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13/04/2010

Documento BOE-A-2010-5879

Boletín Oficial del Estado: 13 de abril de 2010, Núm. 89

I. Disposiciones generales

Jefatura del Estado

Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para
el impulso de la recuperación económica y el empleo.

Rango: Real Decreto-ley

Código de Verificación Electrónica (CVE):
BOE-A-2010-5879

Páginas: 32863 a 32899 – 37 págs.

Contenido, oficial y auténtico, de la
disposición:

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la disposición

En lenguas cooficiales:

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da disposición

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de la disposició

Ampliación documental:

Análisis
jurídico

Nota: El texto que se muestra a continuación se ha obtenido
mediante una transformación del documento electrónico oficial y auténtico,
firmado electrónicamente y disponible en la dirección http://www.boe.es/diario_boe
insertando el código BOE-A-2010-5879 en la casilla de
verificación de documentos.

TEXTO

I

El objetivo de impulsar el crecimiento de la economía española
y, con él, la creación de empleo, y de hacerlo sobre unas bases más sólidas y
sostenibles, exige la adopción en este momento de una serie de medidas que
refuercen la capacidad de nuestro tejido productivo y garanticen un apoyo
efectivo de las instituciones públicas a ese crecimiento.

El Gobierno, en el marco de la Estrategia de Economía
Sostenible, ha adoptado ya diversas iniciativas de reforma del marco jurídico de
la actividad económica con esa finalidad. En este contexto, y en el escenario
internacional de progresiva retirada de las medidas de estímulo a la demanda
agregada, es urgente introducir ahora una serie de medidas adicionales,
necesarias para ordenar y orientar el proceso de recuperación desde su mismo
inicio.

Así lo ha entendido el Gobierno que, de acuerdo con la
iniciativa formulada por su Presidente en la comparecencia parlamentaria del
pasado 17 de febrero y con la disponibilidad general mostrada por diversos
grupos parlamentarios, inició el pasado 1 de marzo una ronda de negociaciones,
con el fin de adoptar, en diálogo abierto y constructivo con ellos, nuevas
medias de impulso de la reactivación y hacerlo con un consenso político que, en
sí mismo, es especialmente positivo por cuanto contribuye de modo muy intenso a
elevar la confianza en la capacidad de España para superar los problemas
derivados de la crisis económica.

Sin perjuicio de los procesos de diálogo y concertación
abiertos en sedes específicas en materia de Diálogo Social, Pacto de Toledo y
estabilidad presupuestaria, así como de futuros acuerdos en la tramitación
legislativa de iniciativas parlamentarias en la misma línea, particularmente la
Ley de Economía Sostenible, la citada ronda de negociaciones ha permitido
constatar, tras varias reuniones, y a partir de las diferentes propuestas
remitidas por el Gobierno y por los grupos políticos con representación
parlamentaria, un consenso suficiente sobre diversas iniciativas de impulso a la
recuperación económica y el empleo.

Consecuencia de ese acuerdo básico es la adopción por parte del
Consejo de Ministros y con carácter inmediato, con el fin de que incidan cuanto
antes en el proceso de recuperación económica, de las medidas surgidas de esa
ronda de negociaciones mediante los correspondientes acuerdos, normas
reglamentarias o iniciativas legislativas. El presente real decreto-ley recoge
de entre esas medidas las que unen a su carácter urgente la exigencia de rango
legal.

De acuerdo con la finalidad expuesta, el real decreto-ley
aborda reformas en diferentes ámbitos que, bien por su incidencia sobre el
conjunto del sistema productivo español, bien por su peso específico en el mismo
o bien por su relevancia en el actual momento de estabilización y recuperación,
resultan especialmente relevantes en este momento,

Así, en el capítulo I, se incluyen reformas destinadas a
recuperar la actividad en el sector de la construcción por la vía,
fundamentalmente, del impulso fiscal a la actividad de la rehabilitación de
viviendas, y con el objetivo adicional de contribuir a la eficiencia y ahorro
energético. Se trata de medidas necesarias y urgentes en el corto plazo para
propiciar incrementos en los niveles de empleo y actividad del sector, y para
orientar la misma por una senda de mayor sostenibilidad.

Por su parte, el capítulo II, incluye un conjunto de reformas
necesarias para favorecer la actividad empresarial, de aplicación general a todo
el sector productivo.

Incluyen, en primer lugar, medidas que aligeran las cargas
impositivas de las empresas, como la prórroga de libertad de amortización en el
marco del Impuesto sobre Sociedades o la flexibilización de los requisitos para
la recuperación del Impuesto sobre el Valor Añadido en el caso de impago de
facturas, que se consideran especialmente relevantes para aliviar el impacto que
el debilitamiento de la actividad económica produce a las empresas.

En segundo lugar, se incluyen medidas que facilitan el acceso
de nuestro sector productivo a nuevos mercados y, en concreto, a mercados
internacionales, como son la reforma del seguro de crédito a la exportación o la
rebaja temporal de diversas tasas en materia de transporte aéreo, con el fin de
apoyar la actividad turística.

Unas y otras, por su especial incidencia en este momento en la
reactivación del crecimiento, tanto por el lado de reducción de cargas como por
el de facilitar nuevas fuentes de ingresos, deben ser aprobadas con carácter
inmediato.

Las medidas para favorecer la actividad empresarial se
completan en el capítulo III con otras más específicas, destinadas a las
pequeñas y medianas empresas, que incluyen la reforma de mecanismos de apoyo
financiero y la reducción de cargas administrativas en el ámbito tributario.
Estas reformas son necesarias para canalizar liquidez a las pequeñas y medianas
empresas, y en el momento económico actual, y teniendo en cuenta la relevancia
de estas empresas en el tejido industrial español, son de urgente aprobación,
evitando la incertidumbre propia de un procedimiento normativo prolongado.

Por otra parte, el capítulo IV contiene medidas con el fin de
moderar el impacto negativo de la crisis económica sobre los ciudadanos más
vulnerables, en particular, aquellos con cargas familiares. En este contexto, es
necesario y urgente aprobar una elevación del umbral de inembargabilidad para
este conjunto de ciudadanos, limitado a la situación en la que el precio
obtenido por la vivienda habitual hipotecada sea insuficiente para cubrir el
crédito garantizado, así como una reforma tributaria que impulse los servicios
vinculados a la atención a la dependencia, lo que, a su vez, redunda en el apoyo
al crecimiento de este sector y del empleo generado en el mismo.

El capítulo V, en el ámbito del sector energético, incluye
medidas que tienen como objetivo crear las condiciones para impulsar nuevas
actividades, muy relevantes para la modernización del sector, como son las
empresas de servicios energéticos y el vehículo eléctrico, que por su papel
dinamizador de la demanda interna y, en definitiva, de la recuperación
económica, deben ser aprobadas y puestas en marcha a la mayor brevedad.
Asimismo, se introducen medidas para facilitar el proceso del titulización del
déficit de tarifa eléctrico.

Finalmente, el capítulo VI aborda las reformas del marco
regulador del sector financiero necesarias para agilizar el proceso con el fin
de afianzar la reestructuración actualmente en curso.

II

En el capítulo I, el artículo 1 modifica la normativa del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para introducir una nueva
deducción temporal por obras de mejora en la vivienda habitual. La deducción,
que soportará íntegramente el Estado, se establece para contribuyentes con base
imponible inferior a 53.007,20 euros, que podrán deducirse hasta el 10 por
ciento de las cantidades satisfechas por las obras realizadas desde la entrada
en vigor del real decreto-ley hasta el 31 de diciembre de 2012, con un máximo de
12.000 euros por vivienda habitual en los períodos impositivos que sea de
aplicación, y siempre que las obras tengan por objeto, entre otros, la mejora
energética de la vivienda, la sustitución de las instalaciones de electricidad,
agua, gas u otros suministros, o favorezcan la accesibilidad al edificio o las
viviendas. Por otra parte, en el artículo 2 se reforma la normativa del Impuesto
sobre el Valor Añadido, permitiendo la aplicación del tipo impositivo reducido
para todo tipo de obras de mejora y rehabilitación de la vivienda realizadas
hasta el 31 de diciembre de 2012, además de ampliar el concepto de
rehabilitación estructural a efectos del impuesto, a través de una definición de
obras análogas y conexas a las estructurales, que permite reducir los costes
fiscales asociados a la actividad de rehabilitación. En el artículo 3 se aprueba
una reforma equivalente de la tributación indirecta regulada en la Ley 20/1991,
de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico
Fiscal de Canarias.

III

Las medidas incluidas en capítulo II están destinadas a
favorecer la actividad empresarial, en diversos ámbitos.

En concreto, el artículo 4 reforma la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de contratos del sector público, con el objetivo de facilitar la
continuidad de la relación contractual con la Administración a los contratistas
que hayan solicitado la declaración de concurso de acreedores voluntario y que
éste haya adquirido eficacia en un convenio; además, como novedad, se permite la
devolución de la garantía depositada por un contratista en el marco de un
proceso de contratación pública en caso de resolución del contrato cuando la
ejecución de la prestación no se hubiera interrumpido hasta el momento de la
declaración de insolvencia y el concurso no hubiera sido calificado como
culpable, y se facilita la cesión del contrato, aunque el cedente no tenga
ejecutado al menos el 20 por ciento de su importe, si éste hubiera solicitado la
declaración de concurso voluntario. A su vez, en el artículo 5, de forma
equivalente, se modifica la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de
subvenciones, para permitir la continuidad de las subvenciones concedidas a las
empresas que hayan solicitado la declaración de concurso de acreedores
voluntario y que éste haya adquirido la eficacia en un convenio.

Por otra parte, a efectos del Impuesto sobre Sociedades, en el
artículo 6 se extiende a 2011 y 2012 la libertad de amortización, supeditada a
mantenimiento del empleo, en los términos en los que estaba prevista en la Ley
4/2008, de 23 de diciembre, para los ejercicios de 2009 y 2010. En el artículo 7
se modifica la normativa del Impuesto sobre el Valor Añadido que permite a las
empresas la reducción proporcional de la base imponible cuando los créditos
correspondientes a las cuotas repercutidas por las operaciones gravadas sean
total o parcialmente incobrables, flexibilizando los requisitos para recuperar
el impuesto en el caso de impago de las facturas, y acortando los plazos en el
caso de las empresas de menor dimensión. De forma equivalente, y con el mismo
objetivo, en el artículo 8 se reforma la Ley 20/1991, de 7 de junio, de
modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de
Canarias.

En el ámbito del comercio internacional, a través de la reforma
prevista en el artículo 9, se habilita a la Compañía Española de Seguro de
Crédito a la Exportación para otorgar cobertura en nombre propio y por cuenta
del Estado sobre riesgos derivados del comercio exterior a través de garantías,
además del tradicional seguro de crédito, ampliando la cartera de instrumentos a
disposición de la entidad para apoyar la internacionalización de nuestra
economía, situando así a la entidad en condiciones equiparables al resto de
entidades de crédito a la exportación.

A través del artículo 10, se completan las reglas de valoración
de suelo previstas en el texto refundido de la Ley del suelo, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, disponiendo la aplicación de unos
coeficientes correctores, que permitirán poner en marcha las reglas de
capitalización de rentas para valoración de suelo rural, y se prorrogan hasta 31
de diciembre de 2011 las reglas de valoración de suelo urbanizable previstas en
la disposición transitoria tercera del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de
junio, con el objetivo de garantizar la suave transición a la aplicación de las
nuevas reglas de valoración previstas.

Por último, en materia de transporte aéreo, en el artículo 11,
se aprueba una reducción temporal de determinadas tasas; en particular, se
prorroga hasta el 31 de diciembre de 2010 la bonificación del 30 por ciento de
las tasas de aterrizaje de aeronaves y de las tasas aplicables a pasajeros en
los aeropuertos extrapeninsulares en los términos previstos en la Ley 5/2009, de
29 de junio, y se aprueba la subvención del 50 por ciento del importe de las
tasas de aterrizaje y de la tarifa B.1 por los vuelos con origen o destino en
los aeropuertos canarios en días semanales determinados, desde la entrada en
vigor del real decreto-ley, hasta el 31 de diciembre de 2010.

IV

En el capítulo III, relativo a las medidas de apoyo a las
pequeñas y medianas empresas, en el artículo 12 se introduce un programa de
financiación directa a PYMES y autónomos que, en las condiciones que fijará el
Gobierno, deberá estar operativo antes del 15 de junio de 2010. En el artículo
13, se reforma la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010, con el
objetivo de flexibilizar el funcionamiento de los fondos de titulización de
créditos a pequeñas y medianas empresas, FTPYME, permitiendo que los fondos
derivados de la titulización puedan destinarse a financiar activo circulante de
las pequeñas y medianas empresas, lo que debe redundar en un más fácil acceso al
crédito para esta finalidad.

Por otra parte, en el artículo 14, a través de la reforma del
texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, se simplifican las obligaciones de
documentación en determinadas operaciones vinculadas para las pequeñas y
medianas empresas. En particular, se excluye de las obligaciones de
documentación de las operaciones vinculadas a las empresas de reducida dimensión
cuando el importe total de las operaciones vinculadas realizadas por ellas en el
ejercicio no supere 100.000 euros de valor de mercado. Además, para aquellas que
sobrepasen dicho límite y tengan que cumplir las obligaciones de documentación
se establecen límites máximos para las sanciones que se les puedan imponer
cuando el incumplimiento formal no acarree perjuicio económico para el Tesoro.
La sanción nunca podrá superar el 10 por ciento del valor de mercado de la
operación ni el 1 por ciento de la cifra de negocios de la entidad. La
exoneración de la obligación de documentación no se aplica, en ningún caso, a
las operaciones con paraísos fiscales sea cual sea su importe.

V

El capítulo IV incluye medidas para favorecer la protección de
los ciudadanos y consumidores. En primer lugar, se eleva el umbral de
inembargabilidad en los procedimientos posteriores a la ejecución hipotecaria
cuando el precio obtenido por la venta de la vivienda habitual hipotecada sea
insuficiente para cubrir el crédito garantizado. Este umbral se eleva en un 10
por ciento del salario mínimo interprofesional, y en otro 20 por ciento
adicional, por cada miembro del núcleo familiar que no disponga de ingresos
propios regulares, salario ni pensión, con lo que se da respuesta a la situación
especialmente difícil de estas personas en el actual contexto económico.

Se modifica, además, en el artículo 16, la normativa del
Impuesto sobre el Valor Añadido para aplicar un tipo impositivo superreducido,
del 4 por ciento, a los servicios de atención a la dependencia prestados por las
empresas integradas en el sistema de autonomía y atención a la dependencia,
mediante plazas concertadas en centros o residencias o previo concurso público
para su prestación.

El artículo 17 reforma el Impuesto de la Renta de las Personas
Físicas para aprobar una exención en la tributación del impuesto de las cuantías
satisfechas por las empresas para desplazamientos entre la residencia y el
centro de trabajo en transporte público, con un límite de 1.500 euros, con el
objetivo de incentivar fiscalmente la utilización de los medios de transporte
público colectivo.

Por último, el artículo 18 modifica la Ley 24/1988, de 28 de
julio, del mercado de valores, para requerir la intervención de una entidad
autorizada para prestar servicios de inversión en determinadas ofertas de
valores dirigidas al público en general, que no requieran folleto y que empleen
para ello cualquier forma de comunicación publicitaria, con el objetivo último
de instrumentar cauces adecuados para la protección del inversor.

