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Jefatura del Estado (BOE número 176 de 23/7/1992)

LEY 21/1992, DE 16 DE JULIO, DE INDUSTRIA.

Rango: Ley

Páginas: 25498 a 25506 – 9 págs.

Referencia: BOE-A-1992-17363

PDF de la
disposición

Ampliación documental:

Análisis
jurídico

TEXTO

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren,

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en
sancionar la siguiente Ley:

Exposición de motivos

1

Esta Ley tiene los siguientes objetivos: a) Establecer las
normas básicas de ordenación de las actividades industriales por las
Administraciones Públicas. b) Fijar los medios y procedimientos para coordinar
las competencias en materia de industria de dichas Administraciones, y c)
Regular la actuación de la Administración del Estado en relación con el sector
industrial.

Las disposiciones de la Ley se articulan en el marco delimitado
por los preceptos que se exponen de la Constitución Española de 1978, (C.E.), en
la cual no hay referencia expresa a la industria, pero sí a la actividad
económica de cuyo conjunto forma parte la industria.

El artículo 38 de la C.E. reconoce la libertad de empresa en el
marco de la economía de mercado, obligando a los poderes públicos a garantizar y
proteger el ejercicio de dicha libertad y la defensa de la productividad, de
acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la
planificación.

El artículo 40.1 de la C.E. dispone que los poderes públicos
promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para
una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de
una política de estabilidad económica.

En el artículo 130.1 de la C.E. se establece que los poderes
públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores
económicos.

El artículo 139.2 de la C.E. preceptúa que ninguna autoridad
podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de
circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes
en todo el territorio español.

El artículo 51.1 de la C.E.

prescribe que los poderes públicos garantizarán la defensa de
los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la
seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.

El artículo 45.2 de la C.E. ordena que los poderes públicos
velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin
de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio
ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.

Constituye esta Ley la norma básica que sistematiza el variado
elenco de disposiciones de diverso rango que hoy rigen en materia de industria,
cubriendo a la vez las importantes lagunas existentes, entre otras las relativas
al registro de establecimientos industriales de ámbito estatal y al régimen
sancionador en materia de seguridad industrial.

También cumple la Ley la necesidad de adaptar la regulación de
la actividad industrial en España a la derivada de nuestra incorporación a la
Comunidad Económica Europea y la constitución del mercado interior, lo que
implica, entre otras consecuencias, la necesidad de compatibilizar los
instrumentos de la política industrial con los de la libre competencia y
circulación de mercancías. En materia de seguridad y calidad industriales, se
tiene particularmente en cuenta el objetivo de eliminación de barreras técnicas
a través de la normalización y la armonización de las reglamentaciones e
instrumentos de control, así como el nuevo enfoque comunitario basado en la
progresiva sustitución de la tradicional homologación administrativa de
productos por la certificación que realizan empresas y otras entidades, con la
correspondiente supervisión de sus actuaciones por los poderes públicos.

2

La actividad industrial está regulada actualmente en España por
la parte vigente de la Ley de 24 de noviembre de 1939, de ordenación y defensa
de la industria nacional. Esta Ley, en gran parte derogada, acorde con la
realidad política, social y económica del tiempo en que fue promulgada otorgaba
al Estado facultades absolutas de control del sector industrial, mediante el
otorgamiento de autorizaciones previas para la instalación de cualquier clase de
industria.

La evolución legislativa del derecho referido a la actividad
indutrial se ha orientado por la necesidad de ir modificando el referido marco
de facultades absolutas que establecia la Ley de 1939.

El Decreto-Ley 10/1959, de 21 de julio, sobre ordenación
económica inició el proceso liberalizador. En cuanto al sector industrial se
plasmó dicho proceso en el Decreto 157/1963, de 26 de enero, de libertad de
instalación, ampliación y traslado de industrias, que estableció tres grupos con
diferente régimen: El primero, de industrias de libre instalación que solamente
necesitaban la inscripción en el Registro Industrial; el segundo, de industrias
sometidas a condiciones técnicas y dimensiones mínimas; y un tercer grupo que
seguía sujeto a autorización administrativa previa. El Decreto 2072/1968, liberó
determinadas industrias del régimen de condiciones mínimas o de autorización
previa.

Un nuevo paso en la evolución liberalizadora supuso el Real
Decreto 378/1977, de 25 de febrero, el cual hizo desparecer el grupo de
industrias sujeto a condiciones mínimas, estableciendo un sistema de libre
instalación de industrias y otro de autorización administrativa previa; este
último experimentó un considerable aumento al incluir en él los sectores
sometidos a planes de ordenación o reestructuración y otros por motivos de
consumo energético, importaciones, interés preferente y tecnología extranjera.

El régimen vigente en cuanto a instalación, ampliación y
traslado de industrias está contenido en el Real Decreto 2135/1980, de 26 de
septiembre, de liberalización industrial, que solamente deja afectadas a la
previa autorización administrativa las siguientes industrias: a) Las de minería,
hidrocarburos y producción, distribución y transporte de energía y productos
energéticos. b) Las de armas y explosivos e industrias de interés militar. c)
Las de estupefacientes o psicotrópicos. d) Las sometidas a planes de
reconversión industrial.

Como último paso liberalizador se puede considerar el Real
Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo, de medidas urgentes administrativas,
financieras, fiscales y laborales, cuyo artículo 1 establece el silencio
administrativo positivo para la concesión de licencias y autorizaciones de
instalación, traslado o ampliación de empresas o centros de trabajo, excepto a
determinadas industrias (armas, explosivos, interés militar, hidrocaburos,
instalaciones eléctricas, radioactivas y en reconversión).

Otros aspectos de la industria se han regulado por leyes
especiales. La promoción industrial, mediante la Ley 152/1963, de 2 de
diciembre, de industrias de interés preferente, que permite declarar a un sector
industrial o parte de él como de <interés preferente>, o calificar una
determinada zona geográfica como de <preferente localización>, con los
correspondientes beneficios. Las situaciones de crisis que afectaron a diversos
sectores industriales dieron lugar a normas legales de medidas para la
reconversión y la reindustrialización; Real Decreto-ley 9/1981, de 5 de junio;
Ley 21/1982, de 9 de junio; Real Decreto-Ley 8/1983, de 30 de noviembre, y Ley
27/1984, de 26 de julio.

Finalmente hay que referirse a las disposiciones sobre
seguridad, que revisten importancia primordial. El Decreto de 30 de noviembre de
1961 aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas. La Orden ministerial de 9 de marzo de 1971 aprueba la Ordenanza
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. El Real Decreto 1495/1986, de 26
de mayo, aprueba el Reglamento de Seguridad en las Máquinas. El Real Decreto
886/1988, de 15 de julio, establece la prevención de accidentes mayores en
determinadas actividades industriales. Para buen número de instalaciones y
productos industriales existen Reglamentos de Seguridad, desarrollados en las
correspondientes Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC).

En el campo de la seguridad industrial tienen un relieve
especial las disposiciones referentes a normalización, homologación y
certificación; el gran incremento y complejidad de las mismas, en todos los
países industrializados, ha supuesto que estas funciones hayan pasado en gran
parte a ser desarrolladas por entidades colaboradoras de las Administraciones
Públicas y laboratorios privados. El Real Decreto 735/1979, de 20 de febrero,
dispone la normativa a cumplir por entidades colaboradoras en expedición de
certificados de calidad, homologación y verificación. El Real Decreto 2584/1981,
de 18 de septiembre, aprueba el Reglamento General de Actuaciones en el campo de
la normalización y homologación. El Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto,
ordena las actividades de normalización y certificación. El Real Decreto
1407/1987, de 13 de noviembre, regula las Entidades de Inspección y Control
Reglamentario en materia de seguridad de productos, equipos e instalaciones
industriales.

Quedan excluidos de estos procedimientos los vehículos
automóviles, sus componentes y otros equipos de transporte ligados a la
seguridad vial, donde la Administración continúa siendo directamente responsable
de estas homologaciones, que se benefician del reconocimiento mutuo por parte de
otros Estados, en función de Convenios Internacionales de larga tradición y
fuerte implantación en el sector.

3

El fundamento del carácter básico que se confiere a gran parte
de la Ley, así como el de las normas de coordinación entre las Administraciones
Públicas, se encuentra en las disposiciones de la Constitución que se indican.

El artículo 149.1.13. de la C.E. confiere al Estado competencia
exlcusiva sobre las bases y coordinación de la planificación general de la
actividad económica y, consecuentemente, al ser la actividad industrial una
parte de la actividad económica, el Estado tiene competencia para determinar las
bases y la coordinación referente a toda clase de industrias, lo que incluye el
régimen de creación, instalación, ampliación, traslado o cese de actividades
industriales.

Además, puesto que este aspecto se relaciona con el principio
de libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, el artículo
149.1.1. constituye una habilitación complementaria para que el Estado regule
las condiciones básicas del ejercicio de la actividad industrial

En el artículo 149.1.13. de la C.E. cabe diferenciar dos
contenidos:

A) Las bases y ordenación o dirección de la actividad
económica, que son manifestación de un principio más amplio:

El de la unidad del orden económico que informa el sistema de
distribución de comptencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en
materia económica, con el fin de que no se produzcan resultados disfuncionales y
desintegradores de dicho orden.

