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31/12/2009

Documento BOE-A-2009-21160

Boletín Oficial del Estado: 31 de diciembre de 2009, Núm. 315

I. Disposiciones generales

Jefatura del Estado

Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para
el mantenimiento y el fomento del empleo y la protección de las personas
desempleadas.

Rango: Ley

Código de Verificación Electrónica (CVE):
BOE-A-2009-21160

Páginas: 112018 a 112035 – 18 págs.

Contenido, oficial y auténtico, de la
disposición:

PDF
de la disposición

Ampliación documental:

Análisis
jurídico

Nota: El texto que se muestra a continuación se ha obtenido
mediante una transformación del documento electrónico oficial y auténtico,
firmado electrónicamente y disponible en la dirección http://www.boe.es/diario_boe
insertando el código BOE-A-2009-21160 en la casilla de
verificación de documentos.

Texto

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en
sancionar la siguiente ley.

PREÁMBULO

I

La economía española está sufriendo los efectos de la actual
crisis económica, los cuales están siendo especialmente significativos en el
mercado de trabajo, como lo pone de manifiesto el importante aumento del
desempleo y la gran destrucción de empleo que se ha producido durante el último
año y, de manera muy especial, en los últimos meses.

El Gobierno ha adoptado ya numerosas medidas para hacer frente
a la crisis económica, tanto en sus aspectos financieros, como en los efectos
que está teniendo la misma sobre la economía real y el empleo. Estas medidas se
han articulado en el Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo.
El plan cuenta con cuatro ejes de actuación. En primer lugar, durante el año
2009, para apoyar la renta disponible de las familias se han destinado cerca de
10.000 millones de euros en forma de impulso fiscal y para apoyar a las
empresas, principalmente PYMES, se liberan 6.000 millones de euros a través de
rebajas fiscales y 29.000 millones de euros a través de las líneas del ICO para
facilitar su acceso al crédito. En segundo lugar, el plan introduce medidas
directas de impulso a la creación de empleo, entre las que cabe destacar el
Fondo de Inversión Local, dotado con 8.000 millones de euros y el Fondo Especial
para la Dinamización de la Economía y el Empleo dotado con 3.000 millones de
euros. En tercer lugar, el Plan recoge las actuaciones que, de manera coordinada
con los países de la Unión Europea, se han adoptado para proporcionar liquidez
al sistema financiero, ante las actuales circunstancias extraordinarias de
inestabilidad, y así ayudar a reactivar el canal del crédito hacia familias y
empresas. Por último, el plan incluye también una ambiciosa agenda de reformas
para modernizar nuestra economía, mejorar su productividad y sentar las bases
del cambio de modelo productivo.

En este contexto de respuestas para hacer frente a la crisis
económica, y ante la gravedad que está adquiriendo la situación del mercado de
trabajo, parece oportuno seguir profundizando en la adopción de nuevas medidas,
con carácter urgente, para el mantenimiento y la generación de empleo y la
protección de las personas desempleadas.

El Gobierno, en primer lugar, adquiere el compromiso de
incrementar las dotaciones presupuestarias en la cuantía necesaria para
garantizar el derecho de los trabajadores desempleados al cobro de las
prestaciones por desempleo.

En segundo lugar, el Gobierno y los Interlocutores Sociales han
analizado y valorado en el marco del diálogo social estas medidas y, aunque no
ha sido posible alcanzar un acuerdo sobre las mismas, sí que ha habido
coincidencia en la necesidad de ponerlas en marcha con carácter urgente.

II

Las medidas adoptadas en esta ley se estructuran en cuatro
capítulos. El capítulo I regula dos medidas dirigidas al mantenimiento del
empleo. Así, el artículo 1 recoge una medida dirigida a favorecer la regulación
temporal de empleo en lugar de la extinción de los contratos, bonificando las
cotizaciones empresariales por contingencias comunes a la Seguridad Social en un
50 por ciento en aquellos supuestos en que se proceda por causas económicas,
técnicas, organizativas o de producción a un ajuste temporal del empleo con la
perspectiva de garantizar la continuidad de la empresa y de los puestos de
trabajo, siempre que el empresario asuma el compromiso de mantener el empleo
durante al menos un año después de finalizada la situación de suspensión de
contratos o reducción de jornada.

La segunda medida recogida en este primer capítulo modifica la
regulación del convenio especial de la Seguridad Social que se suscribe en el
marco de determinados expedientes de regulación de empleo de empresas no
incursas en procedimiento concursal, a fin de conseguir un doble objetivo: por
un lado, evitar el abandono prematuro del mercado de trabajo de aquellos
trabajadores que, a una edad laboral avanzada, vean extinguidos sus contratos de
trabajo a través de despidos colectivos, pues es conocido que en las situaciones
económicas desfavorables los trabajadores de mayor edad se ven afectados, de
hecho, en mayor grado. Por otro lado, mejorar la protección de estos
trabajadores, al posibilitar que las cotizaciones efectuadas por el empresario
durante los períodos de actividad laboral que se desarrollen durante la vigencia
del convenio especial se apliquen a la parte del convenio que debe sufragar el
trabajador a partir de los sesenta y un años, fomentando la prolongación de la
vida activa y desincentivando una salida prematura del mercado de trabajo, con
la merma en la pensión de jubilación que ello supone.

El capítulo II recoge dos medidas dirigidas a mejorar la
protección social de los trabajadores. La primera de ellas consiste en reponer
la prestación por desempleo y la cotización a la Seguridad Social de los
trabajadores a los que se les haya suspendido su contrato de trabajo o reducido
su jornada por un expediente de regulación de empleo y, posteriormente, se les
extinga o suspenda el contrato por causas económicas, técnicas, organizativas o
de producción. Se trata, con ello, de favorecer también el mantenimiento de los
contratos de trabajo a través de expedientes de regulación temporales, evitando
con ello la destrucción de puestos de trabajo.

La segunda medida suprime el plazo de espera de un mes para el
percibo del subsidio de desempleo que hasta ahora se aplicaba en determinados
supuestos; se eliminan con ello períodos de desprotección de los trabajadores
desempleados afectados.

En el capítulo III se establecen medidas para incentivar el
empleo de las personas desempleadas. Así, en el artículo 5 se regula una
novedosa medida que tiene por objeto incentivar al empresario la contratación
indefinida de trabajadores beneficiarios de las prestaciones por desempleo, como
medida de política activa de empleo, de aplicación preferente sobre las
políticas meramente pasivas. En este sentido, la empresa que contrate a un
trabajador desempleado que perciba prestaciones por desempleo podrá bonificarse
el 100 por 100 de la cuota empresarial por contingencias comunes de la Seguridad
Social, hasta alcanzar como máximo el equivalente del importe de la prestación
que tuviera pendiente de percibir a la fecha de entrada en vigor del contrato,
con un máximo de duración de la bonificación de tres años. Esta medida se
aplicará, no sólo a quienes perciben prestaciones contributivas, sino también a
desempleados que perciben el subsidio asistencial y la renta activa de
inserción.

