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23/03/2010

Documento BOE-A-2010-4765

Boletín Oficial del Estado: 23 de marzo de 2010, Núm. 71

I. Disposiciones generales

Ministerio de Trabajo e Inmigración

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se
modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de
la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y
salud en obras de construcción.

Rango: Real Decreto

Código de Verificación Electrónica (CVE):
BOE-A-2010-4765

Páginas: 27962 a 27976 – 15 págs.

Contenido, oficial y auténtico, de la
disposición:

PDF de
la disposición

Ampliación documental:

Análisis
jurídico

Nota: El texto que se muestra a continuación se ha obtenido
mediante una transformación del documento electrónico oficial y auténtico,
firmado electrónicamente y disponible en la dirección http://www.boe.es/diario_boe
insertando el código BOE-A-2010-4765 en la casilla de
verificación de documentos.

TEXTO

Las modificaciones contenidas en este real decreto responden
íntegramente a la adaptación del ordenamiento jurídico a los objetivos fijados
por la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo para el período
2007-2012.

La práctica totalidad del contenido del real decreto se dirige
a la modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención aprobado por
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. No obstante se incluyen modificaciones
puntuales en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en
el sector de la construcción y se deroga expresamente el articulo 18 del Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, por necesidades
derivadas de la adaptación de la Directiva sobre servicios de mercado
interior.

En cuanto a la modificación del Reglamento de Servicios de
Prevención, pueden distinguirse dos áreas temáticas: la dirigida a facilitar el
cumplimiento de la normativa de prevención a las empresas, en particular para
las pequeñas y medianas, de un lado y, de otro, la encaminada a mejorar la
calidad y eficacia de los sistemas de prevención de riesgos laborales, con
especial atención a las entidades especializadas que actúan como servicios de
prevención.

En cuanto a lo primero, se pretende lograr un mejor y más
eficaz cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales en las
empresas. Para ello, y sin merma de la calidad, se pretende racionalizar y
simplificar su gestión en prevención de riesgos laborales, lo que se consigue,
en primer lugar, permitiendo a las empresas de hasta 50 trabajadores que no
desarrollen actividades del anexo I del Reglamento de los Servicios de
Prevención que puedan realizar de manera simplificada el plan de prevención de
riesgos laborales, la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad
preventiva, siempre que ello no suponga una reducción del nivel de protección de
la seguridad y salud de los trabajadores, para lo que contarán con el apoyo de
una guía orientativa del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo; en segundo lugar, que estas mismas empresas que realicen las
actividades preventivas mediante recursos propios dispongan de un proceso
simplificado de auditoría de sus sistema de gestión de la prevención y, en
tercer lugar, ampliando de seis a diez el número de trabajadores de las empresas
en las que el empresario puede asumir de manera personal el desarrollo de la
actividad preventiva.

En cuanto a lo segundo, el real decreto incide en importantes
cuestiones que influyen significativamente en la calidad y eficacia del sistema
de prevención de riesgos laborales de las empresas, así como la participación de
las entidades especializadas que han de intervenir junto al empresario en la
mejora de las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores. Todas estas
cuestiones han sido objeto de debate y discusión, primero globalmente en un
grupo de trabajo constituido por la Administración General del Estado y las
comunidades autónomas y seguidamente, de forma ordenada y sistemática, con las
organizaciones sindicales y empresariales. De dicho proceso de debate resultó un
documento de consenso referido a las «actuaciones para la mejora de la calidad y
eficacia del sistema de prevención de riesgos laborales», que ha guiado la
elaboración del presente real decreto en estas cuestiones y que deberá dirigir
igualmente el ulterior desarrollo normativo que completará la reforma.

Las líneas establecidas en el real decreto que marcan la
reforma dirigida a la mejora de la calidad y la eficacia del sistema de
prevención de riesgos laborales son las siguientes:

1. Se dota al sistema de prevención de riesgos laborales de
fortaleza y solidez. Ello a su vez implica constituir un marco jurídico más
seguro para quienes operan en este sector para lo cual: se adecua el
procedimiento de acreditación de dichas entidades especializadas conforme a lo
señalado en la reciente modificación de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales por parte de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio, en el sentido de establecer una
acreditación única para estas entidades (eliminando el trámite de acreditación
provisional existente hasta la fecha); se salvaguarda el papel que dicho sistema
otorga a las entidades especializadas, definiendo mejor tanto los requisitos de
acreditación como el campo de actuación (y de exclusión) de tales servicios. La
mejor definición de los requisitos de acreditación garantiza, por otro lado, una
homogeneidad en la acreditación de la entidad especializada en todo el
territorio español, con independencia de la comunidad autónoma que la haya
otorgado; se definen las causas de revocación de la acreditación y el
procedimiento correspondiente, con las debidas garantías. En este sentido, se
refuerza la intervención de las distintas autoridades laborales de tal manera
que, sin alterar el sistema de acreditación actual, cada comunidad autónoma
pueda comprobar en su territorio el mantenimiento de los requisitos de las
entidades especializadas para poder actuar como servicio de prevención
ajeno.

2. Se favorece el aumento de la calidad del servicio a prestar
a las empresas por las entidades especializadas lo que se consigue, en primer
lugar, mediante una definición más completa del contenido de los conciertos de
servicio de prevención ajeno con las empresas, como garantía ineludible para
éstas y para los trabajadores de la cobertura que les debe dispensar la entidad;
en segundo lugar, sentando las bases de los recursos, tanto humanos como
materiales, de que deben disponer los servicios de prevención ajenos para
prestar un servicio de calidad, que han de estar en relación con factores
diversos, en especial, tamaño y actividad de las empresas y número de
trabajadores cubiertos por los conciertos. Esto exigirá, en todo caso, una orden
para su desarrollo. También se prevé el desarrollo adicional en cuanto a la
configuración de las áreas de los servicios de prevención que se ocupen de la
especialidad de medicina del trabajo, a cuyo efecto se establece en una
disposición final la necesidad de una norma reglamentaria a aprobar por los
Ministerios de Sanidad y Política Social y Trabajo e Inmigración, que contenga
el marco jurídico del Acuerdo de criterios básicos sobre la organización de
recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención;
en tercer lugar, se potencia la interdisciplinariedad de los servicios de
prevención ajenos que habrán de disponer para su acreditación de las cuatro
especialidades o disciplinas preventivas fijadas en el Reglamento de los
Servicios de Prevención, sin perjuicio de establecer un plazo de adaptación de
un año para las entidades ya acreditadas.