Esta unidad del ordenamiento económico en todo el ámbito del
Estado viene exigida en la Constitución de modo directo o indirecto (así en los
artículos 2, 40, 128, 130, 131, 138 y 139), y su consecución sólo puede
alcanzarse mediante la adopción de medidas de política económica aplicables con
carácter general a todo el territorio nacional.

Esta unidad habrá de garantizarse excepcionalmente mediante
ciertos actos de ejecución cuando, por la naturaleza de la materia, resulta
complemento necesario para garantizar la consecución de la finalidad objetiva a
que responde la competencia estatal sobre las bases, si bien, en todo caso, la
fijación de las bases no deben llegar a tal grado de desarrollo que dejen vacías
de contenido las correspondientes competencias de las Comuniddes Autónomas.

B) La coordinación de la planificación general de la actividad
económica, que debe ser entendida como la fijación de medios y sistemas de
relación que hagan posible la información recíproca, la homogeneidad técnica en
determinados aspectos y la acción conjunta de las diferentes Administraciones
Públicas en el ejercicio de sus respectivas comeptencias, de tal modo que se
logre la integración de actos parciales en la globalidad del sistema.

En este marco, se configuran en la Ley una serie de
instrumentos y medios para propiciar y posibilitar la colaboración y cooperación
entre el Estado y las Comunidades Autónomas en el campo de la actividad
industrial: Consejo de Coordinación de la Seguridad Industrial y Comisión de
Registro e Información Industrial.

4

La Ley se estructura en cinco títulos, tres disposiciones
adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una
disposición final.

El título I, Disposiciones generales, especifica el objeto, los
fines, el ámbito de aplicación y la libertad de establecimiento.

El título II, determina los objetivos de promoción y
modernización a desarrollar por las Administraciones Públicas, los objetivos de
los programas de promoción, las medidas y procedimientos aplicables y la
creación de la Comisión para la Competitividad Industrial, como órgano
consultivo, integrado por miembros de reconocido prestigio de la industria, la
ciencia y las Adminsitraciones Públicas, con la función de contribuir a la
evaluación y mejora de la competitividad de la industria española.

El título III, Seguridad y Calidad Industriales, constituye el
núcleo de la Ley por la importancia creciente de esta materia en el contexto
internacional. Se divide en dos capítulos precedidos de un artículo común, de
definiciones y conceptos.

El capítulo I, Seguridad Industrial, se refiere a un sistema de
disposiciones obligatorias. Establece el objeto de la seguridad, el contenido de
los Reglamentos, los medios de prueba del cumplimiento reglamentario y el
control administrativo de dicho cumplimiento. Configura los Organismos de
Control como entidades, con personalidad jurídica, que habrán de disponer de
medios materiales y humanos, así como de solvencia técnica y financiera, para
verificar que las instalaciones y los productos industriales cumplen las
condiciones de seguridad fijadas en los Reglamentos. Asimismo se regulan las
Entidades de Acreditación, como instituciones sin ánimo de lucro de ámbito
estatal, para verificar que los Organismos de Control cumplen las condiciones y
requisitos técnicos exigidos para su funcionamiento. Crea, por último, el
Consejo de Coordinación de la Seguridad Industrial como órgano encargado de
impulsar y coordinar las actuaciones de las Administraciones Públicas en esta
materia, integrado por un representante de cada Comunidad Autónoma e igual
número de representantes de la Administración del Estado.

El capítulo II, Calidad Industrial, establece las actuaciones
que las Administraciones Públicas, en colaboración, desarrollarán para procurar
la competitividad de la industria española; asimismo define los agentes a través
de los cuales podrá instrumentarse la calidad industrial mediante un sistema de
normas voluntarias.

El título IV, Registro de Establecimientos Industriales e
Información Estadística Industrial, configura el Registro de Establecimientos
Industriales, de carácter administrativo y ámbito estatal, que no será obstáculo
para que las Comunidades Autónomas establezcan sus propios Registros. Su fin es
constituir el instrumento para el conocimiento y la publicidad de la actividad
industrial, utilizable tanto por las Adminsitraciones Públicas como por los
ciudadanos y empresas, regulándose su ámbito y contenido, la obligatoriedad por
parte de las empresas y de los agentes colaboradores de las Administraciones
Públicas de comunicar los datos que han de inscribirse y la coordinación de la
información administrativa. Este título se completa con la creación de la
Comisión de Registro e Información Industrial, con el carácter de órgano de
coordinación para estas materias, integrado por representantes de la
Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas.

El título V, Infracciones y Sanciones, se dedica a regular la
responsabilidad de todas las partes y agentes que intervienen en las actividades
industriales, tipificando las infracciones y estableciendo el correspondiente
régimen sancionador, los sujetos responsables y las competencias sancionadoras.

La disposición adicional primera cambia la denominación del
Registro de la Propiedad Industrial por la de Oficina Española de Patentes y
Marcas, dando nueva redacción a determinados artículos de la Ley que creó el
organismo y de la Ley de Patentes, para adaptar estos preceptos a las
necesidades actuales.

La disposición adicional segunda adapta lo dispuesto en
determinados preceptos de la Ley 21/1974, sobre investigación y explotación de
hidrocarburos, a las exigencias derivadas de la pertenencia de España a la
Comunidad Económica Europea.

La disposición adicional tercera establece la coordinación de
las competencias de los Ministerios de Industria, Comercio y Turismo y de Obras
Públicas y Transportes en materia de seguridad y calidad referentes a
telecomunicaciones y construcción de buques.

Las disposiciones transitorias contienen los preceptos
necesarios para mantener la vigencia temporal de entidades y de disposiciones
referentes a determinadas materias reguladas en la Ley.

La disposición derogatoria y la final incluyen la legislación
que deja de tener vigencia y los artículos de la Ley a los que se da carácter de
norma básica.

Título I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

La presente Ley tiene por objeto establecer las bases de
ordenación del sector industrial, así como los criterios de coordinación entre
las Administraciones Públicas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
149.1.1. y 13. de la Constitución Española.

Artículo 2. Fines.

El objeto expresado en el artículo anterior se concretará en la
consecución de los siguientes fines:

1. Garantía y protección del ejercicio de la libertad de
empresa industrial.

2. Modernización, promoción industrial y tecnológica,
innovación y mejora de la competitividad.

3. Seguridad y calidad industriales.

4. Responsabilidad industrial.

Asimismo, es finalidad de la presente Ley contribuir a
compatibilizar la actividad industrial con la protección del medio ambiente.

Artículo 3. Ambito de aplicación y competencias.

1. Se consideran industrias, a los efectos de la presente Ley,
las actividades dirigidas a la obtención, reparación, mantenimiento,
transformación o reutilización de productos industriales, el envasado y
embalaje, así como el aprovechamiento, recuperación y eliminación de residuos o
subproductos, cualquiera que sea la naturaleza de los recursos y procesos
técnicos utilizados.

2. Asimismo estarán incluidos en el ámbito de aplicación de
esta Ley los servicios de ingeniería, diseño, consultoría tecnológica y
asistencia técnica directamente relacionados con las actividades industriales.

3. Las disposiciones sobre seguridad industrial serán de
aplicación, en todo caso, a las instalaciones, equipos, actividades, procesos y
productos industriales que utilicen o incorporen elementos, mecanismos o
técnicas susceptibles de producir los daños a que se refiere el artículo 9. 4.
Se regirán por la presente Ley, en lo no previsto en su legislación específica:

a) Las actividades de generación, distribución y suministro de
la

energía y productos energéticos.

b) Las actividades de investigación, aprovechamiento y
beneficio

de los yacimientos minerales y demás recursos geológicos,
cualesquiera que fueren su origen y estado físico.

c) Las instalaciones nucleares y radioactivas.

d) Las industrias de fabricación de armas y explosivos y
aquéllas

que se declaren de interés para la defensa nacional.

e) Las industrias alimentarias, agrarias, pecuarias, forestales
y

pesqueras.

f) Las actividades industriales relacionadas con el transporte
y las

telecomunicaciones.

g) Las actividades industriales relativas al medicamento y la

sanidad.

h) Las actividades industriales relativas al fomento de la
cultura.

i) Las actividades turísticas.

5. En el ámbito de competencias de la Administración del
Estado, corresponde al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo la propuesta
y ejecución de la política del Gobierno en relación con las actuaciones a que se
refiere la presente Ley, no atribuidas específicamente a otros Departamentos
ministeriales por la legislación vigente.

6. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo será
consultado preceptivamente, por parte de otros órganos de la Administración del
Estado, en las siguientes materias:

a) Planes y programas de promoción, calidad y seguridad
industriales.

b) Planes y programas que impliquen la contratación de
productos o servicios industriales que incidan significativamente sobre el
volumen total de la demanda o sobre el desarrollo industrial o tecnológico en
los términos que reglamentariamente se establezca.

c) Valoración, por la autoridad laboral, de la concurrencia de
razones tecnológicas, económicas, organizativas o productivas en expedientes de
regulación de empleo o de modificación de las condiciones de trabajo,
relacionados con la aplicación de las medidas laborales específicas a las que se
refiere el artículo 6, apartado 1.

7. Las consultas previstas en el apartado 6, párrafos a) y b)
del presente artículo no serán necesarias cuando se trate de órganos en los que
el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo participe en la formulación de
los correspondientes planes y programas.

Artículo 4. Libertad de establecimiento.

1. Se reconoce la libertad de establecimiento para la
instalación, ampliación y traslado de las actividades industriales.