Además, en este capítulo III se recogen dos medidas dirigidas
al impulso de los contratos indefinidos a tiempo parcial, así como de los
contratos temporales a tiempo parcial de determinados colectivos de difícil
empleabilidad, favoreciendo la creación de un tipo de empleo estable que en
otros países europeos tiene unas tasas muy elevadas, tasas que suelen asociarse
a índices de empleo también muy elevados. Con esta finalidad, el artículo 6
introduce dos modificaciones en la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la
mejora del crecimiento y del empleo: la primera de ellas incluye entre los
trabajadores cuya contratación puede dar lugar a bonificación, si está incluido
entre los colectivos regulados en el programa de fomento de empleo, al
demandante de mejor empleo que, siendo trabajador a tiempo parcial con una
jornada muy reducida —inferior a un tercio de la jornada a tiempo completo— es
contratado en otra empresa; la segunda medida supone incentivar
proporcionalmente más el contrato a tiempo parcial frente al contrato de jornada
completa.

El Capítulo IV pretende impulsar la empleabilidad de los
trabajadores con discapacidad, habida cuenta de la importante incidencia que la
actual crisis económica está teniendo sobre los centros especiales de empleo y,
por ende, sobre las perspectivas de creación y particularmente de mantenimiento
del empleo de los trabajadores con discapacidad.

Estas medidas se complementan con otras incluidas en la parte
final de la ley. En primer lugar, debe destacarse la disposición adicional
segunda, en la que se establece la demora de la materialización de los
excedentes de ingresos que financian las prestaciones de carácter contributivo y
demás gastos necesarios para su gestión, resultantes de la ejecución
presupuestaria correspondiente al ejercicio 2008. En segundo lugar, se
incorporan en la Ley determinadas modificaciones de la normativa de Seguridad
Social, que tienen como finalidad dar solución a variada problemática que se
viene planteando en el sistema. En tal sentido, se regula el encuadramiento en
la Seguridad Social del personal estatutario de los servicios de salud que
realice actividades complementarias privadas, de modo que, en razón de las
mismas, quede encuadrado en el régimen Especial de Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos, evitando, dada la heterogeneidad que puede concurrir en
estas situaciones, que se establezcan soluciones de encuadramiento de Seguridad
Social dispares que, a su vez, puedan provocar distorsiones importantes en la
prestación de servicio y, derivado de ello, en la propia concurrencia de
profesionales.

De otra parte, se modifica la forma de acreditación de los
requisitos establecidos en orden al encuadramiento de los trabajadores agrarios
por cuenta propia en el denominado «Sistema Especial para Trabajadores por
Cuenta Propia Agrarios», de modo que se amplía el plazo para dicha acreditación,
eliminando la eventualidad de que una variación ocasional de rendimientos
obtenidos por el interesado pueda dar lugar a la exclusión de dicho sistema
especial.

Por otro lado, se modifica el sistema de cotización a la
Seguridad Social prevista para los trabajadores autónomos que se dediquen a la
venta ambulante en mercadillos tradicionales, de modo que las especialidades que
se contienen al efecto en la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 2009 se extiendan no sólo a los supuestos de
incorporación de los interesados en cooperativas, sino también en los casos de
vendedores individuales.

Por último, la disposición final primera habilita al Gobierno
para prorrogar el Plan Extraordinario de medidas de orientación, formación
profesional e inserción laboral aprobado en abril de 2008, con el fin de
proporcionar un mejor servicio al creciente número de personas desempleadas, en
particular en lo que se refiere a la orientación profesional para lograr una más
rápida inserción laboral.

CAPÍTULO I

Medidas de mantenimiento del empleo

Artículo 1. Bonificación en la cotización empresarial a la
Seguridad Social en los supuestos de regulaciones temporales de empleo.

1. Las empresas tendrán derecho a una bonificación del 50 por
ciento de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias
comunes, devengadas por los trabajadores en situaciones de suspensión de
contrato o reducción temporal de jornada que hayan sido autorizadas en
expedientes de regulación de empleo, incluidas las suspensiones de contratos
colectivas tramitadas de conformidad con la legislación concursal. La duración
de la bonificación será coincidente con la situación de desempleo del
trabajador, sin que en ningún caso pueda superar los 240 días por
trabajador.

2. Para la obtención de la bonificación será requisito
necesario que el empresario se comprometa a mantener en el empleo a los
trabajadores afectados durante al menos un año con posterioridad a la
finalización de la suspensión o reducción autorizada. En caso de incumplimiento
de esta obligación, deberá reintegrar las bonificaciones aplicadas respecto de
dichos trabajadores, sin perjuicio de la aplicación de lo establecido en la Ley
de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

No se considerará incumplida esta obligación cuando el contrato
de trabajo se extinga por despido disciplinario declarado como procedente, por
dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran
invalidez del trabajador.

Las empresas que hayan extinguido o extingan por despido
reconocido o declarado improcedente o por despido colectivo contratos a los que
se haya aplicado la bonificación establecida en este artículo quedarán excluidas
por un periodo de doce meses de las bonificaciones establecidas en el Programa
de Fomento del Empleo regulado en la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la
mejora del crecimiento y del empleo. La citada exclusión afectará a un número de
contratos igual al de las extinciones producidas. El periodo de exclusión se
contará a partir del reconocimiento o de la declaración de improcedencia del
despido o de la extinción derivada del despido colectivo.

3. Será de aplicación lo establecido en el artículo 1.3 y 1.4
de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del
empleo, así como los requisitos regulados en el artículo 5, las exclusiones
establecidas en las letras a) y b) del artículo 6.1, y lo dispuesto en su
artículo 9 sobre reintegro de los beneficios.

4. Las bonificaciones a las que se refiere este artículo serán
compatibles con otras ayudas públicas previstas con la misma finalidad,
incluidas las reguladas en el Programa de fomento de empleo, sin que en ningún
caso la suma de las bonificaciones aplicables pueda superar el 100 por 100 de la
cuota empresarial a la Seguridad Social.

5. Lo dispuesto en este artículo será aplicable a las
solicitudes de regulación de empleo presentadas desde el 1 de octubre de 2008
hasta el 31 de diciembre de 2010, salvo lo establecido en el último párrafo del
apartado 2 de este artículo, que será de aplicación a las solicitudes de
regulación de empleo presentadas desde la entrada en vigor de esta Ley hasta el
31 de diciembre de 2010.

6. El Servicio Público de Empleo Estatal llevará a cabo un
seguimiento trimestral de la bonificación establecida en este artículo, para
garantizar que se cumplen los requisitos y finalidad de la misma.