3. Se definen y clarifican los requisitos de los servicios de
prevención mancomunados de acuerdo con las recomendaciones de la Estrategia
Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012 para lo cual se toman como
referencia los de los servicios de prevención ajenos, si bien con una cierta
modulación al tenerse presente el criterio de potenciación de los recursos
propios que también marca la Estrategia.

4. Se mejora el tratamiento de la información de las entidades
especializadas y se permite un mejor conocimiento de los datos por las
autoridades y los ciudadanos, para lo que se modifica el contenido de la
disposición referente a registros de las entidades especializadas y así, se
fijan las finalidades de uso de los datos a incorporar a los mismos, se propicia
la comunicación telemática de dichos datos y la interconexión de los registros
autonómicos mediante la creación de una base de datos informática gestionada por
el Ministerio de Trabajo e Inmigración, todo ello con expresa salvaguardia de la
confidencialidad de la información de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de datos de carácter personal.

Por otra parte, se han incluido modificaciones en el Real
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de
18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción,
sobre el libro de subcontratación y el cómputo de socios trabajadores de las
cooperativas de trabajo asociado.

La disposición derogatoria afecta, en primer lugar, a la
disposición transitoria tercera del Reglamento de los Servicios de Prevención
sobre acreditación de la formación para la realización de funciones de niveles
intermedio y superior en materia de prevención de riesgos laborales, al existir
en la actualidad titulaciones oficiales aprobadas por las autoridades
competentes que cumplen con los requisitos de formación mínima exigidos en los
artículos 36 y 37 de la citada norma y, en segundo lugar, al articulo 18 del
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción en materia de aviso
previo en consonancia con la modificación introducida en este sentido en el Real
Decreto-ley 1/1986 por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio, que introduce un nuevo apartado 3 del
articulo 6 con el objetivo de refundir en uno solo los trámites de aviso previo
y comunicación de apertura del centro de trabajo.

La nueva redacción del articulo 18 del Reglamento de los
Servicios de Prevención implica la derogación de su apartado 4, sobre
posibilidad de eximir por la autoridad laboral del cumplimiento de algunas
condiciones exigidas a los servicios de prevención ajenos en coherencia con el
sentido de la reforma, que promueve la total interdisciplinariedad de estas
entidades especializadas. No obstante, se modula el efecto de esta derogación
con lo señalado en el segundo párrafo de la disposición transitoria primera.

Este real decreto se dicta de conformidad con el artículo 6 de
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, y de la disposición final tercera de la Ley
25/2009, de 22 de diciembre, y en su elaboración han sido consultadas las
organizaciones sindicales y empresariales más representativas y oída la Comisión
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo e
Inmigración, con la aprobación previa de la Ministra de la Presidencia, de
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 19 de marzo de 2010,

DISPONGO:

Artículo primero. Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención.

El Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los Servicios de Prevención, queda modificado como sigue:

Uno. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 2, con la
siguiente redacción:

«4. Las empresas de hasta 50 trabajadores que no desarrollen
actividades del anexo I podrán reflejar en un único documento el plan de
prevención de riesgos laborales, la evaluación de riesgos y la planificación de
la actividad preventiva.

Este documento será de extensión reducida y fácil comprensión,
deberá estar plenamente adaptado a la actividad y tamaño de la empresa y
establecerá las medidas operativas pertinentes para realizar la integración de
la prevención en la actividad de la empresa, los puestos de trabajo con riesgo y
las medidas concretas para evitarlos o reducirlos, jerarquizadas en función del
nivel de riesgos, así como el plazo para su ejecución.»

Dos. El apartado 1 del artículo 11, queda redactado de la
siguiente manera:

«1. El empresario podrá desarrollar personalmente la
actividad de prevención, con excepción de las actividades relativas a la
vigilancia de la salud de los trabajadores, cuando concurran las siguientes
circunstancias:

a) Que se trate de empresa de hasta diez trabajadores.

b) Que las actividades desarrolladas en la empresa no estén
incluidas en el anexo I.

c) Que desarrolle de forma habitual su actividad profesional
en el centro de trabajo.

d) Que tenga la capacidad correspondiente a las funciones
preventivas que va a desarrollar, de acuerdo con lo establecido en el capítulo
VI.»

Tres. El apartado 5 del artículo 15, queda redactado de la
siguiente manera:

«5. La empresa deberá elaborar anualmente y mantener a
disposición de las autoridades laborales y sanitarias competentes y del comité
de seguridad y salud la memoria y programación anual del servicio de prevención
a que se refiere el párrafo d) del apartado 2 del artículo 39 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.»

Cuatro. El artículo 17 queda redactado de la siguiente
manera:

«Artículo 17. Requisitos de las entidades
especializadas para poder actuar como servicios de prevención ajenos.

1. Podrán actuar como servicios de prevención ajenos las
entidades especializadas que reúnan los siguientes requisitos:

a) Disponer de la organización, las instalaciones, el
personal y los equipos necesarios para el desempeño de su actividad.

b) Constituir una garantía que cubra su eventual
responsabilidad.

c) No mantener con las empresas concertadas vinculaciones
comerciales, financieras o de cualquier otro tipo, distintas a las propias de su
actuación como servicio de prevención, que puedan afectar a su independencia e
influir en el resultado de sus actividades, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 22.

d) Asumir directamente el desarrollo de las funciones
señaladas en el artículo 31.3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, que hubieran concertado.