2. No obstante, se requerirá autorización administrativa previa
de la Administración competente para la instalación, ampliación y traslado de
industrias en los supuestos siguientes:

a) Cuando así lo establezca una Ley por razones de interés
público.

b) Cuando se establezcan reglamentariamente para el
cumplimiento de obligaciones del Estado derivadas de tratados y convenios
internacionales.

Título II

Promoción, modernización y competitividad industriales

Artículo 5. Programas de promoción industrial.

1. La Administración del Estado adoptará programas para
favorecer la expansión, el desarrollo, la modernización y competitividad de la
actividad industrial, mejorar el nivel tecnológico de las empresas y potenciar
los servicios y la adecuada financiación a la industria, con especial atención a
las empresas de pequeña y mediana dimensión.

2. En la adopción y ejecución de los programas que se señalan
en el siguiente punto, se tendrá especialmente en cuenta la necesidad de
promover un desarrollo armónico del conjunto del país y de reforzar su cohesión
económica y social, favoreciendo el desarrollo de las regiones de bajo nivel de
vida, en las que exista una grave situación de desempleo o resulten gravemente
afectadas por el declive industrial o demográfico.

3. Los programas de promoción y modernización se ejecutarán por
la Adminsitración del Estado y las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus
competencias y perseguirán fundamentalmente los siguientes objetivos:

a) El fomento de la competitividad de las empresas
industriales, mediante la mejora de la eficiencia y flexibilidad de los procesos
de producción, distribución y comercialización, de los sistemas de organización
y gestión, de la formación, de la calidad industrial y de la innovación de
productos y de procesos.

b) El fomento de la innovación y del desarrollo de tecnologías
propias, incorporación de tecnologías avanzadas, generación de infraestructuras
tecnológicas de utilización colectiva y protección de la tecnología a través de
los instrumentos de la propiedad industrial, así como del diseño y otros
intangibles asociados a las actividades industriales.

c) La mejora de la cualificación profesional, técnica y
empresarial de los recursos humanos, que permita la rápida adaptación de las
empresas a los cambios tecnológicos, organizativos y gerenciales.

d) La adaptación estructural de las empresas y sectores
industriales a las exigencias del mercado y la proyección internacional de las
mismas, fomentando para ello las inversiones adecuadas.

e) La compatibilidad y adaptación de las actividades
industriales con las exigencias medioambientales y de seguridad, potenciando las
correspondientes medidas preventivas, protectoras y correctoras, así como el
desarrollo e incorporación de las tecnologías adecuadas.

f) La introducción de medidas que posibiliten el ahorro y la
eficiencia energética, así como el reciclaje y reutilización de los residuos
industriales.

g) El fomento de la difusión de la información agregada
industrial y empresarial, así como de la información de las tecnologías
disponibles contenida en los intrumentos de propiedad industrial, para su mejor
conocimiento entre las empresas.

h) El fomento de la cooperación interempresarial especialmente
entre las pequeñas y medianas empresas para la puesta en común, la utilización
compartida o la demanda conjunta de servicios y la potenciación de asociaciones
y otras entidades de carácter empresarial, que tengan como objetivo, la
modernización e internacionalización de las industrias mediante la prestación de
servicios vinculados al desarrollo de actividades industriales.

4. En la instrumentación de los programas de promoción y
modernización industriales, se considerará de forma integrada, el conjunto del
proceso de producción, uso o consumo y desecho de cada bien industrial.

Artículo 6. Medidas aplicables y procedimiento.

1. Los programas a que se refiere el artículo anterior, que se
someterán, en todo caso, a la normativa nacional y comunitaria sobre defensa de
la competencia, podrán instrumentarse a través de la concesión de ayudas e
incentivos públicos y la adopción de las medidas laborales y de seguridad social
específicas que reglamentariamente se determinen, sometiéndose a los límites y
condiciones establecidos por el Derecho Comunitario.

2. Los programas o medidas que no requieran, por su naturaleza,
la aprobación por el Consejo de Ministros serán sometidos en todo caso a la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos cuando concurra alguna de
las siguientes carácterísticas:

a) Que tengan carácter plurianual y requieran la provisión de
dotaciones presupuestarias de tal carácter.

b) Que para el desarrollo de los referidos programas y medidas
se requiera la participación de distintos órganos de la Administración del
Estado. La aprobación de planes y programas que incluyan medidas laborales y de
seguridad social específicas requerirá la propuesta conjunta del Departamento
competente y del de Trabajo y Seguridad Social.

c) Que así lo requiera la mejor coordinación de la política
económica y el interés general.

3. Los programas relacionados con la investigación y el
desarrollo tecnológico se coordinarán con el Plan Nacional de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico y con planes análogos desarrollados por
distintos Departamentos o Adminsitraciones.

4. Los progrmas que contengan entre sus objetivos los de
compatibilidad de las actividades industriales por las exigencias
medioambientales, se coordinarán con las Administraciones competentes en esta
materia.

5. Sin perjuicio de las disposiciones contenidas en la Ley
General Presupuestaria, en la normativa reguladora de los programas de promoción
y modernización industriales se podrá establecer la obligación de reintegrar las
ayudas o subvenciones públicas en los supuestos de liquidación, traslado, venta
o cambio de titularidad de la empresa beneficiaria, así como en aquellos casos
en los que se hayan alcanzado los objetivos previstos y quede asegurada la
estabilidad financiera.

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4, los
programas de actuación industrial podrán establecer, en caso de que se concedan
ayudas, el compromiso del beneficiario de no trasladar o limitar la actividad en
los plazos que dichos programas establezcan, salvo autorización administrativa
previa.

Artículo 7. Comisión para la Competitividad Industrial.

1. Con objeto de llevar a cabo una pemanente evaluación sobre
la competitividad de la industria española y de contribuir al diseño de medidas
y actuaciones orientadas a la mejora de la misma, se crea la Comisión para la
Competitividad Industrial, como órgano consultivo adscrito al Ministerio de
Indutria, Comercio y Turismo.

2. La Comisión estará presidida por el titular del Departamento
o persona en quien delegue y compuesta por miembros de reconocido prestigio
procedentes del sector industrial, la ciencia y las Administraciones Públicas.
El 25 por 100 de sus miembros serán designados de entre los propuestos por las
Comunidades Autónomas. Reglamentariamente se establecerá su composición y normas
de funcionamiento.

Título III

Seguridad y calidad industriales

Artículo 8. Conceptos.

A los efectos del presente título se considera:

1. Producto industrial: Cualquier manufactura o producto
transformado o semitransformado de carácter mueble aun cuando esté incorporado a
otro bien mueble o a uno inmueble, y toda la parte que lo constituya, como
materias primas, sustancias, componentes y productos semiacabados.

2. Instalación industrial: Conjunto de aparatos, equipos,
elementos y componentes asociados a las actividades definidas en el artículo 3.1
de esta Ley.

3. Norma: La especificación técnica de aplicación repetitiva o
continuada cuya observancia no es obligatoria, establecida con participación de
todas las partes interesadas, que aprueba un Organismo reconocido, a nivel
nacional o internacional, por su actividad normativa.

4. Reglamento técnico: La especificación técnica relativa a
productos, procesos o instalaciones industriales, establecida con carácter
obligatorio a través de una disposición, para su fabricación, comercialización o
utilización.

5. Normalización: La actividad por la que se unifican criterios
respecto a determinadas materias y se posibilita la utilización de un lenguaje
común en un campo de actividad concreto.

6.

Certificación: La actividad que permite establecer la
conformidad de una determinada empresa, producto, proceso o servicio con los
requisitos definidos en normas o especificaciones técnicas.

7. Homologación: Certificación por parte de una Administración
Pública de que el prototipo de un producto cumple los requisitos técnicos
reglamentarios.

8. Ensayo: Operación consistente en el examen o comprobación,
con los equipos adecuados, de una o más propiedades de un producto, proceso o
servicio de acuerdo con un procedimiento especificado.

9. Inspección: La actividad por la que se examinan diseños,
productos, instalaciones, procesos productivos y servicios para verificar el
cumplimiento de los requisitos que le sean de aplicación.

10. Organismos de control: Son entidades que realizan en el
ámbito reglamentario, en materia de seguridad industrial, actividades de
certificación, ensayo, inspección o auditoría.

11. Acreditación: Reconocimiento formal de la competencia
técnica de una entidad para certificar, inspeccionar o auditar la calidad, o un
laboratorio de ensayo o de calibración industrial.

12. Calidad: Conjunto de propiedades y características de un
producto o servicio que le confieren su aptitud para satisfacer unas necesidades
expresadas o implícitas.

13. Sistema de calidad: Conjunto de la estructura,
responsabilidades, actividades, recursos y procedimientos de la organización de
una empresa, que ésta establece para llevar a cabo la gestión de su calidad.

14. Auditoría de la calidad: Examen sistemático e independiente
de la eficacia del sistema de calidad o de alguna de sus partes.

15.

Calibración: Conjunto de operaciones que tienen por objeto
establecer la relación que hay, en condiciones especificadas, entre los valores
indicados por un instrumento de medida o valores representados por una medida
material y los valores conocidos correspondientes de un mensurando.

Capítulo I

Seguridad industrial

Artículo 9. Objeto de la seguridad.