7. Esta bonificación de cuotas de la Seguridad Social se
aplicará por los empleadores con carácter automático en los correspondientes
documentos de cotización, sin perjuicio de su control y revisión por la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por la Tesorería General de Seguridad
Social y por el Servicio Público de Empleo Estatal.

Artículo 2. Modificación de la regulación del convenio
especial de la Seguridad Social a suscribir en determinados expedientes de
regulación de empleo, para fomentar la actividad de los trabajadores en ellos
incluidos.

La disposición adicional trigésima primera de la Ley General de
la Seguridad Social, texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio, queda redactada en los siguientes términos:

«Disposición adicional trigésima primera. Régimen
jurídico del convenio especial a suscribir en determinados expedientes de
regulación de empleo.

1. En el convenio especial a que se refiere el artículo
51.15 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, las
cotizaciones abarcarán el periodo comprendido entre la fecha en que se produzca
el cese en el trabajo o, en su caso, en que cese la obligación de cotizar por
extinción de la prestación por desempleo contributivo, y la fecha en la que el
trabajador cumpla los 65 años, en los términos establecidos en los apartados
siguientes.

2. A tal efecto, las cotizaciones por el referido período se
determinarán aplicando al promedio de las bases de cotización del trabajador, en
los últimos seis meses de ocupación cotizada, el tipo de cotización previsto en
la normativa reguladora del convenio especial. De la cantidad resultante se
deducirá la cotización, a cargo del Servicio Público de Empleo Estatal,
correspondiente al periodo en el que el trabajador pueda tener derecho a la
percepción del subsidio de desempleo, cuando corresponda cotizar por la
contingencia de jubilación, calculándola en función de la base y tipo aplicable
en la fecha de suscripción del convenio especial.

Hasta la fecha de cumplimiento por parte del trabajador de la
edad de 61 años, las cotizaciones serán a cargo del empresario y se ingresarán
en la Tesorería General de la Seguridad Social, bien de una sola vez, dentro del
mes siguiente al de la notificación por parte del citado Servicio Común de la
cantidad a ingresar, bien de manera fraccionada garantizando el importe
pendiente mediante aval solidario o a través de la sustitución del empresario en
el cumplimiento de la obligación por parte de una entidad financiera o
aseguradora, previo consentimiento de la Tesorería General de la Seguridad
Social, en los términos que establezca el Ministerio de Trabajo e
Inmigración.

A partir del cumplimiento por parte del trabajador de la edad
de 61 años las aportaciones al convenio especial serán obligatorias y a su
exclusivo cargo, debiendo ser ingresadas, en los términos previstos en la
normativa reguladora del convenio especial, hasta el cumplimiento de la edad de
65 años o hasta la fecha en que, en su caso, acceda a la pensión de jubilación
anticipada, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 4.

3. En caso de fallecimiento del trabajador o de reconocimiento
de una pensión de incapacidad permanente durante el período de cotización
correspondiente al empresario, éste tendrá derecho al reintegro de las cuotas
que, en su caso, se hubieran ingresado por el convenio especial correspondientes
al período posterior a la fecha en que tuviera lugar el fallecimiento o el
reconocimiento de la pensión, previa regularización anual y en los términos que
reglamentariamente se establezcan.

4. Si durante el período de cotización a cargo del empresario
el trabajador realizase alguna actividad por la que se efectúen cotizaciones al
sistema de la Seguridad Social, las cuotas coincidentes con las correspondientes
a la actividad realizada, hasta la cuantía de estas últimas, se aplicarán al
pago del convenio especial durante el período a cargo del trabajador recogido en
el último párrafo del apartado 2, en los términos que reglamentariamente se
determinen y sin perjuicio del derecho del empresario al reintegro de las cuotas
que procedan, de existir remanente en la fecha en que aquél cause la pensión de
jubilación.

5. Los reintegros a que se refieren los apartados 3 y 4
devengarán el interés legal del dinero vigente en la fecha en que se produzca su
hecho causante, calculado desde el momento en que tenga lugar hasta la propuesta
de pago.

A tal efecto, el hecho causante del reintegro tendrá lugar en
la fecha del fallecimiento del trabajador o en aquella en la que éste hubiera
causado pensión de incapacidad permanente para los supuestos previstos en el
apartado 3, y en la fecha en que el trabajador hubiera causado pensión de
jubilación, para el supuesto previsto en el apartado 4.

6. En lo no previsto en los apartados precedentes, este
convenio especial se regirá por lo dispuesto en las normas reglamentarias
reguladoras del convenio especial en el sistema de la Seguridad Social.»

CAPÍTULO II

Medidas de protección de las personas desempleadas

Artículo 3. Reposición del derecho a la prestación por
desempleo.

1. Cuando se autorice a una empresa, en virtud de uno o varios
expedientes de regulación de empleo o procedimientos concursales, a suspender
los contratos de trabajo, de forma continuada o no, o a reducir el número de
días u horas de trabajo, y posteriormente se autorice por resolución
administrativa en expediente de regulación de empleo o por resolución judicial
en procedimiento concursal la extinción de los contratos, o se extinga el
contrato al amparo del artículo 52.c) del Estatuto de los Trabajadores, texto
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, los
trabajadores afectados tendrán derecho a la reposición de la duración de la
prestación por desempleo de nivel contributivo por el mismo número de días que
hubieran percibido el desempleo total o parcial en virtud de aquellas
autorizaciones con un límite máximo de 120 días, siempre que se cumplan las
siguientes condiciones:

a) Que las resoluciones administrativas o judiciales que
autoricen las suspensiones o reducciones de jornada se hayan producido entre el
1 de octubre de 2008 y el 31 de diciembre de 2010, ambos inclusive;

b) Que el despido o la resolución administrativa o judicial que
autorice la extinción se produzca entre el 8 de marzo de 2009 y el 31 de
diciembre de 2012.

2. La reposición prevista en el apartado 1 de este artículo
será de aplicación cuando en el momento de la extinción de la relación
laboral:

a) Se reanude el derecho a la prestación por desempleo.

b) Se opte por la reapertura del derecho a la prestación por
desempleo inicial, en ejercicio del derecho de opción previsto en el artículo
210.3 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.

c) Se haya agotado la prestación por desempleo durante la
suspensión o la reducción de jornada y no se haya generado un nuevo derecho a
prestación por desempleo contributiva.