2. Para actuar como servicio de prevención ajeno, las
entidades especializadas deberán ser objeto de acreditación por la
administración laboral, previa aprobación de la administración sanitaria, en
cuanto a los aspectos de carácter sanitario. La acreditación se dirigirá a
garantizar el cumplimiento de los requisitos de funcionamiento mencionados en el
apartado anterior.»

Cinco. El artículo 18 queda redactado en los siguientes
términos:

«Artículo 18. Recursos materiales y humanos de las
entidades especializadas que actúen como servicios de prevención ajenos.

1. Las entidades especializadas que actúen como servicios de
prevención ajenos deberán contar con las instalaciones y los recursos materiales
y humanos que les permitan desarrollar adecuadamente la actividad preventiva que
hubieren concertado, teniendo en cuenta el tipo, extensión y frecuencia de los
servicios preventivos que han de prestar, el tipo de actividad desarrollada por
los trabajadores de las empresas concertadas y la ubicación y tamaño de los
centros de trabajo en los que dicha prestación ha de desarrollarse, de acuerdo
con lo que se establezca en las disposiciones de desarrollo de este real
decreto.

2. En todo caso, dichas entidades deberán:

a) Contar con la acreditación de la autoridad laboral
competente en las especialidades o disciplinas preventivas de medicina del
trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial, y ergonomía y
psicosociología aplicada.

b) Disponer como mínimo de un técnico que cuente con la
cualificación necesaria para el desempeño de las funciones de nivel superior, de
acuerdo con lo establecido en el capítulo VI, por cada una de las especialidades
o disciplinas preventivas señaladas en el párrafo anterior, salvo en el caso de
la especialidad de medicina del trabajo que exigirá contar, al menos, con un
médico especialista en medicina del trabajo o diplomado en Medicina de Empresa y
un ATS/DUE de empresa. Asimismo deberán disponer del personal necesario que
tenga la capacitación requerida para desarrollar las funciones de los niveles
básico e intermedio previstas en el capítulo VI, en función de las
características de las empresas cubiertas por el servicio.

Los expertos en las especialidades mencionadas actuarán de
forma coordinada, en particular en relación con las funciones relativas al
diseño preventivo de los puestos de trabajo, la identificación y evaluación de
los riesgos, los planes de prevención y los planes de formación de los
trabajadores.

c) Disponer en los ámbitos territorial y de actividad
profesional en los que desarrollen su actividad, como mínimo, de las
instalaciones e instrumentación necesarias para realizar las pruebas,
reconocimientos, mediciones, análisis y evaluaciones habituales en la práctica
de las especialidades citadas, así como para el desarrollo de las actividades
formativas y divulgativas básicas, en los términos que determinen las
disposiciones de desarrollo de este real decreto.

3. Sin perjuicio de la necesaria coordinación indicada en el
apartado 2 de este artículo, la actividad sanitaria contará para el desarrollo
de su función dentro del servicio de prevención con la estructura y medios
adecuados a su naturaleza específica y la confidencialidad de los datos médicos
personales.»

Seis. El apartado 2 del artículo 19 queda modificado en los
siguientes términos:

«2. Las entidades asumirán directamente el desarrollo de
aquéllas funciones señaladas en el artículo 31.3 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, que hubieran concertado y contribuirán a la efectividad de la
integración de las actividades de prevención en el conjunto de actividades de la
empresa y en todos los niveles jerárquicos de la misma, sin perjuicio de que
puedan:

a) Subcontratar los servicios de otros profesionales o
entidades cuando sea necesario para la realización de actividades que requieran
conocimientos especiales o instalaciones de gran complejidad.

b) Disponer mediante arrendamiento o negocio similar de
instalaciones y medios materiales que estimen necesarios para prestar el
servicio en condiciones y con un tiempo de respuesta adecuado, sin perjuicio de
la obligación de contar con carácter permanente con los recursos instrumentales
mínimos a que se refiere el artículo 18.»

Siete. Se modifica el artículo 20, quedando redactado en los
siguientes términos:

«Artículo 20. Concierto de la actividad
preventiva.

1. Cuando el empresario no cuente con suficientes recursos
propios para el desarrollo de la actividad preventiva y deba desarrollarla a
través de uno o varios servicios de prevención ajenos a la empresa, deberá
concertar por escrito la prestación. Dicho concierto consignará, como mínimo,
los siguientes aspectos:

a) Identificación de la entidad especializada que actúa como
servicio de prevención ajeno a la empresa.

b) Identificación de la empresa destinataria de la actividad,
así como de los centros de trabajo de la misma a los que dicha actividad se
contrae. Cuando se trate de empresas que realicen actividades sometidas a la
normativa de seguridad y salud en obras de construcción, incluirá expresamente
la extensión de las actividades concertadas al ámbito de las obras en que
intervenga la empresa.

c) Especialidad o especialidades preventivas objeto del
concierto con indicación para cada una de ellas de las funciones concretas
asumidas de las previstas en el artículo 31.3 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, y de las actuaciones concretas que se realizarán para el desarrollo
de las funciones asumidas, en el periodo de vigencia del concierto. Dichas
actuaciones serán desarrolladas de acuerdo con la planificación de la actividad
preventiva y la programación anual propuestas por el servicio y aprobadas por la
empresa.

Salvo que las actividades se realicen con recursos
preventivos propios y así se especifique en el concierto, éste deberá
consignar:

1.º Si se concierta la especialidad de seguridad en el
trabajo, el compromiso del servicio de prevención ajeno de identificar, evaluar
y proponer las medidas correctoras que procedan, considerando para ello todos
los riesgos de esta naturaleza existentes en la empresa, incluyendo los
originados por las condiciones de las máquinas, equipos e instalaciones y la
verificación de su mantenimiento adecuado, sin perjuicio de las actuaciones de
certificación e inspección establecidas por la normativa de seguridad
industrial, así como los derivados de las condiciones generales de los lugares
de trabajo, locales y las instalaciones de servicio y protección.