1. La seguridad industrial tiene por objeto la prevención y
limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes y siniestros
capaces de producir daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al
medio ambiente, derivados de la actividad industrial o de la utilización,
funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones o equipos y de la
producción, uso o consumo, almacenamiento o desecho de los productos
industriales.

2. Las actividades de prevención y protección tendrán como
finalidad limitar las causas que originen los riesgos, así como establecer los
controles que permitan detectar o contribuir a evitar aquellas circunstancias
que pudieran dar lugar a la aparición de riesgos y mitigar las consecuencias de
posibles accidentes.

3. Tendrán la consideración de riesgos relacionados con la
seguridad industrial los que puedan producir lesiones o daños a personas, flora,
fauna, bienes o al medio ambiente, y en particular los incendios, explosiones y
otros hechos susceptibles de producir quemaduras, intoxicaciones, envenenamiento
o asfixia, electrocución, riesgos de contaminación producida por instalaciones
industriales, perturbaciones electromagnéticas o acústicas y radiación, así como
cualquier otro que pudiera preverse en la normativa internacional aplicable
sobre seguridad.

4. Las actitivdades relacionadas con la seguridad e higiene en
el trabajo se regirán por lo dispuesto en su normativa específica.

Artículo 10.

Prevención y limitación de riesgos.

1. Las instalaciones, equipos, actividades y productos
industriales, así como su utilización y funcionamiento deberán ajustarse a los
requisitos legales y reglamentarios de seguridad.

2. En los supuestos en que, a través de la correspondiente
inspección, se apreciarán defectos o deficiencias que impliquen un riesgo grave
e inminente de daños a las personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente,
la Administración competente podrá acordar la paralización temporal de la
actividad, total o parcial, requiriendo a los responsables para que corrijan las
deficiencias o ajusten su funcionamiento a las normas reguladoras, sin perjuicio
de las sanciones que pudieran imponerse por la infracción cometida y de las
medidas previstas en la legislación laboral.

3.

Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas
competencias, podrán acordar la retirada de los productos industriales que no
cumplan las condiciones reglamentarias, disponiendo que se corrijan los defectos
en un plazo determinado. Si ello no fuera posible y en función de la gravedad de
los riesgos, se podrá determinar su destrucción sin derecho a indemnización, sin
perjuicio de las sanciones que sean procedentes.

Artículo 11. Instalaciones y actividades peligrosas y
contaminantes.

Las instalaciones industriales de alto riesgo potencial,
contaminantes o nocivas para las personas, flora, fauna, bienes y medio ambiente
que reglamentariamente se determinen deberán adecuar su actividad y la
prevención de los riesgos a lo que establezcan los correspondientes planes de
seguridad que habrán de someterse a la aprobación y revisión periódica de la
Administración competente. En el supuesto de zonas de elevada densidad
industrial, los planes deberán considerar el conjunto de las industrias, sus
instalaciones y procesos productivos.

Artículo 12. Reglamentos de Seguridad.

1. Los Reglamentos de Seguridad establecerán:

a) Las instalaciones, actividades, equipos o productos sujetos
a los mismos.

b) Las condiciones técnicas o requisitos de seguridad que según
su objeto deben reunir las instalaciones, los equipos, los procesos, los
productos industriales y su utilización, así como los procedimientos técnicos de
evaluación de su conformidad con las referidas condiciones o requisitos.

c) Las medidas que los titulares deban adoptar para la
prevención, limitación y cobertura de los riesgos derivados de la actividad de
las instalaciones o de la utilización de los productos; incluyendo, en su caso,
estudios de impacto ambiental.

d) Las condiciones de equipamiento, los medios y capacidad
técnica y, en su caso, las autorizaciones exigidas a las personas y empresas que
intervengan en el proyecto, dirección de obra, ejecución, montaje, conservación
y mantenimiento de instalaciones y productos industriales.

2. Las instalaciones, equipos y productos industriales deberán
estar construidos o fabricados de acuerdo con lo que prevea la correspondiente
Reglamentación que podrá establecer la obligación de comprobar su funcionamiento
y estado de conservación o mantenimiento mediante inspecciones periódicas.

3. Los Reglamentos de Seguridad podrán condicionar el
funcionamiento de determinadas instalaciones y la utilización de determinados
productos a que se acredite el cumplimiento de las normas reglamentarias, en los
términos que las mismas establezcan.

4. Los Reglamentos podrán disponer, como requisito de la
fabricación de un producto o de su comercialización, la previa homologación de
su prototipo, así como las excepciones de carácter temporal a dicho requisito.

5. Los Reglamentos de Seguridad Industrial de ámbito estatal se
aprobarán por el Gobierno de la Nación, sin perjuicio de que las Comunidades
Autónomas, con competencia legislativa sobre industria, puedan introducir
requisitos adicionales sobre las mismas materias cuando se trate de
instalaciones radicadas en su territorio.

Artículo 13.

Cumplimiento reglamentario.

1. El cumplimiento de las exigencias reglamentarias en materia
de seguridad industrial, sin perjuicio del control por la Administración Pública
a que se refiere el artículo siguiente, se probará por alguno de los siguientes
medios, de acuerdo con lo que establezcan los Reglamentos que resulten
aplicables:

a) Declaración del titular de las instalaciones y en su caso
del fabricante, su representante, distribuidor o importador del producto.

b) Certificación o Acta de Organismo de Control, instalador o
conservador autorizados o técnico facultativo competente.

c) Cualquier otro medio de comprobación previsto en el derecho
comunitario y que no se halle comprendido en los apartados anteriores.

2. La prueba a que se refiere el número anterior podrá servir
de base para las actuaciones de la Administración competente previstas en los
correspondientes Reglamentos.

3. Las autorizaciones concedidas por la autoridad competente en
materia de industria a personas y empresas que intervengan en el proyecto,
ejecución, montaje, conservación y mantenimiento de instalaciones industriales
tendrán ámbito estatal.

4. Las homologaciones de vehículos, componentes, partes
integrantes, piezas y sistemas que afecten al tráfico y circulación corresponden
a la Administración del Estado, que podrá designar para la realización de los
ensayos a laboratorios que cumplan las normas que se dicten por la Comunidad
Europea.

Artículo 14.

Control Administrativo.

1. Las Administraciones Públicas competentes podrán comprobar
en cualquier momento por sí mismas, contando con los medios y requisitos
reglamentariamente exigidos, o a través de Organismos de Control, el
cumplimiento de las disposiciones y requisitos de seguridad, de oficio o a
instancia de parte interesada en casos de riesgo significativo para las
personas, animales, bienes o medio ambiente.

2. Sin perjuicio de las actuaciones de inspección y control que
las Comunidades Autónomas competentes en la materia desarrollen en su ámbito
territorial, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo podrá promover, en
colaboración con las respectivas Comunidades Autónomas, planes y campañas, de
carácter nacional, de comprobación, mediante muestreo, de las condiciones de
seguridad de los productos industriales, correspondiendo a la Administración
competente en materia de industria la ejecución de los mismos en su territorio.

Artículo 15. Organismos de Control.

1. Los Organismos de Control serán Entiddes públicas o
privadas, con personalidad jurídica, que habrán de disponer de los medios
materiales y humanos, así como de la solvencia técnica y financiera e
imparcialidad necesarias para realizar su cometido, debiendo cumplir las
disposiciones técnicas que se dicten con carácter estatal a fin de su
reconocimiento en el ámbito de la Comunidad Europea.

2. La valoracion técnica del cumplimiento de los aspectos
mencionados en el número anterior se realizará por una entidad acreditadora, sin
perjuicio de la competencia administrativa para comprobar el cumplimiento de
dichos requisitos.

3. La autorización de los Organismos de Control corresponde a
la Administración competente en materia de industria del territorio donde los
Organismos inicien su actividad o radiquen sus instalaciones.

4. Las autorizaciones otorgadas a los Organismos de Control
tendrán validez para todo el ámbito del Estado.

Los Organismos de Control que vayan a actuar en el territorio
de una Comunidad Autónoma distinta de la que los autorizó deberán notificarlo a
la Administración competente en materia de industria de ese territorio, pudiendo
a partir de dicha notificación iniciar su actividad. Se entenderá que no hay
oposición a la actuación del Organismo en el ámbito de la Comunidad Autónoma si
no se hubiera manifestado dicha oposición, mediante resolución motivada, en el
plazo que al efecto establezca y, en su defecto, en el plazo de tres meses.

5.

Los Organismos de Control vendrán obligados, como requisito
previo a la efectividad de la autorización, a suscribir pólizas de seguro que
cubran los riesgos de su responsabilidad en la cuantía que se establezca, sin
que la misma limite dicha responsabilidad.

6. Los Organismos de Control comunicarán los datos precisos
para su inscripción en el Registro de Establecimientos Industriales regulado en
el título IV de esta Ley.

Artículo 16.

Funcionamiento de los Organismos de Control.

1. La verificación, por parte de los Organismos de Control
autorizados, del cumplimiento de las condiciones de seguridad se efectuará
mediante cualquiera de los procedimientos de evaluación de la conformidad
reglamentariamente establecidos, acordes, en su caso, con la normativa
comunitaria.