3. Cuando se autorice a una empresa en virtud de expediente
de regulación de empleo o procedimiento concursal a suspender los contratos de
trabajo, de forma continuada o no, o a reducir el número de días u horas de
trabajo, durante el cual los trabajadores hayan agotado la prestación por
desempleo a la que tuvieran derecho, y posteriormente se autorice por resolución
administrativa en expediente de regulación de empleo o por resolución judicial
en procedimiento concursal la reducción de jornada o suspensión de los
contratos, los trabajadores afectados por dichas autorizaciones que no hayan
generado un nuevo derecho a prestación contributiva tendrán derecho a la
reposición de la duración de la prestación por desempleo de nivel contributivo
por el mismo número de días que hubieran percibido el desempleo total o parcial
en virtud de la anterior suspensión o reducción de jornada con un límite máximo
de 90 días, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Que la resolución administrativa o judicial que hubiera
autorizado esa anterior suspensión o reducción de jornada se haya producido
entre el 1 de octubre de 2008 y el 31 de diciembre de 2010, ambos inclusive.

b) Que la resolución administrativa o judicial que autorice la
posterior suspensión o reducción de jornada se produzca entre el 8 de marzo de
2009 y el 31 de diciembre de 2010.

4. La reposición prevista en los apartados anteriores se
aplicará al mismo derecho a la prestación por desempleo que se consumió durante
la suspensión temporal o reducción temporal de la jornada de trabajo.

La base de cotización y la cuantía a percibir, durante el
periodo de la reposición, serán las mismas que las que correspondieron a los
periodos objeto de la reposición.

5. Si un trabajador ha sido beneficiario de la reposición
prevista en el apartado 3 de este artículo no tendrá derecho a la recogida en el
apartado 1.

6. El derecho a la reposición se reconocerá de oficio por la
entidad gestora en los supuestos en los que se solicite la reanudación o
reapertura de la prestación por desempleo.

En los supuestos en que esté agotado el derecho se deberá
solicitar la reposición, siendo de aplicación lo establecido en el artículo 209
de la Ley General de la Seguridad Social.

7. Las ayudas reconocidas en concepto de reposición de
prestaciones por desempleo a los trabajadores incluidos en los planes de apoyo
para facilitar el ajuste laboral de los sectores afectados por cambios
estructurales del comercio mundial, conforme a lo previsto en los citados planes
de apoyo y en la Orden de 5 de abril de 1995, por la que se determinan las
ayudas que podrá conceder el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a
trabajadores afectados por procesos de reconversión y/o reestructuración de
empresas, no serán acumulables a la reposición de prestaciones establecida en
este artículo.

Artículo 4. Eliminación del periodo de espera para ser
beneficiario del subsidio por desempleo.

1. A los desempleados que reúnan los requisitos establecidos en
el artículo 215.1.1 y 215.1.3 del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio, no se les exigirá figurar inscritos como demandantes de empleo durante el
plazo de espera de un mes, siempre que las situaciones protegidas por el
subsidio por desempleo se produzcan entre el 8 de marzo de 2009 y el 31 de
diciembre de 2010.

2. En los supuestos a que se refiere este artículo para
determinar el requisito de carencia de rentas y, en su caso, de
responsabilidades familiares, para el reconocimiento del derecho se considerará
como fecha del hecho causante aquella en que se produzca la situación
protegida.

El derecho al subsidio por desempleo nacerá a partir del día
siguiente a aquel en que se produzca el hecho causante del subsidio, por
agotamiento de la prestación por desempleo, o retorno, o liberación de prisión,
o declaración de capacidad o invalidez en grado de incapacidad permanente
parcial, o agotamiento del subsidio especial para mayores de 45 años.

Para ello será necesario que el subsidio se solicite dentro de
los quince días siguientes a las fechas anteriormente señaladas. La solicitud
requerirá la inscripción como demandante de empleo en ese mismo plazo si la
misma no se hubiera efectuado previamente.

3. En lo no previsto en el apartado anterior se aplicará el
artículo 215.3 de la Ley General de la Seguridad Social, en cuanto a la carencia
de rentas y responsabilidades familiares, y el artículo 219.1, en cuanto al
nacimiento del derecho.

CAPÍTULO III

Medidas de fomento del empleo

Artículo 5. Bonificaciones por la contratación indefinida de
trabajadores beneficiarios de las prestaciones por desempleo.

1. Los empleadores que contraten indefinidamente hasta el 31 de
diciembre de 2010 a trabajadores desempleados beneficiarios de las prestaciones
o los subsidios por desempleo regulados en el Título III del texto refundido de
la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio, o de la Renta Activa de Inserción, tendrán derecho a una
bonificación del 100 por 100 en la cuota empresarial a la Seguridad Social por
contingencias comunes hasta que la cuantía de la bonificación alcance un importe
equivalente a la cuantía bruta de la prestación, subsidio o Renta Activa de
Inserción que tuviera pendiente de percibir en la fecha de inicio de la relación
laboral, sin que en ningún caso la bonificación pueda superar los tres años de
duración.

Si el contrato fuera a tiempo parcial, la cuantía de la
bonificación se reducirá en proporción a la jornada pactada. Si el contrato
fuera para trabajos fijos discontinuos, la bonificación sólo se aplicará a los
períodos de ocupación del trabajador.

2. La cuantía global de la bonificación quedará fijada en la
fecha de inicio de la relación laboral y no se modificará por las circunstancias
que se produzcan con posterioridad, salvo cuando se varíe la jornada pactada o
el tipo de contrato, en cuyo caso se aplicará por el empresario lo establecido
en los apartados anteriores sobre el importe de la bonificación pendiente de
disfrutar a partir de ese momento.

El empleador, a efectos del cálculo de la duración de las
bonificaciones, requerirá al trabajador un certificado del Servicio Público de
Empleo Estatal sobre el importe de la prestación o subsidio por desempleo o
Renta Activa de Inserción pendiente de percibir en la fecha prevista de inicio
de la relación laboral.

3. En el caso de desempleados beneficiarios de la prestación
contributiva, el trabajador deberá haber percibido la prestación durante, al
menos, tres meses en el momento de la contratación.

4. El empleador beneficiario deberá mantener la estabilidad en
el empleo del trabajador contratado durante al menos un año desde la fecha de
inicio de la relación laboral, procediendo en caso de incumplimiento de esta
obligación al reintegro de las bonificaciones aplicadas, sin perjuicio de la
aplicación de lo establecido en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden
Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto.

No se considerará incumplida esta obligación cuando el contrato
de trabajo se extinga por despido disciplinario declarado como procedente, por
dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran
invalidez del trabajador.

5. Sin perjuicio de las obligaciones establecidas para los
trabajadores en el artículo 231 del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio,
la aplicación de la bonificación prevista en este artículo requerirá el
consentimiento del trabajador desempleado, que se expresará en el contrato de
trabajo.

En todo caso, el disfrute de la bonificación por el empresario
no afectará al derecho del trabajador a las prestaciones por desempleo que le
restasen por percibir en el momento de la colocación, que se podrán mantener si
se trata de un contrato a tiempo parcial o recuperar en el futuro si así
corresponde aplicando lo establecido en la legislación vigente.

6. La bonificación a que se refiere este artículo será
incompatible con cualesquiera otras previstas para la misma finalidad. En el
caso de que la contratación de un trabajador pudiera dar lugar simultáneamente a
la aplicación de otras bonificaciones, sólo podrá aplicarse una de ellas,
correspondiendo la opción al beneficiario en el momento de formalizar el alta
del trabajador en la Seguridad Social.

