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31/12/2009

Documento BOE-A-2009-21162

Boletín Oficial del Estado: 31 de diciembre de 2009, Núm. 315

I. Disposiciones generales

Jefatura del Estado

Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica
el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de
la protección de los consumidores y usuarios.

Rango: Ley

Código de Verificación Electrónica (CVE):
BOE-A-2009-21162

Páginas: 112039 a 112060 – 22 págs.

Contenido, oficial y auténtico, de la
disposición:

PDF
de la disposición

Ampliación documental:

Análisis
jurídico

Nota: El texto que se muestra a continuación se ha obtenido
mediante una transformación del documento electrónico oficial y auténtico,
firmado electrónicamente y disponible en la dirección http://www.boe.es/diario_boe
insertando el código BOE-A-2009-21162 en la casilla de
verificación de documentos.

Texto

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en
sancionar la siguiente ley.

PREÁMBULO

I

La actividad normativa de la Unión Europea introduce cambios
notables en distintos ámbitos del mercado interior que presentan una intensa
interrelación entre sí, como son, en lo que aquí interesa, la competencia
desleal, la publicidad, la protección de los consumidores y el comercio
minorista.

Unos cambios que han sido operados, en primer lugar, por la
Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de
2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus
relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la
Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y
2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.º
2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva sobre las prácticas
comerciales desleales).

Y, en segundo lugar, por la Directiva 2006/114/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre publicidad
engañosa y publicidad comparativa, que codifica las modificaciones de la
Directiva 84/450/CE.

La incorporación al Derecho español de estas directivas, que
lleva a cabo esta ley, ha comportado una modificación importante de varias
leyes: la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, que regula de
manera unitaria esta materia; el texto refundido de la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, que lleva esta
protección al ámbito de la ley anterior; la Ley 7/1996, de 15 de enero, de
Ordenación del Comercio Minorista, y la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General
de Publicidad.

II

La Directiva 2005/29/CE viene a regular una serie de conductas
encuadrables dentro del marco de la competencia desleal, poniendo el énfasis en
sus efectos indeseables frente a los consumidores. Esta ley nace con el
propósito de que la legislación protectora de los consumidores se integre de
manera coherente dentro de la regulación del mercado, constituida aquí por la
Ley de Competencia Desleal, como forma de asegurar que aquella tutela sea la más
efectiva y que la normativa del mercado no quede desintegrada.

Las normas que imponen la protección de la libre competencia o
prohíben la competencia desleal protegen a los consumidores de la misma manera
que protegen el funcionamiento del mercado y los intereses de los operadores
económicos que actúan en el mismo. Es por ello que esta ley articula la
protección de los consumidores teniendo en cuenta las exigencias del propio
mercado y los legítimos intereses de los operadores económicos que actúan en el
mismo.

Las modificaciones que se introducen en la Ley de Competencia
Desleal comienzan por tener en cuenta el impacto de otra importante norma de la
Unión Europea, como es el Reglamento (CE) n.º 864/2007 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las
obligaciones extracontractuales («Roma II»), que permite suprimir cualquier
referencia a su ámbito de aplicación territorial.

La cláusula general se modifica para aclarar que, en las
relaciones de los empresarios o profesionales con los consumidores, la
deslealtad de una conducta vendrá determinada por la concurrencia de dos
elementos: que el comportamiento del empresario o profesional resulte contrario
a la diligencia profesional que le es exigible en sus relaciones con los
consumidores, y que éste sea susceptible de distorsionar de manera significativa
el comportamiento económico del consumidor medio (entendiendo por tal el
consumidor o usuario medio) o del miembro medio del grupo al que se dirige la
práctica.

El concepto de «consumidor medio» ha sido acuñado por la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas no en
términos estadísticos, sino como la reacción típica del consumidor normalmente
informado, razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta los factores
sociales, culturales y lingüísticos. En consecuencia, no es un término que la
ley haya de definir, sino que han de ser los tribunales los que van a efectuar
su concreción en cada caso concreto.

Que la referencia para calificar un comportamiento como desleal
sea la reacción típica del consumidor medio no supone, sin embargo, que grupos
de consumidores más vulnerables queden desprotegidos, toda vez que la ley exige
que se tenga en cuenta la reacción típica del consumidor medio al que se dirige
la práctica, o la reacción típica del consumidor medio de un grupo especialmente
vulnerable, cuando el acto de competencia sólo es susceptible de alterar el
comportamiento económico de un grupo concreto de consumidores especialmente
vulnerables, ya por circunstancias personales o sociales.

Se establece un régimen jurídico unitario sobre la deslealtad
de los actos de engaño y agresivos, siendo exigible igual nivel de corrección
con independencia de que sus destinatarios sean consumidores o empresarios. Se
supera de esta manera la tradicional distinción entre los actos desleales y la
regulación de la publicidad ilícita por desleal o engañosa.

Es importante resaltar la opción adoptada de mantener la Ley
General de Publicidad, más allá de una norma meramente contractual. La
relevancia de la publicidad en el proceso de toma de decisiones de los
ciudadanos es cada vez mayor y trasciende del mero ámbito consumerista o
concurrencial, por lo que una norma con vocación generalista deviene
imprescindible, respetando, en todo caso, los objetivos de armonización de las
directivas europeas que esta ley incorpora a nuestro ordenamiento jurídico.

Por ello, cobra especial sentido la pervivencia del concepto de
publicidad ilícita en el ámbito de la Ley General de Publicidad garantizando las
acciones y remedios que posibilitan su represión, especialmente frente a la
publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los derechos y
valores reconocidos en la Constitución, significativamente en lo que se refiere
a la infancia, la juventud y la mujer.

El problema surge en ocasiones por el concurso entre la Ley
General de Publicidad y la Ley de Competencia Desleal, que hace necesario, y así
lo recoge la jurisprudencia, la introducción de mecanismos de coordinación. En
ese sentido, se modifica la Ley General de Publicidad, con objeto de disponer de
un mismo cuerpo de acciones y remedios contra todas las prácticas comerciales
que perjudiquen los intereses económicos de los consumidores, sin renunciar a la
regulación específica de la publicidad y sin menoscabo de la legitimación
especial que en la Ley General de Publicidad se establece frente a la publicidad
ilícita por utilizar de forma vejatoria o discriminatoria la imagen de la
mujer.

En coherencia con este planteamiento se procede a derogar el
título IV de la norma que queda vacío de contenido.

Por otra parte, se dedica un capítulo completo de la ley a
regular los actos de competencia desleal que, afectando también a los
competidores, se considera que sólo son susceptibles de perjudicar a sus
destinatarios cuando estos son consumidores y usuarios. Tal es el caso de las
omisiones engañosas o de las prácticas que la norma comunitaria establece que
son desleales en todo caso y cualquiera que sea la circunstancia en la que se
produzcan.

Se introduce un nuevo capítulo destinado a regular los códigos
de conducta que, con pleno respeto a las normas sobre competencia, contribuyen a
elevar el nivel de protección de los consumidores y usuarios, mediante el acceso
a sistemas eficaces de resolución extrajudicial de reclamaciones que cumplan los
requisitos establecidos por la normativa comunitaria, actualmente contenida en
las Recomendaciones de la Comisión Europea 98/257/CE y 2001/310/CE y, como
tales, notificados a la Comisión Europea de conformidad con lo previsto en la
Resolución del Consejo de 25 de mayo de 2000, relativa a la red comunitaria de
órganos nacionales de la solución extrajudicial de litigios en materia de
consumo o cualquier disposición equivalente. Esta regulación incluye el
ejercicio de acciones frente a los empresarios adheridos públicamente a códigos
de conducta que infrinjan las obligaciones libremente asumidas o incurran en
actos de competencia desleal y frente a los responsables de tales códigos cuando
estos fomenten actos desleales.