VI

En el capítulo V, relativo a medidas en el sector energético,
en primer lugar, en el artículo 19 se define el concepto de empresa de servicios
energéticos, y se dispone la aprobación de un Programa de Acuerdos Voluntarios
con empresas de servicios energéticos, que pondrá en marcha el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, a través del Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía. De este modo se impulsa el desarrollo de un sector de
reciente creación y con una importante capacidad de generación de empleo y, a la
vez, se avanza en la mejora de la eficiencia energética en nuestro país,
mejorando así las condiciones estructurales de nuestra economía.

Además, a través del artículo 20, se modifican algunos aspectos
del marco regulador de contratos del sector público, para agilizar los procesos
de contratación de las empresas de servicios energéticos con las
administraciones públicas, como fórmula especialmente efectiva de dinamización
del sector y de ahorro energético.

Por otra parte, en los artículos 21 y 22, se reforma la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, para facilitar el proceso de
titulización del déficit de tarifa eléctrico y el Real Decreto-ley 6/2009, de 30
de abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético y
se aprueba el bono social, respectivamente, estableciendo en la ley el
procedimiento para financiar los posibles desajustes temporales en las
liquidaciones de las actividades reguladas.

A través del artículo 23, se incluye en el marco normativo del
sector eléctrico un nuevo agente del sector, los gestores de cargas del sistema,
que prestarán servicios de recarga de electricidad, necesarios para un rápido
desarrollo del vehículo eléctrico como elemento que aúna de nuevo, las
características de nuevo sector en crecimiento y de instrumento de ahorro y
eficiencia energética y medioambiental. Por otra parte, en el artículo 24, y con
el objetivo de promover el ahorro y la eficiencia energética, se establece que
la Administración podrá adoptar programas específicos de ahorro y eficiencia
energética en relación con el desarrollo del vehículo eléctrico.

VII

Por último, el capítulo VI, contiene un conjunto de medidas en
el ámbito del sector financiero de urgente implantación ante las necesidades de
encarar con la máxima eficacia la evolución de la crisis financiera. En un
contexto de reestructuración del sistema financiero, el artículo 25 clarifica el
régimen aplicable a los sistemas institucionales de protección que se creen
entre entidades de crédito con objeto de garantizar la máxima seguridad jurídica
de las operaciones de este tipo. En concreto, se especifica el régimen de
consolidación contable, la adhesión a los fondos de garantía de depósitos, y la
formalización de consultas vinculantes en el ámbito tributario.

El artículo 26 supone la modificación del Real Decreto-ley
9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los
recursos propios de las entidades de crédito, con el fin de de facilitar la
máxima prontitud y seguridad jurídica en la reestructuración ordenada del
sector. Con esa intención se reducen los plazos previstos agilizando la
operativa del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria y, asimismo, se
realizan una serie de ajustes en su regulación. Así, en cuanto a la reducción de
plazos, se establece que el plan de actuación que asegure la viabilidad de la
entidad deberá presentarse de manera simultánea al momento en el que se informe
al Banco de España de la situación de debilitad, en lugar de en el plazo de un
mes, y se reduce el plazo de un mes a 10 días naturales para el caso en el que
sea el Banco de España el que concluya que una entidad presenta debilidades en
su situación económico-financiera, y deba presentar un plan de actuación.
Además, se reducen de diez a cinco días hábiles los plazos de que dispone la
Ministra de Economía y Hacienda para oponerse a las propuestas realizadas por
los Órganos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Finalmente, para
las emisiones de cuotas participativas que realice una Caja de Ahorros que vayan
a ser suscritas íntegramente por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria,
se prevé la sustitución de los informes a que se refiere el Real Decreto
302/2004, de 20 de febrero, sobre cuotas participativas de las cajas de ahorros,
por un informe del propio Fondo, lo que implica una considerable reducción de
plazos. Asimismo, para el caso de aparición de circunstancias sobrevenidas que
no hagan posible una solución viable para una entidad de crédito, se prevé su
reestructuración con intervención del Fondo. Por otra parte, las modificaciones
en la regulación urgente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria,
clarifican el régimen de las cuotas participativas suscritas por el Fondo a
efectos de la normativa sobre recursos propios, estableciendo que dichas cuotas
serán computables como recursos propios básicos, es decir como capital de la
máxima categoría, y disponen, finalmente, que no resultará obligatoria la
cotización en mercados secundarios regulados de las cuotas adquiridas por el
Fondo.

Finalmente el artículo 27, dentro del conjunto de reformas del
ámbito financiero y con el objetivo de facilitar la operativa de los fondos de
titulización, incrementando la seguridad jurídica, se modifica la legislación
vigente para permitir que estos fondos sean titulares de los inmuebles, derechos
y cantidades resultantes de los remates de la ejecución de los préstamos
hipotecarios de los que son titulares como consecuencia de su titulización.

VIII

En lo que se refiere a las reformas introducidas en el ámbito
de la rehabilitación de viviendas, las dirigidas a favorecer la actividad
empresarial, las destinadas específicamente al apoyo a las pequeñas y medianas
empresas y las que tienen como objetivo favorecer la protección de los
ciudadanos, la extraordinaria y urgente necesidad de este real decreto-ley se
sustenta en la necesidad de ponerlas inmediatamente en marcha para favorecer la
actividad económica y la generación de empleo, para conseguir que resulten
eficaces en la configuración de los nuevos sectores de desarrollo económico y,
finalmente, para evitar la incertidumbre y la parálisis en la actividad que
podría derivarse de un procedimiento normativo prolongado.

Las medidas en el ámbito del sector energético son de
extraordinaria y urgente necesidad, por una parte, para completar la puesta en
marcha del proceso de titulización del déficit del sector eléctrico, que permite
dar una solución financiera a las cantidades adelantadas por las empresas para
financiar los desajustes en las liquidaciones de las actividades reguladas del
sistema eléctrico; y, por otra, para crear un marco jurídico que cree los
oportunos incentivos para el desarrollo de nuevas actividades en el sector, como
son los servicios de eficiencia energética prestados por las denominadas
empresas de servicios energéticos, y el desarrollo del vehículo eléctrico. La
aprobación de las modificaciones normativas en este ámbito debe hacerse de forma
inmediata, con el fin de no perjudicar el proceso de titulización del déficit de
la tarifa eléctrica, que ya está en marcha, y de sentar las bases de nuevas
actividades de servicios en el ámbito del sector energético, a cuyo desarrollo
están ligados de forma muy estrecha la modernización del sector y el
fortalecimiento de la eficiencia energética, así como la generación de nuevas
oportunidades de empleo.

Por su parte, las medidas referidas al sector financiero, son
de extraordinaria y urgente necesidad para facilitar su rápida reestructuración.
Su inmediata aprobación es estrictamente necesaria para afianzar la solvencia de
nuestras entidades de crédito, que ya han iniciado ese proceso. A su vez, la
necesidad de abordar con urgencia la aprobación de medidas para afianzar la
recuperación de la economía, a la que está ligada la creación de nuevos puestos
de trabajo, y que depende del buen funcionamiento del mercado financiero,
justifican la urgente aprobación de medidas en este ámbito, que apuntalen su
actual proceso de reforma y reestructuración.

Por tanto, se adopta este conjunto de reformas, cuya
extraordinaria y urgente necesidad queda suficientemente justificada.

En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el
artículo 86 de la Constitución, a propuesta de la Ministra de Economía y
Hacienda, del Ministro de Fomento y del Ministro de Industria, Turismo y
Comercio, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 9
de abril de 2010

DISPONGO:

CAPÍTULO I

Medidas en materia de rehabilitación de viviendas

Artículo 1. Nueva deducción en el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas por obras de mejora en la vivienda habitual.

Se añade una disposición adicional vigésima novena en la Ley
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre
la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, que queda redactada de la
siguiente forma:

«Disposición adicional vigésima novena. Deducción por obras de
mejora en la vivienda habitual.

Los contribuyentes cuya base imponible sea inferior a 53.007,20
euros anuales, podrán deducirse el 10 por ciento de las cantidades satisfechas
desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 6/2010 hasta el 31 de diciembre
de 2012 por las obras realizadas durante dicho período en la vivienda habitual o
en el edificio en la que ésta se encuentre, siempre que tengan por objeto la
mejora de la eficiencia energética, la higiene, salud y protección del medio
ambiente, la utilización de energías renovables, la seguridad y la estanqueidad,
y en particular la sustitución de las instalaciones de electricidad, agua, gas u
otros suministros, o favorezcan la accesibilidad al edificio o las viviendas, en
los términos previstos en el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el
que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, así como
por las obras de instalación de infraestructuras de telecomunicación realizadas
durante dicho período que permitan el acceso a Internet y a servicios de
televisión digital en la vivienda habitual del contribuyente.

No darán derecho a practicar esta deducción las obras que se
realicen en plazas de garaje, jardines, parques, piscinas e instalaciones
deportivas y otros elementos análogos.

La base de esta deducción estará constituida por las cantidades
satisfechas, mediante tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria,
cheque nominativo o ingreso en cuentas en entidades de crédito, a las personas o
entidades que realicen tales obras. En ningún caso, darán derecho a practicar
esta deducción las cantidades satisfechas mediante entregas de dinero de curso
legal.

La base máxima anual de esta deducción será de:

a) cuando la base imponible sea igual o inferior a 33.007,20
euros anuales: 4.000 euros anuales,

b) cuando la base imponible esté comprendida entre 33.007,20 y
53.007,20 euros anuales: 4.000 euros menos el resultado de multiplicar por 0,2
la diferencia entre la base imponible y 33.007,20 euros anuales.

Las cantidades satisfechas en el ejercicio no deducidas por
exceder de la base máxima anual de deducción podrán deducirse, con el mismo
límite, en los cuatro ejercicios siguientes.

A tal efecto, cuando concurran cantidades deducibles en el
ejercicio con cantidades deducibles procedentes de ejercicios anteriores que no
hayan podido ser objeto de deducción por exceder de la base máxima de deducción,
el límite anteriormente indicado será único para el conjunto de tales
cantidades, deduciéndose en primer lugar las cantidades correspondientes a años
anteriores.

En ningún caso, la base acumulada de la deducción
correspondiente a los períodos impositivos en que ésta sea de aplicación podrá
exceder de 12.000 euros por vivienda habitual. Cuando concurran varios
propietarios con derecho a practicar la deducción respecto de una misma
vivienda, el citado límite de 12.000 euros se distribuirá entre los
copropietarios en función de su respectivo porcentaje de propiedad en el
inmueble.

En ningún caso darán derecho a la aplicación de esta deducción,
las cantidades satisfechas por las que el contribuyente practique la deducción
por inversión en vivienda habitual a que se refiere el artículo 68.1 de esta
ley.

2. El importe de esta deducción se restará de la cuota
íntegra estatal después de las deducciones previstas en los apartados 2, 3, 4,
5, 6 y 7 del artículo 68 de esta ley.»

Artículo 2. Ampliación del concepto de rehabilitación
estructural en el Impuesto sobre el Valor Añadido y reducción del tipo de
gravamen aplicable a la renovación y reparación de viviendas particulares.

Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 37/1992,
de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido:

Uno. El número 1.º del apartado dos del artículo 8 queda
redactado de la siguiente forma:

«1º. Las ejecuciones de obra que tengan por objeto la
construcción o rehabilitación de una edificación, en el sentido del artículo 6
de esta ley, cuando el empresario que ejecute la obra aporte una parte de los
materiales utilizados, siempre que el coste de los mismos exceda del 33 por
ciento de la base imponible.»

Dos. El número 22.º del apartado uno del artículo 20 queda
redactado de la siguiente forma:

«22.º A) Las segundas y ulteriores entregas de edificaciones,
incluidos los terrenos en que se hallen enclavadas, cuando tengan lugar después
de terminada su construcción o rehabilitación.

A los efectos de lo dispuesto en esta ley, se considerará
primera entrega la realizada por el promotor que tenga por objeto una
edificación cuya construcción o rehabilitación esté terminada. No obstante, no
tendrá la consideración de primera entrega la realizada por el promotor después
de la utilización ininterrumpida del inmueble por un plazo igual o superior a
dos años por su propietario o por titulares de derechos reales de goce o
disfrute o en virtud de contratos de arrendamiento sin opción de compra, salvo
que el adquirente sea quien utilizó la edificación durante el referido plazo. No
se computarán a estos efectos los períodos de utilización de edificaciones por
los adquirentes de los mismos en los casos de resolución de las operaciones en
cuya virtud se efectuaron las correspondientes transmisiones.

Los terrenos en que se hallen enclavadas las edificaciones
comprenderán aquéllos en los que se hayan realizado las obras de urbanización
accesorias a las mismas. No obstante, tratándose de viviendas unifamiliares, los
terrenos urbanizados de carácter accesorio no podrán exceder de 5.000 metros
cuadrados.

Las transmisiones no sujetas al Impuesto en virtud de lo
establecido en el número 1º del artículo 7 de esta ley no tendrán, en su caso,
la consideración de primera entrega a efectos de lo dispuesto en este
número.

La exención prevista en este número no se aplicará:

a) A las entregas de edificaciones efectuadas en el ejercicio
de la opción de compra inherente a un contrato de arrendamiento, por empresas
dedicadas habitualmente a realizar operaciones de arrendamiento financiero. A
estos efectos, el compromiso de ejercitar la opción de compra frente al
arrendador se asimilará al ejercicio de la opción de compra.

b) A las entregas de edificaciones para su rehabilitación por
el adquirente, siempre que se cumplan los requisitos que reglamentariamente se
establezcan.

c) A las entregas de edificaciones que sean objeto de
demolición con carácter previo a una nueva promoción urbanística.

B) A los efectos de esta ley, son obras de rehabilitación de
edificaciones las que reúnan los siguientes requisitos:

1.º Que su objeto principal sea la reconstrucción de las
mismas, entendiéndose cumplido este requisito cuando más del 50 por ciento del
coste total del proyecto de rehabilitación se corresponda con obras de
consolidación o tratamiento de elementos estructurales, fachadas o cubiertas o
con obras análogas o conexas a las de rehabilitación.

2.º Que el coste total de las obras a que se refiera el
proyecto exceda del 25 por ciento del precio de adquisición de la edificación si
se hubiese efectuado aquélla durante los dos años inmediatamente anteriores al
inicio de las obras de rehabilitación o, en otro caso, del valor de mercado que
tuviera la edificación o parte de la misma en el momento de dicho inicio. A
estos efectos, se descontará del precio de adquisición o del valor de mercado de
la edificación la parte proporcional correspondiente al suelo.

Se considerarán obras análogas a las de rehabilitación las
siguientes:

a) Las de adecuación estructural que proporcionen a la
edificación condiciones de seguridad constructiva, de forma que quede
garantizada su estabilidad y resistencia mecánica.

b) Las de refuerzo o adecuación de la cimentación así como las
que afecten o consistan en el tratamiento de pilares o forjados.

c) Las de ampliación de la superficie construida, sobre y bajo
rasante.

d) Las de reconstrucción de fachadas y patios interiores.

e) Las de instalación de elementos elevadores, incluidos los
destinados a salvar barreras arquitectónicas para su uso por discapacitados.