2.º Si se concierta la especialidad de higiene industrial, el
compromiso del servicio de prevención ajeno de identificar, evaluar y proponer
las medidas correctoras que procedan, considerando para ello todos los riesgos
de esta naturaleza existentes en la empresa, y de valorar la necesidad o no de
realizar mediciones al respecto, sin perjuicio de la inclusión o no de estas
mediciones en las condiciones económicas del concierto.

3.º Si se concierta la especialidad de ergonomía y
psicosociología aplicada, el compromiso del servicio de prevención ajeno, de
identificar, evaluar y proponer las medidas correctoras que procedan,
considerando para ello todos los riesgos de esta naturaleza existentes en la
empresa.

4.º El compromiso del servicio de prevención ajeno de revisar
la evaluación de riesgos en los casos exigidos por el ordenamiento jurídico, en
particular, con ocasión de los daños para la salud de los trabajadores que se
hayan producido.

5.º Cuando se trate de empresas que cuenten con centros de
trabajo sometidos a la normativa de seguridad y salud en obras de construcción,
se especificarán las actuaciones a desarrollar de acuerdo con la normativa
aplicable.

d) La obligación del servicio de prevención de realizar, con
la periodicidad que requieran los riesgos existentes, la actividad de
seguimiento y valoración de la implantación de las actividades preventivas
derivadas de la evaluación.

e) La obligación del servicio de prevención de efectuar en la
memoria anual de sus actividades en la empresa la valoración de la efectividad
de la integración de la prevención de riesgos laborales en el sistema general de
gestión de la empresa a través de la implantación y aplicación del plan de
prevención de riesgos laborales en relación con las actividades preventivas
concertadas.

f) El compromiso del servicio de prevención de dedicar
anualmente los recursos humanos y materiales necesarios para la realización de
las actividades concertadas.

g) El compromiso de la empresa de comunicar al servicio de
prevención ajeno los daños a la salud derivados del trabajo.

h) El compromiso de la empresa de comunicar al servicio de
prevención ajeno las actividades o funciones realizadas con otros recursos
preventivos y/u otras entidades para facilitar la colaboración y coordinación de
todos ellos.

i) La duración del concierto.

j) Las condiciones económicas del concierto, con la expresa
relación de las actividades o funciones preventivas no incluidas en aquellas
condiciones.

k) La obligación del servicio de prevención ajeno de asesorar
al empresario, a los trabajadores y a sus representantes y a los órganos de
representación especializados, en los términos establecidos en la normativa
aplicable.

l) Las actividades preventivas concretas que sean legalmente
exigibles y que no quedan cubiertas por el concierto.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 28.2.b),
las entidades especializadas que actúen como servicios de prevención deberán
mantener a disposición de las autoridades laborales y sanitarias competentes,
una memoria anual en la que incluirán de forma separada las empresas o centros
de trabajo a los que se ha prestado servicios durante dicho período, indicando
en cada caso la naturaleza de éstos.

Igualmente, deberán facilitar a las empresas para las que
actúen como servicios de prevención la memoria y la programación anual a las que
se refiere el apartado 2.d) del artículo 39 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, a fin de que pueda ser conocida por el Comité de Seguridad y Salud en
los términos previstos en el artículo citado.»

Ocho. Se modifica el artículo 21, que queda redactado como
sigue:

«Artículo 21. Servicios de prevención
mancomunados.

1. Podrán constituirse servicios de prevención mancomunados
entre aquellas empresas que desarrollen simultáneamente actividades en un mismo
centro de trabajo, edificio o centro comercial, siempre que quede garantizada la
operatividad y eficacia del servicio en los términos previstos en el apartado 3
del artículo 15 de esta disposición.

Por negociación colectiva o mediante los acuerdos a que se
refiere el artículo 83, apartado 3, del Estatuto de los Trabajadores, o, en su
defecto, por decisión de las empresas afectadas, podrá acordarse, igualmente, la
constitución de servicios de prevención mancomunados entre aquellas empresas
pertenecientes a un mismo sector productivo o grupo empresarial o que
desarrollen sus actividades en un polígono industrial o área geográfica
limitada.

Las empresas que tengan obligación legal de disponer de un
servicio de prevención propio no podrán formar parte de servicios de prevención
mancomunados constituidos para las empresas de un determinado sector, aunque sí
de los constituidos para empresas del mismo grupo.

2. En el acuerdo de constitución del servicio mancomunado, que
se deberá adoptar previa consulta a los representantes legales de los
trabajadores de cada una de las empresas afectadas en los términos establecidos
en el artículo 33 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, deberán constar expresamente las condiciones mínimas en que tal
servicio de prevención debe desarrollarse.

Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
39.1.a) de la indicada ley, las condiciones en que dicho servicio de prevención
debe desarrollarse deberán debatirse, y en su caso ser acordadas, en el seno de
cada uno de los comités de seguridad y salud de las empresas afectadas.

Asimismo, el acuerdo de constitución del servicio de
prevención mancomunado deberá comunicarse con carácter previo a la autoridad
laboral del territorio donde radiquen sus instalaciones principales en el
supuesto de que dicha constitución no haya sido decidida en el marco de la
negociación colectiva.

3. Dichos servicios, tengan o no personalidad jurídica
diferenciada, tendrán la consideración de servicios propios de las empresas que
los constituyan y habrán de contar con, al menos, tres especialidades o
disciplinas preventivas. Para poder constituirse, deberán disponer de los
recursos humanos mínimos equivalentes a los exigidos para los servicios de
prevención ajenos de acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento y en
sus disposiciones de desarrollo. En cuanto a los recursos materiales, se tomará
como referencia los que se establecen para los servicios de prevención ajenos,
con adecuación a la actividad de las empresas. La autoridad laboral podrá
formular requerimientos sobre la adecuada dotación de medios humanos y
materiales.

4. La actividad preventiva de los servicios mancomunados se
limitará a las empresas participantes.

5. El servicio de prevención mancomunado deberá tener a
disposición de la autoridad laboral y de la autoridad sanitaria la información
relativa a las empresas que lo constituyen y al grado y forma de participación
de las mismas.»