Por último, se modifica el capítulo de la Ley de Competencia
Desleal dedicado a normas de carácter procesal, para incorporar las reglas sobre
la carga de la prueba en relación con la veracidad y exactitud de las
afirmaciones de hecho realizadas por los empresarios o profesionales y para
incorporar las acciones de cesación frente a las prácticas desleales que
perjudican los intereses económicos de los consumidores y, en coherencia con la
regulación adoptada sobre los códigos de conducta, las acciones frente a los
empresarios adheridos públicamente a códigos de conducta que infrinjan las
obligaciones libremente asumidas o incurran en actos de competencia desleal y
frente a los responsables de tales códigos cuando éstos fomenten actos
desleales.

III

Se modifica el texto refundido de la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, con el
objeto de establecer claramente en él que, conforme a la preeminencia del
derecho comunitario, las prácticas comerciales de los empresarios dirigidas a
los consumidores se rigen únicamente por lo dispuesto en la Ley de Competencia
Desleal y en el propio texto refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, sin que quepa imponer a
los empresarios o profesionales otras obligaciones, exigencias o prohibiciones
distintas de las previstas en dichas normas cuando el título en que éstas se
fundan es la protección de los legítimos intereses económicos de los
consumidores.

Establecida esta regla general, se aclara, en los términos
previstos en la norma comunitaria, la compatibilidad de este régimen con la
regulación específica dictada por razones ajenas a la protección de los
legítimos intereses económicos de los consumidores, con las reglas concretas que
regulan las prácticas comerciales en las normas que constituyen transposición de
directivas comunitarias dictadas en materia de protección de los consumidores y
usuarios y, por último, con las disposiciones más protectoras dictadas en
materia de servicios financieros o bienes inmuebles.

Igualmente se incorporan al texto refundido de la Ley General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias,
las obligaciones de información a los consumidores en aquellas prácticas
comerciales que incluyan información sobre las características del bien o
servicio y su precio, posibilitando que el consumidor o usuario tome una
decisión sobre la contratación.

Se adapta, por otra parte, la regulación contractual sobre la
información del precio para adecuarla en mayor medida a las exigencias de la
norma sobre la información que debe prestarse en las prácticas comerciales; se
incorpora un régimen general relativo a la obligación de facilitar al consumidor
un presupuesto previo en aquellos servicios en los que el precio final solo
pueda fijarse de este modo, un resguardo de depósito cuando la ejecución de la
prestación contratada exija el depósito del bien, y la justificación documental
de la entrega del producto, en los supuestos de falta de conformidad con el
contrato, para asegurar el ejercicio de los derechos de los consumidores.

Asimismo se introduce la tipificación como infracción de
consumo de las prácticas comerciales desleales, sin que esta previsión tenga
efectos de atribución o modificación de las competencias administrativas
atribuidas por la normativa, estatal o autonómica, a otras Administraciones
públicas sectoriales.

Se modifica la Ley de Ordenación del Comercio Minorista al
objeto de adecuar la regulación sobre las ventas promocionales a las
disposiciones de la directiva, manteniendo la regulación sustantiva dictada en
materia de ordenación de la actividad comercial y haciendo una remisión expresa
a la Ley de Competencia Desleal para el tratamiento de su incidencia en los
legítimos intereses económicos de los consumidores.

IV

Desde el punto de vista de la distribución territorial de
competencias, la competencia desleal es materia reservada a la competencia
estatal de conformidad con lo previsto en el artículo 149.1, reglas 6.ª, 8.ª y
13.ª, de la Constitución, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva en
materia de legislación mercantil, las bases de las obligaciones contractuales y
las bases y coordinación de la planificación de la actividad económica
general.

El resto de las disposiciones de la ley relativas a la
regulación de las acciones derivadas de la competencia desleal y al régimen
común en materia de derechos básicos de los consumidores e infracciones y
sanciones, se dictan al amparo de las competencias exclusivas del Estado en
materia de legislación procesal, condiciones básicas que garanticen la igualdad
de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de
los deberes constitucionales, y las bases y coordinación de la planificación
general de la actividad económica, de conformidad con lo previsto en el artículo
149.1.1.ª, 6.ª y 13.ª de la Constitución.

Artículo primero. Modificación de la Ley 3/1991, de 10 de
enero, de Competencia Desleal.

Se modifican los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 y se
da nueva redacción a los capítulos III y IV, pasando, además, el artículo 18 al
capítulo II de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, a la que
se adiciona un nuevo capítulo V. Asimismo, se introduce una disposición
adicional única.

Uno. Se modifica el artículo 1 que queda redactado en los
siguientes términos:

«Esta ley tiene por objeto la protección de la competencia
en interés de todos los que participan en el mercado, y a tal fin establece la
prohibición de los actos de competencia desleal, incluida la publicidad ilícita
en los términos de la Ley General de Publicidad.»

Dos. Se modifica el artículo 2, adicionándole un nuevo
apartado 3 del siguiente tenor:

«3. La ley será de aplicación a cualesquiera actos de
competencia desleal, realizados antes, durante o después de una operación
comercial o contrato, independientemente de que éste llegue a celebrarse o
no.»

Tres. El artículo 3.1 queda redactado de la siguiente
forma:

«1. La ley será de aplicación a los empresarios,
profesionales y a cualesquiera otras personas físicas o jurídicas que participen
en el mercado.»

Cuatro. El artículo 4, que se incorpora al capítulo II,
quedará redactado en los siguientes términos:

«Artículo 4. Cláusula general.

1. Se reputa desleal todo comportamiento que resulte
objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe.

En las relaciones con consumidores y usuarios se entenderá
contrario a las exigencias de la buena fe el comportamiento de un empresario o
profesional contrario a la diligencia profesional, entendida ésta como el nivel
de competencia y cuidados especiales que cabe esperar de un empresario conforme
a las prácticas honestas del mercado, que distorsione o pueda distorsionar de
manera significativa el comportamiento económico del consumidor medio o del
miembro medio del grupo destinatario de la práctica, si se trata de una práctica
comercial dirigida a un grupo concreto de consumidores.

A los efectos de esta ley se entiende por comportamiento
económico del consumidor o usuario toda decisión por la que éste opta por actuar
o por abstenerse de hacerlo en relación con:

a) La selección de una oferta u oferente.

b) La contratación de un bien o servicio, así como, en su
caso, de qué manera y en qué condiciones contratarlo.

c) El pago del precio, total o parcial, o cualquier otra forma
de pago.

d) La conservación del bien o servicio.

e) El ejercicio de los derechos contractuales en relación con
los bienes y servicios.

Igualmente, a los efectos de esta ley se entiende por
distorsionar de manera significativa el comportamiento económico del consumidor
medio, utilizar una práctica comercial para mermar de manera apreciable su
capacidad de adoptar una decisión con pleno conocimiento de causa, haciendo así
que tome una decisión sobre su comportamiento económico que de otro modo no
hubiera tomado.

2. Para la valoración de las conductas cuyos destinatarios
sean consumidores, se tendrá en cuenta al consumidor medio.

3. Las prácticas comerciales que, dirigidas a los consumidores
o usuarios en general, únicamente sean susceptibles de distorsionar de forma
significativa, en un sentido que el empresario o profesional pueda prever
razonablemente, el comportamiento económico de un grupo claramente identificable
de consumidores o usuarios especialmente vulnerables a tales prácticas o al bien
o servicio al que se refieran, por presentar una discapacidad, por tener
afectada su capacidad de comprensión o por su edad o su credulidad, se evaluarán
desde la perspectiva del miembro medio de ese grupo. Ello se entenderá, sin
perjuicio de la práctica publicitaria habitual y legítima de efectuar
afirmaciones exageradas o respecto de las que no se pretenda una interpretación
literal.»

Cinco. El artículo 5 queda redactado de la siguiente
forma:

«Artículo 5. Actos de engaño.