7. Los contratos a que se refiere este artículo se formalizarán
en el modelo oficial que facilite el Servicio Público de Empleo Estatal.

8. En lo no establecido en este artículo serán de aplicación
las previsiones contenidas en el Programa de Fomento de Empleo recogido en la
sección 1.ª del capítulo I de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, salvo lo
establecido en materia de exclusiones en el artículo 6.2.

9. El Servicio Público de Empleo Estatal llevará a cabo un
seguimiento trimestral de la bonificación establecida en este artículo, para
garantizar que se cumplen los requisitos y finalidad de la misma.

10. Esta bonificación de cuotas de la Seguridad Social se
aplicará por los empleadores con carácter automático en los correspondientes
documentos de cotización, sin perjuicio de su control y revisión por la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por la Tesorería General de Seguridad
Social y por el Servicio Público de Empleo Estatal.

Artículo 6. Modificación de la Ley 43/2006, de 29 de
diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, para el impulso de los
contratos a tiempo parcial.

La Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del
crecimiento y del empleo, queda modificada como sigue:

Uno. El apartado 1 del artículo 1 queda redactado como
sigue:

«1. El presente Programa regula las bonificaciones por la
contratación indefinida, tanto a tiempo completo como a tiempo parcial e
incluida la modalidad de fijo discontinuo, de los trabajadores desempleados
inscritos en la Oficina de Empleo, incluidos aquellos que estén trabajando en
otra empresa con un contrato a tiempo parcial, siempre que su jornada de trabajo
sea inferior a un tercio de la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo
completo comparable.

Igualmente se regulan las bonificaciones para el mantenimiento
del empleo de determinados trabajadores.»

Dos. Se modifica el apartado 7 del artículo 2, que queda
redactado como sigue:

«En todos los casos mencionados en este artículo, con
excepción de los previstos en el apartado 3, cuando el contrato indefinido o
temporal sea a tiempo parcial, la bonificación resultará de aplicar a las
previstas en cada caso un porcentaje igual al de la jornada pactada en el
contrato al que se le sumarán 30 puntos porcentuales, sin que en ningún caso
pueda superar el 100 por 100 de la cuantía prevista.»

CAPÍTULO IV

Plan extraordinario de mantenimiento y fomento del empleo
de los trabajadores con discapacidad

Artículo 7. Modificación de la Ley 43/2006, de 29 de
diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, en relación con los
contratos indefinidos de las personas con discapacidad.

1. Se da nueva redacción al apartado 3 del artículo 2 de la Ley
43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, que
queda redactado como sigue:

«No obstante lo establecido en el apartado anterior, cuando
se trate de trabajadores con discapacidad, que reúnan los requisitos a que se
refiere su último párrafo, contratados por un centro especial de empleo,
mediante un contrato indefinido o temporal, incluidos los contratos formativos,
se aplicarán las bonificaciones del 100 por 100 de la cuota empresarial a la
Seguridad Social, incluidas las de accidentes de trabajo y enfermedad
profesional y las cuotas de recaudación conjunta. La misma bonificación se
disfrutará por los centros especiales de empleo en el supuesto de transformación
en indefinidos de los contratos temporales de fomento de empleo de personas con
discapacidad o de transformación en indefinidos de los contratos de duración
determinada o temporales, incluidos los formativos suscritos con trabajadores
con discapacidad.»

2. Se da nueva redacción al apartado 3 del artículo 6 de la Ley
43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, que
queda redactado del modo siguiente:

«3. Cuando se trate de contrataciones con trabajadores con
discapacidad, sólo les serán de aplicación las exclusiones de la letra c), si el
contrato previo hubiera sido por tiempo indefinido, y de la letra d) del
apartado 1, así como la establecida en el apartado 2.

No obstante, la exclusión establecida en la letra d) del
apartado 1 no será de aplicación en el supuesto de contratación de trabajadores
con discapacidad procedentes de centros especiales de empleo, tanto en lo que se
refiere a su incorporación a una empresa ordinaria, como en su posible retorno
al centro especial de empleo de procedencia o a otro centro especial de empleo.
Tampoco será de aplicación dicha exclusión en el supuesto de incorporación a una
empresa ordinaria de trabajadores con discapacidad en el marco del programa de
empleo con apoyo.

En todo caso, las exclusiones de las citadas letras c) y d) no
se aplicarán si se trata de trabajadores con especiales dificultades para su
inserción laboral. A estos efectos, se considerará que existen dichas especiales
dificultades cuando el trabajador esté incluido en alguno de los grupos
siguientes:

a) Personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad
mental o personas con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad
reconocido igual o superior al 33 por 100.

b) Personas con discapacidad física o sensorial, con un grado
de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por 100.»

Artículo 8. Ampliación transitoria de las subvenciones por
mantenimiento del empleo en los centros especiales de empleo.

1. El importe de las ayudas para el mantenimiento de puestos de
trabajo en Centros Especiales de Empleo destinadas a subvencionar el coste
salarial correspondiente a puestos de trabajo ocupados por personas con
discapacidad, a que se refiere el artículo 4.B) 2 de la Orden del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales, de 16 de octubre de 1998, por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de las ayudas y subvenciones públicas
destinadas al fomento de la integración laboral de los minusválidos en centros
especiales de empleo y trabajo autónomo, será del 75 por 100 del salario mínimo
interprofesional. En el caso de contratos a tiempo parcial, la subvención
experimentará una reducción proporcional a la jornada laboral realizada.

2. Lo dispuesto en este artículo será aplicable durante el
período comprendido entre el 10 de julio de 2009 y el 31 de diciembre de
2010.

En el supuesto de trabajadores con especiales dificultades para
su inserción laboral, el período de vigencia se extenderá desde el 10 de julio
de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2011. A estos efectos, se considerará que
existen dichas especiales dificultades cuando el trabajador esté incluido en
alguno de los grupos siguientes:

a) Personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad
mental o personas con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad
reconocido igual o superior al 33 por 100.

b) Personas con discapacidad física o sensorial, con un grado
de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por 100.

3. Durante el primer semestre de 2011, el Gobierno presentará
un informe al Congreso de los Diputados para valorar la continuidad o no de la
ampliación de la subvención para el mantenimiento del empleo en centros
especiales de empleo, en el marco de la Estrategia Global de Acción para el
Empleo de las Personas con Discapacidad.

Artículo 9. Informe sobre el grado de cumplimiento de la cuota
de reserva y las medidas alternativas.

El Gobierno presentará un informe anual, ante el Congreso de
los Diputados, sobre el nivel de cumplimiento de la cuota de reserva de la
plantilla a favor de trabajadores con discapacidad en empresas de cincuenta o
más trabajadores, regulada en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración
social de los minusválidos, y de las medidas alternativas previstas.