Se considerarán obras conexas a las de rehabilitación las que
se citan a continuación cuando su coste total sea inferior al derivado de las
obras de consolidación o tratamiento de elementos estructurales, fachadas o
cubiertas y, en su caso, de las obras análogas a éstas, siempre que estén
vinculadas a ellas de forma indisociable y no consistan en el mero acabado u
ornato de la edificación ni en el simple mantenimiento o pintura de la
fachada:

a) Las obras de albañilería, fontanería y carpintería.

b) Las destinadas a la mejora y adecuación de cerramientos,
instalaciones eléctricas, agua y climatización y protección contra
incendios.

c) Las obras de rehabilitación energética.

Se considerarán obras de rehabilitación energética las
destinadas a la mejora del comportamiento energético de las edificaciones
reduciendo su demanda energética, al aumento del rendimiento de los sistemas e
instalaciones térmicas o a la incorporación de equipos que utilicen fuentes de
energía renovables.»

Tres. El número 7.º del apartado uno.1 del artículo 91 queda
redactado de la siguiente forma:

«7.º Los edificios o partes de los mismos aptos para su
utilización como viviendas, incluidas las plazas de garaje, con un máximo de dos
unidades, y anexos en ellos situados que se transmitan conjuntamente.

En lo relativo a esta ley no tendrán la consideración de
anexos a viviendas los locales de negocio, aunque se transmitan conjuntamente
con los edificios o parte de los mismos destinados a viviendas.

No se considerarán edificios aptos para su utilización como
viviendas las edificaciones destinadas a su demolición a que se refiere el
artículo 20, apartado uno, número 22.º, parte A), letra c) de esta ley.»

Cuatro. Con efectos desde la entrada en vigor de este real
decreto-ley y vigencia hasta el 31 de diciembre de 2012, el número 15.º del
apartado uno.2 del artículo 91 queda redactado de la siguiente forma:

«15.º Las ejecuciones de obra de renovación y reparación
realizadas en edificios o partes de los mismos destinados a viviendas, cuando se
cumplan los siguientes requisitos:

a) Que el destinatario sea persona física, no actúe como
empresario o profesional y utilice la vivienda a que se refieren las obras para
su uso particular.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, también se
comprenderán en este número las citadas ejecuciones de obra cuando su
destinatario sea una comunidad de propietarios.

b) Que la construcción o rehabilitación de la vivienda a que se
refieren las obras haya concluido al menos dos años antes del inicio de estas
últimas.

c) Que la persona que realice las obras no aporte materiales
para su ejecución o, en el caso de que los aporte, su coste no exceda del 33 por
ciento de la base imponible de la operación.»

Artículo 3. Ampliación del concepto de rehabilitación
estructural en el Impuesto General Indirecto Canario.

Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 20/1991,
de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico
Fiscal de Canarias:

Uno. El número 4.º del número 2 del artículo 6 queda
redactado de la siguiente forma:

«4.º Las ejecuciones de obra que tengan por objeto la
construcción o rehabilitación de una edificación, en el sentido del número 5 del
artículo 5 de esta ley, cuando el empresario que ejecute la obra aporte una
parte de los materiales utilizados, siempre que el coste de los mismos exceda
del 33 por ciento de la base imponible.»

Dos. El número 22 del apartado 1 del artículo 10.º queda
redactado de la siguiente forma:

«22) Las segundas y ulteriores entregas de edificaciones,
incluidos los terrenos en que se hallen enclavadas, cuando tengan lugar después
de terminada la construcción o rehabilitación.

Los terrenos en que se hallen enclavadas las edificaciones
comprenderán aquellos en los que se hayan realizado las obras de urbanización
accesorias a las mismas. No obstante, tratándose de viviendas unifamiliares, los
terrenos urbanizados de carácter accesorio no podrán exceder de 5.000 metros
cuadrados.

A los efectos de lo dispuesto en esta ley, se considerará
primera entrega la realizada por el promotor que tenga por objeto una
edificación cuya construcción o rehabilitación esté terminada. No obstante, no
tendrá la consideración de primera entrega la realizada por el promotor después
de la utilización ininterrumpida del inmueble por un plazo igual o superior a
dos años por su propietario o por titulares de derechos reales de goce o
disfrute o en virtud de contratos de arrendamiento sin opción de compra, salvo
que el adquirente sea quien utilizó la edificación durante el referido plazo. No
se computarán a estos efectos los períodos de utilización de edificaciones por
los adquirentes de los mismos en los casos de resolución de las operaciones en
cuya virtud se efectuaron las correspondientes transmisiones.

Las transmisiones no sujetas al Impuesto en virtud de lo
establecido en el artículo 9, apartado 1.º, de esta ley no tendrán, en su caso,
la consideración de primera entrega a efectos de lo dispuesto en este
apartado.

La exención no se extiende:

a) A las entregas de edificaciones efectuadas en el ejercicio
de la opción de compra inherente a un contrato de arrendamiento, por empresas
dedicadas habitualmente a realizar operaciones de arrendamiento financiero. A
estos efectos, el compromiso de ejercitar la opción de compra frente al
arrendador se asimilará al ejercicio de la opción de compra.

b) A las entregas de edificaciones para su rehabilitación por
el adquirente.

A los efectos de esta ley, son obras de rehabilitación de
edificaciones las que reúnen los siguientes requisitos:

a´) Que su objeto principal sea la reconstrucción de la
edificación a que se refiera, entendiéndose cumplido este requisito cuando más
del 50 por ciento del coste total del proyecto se corresponda con obras de
consolidación o tratamiento de elementos estructurales de la misma o con obras
análogas o conexas a las de rehabilitación.

b´) Que el importe total de las obras a que se refiera el
proyecto exceda del 25 por ciento del precio de adquisición de la edificación si
se hubiese efectuado ésta durante los dos años inmediatamente anteriores al
inicio de las obras de rehabilitación o, en otro caso, del valor de mercado que
tuviera la edificación o parte de la misma en el momento de dicho inicio. A
estos efectos, se descontará del precio de adquisición o del valor de mercado de
la edificación la parte proporcional correspondiente al suelo.

Se considerarán obras análogas a las de rehabilitación las
siguientes:

a´) Las de adecuación estructural que proporcionen a la
edificación condiciones de seguridad constructiva, de forma que quede
garantizada su estabilidad y resistencia mecánica.

b´) Las de refuerzo o adecuación de la cimentación así como las
que afecten o consistan en el tratamiento de pilares o forjados.

c´) Las de ampliación de la superficie construida, sobre y bajo
rasante.

d´) Las de reconstrucción de fachadas y patios interiores.

e´) Las de instalación de elementos elevadores, incluidos los
destinados a salvar barreras arquitectónicas para su uso por discapacitados.

Se considerarán obras conexas a las de rehabilitación las que
se citan a continuación cuando su coste total sea inferior al derivado de las
obras de consolidación o tratamiento de elementos estructurales, fachadas o
cubiertas y, en su caso, de las obras análogas a éstas, siempre que estén
vinculadas a ellas de forma indisociable y no consistan en el mero acabado u
ornato de la edificación ni en el simple mantenimiento o pintura de la
fachada:

a´) Las obras de albañilería, fontanería y carpintería.

b´) Las destinadas a la mejora y adecuación de cerramientos,
instalaciones eléctricas, agua y climatización y protección contra
incendios.

c´) Las obras de rehabilitación energética.

Se considerarán obras de rehabilitación energética las
destinadas a la mejora del comportamiento energético de las edificaciones
reduciendo su demanda energética, al aumento del rendimiento de los sistemas e
instalaciones térmicas o a la incorporación de equipos que utilicen fuentes de
energía renovables.

c) A las entregas de edificaciones que sean objeto de
demolición con carácter previo a una nueva promoción urbanística.»

Tres. La letra f) del número 1.º del apartado 1 del artículo
27.º queda redactada de la siguiente forma:

«f) Las ejecuciones de obras, con o sin aportación de
materiales, consecuencia de contratos directamente formalizados entre el
promotor y el contratista, que tengan por objeto la construcción y
rehabilitación de las viviendas calificadas administrativamente como de
protección oficial de régimen especial, así como la construcción o
rehabilitación de obras de equipamiento comunitario.

Se entenderá por equipamiento comunitario aquél que consiste
en:

Los edificios de carácter demanial.

Las infraestructuras públicas de agua, telecomunicación,
ferroviarias, energía eléctrica, alcantarillado, parques, jardines y superficies
viales en zonas urbanas.

La consideración como equipamiento comunitario de las
infraestructuras públicas ferroviarias comprenderá tanto aquellas en las que la
Administración competente sea quien las promueva directamente, como cuando la
misma actúe de manera indirecta a través de otra entidad que, no teniendo la
consideración de Administración pública, sea quien ostente, mediante cualquier
título administrativo habilitante concedido por parte de la Administración
pública, la capacidad necesaria para contratar la realización de dichas
infraestructuras.

No se incluyen, en ningún caso, las obras de conservación,
mantenimiento, reformas, rehabilitación, ampliación o mejora de dichas
infraestructuras.

Las potabilizadoras, desalinizadoras y depuradoras de
titularidad pública.»

CAPÍTULO II

Medidas para favorecer la actividad empresarial

Artículo 4. Continuidad de los contratos públicos en
determinadas situaciones concursales.

Uno. Se modifica el apartado b) del artículo 49.1, de la Ley
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, que queda redactado
en los siguientes términos:

«b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario,
haber sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, hallarse
declaradas en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un
convenio, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados
conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el
período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del
concurso.»

Dos. Se modifica el artículo 208.5, de la Ley 30/2007, de 30
de octubre, de Contratos del Sector Público, que queda redactado en los
siguientes términos:

«5. En todo caso el acuerdo de resolución contendrá
pronunciamiento expreso acerca de la procedencia o no de la pérdida, devolución
o cancelación de la garantía que, en su caso, hubiese sido constituida. Sólo se
acordará la pérdida de la garantía en caso de resolución del contrato por
concurso del contratista cuando el concurso hubiera sido calificado como
culpable.»

Tres. Se modifica el apartado b) del artículo 209.2, de la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, que queda
redactado en los siguientes términos:

«b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por ciento
del importe del contrato o, cuando se trate de la gestión de servicio público,
que haya efectuado su explotación durante al menos una quinta parte del plazo de
duración del contrato. No será de aplicación este requisito si la cesión se
produce encontrándose el adjudicatario en concurso aunque se haya abierto la
fase de liquidación.»

Artículo 5. Continuidad en la aplicación del régimen de
subvenciones en determinadas situaciones concursales.

Uno. Se modifica el apartado b) del artículo 13.2, de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que queda redactado en los
siguientes términos:

«b) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario,
haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse
declarados en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un
convenio, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados
conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el
período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del
concurso.»

Dos. Se modifica el párrafo tercero del artículo 34.4, de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que queda redactado en
los siguientes términos:

«En ningún caso podrán realizarse pagos anticipados a
beneficiarios cuando se haya solicitado la declaración de concurso voluntario,
haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarado
en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia un convenio, estar
sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley
22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de
inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.»

Artículo 6. Ampliación de la libertad de amortización con
mantenimiento de empleo a los años 2011 y 2012.

Se modifica la disposición adicional undécima del texto
refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, que queda redactada de la siguiente
forma:

«Disposición adicional undécima. Libertad de amortización con
mantenimiento de empleo.

1. Las inversiones en elementos nuevos del inmovilizado
material y de las inversiones inmobiliarias afectos a actividades económicas,
puestos a disposición del sujeto pasivo en los períodos impositivos iniciados
dentro de los años 2009, 2010, 2011 y 2012, podrán ser amortizados libremente
siempre que, durante los veinticuatro meses siguientes a la fecha de inicio del
período impositivo en que los elementos adquiridos entren en funcionamiento, la
plantilla media total de la entidad se mantenga respecto de la plantilla media
de los doce meses anteriores. La deducción no estará condicionada a su
imputación contable en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Este régimen también se aplicará a dichas inversiones
realizadas mediante contratos de arrendamiento financiero que cumplan las
condiciones establecidas en el artículo 115 de esta ley, por sujetos pasivos que
determinen su base imponible por el régimen de estimación directa, a condición
de que se ejercite la opción de compra.

2. Lo establecido en el apartado anterior no será de aplicación
a las inversiones cuya puesta a disposición tenga lugar dentro de los períodos
impositivos establecidos en dicho apartado, que correspondan a elementos nuevos
encargados en virtud de contratos de ejecución de obras o proyectos de inversión
cuyo período de ejecución, en ambos casos, requiera un plazo superior a dos años
entre la fecha de encargo o de inicio de la inversión y la fecha de su puesta a
disposición o en funcionamiento. No obstante, en estos casos, la libertad de
amortización a que se refiere el apartado anterior se aplicará exclusivamente
sobre la inversión en curso realizada dentro de los períodos impositivos
iniciados dentro de los años 2009, 2010, 2011 y 2012.

3. Tratándose de inversiones correspondientes a elementos
encargados en virtud de contratos de ejecución de obras o proyectos de inversión
cuyo período de ejecución, en ambos casos, requiera un plazo superior a dos años
entre la fecha de encargo o de inicio de la inversión y la fecha de su puesta a
disposición o en funcionamiento, aunque éstas últimas se produzcan con
posterioridad a los períodos indicados en el apartado primero, la libertad de
amortización se aplicará exclusivamente sobre la inversión en curso realizada
dentro de los períodos impositivos iniciados dentro de los años 2009, 2010, 2011
y 2012.»

Artículo 7. Simplificación de los requisitos para recuperar el
Impuesto sobre el Valor Añadido en el caso de créditos incobrables.

Se modifican los apartados cuatro y cinco del artículo 80 de la
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, que quedan
redactados de la siguiente forma:

«Cuatro. La base imponible también podrá reducirse
proporcionalmente cuando los créditos correspondientes a las cuotas repercutidas
por las operaciones gravadas sean total o parcialmente incobrables.

A estos efectos, un crédito se considerará total o parcialmente
incobrable cuando reúna las siguientes condiciones:

1.ª Que haya transcurrido un año desde el devengo del
Impuesto repercutido sin que se haya obtenido el cobro de todo o parte del
crédito derivado del mismo.

No obstante, cuando se trate de operaciones a plazos o con
precio aplazado, deberá haber transcurrido un año desde el vencimiento del plazo
o plazos impagados a fin de proceder a la reducción proporcional de la base
imponible. A estos efectos, se considerarán operaciones a plazos o con precio
aplazado aquéllas en las que se haya pactado que su contraprestación deba
hacerse efectiva en pagos sucesivos o en uno sólo, respectivamente, siempre que
el período transcurrido entre el devengo del Impuesto repercutido y el
vencimiento del último o único pago sea superior a un año.

Cuando el titular del derecho de crédito cuya base imponible se
pretende reducir sea un empresario o profesional cuyo volumen de operaciones,
calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 121 de esta ley, no hubiese
excedido durante el año natural inmediato anterior de 6.010.121,04 euros, el
plazo de un año a que se refiere esta condición 1.ª será de seis meses.

2.ª Que esta circunstancia haya quedado reflejada en los Libros
Registros exigidos para este Impuesto.

3.ª Que el destinatario de la operación actúe en la condición
de empresario o profesional, o, en otro caso, que la base imponible de aquélla,
Impuesto sobre el Valor Añadido excluido, sea superior a 300 euros.

4.ª Que el sujeto pasivo haya instado su cobro mediante
reclamación judicial al deudor o por medio de requerimiento notarial al mismo,
incluso cuando se trate de créditos afianzados por Entes públicos.

Cuando se trate de créditos adeudados por Entes públicos, la
reclamación judicial o el requerimiento notarial a que se refiere la condición
4ª anterior, se sustituirá por una certificación expedida por el órgano
competente del Ente público deudor de acuerdo con el informe del Interventor o
Tesorero de aquél en el que conste el reconocimiento de la obligación a cargo
del mismo y su cuantía.