1. Se considera desleal por engañosa cualquier conducta que
contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido
o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo
susceptible de alterar su comportamiento económico, siempre que incida sobre
alguno de los siguientes aspectos:

a) La existencia o la naturaleza del bien o servicio.

b) Las características principales del bien o servicio, tales
como su disponibilidad, sus beneficios, sus riesgos, su ejecución, su
composición, sus accesorios, el procedimiento y la fecha de su fabricación o
suministro, su entrega, su carácter apropiado, su utilización, su cantidad, sus
especificaciones, su origen geográfico o comercial o los resultados que pueden
esperarse de su utilización, o los resultados y características esenciales de
las pruebas o controles efectuados al bien o servicio.

c) La asistencia posventa al cliente y el tratamiento de las
reclamaciones.

d) El alcance de los compromisos del empresario o profesional,
los motivos de la conducta comercial y la naturaleza de la operación comercial o
el contrato, así como cualquier afirmación o símbolo que indique que el
empresario o profesional o el bien o servicio son objeto de un patrocinio o una
aprobación directa o indirecta.

e) El precio o su modo de fijación, o la existencia de una
ventaja específica con respecto al precio.

f) La necesidad de un servicio o de una pieza, sustitución o
reparación, y la modificación del precio inicialmente informado, salvo que
exista un pacto posterior entre las partes aceptando tal modificación.

g) La naturaleza, las características y los derechos del
empresario o profesional o su agente, tales como su identidad y su solvencia,
sus cualificaciones, su situación, su aprobación, su afiliación o sus conexiones
y sus derechos de propiedad industrial, comercial o intelectual, o los premios y
distinciones que haya recibido.

h) Los derechos legales o convencionales del consumidor o los
riesgos que éste pueda correr.

2. Cuando el empresario o profesional indique en una
práctica comercial que está vinculado a un código de conducta, el incumplimiento
de los compromisos asumidos en dicho código, se considera desleal, siempre que
el compromiso sea firme y pueda ser verificado, y, en su contexto fáctico, esta
conducta sea susceptible de distorsionar de manera significativa el
comportamiento económico de sus destinatarios.»

Seis. El artículo 7 pasa a tener la siguiente redacción:

«Artículo 7. Omisiones engañosas.

1. Se considera desleal la omisión u ocultación de la
información necesaria para que el destinatario adopte o pueda adoptar una
decisión relativa a su comportamiento económico con el debido conocimiento de
causa. Es también desleal si la información que se ofrece es poco clara,
ininteligible, ambigua, no se ofrece en el momento adecuado, o no se da a
conocer el propósito comercial de esa práctica, cuando no resulte evidente por
el contexto.

2. Para la determinación del carácter engañoso de los actos a
que se refiere el apartado anterior, se atenderá al contexto fáctico en que se
producen, teniendo en cuenta todas sus características y circunstancias y las
limitaciones del medio de comunicación utilizado.

Cuando el medio de comunicación utilizado imponga limitaciones
de espacio o de tiempo, para valorar la existencia de una omisión de información
se tendrán en cuenta estas limitaciones y todas las medidas adoptadas por el
empresario o profesional para transmitir la información necesaria por otros
medios.»

Siete. Se modifica el artículo 8, que queda redactado de la
siguiente forma:

«Artículo 8. Prácticas agresivas.

1. Se considera desleal todo comportamiento que teniendo en
cuenta sus características y circunstancias, sea susceptible de mermar de manera
significativa, mediante acoso, coacción, incluido el uso de la fuerza, o
influencia indebida, la libertad de elección o conducta del destinatario en
relación al bien o servicio y, por consiguiente, afecte o pueda afectar a su
comportamiento económico.

A estos efectos, se considera influencia indebida la
utilización de una posición de poder en relación con el destinatario de la
práctica para ejercer presión, incluso sin usar fuerza física ni amenazar con su
uso.

2. Para determinar si una conducta hace uso del acoso, la
coacción o la influencia indebida se tendrán en cuenta:

a) El momento y el lugar en que se produce, su naturaleza o
su persistencia.

b) El empleo de un lenguaje o un comportamiento amenazador o
insultante.

c) La explotación por parte del empresario o profesional de
cualquier infortunio o circunstancia específicos lo suficientemente graves como
para mermar la capacidad de discernimiento del destinatario, de los que aquél
tenga conocimiento, para influir en su decisión con respecto al bien o
servicio.

d) Cualesquiera obstáculos no contractuales onerosos o
desproporcionados impuestos por el empresario o profesional cuando la otra parte
desee ejercitar derechos legales o contractuales, incluida cualquier forma de
poner fin al contrato o de cambiar de bien o servicio o de suministrador.

e) La comunicación de que se va a realizar cualquier acción
que, legalmente, no pueda ejercerse.»

Ocho. El artículo 10 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 10. Actos de comparación.

La comparación pública, incluida la publicidad comparativa,
mediante una alusión explícita o implícita a un competidor estará permitida si
cumple los siguientes requisitos:

a) Los bienes o servicios comparados habrán de tener la
misma finalidad o satisfacer las mismas necesidades.

b) La comparación se realizará de modo objetivo entre una o
más características esenciales, pertinentes, verificables y representativas de
los bienes o servicios, entre las cuales podrá incluirse el precio.

c) En el supuesto de productos amparados por una denominación
de origen o indicación geográfica, denominación específica o especialidad
tradicional garantizada, la comparación sólo podrá efectuarse con otros
productos de la misma denominación.

d) No podrán presentarse bienes o servicios como imitaciones o
réplicas de otros a los que se aplique una marca o nombre comercial
protegido.

e) La comparación no podrá contravenir lo establecido por los
artículos 5, 7, 9, 12 y 20 en materia de actos de engaño, denigración y
explotación de la reputación ajena.»

Nueve. Se modifica el artículo 11, que pasa a tener la
siguiente redacción:

«Artículo 11. Actos de imitación.

1. La imitación de prestaciones e iniciativas empresariales
o profesionales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de
exclusiva reconocido por la ley.

2. No obstante, la imitación de prestaciones de un tercero se
reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de
los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido
de la reputación o el esfuerzo ajeno.

La inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación o de
aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica.

3. Asimismo, tendrá la consideración de desleal la imitación
sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales de
un competidor cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir
u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que, según las
circunstancias, pueda reputarse una respuesta natural del mercado.»

Diez. El artículo 18 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 18. Publicidad ilícita.

La publicidad considerada ilícita por la Ley General de
Publicidad, se reputará desleal.»

Once. Se modifican los capítulos III y IV, con la siguiente
redacción:

«CAPÍTULO III

Prácticas comerciales con los consumidores o usuarios

Artículo 19. Prácticas comerciales desleales con los
consumidores.

1. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 19 y 20
del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y otras leyes complementarias, únicamente tendrán la consideración de
prácticas comerciales desleales con los consumidores y usuarios, las previstas
en este capítulo y en los artículos 4, 5, 7 y 8 de esta ley.

2. Las prácticas comerciales reguladas en los artículos 21 a
31, ambos inclusive, son en todo caso y en cualquier circunstancia, prácticas
comerciales desleales con los consumidores.

Artículo 20. Practicas engañosas por confusión para
los consumidores.

En las relaciones con consumidores y usuarios, se reputan
desleales aquéllas prácticas comerciales, incluida la publicidad comparativa,
que, en su contexto fáctico y teniendo en cuenta todas sus características y
circunstancias, creen confusión, incluido el riesgo de asociación, con
cualesquiera bienes o servicios, marcas registradas, nombres comerciales u otras
marcas distintivas de un competidor, siempre que sean susceptibles de afectar al
comportamiento económico de los consumidores y usuarios.

Artículo 21. Prácticas engañosas sobre códigos de
conducta u otros distintivos de calidad.

1. Se reputan desleales por engañosas, las prácticas
comerciales que afirmen sin ser cierto:

a) Que el empresario o profesional está adherido a un código
de conducta.

b) Que un código de conducta ha recibido el refrendo de un
organismo público o cualquier otro tipo de acreditación.

c) Que un empresario o profesional, sus prácticas comerciales,
o un bien o servicio ha sido aprobado, aceptado o autorizado por un organismo
público o privado, o hacer esa afirmación sin cumplir las condiciones de la
aprobación, aceptación o autorización.