Disposición adicional primera. Financiación de las
bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social.

Las bonificaciones en la cotización empresarial a la Seguridad
Social, previstas en la presente ley, se financiarán con cargo a la
correspondiente partida presupuestaria del Servicio Público de Empleo
Estatal.

Disposición adicional segunda. Excedentes del Fondo de Reserva
de la Seguridad Social.

Se demora la materialización de los excedentes de ingresos que
financian las prestaciones de carácter contributivo y demás gastos necesarios
para su gestión, resultantes de la ejecución presupuestaria correspondiente al
ejercicio 2008.

Disposición adicional tercera. Evaluación del actual sistema
de bonificaciones a la contratación y nuevo Programa de Fomento del Empleo.

1. El Gobierno, dentro del mes siguiente a la entrada en vigor
de esta Ley, remitirá al Congreso de los Diputados un informe de evaluación de
los resultados del sistema de bonificaciones a la contratación establecido en la
Ley 43/2006, de 29 de diciembre, de Mejora del Crecimiento y del Empleo, para su
debate en la Comisión de Trabajo e Inmigración.

2. Teniendo presentes los resultados de dicho debate, el
Gobierno impulsará, en el marco del diálogo social, la elaboración de un nuevo
Programa de Fomento del Empleo que sea de aplicación en 2010, que deberá
orientarse, al menos, por los siguientes principios:

– La vinculación a la coyuntura actual de la economía, del
empleo y del desempleo, de manera que apoye el empleo indefinido.

– Una mejor selección de los colectivos cuya contratación se
quiera favorecer por estar particularmente afectados por el desempleo y
presentar mayores problemas de empleabilidad, como es el caso de los parados de
larga duración, los jóvenes y, particularmente, las personas con
discapacidad.

– Favorecer que la temporalidad no repunte cuando se inicie la
recuperación económica.

– La reducción de la complejidad del actual sistema de
bonificaciones.

– Un mayor uso del sistema por parte de las pequeñas y medianas
empresas, por las empresas de economía social y por los trabajadores autónomos
que contraten trabajadores por cuenta ajena.

3. El nuevo Programa de Fomento del Empleo aplicable en 2010
deberá ser objeto de evaluación en el marco del diálogo social y en sede
parlamentaria, con la participación de la Conferencia Sectorial competente, para
decidir las reformas que resulten necesarias para adaptarlo a la coyuntura
económica y del empleo esperable a partir de 2011.

Disposición adicional cuarta. Empresas dedicadas a la
intermediación laboral.

En un plazo no mayor a cuatro meses y en el marco del diálogo
social, el Gobierno llevará a cabo las actuaciones necesarias para:

1. Transponer la Directiva 2008/104/CE, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008 relativa al trabajo a través
de empresas de trabajo temporal, considerando las siguientes cuestiones:

a) La revisión de las restricciones en la utilización de
empresas de trabajo temporal, contando con la opinión de las organizaciones
sindicales y empresariales de los sectores afectados.

b) Las condiciones de trabajo y empleo de los trabajadores
contratados para ser puestos a disposición por las empresas de trabajo temporal,
incluyendo el principio de igualdad de trato, el acceso al empleo, las
instalaciones y la formación profesional, la representación de los trabajadores
cedidos por empresas de trabajo temporal y la información a los representantes
de los trabajadores.

2. Regular la actividad de las empresas que intervienen en la
recolocación de trabajadores afectados por expedientes de regulación de
empleo.

Disposición adicional quinta. Modificación de la Ley 20/2007,
de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo.

Se añade un segundo párrafo a la disposición adicional décima
de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, con el
siguiente tenor literal:

«Se otorgará el mismo tratamiento a los hijos que, aún siendo
mayores de 30 años, tengan especiales dificultades para su inserción laboral. A
estos efectos, se considerará que existen dichas especiales dificultades cuando
el trabajador esté incluido en alguno de los grupos siguientes:

a) Personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad
mental o personas con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad
reconocido igual o superior al 33 por 100.

b) Personas con discapacidad física o sensorial, con un grado
de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por 100.»

Disposición adicional sexta. Medidas de fomento de empleo para
el trabajo autónomo.

El Gobierno llevará a cabo las actuaciones necesarias para que
las medidas de protección social asistencial no vinculadas al sistema de
protección contributivo, y aquellas de fomento del empleo que se realicen para
los asalariados sean extensibles a los trabajadores autónomos que hayan cesado
en su actividad y no dispongan de fuentes de ingresos.

Disposición adicional séptima. Fomento del empleo de
jóvenes.

El Gobierno presentará, en el plazo de 4 meses, un estudio
sobre:

– Las prácticas no laborales y su regulación actual,
incidiendo en aspectos como el grado de cumplimiento de su finalidad formativa y
la utilización fraudulenta de esta fórmula para cubrir puestos de trabajo.

– Los contratos de trabajo en prácticas y para la formación, la
evolución de su utilización, problemas detectados y utilidad para la inserción
laboral de los jóvenes.

A la vista de los resultados de este estudio, el Gobierno
planteará, en el marco del Diálogo Social, la revisión del marco jurídico de la
incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo.

En la citada revisión se contemplará la necesidad de
reincorporar a la actividad formativa a aquellos jóvenes que no hayan terminado
los estudios obligatorios.

Disposición adicional octava. Recursos no gastados en
formación continua.

El Gobierno elaborará un informe, en el plazo más breve
posible, previa consulta con los interlocutores sociales, con propuestas acerca
del destino de los recursos no gastados en los programas de formación continua
correspondientes a cada anualidad.

Disposición adicional novena. Formación de trabajadores
extranjeros.

El Gobierno promoverá, en coordinación con las Comunidades
Autónomas, políticas activas de ocupación orientadas a la formación de los
trabajadores extranjeros en situación de desempleo, promoviendo el conocimiento
de las lenguas oficiales reconocidas en la Comunidad Autónoma en la cual
residen.

Disposición adicional décima. Regulación de políticas activas
de empleo.

El Gobierno evaluará las políticas activas y efectuará
propuestas para incrementar su eficiencia, promoviendo una mayor adecuación a
las necesidades concretas de las Comunidades Autónomas y una mayor coordinación
interadministrativa.

Disposición adicional undécima. Lucha contra las prácticas
ilegales y fraudulentas en la intermediación laboral.

El Gobierno, en el marco del diálogo social, analizará la
actuación de las empresas de servicios cuya actividad real consiste en la
contratación de trabajadores para cederlos a terceras empresas y, en función de
los resultados del análisis, tomará medidas para evitar las prácticas ilegales y
fraudulentas.

Disposición adicional duodécima. Modificación de la regulación
del régimen de las empresas de inserción.