Nueve. Se modifica el artículo 23, que queda redactado como
sigue:

«Artículo 23. Solicitud de acreditación.

Las entidades especializadas que pretendan ser acreditadas
como servicios de prevención deberán formular solicitud ante la autoridad
laboral competente del lugar en donde radiquen sus instalaciones principales, en
la que se hagan constar los siguientes extremos:

a) Nombre o denominación social, número de identificación
fiscal y código de cuenta de cotización a la Seguridad Social.

b) Aspectos de la actividad preventiva que pretende efectuar,
especificando los tipos de actividad que tienen capacidad de desarrollar.

c) Ámbito territorial y de actividad profesional en los que
pretende actuar, así como previsión del número de empresas y volumen de
trabajadores en los que tiene capacidad para extender su actividad preventiva,
en función de los recursos humanos y materiales previstos.

d) Previsión de dotación de personal para el desempeño de la
actividad preventiva, debidamente justificada, que deberá ser efectiva en el
momento en que la entidad empiece a prestar servicios, y con indicación de su
cualificación profesional y dedicación, especificando su ámbito territorial de
prestación de servicios.

e) Identificación de las instalaciones, de los medios
instrumentales y de su respectiva ubicación.

f) Compromiso de tener suscrita una póliza de seguro o
garantía financiera equivalente que cubra su responsabilidad, por una cuantía
mínima de 1.750.000 euros, efectiva en el momento en que la entidad empiece a
prestar servicios. El importe de la cobertura será anualmente actualizado en
función de la evolución del índice de precios al consumo, sin que la citada
cuantía constituya el límite de la responsabilidad del servicio.

g) Los contratos o acuerdos a establecer, en su caso, con
otras entidades para la realización de actividades que requieran conocimientos
especiales o instalaciones de gran complejidad.»

Diez. El artículo 24 queda redactado de la siguiente
forma:

«Artículo 24. Autoridad competente.

1. Será autoridad laboral competente para conocer de las
solicitudes de acreditación formuladas por las entidades especializadas que
pretendan actuar como servicios de prevención el órgano competente de la
comunidad autónoma o de la Ciudad con Estatuto de Autonomía donde radiquen sus
instalaciones principales. Esa misma autoridad laboral será competente para
conocer, en su caso, de la revocación de la acreditación.

2. La acreditación otorgada será única y tendrá validez en
todo el territorio español, conforme al procedimiento regulado a
continuación.»

Once. El artículo 25 queda modificado con la siguiente
redacción:

«Artículo 25. Procedimiento de acreditación.

1. Recibida la solicitud señalada en el artículo 23, la
autoridad laboral remitirá copia a la autoridad sanitaria competente del lugar
en el que radiquen las instalaciones principales de la entidad especializada, a
los fines previstos en el apartado 5 del artículo 31 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Dicha autoridad sanitaria
comunicará a la autoridad laboral su decisión acerca de la aprobación del
proyecto en cuanto a los requisitos de carácter sanitario.

2. Al mismo tiempo, la autoridad laboral competente solicitará
informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de los órganos técnicos
en materia preventiva de las comunidades autónomas o, en el caso de las ciudades
con estatuto de autonomía de Ceuta y de Melilla, del Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, así como aquellos otros que considere
necesarios acerca de los aspectos no contemplados en el apartado anterior.

3. La autoridad laboral competente recabará informe preceptivo
de todas las comunidades autónomas en las que la entidad haya indicado que
pretende desarrollar su actividad. La autoridad sanitaria competente hará lo
mismo respecto de las autoridades sanitarias afectadas y en relación a la
comprobación del cumplimiento de los requisitos sanitarios.

El informe de las autoridades laborales afectadas versará
sobre la suficiencia de los medios materiales y humanos de los que va a disponer
la entidad solicitante y se manifestará sobre la procedencia o improcedencia de
la acreditación.

4. Recibida la solicitud, las autoridades laborales requeridas
recabarán, a su vez, informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y de
sus órganos técnicos territoriales en materia de seguridad y salud en el
trabajo, así como cuantos otros informes considere necesarios.

5. La autoridad laboral, a la vista de la decisión de la
autoridad sanitaria y de los informes emitidos, dictará y notificará la
resolución en el plazo de tres meses, contados desde la entrada de la solicitud
en el registro del órgano administrativo competente para resolver, acreditando a
la entidad o denegando la solicitud formulada. Dicho plazo se ampliará a seis
meses en el supuesto previsto en el apartado 3.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado resolución
expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada por silencio administrativo,
de conformidad con el artículo 31.6 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales.

6. Procederá dictar resolución estimatoria por parte de la
autoridad laboral competente cuando se compruebe el cumplimiento de todos los
extremos señalados en el artículo 23.

La resolución estimatoria, que deberá especificar los ámbitos
de actividad de la entidad especializada, se notificará a las autoridades
laborales afectadas, inscribiéndose tales datos en el Registro al que se refiere
el artículo 28.

7. Contra la resolución expresa o presunta de la autoridad
laboral podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes ante el
órgano superior jerárquico correspondiente.»

Doce. El artículo 26 queda redactado en los siguientes
términos:

«Artículo 26. Mantenimiento de los requisitos de
funcionamiento.

1. Las entidades especializadas deberán mantener, en todo
momento, los requisitos necesarios para actuar como servicios de prevención
establecidos en este real decreto y en sus disposiciones de desarrollo.

A fin de garantizar el cumplimiento de esta obligación, las
entidades especializadas deberán comunicar a la autoridad laboral competente
cualquier variación que afecte a dichos requisitos de funcionamiento.

2. Las autoridades laboral y sanitaria podrán verificar, en el
ámbito de sus competencias, el cumplimiento de los requisitos exigibles para el
desarrollo de las actividades del servicio, comunicando a la autoridad laboral
que concedió la acreditación las deficiencias detectadas con motivo de tales
verificaciones.