2. La exhibición de un sello de confianza o de calidad o de
un distintivo equivalente, sin haber obtenido la necesaria autorización, es
igualmente, en todo caso, una práctica comercial desleal por engañosa.

Artículo 22. Prácticas señuelo y prácticas
promocionales engañosas.

Se considera desleal por engañoso:

1. Realizar una oferta comercial de bienes o servicios a un
precio determinado sin revelar la existencia de motivos razonables que hagan
pensar al empresario o profesional que dichos bienes o servicios u otros
equivalentes no estarán disponibles al precio ofertado durante un período
suficiente y en cantidades razonables, teniendo en cuenta el tipo de bien o
servicio, el alcance de la publicidad que se le haya dado y el precio de que se
trate.

2. Realizar una oferta comercial de bienes o servicios a un
precio determinado para luego, con la intención de promocionar un bien o
servicio diferente, negarse a mostrar el bien o servicio ofertado, no aceptar
pedidos o solicitudes de suministro, negarse a suministrarlo en un período de
tiempo razonable, enseñar una muestra defectuosa del bien o servicio
promocionado o desprestigiarlo.

3. Las prácticas comerciales relativas a las ventas en
liquidación cuando sea incierto que el empresario o profesional se encuentre en
alguno de los supuestos previstos en el artículo 30.1 de la Ley 7/1996, de 15 de
enero, de Ordenación del Comercio Minorista o que, en cualquier otro supuesto,
afirmen que el empresario o profesional está a punto de cesar en sus actividades
o de trasladarse sin que vaya a hacerlo.

4. Las prácticas comerciales que ofrezcan un premio, de forma
automática, o en un concurso o sorteo, sin conceder los premios descritos u
otros de calidad y valor equivalente.

5. Describir un bien o servicio como «gratuito», «regalo»,
«sin gastos» o cualquier fórmula equivalente, si el consumidor o usuario tiene
que abonar dinero por cualquier concepto distinto del coste inevitable de la
respuesta a la práctica comercial y la recogida del producto o del pago por la
entrega de éste.

6. Crear la impresión falsa, incluso mediante el uso de
prácticas agresivas, de que el consumidor o usuario ya ha ganado, ganará o
conseguirá un premio o cualquier otra ventaja equivalente si realiza un acto
determinado, cuando en realidad:

a) No existe tal premio o ventaja equivalente.

b) O la realización del acto relacionado con la obtención del
premio o ventaja equivalente está sujeto a la obligación, por parte del
consumidor o usuario, de efectuar un pago o incurrir en un gasto.

Artículo 23. Practicas engañosas sobre la naturaleza
y propiedades de los bienes o servicios, su disponibilidad y los servicios
posventa.

Se reputa desleal, por engañoso:

1. Afirmar o crear por otro medio la impresión de que un
bien o servicio puede ser comercializado legalmente no siendo cierto.

2. Alegar que los bienes o servicios pueden facilitar la
obtención de premios en juegos de azar.

3. Proclamar, falsamente, que un bien o servicio puede curar
enfermedades, disfunciones o malformaciones.

4. Afirmar, no siendo cierto, que el bien o servicio sólo
estará disponible durante un período de tiempo muy limitado o que sólo estará
disponible en determinadas condiciones durante un período de tiempo muy limitado
a fin de inducir al consumidor o usuario a tomar una decisión inmediata,
privándole así de la oportunidad o el tiempo suficiente para hacer su elección
con el debido conocimiento de causa.

5. Comprometerse a proporcionar un servicio posventa a los
consumidores o usuarios sin advertirles claramente antes de contratar que el
idioma en el que este servicio estará disponible no es el utilizado en la
operación comercial.

6. Crear la impresión falsa de que el servicio posventa del
bien o servicio promocionado está disponible en un Estado miembro distinto de
aquel en el que se ha contratado su suministro.

Artículo 24. Prácticas de venta piramidal.

Se considera desleal por engañoso, en cualquier
circunstancia, crear, dirigir o promocionar un plan de venta piramidal en el que
el consumidor o usuario realice una contraprestación a cambio de la oportunidad
de recibir una compensación derivada fundamentalmente de la entrada de otros
consumidores o usuarios en el plan, y no de la venta o suministro de bienes o
servicios.

Artículo 25. Prácticas engañosas por confusión.

Se reputa desleal por engañoso promocionar un bien o
servicio similar al comercializado por un determinado empresario o profesional
para inducir de manera deliberada al consumidor o usuario a creer que el bien o
servicio procede de este empresario o profesional, no siendo cierto.

Artículo 26. Prácticas comerciales encubiertas.

Se considera desleal por engañoso incluir como información
en los medios de comunicación, comunicaciones para promocionar un bien o
servicio, pagando el empresario o profesional por dicha promoción, sin que quede
claramente especificado en el contenido o mediante imágenes y sonidos claramente
identificables para el consumidor o usuario que se trata de un contenido
publicitario.

Artículo 27. Otras prácticas engañosas.

Igualmente se consideran desleales por engañosas las
prácticas que:

1. Presenten los derechos que otorga la legislación a los
consumidores o usuarios como si fueran una característica distintiva de la
oferta del empresario o profesional.

2. Realicen afirmaciones inexactas o falsas en cuanto a la
naturaleza y la extensión del peligro que supondría para la seguridad personal
del consumidor y usuario o de su familia, el hecho de que el consumidor o
usuario no contrate el bien o servicio.

3. Transmitan información inexacta o falsa sobre las
condiciones de mercado o sobre la posibilidad de encontrar el bien o servicio,
con la intención de inducir al consumidor o usuario a contratarlo en condiciones
menos favorables que las condiciones normales de mercado.

4. Incluyan en la documentación de comercialización una
factura o un documento similar de pago que dé al consumidor o usuario la
impresión de que ya ha contratado el bien o servicio comercializado, sin que
éste lo haya solicitado.

5. Afirmen de forma fraudulenta o creen la impresión falsa de
que un empresario o profesional no actúa en el marco de su actividad empresarial
o profesional, o presentarse de forma fraudulenta como un consumidor o
usuario.

Artículo 28. Prácticas agresivas por coacción.

Se reputan desleales por agresivas las prácticas comerciales
que hagan creer al consumidor o usuario que no puede abandonar el
establecimiento del empresario o profesional o el local en el que se realice la
práctica comercial, hasta haber contratado, salvo que dicha conducta sea
constitutiva de infracción penal.

Artículo 29. Prácticas agresivas por acoso.

1. Se considera desleal por agresivo realizar visitas en
persona al domicilio del consumidor o usuario, ignorando sus peticiones para que
el empresario o profesional abandone su casa o no vuelva a personarse en
ella.

2. Igualmente se reputa desleal realizar propuestas no
deseadas y reiteradas por teléfono, fax, correo electrónico u otros medios de
comunicación a distancia, salvo en las circunstancias y en la medida en que esté
justificado legalmente para hacer cumplir una obligación contractual.

El empresario o profesional deberá utilizar en estas
comunicaciones sistemas que le permitan al consumidor dejar constancia de su
oposición a seguir recibiendo propuestas comerciales de dicho empresario o
profesional.

Para que el consumidor o usuario pueda ejercer su derecho a
manifestar su oposición a recibir propuestas comerciales no deseadas, cuando
éstas se realicen por vía telefónica, las llamadas deberán realizarse desde un
número de teléfono identificable.

Este supuesto se entenderá sin perjuicio de lo establecido en
la normativa vigente sobre protección de datos personales, servicios de la
sociedad de la información, telecomunicaciones y contratación a distancia con
los consumidores o usuarios, incluida la contratación a distancia de servicios
financieros.

Artículo 30. Prácticas agresivas en relación con los
menores.