2. Cuando del informe o certificación de un Organismo de
Control no resulte acreditado el cumplimiento de las exigencias reglamentarias,
el interesado podrá manifestar su disconformidad ante el Organismo de Control y,
en caso de desacuerdo, ante la Administración competente. La Administración
requerirá del Organismo los antecedentes y practicará las comprobaciones que
correspondan dando audiencia al interesado en la forma prevista en la Ley de
Procedimiento Administrativo, resolviendo en el plazo que al efecto establezca
y, en su defecto, en el plazo de tres meses si es o no correcto el control
realizado por el Organismo. En tanto no exista una revocación de la
certificación negativa por parte de la Administración, el interesado no podrá
solicitar el mismo control de otro Organismo autorizado.

3. La actuación de los Organismos de Control se adecuará a la
naturaleza de la actividad que constituya su objeto y responderá ante la
Administración competente en cuyo ámbito territorial desarrollen su actuación a
la cual corresponderá imponer, en su caso, las sanciones por infraccciones del
Organismo, comunicándolo a la Administración que lo haya autorizado por si
procediera suspender o revocar la autorización.

4. Los titulares o responsables de actividades e instalaciones
sujetas a inspección y control por seguridad industrial están obligados a
permitir el acceso a las instalaciones a los expertos de los Organismos de
Control, facilitándoles la información y documentación necesarias para cumplir
su tarea según el procedimiento reglamentariamente establecido.

5. Los Organismos de Control deberán facilitar, a la
Administración Autonómica del territorio donde actúen y a la Administración del
Estado a los efectos de su competencia, la información sobre sus actividades que
reglamentariamente se determine. También se establecerá reglamentariamente la
información que deben comunicarse mutuamente sobre sus actuaciones en materia de
seguridad industrial las Administraciones del Estado y de las Comunidades
Autónomas.

Artículo 17. Entidades de Acreditación.

1. Las Entidades de Acreditación, que operen en el ámbito de la
seguridad desarrollando la actividad descrita en el artículo 8, apartado 11, son
instituciones, sin ánimo de lucro, que se constituyen con el fin de verificar en
el ámbito estatal el cumplimiento de las condiciones y requisitos técnicos
exigidos para el funcionamiento de los Organismos de Control.

2. Estas entidades deberán estar constituidas y operar de forma
que se garantice la imparcialidad y competencia técnica de sus intervenciones.
En sus órganos de gobierno deberán estar representados, de forma equilibrada,
tanto las Administraciones como las partes interesadas en el proceso de
acreditación.

3. Las condiciones y requisitos para la constitución de
Entidades de Acreditación se fijarán reglamentariamente, ajustándose a lo
establecido en las normas de la Comunidad Económica Europea.

4. Unicamente podrán actuar en el ámbito de la seguridad
industrial aquellas Entidades de Acreditación que hayan sido informadas
positivamente por el Consejo de Coordinación de la Seguridad Industrial, por una
mayoría de tres quintos de sus miembros.

5. Las Entidades de Acreditación se inscribirán en el Registro
establecido en el título IV de esta Ley; dicha inscripción será requisito previo
para iniciar su actividad.

Artículo 18.

Consejo de Coordinación de la Seguridad Industrial.

1. Para impulsar y coordinar los criterios y actuaciones de las
Administraciones Públicas en materia de Seguridad Industrial se crea el Consejo
de Coordinación de la Seguridad Industrial.

2. El Consejo de Coordinación de la Seguridad Industrial,
adscrito al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, estará presidido por el
Ministro de Industria, Comercio y Turismo, o persona en quien delegue, y estará
integrado por un representante de cada Comunidad Autónoma e igual número de
representantes de la Administración del Estado. El Secretario del Consejo de
Coordinación de la Seguridad Industrial será designado por el Ministro de
Industria, Comercio y Turismo y tendrá voz pero no derecho a voto en los
acuerdos que adopte el Consejo.

3. La composición y normas de funcionamiento del Consejo de
Coordinación de la Seguridad Industrial se establecerán reglamentariamente a
propuesta del Ministro de Industria Comercio y Turismo, pudiéndose regular la
existencia de una Comisión Permanente con competencias delegadas del Consejo,
así como los Comités que se estimen convenientes, en especial para colaborar en
las tareas reglamentarias y coordinar las actuaciones en materia de Organismos
de Control.

4. Son funciones específicas del Consejo:

a) Informar los Estatutos de las Entidades de Acreditación así
como el cumplimiento de las condiciones y requisitos de las mismas.

b) Promover la adaptación de las actuaciones en materia de
Seguridad Industrial a las decisiones, recomendaciones y orientaciones de la
Comunidad Europea.

c) Informar sobre los Planes de Seguridad Industrial y en
particular sobre los planes y campañas nacionales de control de productos
industriales que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo le remita.
Informar preceptivamente los proyectos de Reglamentaciones de ámbito estatal.

d) Impulsar la realización de estudios e informes en materia de
seguridad industrial.

e) Promover la creación de bases de datos e información, en los
términos que establezcan los respectivos Reglamentos, así como la elaboración de
estadísticas que permitan a las Administraciones Públicas y sectores interesados
el conocimiento de la situación en materia de seguridad industrial referida al
conjunto nacional.

f) Propiciar la coordinación de las actuaciones entre las
materias de seguridad y calidad industriales.

Capítulo II

Calidad industrial

Artículo 19. Infraestructura de la calidad.

1. La consecución de los fines en materia de calidad enumerados
en el artículo siguiente podrá instrumentarse a través de los agentes
siguientes:

a) Organismos de normalización, con el cometido de desarrollar
las actividades relacionadas con la elaboración de normas.

b) Entidades de Acreditación, con el cometido de operar en el
ámbito de la calidad industrial desarrollando la actividad descrita en el
artículo 8, apartado 11.

c) Entidades de certificación, con el cometido de establecer la
coformidad de una determinada empresa, producto, proceso o servicio a los
requisitos definidos en normas o especificaciones técnicas.

d) Laboratorios de ensayo, con el cometido de llevar a cabo la
comprobación de que los productos industriales cumplan con las normas o
especificaciones técnicas que les sean de aplicación.

e) Entidades auditoras y de inspección, con el cometido de
determinar si las actividades y los resultados relativos a la calidad satisfacen
a los requisitos previamente establecidos, y si estos requisitos se llevan a
cabo efectivamente y son aptos para alcanzar los objetivos.

f) Laboratorios de calibración industrial, con el cometido de
facilitar la trazabilidad y uniformidad de los resultados de medida.

2. Los agentes anteriores, cuando actúan en el ámbito de la
calidad industrial, y por tanto voluntario, no estarán sometidos al régimen que
rige en el ámbito de la seguridad, pero deberán estar constituidos y operar de
forma que se garantice la imparcialidad y competencia técnica de sus
intervenciones.

3. Las condiciones y requisitos para la constitución de estas
entidades se ajustarán a lo establecido en las normas que emanen de la Comunidad
Europea para conseguir su equiparación con otras entidades y organismos
similares.

4. En los órganos de gobierno de las entidades enumeradas en
los párrafos a) y b) del apartado 1 deberán estar representados de forma
equilibrada aquellos intereses industriales y sociales que pudieran verse
afectados por sus actividades.

Artículo 20. Promoción de la calidad industrial.

La Administración del Estado, en colaboración con las
Comunidades Autónomas para promover y potenciar la competitividad de la
industria española y de acuerdo con las orientaciones dadas por la Comisión para
la Competitividad Industrial, fomentará en materia de calidad industrial:

1. La existencia de organismos de normalización de ámbito
nacional.

2. La coordinación y participación de todos los sectores e
intereses de la actividad económica y social en la normalización, así como en su
difusión, y en la certificación de conformidad a normas.

3. La colaboración y coordinación de las actividades de
normalización con las actuaciones que se desarrollen sobre la materia en el
ámbito comunitario, favoreciendo así la participación española en los Organismos
Supranacionales.

4. La existencia de Entidades de Acreditación, certificación,
inspección y ensayo con demostrada capacidad técnica para que puedan ser
reconocidas a nivel comunitario e internacional.

5. La promoción de la implantación y mejora de los sistemas de
gestión de la calidad en las empresas.

6. La adquisición por parte de las Administraciones Públicas de
productos normalizados.

Título IV

Registro de Establecimientos Industriales e información
estadística industrial

Artículo 21.

Registro de Establecimientos Industriales. Fines.

1. Se crea el Registro de Establecimientos Industriales,
Organismo administrativo de ámbito estatal, adscrito al Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, que tendrá los siguientes fines:

a) Disponer de la información básica sobre las actividades
industriales y su distribución territorial, necesaria para el ejercicio de las
competencias atribuidas a las Administraciones Públicas en materia económica e
industrial.

b) Disponer, asimismo, de la información relativa a las
Entidades de Acreditación, Organismos de Control, laboratorios y otros agentes
autorizados para colaborar con las Administraciones Públicas, en materia de
seguridad y calidad industriales.

c) Constituir el instrumento para la publicidad de la
información sobre la actividad industrial, como un servicio a los ciudadanos y,
particularmente, al sector empresarial.

d) Suministrar a los servicios competentes de la
Adiministración del Estado los datos precisos para la elaboración de los
directorios de las estadísticas industriales para fines estatales a los que se
refieren los artículos 26, g), y 33, e), de la Ley 12/1989, de la Función
Estadística Pública.

2. La creación del Registro de Establecimientos Industriales de
ámbito estatal se entenderá sin perjuicio de las competencias de las Comunidades
Autónomas para establecer Registros Industriales en sus respectivos territorios.

Artículo 22. Ambito y contenido.