1. Se da nueva redacción al apartado 3 del artículo 15 de la
Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas
de inserción, que queda redactado del modo siguiente:

«No podrán ser contratados los trabajadores que, en los dos
años inmediatamente anteriores hubieran prestado servicios, en la misma o
distinta empresa de inserción, mediante un contrato de trabajo, incluido el
regulado en este artículo, salvo que, en el supuesto de fracaso en un proceso
previo de inserción o en el de recaída en situaciones de exclusión, se considere
lo contrario por el Servicio Social Público competente a la vista de las
circunstancias personales del trabajador.»

2. Se da nueva redacción a la letra b) del apartado 3 del
artículo 10 de la Ley 44/2007, que queda redactado del modo siguiente:

«b) Certificar, antes de la celebración del contrato, si el
trabajador, en los dos años previos a la contratación que se pretende realizar,
ha prestado servicios en la misma o distinta empresa de inserción.»

Disposición adicional decimotercera. Modificación de la Ley
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre
la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

Se modifica la letra e) del artículo 7, quedando redactado de
la siguiente forma:

«e) Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador,
en la cuantía establecida con carácter obligatorio en el Estatuto de los
Trabajadores, en su normativa de desarrollo o, en su caso, en la normativa
reguladora de la ejecución de sentencias, sin que pueda considerarse como tal la
establecida en virtud de convenio, pacto o contrato.

Cuando se extinga el contrato de trabajo con anterioridad al
acto de conciliación, estarán exentas las indemnizaciones por despido que no
excedan de la que hubiera correspondido en el caso de que éste hubiera sido
declarado improcedente, y no se trate de extinciones de mutuo acuerdo en el
marco de planes o sistemas colectivos de bajas incentivadas.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, en
los supuestos de despido o cese consecuencia de expedientes de regulación de
empleo, tramitados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del
Estatuto de los Trabajadores y previa aprobación de la autoridad competente, o
producidos por las causas previstas en la letra c) del artículo 52 del citado
Estatuto, siempre que, en ambos casos, se deban a causas económicas, técnicas,
organizativas, de producción o por fuerza mayor, quedará exenta la parte de
indemnización percibida que no supere los límites establecidos con carácter
obligatorio en el mencionado Estatuto para el despido improcedente.»

Disposición adicional decimocuarta. Impulso de la formación
continuada en las empresas de menos de 100 trabajadores.

El Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas,
impulsará un programa de difusión a las empresas de menos de 100 trabajadores de
los recursos disponibles de formación continuada.

Asimismo, el Gobierno establecerá, en el plazo de tres meses,
una tramitación administrativa abreviada para el acceso a los fondos de
formación continuada de las empresas de menos de 100 trabajadores.

Disposición adicional decimoquinta. Encuadramiento en la
Seguridad Social del personal estatutario de los Servicios de Salud que realice
actividades complementarias privadas.

Las personas incluidas en el ámbito de aplicación del Estatuto
Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, aprobado por la Ley
55/2003, de 16 de diciembre, que presten servicios, a tiempo completo, en los
servicios de salud de las diferentes comunidades autónomas o en los centros
dependientes del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, y que, además,
realicen actividades complementarias privadas, por las que deban quedar
incluidas en el sistema de la Seguridad Social, quedarán encuadradas, por estas
últimas actividades, en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos.

A fin de cumplimentar la obligación anterior, en el caso de
profesionales colegiados a los que se refiere la disposición adicional
decimoquinta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de supervisión y ordenación
de los seguros privados, los mismos podrán optar entre solicitar el alta en el
mencionado Régimen Especial o incorporarse a la correspondiente Mutualidad
alternativa de las previstas en la disposición adicional decimoquinta de la Ley
30/1995, de 8 de noviembre, de supervisión y ordenación de los seguros
privados.

Disposición adicional decimosexta. Medidas relacionadas con el
encuadramiento y la cotización a la Seguridad Social de determinados
colectivos.

Se modifica el apartado 1 del artículo 2 de la Ley 18/2007, de
4 de julio, por la que se procede a la integración de los trabajadores por
cuenta propia del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos, que queda redactado en los siguientes términos:

«1. Se establece, dentro del Régimen Especial de los
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, y con efectos desde 1 de enero de
2008, el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, en el
que quedarán incluidos los trabajadores por cuenta propia agrarios, mayores de
18 años, que reúnan los siguientes requisitos:

a) Ser titulares de una explotación agraria y obtener, al
menos, el 50 por 100 de su renta total de la realización de actividades agrarias
u otras complementarias, siempre que la parte de renta procedente directamente
de la actividad agraria realizada en su explotación no sea inferior al 25 por
100 de su renta total y el tiempo de trabajo dedicado a actividades agrarias o
complementarias de las mismas, sea superior a la mitad de su tiempo de trabajo
total.

b) Que los rendimientos anuales netos obtenidos de la
explotación agraria por cada titular de la misma no superen la cuantía
equivalente al 75 por 100 del importe, en cómputo anual, de la base máxima de
cotización al Régimen General de la Seguridad Social vigente en el ejercicio en
que se proceda a su comprobación.

c) La realización de labores agrarias de forma personal y
directa en tales explotaciones agrarias, aun cuando ocupen trabajadores por
cuenta ajena, siempre que no se trate de más de dos trabajadores fijos o, de
tratarse de trabajadores con contrato de trabajo de duración determinada, que el
número total de jornales satisfechos a los eventuales agrarios no supere los 546
en un año, computado en fecha a fecha.

Las limitaciones en la contratación de trabajadores por cuenta
ajena a que se refiere el párrafo anterior se entienden aplicables por cada
explotación agraria. En el caso de que en la explotación agraria existan dos o
más titulares, en alta todos ellos en el Régimen Especial de los Trabajadores
por Cuenta Propia o Autónomos, se añadirá al número de trabajadores o jornales
previstos en el párrafo anterior un trabajador fijo más, o 273 jornales al año,
en caso de trabajadores eventuales, por cada titular de la explotación agraria,
excluido el primero.

Para determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos
en las letras a) y b) se podrá tomar en consideración la media simple de las
rentas totales y de los rendimientos anuales netos de los tres ejercicios
económicos inmediatamente anteriores a aquel en que se efectúe su
comprobación.»

Disposición adicional decimoséptima. Seguridad Social
aplicable a los socios trabajadores de determinadas Cooperativas.

Se modifica el apartado 2 de la disposición adicional cuarta de
la Ley General de la Seguridad Social, que queda redactado en los siguientes
términos:

«2. Los socios trabajadores de las cooperativas de
explotación comunitaria de la tierra y los socios de trabajo a los que se
refiere el artículo 13.4 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, a
efectos de Seguridad Social, serán asimilados a trabajadores por cuenta ajena,
sin perjuicio de lo previsto en los párrafos siguientes.