Se reputa desleal por agresivo, incluir en la publicidad una
exhortación directa a los niños para que adquieran bienes o usen servicios o
convenzan a sus padres u otros adultos de que contraten los bienes o servicios
anunciados.

Artículo 31. Otras prácticas agresivas.

Se considera desleal por agresivo:

1. Exigir al consumidor o usuario, ya sea tomador,
beneficiario o tercero perjudicado, que desee reclamar una indemnización al
amparo de un contrato de seguro, la presentación de documentos que no sean
razonablemente necesarios para determinar la existencia del siniestro y, en su
caso, el importe de los daños que resulten del mismo o dejar sistemáticamente
sin responder la correspondencia al respecto, con el fin de disuadirlo de
ejercer sus derechos.

2. Exigir el pago inmediato o aplazado, la devolución o la
custodia de bienes o servicios suministrados por el comerciante, que no hayan
sido solicitados por el consumidor o usuario, salvo cuando el bien o servicio en
cuestión sea un bien o servicio de sustitución suministrado de conformidad con
lo establecido en la legislación vigente sobre contratación a distancia con los
consumidores y usuarios.

3. Informar expresamente al consumidor o usuario de que el
trabajo o el sustento del empresario o profesional corren peligro si el
consumidor o usuario no contrata el bien o servicio.

CAPÍTULO IV

Acciones derivadas de la competencia desleal

Artículo 32. Acciones.

1. Contra los actos de competencia desleal, incluida la
publicidad ilícita, podrán ejercitarse las siguientes acciones:

1.ª Acción declarativa de deslealtad.

2.ª Acción de cesación de la conducta desleal o de prohibición
de su reiteración futura. Asimismo, podrá ejercerse la acción de prohibición, si
la conducta todavía no se ha puesto en práctica.

3.ª Acción de remoción de los efectos producidos por la
conducta desleal.

4.ª Acción de rectificación de las informaciones engañosas,
incorrectas o falsas.

5.ª Acción de resarcimiento de los daños y perjuicios
ocasionados por la conducta desleal, si ha intervenido dolo o culpa del
agente.

6.ª Acción de enriquecimiento injusto, que sólo procederá
cuando la conducta desleal lesione una posición jurídica amparada por un derecho
de exclusiva u otra de análogo contenido económico.

2. En las sentencias estimatorias de las acciones previstas
en el apartado anterior, números 1.ª a 4.ª, el tribunal, si lo estima
procedente, y con cargo al demandado, podrá acordar la publicación total o
parcial de la sentencia o, cuando los efectos de la infracción puedan mantenerse
a lo largo del tiempo, una declaración rectificadora.

Artículo 33. Legitimación activa.

1. Cualquier persona física o jurídica que participe en el
mercado, cuyos intereses económicos resulten directamente perjudicados o
amenazados por la conducta desleal, está legitimada para el ejercicio de las
acciones previstas en el artículo 32.1, 1.ª a 5.ª

Frente a la publicidad ilícita está legitimada para el
ejercicio de las acciones previstas en el artículo 32.1, 1.ª a 5.ª, cualquier
persona física o jurídica que resulte afectada y, en general, quienes tengan un
derecho subjetivo o un interés legítimo.

La acción de resarcimiento de los daños y perjuicios
ocasionados por la conducta desleal podrá ejercitarse, igualmente, por los
legitimados conforme a lo previsto en el artículo 11.2 de la Ley 1/2000, de 7 de
enero, de Enjuiciamiento Civil.

La acción de enriquecimiento injusto sólo podrá ser ejercitada
por el titular de la posición jurídica violada.

2. Las acciones contempladas en el artículo 32.1, 1.ª a 4.ª,
podrán ejercitarse además por las asociaciones, corporaciones profesionales o
representativas de intereses económicos, cuando resulten afectados los intereses
de sus miembros.

3. Ostentan legitimación activa para el ejercicio de las
acciones previstas en el artículo 32.1, 1.ª a 4.ª, en defensa de los intereses
generales, colectivos o difusos, de los consumidores y usuarios:

a) El Instituto Nacional del Consumo y los órganos o
entidades correspondientes de las comunidades autónomas y de las corporaciones
locales competentes en materia de defensa de los consumidores y usuarios.

b) Las asociaciones de consumidores y usuarios que reúnan los
requisitos establecidos en el texto refundido de la Ley General para la Defensa
de los Consumidores y Usuarios o, en su caso, en la legislación autonómica en
materia de defensa de los consumidores y usuarios.

c) Las entidades de otros Estados miembros de la Comunidad
Europea constituidas para la protección de los intereses colectivos y de los
intereses difusos de los consumidores y usuarios que estén habilitadas mediante
su inclusión en la lista publicada a tal fin en el «Diario Oficial de las
Comunidades Europeas».

4. El Ministerio Fiscal podrá ejercitar la acción de
cesación en defensa de los intereses generales, colectivos o difusos, de los
consumidores y usuarios.

Artículo 34. Legitimación pasiva.

1. Las acciones previstas en el artículo 32 podrán
ejercitarse contra cualquier persona que haya realizado u ordenado la conducta
desleal o haya cooperado a su realización. No obstante, la acción de
enriquecimiento injusto sólo podrá dirigirse contra el beneficiario del
enriquecimiento.

2. Si la conducta desleal se hubiera realizado por
trabajadores u otros colaboradores en el ejercicio de sus funciones y deberes
contractuales, las acciones previstas en el artículo 32.1, 1.ª a 4.ª, deberán
dirigirse contra el principal. Respecto a las acciones de resarcimiento de daños
y de enriquecimiento injusto se estará a lo dispuesto por el Derecho Civil.

Artículo 35. Prescripción.

Las acciones de competencia desleal previstas en el artículo
32 prescriben por el transcurso de un año desde el momento en que pudieron
ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto
de competencia desleal; y, en cualquier caso, por el transcurso de tres años
desde el momento de la finalización de la conducta.

La prescripción de las acciones en defensa de los intereses
generales, colectivos o difusos, de los consumidores y usuarios, se rige por lo
dispuesto en el artículo 56 del texto refundido de la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

Artículo 36. Diligencias preliminares.

1. Quien pretenda ejercitar una acción de competencia
desleal podrá solicitar del juez la práctica de diligencias para la comprobación
de aquellos hechos cuyo conocimiento resulte objetivamente indispensable para
preparar el juicio.

2. Tales diligencias se sustanciarán de acuerdo con lo
previsto en los artículos 129 a 132 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de
Patentes, y podrán extenderse a todo el ámbito interno de la empresa.»

Doce. Se adiciona un nuevo capítulo, el V, a la Ley de
Competencia Desleal, del siguiente tenor:

«CAPÍTULO V

Códigos de conducta

Artículo 37. Fomento de los códigos de conducta.

1. Las corporaciones, asociaciones u organizaciones
comerciales, profesionales y de consumidores podrán elaborar, para que sean
asumidos voluntariamente por los empresarios o profesionales, códigos de
conducta relativos a las prácticas comerciales con los consumidores, con el fin
de elevar el nivel de protección de los consumidores y garantizando en su
elaboración la participación de las organizaciones de consumidores.

2. Los códigos de conducta respetarán la normativa de defensa
de la competencia y se les dará una publicidad suficiente para su debido
conocimiento por los destinatarios.

3. Las Administraciones públicas promoverán la participación
de las organizaciones empresariales y profesionales en la elaboración a escala
comunitaria de códigos de conducta con este mismo fin.

4. Los sistemas de autorregulación se dotarán de órganos
independientes de control para asegurar el cumplimiento eficaz de los
compromisos asumidos por las empresas adheridas. Sus códigos de conducta podrán
incluir, entre otras, medidas individuales o colectivas de autocontrol previo de
los contenidos publicitarios, y deberán establecer sistemas eficaces de
resolución extrajudicial de reclamaciones que cumplan los requisitos
establecidos en la normativa comunitaria y, como tales, sean notificados a la
Comisión Europea, de conformidad con lo previsto en la Resolución del Consejo de
25 de mayo de 2000 relativo a la red comunitaria de órganos nacionales de
solución extrajudicial de litigios en materia de consumo o cualquier disposición
equivalente.