La modificación deberá realizarse en el plazo de los tres meses
siguientes a la finalización del periodo de un año a que se refiere la condición
1.ª anterior y comunicarse a la Agencia Estatal de Administración Tributaria en
el plazo que se fije reglamentariamente.

Cuando el titular del derecho de crédito cuya base imponible se
pretende reducir sea un empresario o profesional cuyo volumen de operaciones,
calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 121 de esta ley, no hubiese
excedido durante el año natural inmediato anterior de 6.010.121,04 euros, el
plazo de un año a que se refiere el párrafo anterior será de seis meses.

Una vez practicada la reducción de la base imponible, ésta no
se volverá a modificar al alza aunque el sujeto pasivo obtuviese el cobro total
o parcial de la contraprestación, salvo cuando el destinatario no actúe en la
condición de empresario o profesional. En este caso, se entenderá que el
Impuesto sobre el Valor Añadido está incluido en las cantidades percibidas y en
la misma proporción que la parte de contraprestación percibida.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el
sujeto pasivo desista de la reclamación judicial al deudor o llegue a un acuerdo
de cobro con el mismo con posterioridad al requerimiento notarial efectuado,
como consecuencia de éste o por cualquier otra causa, deberá modificar
nuevamente la base imponible al alza mediante la expedición, en el plazo de un
mes a contar desde el desistimiento o desde el acuerdo de cobro,
respectivamente, de una factura rectificativa en la que se repercuta la cuota
procedente.

Cinco. En relación con los supuestos de modificación de la base
imponible comprendidos en los apartados tres y cuatro anteriores, se aplicarán
las siguientes reglas:

1.ª No procederá la modificación de la base imponible en los
casos siguientes:

a) Créditos que disfruten de garantía real, en la parte
garantizada.

b) Créditos afianzados por entidades de crédito o sociedades de
garantía recíproca o cubiertos por un contrato de seguro de crédito o de
caución, en la parte afianzada o asegurada.

c) Créditos entre personas o entidades vinculadas definidas en
el artículo 79, apartado cinco de esta ley.

d) Créditos adeudados o afianzados por Entes públicos.

Lo dispuesto en esta letra d) no se aplicará a la reducción
de la base imponible realizada de acuerdo con el apartado cuatro del artículo 80
de esta ley para los créditos que se consideren total o parcialmente
incobrables, sin perjuicio de la necesidad de cumplir con el requisito de
acreditación documental del impago a que se refiere la condición 4.ª de dicho
precepto.

2.ª Tampoco procederá la modificación de la base imponible
cuando el destinatario de las operaciones no esté establecido en el territorio
de aplicación del Impuesto, ni en Canarias, Ceuta o Melilla.

3.ª En los supuestos de pago parcial anteriores a la citada
modificación, se entenderá que el Impuesto sobre el Valor Añadido está incluido
en las cantidades percibidas y en la misma proporción que la parte de
contraprestación satisfecha.

4.ª La rectificación de las deducciones del destinatario de las
operaciones, que deberá practicarse según lo dispuesto en el artículo 114,
apartado dos, número 2.º, segundo párrafo de esta ley, determinará el nacimiento
del correspondiente crédito en favor de la Hacienda Pública.

Si el destinatario de las operaciones sujetas no hubiese
tenido derecho a la deducción total del Impuesto, resultará también deudor
frente a la Hacienda Pública por el importe de la cuota del impuesto no
deducible.»

Artículo 8. Simplificación de los requisitos para recuperar el
Impuesto General Indirecto Canario en el caso de créditos incobrables.

Se modifican los números 7 y 8 del artículo 22.º de la Ley
20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen
Económico Fiscal de Canarias, que quedan redactados de la siguiente forma:

«7. La base imponible también podrá reducirse
proporcionalmente cuando los créditos correspondientes a las cuotas repercutidas
por las operaciones gravadas sean total o parcialmente incobrables.

A estos efectos, un crédito se considerará total o
parcialmente incobrable cuando reúna las siguientes condiciones:

1.ª Que haya transcurrido un año desde el devengo del
Impuesto repercutido sin que se haya obtenido el cobro de todo o parte del
crédito derivado del mismo.

No obstante, cuando se trate de operaciones a plazos o con
precio aplazado, deberá haber transcurrido un año desde el vencimiento del plazo
o plazos impagados a fin de proceder a la reducción proporcional de la base
imponible. A estos efectos, se considerarán operaciones a plazos o con precio
aplazado aquéllas en las que se haya pactado que su contraprestación deba
hacerse efectiva en pagos sucesivos o en uno sólo, respectivamente, siempre que
el período transcurrido entre el devengo del Impuesto repercutido y el
vencimiento del último o único pago sea superior a un año.

Cuando el titular del derecho de crédito cuya base imponible se
pretende reducir sea un empresario o profesional cuyo volumen de operaciones,
calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 51 de esta ley, no hubiese
excedido durante el año natural inmediato anterior de 6.010.121,04 euros, el
plazo de un año a que se refiere esta condición 1.ª será de seis meses.

2.ª Que esta circunstancia haya quedado reflejada en los libros
registros exigidos para este Impuesto.

3.ª Que el destinatario de la operación actúe en la condición
de empresario o profesional, o, en otro caso, que la base imponible de aquélla,
Impuesto sobre el Valor Añadido excluido, sea superior a 300 euros.

4.ª Que el sujeto pasivo haya instado su cobro mediante
reclamación judicial al deudor o por medio de requerimiento notarial al mismo,
incluso cuando se trate de créditos afianzados por Entes públicos.

Cuando se trate de créditos adeudados por Entes públicos, la
reclamación judicial o el requerimiento notarial a que se refiere la condición
4.ª anterior, se sustituirá por una certificación expedida por el órgano
competente del Ente público deudor de acuerdo con el informe del Interventor o
Tesorero de aquél en el que conste el reconocimiento de la obligación a cargo
del mismo y su cuantía.

La modificación deberá realizarse en el plazo de los tres meses
siguientes a la finalización del periodo de un año a que se refiere la condición
1.ª del párrafo anterior y comunicarse a la Administración Tributaria Canaria en
el plazo que se fije reglamentariamente.

Cuando el titular del derecho de crédito cuya base imponible se
pretende reducir sea un empresario o profesional cuyo volumen de operaciones,
calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 51 de esta ley, no hubiese
excedido durante el año natural inmediato anterior de 6.010.121,04 euros, el
plazo de un año a que se refiere el párrafo anterior será de seis meses.

Una vez practicada la reducción de la base imponible, ésta no
se volverá a modificar al alza aunque el sujeto pasivo obtuviese el cobro total
o parcial de la contraprestación, salvo cuando el destinatario no actúe en la
condición de empresario o profesional. En este caso, se entenderá que el
Impuesto General Indirecto Canario está incluido en las cantidades percibidas y
en la misma proporción que la parte de contraprestación percibida.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el
sujeto pasivo desista de la reclamación judicial al deudor o llegue a un acuerdo
de cobro con el mismo con posterioridad al requerimiento notarial efectuado,
como consecuencia de éste o por cualquier otra causa, deberá modificar
nuevamente la base imponible al alza mediante la expedición, en el plazo de un
mes a contar desde el desistimiento o desde el acuerdo de cobro,
respectivamente, de una factura rectificativa en la que se repercuta la cuota
procedente.

8. En relación con los supuestos de modificación de la base
imponible comprendidos en el número 6 anterior, se aplicaran las siguientes
reglas:

1.ª No procederá la modificación de la base imponible en los
casos siguientes:

a) Créditos que disfruten de garantía real, en la parte
garantizada.

b) Créditos afianzados por entidades de crédito o sociedades de
garantía recíproca o cubiertos por un contrato de seguro de crédito o de
caución, en la parte afianzada o asegurada.

c) Créditos entre personas o entidades vinculadas definidas en
el artículo 23, número 3 de esta ley.

d) Créditos adeudados o afianzados por Entes públicos.

Lo dispuesto en esta letra d) no se aplicará a la reducción
de la base imponible realizada de acuerdo con el apartado 7 del artículo 22º de
esta ley para los créditos que se consideren total o parcialmente incobrables,
sin perjuicio de la necesidad de cumplir con el requisito de acreditación
documental del impago a que se refiere la condición 4.ª de dicho precepto.

2.ª Tampoco procederá la modificación de la base imponible
cuando el destinatario de las operaciones no esté establecido en el territorio
de aplicación del impuesto.

3.ª En los supuestos de pago parcial anteriores a la citada
modificación, se entenderá que el Impuesto General Indirecto Canario está
incluido en las cantidades percibidas y en la misma proporción que la parte de
contraprestación satisfecha.

4.ª La rectificación de las deducciones del destinatario de las
operaciones, que deberá practicarse según lo dispuesto en el artículo 44 de esta
ley, determinará el nacimiento del correspondiente crédito a favor de la
Hacienda Pública.

Si el destinatario de las operaciones sujetas no hubiese tenido
derecho a la deducción total del impuesto, resultará también deudor frente a la
Hacienda Pública por el importe de la cuota del impuesto no deducible.»

Artículo 9. Habilitación a CESCE para que pueda instrumentar
coberturas a la exportación en forma de garantías.

Se añade una disposición adicional primera a la Ley 10/1970, de
4 de julio, por la que se modifica el régimen del Seguro de Crédito a la
Exportación, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional primera. Garantías en operaciones con
cobertura de crédito por cuenta del Estado.

Las coberturas otorgadas en nombre propio y por cuenta del
Estado por la compañía Española de Seguro de Crédito a la exportación S. A. Cia.
De Seguros y Reaseguros (en adelante CESCE), sobre riesgos derivados del
comercio exterior de las inversiones exteriores y de las transacciones
económicas con el exterior podrán instrumentarse mediante garantías, o seguros
de crédito, dentro de los ramos autorizados para dicha compañía.

A los efectos del párrafo anterior, el término «garantía» debe
remitirse, aunque sin carácter limitativo, a la regulación del contrato de
afianzamiento mercantil que se efectúa en los artículos 439 al 442 del Código de
Comercio, y subsidiariamente a lo dispuesto en los artículos 1822 a 1856 del
Código Civil. En particular se incluye en las garantías citadas la fianza, la
garantía a primera demanda, y cualquier otro compromiso de pago o resarcimiento,
que resulte exigible en caso de incumplimiento de las obligaciones objeto de
garantía y que sean estrictamente necesarias para participar en las licitaciones
públicas o en determinados contratos base de exportación.»

Artículo 10. Renovación de la prórroga sobre excepciones a la
aplicación de los nuevos criterios de valoración de suelo.

Uno. Se modifica el apartado 2 de la disposición transitoria
tercera del texto refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2008, de 20 de junio, que queda redactado en los siguientes
términos:

«2. Los terrenos que, a la entrada en vigor de aquella,
formen parte del suelo urbanizable incluido en ámbitos delimitados para los que
el planeamiento haya establecido las condiciones para su desarrollo, se
valorarán conforme a las reglas establecidas en la Ley 6/1998, de 13 de abril,
sobre Régimen de Suelo y Valoraciones, tal y como quedaron redactadas por la Ley
10/2003, de 20 de mayo, siempre y cuando en el momento a que deba entenderse
referida la valoración no hayan vencido los plazos para la ejecución del
planeamiento o, sin han vencido, sea por causa imputable a la Administración o a
terceros.

De no existir previsión expresa sobre plazos de ejecución en el
planeamiento ni en la legislación de ordenación territorial y urbanística, las
reglas a que se refiere el párrafo anterior serán de aplicación hasta el 31 de
diciembre de 2011.»

Dos. Se modifica la disposición adicional séptima del texto
refundido de la Ley de Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de
20 de junio, que queda redactada en los siguientes términos:

«Disposición adicional séptima. Reglas para la capitalización
de rentas en suelo rural.

1. Para la capitalización de la renta anual real o potencial de
la explotación a que se refiere el apartado 1 del artículo 23, se utilizará como
tipo de capitalización la última referencia publicada por el Banco de España del
rendimiento interno en el mercado secundario de la deuda pública de plazo entre
dos y seis años.

2. Este tipo de capitalización podrá ser corregido aplicando a
la referencia indicada en el apartado anterior un coeficiente corrector en
función del tipo de cultivo, explotación o aprovechamiento del suelo, cuando el
resultado de las valoraciones se aleje de forma significativa respecto de los
precios de mercado del suelo rural sin expectativas urbanísticas.

Los términos de dicha corrección se determinarán
reglamentariamente.»

Artículo 11. Medidas extraordinarias para la dinamización del
sector turístico.

1. Durante el período comprendido entre el día de entrada en
vigor del presente real decreto-ley y hasta el 31 de diciembre de 2010, los
sujetos pasivos de la tasa de aterrizaje y de la tarifa B.1, regulada en el
artículo 4 de la Ley 25/1998, de 13 de julio, tendrán derecho a una subvención
del cincuenta por ciento del importe devengado en los aeropuertos de las Islas
Canarias los días de la semana que se reflejan en el siguiente cuadro, siempre
que el beneficiario de la subvención mantenga para los restantes días de la
semana el número de operaciones ya programadas a fecha 31 de enero de 2010, para
la temporada de programación de verano de 2010, y a fecha 31 de agosto de 2010,
para la temporada de programación de invierno de 2010/2011.

Aeropuerto

Día de la semana

Gran Canaria

Martes.

Tenerife Sur

Jueves.

Lanzarote

Miércoles.

Fuerteventura

Jueves y viernes.

Tenerife Norte

Sábado.

La Palma

Todos los días.

El disfrute de la presente subvención excluirá la aplicación
de la bonificación establecida para las citadas tasas en el artículo 103 de la
Ley 66/1997, de 30 de diciembre, durante el período que abarca la aplicación de
esta medida extraordinaria.

La subvención deberá solicitarse durante el mes de enero de
2011 y se satisfará por AENA compensando su importe con cualesquiera cantidades
que le adeuden los beneficiarios y, no siendo ello posible en todo o en parte,
mediante su abono en dinero antes del 31 de julio de 2011.

2. Durante el período comprendido entre el día de entrada en
vigor del presente real decreto-ley y hasta el 31 de diciembre de 2010, se
mantiene la bonificación del 30 por ciento de las tasas de aterrizaje de
aeronaves y tasas aplicables a los pasajeros en los términos establecidos en el
apartado primero de la disposición adicional primera de la Ley 5/2009, de 29 de
junio.

3. Los órganos y organismos con competencias en materia de
navegación aérea deberán reducir sus costes de tal manera que los costes de
navegación aérea que el Gobierno presente a Eurocontrol para el año 2011 se
reduzcan en un 7,8 por ciento.

CAPÍTULO III

Medidas de apoyo a las PYMES

Artículo 12. Programa del Instituto de Crédito Oficial de
financiación directa a PYMES y autónomos.

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) pondrá en funcionamiento
antes del 15 de junio de 2010 un programa temporal de financiación directa a las
PYMES y autónomos, mediante la contratación de una red financiera de ámbito
nacional para la prestación de los servicios necesarios. A tal efecto, el
Consejo de Ministros o la comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos
dirigirán instrucciones al ICO en las que se contengan las condiciones generales
que hayan de regir el citado programa y, en todo caso, se determinen los
umbrales de la financiación directa que pueda otorgar en su cumplimiento, así
como el período de vigencia del programa.