1. El Registro de Establecimientos Industriales comprenderá las
actividades e instalaciones a las que se refiere el artículo 3 de la presente
Ley, con excepción de las comprendidas en su apartado 4, i), y en él deberán
constar como mínimo los siguientes datos:

a) Relativos a la empresa: número de identificación, razón
social o denominación y domicilio.

b) Relativos al establecimiento: número de identificación,
denominación o rótulo, datos de localización, actividad económica principal,
enumeración de productos utilizados y terminados e indicadores de dimensión.

2. Asimismo, el Registro contendrá los datos análogos a los
indicados en el punto anterior referidos a los agentes enumerados en el apartado
1, párrafo b), del artículo 21.

3. Todos los datos anteriormente expresados, excepto los
referidos a las empresas y actividades citadas en el artículo 3, apartado 4,
párrafo d), tendrán carácter público, de acuerdo con los procedimientos de
acceso y difusión que reglamentariamente se determinen.

4. Además de los datos básicos referidos en el apartado 1, las
Administraciones Públicas podrán recabar de las empresas y de los agentes
colaboradores en materia de seguridad y calidad industriales los datos
complementarios que resulten necesarios para el ejercicio de sus competencias,
teniendo en cuenta los criterios de colaboración entre Administraciones y
minimización de costes para las empresas, así como las normas de obligatoriedad
aplicables. Dichos datos serán también incorporados al Registro.

Artículo 23.

Comunicación de datos por las empresas y los agentes
colaboradores de las Administraciones Públicas.

1. A efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, los
titulares de las empresas vendrán obligados a comunicar a la Administración
competente en materia de industria, en el territorio o territorios en que
ejerzan su actividad, los datos básicos relacionados en el apartado 1 de dicho
artículo y los complementarios cuya obligatoriedad se establezca
reglamentariamente, así como las variaciones que se produzcan en los mismos y,
en su caso, el cese de la actividad. De la misma forma, los agentes
colaboradores de las Administraciones Públicas en materia de seguridad y calidad
industriales estarán obligados a comunicar todas las variaciones de los datos
que les afecten incorporados al Registro.

2. El cumplimiento de la obligación expresada en el apartado
anterior será requisito previo imprescindible para acogerse las empresas a los
beneficios derivados de los programas de modernización y promoción regulados en
esta Ley.

Artículo 24. Traslado de información al Registro de
Establecimientos Industriales.

Las Comunidades Autónomas, una vez comprobados los datos a los
que se refieren los artículos precedentes y realizada la correspondiente
inscripción, darán traslado inmediato de los mismos al Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, a efectos de su centralización en el Registro de
Establecimientos Industriales de ámbito estatal.

Artículo 25.

Coordinación de la información.

Se coordinará la información relativa a las empresas y
establecimientos industriales existente en los distintos Departamentos
ministeriales, con el fin de alcanzar la mayor eficacia administrativa y el
menor coste, tanto para la Administración del Estado como para las empresas.

Asimismo, a los fines indicados, se coordinará la información
existente en los Registros Industriales estatal y autonómicos.

Artículo 26. Comisión de Registro e Información Industrial.

Para llevar a cabo una coordinación permanente en materia de
Registro e información entre la Administración del Estado y las Administraciones
Autonómicas, se crea la Comisión de Registro e Información Industrial adscrita
al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo e integrada por representantes de
la Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas.

Artículo 27. Desarrollo reglamentario.

Reglamentariamente se establecerá, a propuesta del Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo:

1. La organización administrativa, los procedimientos del
Registro de Establecimientos Industriales, los datos complementarios de carácter
obligatorio y el sistema de acceso a la información contenida en el mismo, así
como las normas de confidencialidad aplicables en cada caso.

2. La composición y funcionamiento de la Comisión de Registro e
Información Industrial.

Artículo 28.

Estadística industrial

En el marco de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función
Estadística Pública, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo colaborará
con el Instituto Nacional de Estadística y otros servicios estadísticos de la
Administración del Estado en la formación de directorios y estadísticas para
fines estatales en materia industrial, formulando los Planes Estadísticos
Sectoriales previstos en el artículo 33, a), de la mencionada Ley y proponiendo
la inclusión en el Plan Estadístico Nacional de aquellas estadísticas que
considere de interés para la gestión pública y empresarial.

Artículo 29. Sistemas de información.

En función del objetivo general de cooperación
interempresarial, al que se refiere el artículo 5.3, h), de la presente Ley, el
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo promoverá la creación y
mantenimiento de sistemas de información de base voluntaria y utilización
compartida, particularmente entre las empresas de pequeña y mediana dimensión,
así como el acceso a bases de datos comunitarias de características similares.

Título V

Infracciones y sanciones

Artículo 30. Infracciones.

1.

Constituyen infracciones administrativas en las materias
reguladas en esta Ley las acciones u omisiones de los distintos sujetos
responsables tipificadas y sancionadas en los artículos siguientes, sin
perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que puedan
concurrir. No obstante lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el
artículo 9, apartado 4, de la presente Ley, cuando estas conductas constituyan
incumplimiento de la normativa de seguridad, higiene y salud laborales, será
esta infracción la que será objeto de sanción conforme a lo previsto en dicha
normativa.

2. La comprobación de la infracción, su imputación y la
imposición de la oportuna sanción, requerirán la previa instrucción del
correspondiente expediente.

3. Cuando a juicio de la Administración competente las
infracciones pudieran ser constitutivas de delito o falta, el órgano
administrativo dará traslado al Ministerio Fiscal y se abstendrá de proseguir el
procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial, en su caso, no se haya
pronunciado. La sanción penal excluirá la imposición de sanción administrativa.
Si no se hubiera estimado la existencia de delito o falta, la Administración
podrá continuar el expediente sancionador con base, en su caso, en los hechos
que el órgano judicial competente haya considerado probados.

4. En los mismos términos, la instrucción de causa penal ante
los Tribunales de Justicia suspenderá la tramitación del expediente
administrativo sancionador que se hubiera incoado por los mismos hechos y, en su
caso, la ejecución de los actos administrativos de imposición de sanción. Las
medidas administrativas que hubieran sido adoptadas para salvaguardar la salud y
seguridad de las personas se mantendrán hasta tanto la autoridad judicial se
pronuncie sobre las mismas en el procedimiento correspondiente.

Artículo 31. Clasificación de las infracciones.

1. Son infracciones muy graves las tipificadas en el punto
siguiente como infracciones graves, cuando de las mismas resulte un daño muy
grave o se derive un peligro muy grave e inminente para las personas, la flora,
la fauna, las cosas o el medio ambiente. 2. Son infracciones graves las
siguientes:

a) La fabricación, importación, venta, transporte, instalación
o utilización de productos, aparatos o elementos sujetos a seguridad industrial
sin cumplir las normas reglamentarias, cuando comporte peligro o daño grave para
personas, flora, fauna, cosas o el medio ambiente.

b) La puesta en funcionamiento de instalaciones careciendo de
la correspondiente autorización, cuando ésta sea preceptiva de acuerdo con la
correspondiente disposición legal o reglamentaria.

c) La ocultación o alteración dolosa de los datos a que se
refieren los artículos 22 y 23 de esta Ley, así como la resistencia o reiterada
demora en proporcionarlos siempre que éstas no se justifiquen debidamente.

d) La resistencia de los titulares de actividades e
instalaciones industriales en permitir el acceso o facilitar la información
requerida por las Administraciones Públicas, cuando hubiese obligación legal o
reglamentaria de atender tal petición de acceso o información.

e) La expedición de certificados o informes cuyo contenido no
se ajuste a la realidad de los hechos.

f) Las inspecciones, ensayos o pruebas efectuadas por los
Organismos de Control de forma incompleta o con resultados inexactos por una
insuficiente constatación de los hechos o por la deficiente aplicación de normas
técnicas.

g) La acreditación de Organismos de Control por parte de las
Entidades de Acreditación cuando se efectúe sin verificar totalmente las
condiciones y requisitos técnicos exigidos para el funcionamiento de aquéllos o
mediante valoración técnicamente inadecuada.

h) El incumplimiento de las prescripciones dictadas por la
autoridad competente en cuestiones de seguridad relacionadas con esta Ley y con
las normas que la desarrollen.

i) La inadecuada conservación y mantenimiento de instalaciones
si de ello puede resultar un peligro para las personas, la flora, la fuana, los
bienes o el medio ambiente.

j) La aplicación de las ayudas y subvenciones públicas a fines
distintos de los determinados en su concesión, así como no efectuar su reintegro
cuando así se hubiera establecido.

3. Son infracciones leves las siguientes:

a) El incumplimiento de cualquier otra prescripción
reglamentaria no incluida en los apartados anteriores.

b) La no comunicación, a la Administración competente, de los
datos referidos en los artículos 22 y 23 de esta Ley dentro de los plazos
reglamentarios.

c) La falta de colaboración con las Administraciones Públicas
en el ejercicio por éstas de las funciones reglamentarias derivadas de esta Ley.

Artículo 32. Prescripción.

1. El plazo de prescripción de las infracciones previstas en
esta Ley será de cinco años para las muy graves, tres para las graves y uno para
las leves, a contar desde su total consumación.

El cómputo del plazo de prescripción se iniciará en la fecha en
que se hubiera cometido la infracción o, si se trata de una actividad
continuada, en la fecha de su cese

.