Las cooperativas que, al amparo de la disposición transitoria
séptima de la Ley 3/1987, de 2 de abril, General de Cooperativas, optaron por
mantener la asimilación de sus socios de trabajo a trabajadores autónomos, a
efectos de Seguridad Social, conservarán ese derecho de opción en los términos
establecidos en el apartado 1 de esta disposición.

No obstante, si con posterioridad a la fecha de entrada en
vigor de esta ley, la cooperativa modificara el régimen de encuadramiento de sus
socios de trabajo, para su incorporación como trabajadores por cuenta ajena, en
el régimen que corresponda, no podrá volver a ejercitar el derecho de
opción.»

Disposición adicional decimoctava. Cotización de las personas
que se dedican a la venta ambulante.

Uno. Se adiciona un nuevo punto 9, en el apartado Cuarto del
artículo 120, de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre de Presupuestos Generales del
Estado para 2009, en los siguientes términos:

«9. Lo dispuesto en el segundo párrafo del punto 8 anterior,
será de aplicación a las personas que se dediquen, de forma individual, a la
venta ambulante, durante un máximo de tres días a la semana, en mercados
tradicionales o "mercadillos" con horario de venta inferior de ocho horas al
día, siempre que no dispongan de establecimiento fijo propio, ni produzcan los
artículos o productos que vendan.»

Dos. Los socios trabajadores de Cooperativas de Trabajo
Asociado dedicados a la venta ambulante que, con anterioridad al 31 de diciembre
de 2008, vinieran encuadrados en el Régimen General y que, en razón de lo
establecido en el punto 8, apartado Cuatro, del artículo 120 de la Ley 2/2008,
de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2009, hayan
quedado incluidos, a efectos de la Seguridad Social, en el Régimen Especial de
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, tendrán derecho a una reducción del
50 por 100 de la cuota a ingresar.

La reducción se aplicará sobre la cuota que resulte de aplicar
sobre la base mínima elegida, de conformidad con lo previsto en el punto 8,
apartado Cuatro, del citado artículo 120, el tipo de cotización vigente en el
Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.

La reducción de cuotas regulada en este apartado surtirá
efectos en relación con las cuotas que se hayan devengado durante el año
2009.

Disposición transitoria primera. Contratos anteriores a la
entrada en vigor de esta Ley.

Los contratos de trabajo, así como las bonificaciones
aplicables a los mismos, que se hubieran celebrado antes de la entrada en vigor
de esta Ley, continuarán rigiéndose por la normativa vigente en el momento de su
concertación, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 1.

Disposición transitoria segunda. Bonificaciones aplicables a
cuotas devengadas con anterioridad al 8 de marzo de 2009.

A efectos de lo establecido en el artículo 1 de esta Ley, las
bonificaciones de cuotas correspondientes a los períodos ingresados desde el 1
de octubre de 2008 hasta el 8 de marzo de 2009 se abonarán a las empresas
beneficiarias de las mismas previa solicitud, ante la Tesorería General de la
Seguridad Social, de la correspondiente devolución de cuotas.

Disposición transitoria tercera. Tratamiento fiscal de las
indemnizaciones derivadas de Expedientes de Regulación de Empleo.

La modificación de la letra e) del artículo 7, de la Ley
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre
la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, contenida en la disposición
adicional decimotercera de la presente Ley, será de aplicación a los despidos
derivados de los expedientes de regulación de empleo aprobados a partir de la
entrada en vigor del Real Decreto-Ley 2/2009, de 6 de marzo, así como a los
despidos producidos por las causas previstas en la letra c) del artículo 52 del
Estatuto de los Trabajadores desde esta misma fecha.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo previsto en la presente Ley.

Disposición final primera. Habilitación al Gobierno para la
aprobación de la prórroga del Plan Extraordinario de medidas de orientación,
formación profesional e inserción laboral, aprobado por Acuerdo del Consejo de
Ministros de 18 de abril de 2008.

Se autoriza al Gobierno a la aprobación, mediante Acuerdo del
Consejo de Ministros, de la prórroga, durante dos años más, del Plan
Extraordinario de medidas de orientación, formación profesional e inserción
laboral, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de abril de 2008,
referida exclusivamente a la medida consistente en la contratación de 1.500
orientadores para el reforzamiento de la red de oficinas de empleo. Esta medida
será de aplicación en todo el territorio del Estado y su gestión se realizará
por las Comunidades Autónomas con competencias estatutariamente asumidas en el
ámbito del trabajo, el empleo y la formación y por el Servicio Público de Empleo
Estatal.

Respecto de la gestión por las Comunidades Autónomas de esta
medida, los créditos correspondientes se distribuirán territorialmente entre
dichas administraciones, de conformidad con lo establecido en los artículos 14
de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, y 86 de la Ley 47/2003, de 26
de noviembre, General Presupuestaria.

Disposición final segunda. Facultades de desarrollo.

El Gobierno y el Ministro de Trabajo e Inmigración, en el
ámbito de sus competencias, dictarán las disposiciones necesarias para el
desarrollo y la ejecución de lo establecido en esta Ley, previa consulta a las
organizaciones empresariales y sindicales más representativas.

Disposición final tercera. Evaluación de las medidas
establecidas en esta Ley.

El Gobierno evaluará el funcionamiento de las distintas medidas
establecidas en esta Ley.

A la vista de los resultados de las evaluaciones trimestrales
efectuadas, y en función de la evolución que experimente el empleo, el Gobierno,
previa consulta con las organizaciones empresariales y sindicales más
representativas, podrá establecer la prórroga de la vigencia de cualquiera de
las medidas previstas en esta Ley, para garantizar que se cumplan las
finalidades perseguidas.

Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 3/2009, de 3
de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles.

Se introduce en la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre
modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, una nueva
disposición adicional tercera con la siguiente redacción:

«Disposición adicional tercera. Régimen aplicable a
las operaciones de fusión, escisión y cesión global o parcial de activos y
pasivos entre entidades de crédito.

1. Las operaciones de fusión entre entidades de crédito de
la misma naturaleza, así como las de escisión y cesión global de activos y
pasivos entre entidades de crédito de idéntica o distinta naturaleza se regirán
por las normas establecidas para dichas operaciones en la presente ley, sin
perjuicio de lo previsto en la legislación específica aplicable a estas
entidades.

2. Cuando la operación consista en el traspaso por sucesión
universal de una o varias partes del patrimonio de una entidad de crédito,
cualquiera que sea su naturaleza, que formen una unidad económica, a otra
entidad de crédito de igual o distinta naturaleza a cambio de una
contraprestación que no consista en acciones, participaciones o cuotas de la
entidad cesionaria, resultará de aplicación a la misma el régimen de la cesión
global de activos y pasivos previsto en los artículos 85 a 91 de la presente
ley, sin perjuicio de lo previsto en su legislación específica.»

Disposición final quinta. Entrada en vigor.

La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que
guarden y hagan guardar esta Ley.

Madrid, 30 de diciembre de 2009.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

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