Artículo 13. Habilitación para la reinversión en activo
circulante de la liquidez captada mediante el Fondo de Titulización de la
Pequeña y Mediana Empresa.

Se modifica el último párrafo del apartado Uno del artículo 57
de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2010, que queda redactado en los siguientes términos:

«La entidad que ceda los préstamos y créditos deberá
reinvertir la liquidez obtenida como consecuencia del proceso de titulización en
préstamos o créditos concedidos a todo tipo de empresas no financieras
domiciliadas en España, de las que, al menos, el 80 por ciento sean pequeñas y
medianas empresas. La reinversión deberá realizarse, al menos, el 50 por ciento,
en el plazo de un año a contar desde la efectiva disposición de la liquidez, y
el resto en el plazo de dos años. A estos efectos, se entenderá por liquidez
obtenida, el importe de los activos que la entidad cede al Fondo de Titulización
en el momento de su constitución así como, en su caso, en las posteriores
cesiones que se realicen como consecuencia del carácter abierto del Fondo,
durante el período anteriormente indicado de dos años.»

Artículo 14. Simplificación de las obligaciones de
documentación de las operaciones vinculadas a cumplir por las entidades de
reducida dimensión.

Con efectos para los períodos impositivos que concluyan a
partir de 19 de febrero de 2009, se modifican los apartados 2 y 10.1.º del
artículo 16 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, que quedan
redactados de la siguiente forma:

«2. Las personas o entidades vinculadas deberán mantener a
disposición de la Administración tributaria la documentación que se establezca
reglamentariamente.

Dicha documentación no será exigible a las personas o entidades
cuyo importe neto de la cifra de negocios habida en el período impositivo sea
inferior a ocho millones de euros, siempre que el total de las operaciones
realizadas en dicho período con personas o entidades vinculadas no supere el
importe conjunto de 100.000 euros de valor de mercado. Para determinar el
importe neto de la cifra de negocios se tendrán en consideración los criterios
establecidos en el artículo 108 de esta ley. No obstante, deberán documentarse
en todo caso las operaciones realizadas con personas o entidades vinculadas que
residan en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso
fiscal, excepto que residan en un Estado miembro de la Unión Europea y el sujeto
pasivo acredite que las operaciones responden a motivos económicos válidos y que
esas personas o entidades realizan actividades económicas.»

«10.1.º Cuando no proceda efectuar correcciones valorativas por
la Administración tributaria respecto de las operaciones sujetas al Impuesto
sobre Sociedades, al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o al
Impuesto sobre la Renta de No Residentes, la sanción consistirá en multa
pecuniaria fija de 1.500 euros por cada dato y 15.000 euros por conjunto de
datos, omitido, inexacto o falso, referidos a cada una de las obligaciones de
documentación que se establezcan reglamentariamente para el grupo o para cada
entidad en su condición de sujeto pasivo o contribuyente.

En los supuestos de las personas o entidades a que se refiere
el párrafo segundo del apartado 2 de este artículo a las que no resulte de
aplicación la exoneración establecida en dicho párrafo, la sanción a que se
refiere este número 1.º tendrá como límite máximo la menor de las dos cuantías
siguientes:

El 10 por ciento del importe conjunto de las operaciones a
que se refiere este número 1.º realizadas en el periodo impositivo.

El 1 por ciento del importe neto de la cifra de negocios.

CAPÍTULO IV

Medidas para favorecer la protección de los ciudadanos

Artículo 15. Inembargabilidad de ingresos mínimos
familiares.

En el caso de que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
129 de la Ley Hipotecaria, el precio obtenido por la venta de la vivienda
habitual hipotecada sea insuficiente para cubrir el crédito garantizado, en la
ejecución forzosa posterior basada en el mismo título ejecutivo, la cantidad
inembargable establecida en el artículo 607.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil
se incrementará en un 10 por ciento y además en otro 20 por ciento del salario
mínimo interprofesional por cada miembro del núcleo familiar que no disponga de
ingresos propios regulares, salario ni pensión. A estos efectos, se entiende por
núcleo familiar, el cónyuge o pareja de hecho, los ascendientes y descendientes
de primer grado que convivan con el ejecutado.

Los salarios, sueldos, jornales, retribuciones o pensiones que
sean superiores al salario mínimo interprofesional y, en su caso, a las cuantías
que resulten de aplicar la regla para la protección del núcleo familiar prevista
en el apartado anterior, se embargarán conforme a la escala prevista en el
artículo 607.2 de la misma ley.

Artículo 16. Aplicación del tipo superreducido del Impuesto
sobre el Valor Añadido a los servicios de dependencia que se presten mediante
plazas concertadas o mediante precios derivados de concursos
administrativos.

Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 37/1992,
de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido:

Uno. Se modifica el número 9.º del apartado uno.2 del
artículo 91, que queda redactado de la siguiente forma:

«9.º Las prestaciones de servicios a que se refiere el número
8º del apartado uno del artículo 20 de esta ley cuando no estén exentas de
acuerdo con dicho precepto ni les resulte de aplicación el tipo impositivo
establecido en el número 3º del apartado dos.2 de este artículo.»

Dos. Se modifica el apartado dos.2 del artículo 91, que queda
redactado de la siguiente forma:

«2. Las prestaciones de servicios siguientes:

1.º Los servicios de reparación de los vehículos y de las
sillas de ruedas comprendidos en el párrafo primero del número 4.º del apartado
dos.1 de este artículo y los servicios de adaptación de los autotaxis y
autoturismos para personas con minusvalías y de los vehículos a motor a los que
se refiere el párrafo segundo del mismo precepto, independientemente de quién
sea el conductor de los mismos.

2.º Los arrendamientos con opción de compra de edificios o
partes de los mismos destinados exclusivamente a viviendas calificadas
administrativamente como de protección oficial de régimen especial o de
promoción pública, incluidas las plazas de garaje, con un máximo de dos
unidades, y anexos en ellos situados que se arrienden conjuntamente.

3.º Los servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio, centro
de día y de noche y atención residencial, a que se refieren las letras b), c),
d) y e) del apartado 1 del artículo 15 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia, que no resulten exentos por aplicación del número 8º del apartado
uno del artículo 20 de esta ley, siempre que se presten en plazas concertadas en
centros o residencias o mediante precios derivados de un concurso administrativo
adjudicado a las empresas prestadoras en aplicación de lo dispuesto en dicha
ley.»

Artículo 17. Exención en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas de las cantidades satisfechas por las empresas para el
transporte colectivo de sus trabajadores.

Con efectos desde 1 de enero de 2010, se añade una letra h) al
apartado 2 del artículo 42, de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de
los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el
Patrimonio, que queda redactada de la siguiente forma:

«h) Las cantidades satisfechas a las entidades encargadas de
prestar el servicio público de transporte colectivo de viajeros con la finalidad
de favorecer el desplazamiento de los empleados entre su lugar de residencia y
el centro de trabajo, con el límite de 1.500 euros anuales para cada trabajador.
También tendrán la consideración de cantidades satisfechas a las entidades
encargadas de prestar el citado servicio público, las fórmulas indirectas de
pago que cumplan las condiciones que se establezcan reglamentariamente.»

Artículo 18. Requisitos para determinadas emisiones dirigidas
al público en general.

Uno. Se añade un nuevo párrafo final en el apartado 1 del
artículo 30 bis, de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, con
la siguiente redacción:

«Cuando se trate de colocación de emisiones contempladas en
las letras b), c), d) y e) de este apartado, dirigidas al público en general
empleando cualquier forma de comunicación publicitaria, deberá intervenir una
entidad autorizada para prestar servicios de inversión a efectos de la
comercialización de los valores emitidos.»

Dos. Se añade una nueva letra ll) bis al artículo 99, de la
Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, con la siguiente
redacción:

«ll bis) La colocación de emisiones a las que se refiere el
artículo 30 bis.1 de esta ley sin cumplir el requisito de intervención de
entidad autorizada previsto en dicho precepto, sin atenerse a las condiciones
básicas publicitadas, omitiendo datos relevantes o incluyendo inexactitudes,
falsedades o datos que induzcan a engaño en la citada actividad publicitaria,
cuando, en todos estos supuestos, no se considere infracción muy grave de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 99.n bis).»

CAPÍTULO V

Medidas relativas a los sectores energéticos

Artículo 19. Empresas de servicios energéticos.

1. Se entiende por empresa de servicios energéticos a los
efectos de este real decreto-ley aquella persona física o jurídica que pueda
proporcionar servicios energéticos, en la forma definida en el párrafo
siguiente, en las instalaciones o locales de un usuario y afronte cierto grado
de riesgo económico al hacerlo. Todo ello, siempre que el pago de los servicios
prestados se base, ya sea en parte o totalmente, en la obtención de ahorros de
energía por introducción de mejoras de la eficiencia energética y en el
cumplimiento de los demás requisitos de rendimiento convenidos.

2. El servicio energético prestado por la empresa de servicios
energéticos consistirá en un conjunto de prestaciones incluyendo la realización
de inversiones inmateriales, de obras o de suministros necesarios para optimizar
la calidad y la reducción de los costes energéticos. Esta actuación podrá
comprender además de la construcción, instalación o transformación de obras,
equipos y sistemas, su mantenimiento, actualización o renovación, su explotación
o su gestión derivados de la incorporación de tecnologías eficientes. El
servicio energético así definido deberá prestarse basándose en un contrato que
deberá llevar asociado un ahorro de energía verificable, medible o
estimable.

3. El Gobierno, en el plazo de 6 meses, aprobará un plan
específico de impulso de las empresas de servicios energéticos contemplando de
forma particular un programa concreto para las Administraciones Públicas.

4. Para facilitar el conocimiento de las empresas de servicios
energéticos, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través del
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, aprobará un Programa
de Acuerdos Voluntarios con empresas de servicios energéticos, que permita la
elaboración y publicación en la sede electrónica del Instituto, de una relación
de empresas habilitadas, incluyendo la información de contacto y sobre los
servicios prestados que voluntariamente faciliten las empresas.

Artículo 20. Especialidades en la contratación de empresas de
servicios energéticos en el sector público.

1. Durante los dos años siguientes a la entrada en vigor del
presente real decreto-ley se aplicarán las siguientes normas procedimentales a
la contratación necesaria para la ejecución del programa de prestación de
servicios energéticos en el sector público descrita en el apartado 3 del
artículo anterior, independientemente de la forma de contratación utilizada:

a) Esta contratación tendrá la consideración de urgente a los
efectos previstos en el artículo 96 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público.

b) La adjudicación provisional de los correspondientes
contratos deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días naturales, contados
desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo de presentación de
proposiciones o de ofertas finales, en el caso del contrato de colaboración
entre el sector público y el sector privado.

c) El plazo para elevar a definitiva la adjudicación
provisional a que hace referencia el primer inciso del párrafo tercero del
artículo 135.4 de la Ley de Contratos del Sector Público será de 10 días
hábiles.

d) En el procedimiento de contratación por parte de los órganos
de la Administración General del Estado o sus organismos públicos vinculados o
dependientes, la comunicación con éstos se realizará utilizando sólo medios
electrónicos conforme al artículo 27.6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio.

2. En el caso de que se opte por el contrato de colaboración
entre el sector público y el sector privado, además se aplicarán las siguientes
normas:

a) El desarrollo del diálogo con los licitadores no excederá
de 45 días.

b) El plazo para la presentación de las ofertas finales será de
15 días desde la fecha en que reciban la invitación a que presenten la misma los
participantes en el diálogo.

Artículo 21. Cobertura financiera de eventuales desfases
temporales por desajustes en las liquidaciones de las actividades reguladas en
el sector eléctrico.

Se modifica la disposición adicional vigésima primera de la Ley
54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, que queda redactada en los
siguientes términos:

«Disposición adicional vigésima primera. Suficiencia de los
peajes de acceso y desajustes de ingresos de las actividades reguladas del
sector eléctrico.

1. A partir del 1 de enero de 2013, los peajes de acceso serán
suficientes para satisfacer la totalidad de los costes de las actividades
reguladas sin que pueda aparecer déficit ex ante. La eventual aparición de
desviaciones transitorias por desajustes en los costes o ingresos reales
respecto a los que sirvieron de base para la fijación de los peajes de acceso en
cada período, dará lugar a que las tarifas de acceso del período siguiente al de
la aparición de dicho desajuste temporal se modifiquen en la cuantía necesaria
para su ajuste.

Cuando por la aparición de desajustes temporales, el fondo
acumulado en la cuenta específica a que se refiere el Real Decreto 2017/1997, de
26 de diciembre, abierta en régimen de depósito arrojara un saldo negativo, éste
será liquidado por la Comisión Nacional de Energía en las liquidaciones
mensuales aplicando los siguientes porcentajes de reparto:

“Iberdrola, S. A.”: 35,01 por ciento.

“Hidroeléctrica del Cantábrico, S. A.”: 6,08 por ciento.

“Endesa, S. A.”: 44,16 por ciento.

“EON España, S.L.”: 1,00 por ciento.

“GAS Natural S.D.G, S.A.”: 13,75 por ciento.

Estos porcentajes de reparto así como la lista de empresas
obligadas podrán ser modificados por real decreto, cuando se produzcan
desinversiones significativas que afecten a las empresas en la actividad de
distribución, cuando se produzcan cambios estructurales sustanciales en la
actividad de generación que así lo justifiquen o como consecuencia de
inversiones o desinversiones significativas en activos de generación.

Las empresas tendrán derecho a recuperar las aportaciones por
este concepto en las 14 liquidaciones correspondientes al periodo en que se
modifiquen las tarifas de acceso para el reconocimiento de dicho desajuste
temporal. Las cantidades aportadas por este concepto serán devueltas
reconociéndose un tipo de interés en condiciones equivalentes a las del mercado
que se fijará en la orden por la que se aprueban los peajes.

2. Hasta el 1 de enero de 2013, las disposiciones por las que
se aprueben los peajes de acceso reconocerán de forma expresa los déficit de
ingresos que, en su caso, se estime que puedan producirse en las liquidaciones
de las actividades reguladas en el sector eléctrico.

Asimismo, se entenderá que se producen desajustes temporales,
si como resultado de las liquidaciones de las actividades reguladas en cada
período, resultara un déficit de ingresos superior al previsto en la disposición
por la que se aprobaron los peajes de acceso correspondientes. Dicho desajuste
temporal se reconocerá de forma expresa en las disposiciones de aprobación de
los peajes de acceso del período siguiente.

Cuando por la aparición de desajustes temporales, el fondo
acumulado en la cuenta específica a que se refiere el Real Decreto 2017/1997, de
26 de diciembre, abierta en régimen de depósito arrojara un saldo negativo, éste
será liquidado por la Comisión Nacional de Energía en las liquidaciones
mensuales aplicando los siguientes porcentajes de reparto:

“Iberdrola, S. A.”: 35,01 por ciento.

“Hidroeléctrica del Cantábrico, S. A.”: 6,08 por ciento.

“Endesa, S. A.”: 44,16 por ciento.

“EON España, S.L.”: 1,00 por ciento.

“GAS Natural S.D.G, S.A.”: 13,75 por ciento.

Estos porcentajes de reparto podrán ser modificados por real
decreto, cuando se produzcan desinversiones significativas que afecten a las
empresas en la actividad de distribución, cuando se produzcan cambios
estructurales sustanciales en la actividad de generación que así lo justifiquen
o como consecuencia de inversiones o desinversiones significativas en activos de
generación.