3. Si como resultado de las comprobaciones efectuadas, bien
directamente o a través de las comunicaciones señaladas en el apartado anterior,
la autoridad laboral que concedió la acreditación comprobara el incumplimiento
de los requisitos a que se refiere el apartado anterior, podrá revocar total o
parcialmente la acreditación otorgada conforme al procedimiento que se establece
en el artículo 27. La revocación o suspensión parcial se entenderá referida
únicamente al ámbito territorial de actuación de la entidad especializada donde
se hayan comprobado las deficiencias.

4. Asimismo, la acreditación podrá ser revocada por la
autoridad laboral competente, como consecuencia de sanción por infracción grave
o muy grave de las entidades especializadas que actúen como servicios de
prevención ajenos, de acuerdo con el artículo 40.2 de la Ley de Infracciones y
Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. En este caso, el procedimiento de revocación
se iniciará sólo en virtud de la resolución administrativa firme que aprecie la
existencia de infracción grave o muy grave.»

Trece. Se da nueva redacción al artículo 27 en lo siguientes
términos:

«Artículo 27. Revocación de la acreditación.

1. La autoridad laboral competente iniciará el expediente de
revocación de la acreditación mediante acuerdo, que se notificará a la entidad
afectada y que contendrá los hechos comprobados y las irregularidades detectadas
o bien el testimonio de la resolución sancionadora firme por infracción grave o
muy grave de las entidades especializadas que actúen como servicios de
prevención ajenos, de acuerdo con artículo 40.2 de la Ley de Infracciones y
Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

2. Las comprobaciones previas al inicio del expediente sobre
el mantenimiento de los requisitos de funcionamiento exigibles al servicio de
prevención ajeno podrán iniciarse de oficio por las autoridades laborales o
sanitarias o en virtud de los informes emitidos por los órganos especializados
de participación y representación de los trabajadores en las empresas en materia
de prevención de riesgos laborales.

3. Si la autoridad que lleve a cabo las comprobaciones fuera
distinta a la autoridad laboral que acreditó al servicio de prevención ajeno,
remitirá a ésta informe- propuesta con la exposición de los hechos comprobados y
las irregularidades detectadas.

4. En su caso, la autoridad laboral competente podrá recabar
los informes que estime oportunos de las autoridades laborales y sanitarias
correspondientes a los diversos ámbitos de actuación territorial de la entidad
especializada, que habrán de ser evacuados en el plazo de quince días.

5. Tras las comprobaciones iniciales y los informes previstos,
la autoridad laboral competente notificará a la entidad especializada el acuerdo
a que se refiere el apartado 1 y abrirá un plazo de quince días para las
alegaciones de la entidad.

6. Si con posterioridad a la fase de alegaciones se
incorporaran nuevas actuaciones al expediente, se dará nuevamente audiencia a la
entidad especializada para que formule nuevas alegaciones, con vista a lo
actuado, por plazo de diez días, a cuyo término quedará visto el expediente para
resolución.

7. La resolución se notificará en el plazo máximo de seis
meses desde la fecha del acuerdo de iniciación del expediente de revocación
conforme al apartado 1 y declarará una de las siguientes opciones:

a) El mantenimiento de la acreditación.

b) La suspensión total o parcial de la acreditación cuando el
expediente se haya iniciado por la circunstancia señalada en el apartado 3 del
artículo anterior.

c) La revocación definitiva de la acreditación cuando el
expediente se deba a la concurrencia de la causa prevista en el apartado 4 del
artículo anterior.

En el caso del párrafo b), la resolución habrá de fijar el
plazo en el que la entidad debe reunir las condiciones y requisitos para
reiniciar su actividad y la advertencia expresa de que, en caso contrario, la
acreditación quedará definitivamente revocada. Si la entidad especializada
notificara el cumplimiento de las citadas condiciones o requisitos dentro del
plazo fijado en la resolución, la autoridad laboral competente, previas las
comprobaciones oportunas, dictará nueva resolución en el plazo máximo de tres
meses levantando la suspensión acordada o revocando definitivamente la
acreditación.

8. La resolución se notificará a la entidad especializada, al
resto de autoridades laborales y sanitarias que hayan intervenido y al Registro
establecido en el artículo 28 donde se anotará, en su caso, la revocación o
suspensión de la acreditación mediante el correspondiente asiento.

9. Si no hubiese recaído resolución transcurridos seis meses
desde la fecha del acuerdo que inicia el expediente de revocación conforme al
apartado 1, sin cómputo de las interrupciones imputables a la entidad, se
producirá la caducidad del expediente y se archivarán las actuaciones, de lo que
se librará testimonio a solicitud del interesado.

10. Asimismo, si no se hubiese notificado resolución expresa
transcurridos tres meses desde la fecha de la comunicación por la entidad
especializada a la autoridad laboral del cumplimiento de las condiciones y
requisitos establecidos en la resolución que suspendió la acreditación, se
producirá la caducidad del procedimiento y la resolución en que se declare
ordenará el archivo de las actuaciones con los efectos previstos en el artículo
92 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

11. Contra las resoluciones de la autoridad laboral cabrá la
interposición de recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico
correspondiente en los plazos señalados en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.»

Catorce. El artículo 28 queda redactado en los términos
siguientes:

«Artículo 28. Registro.

1. En los órganos competentes de las comunidades autónomas o
de la Administración General del Estado, en el caso de las ciudades con estatuto
de autonomía de Ceuta y de Melilla, se creará un registro en el que serán
inscritas las entidades especializadas que hayan sido autorizadas como servicios
de prevención, así como las personas o entidades especializadas a las que se
haya concedido autorización para efectuar auditorías o evaluaciones de los
sistemas de prevención de conformidad con lo establecido en el capítulo V de
esta disposición.