5. El recurso a los órganos de control de los códigos de
conducta en ningún caso supondrá la renuncia a las acciones judiciales previstas
en el artículo 32.

Artículo 38. Acciones frente a códigos de
conducta.

1. Frente a los códigos de conducta que recomienden,
fomenten o impulsen conductas desleales o ilícitas podrán ejercitarse las
acciones de cesación y rectificación previstas en el artículo 32.1, 2.ª y
4.ª

2. Con carácter previo al ejercicio de las acciones previstas
en el apartado anterior, dirigidas frente a los responsables de los códigos de
conducta que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 37.4, deberá
instarse del responsable de dicho código la cesación o rectificación de la
recomendación desleal, así como el compromiso de abstenerse de realizarla cuando
todavía no se hayan producido.

La solicitud deberá realizarse por cualquier medio que permita
tener constancia de su contenido y de la fecha de su recepción.

El responsable del código de conducta estará obligado a emitir
el pronunciamiento que proceda en el plazo de 15 días desde la presentación de
la solicitud, plazo durante el cual, quien haya iniciado este procedimiento
previo, no podrá ejercitar la correspondiente acción judicial.

Transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior, sin que
se haya notificado al reclamante la decisión o cuando ésta sea insatisfactoria o
fuera incumplida, quedará expedita la vía judicial.

Artículo 39. Acciones previas frente a empresarios y
profesionales adheridos a códigos de conducta.

1. Cuando la acción se fundamente en las causas previstas en
el artículo 5.2, se instará, con carácter previo al ejercicio de las acciones
previstas en el artículo 32.1, 2.ª y 4.ª, ante el órgano de control del código
de conducta, la cesación o rectificación del acto o la práctica comercial de
quienes de forma pública estén adheridos al mismo, así como el compromiso de
abstenerse de realizar el acto o la práctica desleal cuando éstos todavía no se
hayan producido.

El órgano de control estará obligado a emitir el
pronunciamiento que proceda en el plazo de 15 días desde la presentación de la
solicitud, plazo durante el cual, quien haya iniciado este procedimiento previo,
no podrá ejercitar la correspondiente acción judicial.

Transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior, sin que
se haya notificado al reclamante la decisión o cuando ésta sea insatisfactoria o
fuera incumplida, quedará expedita la vía judicial.

2. En el resto de los supuestos de acciones dirigidas a
obtener la cesación o la rectificación de una conducta desleal de quienes
públicamente estén adheridos a códigos de conducta que reúnan los requisitos del
artículo 37.4, la acción previa ante el órgano de control prevista en el
apartado anterior será potestativa.»

Trece. Se añade una disposición adicional, con la siguiente
redacción:

«Disposición adicional única. Definición de
publicidad.

A los efectos de esta ley se entiende por publicidad la
actividad así definida en el artículo 2 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre,
General de la Publicidad.»

Artículo segundo. Modificación de la Ley 34/1988, de 11 de
noviembre, General de Publicidad.

Uno. Se modifica el artículo 1 y el título II de la Ley
34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, que quedan redactados en los
siguientes términos:

«Artículo 1. Objeto.

La publicidad se regirá por esta Ley, por la Ley de
Competencia Desleal y por las normas especiales que regulen determinadas
actividades publicitarias.»

«TÍTULO II

De la publicidad ilícita y de las acciones para hacerla
cesar

Artículo 3. Publicidad ilícita.

Es ilícita:

a) La publicidad que atente contra la dignidad de la persona
o vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución, especialmente a
los que se refieren sus artículos 14, 18 y 20, apartado 4.

Se entenderán incluidos en la previsión anterior los anuncios
que presenten a las mujeres de forma vejatoria o discriminatoria, bien
utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como mero
objeto desvinculado del producto que se pretende promocionar, bien su imagen
asociada a comportamientos estereotipados que vulneren los fundamentos de
nuestro ordenamiento coadyuvando a generar la violencia a que se refiere la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género.

b) La publicidad dirigida a menores que les incite a la compra
de un bien o de un servicio, explotando su inexperiencia o credulidad, o en la
que aparezcan persuadiendo de la compra a padres o tutores. No se podrá, sin un
motivo justificado, presentar a los niños en situaciones peligrosas. No se
deberá inducir a error sobre las características de los productos, ni sobre su
seguridad, ni tampoco sobre la capacidad y aptitudes necesarias en el niño para
utilizarlos sin producir daño para sí o a terceros.

c) La publicidad subliminal.

d) La que infrinja lo dispuesto en la normativa que regule la
publicidad de determinados productos, bienes, actividades o servicios.

e) La publicidad engañosa, la publicidad desleal y la
publicidad agresiva, que tendrán el carácter de actos de competencia desleal en
los términos contemplados en la Ley de Competencia Desleal.

Artículo 4. Publicidad subliminal.

A los efectos de esta ley, será publicidad subliminal la que
mediante técnicas de producción de estímulos de intensidades fronterizas con los
umbrales de los sentidos o análogas, pueda actuar sobre el público destinatario
sin ser conscientemente percibida.

Artículo 5. Publicidad sobre determinados bienes o
servicios.

1. La publicidad de materiales o productos sanitarios y de
aquellos otros sometidos a reglamentaciones técnico-sanitarias, así como la de
los productos, bienes, actividades y servicios susceptibles de generar riesgos
para la salud o seguridad de las personas o de su patrimonio, o se trate de
publicidad sobre juegos de suerte, envite o azar, podrá ser regulada por sus
normas especiales o sometida al régimen de autorización administrativa previa.
Dicho régimen podrá asimismo establecerse cuando la protección de los valores y
derechos constitucionalmente reconocidos así lo requieran.

2. Los reglamentos que desarrollen lo dispuesto en el número
precedente y aquellos que al regular un producto o servicio contengan normas
sobre su publicidad especificarán:

a) La naturaleza y características de los productos, bienes,
actividades y servicios cuya publicidad sea objeto de regulación. Estos
reglamentos establecerán la exigencia de que en la publicidad de estos productos
se recojan los riesgos derivados, en su caso, de la utilización normal de los
mismos.

b) La forma y condiciones de difusión de los mensajes
publicitarios.

c) Los requisitos de autorización y, en su caso, registro de
la publicidad, cuando haya sido sometida al régimen de autorización
administrativa previa.

En el procedimiento de elaboración de estos reglamentos será
preceptiva la audiencia de las organizaciones empresariales representativas del
sector, de las asociaciones de agencias y de anunciantes y de las asociaciones
de consumidores y usuarios, en su caso, a través de sus órganos de
representación institucional.

3. El otorgamiento de autorizaciones habrá de respetar los
principios de libre competencia, de modo que no pueda producirse perjuicio de
otros competidores.

La denegación de solicitudes de autorización deberá ser
motivada.

Una vez vencido el plazo de contestación que las normas
especiales establezcan para los expedientes de autorización, se entenderá
otorgado el mismo por silencio administrativo positivo.

4. Los productos estupefacientes, psicotrópicos y
medicamentos, destinados al consumo de personas y animales, solamente podrán ser
objeto de publicidad en los casos, formas y condiciones establecidos en las
normas especiales que los regulen.

5. Se prohíbe la publicidad de bebidas con graduación
alcohólica superior a 20 grados centesimales, por medio de la televisión.

Queda prohibida la publicidad de bebidas alcohólicas en
aquellos lugares donde esté prohibida su venta o consumo.

La forma, contenido y condiciones de la publicidad de bebidas
alcohólicas serán limitados reglamentariamente en orden a la protección de la
salud y seguridad de las personas, teniendo en cuenta los sujetos destinatarios,
la no inducción directa o indirecta a su consumo indiscriminado y en atención a
los ámbitos educativos, sanitarios y deportivos.