Las empresas tendrán derecho a recuperar las aportaciones por
este concepto en las 14 liquidaciones correspondientes al periodo en que se
modifiquen las tarifas de acceso para el reconocimiento de dicho desajuste
temporal. Las cantidades aportadas por este concepto serán devueltas
reconociéndose un tipo de interés en condiciones equivalentes a las del mercado
que se fijará en la orden por la que se aprueban los peajes.

3. Si el importe del desajuste temporal definido en los
apartados 1 y 2 no fuera conocido en el momento de la aprobación de la
disposición por la que se aprueban los peajes de acceso del periodo siguiente,
en dicha disposición se reconocerá de forma expresa, incluyendo los intereses
que pudieran devengar, los importes que, en su caso, se estimen vayan a ser
financiados.

Se habilita a la Dirección General de Política Energética y
Minas para modificar dichos importes por los realmente financiados por cada una
de las empresas, cuando se disponga de la información de la liquidación 14 del
ejercicio correspondiente.

La diferencia entre los importes reconocidos con la información
de la liquidación 14 y los resultantes de la liquidación definitiva del
correspondiente ejercicio, tendrán la consideración de coste o ingreso
liquidable del sistema del ejercicio en que se produzca.

4. No obstante, para los años 2009, 2010, 2011 y 2012, el
déficit de ingresos previsto en la disposición por la que se aprobaron los
peajes de acceso correspondientes no será superior a 3.500 millones de euros,
3.000 millones de euros, 2.000 millones de euros y 1.000 millones de euros
respectivamente.

5. Los déficit del sistema de liquidaciones eléctrico generarán
derechos de cobro consistentes en el derecho a percibir un importe de la
facturación mensual por peajes de acceso de los años sucesivos hasta su
satisfacción. Las cantidades aportadas por este concepto serán devueltas
reconociéndose un tipo de interés en condiciones equivalentes a las del mercado
que se fijará en la orden por la que se aprueban los peajes.

Los pagos que realice la Comisión Nacional de Energía
necesarios para satisfacer los derechos de cobro tendrán consideración de costes
permanentes del sistema y se recaudarán a través de los peajes de acceso hasta
su satisfacción total.

Para la financiación de dichos déficits, los derechos de cobro
correspondientes se podrán ceder a un fondo de titulización que se constituirá a
estos efectos y se denominará Fondo de Titulización del Déficit del Sistema
Eléctrico, según lo contemplado en la disposición adicional quinta de la Ley
3/1994, de 14 de abril, por la que se adapta la legislación española en materia
de entidades de crédito a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria y se
introducen otras modificaciones relativas al sistema financiero, siendo de
aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 926/1998, de 14 mayo, por el que se
regulan los fondos de titulización de activos y las sociedades gestoras de
fondos de titulización. La constitución del Fondo de Titulización del Déficit
del Sistema Eléctrico requerirá el informe previo favorable del Ministerio de
Economía y Hacienda.

El activo del fondo de titulización estará constituido por:

a. Derechos de cobro generados y no cedidos a terceros por
los titulares iniciales del derecho hasta 10.000 millones de euros a fecha de 31
de diciembre de 2008. El precio de cesión de dichos derechos y las condiciones
de cesión de los mismos se determinará por real decreto, a propuesta conjunta de
los titulares de los Ministerios de Industria, Turismo y Comercio y de Economía
y Hacienda.

b. Los derechos de cobro a que dé lugar la financiación de los
déficits generados desde el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2012,
cuyas características, así como precio y condiciones de cesión, se establecerán
por real decreto, a propuesta conjunta de los titulares de los Ministerios de
Industria, Turismo y Comercio y de Economía y Hacienda.

6. El pasivo del fondo de titulización estará constituido por
los instrumentos financieros que se emitan a través de un procedimiento
competitivo que se regulará por real decreto, a propuesta conjunta de los
titulares de los Ministerios de Industria, Turismo y Comercio y de Economía y
Hacienda.

7. La sociedad gestora del fondo de titulización será designada
por la Comisión, que a estos efectos se cree, dependiente del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio que la presidirá. Dicha Comisión estará compuesta
por representantes del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y del
Ministerio de Economía y Hacienda. En atención a la naturaleza de la función
asignada a la Comisión, esta podrá contar con el asesoramiento técnico de la
Comisión Nacional de Energía y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
por las especiales condiciones de experiencia y conocimientos que concurren en
tales organismos.

La designación, por la Comisión, de la sociedad gestora deberá
realizarse de acuerdo a los principios de objetividad, transparencia y
publicidad, y entre sociedades gestoras que cuenten con profesionales de
reconocida y probada experiencia en la materia.

En su organización y funcionamiento, la Comisión se regirá por
lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y
reglamentariamente se establecerá su composición en cuanto a número de miembros
y rango jerárquico.

La extinción de esta Comisión se producirá automáticamente una
vez alcanzado el fin para el que fue creada.

8. Asimismo, para cubrir eventuales desfases de tesorería entre
ingresos y pagos del fondo de titulización, por acuerdo de la Comisión Delegada
del Gobierno para Asuntos Económicos, se podrá constituir una línea de crédito
en condiciones de mercado.

9. Al amparo de lo establecido en el artículo 114 de la Ley
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se autoriza a la
Administración General de Estado, hasta el 31 de diciembre de 2013, a otorgar
avales en garantía de las obligaciones económicas exigibles al Fondo de
Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico, derivadas de las emisiones de
instrumentos financieros que realice dicho Fondo con cargo a los derechos de
cobro que constituyan el activo del mismo:

Los importes máximos para el otorgamiento de los avales a que
se refiere el apartado serán los que determinen las correspondientes leyes de
Presupuestos Generales del Estado.

El otorgamiento de los avales deberá ser acordado por la
Ministra de Economía y Hacienda, de acuerdo con lo establecido en la Ley
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y solo podrá efectuarse una
vez constituido el fondo.

De producirse la ejecución del aval frente a la Administración
General del Estado, ésta se subrogará, respecto de los importes ejecutados por
cualquier concepto, en todos los derechos y acciones que tuvieran reconocidos
los acreedores frente al Fondo de Titulización del Déficit del Sistema
Eléctrico.

En el caso de ejecución de los avales a que se refiere este
apartado, se autoriza a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera
para que pueda efectuar los pagos correspondientes a la ejecución de los avales
mediante operaciones de tesorería con cargo al concepto específico que se fije a
tal fin. Con posterioridad a la realización de dichos pagos, la Dirección
General del Tesoro y Política Financiera procederá a la aplicación definitiva al
presupuesto de gastos de los pagos realizados en el ejercicio, salvo los
efectuados en el mes de diciembre, que se aplicarán al presupuesto de gastos en
el primer trimestre del año siguiente.»

Artículo 22. Mecanismo transitorio de financiación del déficit
en las actividades reguladas en el sector eléctrico hasta la titulización

Se modifica la redacción de la disposición transitoria primera
del Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas
medidas en el sector energético y se aprueba el bono social, que queda redactada
como sigue:

«Disposición transitoria primera. Mecanismo transitorio de
financiación del déficit.

Hasta que el Fondo de Titulización previsto en el artículo 1
del presente real decreto-ley no haya realizado las emisiones y desembolsado el
precio de los derechos de cobro cedidos será de aplicación lo dispuesto en el
artículo 24 del Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes
para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación
pública.

En concreto, a partir de la entrada en vigor del presente real
decreto-ley, cuando el fondo acumulado en la cuenta específica a que se refiere
el Real Decreto 2017/1997, de 26 de diciembre, abierta en régimen de depósito
tenga saldo negativo será liquidado por la Comisión Nacional de Energía en las
liquidaciones mensuales aplicando los siguientes porcentajes de reparto:

“Iberdrola S. A.”: 35,01 por ciento.

“Hidroeléctrica del Cantábrico, S. A.”: 6,08 por ciento.

“Endesa S. A.”: 44,16 por ciento.

“E.ON España, S. L.”: 1,00 por ciento.

“GAS Natural S.D.G, S. A.”: 13,75 por ciento.

Las empresas tendrán derecho a recuperar las aportaciones por
este concepto, reconociéndoseles un tipo de interés en condiciones equivalentes
a las del mercado, que empezará a devengarse a partir del uno de enero del año
siguiente, y que deberá ser considerado de forma expresa en las disposiciones de
aprobación de los peajes de acceso del periodo siguiente, con inclusión del
importe correspondiente como coste permanente del Sistema.»

Artículo 23. Habilitación legal del gestor de cargas.

Se modifica la redacción de los artículos 1, 9, 11 y 14 de la
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, que quedan redactados
como sigue:

«Artículo 1. Objeto.

1. La presente ley regula las actividades destinadas al
suministro de energía eléctrica, consistentes en su generación, transporte,
distribución, servicios de recarga energética, comercialización e intercambios
intracomunitarios e internacionales, así como la gestión económica y técnica del
sistema eléctrico.

2. La regulación de dichas actividades tiene por finalidad:

La adecuación del suministro de energía eléctrica a las
necesidades de los consumidores, y

La racionalización, eficiencia y optimización de aquellas,
atendiendo a los principios de monopolio natural del transporte y la
distribución, red única y de realización al menor coste.

3. Las actividades destinadas al suministro de energía
eléctrica se ejercerán de forma coordinada bajo los principios de objetividad,
transparencia y libre competencia.»

«Artículo 9. Sujetos.

Las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica a
que se refiere el artículo 1.1 de la presente ley serán desarrolladas por los
siguientes sujetos:

a) Los productores de energía eléctrica, que son aquellas
personas físicas o jurídicas que tienen la función de generar energía eléctrica,
ya sea para su consumo propio o para terceros, así como las de construir, operar
y mantener las centrales de producción.

b) El operador del mercado, sociedad mercantil que tiene las
funciones que le atribuye el artículo 33 de la presente ley.

c) El operador del sistema, sociedad mercantil que tiene las
funciones que le atribuye el artículo 34 de la presente ley.

d) El transportista, que es aquella sociedad mercantil que
tiene la función de transportar energía eléctrica, así como construir, mantener
y maniobrar las instalaciones de transporte.

e) Los distribuidores, que son aquellas sociedades mercantiles
que tienen la función de distribuir energía eléctrica, así como construir,
mantener y operar las instalaciones de distribución destinadas a situar la
energía en los puntos de consumo.

f) Los comercializadores, que son aquellas sociedades
mercantiles que, accediendo a las redes de transporte o distribución, adquieren
energía para su venta a los consumidores, a otros sujetos del sistema o para
realizar operaciones de intercambio internacional en los términos establecidos
en la presente ley.

El Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas,
determinará los comercializadores que asumirán la obligación de suministro de
último recurso.

g) Los consumidores que son las personas físicas o jurídicas
que compran la energía para su propio consumo.

Aquellos consumidores que adquieran energía directamente en el
mercado de producción se denominarán Consumidores Directos en Mercado.

h) Los gestores de cargas del sistema, que son aquellas
sociedades mercantiles que, siendo consumidores, están habilitados para la
reventa de energía eléctrica para servicios de recarga energética, así como para
el almacenamiento de energía eléctrica para una mejor gestión del Sistema
Eléctrico.»

«Artículo 11. Funcionamiento del sistema.

1. La producción de energía eléctrica se desarrolla en un
régimen de libre competencia en el mercado de producción de energía
eléctrica.

El mercado de producción de energía eléctrica es el integrado
por el conjunto de transacciones comerciales de compra y venta de energía y de
otros servicios relacionados con el suministro de energía eléctrica.

El mercado de producción de energía eléctrica se estructura en
mercados a plazo, mercado diario, mercado intradiario, la resolución de
restricciones técnicas del sistema, los servicios complementarios, la gestión de
desvíos y mercados no organizados. Los sujetos definidos en el artículo 9 que
actúen en el mercado de producción a que se refiere el párrafo anterior podrán
pactar libremente los términos de los contratos de compraventa de energía
eléctrica que suscriban, respetando las modalidades y contenidos mínimos
previstos en la presente ley y en sus reglamentos de desarrollo.

2. La operación del sistema, el transporte y la distribución
tienen carácter de actividades reguladas, cuyo régimen económico y de
funcionamiento se ajustará a lo previsto en la presente ley.

Se garantiza el acceso de terceros a las redes de transporte y
distribución en las condiciones técnicas y económicas establecidas en esta
ley.

3. Sin perjuicio de lo establecido para el suministro de último
recurso, la comercialización y los servicios de recarga energética se ejercerán
libremente en los términos previstos en la presente ley y su régimen económico
vendrá determinado por las condiciones que se pacten entre las partes.

4. Salvo pacto en contrario, la transmisión de la propiedad de
la energía eléctrica se entenderá producida en el momento en que la misma tenga
entrada en las instalaciones del comprador.

En el caso de los comercializadores y de los gestores de
cargas, la transmisión de la propiedad de la energía eléctrica se entenderá
producida, salvo pacto en contrario, cuando la misma tenga entrada en las
instalaciones de su cliente. El Gobierno podrá determinar el funcionamiento del
mercado diario e intradiario en base a ofertas de unidades de producción ya sean
físicas o en cartera.»

«Artículo 14. Separación de actividades.

1. Las sociedades mercantiles que desarrollen alguna o algunas
de las actividades reguladas a que se refiere el apartado 2 del artículo 11
deben tener como objeto social exclusivo el desarrollo de las mismas sin que
puedan, por tanto, realizar actividades de producción, de comercialización o de
servicios de recarga energética, ni tomar participaciones en empresas que
realicen estas actividades.

2. No obstante, un grupo de sociedades podrá desarrollar
actividades incompatibles de acuerdo con la ley, siempre que sean ejercitadas
por sociedades diferentes, y se cumplan los siguientes criterios de
independencia:

a. Las personas responsables de la gestión de sociedades que
realicen actividades reguladas no podrán participar en estructuras organizativas
del grupo empresarial que sean responsables, directa o indirectamente, de la
gestión cotidiana de actividades de generación, comercialización o de servicios
de recarga energética.

b. Los grupos de sociedades garantizarán la independencia de
las personas responsables de la gestión de sociedades que realicen actividades
reguladas mediante la protección de sus intereses profesionales. En particular
establecerán garantías en lo que concierne a su retribución y su cese.

Las sociedades que realicen actividades reguladas y las
personas responsables de su gestión que se determine no podrán poseer acciones
de sociedades que realicen actividades de producción, comercialización o de
servicios de recarga energética.

Además, las sociedades que realicen actividades reguladas, así
como sus trabajadores, no podrán compartir información comercialmente sensible
con las empresas del grupo de sociedades al que pertenezcan, en el caso de que
éstas realicen actividades liberalizadas.

c. Las sociedades que realicen actividades reguladas tendrán
capacidad de decisión efectiva, independiente del grupo de sociedades, con
respecto a activos necesarios para explotar, mantener, o desarrollar la red de
transporte o distribución de energía eléctrica.

No obstante, el grupo de sociedades tendrá derecho a la
supervisión económica y de la gestión de las referidas sociedades, y podrán
someter a aprobación el plan financiero anual, o instrumento equivalente, así
como establecer límites globales a su nivel de endeudamiento.

En ningún caso podrá el grupo empresarial dar instrucciones a
las sociedades que realicen actividades reguladas respecto de la gestión
cotidiana, ni respecto de decisiones particulares referentes a la construcción o
mejora de activos de transporte o distribución, siempre que no se sobrepase lo
establecido en el plan financiero anual o instrumento equivalente.

d. Las sociedades que realicen actividades reguladas
establecerán un código de conducta en el que se expongan las medidas adoptadas
para garantizar el cumplimiento de lo estipulado en los apartados a, b y c
anteriores.