2. El plazo de prescripción de las sanciones establecidas en
esta Ley será de cinco años para las referidas a infracciones muy graves, tres
para las graves y uno para las leves.

Artículo 33. Responsables.

1. Serán sujetos responsables de las infracciones, las personas
físicas o juridicas que incurran en las mismas. En particular se consideran
responsables:

a) El propietario, director o gerente de la industria en que se
compruebe la infracción.

b) El proyectista, el director de obra, en su caso, y personas
que participan en la instalación, reparación, mantenimiento, utilización o
inspección de las industrias, equipos y aparatos, cuando la infracción sea
consecuencia directa de su intervención.

c) Los fabricantes, vendedores o importadores de los productos,
aparatos, equipos o elementos que no se ajusten a las exigencias reglamentarias.

d) Los organismos, las entidades y los laboratorios
especificados en esta Ley, respecto de las infracciones cometidas en el
ejercicio de su actividad.

2. En caso de existir más de un sujeto responsable de la
infracción, o que ésta sea producto de la acumulación de actividades debidas a
diferentes personas, las sanciones que se impongan tendrán entre sí carácter
independiente.

3. Cuando en aplicación a la presente Ley dos o más personas
resulten responsables de una infracción y no fuese posible determinar su grado
de participación, serán solidariamente responsables a los efectos de las
sanciones que se deriven.

Artículo 34. Sanciones.

1. Las infracciones serán sancionadas en la forma siguiente:

a) Las infracciones leves con multas de hasta 500.000 pesetas.

b) Las infracciones graves con multas desde 500.001 hasta
15.000.000 de pesetas.

c) Las infracciones muy graves con multas desde 15.000.001
hasta 100.000.000 de pesetas.

Se autoriza al Gobierno para actualizar el importe de las
sanciones imponibles, de acuerdo con los índices de precios de consumo del
Instituto Nacional de Estadística.

2. Para determinar la cuantía de las sanciones se tendrán en
cuenta las siguientes circunstancias:

a) La importancia del daño o deterioro causado.

b) El grado de participación y beneficio obtenido.

c) La capacidad económica del infractor.

d) La intencionalidad en la comisión de la infracción.

e) La reincidencia.

3. La autoridad sancionadora competente podrá acordar además,
en las infracciones graves y muy graves, la pérdida de la posibilidad de obtener
subvenciones y la prohibición para celebrar contratos con las Administraciones
Públicas, durante un plazo de hasta dos años en las infracciones graves y hasta
cinco años en las muy graves.

4. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves, una vez
firmes, serán publicadas en la forma que se determine reglamentariamente.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 30, apartado 1,
las acciones u omisiones tipificadas en la presente Ley que lo estén también en
otras, se calificarán con arreglo a la que comporte mayor sanción.

Artículo 35. Multas coercitivas.

Con independencia de las multas previstas en los artículos
anteriores, los órganos sancionadores, una vez transcurridos los plazos
señalados en el requerimiento correspondiente relativo a la adecuación de
instalaciones a lo dispuesto en las normas o a la obtención de autorización para
la ejecución de actividades, podrán imponer multas coercitivas, conforme a lo
dispuesto en el artículo 107 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

La cuantía de cada una de dichas multas no superará el 20 por
100 de la multa fijada para la infracción cometida.

Artículo 36. Suspensión de la actividad.

En los supuestos de infracciones muy graves, podrá también
acordarse la suspensión de la actividad o el cierre del establecimiento por un
plazo máximo de cinco años.

El acuerdo referido, de suspensión de la actividad o el cierre
del establecimiento, tendrá los efectos previstos en el artículo 39 de la Ley
8/1988, de 7 de abril, sobre infracciones y sanciones en el orden social.

Artículo 37. Indemnización de daños y perjuicios.

La aplicación de las sanciones previstas en este título se
entenderá con independencia de otras responsabilidades legalmente exigibles.

Artículo 38. Competencias sancionadoras.

1. En el ámbito de las competencias del Estado las infracciones
muy graves serán sancionadas por el Consejo de Ministros, las graves por el
Ministro competente y las leves por el órgano que reglamentariamente se
disponga.

2. Cuando las Comunidades Autónomas, en uso de sus
competencias, ejerzan funciones sancionadoras facilitarán a la Administración
del Estado información sobre dichas actuaciones. Asimismo la Administración del
Estado remitirá a las correspondientes Comunidades Autónomas información
referente a sus actuaciones en esta materia que afecten al territorio de las
mismas.

Disposición adicional primera.

1. El Registro de la Propiedad Industrial se denominará en lo
sucesivo Oficina Española de Patentes y Marcas.

2. Se modifica el artículo 4 de la Ley 17/1975, de 2 de mayo,
sobre creación del Organismo autónomo Registro de la Propiedad Industrial, que
quedará redactado en los siguientes términos:

<1. El Consejo de Dirección es el órgano supremo de gobierno
de la Oficina, al que corresponderán las más amplias funciones de dirección y
control de gestión del mismo.

2. El Ministro de Industria, Comercio y Turismo designará al
Presidente del Consejo de Dirección de la Oficina Española de Patentes y Marcas,
así como a los miembros del mismo.

3. Las funciones, composición y número de Vocales del Consejo
se establecerán atendiendo a la adecuada representación de todas las entidades y
organismos interesados.>

3. Se modifica el artículo 157 de la Ley 11/1986, de 20 de
marzo, de Patentes, que quedará redactado en la forma siguiente:

<Para obtener la inscripción en el Registro Especial de
Agentes de la Propiedad Industrial, cuyo número será ilimitado, deberán
cumplirse los siguientes requisitos:

1. Ser español o tener la nacionalidad de alguno de los Estados
miembros de las Comunidades Europeas.

Ser mayor de edad y tener despacho profesional en España.

2.

No estar procesado ni haber sido condenado por delitos dolosos,
excepto si se hubiera obtenido la rehabilitación.

3. Estar en posesión de los títulos oficiales de Licenciado,
Arquitecto o Ingeniero, expedidos por los Rectores de las Universidades, u otros
títulos oficiales que estén legalmente equiparados a éstos.

4. Superar un examen de aptitud acreditativo de los
conocimientos necesarios para la actividad profesional definida en el artículo
anterior, en la forma que reglamentariamente se determine.

5.

Constituir fianza a disposición de la Oficina Española de
Patentes y Marcas y concertar un seguro de responsabilidad civil hasta los
límites que se determinen en el Reglamento.>

Disposición adicional segunda.

A los efectos de los artículos 6. , 8. , 9. , 20. y disposición
adicional segunda de la Ley 21/1974, de 27 de junio, sobre Investigación y
Explotación de Hidrocarburos, gozarán de los mismos derechos que las personas
físicas y jurídicas españolas:

1. Las personas físicas con nacionalidad de cualquier país
miembro de la Comunidad Económica Europea.

2. Las personas jurídicas que reúnan las siguientes
condiciones:

a) Estar constituidas con arreglo a la legislación de un Estado
miembro de la Comunidad Económica Europea o de un país o territorio de ultramar
incluido en el anexo IV del Tratado constitutivo de la Comunidad, y

b) Tener su sede social, su administración central o su centro
de actividad principal en un Estado miembro de la Comunidad Económica Europea o
de un país o territorio de ultramar incluido en el anexo IV del Tratado
constitutivo de la Comunidad.

En los supuestos en que sea únicamente su sede social la que
radique en uno de los Estados, países o territorios aludidos, será necesario que
su actividad presente una vinculación efectiva y continuada con la economía de
dicho Estado, país o territorio, excluyéndose en todo caso que dicha vinculación
dependa de la nacionalidad, en particular de los socios, de los miembros de los
órganos de gestión o de vigilancia o de las personas que posean el capital
social.

Disposición adicional tercera.

En materia de seguridad y calidad de las redes y servicios de
telecomunicaciones, se establecerán reglamentariamente los instrumentos
adecuados para la coordinación de las competencias del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo con las atribuidas al Ministerio de Obras Públicas y
Transportes en la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las
Telecomunicaciones.

Asimismo, se establecerán los instrumentos de coordinación de
las actuaciones de ambos Departamentos en las actividades relacionadas con la
seguridad y calidad en la construcción de buques.

Disposición transitoria primera.

Las entidades concesionarias o reconocidas para la inspección
de instalaciones industriales, existentes a la entrada en vigor de la presente
Ley, podrán seguir actuando hasta la terminación del plazo de concesión o
autorización o, si éste no existiera, durante un período de cinco años a contar
desde la fecha de publicación de esta Ley.

Disposición transitoria segunda.

Hasta que no se promulgue o actualice la legislación reguladora
de las actividades comprendidas en el artículo 3, apartado 4, de esta Ley, que
así lo requieran, tendrá la consideración de legislación específica de las
actividades referidas la normativa que las regule a la entrada en vigor de la
presente Ley.

Disposición transitoria tercera.

En tanto no se desarrolle reglamentariamente lo dispuesto en el
artículo 15 de esta Ley, será de aplicación lo establecido en los Reales
Decretos 735/1979, de 20 de febrero; 2584/1981, de 18 de septiembre; 1614/1985,
de 1 de agosto; y 1407/1987, de 13 de noviembre; así como las normas vigentes
que los han desarrollado.

Disposición derogatoria única.

Quedan derogadas la Ley de 24 de noviembre de 1939, de
Ordenación y Defensa de la Industria, y la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, de
Industrias de Interés Preferente, y cuantas disposiciones se opongan a lo
determinado en la presente ley.