Con los mismos fines que el párrafo anterior el Gobierno
podrá, reglamentariamente, extender la prohibición prevista en este apartado a
bebidas con graduación alcohólica inferior a 20 grados centesimales.

6. El incumplimiento de las normas especiales que regulen la
publicidad de los productos, bienes, actividades y servicios a que se refieren
los apartados anteriores, tendrá consideración de infracción a los efectos
previstos en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y en
la Ley General de Sanidad.

Artículo 6. Acciones frente a la publicidad
ilícita.

1. Las acciones frente a la publicidad ilícita serán las
establecidas con carácter general para las acciones derivadas de la competencia
desleal por el capítulo IV de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia
Desleal.

2. Adicionalmente, frente a la publicidad ilícita por utilizar
de forma discriminatoria o vejatoria la imagen de la mujer, están legitimados
para el ejercicio de las acciones previstas en el artículo 32.1, 1.ª a 4.ª de la
Ley de Competencia Desleal:

a) La Delegación del Gobierno para la Violencia de
Género.

b) El Instituto de la Mujer o su equivalente en el ámbito
autonómico.

c) Las asociaciones legalmente constituidas que tengan como
objetivo único la defensa de los intereses de la mujer y no incluyan como
asociados a personas jurídicas con ánimo de lucro.

d) El Ministerio Fiscal.»

Dos. Los artículos 9 a 24 del título III pasan a reenumerarse
como artículos 7 a 22.

Artículo tercero. Modificación del texto refundido de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de
noviembre.

Se modifican los artículos 8, 18, 19, 20, 47.3, 49.1, 60, 63 y
123 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2007, de 16 de noviembre:

Uno. Se modifica el artículo 8, párrafo b), que quedará
redactado en los siguientes términos:

«b) La protección de sus legítimos intereses económicos y
sociales; en particular frente a las prácticas comerciales desleales y la
inclusión de cláusulas abusivas en los contratos.»

Dos. Se suprime el apartado 4 del artículo 18.

Tres. Se modifica el artículo 19 que pasará a tener la
siguiente redacción:

«Artículo 19. Principio general y prácticas
comerciales.

1. Los legítimos intereses económicos y sociales de los
consumidores y usuarios deberán ser respetados en los términos establecidos en
esta norma, aplicándose, además, lo previsto en las normas civiles, mercantiles
y las demás normas comunitarias, estatales y autonómicas que resulten de
aplicación.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados siguientes,
para la protección de los legítimos intereses económicos y sociales de los
consumidores y usuarios, las prácticas comerciales de los empresarios dirigidas
a ellos están sujetas a lo dispuesto en esta ley, en la Ley de Competencia
Desleal y en la Ley de Ordenación del Comercio Minorista.

A estos efectos, se consideran prácticas comerciales de los
empresarios con los consumidores y usuarios todo acto, omisión, conducta,
manifestación o comunicación comercial, incluida la publicidad y la
comercialización, directamente relacionada con la promoción, la venta o el
suministro de un bien o servicio a los consumidores y usuarios, con
independencia de que sea realizada antes, durante o después de una operación
comercial.

No tienen la consideración de prácticas comerciales las
relaciones de naturaleza contractual, que se regirán conforme a lo previsto en
el artículo 59.

3. Lo dispuesto en el apartado anterior no obsta la aplicación
de:

a) Las normas que regulen las prácticas comerciales que
puedan afectar a la salud y seguridad de los consumidores y usuarios, incluidas
las relativas a la seguridad de bienes y servicios.

b) Las normas sobre certificación y grado de pureza de los
objetos fabricados con metales preciosos.

4. Las normas previstas en esta ley en materia de prácticas
comerciales y las que regulan las prácticas comerciales en materia de
medicamentos, etiquetado, presentación y publicidad de los productos, indicación
de precios, aprovechamiento por turno de bienes inmuebles, crédito al consumo,
comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los
consumidores y usuarios, comercio electrónico, inversión colectiva en valores
mobiliarios, normas de conducta en materia de servicios de inversión, oferta
pública o admisión de cotización de valores y seguros, incluida la mediación y
cualesquiera otras normas que regulen aspectos concretos de las prácticas
comerciales desleales previstos en normas comunitarias prevalecerán en caso de
conflicto sobre la legislación de carácter general aplicable a las prácticas
comerciales desleales.

5. En relación con las prácticas comerciales relativas a
servicios financieros y bienes inmuebles, podrán establecerse normas legales o
reglamentarias que ofrezcan una mayor protección al consumidor o usuario.»

Cuatro. Se modifica el artículo 20 que pasará a tener la
siguiente redacción:

«Artículo 20. Información necesaria en la oferta
comercial de bienes y servicios.

1. Las prácticas comerciales que, de un modo adecuado al
medio de comunicación utilizado, incluyan información sobre las características
del bien o servicio y su precio, posibilitando que el consumidor o usuario tome
una decisión sobre la contratación, deberán contener, si no se desprende ya
claramente del contexto, al menos la siguiente información:

a) Nombre, razón social y domicilio completo del empresario
responsable de la oferta comercial y, en su caso, nombre, razón social y
dirección completa del empresario por cuya cuenta actúa.

b) Las características esenciales del bien o servicio de una
forma adecuada a su naturaleza y al medio de comunicación utilizado.

c) El precio final completo, incluidos los impuestos,
desglosando, en su caso, el importe de los incrementos o descuentos que sean de
aplicación a la oferta y los gastos adicionales que se repercutan al consumidor
o usuario.

En el resto de los casos en que, debido a la naturaleza del
bien o servicio, no pueda fijarse con exactitud el precio en la oferta
comercial, deberá informarse sobre la base de cálculo que permita al consumidor
o usuario comprobar el precio. Igualmente, cuando los gastos adicionales que se
repercutan al consumidor o usuario no puedan ser calculados de antemano por
razones objetivas, debe informarse del hecho de que existen dichos gastos
adicionales y, si se conoce, su importe estimado.

d) Los procedimientos de pago, plazos de entrega y ejecución
del contrato y el sistema de tratamiento de las reclamaciones, cuando se aparten
de las exigencias de la diligencia profesional, entendiendo por tal la definida
en el artículo 4.1 de la Ley de Competencia Desleal.

e) En su caso, existencia del derecho de desistimiento.

2. El incumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior
o en las disposiciones a que se refiere el artículo 19.4 será considerado en
todo caso práctica desleal por engañosa, en iguales términos a lo dispuesto en
el artículo 21.2 de la Ley de Competencia Desleal.»

Cinco. Se modifica el artículo 47.3 al que se da la siguiente
redacción:

«3. Las autoridades competentes en materia de consumo
sancionarán, asimismo, las conductas tipificadas como infracciones en materia de
defensa de los consumidores y usuarios de los empresarios de los sectores que
cuenten con regulación específica y las prácticas comerciales desleales con los
consumidores o usuarios.»

Seis. Se modifica el artículo 49.1, dando una nueva redacción
a su apartado l) y adicionándole dos apartados, m) y n), quedando redactado en
los siguientes términos:

«l) El uso de prácticas comerciales desleales con los
consumidores o usuarios.

m) Las conductas discriminatorias en el acceso a los bienes y
la prestación de los servicios, y en especial las previstas como tales en la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres.

n) El incumplimiento de los requisitos, obligaciones o
prohibiciones establecidas en esta norma o disposiciones que la desarrollen, en
los términos previstos en la legislación autonómica que resulte de
aplicación.»

Siete. Se modifica el artículo 123, adicionándole un nuevo
apartado, el número 3, pasando los apartados 3 y 4 a numerarse como 4 y 5, del
siguiente tenor:

«3. El vendedor está obligado a entregar al consumidor o
usuario que ejercite su derecho a la reparación o sustitución, justificación
documental de la entrega del producto, en la que conste la fecha de entrega y la
falta de conformidad que origina el ejercicio del derecho.