Dicho código de conducta establecerá obligaciones específicas
de los empleados, y su cumplimiento será objeto de la adecuada supervisión y
evaluación por la sociedad.

Anualmente, se presentará un informe al Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio y a la Comisión Nacional de Energía, que será
publicado, indicando las medidas adoptadas para lograr el cumplimiento de lo
estipulado en los apartados a, b y c anteriores.

3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1, cualquier
adquisición de participaciones accionariales por parte de aquellas sociedades
mercantiles que desarrollen actividades reguladas exigirá la obtención de la
autorización previa a que se refiere la función decimocuarta del apartado 1 del
punto tercero de la disposición adicional undécima de la Ley 34/1998, de 7
octubre, del Sector de Hidrocarburos.

4. El conjunto de obligaciones establecidas en los apartados 1
y 2 del presente artículo no serán aplicables a las empresas distribuidoras con
menos de 100.000 clientes conectados a sus redes a quienes les hubiera sido de
aplicación la disposición transitoria undécima de la presente ley.»

Artículo 24. Servicios de recarga energética.

1. El servicio de recarga energética tendrá como función
principal la entrega de energía a través de servicios de carga de vehículos que
utilicen motores eléctricos o baterías de almacenamiento en unas condiciones que
permitan la carga conveniente y a coste mínimo para el propio usuario y para el
sistema eléctrico, mediante la futura integración con los sistemas de recarga
tecnológicos que se desarrollen, que faciliten la integración de la generación
en régimen especial.

2. Los servicios de recarga energética serán prestados por las
correspondientes empresas que deberán presentar, previamente al inicio de su
actividad, una declaración responsable sobre el cumplimiento de los requisitos
que se determinen reglamentariamente.

3. Los gestores de cargas del sistema tendrán las obligaciones
y los derechos regulados en el título VIII de la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico, que les sean de aplicación en relación con la
reventa de energía eléctrica y para su almacenamiento, en la forma en que
reglamentariamente se establezca para una mejor gestión del sistema, conforme al
artículo 9 letra h) de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector
Eléctrico.

4. La Administración adoptará programas específicos para
impulsar la eficiencia en la demanda de electricidad para vehículos eléctricos,
con el objetivo de promover el ahorro y la eficiencia energética y optimizar el
uso del sistema eléctrico, en virtud de lo previsto en el artículo 46.2 de la
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

CAPÍTULO VI

Medidas del Sector Financiero

Artículo 25. Régimen jurídico de los sistemas institucionales
de protección a efectos de su consideración como grupos consolidables de
entidades de crédito.

Se añade una nueva letra d) al apartado 3 del artículo 8 de la
Ley 13/1985, de 25 de mayo, de Coeficientes de Inversión, Recursos Propios y
Obligaciones de Información de los Intermediarios Financieros, con la siguiente
redacción:

«d) Que a través de un acuerdo contractual varias entidades
de crédito integren un sistema institucional de protección que cumpla con los
siguientes requisitos:

i) Que exista una entidad central que determine con carácter
vinculante sus políticas y estrategias de negocio, así como los niveles y
medidas de control interno y de gestión de riesgos. Esta entidad central será la
responsable de cumplir los requerimientos regulatorios en base consolidada del
sistema institucional de protección.

ii) Que la citada entidad central sea una de las entidades de
crédito integrantes del sistema institucional de protección u otra entidad de
crédito participada por todas ellas y que formará asimismo parte del
sistema.

iii) Que el acuerdo contractual que constituye el sistema
institucional de protección contenga un compromiso mutuo de solvencia y liquidez
entre las entidades integrantes del sistema, que alcance como mínimo el 40 por
ciento de los recursos propios computables de cada una de ellas, en lo que se
refiere al apoyo de solvencia. El compromiso de apoyo mutuo incluirá las
previsiones necesarias para que el apoyo entre sus integrantes se lleve a cabo a
través de fondos inmediatamente disponibles.

iv) Que las entidades integrantes del sistema institucional de
protección pongan en común una parte significativa de sus resultados, que
suponga al menos el 40 por ciento de los mismos y que deberá ser distribuida de
manera proporcional a la participación de cada una de ellas en el sistema.

v) Que el acuerdo contractual establezca que las entidades
deberán permanecer en el sistema un periodo mínimo de 10 años, debiendo
preavisar con, al menos, dos años de antelación su deseo de abandonar el mismo
transcurrido aquel período. Adicionalmente, el acuerdo deberá incluir un régimen
de penalizaciones por baja que refuerce la permanencia y estabilidad de las
entidades en el sistema institucional de protección.

vi) Que, a juicio del Banco de España, se cumplan los
requisitos previstos en la normativa vigente sobre recursos propios de las
entidades financieras para asignar una ponderación de riesgo del 0 por ciento a
las exposiciones que tengan entre sí los integrantes del sistema institucional
de protección.

Corresponderá al Banco de España la comprobación de los
requisitos anteriores a los efectos de lo previsto en este artículo.

Cuando la entidad de crédito que tenga la consideración de
entidad central dentro de un sistema institucional de protección sea de
naturaleza distinta al resto de las entidades integradas en el mismo y se
encuentre participada por todas ellas, se adherirá al Fondo de Garantía de
Depósitos al que pertenezcan estas últimas.

Las entidades de crédito que se vayan a integrar en un sistema
institucional de protección podrán instar al Banco de España que solicite
informe a la Dirección General de Tributos del Ministerio de Economía y
Hacienda, en el ámbito de interpretación de la normativa tributaria estatal,
sobre las consecuencias tributarias de la integración, con el objetivo de
asegurar la neutralidad fiscal de la operación.

El informe se emitirá en el plazo máximo de un mes sobre la
base de la concurrencia de los requisitos ya comprobados por el Banco de España
y tendrá efectos vinculantes para los órganos y entidades de la Administración
tributaria encargados de la aplicación de los tributos.»

Artículo 26. Reducción de plazos y otros trámites en caso de
actuación del fondo de reestructuración ordenada bancaria.

El Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre
reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las
entidades de crédito queda modificado en los siguientes términos:

Uno. El párrafo segundo del apartado 1 del artículo 6 queda
redactado en la siguiente forma:

«Simultáneamente, la entidad en cuestión presentará un plan
de actuación en el que se concreten las acciones previstas para superar esa
situación, que deberán ir encaminadas a asegurar la viabilidad de la entidad,
bien reforzando su patrimonio y solvencia, bien facilitando su fusión o
absorción por otra de reconocida solvencia o el traspaso total o parcial de su
negocio o de unidades del mismo a otras entidades de crédito. El plan deberá
detallar, asimismo, el plazo previsto para su ejecución, que no podrá exceder de
3 meses, salvo autorización expresa del Banco de España.»

Dos. El apartado 2 del artículo 6 queda redactado en la
siguiente forma:

«2. Cuando el Banco de España, a la vista del deterioro de
los activos de una entidad de crédito, grupo o subgrupo consolidable de
entidades de crédito, de sus recursos propios computables, de su capacidad para
generar resultados recurrentes o de la confianza externa en su solvencia,
concluya que aquella presenta debilidades en su situación económico-financiera
que, en función del desenvolvimiento de las condiciones de los mercados,
pudieran poner en peligro su viabilidad y determinen la conveniencia de que
acometa un proceso de reestructuración sin que la entidad en cuestión haya
presentado el plan previsto en el apartado anterior, se lo comunicará a la
misma, exigiéndole que en el plazo de 10 días naturales presente el plan allí
exigido.»

Tres. El artículo 7 queda redactado en la siguiente
forma:

«Artículo 7. Procesos de reestructuración con intervención del
Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria.

1. Procederá la reestructuración ordenada de una entidad de
crédito con intervención del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, si,
persistiendo la situación descrita en los apartados 1 y 2 del artículo anterior,
se diera alguno de los siguientes supuestos:

a) en el plazo a que se refieren los apartados 1 y 2 del
artículo anterior la entidad en cuestión no presentara el plan allí exigido o
hubiera manifestado al Banco de España la imposibilidad de encontrar una
solución viable para su situación;

b) el plan presentado no fuera viable, a juicio del Banco de
España, para superar la situación de dificultad enfrentada por la entidad o, no
se aceptasen por ésta las modificaciones o medidas adicionales incluidas por el
Banco de España o, estuviese condicionado a la intervención de un Fondo de
Garantía de Depósitos en unos términos que dicho Fondo no hubiera aceptado;

c) se incumplieran de forma grave por una entidad de crédito el
plazo de ejecución o las medidas concretas contempladas en un plan de los
referidos en los apartados 1 y 2 del artículo anterior aprobado previamente por
el Banco de España de modo que se ponga en peligro la consecución de sus
objetivos; o,

d) se incumplieran de forma grave por una entidad de crédito
alguna de las medidas concretas contempladas en un plan de los referidos en el
artículo 75 del Real Decreto 216/2008, de 15 de febrero, de recursos propios de
las entidades financieras, aprobado previamente por el Banco de España de modo
que se ponga en peligro la consecución de sus objetivos.

Procederá asimismo la reestructuración ordenada de una
entidad de crédito con intervención del Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria cuando encontrándose la entidad de crédito en la situación descrita en
el apartado 2 del artículo anterior aparezcan circunstancias sobrevenidas que, a
juicio motivado del Banco de España, hagan que no sea previsible encontrar una
solución viable para su situación sin el apoyo del Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria.

La reestructuración ordenada de una entidad de crédito con
intervención del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria se llevará a cabo
de acuerdo con las reglas previstas en los apartados siguientes.

2. En los supuestos previstos en el apartado precedente, el
Banco de España acordará la sustitución provisional de los órganos de
administración o dirección de la entidad afectada así como cualesquiera otras
medidas cautelares que estime oportuno al amparo de lo establecido en la Ley
26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de
Crédito y demás normas que resulten de aplicación. Estas medidas se mantendrán
hasta tanto se lleven a cabo las medidas en que se concrete el plan de
reestructuración a que se refiere el apartado 3 siguiente. A la medida cautelar
de sustitución provisional de los órganos de administración o dirección le
resultará de aplicación el régimen previsto en el título III de la Ley 26/1988,
de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, con
las siguientes especialidades:

a) El Banco de España designará como administrador
provisional al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria que, a su vez,
nombrará a la persona o personas físicas que, en su nombre, ejercerán las
funciones y facultades propias de esa condición.

b) En el plazo de un mes desde su designación, el Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria elaborará un informe detallado sobre la
situación patrimonial y la viabilidad de la entidad y someterá a la aprobación
del Banco de España un plan de reestructuración de la entidad que permita la
superación de la situación de dificultad en que se encuentre mediante su fusión
con otra u otras entidades de reconocida solvencia o el traspaso parcial o total
de su negocio a otra u otras entidades a través de la cesión global o parcial de
sus activos y pasivos mediante procedimientos que aseguren la competencia, como,
entre otros, el sistema de subasta. A petición razonada del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria, el Banco de España podrá ampliar el citado
plazo hasta un máximo de 6 meses. Simultáneamente, el Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria elevará a la Ministra de Economía y Hacienda una memoria
económica en la que se detalle el impacto financiero del plan de
reestructuración presentado sobre los fondos aportados con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado. La Ministra de Economía y Hacienda podrá,
motivadamente, oponerse en el plazo de 5 días hábiles desde que le sea elevada
dicha memoria.

Desde el momento de su designación como administrador
provisional de una entidad de crédito y en tanto se elabora el plan de
reestructuración al que se refiere la letra b anterior, el Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria podrá, temporalmente, suministrar los apoyos
financieros que se precisen de acuerdo con el principio de la utilización más
eficiente de los recursos públicos.

3. El plan de reestructuración detallará las medidas de apoyo
en que se concretará, en su caso, la intervención del Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria y que podrán ser, entre otras, las siguientes:

a) medidas de apoyo financiero, que podrán consistir, entre
otras, en concesión de garantías, préstamos en condiciones favorables,
financiaciones subordinadas, adquisición de cualquier tipo de activos que
figuren en el balance de la entidad, suscripción o adquisición de cualesquiera
valores representativos de recursos propios y cualesquiera otros apoyos
financieros tendentes a facilitar procesos de fusión o absorción con otras
entidades de reconocida solvencia o el traspaso total o parcial del negocio a
otra entidad así como la adopción por los órganos correspondientes de la entidad
afectada de los acuerdos necesarios a tal fin; y

b) medidas de gestión que mejoren la organización y los
sistemas de procedimiento y control interno de la entidad.

4. El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria estará
facultado, asimismo, para ceder total o parcialmente los depósitos en cuenta
corriente o a plazo constituidos en una entidad administrada por el mismo a otra
u otras entidades de crédito, satisfaciendo a éstas su importe y subrogándose
legalmente en la posición de sus titulares frente a la entidad cedente, sin que
sea preciso el consentimiento de estos últimos.

Asimismo, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria,
previo informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, podrá disponer de
forma inmediata el traslado de los valores depositados en la entidad
administrada por el mismo por cuenta de sus clientes a otra entidad habilitada
para desarrollar esta actividad, incluso si tales activos se encuentran
depositados en terceras entidades a nombre de la entidad que presta el servicio
de depósito.

La entidad cedente facilitará el acceso de la entidad de
crédito a la que vayan a cederse los depósitos o la custodia de los valores a la
documentación y registros contables e informáticos necesarios para hacer
efectiva la cesión.

5. Cuando las medidas anteriormente citadas contemplen la
adquisición de activos por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria, éste podrá mantener su gestión o encomendarla a un tercero. En caso de
decidir su enajenación, la misma deberá realizarse a través de procedimientos
que aseguren la competencia.

6. Las inversiones que realice el Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria en ejecución de un plan de reestructuración no estarán sujetas
a las limitaciones u obligaciones legales no aplicables en el caso de ayudas a
cargo de los Fondos de Garantía de Depósitos en Entidades de Crédito, incluidas,
en todo caso, las siguientes:

a) las limitaciones estatutarias del derecho de asistencia a
las Juntas Generales o del derecho a voto respecto de las acciones que dicho
Fondo adquiera o suscriba;

b) las limitaciones a la tenencia de cuotas participativas
previstas en el apartado 7 del artículo 7 de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de
Coeficientes de Inversión, Recursos Propios y Obligaciones de Información de los
Intermediarios Financieros;

c) las limitaciones a la adquisición de aportaciones al capital
social de cooperativas de crédito por parte de personas jurídicas;

d) las limitaciones que la Ley establece a la computabilidad de
los recursos propios de los valores que el Fondo adquiera o suscriba;

e) la obligación de presentar Oferta Pública de Adquisición con
arreglo a la normativa sobre mercados de valores.

7. La adquisición de acciones o cuotas participativas por el
Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria requerirá que se acuerde la
supresión del derecho de suscripción preferente de los accionistas o
cuotapartícipes existentes en el momento de la adopción del acuerdo de
ampliación de capital o de emisión de cuotas.

8. Cuando el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria
adquiera cuotas participativas de una Caja de Ahorros, gozará de un derecho de
representación en la Asamblea General igual al porcentaje que aquellas supongan
sobre el patrimonio neto de la caja emisora. El citado derecho excepcional de
representación se mantendrá exclusivamente mientras el Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria mantenga la titularidad de los citados valores, no siendo
transmisible a posteriores adquirentes de los mismos.

