye al Estado la competencia exclusiva
sobre Hacienda General.

Lo dispuesto en el artículo 44 de esta Ley tiene el carácter de
legislación básica dictada al amparo del artículo 149.1.13.ª de la Constitución
por el que corresponde al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y
coordinación de la planificación general de la actividad económica.

Lo dispuesto en el artículo 45 se dicta al amparo del artículo
149.1.30.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva
para la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de
títulos académicos y profesionales.

Lo dispuesto en el artículo 46 se dicta al amparo del artículo
149.1.16.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva
en materia de bases y coordinación general de la sanidad, y del artículo
149.1.18.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva
en materia de legislación básica sobre contratos y concesiones
administrativas.

Lo dispuesto en el artículo 47. Uno, Cuatro y Nueve se dicta al
amparo del artículo 149.1.16.ª de la Constitución, que atribuye al Estado
competencia exclusiva en materia de legislación sobre productos farmacéuticos.
El artículo 47.Dos y Tres tiene la condición de normativa básica y se dicta al
amparo del artículo 149.1.1.ª y 16.ª de la Constitución, que atribuye al Estado
competencia exclusiva en materia de bases y coordinación general de la sanidad.
El artículo 47.Cinco se dicta al amparo del artículo 149.1.17.ª de la
Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de
régimen económico de la Seguridad Social. El artículo 47.Seis, Siete y Ocho se
dicta al amparo del artículo 149.1.14.ª de la Constitución, que atribuye al
Estado competencia exclusiva en materia de Hacienda General.

Lo dispuesto en el artículo 48 se dicta al amparo de lo
dispuesto en el artículo 149.1.30.ª de la Constitución que atribuye al Estado la
competencia exclusiva para la regulación de las condiciones de obtención,
expedición y homologación de títulos académicos y profesionales.

Lo dispuesto en la Disposición adicional primera constituye
bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica en
virtud del artículo 149.1.13.ª de la Constitución.

Lo dispuesto en la Disposición adicional tercera constituye
legislación laboral dictada al amparo del artículo 149.1.7.ª de la
Constitución.

La Disposición adicional quinta se dicta al amparo del artículo
149.1.23.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia para dictar
legislación básica sobre protección del medio ambiente.

Disposición final segunda. Incorporación de derecho
comunitario.

Mediante esta Ley se incorpora parcialmente al derecho español
la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.

Disposición final tercera. Habilitación normativa y desarrollo
reglamentario.

Se autoriza al Gobierno para que, en el ámbito de sus
competencias, dicte las disposiciones reglamentarias necesarias para el
desarrollo y aplicación de esta Ley.

Disposición final cuarta. Ley 8/2009, de 28 de agosto, de
financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española.

El apartado 4.º de la Disposición Transitoria Tercera y el
apartado 5 de la Disposición Final Primera de la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de
financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española, quedan
suprimidos.

Disposición final quinta. Entrada en vigor.

Esta Ley entrará en vigor el día 27 de diciembre de 2009.

Por tanto, mando a todos los españoles, particulares y
autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.

Madrid, 22 de diciembre de 2009.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

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