Disposición final única.

Los artículos 1, 2, 3, apartados 1 al 3, y 4 a), b), e), g) y
h); el artículo 4, y los artículos 9 al 18; 21 al 27; 30 al 37, y 38, apartado
2, se dictan al amparo del artículo 149, 1, 1. y 13. de la Constitución. Los
restantes preceptos de esta Ley serán de aplicación en defecto de legislación
específica dictada por las Comunidades Autónomas con competencia normativa en
las materias reguladas por la misma.

Por tanto,

Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que
guarden y hagan guardar esta Ley.

Madrid, 16 de julio de 1992.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

ANÁLISIS JURÍDICO

REFERENCIAS ANTERIORES

DEROGA:

LEY 152/1963, DE 2 DE DICIEMBRE (GAZETA) (Ref. BOE-A-1963-22620).

LEY DE ORDENACION Y DEFENSA DE LA INDUSTRIA, DE 24 DE NOVIEMBRE DE 1939
(GAZETA) (Ref. BOE-A-1939-13747).

MODIFICA:

Art. 157 de la LEY 11/1986, de 20 de marzo (Ref. BOE-A-1986-7900).

DENOMINACION DEL REGISTRO Y ART. 4 DE LA LEY 17/1975, DE 2 DE MAYO (Ref.
BOE-A-1975-9248).

CITA:

LEY 12/1989, DE 9 DE MAYO (Ref. BOE-A-1989-10767).

LEY GENERAL PRESUPUESTARIA, TEXTO REFUNDIDO APROBADO POR REAL DECRETO
LEGISLATIVO 1091/1988, DE 23 DE SEPTIEMBRE (Ref. BOE-A-1988-22572).

REAL DECRETO 886/1988, DE 15 DE JULIO (Ref. BOE-A-1988-19394).

LEY 8/1988, DE 7 DE ABRIL (Ref. BOE-A-1988-9115).

LEY 31/1987, DE 18 DE DICIEMBRE (Ref. BOE-A-1987-28143).

REAL DECRETO 1407/1987, DE 13 DE NOVIEMBRE (Ref. BOE-A-1987-25866).

REGLAMENTO APROBADO POR REAL DECRETO 1495/1986, DE 26 DE MAYO (Ref. BOE-A-1986-19507).

REAL DECRETO-LEY 1/1986, DE 14 DE MARZO (Ref. BOE-A-1986-7901).

TRATADO CONSTITUTIVO CEE (Ref. BOE-A-1986-1).

REAL DECRETO 1614/1985, DE 1 DE AGOSTO (Ref. BOE-A-1985-19377).

LEY 27/1984, DE 26 DE JULIO (Ref. BOE-A-1984-17004).

REAL DECRETO-LEY 8/1983, DE 30 DE NOVIEMBRE (Ref. BOE-A-1983-31672).

LEY 21/1982, DE 9 DE JUNIO (Ref. BOE-A-1982-15033).

REGLAMENTO APROBADO POR REAL DECRETO 2584/1981, DE 18 DE SEPTIEMBRE
(Ref. BOE-A-1981-25549).

REAL DECRETO-LEY 9/1981, DE 5 DE JUNIO (Ref. BOE-A-1981-13087).

REAL DECRETO 2135/1980, DE 26 DE SEPTIEMBRE (Ref. BOE-A-1980-22141).

REAL DECRETO 735/1979, DE 20 DE FEBRERO (Ref. BOE-A-1979-9692).

REAL DECRETO 378/1977, DE 25 DE FEBRERO (Ref. BOE-A-1977-6840).

LEY 21/1974, DE 27 DE JUNIO (Ref. BOE-A-1974-1013).

ORDENANZA APROBADA POR ORDEN DE 9 DE MARZO DE 1971 (Ref. BOE-A-1971-380).

DECRETO 2072/1968, DE 27 DE JULIO (Ref. BOE-A-1968-1028).

DECRETO 157/1963, DE 26 DE ENERO (GAZETA) (Ref. BOE-A-1963-1708).

REGLAMENTO APROBADO POR DECRETO 2414/1961, DE 30 DE NOVIEMBRE (GAZETA)
(Ref. BOE-A-1961-22449).

DECRETO-LEY 10/1959, DE 21 DE JULIO (GAZETA) (Ref. BOE-A-1959-9920).

LEY sobre Procedimiento Administrativo, de 17 de julio de 1958 (GAZETA)
(Ref. BOE-A-1958-11341).

REFERENCIAS POSTERIORES

Criterio de ordenación: por contenido
por fecha

SE MODIFICA los arts. 4, 12 a 15, 17, 21 a 24, 27, 31.2 y la denominación
del título IV, por LEY 25/2009, de 22 de diciembre (Ref. BOE-A-2009-20725).

SE DECLARA en la CUESTIÓN 6488/2001 (Ref. 2002/19915), la nulidad del art.
31.3 a) por SENTENCIA 162/2008, de 15 de diciembre (Ref. BOE-A-2009-429).

SE DICTA DE CONFORMIDAD:

con el art. 12.5, aprobando reglamento e instrucciones técnicas sobre
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior: REAL DECRETO
1890/2008, de 14 de noviembre (Ref. BOE-A-2008-18634).

con los arts. 2 y 9, estableciendo las normas para la comercialización y
puesta en servicio de las máquinas: REAL DECRETO 1644/2008, de 10 de octubre
(Ref. BOE-A-2008-16387).

con el art. 12, aprobando el reglamento en líneas eléctricas de alta
tensión: REAL DECRETO 223/2008, de 15 de febrero (Ref. BOE-A-2008-5269).

con el art. 12.5, aprobado el reglamento de fertilizantes a base de
nitrato amónico con un contenido en nitrógeno igual o inferior al 28% en
masa y de la instrucción técnica complementaria: REAL DECRETO 888/2006, de
21 de julio de 2006 (Ref. BOE-A-2006-15237).

aprobando el reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales: REAL DECRETO 2267/2004, de 3 de diciembre
(Ref. BOE-A-2004-21216).

CUESTION 6488/2001, planteada por supuesta inconstitucionalidad del art.
31.3.a) (Ref. BOE-A-2002-19915).

SE DICTA DE CONFORMIDAD:

con el art. 12.5, aprobando el reglamento electrotécnico para baja
tensión: REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto (Ref. BOE-A-2002-18099).

con los arts. 2 y 9.1, sobre emisiones sonoras debidas a determinadas
máquinas de uso al aire libre: REAL DECRETO 212/2002, de 22 de febrero (Ref.
BOE-A-2002-4099).

SE DICTA EN RELACION, sobre conversión a euros de las cuantías indicadas:
RESOLUCIÓN de 1 de noviembre de 2001 (Ref. BOE-A-2001-22002).

SE DICTA DE CONFORMIDAD con el art. 12.5, aprobando reglamento de
almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas
complementarias: REAL DECRETO 379/2001, de 6 de abril (Ref. BOE-A-2001-8971).

SE DESARROLLA el capítulo I del título III, por REAL DECRETO 222/2001, de
2 de marzo (Ref. BOE-A-2001-4298).

SE DICTA DE CONFORMIDAD:

con el art. 7, estableciendo la composición y funcionamiento de la
Comisión para la Competitividad Industrial: REAL DECRETO 1823/1998, de 28 de
agosto (Ref. BOE-A-1998-21615).

APROBANDO EL REGLAMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y LA
SEGURIDAD INDUSTRIAL, POR EL REAL DECRETO 2200/1995, DE 28 DE DICIEMBRE
(Ref. BOE-A-1996-2468).

APROBANDO EL REGLAMENTO DEL REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES,
POR REAL DECRETO 697/1995, DE 28 DE ABRIL (Ref. BOE-A-1995-12739).

APROBANDO EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES PETROLIFERAS, POR REAL DECRETO
2085/1994, DE 20 DE OCTUBRE (Ref. BOE-A-1995-2122).

APROBANDO EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS,
POR REAL DECRETO 1942/1993, DE 5 DE NOVIEMBRE (Ref. BOE-A-1993-29581).

CON EL ART. 6.1, ESTABLECIENDO LAS MEDIDAS LABORALES Y DE SEGURIDAD
SOCIAL: REAL DECRETO 825/1993, DE 28 DE MAYO (Ref. BOE-A-1993-15905).

NOTAS

Entrada en vigor el 12 de agosto de 1992.

MATERIAS

Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas

Alimentación

Armas

Buques

Comisión de Registro e Información Industrial

Comisión para la Competitividad Industrial

Comunidades Autónomas

Consejo de Coordinación de la Seguridad Industrial

Construcciones navales

Contaminación atmosférica

Contaminación de las aguas

Correos y Telecomunicaciones

Cultura

Defensa Nacional

Energía eléctrica

Energía nuclear

Especialidades y productos farmacéuticos

Estadística

Explosivos

Ganadería

Hidrocarburos

Industria agraria

Industrias

Industrias de interés preferente

Medio ambiente

Minas

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Montes

Oficina Española de Patentes y Marcas

Organización de la Administración del Estado

Patentes

Pesca marítima

Propiedad Industrial

Registro de Establecimientos Industriales

Registro de la Propiedad Industrial

Seguridad industrial

Tecnología

Transportes aéreos

Transportes marítimos

Transportes terrestres

Turismo

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