Del mismo modo, junto con el producto reparado o sustituido,
el vendedor entregará al consumidor o usuario justificación documental de la
entrega en la que conste la fecha de ésta y, en su caso, la reparación
efectuada.»

Artículo cuarto. Modificación de la Ley 7/1996, de 15 de
enero, de Ordenación del Comercio Minorista.

Se modifican los artículos 18, 22, 23 y 32 de la Ley 7/1996, de
15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, en el sentido siguiente:

Uno. Se modifica el artículo 18, adicionándole un nuevo
apartado, el 3, del siguiente tenor:

«3. La utilización de las denominaciones antes señaladas que
no se ajuste a la regulación respectivamente establecida para cada una de las
actividades de promoción de ventas en esta Ley, se reputará desleal cuando
concurran las circunstancias previstas en el artículo 5 de la Ley de Competencia
Desleal.»

Dos. Se modifica el artículo 22 que quedará redactado en los
siguientes términos:

«Artículo 22. Venta multinivel.

1. La venta multinivel constituye una forma especial de
comercio en la que un fabricante o un comerciante mayorista vende sus bienes o
servicios a través de una red de comerciantes y/o agentes distribuidores
independientes, pero coordinados dentro de una misma red comercial y cuyos
beneficios económicos se obtienen mediante un único margen sobre el precio de
venta al público, que se distribuye mediante la percepción de porcentajes
variables sobre el total de la facturación generada por el conjunto de los
vendedores integrados en la red comercial, y proporcionalmente al volumen de
negocio que cada componente haya creado. A efectos de lo dispuesto en este
artículo, los comerciantes y los agentes distribuidores independientes se
considerarán en todo caso empresarios a los efectos previstos en el texto
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y
otras leyes complementarias.

2. Queda prohibido organizar la comercialización de bienes y
servicios cuando:

a) Constituya un acto desleal con los consumidores conforme
a lo previsto en el artículo 26 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia
Desleal.

b) No se garantice adecuadamente que los distribuidores
cuenten con la oportuna contratación laboral o cumplan con los requisitos que
vienen exigidos legalmente para el desarrollo de una actividad comercial.

c) Exista la obligación de realizar una compra mínima de los
productos distribuidos por parte de los nuevos vendedores, sin pacto de recompra
en las mismas condiciones.

4. En ningún caso el fabricante o mayorista titular de la
red podrá condicionar el acceso a la misma al abono de una cuota o canon de
entrada que no sea equivalente a los productos y material promocional,
informativo o formativo entregados a un precio similar al de otros homólogos
existentes en el mercado y que no podrán superar la cantidad que se determine
reglamentariamente.

En los supuestos en que exista un pacto de recompra, los
productos se tendrán que admitir a devolución siempre que su estado no impida
claramente su posterior comercialización.»

Tres. Se modifica el artículo 23 que quedará redactado en la
siguiente forma:

«Artículo 23. Prohibición de ventas en pirámide.

Son prácticas de venta piramidal las previstas en el
artículo 24 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, siendo
nulas de pleno derecho las condiciones contractuales contrarias a lo dispuesto
en dicho precepto.»

Cuatro. Se modifica el título del capítulo VI del título II,
y el artículo 32 que pasan a tener la siguiente redacción:

«CAPÍTULO VI

Ventas con obsequio o prima

Artículo 32. Concepto.

1. Son ventas con obsequio aquellas que con finalidad de
promover las ventas ofertan, ya sea en forma automática, o bien, mediante la
participación en un sorteo o concurso, un premio, cualquiera que sea la
naturaleza de éste.

Son ventas con prima aquéllas que ofrezcan cualquier incentivo
o ventaja vinculado a la adquisición de un bien o servicio.

2. Cuando el incentivo consista en un sorteo, lo dispuesto en
esta ley será aplicable sin perjuicio de lo establecido en la legislación
sectorial correspondiente.

3. Las ventas con obsequio o prima se reputan desleales en los
supuestos previstos en la Ley de Competencia Desleal.»

Disposición adicional única.

A efectos de esta ley se tendrán en cuenta los derechos de las
personas con discapacidad, de conformidad con la Convención sobre los derechos
de las personas con discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de
2006.

Disposición transitoria única.

El empresario o profesional que realice propuestas comerciales
por teléfono, fax, correo electrónico u otros medios de comunicación a
distancia, tendrá de plazo dos meses, desde la entrada en vigor de la presente
Ley, para tener en funcionamiento los sistemas oportunos que debe utilizar,
según el apartado 2 del artículo 29, que le permitan al consumidor dejar
constancia de su oposición a seguir recibiendo propuestas comerciales de dicho
empresario o profesional.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Se derogan las siguientes disposiciones:

a) El título IV y la disposición adicional de la Ley 34/1988,
de 11 de noviembre, General de Publicidad.

b) El artículo 59.2 del Reglamento de la Ley de objetos
fabricados con metales preciosos, aprobado por Real Decreto 197/1988, de 22 de
febrero.

c) El artículo 8.1 y 2 del Real Decreto 58/1988, de 29 de
enero, sobre protección de los derechos del consumidor en el servicio de
reparación de aparatos de uso doméstico.

d) El artículo 12.1 del Real Decreto 1457/1986, de 10 de enero,
por el que se regulan la actividad industrial y la prestación de servicios en
los talleres de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y
componentes.

e) El artículo 4 del Real Decreto 1453/1987, de 27 de
noviembre, por el que se aprueba el reglamento regulador de los servicios de
limpieza, conservación y teñido de productos textiles, cueros, pieles y
sintéticos.

2. Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta ley.

Disposición final primera. Modificación de la Ley 1/2000, de 7
de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Se introduce un nuevo párrafo en el apartado 1 del artículo 15
con la siguiente redacción:

«El Ministerio Fiscal será parte en estos procesos cuando el
interés social lo justifique. El tribunal que conozca de alguno de estos
procesos comunicará su iniciación al Ministerio Fiscal para que valore la
posibilidad de su personación.»

Disposición final segunda. Título competencial.

1. Los artículos primero, tercero, apartado siete, y cuarto
constituyen legislación mercantil, legislación procesal y bases de las
obligaciones contractuales dictados por el Estado en virtud del artículo
149.1.6.ª y 8.ª de la Constitución.

2. El artículo segundo, constituye legislación mercantil
dictado por el Estado en virtud del artículo 149.1.6.ª de la Constitución.

3. El artículo tercero, apartados uno, dos, tres y cuatro,
tiene carácter básico y se dicta al amparo de las competencias del Estado sobre
bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica del
artículo 149.1.13.ª de la Constitución.

4. El artículo tercero, apartados cinco y seis, se dicta al
amparo de las competencias del Estado para la regulación de las condiciones
básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los
derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales del artículo
149.1.1.ª de la Constitución y al amparo de las competencias del Estado sobre
bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica del
artículo 149.1.13.ª de la Constitución.

Disposición final tercera. Incorporación del derecho de la
Unión Europea.

Esta ley incorpora al ordenamiento jurídico interno la
Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de
2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus
relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la
Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 del
Parlamento Europeo y del Consejo.

Igualmente, se incorpora en esta ley la Directiva 2006/114/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre
publicidad engañosa y publicidad comparativa.

Disposición final cuarta. Cumplimiento.

Las Administraciones públicas competentes que, en el ejercicio
de sus competencias, incumplieran lo dispuesto en esta ley o en el derecho
comunitario afectado, dando lugar a que el Reino de España sea sancionado por
las instituciones europeas asumirán, en la parte que les sea imputable, las
responsabilidades que de tal incumplimiento se hubieran derivado. En el
procedimiento de imputación de responsabilidad que se tramite se garantizará, en
todo caso, la audiencia de la Administración afectada, pudiendo compensarse el
importe que se determine con cargo a las transferencias financieras que la misma
reciba.

Disposición final quinta. Entrada en vigor.

Esta ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que
guarden y hagan guardar esta ley.

Madrid, 30 de diciembre de 2009.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

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