2. La configuración de los registros deberá permitir que, con
independencia de la autoridad laboral competente que haya expedido la
acreditación:

a) Los ciudadanos puedan consultar las entidades
especializadas acreditadas como servicios de prevención ajenos o entidades
auditoras.

b) Las entidades especializadas puedan cumplir sus
obligaciones de comunicación de datos relativos al cumplimiento de los
requisitos de funcionamiento con las autoridades laborales competentes.

c) Las autoridades laborales, las autoridades sanitarias, la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el Instituto Nacional de Seguridad e
Higiene en el Trabajo así como los órganos técnicos territoriales en materia de
seguridad y salud en el trabajo puedan tener acceso a toda la información
disponible sobre las entidades especializadas acreditadas como servicios de
prevención ajenos o entidades auditoras, al margen de la autoridad que haya
expedido la acreditación.

3. Los órganos a los que se refiere el apartado 1, enviarán
a la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo e Inmigración, en el
plazo de ocho días hábiles, copia de todo asiento practicado en sus respectivos
registros.

4. Los datos que obren en los Registros de las autoridades
competentes se incorporarán a una base de datos cuya gestión corresponderá a la
Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

La configuración de esta base de datos deberá permitir a las
comunidades autónomas que sus respectivos registros cumplan las funciones que se
le atribuyen en el apartado 2.

5. Las relaciones entre las autoridades laborales se regirán
por el principio de cooperación y de acuerdo con lo establecido en el artículo 4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

6. La gestión de los datos obrantes en los Registros se
llevará a cabo de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de datos de carácter personal. Los datos de carácter
personal no podrán usarse para finalidades distintas de aquéllas para las que
tales datos hubieran sido recogidos.»

Quince. El apartado 3 del artículo 29 queda redactado de la
siguiente manera:

«3. A los efectos previstos en el apartado anterior, las
empresas de hasta 50 trabajadores cuyas actividades no estén incluidas en el
anexo I que desarrollen las actividades preventivas con recursos propios y en
las que la eficacia del sistema preventivo resulte evidente sin necesidad de
recurrir a una auditoría por el limitado número de trabajadores y la escasa
complejidad de las actividades preventivas, se considerará que han cumplido la
obligación de la auditoría cuando cumplimenten y remitan a la autoridad laboral
una notificación sobre la concurrencia de las condiciones que no hacen necesario
recurrir a la misma según modelo establecido en el anexo II, siempre que la
autoridad laboral no haya aplicado lo previsto en el apartado 4 de este
artículo.

La autoridad laboral registrará y ordenará según las
actividades de las empresas sus notificaciones y facilitará una información
globalizada sobre las empresas afectadas a los órganos de participación
institucional en materia de seguridad y salud.»

Dieciséis. El apartado 4 del artículo 30 queda redactado de
la siguiente manera:

«4. La primera auditoría del sistema de prevención de la
empresa deberá llevarse a cabo dentro de los doce meses siguientes al momento en
que se disponga de la planificación de la actividad preventiva.

La auditoría deberá ser repetida cada cuatro años, excepto
cuando se realicen actividades incluidas en el anexo I de este real decreto, en
que el plazo será de dos años. Estos plazos de revisión se ampliarán en dos años
en los supuestos en que la modalidad de organización preventiva de la empresa
haya sido acordada con la representación especializada de los trabajadores en la
empresa. En todo caso, deberá repetirse cuando así lo requiera la autoridad
laboral, previo informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y, en su
caso, de los órganos técnicos en materia preventiva de las comunidades
autónomas, a la vista de los datos de siniestralidad o de otras circunstancias
que pongan de manifiesto la necesidad de revisar los resultados de la última
auditoría.»

Diecisiete. El artículo 33 queda redactado en los siguientes
términos:

«Artículo 33. Autorización.

1. Las personas o entidades especializadas que pretendan
desarrollar la actividad de auditoría del sistema de prevención habrán de contar
con la autorización de la autoridad laboral competente del lugar donde radiquen
sus instalaciones principales, previa solicitud ante la misma, en la que se
harán constar las previsiones señaladas en los párrafos a), c), d), e) y g) del
artículo 23.

2. La autoridad laboral, previos los informes que estime
oportunos, dictará resolución autorizando o denegando la solicitud formulada en
el plazo de tres meses, contados desde la entrada de la solicitud en el Registro
del órgano administrativo competente. Transcurrido dicho plazo sin que haya
recaído resolución expresa, la solicitud podrá entenderse desestimada.

3. Será de aplicación a la autorización lo previsto para la
acreditación en los artículos 24 y 25 así como lo dispuesto en el artículo 26 en
relación con el mantenimiento de las condiciones de autorización y la extinción,
en su caso, de las autorizaciones otorgadas.»

Dieciocho. El apartado 2 del artículo 37 queda redactado en
los siguientes términos:

«2. Para desempeñar las funciones relacionadas en el
apartado anterior será preciso contar con una titulación universitaria oficial y
poseer una formación mínima acreditada por una universidad con el contenido
especificado en el programa a que se refiere el anexo VI, cuyo desarrollo tendrá
una duración no inferior a seiscientas horas y una distribución horaria adecuada
a cada proyecto formativo, respetando la establecida en el anexo citado.»

Diecinueve. La disposición final primera queda redactada en
los siguientes términos:

«Disposición final primera. Habilitación
reglamentaria.

1. Se autoriza al Ministro de Trabajo e Inmigración, previo
informe de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, para dictar
cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación de lo establecido en el
presente real decreto.

2. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
elaborará y mantendrá actualizada una guía orientativa, de carácter no
vinculante, para la elaboración de un documento único que contenga el plan de
prevención de riesgos laborales, la evaluación de riesgos y la planificación de
la actividad preventiva, según lo dispuesto en el artículo 5.3 de este Real
Decreto.»

Artículo segundo. Modificación del Real Decreto 1109/2007, de
24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.

Uno. Se introduce un nuevo apartado 4 en el artículo 11, con la
siguiente redacción:

«En las cooperativas de trabajo asociado se computarán a
estos efectos tanto a los trabajadores por cuenta ajena como a los socios
trabajadores. Los socios trabajadores serán computados de manera análoga a los
trabajadores por cuenta ajena, atendiendo a:

a) La duración de su vínculo social.

b) Al hecho de ser socios trabajadores a tiempo completo o a
tiempo parcial, y

c) A que hayan superado la situación de prueba o no.»