La representación del Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria de acuerdo con lo previsto en este apartado no computará a los efectos
del cálculo de los límites a la representación de las Administraciones públicas
y entidades y corporaciones de derecho público, previstos en la correspondiente
normativa aplicable.

Para las emisiones de cuotas participativas que realice una
Caja de Ahorros que vayan a ser suscritas íntegramente por el Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria, los informes a que se refiere el Real
Decreto 302/2004, de 20 de febrero, sobre cuotas participativas de las cajas de
ahorros, serán sustituidos por un informe del propio Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria y no será obligatoria su cotización en un mercado secundario
organizado en tanto sean propiedad del Fondo de Reestructuración Ordenada
Bancaria.

Las cuotas participativas suscritas por el Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria al amparo de lo dispuesto en este precepto
serán computables como recursos propios básicos.

9. Cuando el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria
suscriba o adquiera aportaciones al capital social de una cooperativa de
crédito, su derecho de voto en la Asamblea de la misma será proporcional al
importe de dichas aportaciones respecto al capital social de la
cooperativa.»

Cuatro. El apartado 2 del artículo 9 queda redactado de la
siguiente forma:

«2. Con carácter previo a la efectiva adquisición de estos
títulos, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria elevará a la Ministra de
Economía y Hacienda una memoria económica en la que se detalle el impacto
financiero de esa adquisición sobre los fondos aportados con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado. La Ministra de Economía y Hacienda podrá
oponerse, motivadamente, en el plazo de 5 días hábiles desde que le sea elevada
dicha memoria.»

Cinco. La letra d) del apartado 3 del artículo 9 queda
redactada de la siguiente forma:

«d) Las participaciones preferentes emitidas al amparo de lo
dispuesto en este precepto serán computables como recursos propios básicos, sin
que para ello sea obligatorio que coticen en un mercado secundario organizado. A
estos efectos, no les serán de aplicación las limitaciones que la ley establece
para la computabilidad de los recursos propios.»

Artículo 27. Consideración de los fondos de titulización como
titulares registrales.

Se añade un nuevo párrafo al apartado 2 de la disposición
adicional quinta de la Ley 3/1994, de 14 de abril, por la que se adapta la
Legislación española en materia de Entidades de Crédito a la Segunda Directiva
de Coordinación Bancaria y se introducen otras modificaciones relativas al
Sistema Financiero, con la siguiente redacción:

«Los Fondos de Titulización Hipotecaria y Fondos de
Titulización de Activos podrán ser titulares de cualesquiera otras cantidades,
inmuebles, bienes, valores o derechos que sean percibidos en pago de principal,
intereses o gastos de las participaciones hipotecarias, certificados de
transmisión de hipoteca, activos financieros u otros derechos de crédito que se
hubieren agrupado en su activo, por resolución de cualquier procedimiento
judicial o extrajudicial iniciado para el cobro de tales derechos de crédito; en
particular y sin ánimo limitativo, por producto del remate de procedimientos de
ejecución de garantías hipotecarias o no hipotecarias, por la enajenación o
explotación de los inmuebles o bienes o valores adjudicados o dados en pago o,
como consecuencia de las citadas ejecuciones, en administración y posesión
interina de los inmuebles, bienes o valores en proceso de ejecución. La
inscripción de los bienes inmuebles pertenecientes a los Fondos de Titulización
en el Registro de la Propiedad y de cualesquiera otros bienes en los registros
que correspondan, se podrá efectuar a nombre de los mismos.»

Disposición adicional única. Adaptación de las obligaciones de
documentación de las operaciones vinculadas a la jurisprudencia comunitaria y al
derecho comparado.

Sin perjuicio de las modificaciones introducidas en el artículo
16 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, a la vista de la jurisprudencia
comunitaria y del derecho comparado, el Gobierno, en los tres meses siguientes a
la entrada en vigor de este real decreto-ley, tramitará la modificación de la
normativa tributaria que regula las obligaciones de documentación de las
operaciones entre personas o entidades vinculadas, para reducir las cargas
formales a cumplir por las empresas, atendiendo fundamentalmente a los
siguientes factores: que se trate de operaciones internas (no internacionales),
que intervengan pequeñas y medianas empresas, que su importe no sea muy
significativo y que no intervengan paraísos fiscales.

Disposición transitoria primera. Modificación de la base
imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido y del Impuesto General Indirecto
Canario por empresarios o profesionales cuyo volumen de operaciones no haya
excedido de 6.010.121,04 euros durante el año natural inmediato anterior en
supuesto de impago por el destinatario.

Los sujetos pasivos titulares del derecho de crédito cuya base
imponible se pretende reducir cuyo volumen de operaciones, calculado conforme a
lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del
Impuesto sobre el Valor Añadido, o 51 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de
modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias,
no hubiese excedido durante el año natural inmediato anterior de 6.010.121,04
euros, que sean titulares de créditos total o parcialmente incobrables
correspondientes a cuotas repercutidas por la realización de operaciones
gravadas para los cuales, a la entrada en vigor de este real decreto-ley, hayan
transcurrido más de seis meses pero menos de un año y tres meses desde el
devengo del Impuesto, podrán proceder a la reducción de la base imponible en el
plazo de los tres meses siguientes a dicha entrada en vigor, siempre que
concurran todos los requisitos a que se refiere el artículo 80.cuatro de la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, con exclusión
del referido en la condición 1.ª de dicho precepto, y el artículo 22.º 7 de la
Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen
Económico Fiscal de Canarias, con exclusión del referido en la condición 1.ª de
dicho precepto.

No podrán acogerse a lo dispuesto en el párrafo anterior los
sujetos pasivos que puedan reducir la base imponible conforme a lo dispuesto en
el artículo 80.tres de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el
Valor Añadido, y en el artículo 22.º 6 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de
modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de
Canarias.

Disposición transitoria segunda. Reducción en el IVA de los
módulos aplicables a las actividades de renovación y reparación de viviendas
particulares.

Antes del 1 de mayo de 2010, deberá publicarse en el «Boletín
Oficial del Estado» la modificación de la Orden EHA/99/2010, de 28 de enero, por
la que se desarrollan para el año 2010 el método de estimación objetiva del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial
simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, con el objeto de reflejar en
el importe de los signos, índices o módulos la reducción del tipo impositivo
establecida por este real decreto-ley a los empresarios o profesionales que
desarrollan actividades relacionadas con la renovación y reparación de viviendas
particulares.

Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio derivado
de la nueva redacción dada a los artículos 20.uno.22.º de la Ley 37/1992, de 28
de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, y 10º.1.22) de la Ley
20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen
Económico Fiscal de Canarias.

Uno. La nueva redacción del artículo 20.uno.22.º de la Ley
37/1992, consecuencia de este real decreto-ley, se aplicará de acuerdo con los
siguientes criterios:

1.º El concepto de rehabilitación, tal y como queda
delimitado por la parte B) del artículo 20.uno.22.º de la Ley 37/1992, será
aplicable a las entregas de edificaciones o partes de las mismas que pasen a
tener la condición de primeras entregas y se produzcan, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 75.uno.1.º de la misma ley, a partir de la fecha de
entrada en vigor de este real decreto-ley con independencia de que se hayan
recibido pagos anticipados, totales o parciales, con anterioridad a dicha
fecha.

2.º La aplicación del tipo impositivo reducido que establece el
artículo 91.uno.3.1.º de la Ley 37/1992 a las ejecuciones de obra que pasen a
tener la condición de obras de rehabilitación, no teniéndola con anterioridad,
será procedente en la medida en que el Impuesto correspondiente a dichas obras
se devengue, conforme a los criterios establecidos en el artículo 75.uno de la
misma ley, a partir de la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley,
aun cuando se hayan recibido pagos anticipados, totales o parciales, con
anterioridad a dicha fecha. Los sujetos pasivos deberán rectificar las cuotas
repercutidas correspondientes a los pagos anticipados cuyo cobro se hubiera
percibido con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de este real
decreto-ley, aun cuando hubieran transcurrido más de cuatro años desde que tuvo
lugar dicho cobro.

3.º Los empresarios o profesionales que realicen las entregas a
que se refiere el ordinal 1.º podrán deducir íntegramente las cuotas soportadas
o satisfechas por los bienes y servicios utilizados directamente en su
rehabilitación. A tales efectos, el derecho a la deducción de dichas cuotas
nacerá el día de entrada en vigor de este real decreto-ley. En caso de que las
citadas cuotas se hubieran deducido con anterioridad, aunque sea parcialmente,
los empresarios o profesionales deberán regularizar las deducciones practicadas
en la declaración-liquidación correspondiente al último periodo de liquidación
de 2010.

Dos. La nueva redacción del artículo 10º.1.22) de la Ley
20/1991, consecuencia de este real decreto-ley, se aplicará de acuerdo con los
siguientes criterios:

1.º El concepto de rehabilitación, tal y como queda
delimitado por el artículo 10.º 1.22) de la Ley 20/1991, será aplicable a las
entregas de edificaciones o partes de las mismas que pasen a tener la condición
de primeras entregas y se produzcan, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
18.º 1.a) de la misma ley, a partir de la fecha de entrada en vigor de este real
decreto-ley con independencia de que se hayan recibido pagos anticipados,
totales o parciales, con anterioridad a dicha fecha.

2.º La aplicación del tipo impositivo cero que establece el
artículo 27.º 1.1.º f) de la Ley 20/1991 a las ejecuciones de obra que pasen a
tener la condición de obras de rehabilitación, no teniéndola con anterioridad,
será procedente en la medida en que el impuesto correspondiente a dichas obras
se devengue, conforme a los criterios establecidos en el artículo 18.º 1.a) y b)
de la misma ley, a partir de la fecha de entrada en vigor de este real
decreto-ley con independencia de que se hayan recibido pagos anticipados,
totales o parciales, con anterioridad a dicha fecha. Los sujetos pasivos deberán
rectificar las cuotas repercutidas correspondientes a los pagos anticipados cuyo
cobro se hubiera percibido con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de
este real decreto-ley, aun cuando hubieran transcurrido más de cuatro años desde
que tuvo lugar dicho cobro.

3.º Los empresarios o profesionales que realicen las entregas a
que se refiere el ordinal 1.º podrán deducir íntegramente las cuotas soportadas
o satisfechas por los bienes y servicios utilizados directamente en su
rehabilitación. A tales efectos, el derecho a la deducción de dichas cuotas
nacerá el día de entrada en vigor de este real decreto-ley. En caso de que las
citadas cuotas se hubieran deducido con anterioridad, aunque sea parcialmente,
los empresarios o profesionales deberán regularizar las deducciones practicadas
en la declaración-liquidación correspondiente al último periodo de liquidación
de 2010.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo previsto en este real decreto-ley.

Disposición final primera. Título competencial.

Los artículos del presente real decreto-ley que no constituyen
disposiciones modificativas de otras vigentes, se dictan al amparo de los
siguientes preceptos de la Constitución:

a) El artículo 11, en virtud del apartado 20.º del artículo
149.1 de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva en
materia de aeropuertos y transporte aéreo.

b) El artículo 12, en virtud del apartado 13.º del artículo
149.1 de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva en
materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad
económica.

c) El artículo 15, en virtud de los apartados 6.º y 8.º del
artículo 149.1 de la Constitución, que atribuyen al Estado competencia exclusiva
en materia de legislación procesal y legislación civil.

d) Los artículos 19 y 24, en virtud del apartado 25.º del
artículo 149.1 de la Constitución, que atribuye al Estado competencia exclusiva
en materia de bases del régimen energético y minero.

Disposición final segunda. Facultades de desarrollo.

Se habilita al Gobierno, así como a la Ministra de Economía y
Hacienda y a los Ministros de Justicia, Fomento e Industria, Turismo y Comercio,
en el ámbito de sus competencias, para dictar las disposiciones necesarias para
el desarrollo y ejecución de lo establecido en este real decreto-ley.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

Este real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 9 de abril de 2010.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO

Análisis jurídico

REFERENCIAS ANTERIORES

MODIFICA:

Art. 57.1 de la LEY 26/2009, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-2009-20765).

Arts. 6.1 y 2, 7, 9.2 y 3 del REAL DECRETO-LEY 9/2009, de 26 de junio
(Ref. BOE-A-2009-10575).

Disposición transitoria 1 del REAL DECRETO-LEY 6/2009, de 30 de abril
(Ref. BOE-A-2009-7581).

Disposiciones transitoria 3.2 y adicional 7 de la LEY del Suelo, texto
refundido aprobado por REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2008, de 20 de junio (Ref.
BOE-A-2008-10792).

Arts. 49.1.b), 208.5 y 209.2.b) de la LEY 30/2007, de 30 de octubre
(Ref. BOE-A-2007-18874).

Art. 42.2 y AÑADE la disposición adicional 29 a la LEY 35/2006, de 28 de
noviembre (Ref. BOE-A-2006-20764).

Art. 16.1 y 10 y la disposición adicional 11 de la LEY del Impuesto
sobre Sociedades, texto refundido aprobado por REAL DECRETO LEGISLATIVO
4/2004, de 5 de marzo (Ref. BOE-A-2004-4456).

Arts. 13.2.b) y 34.4 de la LEY 38/2003, de 17 de noviembre (Ref. BOE-A-2003-20977).

Arts. 1, 9, 11, 14 y disposición adicional 20 de la LEY 54/1997, de 27
de noviembre (Ref. BOE-A-1997-25340).

Disposición adicional 5 de la LEY 3/1994, de 14 de abril (Ref. BOE-A-1994-8489).

Arts. 8.1, 20.22, 80.4 y 5, 91.uno.1.7, 91.uno y dos de la LEY 37/1992,
de 28 de diciembre (Ref. BOE-A-1992-28740).

Arts. 6.2.4, 10.1.22, 22.7 y 8, 27.1.1.f) de la LEY 20/1991, de 7 de
junio (Ref. BOE-A-1991-14463).

Arts. 30 bis)1 y 99.II bis) de la LEY 24/1988, de 28 de julio (Ref. BOE-A-1988-18764).

Art. 8.3 de la LEY 13/1985, de 25 de mayo (Ref. BOE-A-1985-9680).

AÑADE Disposición adicional 1 a la LEY 10/1970, de 4 de julio (Ref. BOE-A-1970-738).

PRORROGA lo indicado de la LEY 25/1998, de 13 de julio (Ref. BOE-A-1998-16714).

REFERENCIAS POSTERIORES

Criterio de ordenación: por contenido
por fecha

SE PUBLICA, por RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2010 (Ref. BOE-A-2010-6483).

CORRECCIÓN de errores:

en BOE num. 95 de 20 de abril de 2010 (Ref. BOE-A-2010-6225).

en BOE num. 93 de 17 de abril de 2010 (Ref. BOE-A-2010-6102).

NOTAS

Entrada en vigor el 14 de abril de 2010.

MATERIAS

Aval

Contabilidad

Contratación administrativa

Embargos

Energía eléctrica

Entidades de crédito

Fondos de dinero

Fondos de Titulización de Activos

Garantías

Hipoteca

Impuesto General Indirecto Canario

Impuesto sobre el Valor Añadido

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Impuesto sobre Sociedades

Instituto de Crédito Oficial

Inversiones

Mercado de Valores

Pequeña y Mediana Empresa

Política económica

Procedimiento concursal

Seguro de crédito a la exportación

Subvenciones

Suelo

Suministro de energía

Tasas

Transporte de viajeros

Transportes aéreos

Vehículos de motor

Viviendas

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