Dos. Se introduce un nuevo apartado 3 en el artículo 15, con
la siguiente redacción:

«3. En el libro de subcontratación se anotará la persona
responsable de la coordinación de seguridad y salud en la fase de ejecución de
la obra así como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se
produjera durante la ejecución de la obra.»

Artículo tercero. Modificación del Real Decreto 1627/1997, de
24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción.

Único. Se da nueva redacción al apartado 1 del artículo 19, en
los siguientes términos:

«1. La comunicación de apertura del centro de trabajo a la
autoridad laboral competente deberá ser previa al comienzo de los trabajos y se
presentará únicamente por los empresarios que tengan la consideración de
contratistas de acuerdo con lo dispuesto en este real decreto.

La comunicación de apertura incluirá el plan de seguridad y
salud al que se refiere el artículo 7 del presente real decreto.»

Disposición adicional primera. Validez de certificaciones
conforme al sistema de acreditación de la formación anterior a la entrada en
vigor del real decreto.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 de la
disposición derogatoria, los técnicos cuya formación en materia de prevención de
riesgos laborales hubiese sido acreditada sin efectos académicos mediante
certificación, expedida al amparo de la disposición transitoria tercera del Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención, obtenida antes de la entrada en vigor de este real
decreto, podrán seguir desempeñando las funciones referidas en los artículos 36
y 37 del Real Decreto 39/1997.

Asimismo, aquéllos cuya formación en la fecha de publicación de
este real decreto estuviese en curso de ser acreditada sin efectos académicos
mediante la certificación a que se refiere el párrafo anterior, una vez obtenida
la misma, tendrán plena capacidad para desempeñar las funciones referidas en los
artículos 36 y 37 del Real Decreto 39/1997.

Igualmente, los técnicos de prevención de riesgos laborales
que, en su día, obtuvieron la certificación de formación equivalente expedida
por la autoridad laboral, al amparo de la disposición adicional quinta del Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Servicios de Prevención y demás disposiciones concordantes, seguirán teniendo
plena capacidad para desempeñar las funciones para las que se certificó su
formación.

Disposición adicional segunda. Referencias al aviso previo en
las obras de construcción.

Las referencias que en el ordenamiento jurídico se realicen al
aviso previo en las obras de construcción deberán entenderse realizadas a la
comunicación de apertura.

Disposición transitoria primera. Especialidades y medios
exigibles para la acreditación de las entidades especializadas que actúen como
servicios de prevención.

Las entidades especializadas acreditadas para actuar como
servicios de prevención antes de la entrada en vigor de este real decreto
deberán estar en condiciones de ser acreditadas en las cuatro disciplinas o
especialidades preventivas y contar con las instalaciones y los recursos
materiales y humanos a que se refiere el artículo 18 del Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención, en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de este real
decreto.

No obstante, la autoridad laboral, previo informe, en su caso,
de la sanitaria, en cuanto a los aspectos de tal carácter, podrá acreditar y
permitir que durante un plazo de dos años actúen como servicios de prevención
ajenos entidades especializadas que no cuenten con expertos en la especialidad
de Medicina del Trabajo. Este plazo se contará a partir de la entrada en vigor
del real decreto al que hace referencia la disposición final primera.

Disposición transitoria segunda. Servicios de prevención
mancomunados.

Los servicios de prevención mancomunados ya constituidos a la
entrada en vigor de esta norma, deberán cumplir lo dispuesto en el artículo 21.3
del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevención, en el plazo de un año a partir de la fecha de
entrada en vigor de este real decreto.

Disposición transitoria tercera. Conciertos anteriores a la
entrada en vigor del real decreto.

Los conciertos entre empresas y servicios de prevención ajenos
vigentes a la entrada en vigor de este real decreto deberán adaptarse a lo
dispuesto en el artículo 20.1 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención antes del 1 de
septiembre de 2010.

Disposición derogatoria única. Alcance de la derogación.

1. Queda derogada la disposición transitoria tercera del Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención.

2. Queda derogado el artículo 18 del Real Decreto 1627/1997, de
24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción.

3. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo establecido en el presente real decreto.

Disposición final primera. Acuerdo de criterios básicos sobre
la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los
servicios de prevención.

Los Ministerios de Sanidad y Política Social y Trabajo e
Inmigración, en el plazo de cuatro meses a partir de la entrada en vigor de esta
norma, aprobarán conjuntamente un real decreto que contenga el marco jurídico
del Acuerdo de criterios básicos sobre la organización de recursos para
desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención, una vez
acordado por las autoridades sanitarias en el marco del Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud y oído por la Comisión Nacional de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

Disposición final segunda. Habilitación para el desarrollo
reglamentario.

Se habilita al Ministro de Trabajo e Inmigración para dictar
las disposiciones que sean necesarias para la aplicación y desarrollo de este
real decreto.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid el 19 de marzo de 2010.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Trabajo e Inmigración,

CELESTINO CORBACHO
CHAVES

Análisis jurídico

REFERENCIAS ANTERIORES

DEROGA:

Art. 18 y MODIFICA el 19.1 del REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre
(Ref. BOE-A-1997-22614).

Disposición transitoria 3 y MODIFICA los arts. 2.4, 11.1, 15.5, 17 a 21,
23 a 30, 33, 37.2 y la disposición final 1del REAL DECRETO 39/1997, de 17 de
enero (Ref. BOE-A-1997-1853).

MODIFICA Arts. 11 y 15 del REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto (Ref.
BOE-A-2007-15766).

DE CONFORMIDAD con el art. 6 de la LEY 31/1995, de 8 de noviembre (Ref. BOE-A-1995-24292).

NOTAS

Entrada en vigor el 24 de marzo de 2010.

MATERIAS

Autorizaciones

Certificaciones

Comunidades Autónomas

Construcciones

Contratos

Cooperativas de trabajo asociado

Dirección General de Trabajo

Empresas

Inspección de Trabajo y Seguridad Social

Obras

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